1. Introducción

La consideración de la cultura en la literatura académica de construcción de paz (peacebuilding, en adelante CP) parte de dos supuestos: uno que se puede llamar “antropológico”, apostado sobre los contextos locales y los modos de vida de las poblaciones objeto de intervención[1]. Y otro, centrado en lo estético, que asume la cultura como bien (objeto) o como “artefacto social”, que puede ser útil a la reconciliación, la convivencia y el perdón. Desde el punto de vista “antropológico”, los valores étnicos, tribales, raciales, sexuales, de género, así como las creencias, los modos de relacionarse, las dinámicas de reconocimiento y tradiciones de las comunidades, y en general, los sentidos de pertenencia local (local ownership) (Rettberg, 2012), son tenidos en cuenta por cooperantes bilaterales y multilaterales como fuentes de legitimidad de las políticas de construcción de paz y una de las condiciones más importantes de una paz estable. En las estrategias de evaluación de cada país, por ejemplo, Naciones Unidas (2000, 2004) promueve consultas en las que participen activa y significativamente los interesados nacionales, incluidos funcionarios de la administración de justicia, la sociedad civil, asociaciones profesionales, líderes tradicionales y grupos fundamentales tales como mujeres, minorías, personas desplazadas y refugiados. Igualmente, de cara a la implementación de modelos de justicia transicional, las consultas celebradas públicamente con los actores locales permiten comprender mejor la dinámica del conflicto, los patrones de discriminación, los tipos de víctimas y las “prácticas culturales de justicia” (Jones, 2013)[2].

En general, en esta materia, hay consenso en que “las soluciones prefabricadas” (Ciurlizza, 2012) o las “tallas únicas” (Stromseth, 2015) no sirven y que, en definitiva, se deben consultar cuidadosamente las condiciones de cada país[3]. Con otras palabras, el contexto importa[4].

Desde el punto de vista estético, las artes en general como el cine, la literatura, el teatro, la pintura y la música, etc., tendrían un papel terapéutico en el restablecimiento del tejido social, quebrado por la irrupción de la violencia, y constituirían “herramientas únicas” para la transformación de conflictos que a menudo se presentan como insuperables (Shank and Schirch, 2008) (Tovar, 2015)[5]. La reciente publicación del Salzburg Global Seminar[6], a propósito del primer centenario de la Primera Guerra Mundial, Conflict Transformation Through Culture: Peace-Building and the Arts (2014) es reiterativa en la tesis de que las artes ayudan a generar confianza, promueven la empatía, elevan la consciencia e inspiran tolerancia en torno de la diferencia. Por otro lado,

Sin embargo, en relación con la política, la cultura no es examinada, ya sea como como política pública (cultural policy) o directamente instalada en la dimensión de lo político (cultural politics). Me interesa estudiar este tema en el caso colombiano, dado que no ha sido mirado en esta perspectiva[7]. Durante las últimas décadas en Colombia la idea de “cultura” ha pasado a nombrar un anhelo de resolución no bélica del conflicto armado o del estado exacerbado de violencias, representándosela como el escenario que haría posible generar un nuevo estado de convivencia. La paz ha estado en el prisma tanto de las políticas culturales formuladas desde la institucionalidad del Estado (Colcultura, Ministerio de Cultura) como desde el seno de las comunidades organizadas, ya sea de artistas, intelectuales, jóvenes y mujeres, o de base social, como los movimientos étnicos y los sectores campesinos y más recientemente, de las víctimas. Para el caso colombiano, se puede afirmar que durante la década de 1990 e inicio de la del 2000, existió una tradición oficial que nombró la cultura como eje de la política nacional de paz, a través de diversos documentos tales como planes institucionales, discursos y cartas presidenciales, manifiestos, ponencias de foros nacionales y regionales, artículos de prensa, editoriales, entrevistas, declaraciones públicas, entre otros materiales recogidos y publicados por la Presidencia de la República, que hicieron parte del debate nacional en torno a la Ley General de Cultura (397/1997) y la creación del Ministerio, denominado (no gratuitamente) para la época, “el Ministerio de la Paz” (Presidencia de la República, 1997)[8]. Por otra parte, las manifestaciones culturales también han constituido una herramienta muy útil para las organizaciones de víctimas del conflicto armado. En la brega por denunciar las violaciones a sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales, las víctimas han hecho uso de diversas técnicas y narrativas propias de las artes, así como de sus propias prácticas culturales, que les han dado visibilidad en la esfera pública. Se puede decir que los más importantes esfuerzos en Colombia por “hacer memoria” y “contar la verdad” de las atrocidades de la guerra, han sido fundamentalmente una iniciativa de las víctimas más que del mismo Estado (GMH, 2009) (ICTJ, 2009).

De acuerdo con Ochoa (2004), la idea de cultura como un ámbito desde el cual es posible construir la paz se traduce de distintos modos:

La cultura sería aquello que permitiría “reconstruir la convivencia” o “el tejido social”; crear una “zona de distensión” en medio de la violencia; darle una ruta diferente a los históricos hábitos de la venganza que llevan a la persistencia infinita de la guerra; permitir la presencia del duelo o transformar el sentido mismo de la política; deconstruir la historia de exclusiones para transformarla en procesos de inclusión (Ochoa, 2004, pp. 18,19).

A partir de esta perspectiva, argumento que esta relación puede indagarse productivamente mediante la exploración de la naturaleza de la política cultural puesta en marcha por distintos agentes, y por medio del examen del potencial de dicha política cultural para promover la paz. En el caso colombiano, esta relación puede rastrearse a través de la movilización cultural de dos agentes:

A. el Estado, cuya política cultural (cultural policy) estuvo dirigida durante la década de 1990 a la construcción de la paz,

B. y las víctimas del conflicto armado, cuya política cultural (cultural politics) ha estado en el centro de su resistencia por la verdad, la memoria y la reparación simbólica.

En adelante, me concentraré en la revisión de la literatura sobre el primer ámbito de relación anteriormente esbozado, con énfasis en dos asuntos: a. el de la paz en el panorama de las políticas culturales nacionales, y b. el de la relación de las políticas culturales y la convivencia, a partir de la experiencia de cultura ciudadana en Bogotá[9].

2. (A) La paz en el panorama de las políticas culturales nacionales

La preocupación por las políticas culturales en América Latina es relativamente reciente (años 80 aproximadamente), aunque éstas tengan antecedentes importantes en “hechos político culturales fundamentales” (M. E. Bravo, 2009, p. 50) e intentos “por construir instituciones culturales sectoriales” (Rey, 2009, p. 23), desde los siglos XVIII y XIX. En la primera mitad del siglo XX (1930 - 1946)[10], los gobiernos liberales jugaron un papel importante en la consolidación de un imaginario nacional a través de la acción cultural, insumo que resultaría fundamental para el ulterior desarrollo del sector, que se empezará a afianzar a partir de los años 60 gracias a la influencia de la Unesco, en un contexto caracterizado por fuertes tensiones geopolíticas. Dicho organismo, según Forero (1995), “marcó los derroteros, delimitó los principios y prácticamente definió nuestras políticas culturales” (1995, p. 122), hasta 1983. Esta afirmación es confirmada por Bravo (1997) y Herrera y Mena (1994), quienes han encontrado que tanto la institucionalidad como las políticas culturales en Colombia fueron el resultado de propuestas formuladas por organismos multilaterales suscritas en Declaraciones y en diversas reuniones y conferencias[11].

Hasta la década de 1990, Colombia no había contado con una Política Nacional de Cultura, sino con un conjunto de planes atomizados que, como señalan Herrera y Mena, representan a lo sumo un conjunto de propuestas viables, que no alcanzaron su implementación completa ni la debida sanción presidencial (1994, p. 141)[12]. Desde 1930, la cultura había sido vista como un subsector de la educación, desarrollada por una oficina de extensión del Ministerio, hecho que no varía con la creación del Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en 1968:

(…) como bien ha sido afirmado por Juan Luis Mejía Arango, era para el Ministro de Educación de turno un instituto descentralizado más al que no podía dedicarle, si acaso, más del 3% de su tiempo al año, especialmente debido a la creciente y compleja problemática del sector educativo (Morales, 2001, pp. 22,23).

Esta situación cambió, por lo menos formalmente, tras la reforma institucional de 1991, con la entrada en vigencia de un nuevo pacto constitucional. La transición produjo cambios sustanciales tanto en el diseño y materialización de las políticas como en la institucionalidad cultural, lo cual llevó a la progresiva “autonomización” del sector que desembocaría finalmente en la aprobación de la Ley General de Cultura (397/1997), y en la creación del Ministerio. El optimismo que vivía el país de la mano del desarme y la desmovilización de distintas organizaciones guerrilleras, pronto colocó la cultura en las coordenadas de la gestión pública y a la paz como uno de sus objetivos centrales.

El Departamento Nacional de Planeación (1991), trazó tres desafíos para la “nueva” concepción de la actividad cultural en los “tiempos de transición”[13]: el primero era la consolidación de la democracia, de acuerdo con el régimen participativo señalado por la nueva Carta:

Para lograrlo, se propiciarán nuevos espacios para la participación ciudadana, procurando que ella sea cada vez más [sic] amplia y mejor. El campo de la cultura favorece ese proceso participativo de los ciudadanos que está en el centro del protagonismo de la sociedad civil (1991, p. 1).

El segundo era la apertura, que sería asumida como el “desafío” de entrar en interrelación con otras sociedades, economías y culturas. El reto a esta parte, según el criterio de los planificadores, era doble: “de un lado, afirmar y preservar la identidad cultural, múltiple y diversa, y de otro, asimilar y aprovechar la riqueza de otras expresiones culturales.” (1991, p. 1). El tercer “desafío” en ciernes era la descentralización político-administrativa de su gestión, una tarea inconclusa desde 1974.

Las recomendaciones del DNP fueron consignadas en el Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994, “Colombia: El camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI”, que orientó sus políticas, estrategias y programas sobre la base de un planteamiento rector: el rol de la cultura en la formación para la paz. El plan reconoce que en el momento que atraviesa Colombia, se precisa del “robustecemiento de los valores democráticos y la recuperación del sentido de la convivencia pacífica y tolerante” (Colcultura, 1992, p. 1), para lo cual el papel de la cultura “cobra una importancia sin precedentes.” Aquello comprometía definir los criterios globales acerca de la cultura y su papel en la vida nacional, los objetivos del Estado y de la sociedad civil en el sector, en el marco de las “trascendentales innovaciones de la Constitución de 1991”, esto es: una política cultural centrada menos en los productos culturales que en el reconocimiento de las tradiciones y las prácticas significativas de las comunidades que habitan el territorio.

Para responder a estos propósitos nació el programa CREA: Una expedición por la cultura colombiana (1992 a 1998), que buscaba “rescatar, valorar, promover y difundir nuestras manifestaciones culturales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional” (Colcultura, 1997, p. 1), y, paralelamente, “reafirmar la cultura como una estrategia valiosa en la búsqueda de la paz, la reconciliación nacional, la convivencia, el respeto por la diferencia, el diálogo y la libre expresión de ideas” (1997, p. 2). En la práctica, según Ochoa (2003):

el programa consistió principalmente, aunque no exclusivamente, en una serie de ‘encuentros culturales’, es decir, escenarios con muestras de cultura local y regional que tenían lugar a nivel municipal, departamental, regional y, finalmente, nacional, de manera consecutiva. A través de un proceso de selección, se definía una muestra representativa de la cultura de las regiones, que viajaba del municipio hacia la capital con el objetivo de ‘invertir el flujo cultural del centro a la región que se había dado históricamente’ (Jaramillo, 1999) y darle escenario al país pluriétnico y multicultural de la Constitución de 1991. Para el año de 1998, se había realizado dos grandes procesos CREA. El primero culmina con un Encuentro Nacional en Bogotá en 1995, con la presencia de 1.687 artistas de las regiones en la capital; el segundo, en agosto de 1998, justo antes del cambio de gobierno, con una muestra de 2.235 artistas. Previo a cada Encuentro Nacional se habían realizado, en el primer caso, 102 encuentros intermunicipales, 29 departamentales, 6 regionales; y en el segundo, 15 encuentros intermunicipales, 26 departamentales, 4 regionales. (Ochoa, 2003, p.31)[14] .

Otros documentos estatales, que no constituyeron en estricto iniciativas de política pública, ubicaron la cultura en el eje de la política nacional de paz, en torno al debate sobre la naciente Ley General de Cultura y la creación del Ministerio, bautizado, como ya se dijo, “el Ministerio de la paz” (Presidencia de la República, 1997).

Ochoa al igual que Araújo (2003) polemizaron con la “retórica de la paz” que se gestó en las políticas culturales a partir de la década de los 90, sobre la base de dos planteamientos que se suscriben en este documento: 1) imaginar la paz como ausencia de conflicto, esto es, la dificultad de asumir los dilemas y conflictos de la diversidad, lo que se traduce en un “lenguaje que niega lo conflictivo en la movilización de lo cultural desde el estado” (Ochoa, 2003, p. 126), y 2) en esa misma dirección, “la supuesta capacidad intrínseca de la cultura para aportar a la paz” (Araújo, 2003, p. 28)[15]. A este respecto, se pueden señalar otras tres situaciones igualmente críticas en el propósito institucional de la paz a través de las políticas culturales: 3) una dinámica intervencionista que impidió consolidar procesos de largo plazo, 4. la ausencia de participación en la construcción de los planes y programas, y 5. el logro relativo en la tarea de la descentralización (CIDER, 2001). La siguiente tabla ilustra el compilado de documentos institucionales por medio de los cuales se oficializó el propósito de “hacer la paz” a través de la cultura:

Tabla 1.
Documentos institucionales sobre Cultura

Fuente. Villarreal Tafur, A. (2016). Elaboración propia.

Documento	Entidad
La cultura en los tiempos en transición 1991 – 1994	Departamento Nacional de Planeación
Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994 Colombia: el camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI	Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura
CREA: una expedición por la cultura colombiana 1992 – 1998	Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura
Crear es vivir (1994)	Presidencia de la República, Colcultura
Debate cultural (1995a)	Presidencia de la República, Colcultura
Materiales para una cultura (1995b)	Presidencia de la República, Colcultura
El trabajo cultural en Colombia (1996)	Presidencia de la República, Colcultura
Ministerio de Cultura, ministerio de la paz (1997)	Presidencia de la República, Colcultura
Plan Nacional de Cultura 1998 - 2000 Construir el país que queremos	Ministerio de Cultura
Manifiesto por la paz desde la creatividad y la diversidad. La cultura le declara la paz a Colombia (2001a)	Presidencia de la República
Cultura para construir la paz. El Ministerio de Cultura a los Alcaldes y Gobernadores de Colombia (2001b)	Ministerio de Cultura
Cátedra para la cultura de paz desde la diversidad y la creatividad (2001c)	Presidencia de la República, Ministerio de Cultura, Departamento Nacional de Planeación
Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010 Hacia una ciudadanía democrática cultural	Ministerio de Cultura

El Plan Nacional de Cultura 2001 - 2010, “Hacia una ciudadanía democrática cultural”, trató de enmendar algunos de estos problemas: 1) se construyó colectivamente a través de consultas, foros regionales y encuentros nacionales, al tanto que se presentó no como un plan de estado sino de la sociedad. 2) su duración lo vinculó más a una política de Estado que a un plan de gobierno, lo cual pretendió consolidar las políticas culturales como políticas públicas, (estas dos características no estaban en planes anteriores) y 3) instaló lo cultural en el espacio de lo político, en un diálogo entre política cultural y cultura política:

El potencial de la cultura está en que dinamiza y ayuda a consolidar transformaciones sociales al promover nuevas experiencias y relaciones para habitar y comprender la vida; tal es el caso de los movimientos étnicos y de sectores campesinos, el movimiento de las mujeres, los jóvenes y las sexualidades: experiencias culturales que generan otro tipo de demandas políticas y modos de presencia y participación pública. Situarse en lo cultural implica preguntarse por lo que se ha modificado, por lo que debe ser reconocido, por lo que debe ser recordado, por lo que debe ser compartido. La cultura puede ayudar a cambiar las maneras de habitar la vida, las experiencias de movilización social y las presencias en el escenario público” (Bustos, 2002, p. 22).

2. (b) Políticas culturales y convivencia

Históricamente, la política cultural se ha ubicado en el vértice entre gubernamentalidad y gusto, dirigida a la producción de sujetos mediante la formación de estilos respetables de comportamiento, sea en el plano individual o público (Miller & Yúdice, 2004). En el corazón de esta definición, se mantuvo la pretensión de eregir un “orden social racional”, suficiente para trazar una línea divisoria radical entre civilización y barbarie. La cultura y las artes, junto a los regímenes educativos, harían parte de este “orden disciplinario”, como herramientas fundamentales para el gerenciamiento de las poblaciones, cuyo objetivo sería garantizar las conductas sugeridas por el soberano. Se infiere que la génesis de las políticas culturales como eje para edificar la sociedad se dio a través de la idea de “escindir lo violento de la noción de civilización, sociedad civil, cultura y artes”, y sobre la base de que “la violencia no es uno de los órdenes de la racionalidad y de las relaciones humanas (…)” (Ochoa, 2004, p. 25). La política de cultura ciudadana (en adelante CC) se inscribe programáticamente en este horizonte teórico. Restrepo et al (2014) la asocia con “buenos comportamientos” que permiten la convivencia y el respeto a las normas y a los demás en la ciudad. Esto tendría que ver con la manera como el gobierno de Mockus apeló a la cultura en el despliegue de discursos y prácticas de gobierno:

La cultura de “cultura ciudadana” no es la noción antropológica de modo de vida ni la de dimensión simbólica de lo social. La cultura de “cultura ciudadana” se refiere a cierto tipo de comportamientos y hábitos, a los que se inscriben dentro del respeto de la ley, de la legalidad y la valoración de las normas y los acuerdos colectivos. Por su parte, lo ciudadano de “cultura ciudadana” no refiere de forma directa a la noción político-jurídica de la teoría moderna del estado, sino a los habitantes de la ciudad, a los bogotanos. Más precisamente, a aquellos bogotanos que se inscriben dentro de aquella idea “cultura-como-buena-costumbre” (Restrepo et al., 2014, p. 1).

De acuerdo con Ruíz y Murrain (2012) la noción de cultura detrás de la CC supone que las acciones de las personas vienen reguladas por tres mecanismos: la ley, que sería la forma “legítima” de regulación explícita, que establece los “mínimos básicos” para “facilitar la convivencia y la coexistencia de diversas opciones morales y culturales”; la moral, que serían las “normas socialmente aprendidas” que las personas han interiorizado y por las cuales guían su acción; y la cultura, que serían “los aprendizajes apropiados por los grupos humanos tras siglos o décadas de prácticas compartidas que regulan las acciones del conjunto” (2012, p. 5)[16].

Los dilemas empiezan cuanzzdo ocurren “desarmonías” entre los tres sistemas regulatorios, en circunstancias en las que la ley va en contravía de las propias convicciones, o cuando ciertas creencias contradicen lo culturalmente aceptado. Si bien estos “dilemas” pueden no tener efectos importantes, “el divorcio sistemático entre ley, moral y cultura puede afectar gravemente la convivencia, el tejido social e incluso la productividad de una sociedad” (2012, p. 6). Esto es, aprobación moral y cultural de las acciones ilegales, o indiferencia (moral y cultural) al cumplimiento de obligaciones legales, implica “costos enormes para la sociedad”. A este efecto, el reto fundamental de una política de CC consiste en “superar este divorcio sistemático”[17].

3. A modo de conclusión: relaciones entre políticas culturales y construcción de paz, agendas investigativas

La revisión conceptual y empírica sobre las políticas culturales y la construcción de paz, permitió ver varias cosas que justifican la pertinencia de construir una agenda de investigación sobre sus relaciones. Algunas de estas son:

1. Profundizar en la revisión de la literatura especializada sobre construcción de paz, para determinar cuál es el papel que han jugado las políticas públicas culturales en los procesos de identificación y consolidación de estructuras tendientes a mantener la paz en sociedades transicionales.

2. La construcción de paz a través de las políticas culturales pasa por caracterizar, a través del trabajo empírico, los efectos que las múltiples violencias han provocado en aquello que nombramos por cultura, entendida en su dimensión antropológica como las diversas maneras de vivir, de relacionarnos y de asumirnos como humanos.

3. Construir una noción conflictiva de la paz, que parta del reconocimiento de la contradicción como el lugar desde donde pensar las manifestaciones culturales hacia la construcción de paz.

4. Ampliar la noción de cultura más allá del concepto restringido a las “bellas artes” y a lo identitario, para empezar a comprenderla como un fenómeno constitutivo de lo social y lo político.

5. Profundizar en la indagación sobre las relaciones entre política cultural y cultura política, tendiente a pensar las condiciones para la construcción de sociedades más democráticas

6. Estudiar las condiciones para que las políticas culturales de Estado (en los niveles nacional, territorial y local) puedan ser útiles a la construcción de paz, teniendo en cuenta premisas como la participación ciudadana en su construcción, implementación y evaluación; y una temporalidad que desborde los períodos ordinarios de los gobiernos.

7. Repensar la formación de las políticas públicas, la estructura político-administrativa que las sustentan y su relación con el entorno, en una perspectiva transversal y territorial, de manera que el diseño y la ejecución de las actividades se ajuste a la realidad de sus contextos.

Referencias

Bravo, G. (1991). Transición a la democracia y política cultural. Flacso.

Bravo, M. E. (1997). Políticas culturales en Colombia. Una aproximación histórica al proyecto cultural liberal 1930 - 1946. [Trabajo durante año sabático. 1996 - 1997]. Universidad Nacional de Colombia, Medellín.

Bravo, M. E. (2009). Políticas culturales en Colombia. In G. Rey (Ed.), Compendio de políticas culturales. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Ciurlizza, J. (2012). Justicia transicional en Colombia: un modelo para desarmar, En A. Rettberg (Comp.) Construcción de paz en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, pp. 89- 116.

Cohen, C. (1997). A poetics of reconciliation: the aesthetic mediation of conflict. DISSERTATION: Submitted to the University of New Hampshire in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Reading and Writing Instruction.

Colcultura. (1992). Plan Nacional de Cultura 1992 - 1994: Colombia, el camino de la paz, el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI. Bogotá: Colcultura

Colcultura. (1997). Crea: una expedición por la cultura colombiana. Bogotá: Consejería presidencial para la política social.

Ley General de Cultura, 397 C.F.R. (1997).

Departamento Nacional de Planeación, C. (1991). La cultura en los tiempos de transición. Bogotá: DNP

Fadul, A. (1985). Políticas culturais e processo político brasilero. In J. M. d. Melo (Ed.), Comunicaçao e transiçao democrática. Porto Alegre: Mercado aberto.

Forero, I. (1995). Cultura y política cultural en Colombia. Revista Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 88, 122-130.

Guetzkow, J. (2002). How the Arts Impact Communities: An introduction to the literature on arts impact studies. Center for Arts and Cultural Policy Studies. Princeton University

Jones, A.W. (2013). Indigenous peacebuilding. In R. Mac Ginty (Ed.), The Routeledge Handbook of Peacebuilding. New York: Routeledge

Landi, O. (1984). Cultura y política en la transición democrática. In O. Oszlack (Ed.), Proceso: crisis y transición democrática. Buenos Aires: CEAL.

Lederach, J. (2012) The Origins and Evolution of Infrastructures for Peace: A Personal Reflection, Journal of Peacebuilding & Development, 7:3, 8-13

Lederach, J. (2005) The moral imagination: the art and soul of building peace. New York: Oxford University Press.

Mena, U., & Herrera, A. M. (1994). Políticas culturales en Colombia. Discursos estatales y prácticas institucionales. Bogotá: Nomos.

Miller, T., & Yúdice, G. (2004). Política cultural. Barcelona: Gedisa.

Ministerio de Cultura, C. (2001a.). Manifiesto por la paz desde la creatividad y la diversidad. La cultura le declara la paz a Colombia. Santa Cruz de Monpox: Ministerio de Cultura, Convenio Andrés Bello.

Ministerio de Cultura, C. (2001b). Cultura para construir la paz. El Ministerio de Cultura a los alcaldes y gobernadores. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Mockus, A. (1994). Anfibios culturales y divorcio entre ley, moral y cultura. Análisis Político, 21, 37-48. Mockus, A. (2001). Cultura ciudadana programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995 - 1997. Available from BID Retrieved 25 de septiembre de 2015, from Banco Interamericano de Desarrollo

Mockus, A. (2001). Cultura ciudadana programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995 - 1997. Available from BID Retrieved 25 de septiembre de 2015, from Banco Interamericano de Desarrollo

Mockus, A. (2012). Introducción. In A. Mockus, H. Murraín, & M. Villa (Eds.), Antípodas de la violencia. Desafíos de la cultura ciudadana para la crisis de (in) seguridad en América Latina. New York: Banco Interamericano de Desarrollo, Corpovisionarios.

Newman, E. (2009). ‘Liberal’ peacebuilding debates, in E. Newman, R. Paris, O. Richmond (Ed.) New Perspectives on Liberal Peacebuilding. Tokyo: UNU Press, pp. 26-53

Ochoa, A. M. (2003). Entre los deseos y los derechos. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, ICAN.

Ochoa, A. M. (2004). Sobre el estado de excepción como cotidianidad. Cultura y violencia en Colombia. In A. Grimson (Ed.), La cultura en las crisis latinoamericanas. Buenos Aires: Clacso.

Presidencia de la República, C. (1994). Crear es vivir. Bogotá: Presidencia de la República.

Presidencia de la República, C. (1995a). Debate cultural. Bogotá: Presidencia de la República.

Presidencia de la República, C. (1995b). Materiales para una cultura. Bogotá: Presidencia de la República.

Presidencia de la República, C. (1996). El trabajo cultural en Colombia. Bogotá: Presidencia de la República.

Presidencia de la República, C. (1997). Ministerio de Cultura, ministerio de la paz. Bogotá: Presidencia de la República.

Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Cultura (2001). Cátedra para la cultura de paz desde la diversidad y la creatividad. Bogotá: Fotolito América

Restrepo, E., Rondón, J. J., & Gómez, N. (2014). Cultura ciudadana en Bogotá: gubernamentalización y pánico cultural en la época del multiculturalismo. Pontificia Universidad Javeriana. Unpublished.

Rettberg, A. (2006). Buscar la paz en medio del conflicto: un propósito que no da tregua. Bogotá: Universidad de los Andes, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Rettberg, A. (2012). Un marco analítico para la construcción de paz en Colombia. In A. Rettberg (Ed.), Construcción de paz en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes.

Rettberg, A. (2013). La construcción de paz bajo la lupa. Estudios Políticos, 42, 13-36.

Rey, G. (2009). Las políticas culturales en Colombia: la progresiva transformación de sus comprensiones. In G. Rey (Ed.), Compendio de políticas de culturales. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Salzburg Global Seminar (2014). Conflict Transformation Through Culture: Peace-Building and the Arts. Sesion report 532.

Sánchez, E. (2012). Bogotá: de la vigilancia y el control a la resolución pacífica de los conflictos. In H. M. Antanas Mockus, María Villa (Ed.), Antípodas de la violencia. Desafíos de la cultura ciudadana para la crisis de (in) seguridad en América Latina (pp. 1-22). New York: Banco Internamericano de Desarrollo, Corpovisionarios.

Shank, M. & Schirch, L. (2008). Strategic Arts-Based Peacebuilding. In Peace & Change, Vol. 33, No. 2

Stromseth, J. (2015). Peacebuilding and transitional justice. The road ahead. In Crocker, C., Hampson, F., and Aall, P. (Ed). Managing Conflict in a World Adrift, USIP, 2015, pp. 571-591

Tovar, P. (2015). Una reflexión sobre la violencia y la construcción de paz desde el teatro y el arte. En Universitas humanística, N. 80, pp. 347-369

Unesco. (1982). Declaración de México sobre las políticas culturales. Paper presented at the Conferencia mundial sobre las políticas culturales, México.

Notas

Información adicional

Cómo citar este artículo: Tafur Villarreal, A. (2016). Política cultural y construcción de paz en Colombia 1990 – 2002. NOVUM, (6), p.p 18-34.