1. Introducción

El fin de realizar este documento es plantear una propuesta teórica que demuestre cómo el pos-acuerdo afecta la relación entre política ambiental y la RSE; por consiguiente, la reinserción de excombatientes puede ser un instrumento de impulso de crecimiento con base en oportunidades para lograr la paz, terminar la pobreza, el hambre, mejorar la educación, obtener un trabajo decente, optimizar crecimiento económico y todo lo relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible. En la actualidad son pocos los estudios que se han hecho de este tema, y se pretende dar un enfoque hacia los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el modelo del Plan Nacional de Desarrollo Colombiano.

Para desarrollar el propósito planteado, se hace una revisión de la literatura analizando los diferentes autores que tienen como objetivo el estudio de las políticas ambientales en Colombia desde el año 2000 en adelante, además del modelo del Plan Estratégico Sectorial 2015 – 2018 propuesto por el Presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos y su grupo gubernamental, y de qué manera han influido en el tema del pos-acuerdo, vista desde la perspectiva de RSE, y en específico, desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Posterior a esto, se plantea una propuesta teórica que se fundamenta en la inclusión de personas desmovilizadas de la violencia y su incidencia en el medio ambiente con una mirada desde la RSE. Finalmente, se presentan las limitaciones y conclusiones de lo propuesto.

2. Revisión de la literatura - marco teórico

La política ambiental del Gobierno se realiza sobre la base conceptual del desarrollo sostenible (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2000). En Colombia, desde 1974 se ha expedido cada cuatro años una Política Nacional Ambiental (Rodriguez, 2002), donde a la vez, así como lo menciona Sánchez (2002), con la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, se empezó a hablar en el país de una legislación ambiental a mediados de la década de los setentas; pero solo en 1990 se emprendieron propuestas de reformas para mejora en este contexto, las cuales tuvieron como prioridad el desarrollo sostenible.

2.1 El desarrollo sostenible en relación con la Responsabilidad Social Empresarial y el pos-acuerdo

El desarrollo sostenible, en su más amplio significado, puede entenderse como una expresión integradora de lo económico, social y ambiental como variables que buscan tener un equilibrio entre las mismas (Barrios Alvarado & Guardela Contreras, 2011); la expresión es de gran valor para entender diversos puntos de vista donde se integra la parte ambiental y la relación que presenta entre pos-acuerdo y RSE.

La necesidad de implementar la RSE al observar el comportamiento que Colombia presenta frente a conflictos y crisis sociales como lo es la pobreza, violencia y corrupción, es por ello que el artículo se cuestiona acerca de la reacción que tienen las empresas y el sector productivo del país, incluyendo el Estado, frente a esta situación y que aportes estos contribuyen responsablemente a la solución de este tipo de conflictos que se presentan en Colombia. Las ventajas que la RSE posee dentro del desarrollo sostenible son la mejoraría que presenta en la capacidad de retener, desarrollar y mejorar las condiciones de vida de las personas; aparte de la mejoría en el desempeño financiero, también favorece el acceso a capital, reducción de costos operativos y el incremento a la calidad y productividad, al igual que el aumento en la ética tanto de la empresa como de la sociedad.

Es de importancia reconocer que el crecimiento económico y demográfico es una realidad innegable en el país, hecho que ha venido generando mayores presiones a la naturaleza y por lo tanto un agotamiento en cantidad y calidad de los recursos naturales (Salinas, 2010); se aclara que la ordenación del territorio ha tenido y tiene como objetivo fundamental, desde un primer momento, impulsar el desarrollo económico y éste, en principio, es potencialmente nocivo para el medio ambiental (Ayala Carcedo & Olcina Cantos, 2006).

Otro hecho importante que afecta la política ambiental colombiana y del mundo fue la declaración de Río de Janeiro de junio en el año de 1992, donde se trataron temas del medio ambiente y desarrollo, así como lo alude García (2003) cuando cita la Ley 99 de 1993 al afirmar que la política ambiental colombiana seguirá los principios generales contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992: “El desarrollo económico y social del país se orientará según principios universales y del desarrollo sostenible”. Al respecto conviene decir que todos los estados, incluidos Colombia, deberán cooperar en la erradicación de la pobreza como requerimiento del desarrollo sostenible, todo con el fin de mejorar la calidad de vida de una nación.

Basándose en lo anterior, es de mencionar que la política ambiental, junto al desarrollo sostenible, tienen como reto fundamental responder a profundas transformaciones e inculcar que el compromiso de proteger el medio ambiente es responsabilidad de todas las personas y ciudadanos, e involucra a los estados, trasciende los intereses nacionales y tiene importancia universal (García, 2003); en efecto, son deberes de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Ley 95, 1991).

2.2 Los Objetivos del Desarrollo Sostenible en relación con el acuerdo de paz

En la actualidad se ha dado paso a la creación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, contemplada desde 17 puntos que se perfilan como la agenda de desarrollo económico, social y ambiental para los países miembros de las Naciones Unidas. Uno de sus objetivos es ponerle fin a la pobreza en todas sus formas en el planeta, pues en cierto sentido, los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990, aunque las cifras aún son desalentadoras: 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

Erradicar la pobreza y reducir las disparidades en los niveles de vida de los distintos pueblos del mundo es indispensable para el desarrollo sostenible (UNESCO, 2012). El hambre y la falta de nutrición son dos de sus principales problemáticas; es por ello que los Objetivos del Desarrollo Sostenible promueven garantizar una vida sana y el bienestar para las personas de todas las edades. A este propósito se le une también, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Lo anterior, es propuesto por la ONU (2015), que calcula que el 50% de los niños en la edad de recibir eduación primaria no asiste a la escuela, pues vive en zonas afectadas por los conflictos.

2.3 La educación como herramienta principal

La educación es la principal herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas del mundo; en este sentido, Vicenzi (2009) cita a La UNESCO (2002) donde rescata la educación como instrumento que derriba los obstáculos sociales y económicos que existen en la sociedad y denota su importancia para alcanzar las libertades humanas. En relación con lo anterior La Organización de las Naciones Unidas (2015) hace alusion a la educación en su quinto objetivo del desarrollo sostenible y resalta la gran importancia de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, pues alrededor de dos tercios de los países de las regiones en desarrollo aún no han logrado la equidad de género en la educación primaria.

Aparte de la educación, el desarrollo sostenible se ha enfocado también en garantizar la disponibilidad de agua para aquellos que no tienen acceso al agua libre de impurezas, pues es un mecanismo escencial para la seguridad alimentaria de todos. Hay que advertir que en los conflictos políticos del mundo que han escalado hasta la agresión militar, los recursos hídricos se han usado regularmente a la vez como blanco e instrumento de guerra (Lavaux, 2004). Este fenómeno se alimenta de también por la sequía que afecta a algunos de los paises más pobres del mundo, puesto que aumenta el hambre y la desnutrición (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

Disponer agua para todos garantiza también acceso a energía sostenible y moderna, si bien transforma vidas, cuida el planeta y desarrolla la económia, la Organización de las Naciones Unidas (2015) sostiene que tres mil millones de personas dependen de los suministros naturales, como la madera y los residuos de plantas y animales para cocinar y para calefacción. Además, con la energía se promueve empleo para aquellas personas que deben sostener una familia.

Cerca de 2200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares al día para subsistencia; la erradicacoón de la pobreza sólo es posible a través de empleos estables y bien remunerados (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

2.4 La Innovación sostenible

El crecimiento económico se refleja en el fomento de la innovación, pues uno de los importantes objetivos del desarrollo sostenible es promover la industrialización inclusiva y sostenible, induciendo a la innovación y a la infraestuctura fisica. Las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la fabricación o a la transformación industrial son las más críticas para las primeras etapas de la industrialización y suelen ser las mayores creadoras de empleo (Organización de las Naciones Unidas, 2015). Es de importancia resaltar que el crecimiento económico ha logrado sacar a las personas de la pobreza, ya que a medida que avanza el desarrollo se reduce la desigualdad entre las naciones. Castillo (2011) indica que el elemento esencial del desarrollo es el aumento de la productividad del trabajo, que puede conseguirse a través de la acumulación de una parte del producto a través del progreso técnico y de la actividad económica. Así mismo, se logra que las ciudades sean seguras para residir y promuevan al desarrollo sostenible.

El desarrollo económico implica también aportar una educación de consumo a los habitantes de las ciudades en vía de progreso, pues al garantizar modalidades de utilización y producción sostenible se esta ayudando a reducir costos tanto económicos, sociales y ambientales, para así mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza. En la sociedad moderna, con la intensificiación de las relaciones comerciales, con el crecimiento poblacional y el crecimiento de consumo de recursos naturales, las empresas tienen responsabilidades que van más allá de sus sotenibilidad económica (Vives, 2011).

Cabe destacar que la población no se mide a la hora de implementar los recursos disponibles para el mejoramento de vida, y a raíz de esto, se presenta el fenómeno llamado cambio climatico. Uribe (2015) señala que el cambio climático tendería a aumentar la tasa de pérdida de recursos biológicos, produciendo daños severos en ecosistemas que ya se encuentran significativamente alterados por efecto de las actividades humanas. La Organización de las Naciones Unidas (2015) afirma que entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados y esto hace que reduzca la producción de cultivos importantes en un 5%.

2.5 La influencia de los cambios en el medio ambiente

El cambio climatico hace que se evapore el agua y se derritan los polos haciendo que la producción de alimento, los niveles del agua, los cliclos de reproducción, migraciones de animales marinos, entre otras cosas; Gitay (2002) afirma que la elevación del nivel del mar junto con cambios en otros factores climáticos puede afectar a una serie de humedales de agua dulce en regiones bajas y es por ello que la producción en zonas terrestres cambian.

El desarrollo sostenible, además de proponer conservar y utilizar en adecuada forma los océanos y recursos marinos, también promueve el uso apropiado de los ecosistemas terrestres y detener e invertir la degradación de las tierras y controlar la pérdida de la diversidad biólogica del planeta, ya que más de tres mil millones de personas dependen de la diversidad biólogica marina y costera para sus medios de vida. Relacionado con esto, los bosques son el medio de vida de alrededor de 1600 millones de personas, incluidas más de 2000 culturales indigenas y en ellos habita más del 80% de las especies terrestres de animales, plantas e insectos (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

Con la protección de los bosques, el desarrollo sostenible busca también salvaguardar a las personas que habitan en las selvas y campos del mundo de todo tipo de violencia a los que estan expuestos, propone sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todo tipo de personas y facilitar la educación, creando instituciones eficaces y responsable de todos los niveles de sociedad del mundo. La Organización de las Naciones Unidas (2015) menciona que el número de niños que abandonan la escuela primaria en los países afectados por los conflictos asiende a 28,5 millones en el mundo.

La violencia relacionada con la naturaleza es un problema que afecta a todo el mundo, solo que se evidencia más en los países en vía de desarrollo pues es allí donde se encuentran las grandes cifras asociadas a la pobreza; claro ejemplo es Colombia, a pesar de su riqueza natural y cultural, que lo hace ver como hermoso país, el conflicto armado se ha apropiado de la mayoría de sus fuentes de recursos, ejerciendo poder sobre los habitantes que reciden en dichas zonas.

2.6 El medio ambiente como instrumento político

Un rápido diagnóstico muestra que uno de los temas centrales para Colombia, en materia de conflictos ambientales, es el uso del medio ambiente como instrumento político por parte de los alzados en armas (Lavaux, 2004). Existen diversos conflictos ambientales ocasionados por la violencia, como es el problema de las drogas y el despojo de tierras que viven cada día los desplazados, que es la población obligada a dejar sus tierras rurales por múltiples razones, pero que en todo caso tienen que ver con la problemática de este tipo de cultivos (Londono, 2006). Revisando la literatura se encontró que para principios de esta década, 1’466.000 niños del campo dejaron sus estudios para introducirse en el mercado laboral informal, como en la minería ilegal, siembra, producción y tráfico de drogas, entre otros (Springer , 2012).

Actualmente en Colombia se vive un proceso para dar por terminada la guerra con la que hoy es la más grande guerrilla del país. El Gobierno Colombiano ha firmado en tres sesiones importantes el acuerdo de paz, el primero el 23 de junio del presente año en La Habana-Cuba se tomó como referente uno de los puntos más importantes de la agenda de negociación entre el Gobierno y la guerrita de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP): el fin del conflicto; tiene mucho sentido que haya tanta gente advirtiendo que este anuncio entre el Gobierno y la guerrilla no es el fin del conflicto, pero la historia también está hecha de símbolos, de puertas que hay que cerrar por fin, hace mención el columnista Constaín (2016).

2.7 Dinámicas Politicas

La segunda sesión del 26 de septiembre de 2016 fue firmado el acuerdo que se pensaba como final, pero que por decisión del país mediante un plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre del presente año, dónde el 50.21% de la población Colombiana acordó darle el NO al anterior acuerdo, con el fin de mejorar algunos puntos para la creción de un nuevo acuerdo el cual se llevo a cabalidad el 24 de noviembre del presente año.

Según Pérez (2011) el conflicto armado en Colombia obedece a dinámicas políticas, económicas y sociales de carácter estructural que generan un número significativo de víctimas marginales por la acción política. El conflicto armado en Colombia se ha visto transformado más significativamente en los años 50 en adelante, pues allí es donde hace sus primeras apariciones la guerrilla en el marco general del país y, con el pasar del tiempo, estos movimientos de revolución armada han obligado a un importante margen de la población colombiana a trabajar para lograr enriquecimiento, de manera ilícita, debido a la falta de oportunidades que en el campo se presentan.

Lograr la paz ha sido tema de valor para diversos presidentes de Colombia a partir de 1990. Al inicio del gobierno de Andrés Pastrana se estableció una clara distinción entre los intereses y prioridades colombianos, los cuales gritaban en torno a la negociación de la paz con las FARC-EP (Ayala, 2007), tiempo después el gobierno a finales de los año noventa, en medio de los diálogos fallidos del presidente Andrés Pastrana, inició la Diplomacia por la Paz para conseguir el apoyo de la comunidad internacional (García, 2013).

Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia se implementó una estrategia para el cese al fuego y derrotar los frentes armados; Uribe buscó también alianzas con los Estados Unidos para que apoyaran su labor y de esta forma atacar a los grupos de paramilitares y guerrillas (Combita & Delgadillo, 2013).

Pasando por estos dos anteriores presidentes, actual gobierno mantiene negociaciones para que los procesos de paz sigan adelante y terminen finalmente con los grupos armados. El ex Ministro de Defensa y actual Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, decide continuar con la política de negociación que involucran a los miembros de estos grupos (Moreno, 2015); El acuerdo final procedido el 24 de noviembre del presente año se concluye en Bogotá-Colombia la negociación de un acuerdo para poner fin al conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP.

A pesar que la guerra interna que ha padecido el país en las últimas cinco décadas ha traído tantas dificultades, la población colombiana aún se ve dispuesta a buscar un común acuerdo con los grupos armados para alcanzar la paz. Una percepción humana del enemigo, espacios de elaboración de las emociones surgidas del dolor y la pérdida, así como elaboración de un análisis político del conflicto que les permite construir un futuro mejor para todos superando la venganza (Barbero, 2006).

2.8 Prioridades Ambientales en la Paz

Componente fundamental del éxito de un acuerdo de paz entre los grupos armados, la sociedad civil y el gobierno, son las prioridades ambientales; se debe tener conciencia que la guerra se da por la ambición de interceder en las actividades productivas del campo para contribuir al enriquecimiento ilegal, como si fuera poco es la riqueza y no la pobreza la causa del agotamiento de los recursos (Mardne & Jordi, 2001). Como lo menciona Gutiérrez (2015) las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de construcción de paz tienen altísima relevancia ambiental y la implementación de la reforma rural impone muchos retos frente al manejo de las zonas de reserva forestal.

La paz se convierte en un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos (Sen, 2000). Hay que tener en cuenta que la existencia de los recursos naturales puede constituirse en una oportunidad de desarrollo rural, si se resalta la necesidad del fortalecimiento técnico y financiero de las instituciones ambientales para la construcción de paz (Hochschild, 2015).

Los bosques han sido históricamente zonas de conflicto armado en Colombia y, por lo tanto, en ellos se deben generar nuevas oportunidades de vida para las personas que abandonan el conflicto y para aquellas que han sido desplazadas (Vieira, 2015) los impactos ambientales que la guerra le ha causado a los ecosistemas y a las especies son severos (Correa, 2015). Asimismo, otro de los temas de gran importancia y que posee una estrecha relación con el medio ambiente y el pos-acuerdo es la RSE, por esta razón, el término en Colombia se adhirió a la Declaración del Milenio del año 2000, e incluyó combatir el hambre y la pobreza extrema, dar educación, bajar la mortalidad de los niños, y sostenibilidad del medio ambiente (Sepúlveda & Moreno, 2015).

La política ambiental va relacionada con el pos-acuerdo y la RSE; claro ejemplo es el caso de Colombia, donde una de las principales problemáticas de su población se ve enfocada al conflicto armado con el que convive a diario; además de eso, ha generado conflictos sociales, económicos, políticos y culturales. Por este motivo, parte de la población rural ha emigrado a zonas urbanas en busca de mejores condiciones de vida, pero no siempre es fácil encontrar oportunidades laborales allí. El ordenamiento jurídico colombiano determinó al trabajo como un derecho y como un deber (Roldán, 2013); se sostiene que de 17 empresas del país, 11, más de la mitad de las multinacionales colombianas, llevan a cabo programas de construcción de paz (Jiménez, 2013); sin embargo, existen aún empresas que frente a la problemática del conflicto interno armado de Colombia, se le han visto diferentes comportamientos negativos (Moreno, 2015).

2.9 Un paso a la inclusión

En el acuerdo firmado el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias frente al tema de la inclusión de excombatientes, se detalla un documento expedido el 20 de enero de 2016 el cual es llamado Resolución 0075, donde menciona los beneficios que tendrá los exguerrilleros por dejar las armas y reinsertarse a la sociedad: $200.000 pesos durante los primeros dos meses y luego $480.000 pesos por los cuatro meses siguientes – prorrogables- mientras logran la adaptación a la sociedad (entre otros beneficios).

En el actual acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, además de convenir que los exguerrilleros para poder acceder a beneficios económicos anteriormente mencionados, deberán haber contado con beneficios jurídicos, firmar un acta de compromiso con el proceso reinserción a la sociedad y tener una acreditación del otorgamiento de la libertad, deberán comprometerse a romper vínculos con el narcotráfico y a cooperar en la radicación de esta propagación, ahora el nuevo acuerdo precisa de manera concreta las características de cooperación en la radicación de droga en áreas rurales por parte del grupo armado de las Farc, asimismo estos integrantes deberán informar detalladamente sobre las responsabilidades a las que se comprometieron.

3. Propuesta teórica

En la actualidad son pocos los escritos que existen que relacionen la política ambiental para el pos-acuerdo desde una perspectiva de la responsabilidad social en Colombia, por tal razón, en este documento presenta una aproximación al estado del arte del fenómeno, tomando como referente la revisión teórica y el modelo del plan estratégico sectorial 2015-2018, que tiene como lema “Todos por un nuevo país”, presentado por el Presidente de la República, a través de su equipo de Gobierno (Santos, 2015).

A continuación, se presenta la argumentación teórica de los componentes del plan estratégico sectorial desde el modelo que presenta el Gobierno de Juan Manuel Santos.

3.1 Modelo: Plan Estratégico Sectorial 2015-2018 propuesto por (Santos, 2015)

El modelo es la base las políticas gubernamentales implementadas por el actual presidente de la República, en compañía con su equipo de Gobierno, su principal objetivo es buscar la prosperidad y el equilibrio entre la paz, el desarrollo económico y la equidad para todas las regiones y los ciudadanos colombianos.

La cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene un papel central a jugar, es una gran oportunidad para acordar con las FARC-EP un ordenamiento del uso del territorio ligado con la calidad de vida de una población rural (El Espectador, 2013), a su vez el gobierno ha implementado y mejorado los tres pilares del desarrollo sostenible que se caracteriza dentro de la sostenibilidad ambiental como un factor que compone los tres elementos de su interés que son: económico, social y ambiental, los cuales se plantean en el plan estratégico sectorial como paz, educación y equidad.

Como base de la propuesta teórica a presentarse, es importante resaltar la necesaria relación entre la política del gobierno en temas de paz, con la responsabilidad social del sector productivo colombiano, es decir, mayor oportunidad para los desmovilizados de los diversos grupos armados existentes en el país, para conseguir un empleo estable sin recibir discriminación alguna por parte de las empresas, por el solo hecho de haber pertenecido a ese tipo de tropas.

3.2 Medio ambiente y nuevo acuerdo

El nuevo acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 con el fin de dar una nueva visión a Colombia de paz, señala en el punto 4.1.3.6 dónde hacen referencia a los componentes de los planes integrales de sustitución como la sostenibilidad y la recuperación ambiental. El acuerdo menciona que el plan los planes de intereses ambientales tendrá acciones de recuperación y adecuación de suelos para el establecimiento de cultivos ilícitos y acciones para la mitigación de los daños ambientales en zonas de especial interés ambiental (Gobierno Nacional de Colombia, 2016).

El nuevo acuerdo prioriza el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y principalmente ambientales, pues estos han sido las áreas donde el conflicto ha afectado en gran parte a la población colombiana, que la constituye mujeres cabeza de hogar, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, comunidades indígenas, comunidad LGBTI, adultos mayores y todo tipo de personas desplazadas y exiliadas por culpa del conflicto: el impacto de esta problemática afecta principalmente a quienes han sido afectados directamente en ella, como personas habitantes de áreas rurales afectadas, combatientes, sus respectivas familias y el entorno que las rodea.

Figura 1
Pilares fundamentales Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, propuesto por el equipo gubernamental y el presidente Juan Manuel Santos (2015).
Fuente. Tomado de la página oficial de La Presidencia de la Republica 2014-2018, (Planeación, 2015).

Por lo anterior, como se ilustra en la figura 1, el presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos (2015), junto con su equipo gubernamental, propone que para lograr el desarrollo económico y el bienestar para las regiones y ciudadanos se da a través de un análisis cuidadoso de los pilares de educación, equidad y paz, demostrando que estos tres factores entre sí generan un conjunto de beneficios que lograrán un mejor desarrollo para el país. Los beneficios que brindan estos tres factores, paz, educación y equidad, surgen tras la necesidad de fomentar el crecimiento, desarrollo humano e integración para lograr la paz en el territorio colombiano (Santos, 2015).

Como fue mencionado anteriormente la propuesta teórica de este artículo se fundamenta en el modelo presentado por el presidente de la República de Colombia y su equipo de apoyo gubernamental, la cual es presentada a continuación:

Lo que propone este documento consiste en adaptarle al modelo del “Plan Estratégico Sectorial 2015-2018” un nuevo pilar que permita destacar el derecho que tienen las personas desmovilizadas a reinsertarse en una sociedad y a tener mayor oportunidad de emplearse sin ser discriminadas después de la dura situación a la que antes fueron expuestas; este pilar es llamado “INCLUSIÓN”, ya que estas personas necesitan de un amparo por parte del gobierno para que las empresas tengan más responsabilidad social con ellas.

La inclusión es un tema de importancia que está plasmado en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de Colombia, llevada a cabo en dos sesiones, la primera firmada el 26 de septiembre de 2016 y la segunda sesión procesada finalmente el 24 de noviembre del presente año.

Para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto, es necesario una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política y permita que surjan nuevas voces y nuevos proyectos políticos (Jaramillo, 2016).

A continuación, se presenta la figura 2 la evolución propuesta del “Plan Estratégico Sectorial 2015-2018”.

Figura 2
Evolución del Modelo “Plan Estratégico Sectorial 2015-2018”, propuesta planteada en el documento.
Fuente. Elaboración propia.

La figura 2 expone el objetivo general de la propuesta, partiendo del modelo planteado por el presidente de la República y su equipo gubernamental, la cual busca la posibilidad de generar relación entre paz, educación, equidad e inclusión, partiendo de la política ambiental en Colombia y el pos-acuerdo, fomentada desde la RSE. La idea principal de la propuesta es que para alcanzar la paz y un desarrollo sostenible se debe partir de la educación, la equidad, la igualdad y sobre todo la inclusión a personas exguerrilleras que quieran reinsertarse a una sociedad y buscar un empleo digno.

El nuevo acuerdo hace alusión a las diversas empresas del sector privado que adelantan actividades económicas en los territorios rurales, con el fin de generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses, que permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socio-ambiental y el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad (Gobierno Nacional de Colombia, 2016).

El derecho de la inclusión de los excombatientes también contará con el apoyo del Gobierno Nacional, pues este creará e implementará el Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de hombres y mujeres trabajadores rurales, incluidos las personas exintegrantes de las FARC. El Gobierno Nacional hará unos concursos de mano de obra de comunidades para participar en planes y programas sociales y ambientales que se desarrollarán en diferentes zonas agrarias. Las condiciones laborares de estos programas se adecuarán a la normativa internacional y nacional, y se regirán por los principios de dignidad equidad (Gobierno Nacional de Colombia, 2016).

Partiendo desde una política ambiental, se pueda disminuir la violencia en el territorio rural del país, haciendo que las personas habitantes del campo puedan recuperar sus tierras y los desmovilizados, con el apoyo del gobierno, puedan encontrar un trabajo digno sin ser discriminados por su anterior condición.

3.3 Limitaciones

La propuesta teórica planteada en este artículo cuenta con una limitación y es que a pesar del gran esfuerzo del gobierno para acordar la paz y buscar para los reinsertados a la sociedad un mejor futuro, algunas empresas y entidades gubernamentales se ven desconfiadas en el momento de brindarles empleo a estas personas, pero con el tiempo esto podrá cambiar.

Conclusiones

La política ambiental en Colombia con relación al pos-acuerdo es un tema en constante evolución investigativa; no obstante, aún queda mucho por profundizar, a pesar que por mucho tiempo han tenido una estrecha relación. Sin embargo, los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas dan una mirada diferente a esa problemática de una manera globalizada.

Se muestra como los grupos armados hacen uso del medio ambiente como instrumento económico y político y legal, hasta el punto de ocasionar daños graves a los habitantes del campo, es decir, acudir a la violencia para sacar máximo provecho a los recursos naturales e imponer poder y temor a personas inocentes. Es necesario que la variable ambiental sea cuidadosamente entendida y estudiada por toda la población colombiana, pues es desde el centro de los bosques del país en donde nace la violencia y eso se debe entender por medio del fortalecimiento de la educación.

Es gratificante el esfuerzo que hace el gobierno por acordar la paz con estos grupos armados, pues se daría una visión más amplia entre la libertad social y ambiental, ya que con la desmovilización de dichos miembros armados traerá consigo la autonomía de amplios espacios del territorio y devolverá a miles de familias rurales su único sustento económico. Así mismo, para que el colectivo armado esté dispuesto a reintegrase a la sociedad, el gobierno debe implementar un plan estratégico con el fin de amparar a las personas que reconozcan que hicieron un daño a la sociedad y ahora quieren nuevamente reinsertarse a ella.

Concluyendo entonces, es indispensable el apoyo colectivo de una comunidad, porque el pos-acuerdo requiere ampliar el abanico de oportunidades para la desmovilización y para ello se debe generar empleo digno y educación en diversos oficios; no obstante, las empresas parecieran estar temerosas para asumir estos retos por la desconfianza histórica en estos grupos armados. Según la Agencia Colombiana para la Reintegración entre el 2002 y junio 30 de 2016, la cifra de las personas desmovilizadas fue de 57.996 y el 74% de las personas que se encuentran en el proceso de reinserción están ocupadas, el 69.5% en un trabajo informal y el 30.5% en uno formal. En total 650 empresas han sido vinculadas directamente para proporcionar nuevos empleos a este tipo de personas.

Es muy común que por los actos sociales el campesino siga en grupos armados, pues sigue pensando en la falta de oportunidades y la discriminación que sufrirá por el simple hecho de haber pertenecido a estas agrupaciones; es por ello que se necesita hacer un llamado de atención a los actores sociales y económicos, como parte de su RSE, para que se vuelvan facilitadores de reconversión social.

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Notas

Información adicional

Cómo citar este artículo: Soto Serna, L & Vieira Salazar, J.A. (2018). Hacia una política ambiental en Colombia para el pos-acuerdo: una mirada desde la responsabilidad social empresarial. NOVUM, (8-I), p.p. 9-31.