INTRODUCCIÓN

Como es sabido, la expansión económica globalizadora, trajo consigo la violencia[4], la criminalidad y la inseguridad fenómenos que también se han extendido por el mundo, en diferentes espacios y tiempos se constatan hechos violentos, crímenes y delitos la gran mayoría de ellos perpetrados por grupos delictivos ocasionado una transformación “en la vida cotidiana, en el deterioro de los espacios públicos (plazas, parques, avenidas, etc.), en la calidad de vida que disfrutan los habitantes y en la dificultad para atraer inversiones, visitantes y turismo, entre otros muchos” (Trujillo, 2017;22), en los países de América Latina (AL) algunos grupos sociales y la clase política, están de acuerdo en que las múltiples manifestaciones que se han revelado generan un fuerte impacto económico, sanitario y social, con características negativas, por cuanto se viene destruyendo las relaciones interpersonales en la sociedad, afectado la calidad de vida y la seguridad individual y colectiva de la ciudadanía, de acuerdo al Banco Mundial (2011), se estima que los gobiernos destinan cerca del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para combatir o remediar sus efectos, sin alcanzar mejoría (Aguilar y Gottsbacher, 2017). (Error 1: La referencia: Trujillo, 2017; está ligada a un elemento que ya no existe)

Con el objetivo de visibilizar si un país es violento e inseguro –para la reproducción del capital-, organismos internacionales entre ellos la Organización Mundial del Comercio (OMS), crearon y difundieron que los países gozan o tienen paz social cuando el índice de 10 muertes por cada 100,000 no ha sido rebasado. Sin embargo, las realidades son otras, para la región los porcentajes estadísticos muestran que se ha pasado de una media de 28.4 homicidios por cada 100,000 habitantes en 1995 (UNICRI, 1995; citado en Benvenuti, 2003), de acuerdo a medios de información tomando datos del Igarapé Institute a 21.5 por cada 100,000 habitantes en 2015 Guatemala con una tasa de 27.3, San Salvador en El Salvador con 136.7, y San Pedro Sula en Honduras, con 104.3 homicidios por cada 100,000 habitantes se sitúan como lugares peligrosos para el mundo (CNN, 2018).

Ante el incesante incremento de los homicidios y delitos, desde la academia e instituciones oficiales nacionales e internacionales se han generado diagnósticos e investigaciones empíricas que dan explicaciones de su ocurrencia, como se ha mencionado algunas investigaciones han enfatizado en los altos costos que la violencia representa para el desarrollo económico de estos países al acercarse al 8% del PIB los recursos destinados a combatirla (Acevedo, 2008; Jaitman, 2017); otros hacen hincapié en las altas tasas de inmigración de la población del campo a la ciudad (Fernández, 2006), otros manifiestan que se debe a la extensión de la delincuencia organizada y el narcotráfico -asentamiento de carteles mexicanos el Golfo, de Sinaloa, Zetas-, o bien, a la existencia de pandillas delictivas internacionales, nacionales y locales que fuerzan a los desplazamientos (Dammert y Arias, 2007; Aguirre, 2014; Andrade, 2015; Prado, 2018; Jiménez, 2016), a la violencia y terror propios del Estado/gobierno[5] contra la población (Figueroa, 2013), otros enfatizan en la desigualdad social, la falta de oportunidades, la disponibilidad de armas de fuego, la corrupción institucionalizada, la pérdida del Estado de Derecho (Benvenuti, 2003; Devia, Ortega y Niño, 2016; Loría, 2013; Rojas y Mesa 2008; Trujillo, 2017), algunos parten de la desindustrialización y la desregulación económica que trajo consigo el modelo de desarrollo económico neoliberal (Cáceres, 2017). (Error 2: La referencia: Jaitman, 2017 está ligada a un elemento que ya no existe) (Error 3: La referencia: Prado, 2018 está ligada a un elemento que ya no existe) (Error 4: La referencia: Jiménez, 2016 está ligada a un elemento que ya no existe) (Error 5: La referencia: Loría, 2013 está ligada a un elemento que ya no existe) (Error 6: La referencia: Rojas y Mesa 2008 está ligada a un elemento que ya no existe) (Error 7: La referencia: Trujillo, 2017 está ligada a un elemento que ya no existe)

Por lo anterior, en la primera parte se presentan los rasgos del marco conceptual para emprender el análisis de lo que aquí se denomina violencia estructural, en la segunda parte, se reúnen algunos de los rasgos dominantes de la globalización y la democracia política en los países abordados. En la tercera parte, mediante el uso de datos se indaga en las situaciones problemáticas que se vive en estos países. A lo largo del documento se tiene presente que la violencia estructural adyacente en el modelo económico neoliberal mengua las acciones del Estado y los gobiernos para el logro del desarrollo social, la igualdad y la contención de la pobreza.

LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL, LA CRIMINALIDAD, LOS DELITOS DE OPORTUNIDAD Y OTROS CONCEPTOS.

Desde la exposición hecha en El capital, Tomo I Sección VIII, Capítulo XXVI, Marx dejo claro que el proceso de acumulación originaria del capital ocurrió bajo el paso de la violencia al expropiársele a los campesinos su medio de producción –la tierra-, y añadió que “se encuentra inscrita en los anales de la humanidad, en indelebles letras de sangre y fuego” (Marx, 1977:691), desde ese tiempo, la expropiación y el despojo son características propias del proceso de acumulación capitalista, y unidas al incremento de la tasa de pobres se presentan como característica de la violencia estructural. (Error 8: La referencia: Marx, 1977 está ligada a un elemento que ya no existe)

Así, el punto de partida es la propuesta creada por Galtung desde hace varias décadas, para el analista la violencia estructural se manifiesta en pobreza, desigualdad económica, exclusión e injusticia social, sus consecuencias visibles son insuficiente ingreso, desempleo, salarios bajos, todo lo cual, trae efectos negativos a las oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y libertad de las personas (Galtung, 1996, citado en La Parra y Tortosa, 2003), además señala

Galtung, la violencia estructural vertical también puede ser “represión, explotación y alienación de las minorías dentro de un estado nación” (Galtung, 2004, p.4) y añade, se trata de la violencia indirecta, invisible que proviene de la forma como ésta organizada la estructura económica e implica a instituciones internacionales, gobiernos, grupos sociales y personas (Galtung, 2003).

Por lo anterior se puede argüir, que la violencia estructural forma parte de la incapacidad del Estado para garantizarle a la ciudadanía la satisfacción de las necesidades básicas y sus derechos fundamentales lo que repercute negativamente en el desarrollo humano.

Lo anterior, remite a expresar lo que se entiende por desarrollo humano, de acuerdo a Benetti se trata de “Un derecho inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en el desarrollo social, cultural, económico y político, en el que pueden realizarse todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a participar en él” (Benetti, 2015).

Sin embargo, para 2009 de acuerdo con Informes sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2009), de 182 países analizados, la región de Centroamérica se ubicaba en un índice medio: Belice en el lugar 93; El Salvador en el 106; Honduras en el 112; Guatemala el 122 y Nicaragua el 124; en el Informe correspondiente a 2015 de 188 países analizados, El Salvador, se ha movido al lugar 116; Honduras en el 131 y Guatemala en el 128 (PNUD, 2015) los tres países se encuentran por debajo de la media de AL, esta situación vulnera aún más la calidad de vida de la población, en el ámbito de la esfera de la producción se presenta como efecto ocurrido por el proceso de desindustrialización –estancamiento económico y pérdida de empleos de calidad- (Cáceres, 2017), y de la escasa autonomía política de los gobiernos para enfrentar al neoliberalismo, ahondado las situaciones de violencia y criminalidad.

Aunque existen diferencias entre países, legalmente y para efectos de castigo, el crimen se define como un delito de gravedad o una acción voluntaria que se realiza con la intención de herir o asesinar a alguien. Por su parte, los delitos contra la propiedad, están constituidos por acciones que vulneran los derechos personales y transitan desde la pérdida de la vida –homicidio- a un robo contra la propiedad: dinero, celular, cartera; vehículo automotor, negocio, hogar, amenazas, intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico, ofensas sexuales, secuestro, extorsión, estafa, por su multiplicidad se han vuelto el principal problema de inseguridad en la región (Posas, 2010), institucionalmente estas definiciones sirven para separar a los buenos de los malos, a los delincuentes, a los culpables, a los que alteran la seguridad, los que políticamente son indeseables por alterar el orden social y requieren ser castigados, además, existen las ordenes policiales creadas por el Estado que contribuyen a brindar seguridad y resguardar la propiedad. (Error 9: La referencia: Posas, 2010) está ligada a un elemento que ya no existe)

Por su parte, la seguridad forma parte del orden social, individualmente denota la convicción de que el cuerpo, los bienes y los derechos no serán objeto de ataques, lo cual comunica que hay un orden social resguardado por el Estado, la percepción de seguridad indica ausencia de peligro o riesgo, y confianza en alguien o algo, lo que incluye a las instituciones policiales, la ausencia de seguridad repercute en “la vida cotidiana y la calidad de vida de las personas e incide negativamente en el desarrollo humano y la consolidación de la democracia del país” (Acevedo, 2008: 72). En este sentido, para abonar a la seguridad ciudadana primero se debe garantizar la democracia, ambas, democracia y seguridad se vuelven el juego político de los gobernantes siendo lo importante diseñar y difundir las políticas que parte de la población requiera escuchar (Dammert y Arias, 2007) para brindar la seguridad y proteger sin sobresaltos la reproducción del capital.

La inseguridad es la expresión o sensación de temor de las personas a ser víctimas de violencia, o algún delito en cualquier espacio donde desarrollan su vida cotidiana. De acuerdo a Vilalta, se define como “la perturbación angustiosa del ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un crimen y la victimización de hecho” (Vilalta, 2010, p.3), surge y se extiende entre las personas a partir del conocimiento de actos, hechos criminales o delincuenciales sucedidos a personas, hogares o negocios conocidos y casi siempre se les relaciona con las acciones realizadas por parte del Estado para combatirla, en tanto, la violencia inicia cuando se colocan los intereses económicos particulares por encima de las necesidades o intereses colectivos. (Error 10: La referencia: Vilalta, 2010 está ligada a un elemento que ya no existe)

A lo largo del desarrollo del capitalismo, se ha demostrado que la acumulación de capital es imposible en un medio exclusivamente capitalista, por lo que, desde el primer momento de su evolución se fomenta la expansión hacia países no capitalistas (Rappo, et.al. 2014), en este sentido, la globalización ha consistido en la integración de los países subdesarrollados al capitalismo en su fase actual, el énfasis lo constituye lo económico y los avances científico- tecnológicos, sin dejar de lado lo político, social y cultural, los países de la región al no ser poseedores de adelantos tecnológicos, ni de flujos comerciales –salvó Panamá- profundizaron su desventaja respecto de los países desarrollados, el Triángulo Norte no fue excepción. (Error 11: La referencia: Rappo, et.al. 2014) está ligada a un elemento que ya no existe)

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y DEMOCRACIA POLÍTICA.

En términos de desarrollo económico históricamente los países subdesarrollados, vienen arrastrado el adverso patrón económico heredado, y una fuerte desorganización política elementos que coadyuvaron para que una vez conformados los Estados Nacionales no pudieran crear su propio sistema de acumulación de capital y proveer de bienes, servicios públicos y seguridad a la ciudadanía (Rojas y Mesa, 2008), ya que inicialmente, bajo una oligarquía terrateniente agroexportadora, la incipiente burguesía capitalista en formación no impulso iniciativas desde dentro para alcanzar el crecimiento económico, más adelante, en el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) los nuevos actores económicos emergentes vinculados a los negocios legales e ilegales, emprendieron la tarea de acumular capital, poder e influencia en distintos ámbitos de la vida nacional sin realizar cambios en la estructura económica (Fundación Myrna Mack, 2016), además se empezaron a reproducir los rasgos autoritarios propios del capitalismo. (Error 12: La referencia: Rojas y Mesa, 2008 está ligada a un elemento que ya no existe)

Iniciando los noventa la crisis de la deuda externa desmantelo los elementos benevolentes que aun pervivían del modelo económico ISI, de esta manera, la transformación estructural de las economías quedo bajo la mirada y en el marco del

Consenso de Washington, los lineamientos a seguir fueron “políticas de ajuste, apertura y liberalización de orientación neoliberal, con el objetivo de restablecer a largo plazo la estabilidad de los sistemas políticos y económicos centroamericanos” (Sanahuja, 1996), y por cuestiones de seguridad quedaron bajo la mirada de la intervención militar nacional e internacional, ello explica el cambio mostrado por los Estados para orientar la política económica en menoscabo de la política social, y resolver desde el poder propio del Estado las situaciones de violencia y asumirlas con políticas públicas elaboradas fuera de sus fronteras. (Error 13: La referencia: Sanahuja, 1996 está ligada a un elemento que ya no existe)

A nivel mundial, la continuidad económica y política ha impactado en una inicua distribución de la riqueza que concentra la minoría de la población, o un pequeño grupo favorecido, millones de seres humanos pasan formar parte de la sociedad capitalista de exclusión, en los países analizados la renta per cápita es baja 4 hogares de cada 10 viven en condición de pobreza y pobreza extrema, el ingreso per cápita para El Salvador es de 3,200 dólares anuales, en Guatemala es de 2,800 dólares y en Honduras apenas llega a 1,200 dólares (García 2011, citado en Figueroa, 2013) a lo anterior se suma el abandono y desprotección jurídica de las leyes, el Estado para resolver los conflictos ha respondido con políticas de mano dura, porque en el contexto de la democracia política neoliberal, las condiciones de pobreza, pobreza extrema y bajos salarios garantizan el orden que necesita la voraz acumulación capitalista neoliberal.

Así, bajo una economía cuyo desarrollo es dependiente del capital externo, la distribución de la riqueza se vuelve injusta y excluyente, por su parte, mediante la adecuación de las leyes los gobiernos multiplican el desempleo, aumentan el empleo por horas en industrias de la construcción y maquilas, se fijan pactos implícitos con las empresas para pagar el trabajo con salarios por abajo del promedio; se acentúa el trabajo informal, y se precariza el empleo, estos factores inciden para que cerca del 68% de la población viva en pobreza y bajo severas condiciones de marginación, por lo anterior, se puede afirmar que el modelo económico gesta las situaciones para que se extienda la pobreza entre los ciudadanos, por otro lado, los gobiernos callan, intentan ocultar la situación, declarando que su país goza de estabilidad y paz social, pasando por alto que las carencias económicas reales van creando un clima subjetivo propicio para que los jóvenes sean cooptados por los grupos criminales organizados y los inserten en hechos delictivos, amplificando así entre grupos, clases y regiones la inseguridad.

Por otro lado, estudios realizados por organismos financieros muestran que se ha evolucionado a ser economías con mayor estabilidad, sin embargo, no pueden subsanar su propia dependencia al capital externo, “y en general, a los proyectos políticos que acrecientan la concentración del capital en pocas manos” (González, 2012:1) lo cual agrava la desigualdad, y por ende la legitimidad política, sobreviniendo las manifestaciones de violencia y criminalidad así como el aumento de homicidios y robos a la propiedad.

Otro aspecto a señalarse es que la globalización económica exigió políticamente la instauración de sistemas democráticos (serviles al capital), por lo que la democracia liberal representativa fue avanzando, instaurándose y consolidándose, hasta evolucionar a sistemas políticos presidencialistas, sin embargo, por sus condiciones políticas internas, los sistemas partidistas emergieron con poderes desiguales y poco competitivos, lo que impuso limitantes al desarrollo del pluralismo político, con lo cual, la transformación del ámbito político se trasladó al ámbito económico siguiendo la lógica de la economía de mercado (Ortega, 2011). En el cambio, el crecimiento de la economía y el desarrollo social quedaron bajo la política económica fiscal restrictiva y monetaria, impuesta por los organismos financieros, otorgándoles más privilegios a los capitalistas, profundizando la desigualdad social y la indiferencia por el desarrollo humano que pervive no sólo en los países del Triángulo Norte, la misma se extiende entre los países en desarrollo. (Error 14: La referencia: Ortega, 2011 está ligada a un elemento que ya no existe)

Por lo anterior se cuestiona la legitimidad económica, y se anteponen límites al avance de la democracia y a los sistemas presidencialistas, que no pueden consolidarse porque en su interior pese a las renovaciones presidenciales, sigue imperando la condición de clase político-militar y político-económica, lineamientos clasistas que facilitan a los gobiernos seguir en el juego de las alianzas pro-gobierno o de las coaliciones coyunturales para tener la mayoría calificada en los proyectos de ley (Vargas & Pallavicini, 2008), por estas inconsistencia el conflicto político social deviene, los proyectos no dan respuesta a las necesidades de la población, así “en la región hay un descontento con los gobiernos democráticos independientemente de su orientación” (Rojas, 2008:12) y poca participación en los asuntos públicos, además la desconfianza e inseguridad ciudadana aumenta por la corrupción existente en las instituciones del Estado –jueces, policías, ejército-, y el (Error 15: La referencia: Vargas & Pallavicini, 2008) está ligada a un elemento que ya no existe) (Error 16: La referencia: Rojas, 2008 está ligada a un elemento que ya no existe)

“uso del Estado por parte de la clase dirigente” (Devia, Ortega y Niño 2016:106).

En suma, con el avance del capitalismo globalizador se impulsaron las acciones y acuerdos para lograr el cese de los conflictos armados y los gobiernos militares, lo que condujo a la pretendida democratización política, sin embargo, la incursión de más partidos políticos no ha sido suficiente para separar lo político de lo militar, ni lo político de lo económico, porque la democracia política va desarrollándose bajo estructuras internas de poder crecidas bajo acuerdos de represión y corrupción, en ese sentido, al no lograr el gobierno el control total, la búsqueda del bien común, de los intereses de toda la sociedad por parte del Estado deviene en utopía (García, 2006), los gobiernos para paliar los conflictos han desplegado políticas públicas de contención social y no verdaderas reformas que modifiquen la estructura económica y la jerarquización social, y, desde luego la reducción de las brechas de desigualdad y pobreza no ocurren, antes bien, estas se profundizan.

Así la falta de desarrollo económico se encuentra entre los factores que reproducen sujetos proclives a la criminalidad y delincuencia, porque en el largo plazo la falta de empleos, bajos salarios, la falta de oportunidades, la pobreza, la carencia de servicios y escasa atención del gobierno para solucionar situaciones de violencia bajo parámetros de justicia, genera relaciones de resistencia y también de dominio en tanto, en el Triángulo Norte la democracia no representa la derrota de los militares, ni victoria de la guerrilla, ni una transición política, fue resultado de pactos acordados entre fracciones de la élite militar, empresarial y política regulada por la iniciativa de los Estados Unidos (Torres, 2010), factor que ha debilitado la capacidad de regulación política, económica y social del Estado democrático. (Error 17: La referencia: Torres, 2010 está ligada a un elemento que ya no existe)

Cuando se habla o se analiza la violencia, a nivel mundial, se promueve la imagen de América Latina como una de las regiones más violentas al registrar el 33 % de los homicidios en el mundo y albergar sólo el 9% de la población mundial (Jaitman, 2017), y como quedo indicado al inicio, las instituciones internacionales utilizan la tasa de 10 homicidios x cada 100,000 para evaluar la criminalidad, inseguridad o paz de una ciudad, de un país o una región. Más detalladamente en el Triángulo Norte otro factor condenable es que se usa cerca del 8% del PIB para combatirla. Muchas muertes involucran a la juventud, ya que entre los jóvenes coexisten las víctimas y los victimarios, los estudios muestran que casi la mitad de los arrestados por asesinato son jóvenes en edades entre 15 a 25 años. De igual forma las víctimas de homicidio son hombres jóvenes en edades de 15 a 34 años, esta edad representa el 60% de todas las víctimas de homicidio (Aguilar y Gottsbacher, 2017). (Error 18: La referencia: Jaitman, 2017 está ligada a un elemento que ya no existe)

Algunas investigaciones plantean que los países desarrollados, en particular Estados Unidos, tienen responsabilidad en la alta tasa de ocurrencia de homicidios, por tres factores principales. Primero, el instrumento principal para cometerlos son las armas de fuego, mismas que provienen de éste país a través del contrabando, las estadísticas arrojan que el porcentaje de homicidios con armas de fuego es del 41%, en el continente americano este porcentaje alcanza hasta el 66% (Loría, 2013). Segundo, geográficamente quedan ubicados como países puente entre los productores de drogas y el principal país consumidor, factor favorable para que la juventud sea cooptada por los grupos de delincuencia organizados. Tercero la debilidad estructural propia del patrón de acumulación ocurre en una creciente disparidad en las condiciones de desarrollo económico y social entre los países desarrollados y subdesarrollados resultado del mundo desigual globalizado. (Error 19: La referencia: Loría, 2013 está ligada a un elemento que ya no existe)

VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD EN LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE.

En los países del Triángulo Norte, los gobiernos neoliberales han instalado el discurso de la violencia y sus manifestaciones como las principales variables para explicar la inseguridad que asola a las poblaciones, y como factores que obstaculizan la consolidación de un sistema político verdaderamente democrático, así el incremento de la inseguridad ciudadana en el Triángulo Norte de acuerdo a González se explica desde: (i) el temor y miedo de la ciudadanía, que deriva de los crímenes y delitos que se imputan a la delincuencia, y se promueve por las esferas oficiales como causa principal de inseguridad; ii) el temor de la ciudadanía a las condiciones de pobreza, exclusión social y marginalidad, propias del modelo económico actual (González, 2012), aunque ambas están entrelazadas, los gobiernos neoliberales de estos países –y otros- para afirmar su legitimidad política han impulsado e instalado políticas públicas priorizando en aquellas que combatan la criminalidad y delincuencia, aunque con las acciones sólo se atacan los efectos y no las causas reales.

En efecto, en AL mediante la creación de un enemigo interno identificado por sus características económicas –los pobres- se ha desarrollado el “populismo penal”, acción legal aplicada en el “combate a la criminalidad” (Dammert y Arias, 2007, p. 37), por lo anterior, las acciones emprendidas sólo han incrementado el descontento social, ya que, actúan más como mecanismo de represión que como actos de justicia, dentro de los países de análisis para enlistar unos cuantos ejemplos, a los que la mayoría de la población ha manifestado su repudio: “en Guatemala Plan Escoba adoptado en 2004, Urge Mano Dura, 2012; en Honduras,

Ley Antimaras, Libertad Azul y Cero Tolerancia (2003); en El Salvador, Plan Mano Dura en 2003 y Súper Mano Dura en 2004” (Waxenecker, 2016, p.18), las acciones se volvieron recurrentes violaciones a los derechos humanos, porque su eje era tratar “a los menores como adultos dando paso a prácticas de represión violenta, las cuales luego se confundirán con acusaciones de ejecuciones extrajudiciales patrocinadas por el Estado” (Muggah, Rodgers y Stevenon, 2009:13, citados en Aguirre 2014, p. 219), está es la forma asumida por los Estados para criminalizar la pobreza y la desigualdad, sin importar que se estigmatiza a los sectores de la población pobre.

En el siguiente apartado, no se pretende establecer una comparación entre países, cada uno posee instituciones propias para dar cuenta y tratar dicha problemática, lo que se observa, son los aspectos comunes relativos a la violencia estructural, como son el desempleo, los bajos salarios, la pobreza, la desigualdad factores de la violencia estructural relacionados con la violencia concretamente con la existencia de homicidios y los delitos contra la propiedad.

GUATEMALA Y SU POBREZA

Si bien Guatemala alcanzó su proceso de pacificación/democratización en 1996. Históricamente se identifican tres periodos violentos: 1) 1985-1995, fin del conflicto armado iniciado desde 1944; 2) 1996, Firma del Acuerdo de Paz Final iniciado desde 1994, periodo posconflicto; 3) 1999, Nuevo orden político/social establecido mediante proceso de paz, incremento constante de homicidios alcanzando 74% superior a la década que precedió el Acuerdo de Paz (Restrepo y Tobón, 2011). Los años siguientes a la consolidación del proceso de paz, aunque se dejó de padecer violencia política y el terrorismo de Estado (Figueroa, 2013,) la violencia relacionada con la delincuencia organizada y común se intensificó, el país osciló entre la baja y el repunte de homicidios en números comparables con los registrados durante el régimen dictatorial, por su parte, los delitos contra la propiedad se incrementaron. (Error 20: La referencia: Restrepo y Tobón, 2011 está ligada a un elemento que ya no existe)

Con los acuerdos de paz, iniciaron las reformas que trajeron un efecto positivo en el desarrollo económico, pero sin beneficios sociales, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) mostró que la tasa de desempleo abierto afecta a jóvenes de 16 a 24 años, estos sumaban 2.7 % millones, en total la población desempleada representaba 3.1% millones, integrada por jóvenes y adultos de la tercera edad, los últimos también en la búsqueda de empleo. Del total de desempleados el 46% son hombres y el 54% mujeres (OIT, 2016).

En relación a las ofertas de empleo formal, se establece que las compañías más grandes son la manufactura, la minería -conglomerados- y las empresas nacionales, en ellas se emplea el 30.2% de la Población Económicamente Activa (PEA), el 69.8% restante se emplea en la economía informal, esta situación impacta negativamente en los salarios percibidos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI, 2016 ) el salario promedio nacional es de 2,100Q, sin embargo, es inferior al salario mínimo de 2,758Q reconocido en el Acuerdo Gubernativo No. 297-2017 que rige a partir de 2018 para el trabajo en de la industria y la manufactura.

Por su parte, aunque se revitalizó el desarrollo económico, éste no tuvo efectos positivos en el grueso de la sociedad, más de la mitad de la población sigue por debajo de la línea de pobreza, y, de estos el 15% se encuentra en condiciones de pobreza extrema, además, existen altos índices de desnutrición más de un millón de niños la padece. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014, ocurrió un repunte de la pobreza y 6 de cada 10 habitantes del país son pobres. Según la ENEI (2014) la pobreza en la población pasó de 56.4% para el 2000 a 51.2% para 2006 y 59.3% al 2014, para ubicarse en 54.8% en 2017 (Prado, 2018). Para empeorar el problema, la pobreza extrema pasó de 15.7% a 15.3% y 23.4% para los mismos años, estas difíciles condiciones se vuelven más drásticas por que afectan a especialmente el área rural que concentra a la población indígena, espacios donde el 86.1% de la población vive en pobreza extrema, la combinación indígena-rural da por resultado que casi todas las personas estén por debajo de la línea de pobreza. (Error 21: La referencia: Prado, 2018 está ligada a un elemento que ya no existe)

En relación a los delitos contra la propiedad, que profundizan la percepción de inseguridad de acuerdo a Catavi datos parciales aportados por la Dirección de la Policía Nacional Civil (DPNC), de enero a junio de 2011 se reportaron 493 robos a vivienda, 356 a locales comerciales; para el año 2012, 757 robos a vivienda; para 2013 se recibieron 647 robos a vivienda; para 2014 en los meses de enero a junio se registraron 561 robos a viviendas y 357 a comercios; durante 2015 se registraron 986 robos a vivienda y 713 a negocios de todo tipo, se registraron menos robos a carros, durante estos años el 74% de los robos se han realizado en el Departamento de Guatemala, (Cataví; 2015) la DPNC indica que se debe agregar un subregistro del 50 % de personas afectadas que no denuncian ante las autoridades por temor a represalias de los delincuentes que roban en los domicilios. Por otra parte, año con año se han incrementado los robos a iglesias y los asaltos a peatones y turistas.

EL SALVADOR Y LAS PANDILLAS

En El Salvador el proceso de paz se alcanzó en 1992, las acciones emprendidas para consolidarla terminaron en 2007, con un índice de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes (Prado, 2018; CNN, 2018) se ubica en el primer lugar de inseguridad de los tres países que forman el TN. Estadísticamente los más afectados son jóvenes provenientes de sectores de bajos ingresos, en edades de 15 a 34 años, también se tiene un estimado que el 41% de los homicidios se realiza con arma de fuego y el 80.4% de las víctimas tenían edades entre 20 y 39 años (Cruz, 1998). (Error 22: La referencia: Prado, 2018 está ligada a un elemento que ya no existe)

Homicidios y delitos se relacionan con pandillas poseedoras de un largo historial delictivo, y de modernas armas de fuego, las maras o pandillas -diferentes nombres- es la forma como se organiza la delincuencia en el país, y se han extendido su presencia a lo largo y ancho del territorio –incluso en otros países-. Las pandillas tienen como actividades principales el secuestro y las extorsiones cobro de piso, extorsión telefónica, entrega de dinero en efectivo, transferencias bancarias-, y hacen “amplio uso de la extorsión para financiar sus organizaciones y algunas de sus actividades; y sus métodos de lavar dinero, por ejemplo, de la extorsión enviándolo a través de Western Unión a los Estados Unidos” (Bruneau, 2011, citado en Andrade, 2015:116), acción que habla de una moderna y sofisticada modalidad para la ejecución de delitos, en su mayoría son jóvenes los perpetradores, acorde con un incremento en el uso de las nuevas tecnologías, otros jóvenes se han integrado al crimen organizado como elementos de seguridad para resguardar y dar paso al tráfico de drogas (Wolf, 2011, citado en Andrade 2015).

Cuando ingresan a las pandillas inician la actividad de la extorsión realizándola en negocios y con empresarios en su territorio de origen, por ejemplo, en San Salvador, se localizan la mayor porción de unidades económicas del país, un total de 62,419, representan el 38% del parque empresarial (Andrade, 2015), en éste departamento ocurren el mayor número de extorsiones, “Micro y pequeña empresa junto al sector informal, representan más del 90% de las empresas de la economía salvadoreña. Los pandilleros exigen a los pequeños empresarios entregar las extorsiones como cuotas de seguridad en pagos diarios, semanales o les solicitan una cuota mensual” (Martínez, 2018). (Error 23: La referencia: Martínez, 2018 está ligada a un elemento que ya no existe)

En encuestas de Opinión Pública aplicadas por la Universidad Centroamericana (UCA) para 2007 se registró que el 52,4 % de las personas encuestadas aseguraron que la violencia aumento, y el 19.4% declaró hacer sido víctima directa de algún delito, la creciente tendencia al alza en la victimización se mantiene desde entonces (Acevedo, 2008), más recientemente de acuerdo a las noticias el 80% % de los dueños de empresas declaró ser extorsionado y sólo un 16% denuncio sin ningún resultado (elsalvador.com, 2014).

En relación a los aspectos estructurales de la economía[6] de acuerdo a datos ofrecidos por la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, 2006 y 2017), la tasa de desempleo abierto entre los jóvenes de 15-24 años era de 12.4% para el

2006, y de 14.2 % para 2016. El 50% de los jóvenes en esta se edad se encuentran subempleados, la EHPM arrojó que entre los jóvenes 62% para 2006 y 64% para 2016 están desempleados, recientemente la situación también se ha extendido a los jóvenes con educación superior quienes no encuentran empleo, característica del neoliberalismo es la carencia de empleos. La combinación de jóvenes en pobreza excluidos, y de jóvenes con educación ambos sin espacios para integrarse a la vida laboral, propicia el riesgo de exposición a la violencia y criminalidad empleándose con el crimen organizado sea como victimarios o víctimas (Andrade, 2015, EHPM, 2006, 2016).

También la encuesta de EHPM 2016, muestra que de cada 100 hogares 33 se encuentran en estado de pobreza, de estos 25 con pobreza relativa y 8 catalogados en pobreza extrema. Además, a los aspectos estructurales de violencia se suman los amplios éxodos de personas migrantes y desplazadas que huyen de la violencia imperante.

Para concluir, se demuestra que los delitos en propiedad ajena se incrementan el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana reportó para 2014, que los hurtos constituyen el 33%, el robo 19%, lesiones 15%, homicidios el 9%, extorsión el 10%, el robo/hurto de vehículos el 13% y las violaciones el 1%. Por su parte, el 80% de las extorsiones son realizadas por pandillas (Andrade, 2015), de acuerdo a Menjivar la extorsión también se perfila como un delito patrimonial, al valerse de violencia psicológica para hacer que la víctima y sus familiares se desprendan de su patrimonio –dinero, casa, carro, u otro bien-, para pagar lo exigido por la libertad (Menjivar, 2009, citado en Andrade, 2015)o bien, otros recursos que puedan ser vendidos en mercados legales e ilegales, lamentablemente para la sociedad salvadoreña secuestros y extorsión fue la vía elegida por las pandillas para autofinanciarse.

HONDURAS, CONJUNCIÓN DE POBREZA Y PANDILLAS.

Desde su constitución Honduras ha sido un país inseguro para vivir, los civiles y militares que lo gobernaron fortalecieron un sistema político y económico[7] excluyente y arbitrario. Después de logrado el proceso de Paz, la violencia e inseguridad se han manifestado de forma más aguda, “en 2013 la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) contabilizó para Honduras una tasa de 90.4 % homicidios por cada 100,000 habitantes” (Angarita & Cañas, 2017:77). Aunque en los últimos tres años ocurrió una disminución de 18.5% puntos en la tasa pasando de 86.5 % a 68 %, y llegar a un índice de 57 homicidios por cada 100,000 habitantes (Prado, 2018), el Observatorio Nacional de la Violencia8 registró que 78.8 % de las victimas del país son personas entre 15-44 años de edad, de estas el 90.6% son hombres, el promedio diario es de 19 personas (Jiménez, 2016), por lo que la percepción de inseguridad persiste, 7 de cada 10 personas encuestadas la consideran como el principal problema del país. (Error 24: La referencia: Prado, 2018 está ligada a un elemento que ya no existe)

Honduras se encuentra calificada como el segundo país más pobre de AL y como “Uno de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos” (Meza, 2018) constituye un lugar de alto riesgo para periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y activistas ambientales, en este país son habituales las amenazas, los ataques y los asesinatos, tan sólo entre 2014 y 2016 fueron asesinados 21 periodistas, (HRW, 2016). (Error 1: La referencia: Meza, 2018) está ligada a un elemento que ya no existe)

La democratización política y el proceso de paz no se tradujeron el algún tipo de beneficios para la población, instaurado el neoliberalismo el crecimiento económico no implicó desarrollo social, es decir, no mejoró la calidad de vida para la población, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que el ingreso anual pércapita para el 2015 era de USD 2,365 (FMI, 2016 citado en Actualitix, 2016), la riqueza ha seguido concentrada en pocas manos. Por otra parte, en 1999 la CEPAL lo ubico como el más pobre de Centroamérica.

esa década, liberalizó la moneda y levantó las restricciones arancelarias, realizó recortes al gasto público, impulsó una política de estímulos a productos de exportación, sin apoyar a la pequeña, mediana y grande empresa. Bajo una economía de exportación de productos primarios –soja, café y plátano- no posee una política industrial que despegue el desarrollo industrial nacional grande y diversificado para ofrecer a la población empleos con salarios respetando lo pactado por ley para menguar la pobreza que afecta al país, el capital de inversión que entra al país sólo hace más ricos a los detentadores del capital interno (Medina, 2007). (Error 26: La referencia: Medina, 2007 está ligada a un elemento que ya no existe)

8 La creación del Observatorio de la Violencia fue una iniciativa combinada del PNUD, el Ministerio Público, la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC), la Dirección de Medicina

Forense y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Posas, 2010)

De acuerdo a datos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo el 55% de las personas económicamente activas transita en el subempleo sea visible o invisible. De 3.9 millones de PEA, 11% se encuentra en el subempleo visible y 44% en el subempleo invisible, es decir, el 55% transita en el subempleo (FOSDEH, 2017).

La tasa de desempleo abierto oficial fue de 7.5% durante 2016 y 6.7% para 2017, gran parte de los desempleados son mujeres, jóvenes y profesionales egresadas de las universidades. En la última década la pobreza de los hogares ha oscilado en un promedio de 63%, y más del 44% de hogares vive en condiciones de pobreza extrema. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la pobreza aumento a 68.8% en 2017, lo que representa 6’079,082 personas en pobreza, de ellos, 3’902,122 se encuentran en pobreza extrema (INE, 2017). Lo cual significa que acceder a la canasta básica para la mayoría de pobres es imposible.

Por su parte, el Observatorio de la Violencia registró “10,141 delitos contra la propiedad, 189 robos a empresas o negocios, 796 robos a furgones y carros repartidores, 373 casos de robo a personas 363 y 63 robos a vehículos” (UNAHIUDPAZ, 2016). La misma fuente, respecto a delitos en contra de la integridad registró 5,265casos de violencia doméstica y 2,470 de violencia intrafamiliar, 34 secuestros. La mayoría de los delitos fueron realizados por jóvenes, quienes organizados en pandillas –extensión de maras- son el azote más violento en las áreas urbanas. Y al igual que en los países anteriores, los desplazamientos forzados y la migración se han vuelto multitudinarios, miles de hondureños migran alejándose de la violencia y en la búsqueda de una mejor vida.

CONCLUSIONES

Las ventajas que incorpora la democratización política no ha representado para las poblaciones de los países analizados la construcción de la democracia social en tanto, los gobiernos han impulsado el crecimiento económico desatendiendo el desarrollo social, tampoco se han creado proyectos económicos alternativos que permitan resolver las situaciones de pobreza, desempleo, bajos salarios y desigualdad social formas de violencia estructural que acompañan al modelo neoliberal y el proceso globalizador.

De esta manera, las manifestaciones propias de la violencia estructural y la desprotección en la que sumen a la población intensifican la escalada de homicidios y delitos desbordado la capacidad de respuesta de los gobiernos, optar por políticas públicas de “mano dura” para contener o disminuir la violencia –en sus diversas manifestaciones- queda demostrado que no da resultado positivo, por otro lado, la corrupción en la instituciones -jueces, magistrados y cuerpos policiales- es un elemento que debe atenderse, sea por sobornos o presiones violentas retroalimenta el circulo de la violencia, la criminalidad y los delitos.

La criminalidad manifiesta en los homicidios y delitos contra la propiedad, el uso de armas de fuego, además, del incremento de pandillas, narcotráfico y crimen organizado y son producto de la ausencia del necesario Estado de derecho y no causas per se de violencia. La importancia de esta diferenciación estriba en que las políticas públicas deben dirigirse a las raíces del problema y no a los efectos, ejemplo en el Salvador implementar aseguramiento de armas, en lugar de cárcel a los jóvenes.

En general la violencia estructural debe atenderse desde lo político y lo económico, en lo político, se pone en peligro el carácter civil de la seguridad como elemento trascendente de la democracia política, en lo económico, los procesos de desindustrialización seguirán frenando el desarrollo social y perpetuando la pobreza, los gobiernos deben implementar políticas públicas que generen un proceso de integración hacia la igualdad, promover e instaurar programas que generen empleos, y salarios justos para que en general adultos y jóvenes con o sin educación tengan oportunidad de ocuparse e incrementar sus ingresos para tener una vida digna

El documento estratégico del plan “Alianza para la Prosperidad del Triángulo

Norte. La nueva estrategia de seguridad de EE.UU. para Centroamérica” (Flores, 2017:303) ha representado un instrumento donde se delinean las buenas intenciones de los gobiernos, pese a las cifras concedidas por otros países para su implementación, la intervención mediática de los Estados, deja ver que adolece de fallas, en el fondo encierra la pérdida de soberanía de los países, la profundización de la militarización y la aceptación al saqueo de los recursos naturales, y no de acciones que reduzcan la desigualdad, y contengan el incremento de personas en los sectores más empobrecidos, o bien la creación de empleos, medidas que remontaría la inseguridad estructural que genera el modelo neoliberal (Flores, 2017).

Por lo anterior, es necesario realizar un diagnóstico global de la problemática que trascienda el enfoque institucional, con los resultados replantear políticas públicas integrales para posibilitar la transformación estructural en el corto, mediano y largo plazo, en estos países.

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Notas