Introducción

Explican Arriagada y Godoy (1999, p.28) que la inseguridad en la región durante mucho tiempo se abordó desde una “perspectiva convencional, basada en el modelo policía-justicia-prisión, que enfatiza la adopción de políticas de control y represión de la criminalidad y la violencia delictual”, con una elevada represión y pocas acciones preventivas, que no generaron resultados favorables para la sociedad, pues los indicadores como la tasa de criminalidad, tasa de homicidios, entre otros no disminuyeron; lo cual dio cabida a identificar que la principal debilidad de ese enfoque es el manejo policíaco de la violencia, lo cual es una perspectiva muy limitada, anulando factores sociopolíticos, cambios de las sociedades, modificaciones de las relaciones socio-personales y el rol de la familia, entre otros, que inciden directamente en la violencia. En suma, la seguridad nacional se constituye desde una concepción estado-céntrica.

Al respecto, Latinoamérica en las últimas décadas se han hecho esfuerzos importantes sobre la seguridad ciudadana científica y operativamente, a través de reformas gubernamentales e injerencias para reducir actividades delictivas, así como prevenir y controlar la violencia y la reinserción social.

Gradualmente, la experiencia regional en este ámbito Frühling (2012) Lagos y Dammert (2012), Chinchilla y Vorndran (2018) demuestran la necesidad de entender las formas de abordar los problemas relacionados directa e indirectamente con la seguridad ciudadana, procurando reducir la violencia de manera sistémica, la cual integra la prevención, el control, la aplicación de justicia, y la rehabilitación social, entre otros aspectos. Para atender esto se requiere la articulación de instituciones públicas de seguridad, así como una participación activa del sistema penal, la sociedad, y organismos no gubernamentales para implementar el ejercicio moral que garantice el derecho a la vida y a una sociedad libre de violencia.

En este marco, el Banco Interamericano de Desarrollo (2012) ha insertado el tema de seguridad ciudadana y justicia dentro de su agenda de trabajo, pues sus estudios han demostrado el sufrimiento y trauma generado por la inseguridad en las personas y familias, esencialmente en las más vulnerables; aunadamente, las actividades delictivas obstruyen las relaciones socioeconómicas, así como acceso a servicios de educación y salud, entre otros.

La región ha encaminado su actuación en reforzar las acciones de prevención social que afectan a jóvenes y mujeres, para contrarrestar el riesgo de ser víctima o victimario; fortalecer la formación de los cuerpos policiales, con el fin de prevenir agresiones; impulsar programas de rehabilitación y robustecer la capacidades institucionales, nacionales y locales del sector, con el objeto de minimizar la cantidad de delitos y reducir la frecuencia de la violencia debe impulsarse activamente la participación ciudadana, pues ella genera apoyo y compañerismo entre las personas y funcionarios públicos de seguridad que se encuentran en zonas con altos niveles de riesgos, para ello se incorporan otras orientaciones multidisciplinarias con el objeto de contener el delito y procurar controlar el mismo, como por ejemplo el análisis del desarrollo educativo y socioemocional de las personas, el estudio del contexto donde las familias desarrollan sus actividades y el fomento de la participación y la colaboración voluntaria, entre otros (Banco interamericano de Desarrollo, 2012); (Mockus, 2005).

Así puede entenderse a la seguridad ciudadana como un enfoque de seguridad humana, que tiene como centro las personas, sustentada en una articulación institucional (Estado, entes de seguridad y ciudadanía) y en las leyes para procurar mejorar el nivel de vida de las personas y reprimir el delito (Programas para las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013).

Todo tipo de actos que atenten contra la vida de un ser humano implican el desacato a la ley; por lo que preservar íntegramente de una persona es la base de la seguridad ciudadana, de allí que los esfuerzos permanentes del Estado para responder al resguardo físico y emocional como derecho de todo ciudadano, menguará la discriminación social y otorgara mayor legitimidad al Estado en la defensa del bienestar social. Así que la seguridad ciudadana se fundamenta en el derecho humano, tanto de las personas maltratadas o afectadas como de los agresores. Ante esto, se diferencia de la seguridad pública, la cual aplica poderes coercitivos de los Estados, basados en minimizar acciones delictivas para combatir el crimen.

Desde este enfoque de políticas públicas, es la convivencia y la participación político-institucional las vías democráticas para reducir los delitos y la violencia y fomentar la confianza para mantener el progreso de los grupos familiares y las sociedades, pues a mayor confianza social, más son las posibilidades de implantar políticas preventivas y reducir la sensación de inseguridad. Para Mockus (2005) este enfoque necesita de otras disciplinas, como: la educación y la psicología, para el estudio exhaustivo de la mejora socioeducativa y socioemocional de la población, el estudio de las particularidades de los grupos familiares y el entorno donde se desenvuelven, a través de la participación ciudadana activa.

Basado en lo expuesto anteriormente, se consideró importante describir al Estado responsable y la participación ciudadana en la seguridad ciudadana, desde las concepciones de Muggah (2017, 2018), Mockus (2005) y el Banco Interamericano de Desarrollo (2012), entre otros. Para ello se empleó la revisión documental sobre los elementos de la gobernanza, participación, retos estatales, así como los actores sociales y políticos intervinientes; acudiendo al análisis de contenido por ser es una técnica científica en el ámbito de las ciencias sociales, que facilita establecer relaciones entre datos para generar información y atender la problemática social.

Se hizo una revisión por países en las páginas de internet de organismos multilaterales y portales Web gubernamentales de los países en América Latina que tuviesen información sobre el tema en el tiempo, lo cual fue complejo porque muchos países tienen información relacionada a las políticas pública, planes de acción, entre otros, pero no publican datos actualizados, sino rezagados en el tiempo, y puede que ello esté en función de intereses políticos.

Ello conllevo a discriminar información para reducir la búsqueda a aquellos criterios que tuviesen en común los países, detectando solo la presencia de dos criterios: logros y dificultades de la seguridad ciudadana, aunado al Estado responsable y la participación en la seguridad ciudadana. En base a ello se realizó una búsqueda en las bases de datos electrónicas (Science Direct,Google Scholar, JSTOR y EBSCO) en América Latina, encontrando pocas publicaciones, fragmentadas y heterogéneas y con data hasta el año 2018. Ante esas limitaciones se escogieron documentos sobre los criterios y temporalidad indicada en países donde hubiese información pública constante conllevando a la selección de tres países: Argentina, Colombia y Chile en procura de la homogeneidad y fiabilidad de la información que se comparte en el presente artículo.

Elementos para la Gobernanza de la Seguridad Ciudadana

Para Aguilar (2006, p. 90) la gobernanza es “el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia —fundamentales y coyunturales y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección”. Esta definición destaca que la relevancia del proceso de decisión no es exclusivamente del gobierno, sino de todos aquellos actores políticos, administrativos, sociales, entre otros, que estén involucrados, este es el caso de la seguridad ciudadana, tema que se aborda en este escrito.

Por lo que, siendo la gobernanza un proceso político de articulación entre Estado y la sociedad, tiene total cabida en la seguridad ciudadana, pues dada su profundidad requiere de cooperación entre entidades gubernamentales, la comunidad local y regional, así como del sector empresarial, y por su puesto del Estado, para orientar procesos decisiones de manera colectiva y velar por la seguridad de cada uno de los ciudadanos.

De allí que, tratar la seguridad ciudadana es un tema complejo para combatir la delincuencia, que contempla normas de convivencia, resolución de conflictos, eficiencia del sistema de justicia y del sistema penitenciario, entre otros, por lo que, su finalidad es velar por el disfrute de los derechos fundamentales de los personas. Gestionar esta área implica activar habilidades, capacidades y recursos de prevención y resguardo de la ciudadanía de una manera eficaz, para dar continuidad a los procesos y responder a los objetivos y metas establecidas, así como construir una buena gobernanza que permita la participación ordenada y coordinada de diferentes actores relevantes. Se puede gestionar la seguridad ciudadana desde diferentes enfoques, y para Muggah (2018) unos parecen ser más efectivos en comparación a otros. Por ejemplo, la disuasión focalizada (personas más inclinadas a usar la violencia e involucrarse con la policía, servicios sociales y líderes de la comunidad) tiene un impacto positivo en el descenso de las tasas de violencia. El enfoque es la terapia conductual-cognitiva (empleo de técnicas psicológicas clínicas para cambiar los pensamientos y comportamientos dañinos de los delincuentes) que también muestra evidencia científica de éxito. Desde otro enfoque, denominado por Cohen y Felson (1979) actividades rutinarias, sostiene la necesidad de minimizar la coincidencia espacial y temporal de tres elementos: un potencial agresor, la ausencia de un supresor efectivo y un objetivo apropiado.

El éxito de la aplicación de estos enfoques depende de datos confiables y la integración de estrategias de seguridad de una localidad o región

“Las estrategias de seguridad ciudadana involucran no solo a diferentes áreas de gobierno, sino también a la sociedad civil y al sector privado para lograr mayor impacto, resultados y sostenibilidad(…).Esto se debe a varias razones, tales como, la preocupación por los sobrecostos impuestos por la criminalidad, el alto costo de hacer negocio en contextos de violencia, los beneficio de APP, así como la responsabilidad social corporativa y la emergencia de la filantropía social” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014, p.8-9).

Desde estos enfoques, la medición y monitoreo de las estrategias para minimizar el delito y el crimen implica el manejo de datos veraces y oportunos, construir información de calidad para la comprensión y abordaje de los problemas, evaluar los resultados de políticas y programas, así como delinear participaciones más certeras en la región. Sin embargo, Álvarez (2014, p. 133) hace referencia a que:

“La confección y el mantenimiento de información geo-referenciada es un primer paso para identificar patrones en el tiempo y en el espacio así como puntos y momentos calientes. Esta identificación debe apoyarse no solo en métodos estadísticos, sino también en opiniones y sugerencias de las autoridades policiales, sobre todo cuando su objeto es la implementación de una política. Luce conveniente un análisis desde abajo hacia arriba, que se concentre en espacios muy concretos como direcciones o cuadras, ya que estudiar los patrones geográficos del crimen a nivel de barrios, e inclusive manzana, puede ser insuficiente”.

Países latinoamericanos, conjuntamente con organismos multilaterales pertinentes a la temática han creado una serie de acciones en pro de compartir información sobre seguridad ciudadana,, como: plataformas de diálogos entre autoridades, la semana de seguridad ciudadana, como espacio de divulgación de conocimientos y estrategias aplicadas en zonas de fronteras; cursos sobre la gestión de conocimiento en seguridad ciudadana y justicia, con base en la experiencias de la región; evaluaciones de programas de prevención social de violencias, estrategias policiales y sistema judicial; y mediciones de victimización y percepción de la violencia en la región, entre otros (Vega y Comini, 2017).

Al respecto, Páez, et al (2018) obtuvieron entre los resultados de una investigación sobre el tema, que: de once países que implementan modelos de seguridad ciudadana aplicados, sólo tres de ellos: Argentina, Colombia y Chile, demostraron tener en común logros y dificultades al implementar programas sobre seguridad ciudadana, lo cual se presenta en el cuadro 1.

A pesar que los tres países tienen entornos diferentes, Chile y Colombia muestran trayectoria en la reestructuración de sus instituciones policiales, así como esfuerzos por lograr y mantener aproximaciones educadas de la policía hacia la comunidad. Por otra parte, es transversal la tensión entre los entes locales y nacionales de seguridad, con respecto a: “la percepción de inseguridad, los límites entre las competencias de las Fuerzas Armadas y la policía, y la desconfianza. Tales tensiones son el resultado de la influencia que tiene el discurso de seguridad preventiva sobre el de la correctiva” (Páez, et al, 2018, p. 95).

Países de la región que han implementado reformas exhaustivas están viendo resultados en la reducción de los delitos, demostrando que es posible construir sociedades donde se pueda vivir mejor y aunque existen situaciones complejas, existen señales que se van buen camino, al respecto, Velásquez (2006), hace referencia a acciones de negociación entre el conjunto de actores que participan como: entidades públicas, privadas, comunidades locales, asociaciones civiles, la iglesia, entre otros, con el objeto de encontrar aspectos que de manera conjunta puedan desarrollar sobre la seguridad ciudadana en convivencia , y con ello es necesario una visión más amplia, superando la exclusividad de cuerpos del gobierno para dirigir las capacidades en pro de una sociedad pacífica.

Retos a Superar por el Estado

Para la implementación efectiva de las políticas públicas en esta área, el Estado debe poseer un control territorial, mediante entidades efectivas; al respecto, se han realizado varias investigaciones sobre la gobernabilidad de la sociedad por Goodwin (1999), democratización de la sociedad de Linz y Stepan (1996) y la efectividad del estado de derecho realizado por O’Donnell (1993), y todos coinciden en que se genera una debilidad en la gobernabilidad democrática y en algunos países no pueden controlar el territorio, creando las bases para el esparcimiento de los delitos, instaurándose bandas organizadas que se esfuerzan por mantener el dominio territorial para comercializar bienes ilícitamente y diversificar otras actividades al margen de la ley, afectando negativamente la seguridad ciudadana y deslegitima la respuesta oportuna del Estado ante los desafíos criminales. El Banco Mundial (2011) señala que otra debilidad estatal es la ineficiencia del sistema judicial, pues entre otras cosas genera bajo porcentaje de casos resueltos por las instituciones pertinentes; insuficiencia de acciones o estrategias alternativas a personas que suponen poco peligro e ineficientes programas de recuperación y reincorporación a la sociedad para personas que egresan del sistema penal; reduciendo los niveles efectivos de penalizaciones a comportamientos delictivos y por ende, su consecuencia de prevención. (Error 1: La referencia: Goodwin (1999) está ligada a un elemento que ya no existe)

Para Bergman (2009) la debilidad estatal se manifiesta en bajos niveles de respeto por la justicia, ya que los ciudadanos tienen una baja expectativa sobre el cumplimiento de la normativa legal, así como la imposición del Estado para su implementación, permanencia y efectividad. Aunadamente, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (2012) deben afrontar dificultades en materia de políticas preventivas en la región, como: falta de recursos para desarrollar programas preventivos; desconfianza en intervenciones complejas en espacios de desventajas sociales; los programas preventivos no generarán efectos en el corto plazo, sino en el mediano o el largo plazo, haciendo esto poco seductores para las gestiones públicas, que tienen un período gubernamental corto.

En los países latinoamericanos, se observa la presencia de instituciones con iniciativas aisladas, desintegradas y hasta contradictorias, que conlleva a una irracional distribución de los recursos de la inversión pública y transmite falta de coordinación en la prevención y control de actividades criminales, así como inconsistencia en el establecimiento de problemas prioritarios, objetivos, productos y formas de evaluación de resultados (Banco Interamericano de Desarrollo, 2004). Las debilidades anteriormente presentadas, generan espacios de inseguridad para la ciudadanía, ya que un Estado vulnerable crea vacíos, convirtiéndose en terreno abonado para la violencia, dada la desconfianza en el sistema policial y judicial influyen en la percepción de la inseguridad y la coherencia social, emanando ineficiencia de las políticas desarrolladas y escasa coordinación entre los gobiernos central y local.

Subsanar los aspectos antes esgrimidos implica impulsar estrategias que aumenten la confianza de las personas en entidades oficiales, así como la construcción de la solidez institucional. Para ello, es relevante establecer metas y medir el desempeño policial, realizar monitoreo de la ejecución de planes y evaluación de su incidencia social, afianzar las redes de seguridad ciudadana, mediante el liderazgo político comprometido en practicar políticas multisectoriales, así como colaborar en el intercambio de conocimientos, experiencias de gestión e información con otros países, organismos intergubernamentales, entidades estatales, instituciones educación superior, e institutos de investigación, entre otros , pues se ha podido construir indicadores, cimentar datos estadísticos y la evaluación de programas, mediante acuerdos entre entidades de formación y capacitación profesional y ministerios gubernamentales referente a la seguridad ciudadana ha generado importantes logros en la región, como en Brasil, Chile, Colombia y México, entre otros. Al respecto, la asociación entre entes regionales y municipales que representa el programa PREVIVA en Antioquia (Colombia), involucró a docentes y representantes de diez municipalidades en el empleo de técnicas del campo de las ciencias sociales con el objeto de desarrollar un programa sobre la Prevención de Conductas de Riesgo para la Vida (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012).

Asimismo, explica Frühling (2012) que Costa Rica se inserta al Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para colocar a disposición información y facilitando al Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica la identificación de posibles causas y componentes que impliquen algún riesgo para los dos delitos que en estos tiempos implican más preocupación para el país.

Nuevos Actores: Estado Responsable y Participación ciudadana

La seguridad ciudadana en Latinoamérica involucra la niñez, el período de pubertad en los jóvenes, la familia, espacios escolares, actividades de comunidad, entre otros. Intervenir en estos espacios requiere de la cooperación entre niveles de gobierno, organismos públicos y los ciudadanos, para minimizar tanto las oportunidades como la exposición al crimen y a delitos; para ello es importante generar diagnósticos sobre los espacios que son usados con frecuencia para causas terror y actos delictivos, así como determinar si las acciones implementadas en zonas geográficas tienen potencial incidencia en llevar paz a la comunidad (Ortega y Sanguinetti, 2014). Estos son los retos institucionales que enfrenta tanto los funcionarios que liderizan esas acciones como los funcionarios que las ejecutan, para suministrar servicios que en conjunto resguarden la seguridad pública y con ello se refuerce la confianza entre los responsable y las personas que desean una vida en calma y tranquilidad.

La seguridad ciudadana se focaliza en promover la seguridad pública, minimizar actos de violencia, así como fortalecer los derechos y deberes entre las entidades públicas de seguridad y las personas, por lo que está centrada en los derechos. Para Muggah y Szabo (2014) involucra la implementación de acciones en el marco de regulaciones democráticas, haciéndola distintiva y con mayor amplitud que los procesos del orden público centrados en actuaciones policiales y medidas para controlar actos delictivos. Asimismo, la seguridad ciudadana media las elasticidades del énfasis en el Estado responsable y la participación ciudadana.

El Estado responsable, tiene el deber de resguardar, brindar garantías de seguridad y bienestar a la sociedad. Aunque, en diversas localidades y barriadas en América Latina, es frecuente encontrar ausencia del Estado (instituciones policiales, judiciales y penales) (Arias y Ungar, 2009). No solo los entes policiales, sino también la participación ciudadana desempeña un rol importante para garantizar la seguridad ciudadana, pues pueden aplicar auditoria a funcionarios públicos para expliquen su rendimiento y el idóneo cumplimiento de sus funciones; asimismo, la colaboración y la participación activa de la ciudadanía conlleva al éxito de políticas sobre seguridad, pues se hacen responsables de sí mismos y de otras personas, por lo que puede aseverarse que autogestionan mediante escuelas de seguridad ciudadana de prevención del delito, sin confundirse con la creación de milicias, sino espacios de integración entre el Estado y los ciudadanos en centros laborales, vecindarios y barrios, entre otros.

El Estado responsable enmarca y respalda la seguridad ciudadana, pero la participación ciudadana la encausa y adapta (Costa, 2012). La seguridad ciudadana tiene elementos vinculantes con una variedad de enfoques policiales, como: acciones policiales basadas en solventar problemas y aquel que tiene una orientación comunitaria, así mismo, se encuentra el trabajo policial de inteligencia, entre otros, que se introducen en la actualización y renovación de la entidad policíaca en Latinoamérica. Complementariamente, las políticas de seguridad ciudadana también abarca otras actividades, como: creación de empleos específicos; impulso de planes de generación de empleo; participación de instituciones de educación para intervenir activamente en aquellos jóvenes que se encuentran en posible riesgo; preparación de actividades infantiles y formación a padres y representantes sobre el tema; así como intervención inmediata formal para minimizar las rigideces ente grupos en circunstancias donde se haya detectado alta fragilidad de la paz y armonía, entre otros (Muggah, Aguirrey Chainey, 2017), (Muggah, 2017).

Con la participación ciudadana, las personas asumen actuaciones contundentes para solventar los problemas que les aquejan sobre el tema mediantes estrategias y prácticas efectivas, lo cual conlleva a impulsar la gestación de redes comunitarias y su vinculación con entes públicos de seguridad nacional y estatal para contraponerse mancomunadamente al crimen. Al respecto, hay que recalcar que las acciones estructuradas por parte de las comunidades no pretende substituir las labores regionales para atender los problemas que limitan la seguridad ciudadana.

“En la mayor parte de las ciudades consultadas en la encuesta de la CEPAL, se ha organizado este tipo de comités: Consejos Barriales de Prevención en Buenos Aires, Frentes Locales de Seguridad en Bogotá, Comités Ciudadanos en el D.F. de México, Consejos Comunitarios de Seguridad de Sao Paulo, Comités de Barrios de San José, y propuesta de creación de Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana en Santiago de Chile” (Arriagada y Godoy, 1999, p.32).

Con una perspectiva menos ambiciosa y con estrategias más precisas se encuentran el Plan Cuadrante y el programa Comuna Segura Compromiso 100 de Chile; programa de Policía Comunitaria de la Policía Militar de Sao Paulo y Belo Horizonte en Brasil; así en Bogotá o el de Guatemala (Escobar, et al, 2005). En este marco, México también construyó la Mesa de Seguridad e implantó en la estrategia Todos somos Juárez, donde la comunidad organizada establece asociaciones para el trabajo preventivo en terreno delincuencial, incorporando a los beneficiarios de los programas de seguridad ciudadana en las actividades de precaución básica que se desarrollan en el ámbito local (Frühling, 2012).

Otro ejemplo se encuentra en la República del Ecuador, donde se ha venido implementado el programa Barrio Seguro/Asamblea de Seguridad, en el cual la policía organiza asambleas permanentes, con el fin de diseñar programas de prevención de y disuasión, mientras que la asamblea debe promover la organización de la comunidad en su conjunto para dar pie a una cultura de la seguridad. Explica Castro, Jácomey, y Mancero (2015, p.123) que en la práctica, “a partir de 2014 se establecieron 1.755 Barrios Seguros en Ecuador y se incorporaron 126.129 líderes participantes comprometidos en seguridad ciudadana, apoyadas por los Gestores Territoriales, un programa civil impulsado con el propósito de mejorar su eficiencia intersectorial”.

Todos estos programas se han desarrollado mediante estrategias de prevención y la ampliación comunitaria de los entes policiales, así como la construcción de técnicas de análisis de datos, videovigilancia, denuncias de las comunidades, descentralización territorial de la capacidad de respuesta del fenómeno delictivo, controles de consumo de alcohol y posesión de armas mediante un trabajo mancomunado de la comunidad y entidades de seguridad pública.

Conclusiones

La revisión realizada permite aseverar que el aumento del delito, delincuencia y criminalidad en Latinoamérica en los últimos años ha conllevado a aumentar sus esfuerzos para cubrir todas las aristas que implican al Estado responsable atender la seguridad ciudadana y demostrar su legitimidad ante la falta de confianza entre los ciudadanos y entidades públicas de seguridad. Para mitigar esto, desde la participación ciudadana se han motorizado acciones en las comunidades para insertarse en la problemática que tanto les aqueja, procurando restituir y/o mantener el bienestar de las personas y familias en sus espacios de convivencia en pro de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Una actividad delictiva proviene de individuos con debilidades en las prácticas sus creencias, fracturas de la convivencia familiar, escasa educación, pocas alternativas laborales en sus vidas, entre otras. También incide el entorno social, los incentivos de mercados ilegales y la ineficiencia de entidades de seguridad y judiciales. Las acciones para combatir el delito involucran a la familia, la escuela, el barrio, las regulaciones económicas, las instituciones policiales y judiciales.

Definitivamente que los países en la región han ejecutado modificaciones importantes en el ámbito policiales así como reformas en sus sistemas penales, serán exitosos los programas preventivos basados en ambientes de mayor vigencia del derecho, mientras que hechos cargados de impunidad y falta de control impulsan la violencia, menoscabando los planes de prevención social, disminuyendo la credibilidad en las instituciones del Estado.

Monitorear y evaluar programas de seguridad preventivos permiten medir y cotejar los impactos alcanzados en la región, para que el Estado y las instituciones pertinentes, así como la ciudadanía intervengan corresponsablemente en lo local, buscando la integración preventiva y de monitoreo de los avances delictivos que afecta a la región, pero a la vez en la restauración de la confianza entre entes policiales y sociedad local para impulsar en los ciudadanos diferentes formas de participar en los planes de seguridad y emprender la solución conflictos en distintos ámbitos de la sociedad municipal de manera pacífica. Para el monitoreo es necesario contar con información oficial sobre la delincuencia en sus rutinas diarias y para ello los Estados regional deben invertir en tecnología actualizada que permita sistematizar los datos y los problemas sociales y económicas que aquejan la realidad. Por ende, la construcción permanente de indicadores ayuda a tomar decisiones eficientes para prevenir y controlar mejor la delincuencia.

Aunadamente, la construcción y desarrollo de agendas municipales (territoriales/locales) que contengan mecanismos de gestión interactiva del delito y pautas de soluciones, implica insistencia en el resguardo amplio de los ciudadanos, así como en la primacía del valor de la vida, resguardo físico y el derecho a la libertad desde la prevención y minimización de espacios de peligros al ser humano.

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Notas