Culiacán, 1910-1915: de los maderistas a los carrancistas

Los discursos sobre la Revolución Mexicana provienen de horizontes de enunciación muy diversos. Algunos fueron escritos de manera casi simultánea, otros provenían de ámbitos literarios, algunos más por artífices de la contienda bélica, situación que sin duda los convirtió en juez y parte. Pero hubo quienes no actuaron o protagonizaron acciones armadas; les tocó vivir los embates desplegados por las facciones revolucionarias; vaya, vivieron bajo la revolución y padecieron sus efectos. En el noroeste mexicano, el estado de Sinaloa fue una entidad donde las acciones armadas, derivadas del 20 de noviembre de 1910, atrajeron a personas de diversas extracciones sociales^[3]. Lazos sanguíneos, compadrazgo, de vecindad o simplemente irse a la aventura, parecían algunos de los factores motivantes para que estos hombres se aglutinaran y actuaran mancomunadamente. En la toma de Culiacán en 1911, los revolucionarios dieron rienda suelta al saqueo, de modo que afectaron principalmente a particulares y casas comerciales. Por ejemplo, la quema de la fábrica textil El Coloso, con pérdidas de 471 mil 161.12 pesos; la segunda planta del ingenio azucarero La Aurora; los cañaverales del ingenio azucarero El Dorado, con pérdidas de 200 mil pesos; y la casa de la familia Redo, a la que pertenecía Diego Redo, gobernador del estado en ese momento. Las casas comerciales saqueadas fueron La Torre de Babel, Teodoro Piczan y Primos, Zapatería Nueva, La Preferida, comercio y bodega de Eduardo Retes, tiendas de Jorge Vega, Crisanto Arredondo, Francisco Díez Martínez y Napoleón Ramos. Asimismo, los insurrectos sustrajeron 40 mil pesos de los caudales públicos para el licenciamiento de tropas participantes en la contienda revolucionaria (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1911). Un mes después, en junio de 1911, en el puerto de Mazatlán, las fuerzas maderistas otorgaron garantías a la aduana marítima de Mazatlán para realizar sus actividades cotidianas (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1911). Desde Culiacán, llegó la orden al prefecto de Mazatlán de impedir la sustracción de fondos gubernamentales (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1911). De esta manera, las primeras diferencias por el manejo de recursos empezaban a manifestarse.

Tras el licenciamiento de tropas posterior al levantamiento maderista, los otrora combatientes no mostraron disposición de deponer su actitud hostil. En el caso de Sinaloa, grupos de hombres originarios en su mayoría de las remotas poblaciones de la Sierra Madre Occidental tuvieron a bien denominar sus acciones bajo las banderas zapatistas y orozquistas, principalmente. Los zapatistas, en su arribo a Culiacán el 24 de abril de 1912, eran originarios de Durango, Mocorito, Guadalupe de los Reyes, Concordia, El Verde, Siqueros, El Roble, Sinaloa y San Ignacio. Llegaron comandados por Pilar Quintero y Conrado Antuna, quienes, mediante métodos como amenazar con dinamitar la tienda La Torre de Babel, propiedad de la familia Almada, si su encargado no les entregaba la cantidad de 5 mil pesos, o recurrir al saqueo del ingenio La Aurora de la familia Redo, o retener a ciertas personas, hasta reunir 6 mil pesos destinados a pagar a las tropas (Olea, 1993; Martínez, 2004).

Los comerciantes culiacanenses padecieron este levantamiento armado; sus negocios fueron saqueados, como los chinos de Ángel Chong, Eduardo Retes y Miguel Sánchez. Las pérdidas prácticamente fueron totales, ya que los zapatistas estuvieron alrededor de un mes en esta ciudad y al salir tomaron camino por rumbos distintos con 45 mulas, resultado del saqueo (Vidales, 2002). Hubo varias quejas sobre el accionar zapatista en tierras culiacanenses. Una de ellas fue la de Antonio Vizcaíno, quien solicitó el pago de daños y perjuicios a su negocio mercantil en la ciudad de Culiacán (Archivo Historico General del Estado de Sinaloa, 1912). Al ser disueltas las fuerzas zapatistas en la entidad, sus escasos <<botines de guerra>> estaban siendo reutilizados por as mismas autoridades, al ordenar la Secretaria de Guerra y Marina que los caballos quitados a los rebeldes se llevaran a las guerrillas organizadas por el gobierno del estado (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1912).

Después de los asesinatos de Francisco I. Madero y Pino Suárez, hubo hostilidades en gran parte del país. Los enfrentamientos entre huertistas y constitucionalistas pusieron sobre la mesa la necesidad de los líderes militares de contar con recursos económicos suficientes. De manera gradual, el constitucionalismo instrumentó medidas como una prioridad para regular la economía nacional; los militares carrancistas iniciaron la formación de un aparato administrativo alterno, desconociendo las medidas de Huerta (Uhthoff, 1998); y para asegurar la circulación de billetes en la lucha contra las fuerzas federales y seguir avanzando hacia el centro de la entidad, Felipe Riveros emitió el billete «El Estado de Sinaloa», mediante un decreto el 14 de octubre de 1913 (Ayala, 2006)

Posteriormente, las fuerzas rebeldes llegaron a Culiacán, luego de posicionarse, instrumentaron mecanismos para hacerse de mayores recursos; de modo que comisionaron a Crisanto Arredondo para recoger todos los cueros de res y mercancías en la ciudad, además de rendir un informe detallado (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1913). A fin de controlar los montos en especie o en efectivo asignados a las fuerzas militares, se designó a Jesús J. Ponce como proveedor general de las columnas militares, quien a su vez dependió del general Ramón F. Iturbe, jefe de operaciones (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1913).

Durante la toma constitucionalista de Culiacán el 13 de noviembre de 1913 hubo quejas contra ellos; por ejemplo, el gerente general del Ingenio La Aurora solicitó a las autoridades que le entregaran un automóvil y dos mulas, acaparadas por el capitán Candelario Ortiz, previo préstamo del Ingenio El Dorado (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1913). En ese sentido, el comercio culiacanense de nuevo fue embestido, resultando entre las casas comerciales más afectadas las de Miguel y Lucano de la Vega y Severiano Tamayo, este último perjudicado al ser un abierto partidario del huertismo (Vidales, 2002). Con el arribo a Sinaloa del mando constitucionalista, esta facción buscó, de manera más metódica, tener bajo control la situación económica y política; sin embargo, esto no quiso decir que sus políticas fueran el antídoto más efectivo como a continuación se verá.

El jefe de Armas del Distrito de Culiacán ordenó abrir al servicio del público los establecimientos comerciales; con el objetivo de vigilar el cumplimiento de esta orden creó una comisión de gente de confianza para hacer un cateo general (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1913). Este tipo de medidas se extendieron, como la instrucción enviada al mayor Chaparro, concentrado en Navolato, con el fin de que toda clase de mercancías fluyera a la capital del estado (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1913). En Culiacán, los comerciantes Severiano y Juan Tamayo, Francisco B. Rojo e hijos, Teclo Osuna y Pedro P. Villaverde, fueron encarcelados y objeto de humillaciones e intimidaciones; ejemplo de ello fue un simulacro de fusilamiento contra este último, identificado con el huertismo (Olea, 1993).

La situación de Tamayo, Villaverde y Espinoza de los Monteros era delicada; al primero se le encontró un telegrama girado a Victoriano Huerta, felicitándolo por la detención y prisión del general Felipe Riveros; de forma que la dirigencia revolucionaria los condenó a siete años de prisión. Finalmente, la pena de Severiano Tamayo, José María Espinoza de los Monteros y José Ramos se conmutó por destierro (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1914). El 2 de diciembre de 1914 el ayuntamiento de Culiacán en sesión extraordinaria tomó postura frente a los acontecimientos político-militares de ese momento:

Declaran ante el Gobierno del Estado, dentro del orden legal, este Ayuntamiento absolutamente independiente de las demás autoridades que tomaban parte en sus asuntos, debiendo ser ésta la única que resuelva sus cuestiones, maneje sus fondos y realice el nombramiento de sus empleados, proclamando también que no tomará ninguna participación en los asuntos políticos de actualidad, pues su misión es concretamente velar por los intereses del pueblo, pero sí conservará las relaciones necesarias con los demás poderes, instando al Ejecutivo del Estado a que si está de acuerdo con la presente iniciativa, se sirva manifestarlo dando una prueba de patriotismo al reconocer los derechos del pueblo, con la advertencia de que una vez aprobada la presente por el Congreso del Estado, éste no tendrá más intervención en los asuntos municipales que la aprobación de sus presupuestos y que en caso de que no se deje en completa libertad de acción a este Ayuntamiento, tenga por aceptadas las renuncias de los miembros que lo conforman y que aprueban la presente instancia (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1914, fs. 838839).

Las intervenciones y embargos de empresas y propiedades empezaron a suceder en Culiacán. Verbigracia, desde octubre de 1914 la empresa abastecedora de agua potable y energía eléctrica de Culiacán fue intervenida por la dirigencia constitucionalista; sin embargo, el 26 de mayo de 1915, tras una orden girada por el gobernador del estado, pasó a poder del ayuntamiento (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1914; Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1915). En respuesta, la empresa solicitó al cabildo de Culiacán el pago de 11 mil pesos, equivalentes a los ocho últimos meses de adeudos vencidos a favor de la compañía; la respuesta de éste fue negativa. A lo largo del tiempo de las intervenciones, el ayuntamiento enfrentó problemas administrativos, así como falta de insumos para mantener ambos servicios y echarlos a andar. Situaciones como falta de leña, disminución de personal y solicitud de aumento de sueldos de los empleados eran los principales aprietos sorteados por los interventores de esta compañía, hasta que el cabildo decidió devolverla en agosto de 1917, en el marco de reclamos airados de pago de adeudos y utilidades devengadas en el tiempo en que administró esta empresa (Frías, 1999)

Respecto a los bienes de ausentes, la corrupción envolvió y enmarañó todo el proceso de su explotación y mantenimiento. Militares y autoridades encargadas de administrar estos bienes fueron señalados por malos manejos de recursos y enriquecimiento al amparo de la Revolución Mexicana. Un caso fue Francisco Ramos Esquer, quien solicitó excepción del pago de contribuciones prediales de varias fincas de su propiedad (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1914). Por su parte, Ramón F. Iturbe fue un revolucionario acusado por tráfico de alimentos —carne, harina, frijol, garbanzo y ganado—; obtuvo ganancias por las ventas de pieles, préstamos forzosos y subsidios de guerra; y además percibió un sueldo de 35 pesos, como jefe de la Tercera División del Noroeste (Martínez, 2004); cabe mencionar que debido a este cargo no podía adquirir propiedades, tierras, minas y constituir sociedades de negocios.

En ese sentido, a decir de Romana Falcón (1996), «esta utilización del poder para fines particulares hermanó a todas las facciones revolucionarias». La autoexoneración de las autoridades civiles y militares fue una manera de evitar pagos de impuestos y servicios, pagos de agua y luz para secretarios, regidores del ayuntamiento y militares radicadas en Culiacán, cuestión que duró poco más de un año; libres de esta contribución, mostraron un uso indebido del poder (Frías, 1999).

Venustiano Carranza ordenó en agosto de 1915 la devolución de bienes intervenidos a sus propietarios o administradores (Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, 1915). Alan Knight (1996) comentó que para fines de 1915 muchos terratenientes sinaloenses pagaron para recuperar sus tierras y, sin duda, esa fue una medida de gran importancia, pues el régimen carrancista se mostró sumamente conservador. A la primera jefatura llegaban constantemente peticiones para la devolución de bienes, situación que Carranza resolvió personalmente; solo con su aprobación y firma se autorizó el regreso de propiedades. Para el carrancismo, estas solicitudes y las gestiones de entrega implicaron el reconocimiento de su gobierno (Uhthoff, 1998; Falcón, 1996).

En 1916 se incrementó la entrega de bienes intervenidos. Les fueron devueltos sus bienes a 32 particulares y empresas, destacando entre los beneficiados varios exfuncionarios cañedistas. Se les aplicaron cuotas más altas que sus antecesores, las cuales iban de mil a 50 mil pesos, como Antonio Díaz de León, Luis F. Molina y Severiano Tamayo (Archivo General de Notarías del Estado de Sinaloa, 1916). Posteriormente, el retorno de bienes fue menor, pero se mantuvo; pese al aval de Carranza, los bienes no siempre se devolvieron en los términos acordados; esta fue la situación de Lucano de la Vega, Alberto de la Vega, Luis F. Molina y Fortunato Escobar, antes de reintegrárseles sus bienes (Martínez, 2004). Los aludidos, enterados del decreto expedido por el general Diéguez, donde se asignó una cuota para devolverles sus propiedades, abogaban ante Carranza que ya habían sido suficientes dos años de estar privados de las ganancias que les hubieran proporcionado sus fincas, de tal manera que pedían la devolución de sus propiedades sin erogar un solo gasto (Centro de Estudios de Historia de México, 1915).

Este tipo de situaciones era común en aquellos años, puesto que se trataba de un estado en formación con una enorme confusión legal, burocrática y política, lo cual entorpeció los asuntos de gobierno, incluido el de explotación y devolución de las fincas (Falcón, 1996). En cuanto a la devolución de las fincas, hubo posturas de facciones revolucionarias como la de los zapatistas, quienes no compartieron la política de reivindicar los intereses económicos de aquellos que consideraron enemigos de la Revolución, calificándolos de traidores, en tanto los consideraban una antítesis de esta gesta armada, y señalando que el radicalismo pregonado en su bandera era un guiñapo (Archivo del General Jenaro Amezcua, 1913). En ese tenor:

Prácticamente todos los estados adoptan más compromisos, en el curso de la movilización bélica de los que pueden cumplir cuando concluye. Estos compromisos adoptan la forma de una deuda pública acumulada, promesas a los grupos organizados de trabajadores, capitalistas, sectores de la administración o grupos étnicos, que forman parte de la oposición y que suspenden sus reivindicaciones para colaborar con el esfuerzo bélico, la responsabilidad con respecto a los veteranos de guerra y sus familias, etc. (Tilly, 2000, p. 30).

La revolución hecha gobierno: el constitucionalismo en Culiacán y las actividades económicas

Las caracterizaciones del constitucionalismo en Sinaloa han pasado por estudios político-militares y electorales (Alarcón, 2015; López, 2010). Algunas obras sobre este periodo de orientación biográfica se avocan generalmente a la parte militar del conflicto revolucionario, así como a destacar las participaciones de algunos artífices (Bonilla, 1976; Berrelleza, 2003; Alarcón, 2013), siendo no pocas veces autobiografías de sus participaciones. Estas obras indudablemente reconstruyen aspectos indispensables del desarrollo de la Revolución Mexicana en Sinaloa; sin embargo, dejan poco espacio para acercarse a la forma en que las facciones revolucionarias, en especial el constitucionalismo, implementaron medidas político-administrativas diversas que incidieron de manera diferenciada entre la población culiacanense. Entre 1915 y 1920, el estruendo de cañones, la polvareda del ajetreo de caballos y los gritos de los heridos, no dejaba escuchar otras voces en espacios distintos al campo de batalla, donde se luchaba por la vida en la cotidianeidad. En enero de 1915 el cabildo culiacanense decidió secundar la propuesta del cabildo porteño de Mazatlán como una forma de acción contundente de rechazo del huertismo en Culiacán, capital del estado de Sinaloa; de esta forma decidió desconocer todas las disposiciones y actos emanados en el periodo del 20 de marzo de 1913 al 9 de agosto de 1914, considerando que

[…] el verdadero representante de la nación desconoció los poderes que reconocieron al gobierno de Huerta, legal es también que el poder municipal siga el mismo camino, y por tanto, no debe aprobar todos aquellos actos o disposiciones sancionados durante el periodo aludido (Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 2 de mayo de 1916, p. 2).

Eso no significó borrón y cuenta nueva, pues implicó ubicar individuos, decidir si se pagarían adeudos a proveedores, confiscar propiedades a presuntos traidores de la causa revolucionaria, establecer responsabilidades y asumir nuevos compromisos con el grupo en el poder, la facción carrancista (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1915).

A mediados de junio de 1916 la sociedad culiacanense mostró su inconformidad debido a la escasez de circulante; sin embargo, la emisión de papel moneda carrancista no resolvió en su totalidad la incertidumbre social y económica. Empleados del ayuntamiento, como policías, cobradores de impuestos, carretoneros, mozos de oficinas gubernamentales, profesores de escuelas, barrenderos y secretarias, dejaron sus empleos a falta de salarios; ya que se les pagaba con papel moneda sin valor, por lo que en ningún lado les querían recibir. El cabildo culiacanense gestionó un préstamo por 100 mil pesos ante el gobierno estatal para cubrir los salarios atrasados, además de dar un aumento a los mencionados (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916).

Pese a lo anterior, el gobierno estatal intentó anclar la postura económica del carrancismo frente a la escasez de papel moneda:

La secretaría de hacienda ha tenido la pena de observar los esfuerzos que la primera jefatura hace para mejorar las condiciones de nuestra moneda […] los últimos días en que la comisión de cambios y moneda ha estado vendiendo giros y oro, las personas que forman parte del Gob. Constitucionalista ocurren pretendiendo que el gobierno les venda giros para especular […] en vez de coadyuvar a levantar el precio de nuestra moneda, tienen el deseo de especulación (Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 20 de mayo de 1916, p. 2).

Si bien dicho discurso tenía elementos persuasivos, las prácticas carrancistas en materia económica, particularmente en el caso del papel moneda emitido por ellos, no lo fue. El ayuntamiento de Culiacán suscribió el decreto carrancista sobre las multas asignadas a los comerciantes renuentes a recibir billetes carrancistas, so pena de ser acreedores a una multa, decomisarles sus mercancías, incluso juzgarlos por ese acto de insubordinación (Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 1916). El carrancismo sinaloense desplegó una postura coercitiva. Aún más, del discurso pasaron a las acciones concretas. En julio de 1916, el cabildo comisionó al regidor Primo V. Beltrán, quien conjuntamente con el tesorero municipal, revisarían que el papel moneda constitucionalista se utilizara sin problemas en el pago de impuestos municipales (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916). La pregunta obligada sería ¿los billetes carrancistas circularon sin problemas o el gobierno utilizó varías estrategias para su aceptación?

Para ello, una de las acciones implementadas fue canjear los billetes descontinuados por el carrancismo, pero de 4 a 1 de su valor. El ayuntamiento de Culiacán al recoger 152.64 pesos dio a cambio 38.16 pesos; en consecuencia, a finales de julio de 1916, el gobierno había gastado casi 70 mil pesos por esa conversión (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916). En el cabildo culiacanense estas acciones se volvieron habituales. Tres meses después —octubre 1916—, los regidores acordaron pagar a Ponciano Zazueta 250 pesos en billetes infalsificables y garantizados por concepto de renta de un local (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916).

Este tipo de operaciones económicas fueron parte de un decreto nacional carrancista, medida político-administrativa adoptada en Sinaloa donde se decía «se autoriza a la secretaria de hacienda, para invertir hasta medio millón de dólares y hasta un millón de pesos, oro nacional, con el fin de comprar y retirar de la circulación, las cantidades de moneda fiduciaria que pueda adquirir» (Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 27 de mayo de 1916, p. 2). El carrancismo realizó negocios con los bienes de ausentes e intervenidos; el arrendamiento de inmuebles les generó ingresos importantes. La polémica acompañó estas operaciones de distintas maneras, como las formas en las cuales se cubrían estas transacciones, el origen de los fondos para cubrir adeudos o la legislación emitida para regular los arrendamientos.

En Culiacán durante octubre de 1916, los arrendatarios de fincas urbanas incautadas por la oficina confiscadora de bienes de ausentes e intervenidos, se negaban a aceptar las condiciones exigidas por la dirigencia carrancista. El cabildo culiacanense informó a Carranza, sobre la negativa de cubrir con 50% del valor de la renta en plata y el resto en papel moneda infalsificable, en virtud de que lo consideraban un doble negocio, pues los billetes infalsificables debían comprarse o canjearse a los carrancistas, lo cual ya era una pérdida dada la variabilidad del valor, además de tomarlos desprevenidos (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916).

Por su parte, sectores populares, locatarios de los mercados, tendejones y los trabajadores también de Culiacán se negaron a recibir sus salarios con bilimbiques, nombre dado al papel moneda carrancista. Los comerciantes no miraban con buenos ojos la obligatoriedad de recibir esos billetes, incluso no los aceptaron como forma de pago en sus comercios. A causa de ello, el ayuntamiento emitió un decreto municipal, donde se «obligaba a todos los habitantes, empresas nacionales y extranjera, agricultores, empleados municipales, contribuyentes a realizar transacciones en papel moneda carrancista a razón de 25 a 1 (oro nacional), en el entendido de que las infracciones a esta determinación serán castigadas con prisión y la multa correspondiente». (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916).

El decreto anterior se buscó hacer extensivo a quienes manejaban los ferrocarriles Sur Pacífico y Occidental Mexicano, empresas ferroviarias negadas a recibir los bilimbiques, solo oro o plata. Los aludidos al presentar resistencia, fueron llamados al ayuntamiento a manifestar por qué desobedecían el decreto municipal (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916).

Las actividades económicas fueron un punto recurrente de conflicto o señalamientos por parte de las autoridades. En marzo de 1915, el cabildo culiacanense presionó al comisionado de mercados y abastos para exigirle a quienes tuvieran dos o más locales —rentados o sin usar— procedieran a venderlos o los cedieran a personas interesadas en invertir en el ramo comercial (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1915). Las autoridades municipales, además de intentar dar movilidad a las actividades comerciales de los locatarios de los mercados, verificaron las pesas y medidas de los establecimientos mercantiles e industriales estuvieran en orden. Para llevar a cabo esta tarea, Joaquín L. Medrano, inspector auxiliar de mercados, recorrió mercados, negocios y tendejones para corroborar que no hubiera irregularidades (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1915).

Improntas de un nuevo nacionalismo: las festividades patrióticas durante el carrancismo en Culiacán

Una cosa es recordar, y otra saber. Séneca (epístola XXXIII a Lucilio). La revolución mexicana marcó un lento, pero continuo recambio en la agenda cívico-nacional mexicana; estos cambios se gestaron en las juntas patrióticas. El perfil profesional de quienes integraron las juntas patrióticas ^[4] culiacanenses destacó por tener profesores, abogados, periodistas, médicos e ingenieros y todos eran varones. Las mujeres no intervenían en tomar las decisiones importantes; era común que estuvieran en labores altruistas y campañas de salud. Las JP, entre 1911 y 1915, trabajaban de manera irregular. En enero de 1911, Mauricio Yáñez y el profesor Carlos Filio fueron nombrados miembros de la Junta Patriótica de esta ciudad en sustitución de José Ramos y el teniente coronel Ricardo Carricarte, quienes renunciaron. Simultáneamente, el Lic. Francisco Rosas fue designado integrante en sustitución del Lic. José María Tellaeche por renuncia (Archivo Histórico Municipal).

En agosto de 1911, el prefecto del Distrito de Culiacán requirió al ayuntamiento de Culiacán que le indicara quiénes componían la JP culiacanense «a fin de preparar los festejos cívicos de septiembre próximo» (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1911, fs. 27, 36). Para concretar lo anterior, el prefecto del distrito fue habilitado para presidir la comisión organizadora de las festividades patrias y designó a quienes la compondrían. A menos de un mes de los festejos patrios, las autoridades municipales constituyeron la JP, la cual recolectó recursos y coordinó los festejos en Culiacán y la zona aledaña. Las autoridades anunciaron su constitución, aunque no mencionaron a sus integrantes si informaron sobre el monto asignado a los festejos mencionados: 30.00 pesos mediante cooperación de los integrantes, para celebrar las fiestas civicas con motivo del 101 aniversario de la Independencia, organizada por la JP del pueblo de Navolato. Sobre los festejos del llamado a la lucha independentista en la capital del estado, la JP culiacanense colectó 200 pesos (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1911)

La JP fue previsora, programó y aprobó en sesión de cabildo la partida denominada ‘diversiones públicas’, referida a celebraciones cívicas «para el 5 de Febrero, 25.00 pesos; para el 5 de Mayo, 25.00 pesos; para el 15 y 16 de Septiembre, 100.00 pesos, y para el 22 de Diciembre, 50.00 pesos». La celebración de la batalla de San Pedro se realizó el 22 de diciembre y tuvo una aportación extraordinaria de 50 pesos por los integrantes de la JP de Culiacán (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1911, fojas, 105-115, 171).

En 1912 no hubo festejos patrios desde la JP en Culiacán; tampoco ocurrió el carnaval, al parecer por una ordenanza emitida por autoridades estatales y distritales, debido a una epidemia de viruela (Medina, 2008, p. 117). Se temía el avance de esta enfermedad endémica en Culiacán. Al parecer, por eso ya no hubo celebraciones de ese tipo, al menos hasta que disminuyera la epidemia. Fiestas en casas particulares a revolucionarios tuvieron lugar para agasajar a Herculano de la Rocha, Macario Gaxiola y Ramón F. Iturbe, muy concurridas, amenizadas con música, la cual tuvo aceptación entre los asistentes, quienes se divirtieron hasta la medianoche (Archivo Histórico Municipal de Culiacán,1912).

La lucha entre los seguidores del huertismo y sus detractores marcó notablemente la dinámica de los núcleos poblacionales sinaloenses. En el caso de Culiacán y sus alrededores, el año de 1913 significó una continuidad de pocas celebraciones cívicas. Lo anterior eclipsó las tentativas celebratorias. En febrero de 1913 el Lic. Eduardo Salmón y Saturnino O. Cebreros expusieron que «no les era posible aceptar el cargo como miembros de la Junta Patriótica de esta capital» (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1913).

En ese tenor, la falta de recursos económicos y personas que se encargaran de cumplir las tareas de la JP fue una constante ese año. Ante la falta de recursos económicos para celebrar la festividad de inicio de la lucha independentista, el distrito de Culiacán exoneró a la JP del pago de impuestos por bailes de especulación, destacando que las autoridades no tenían recursos económicos para ayudar, pero deseaban que la medida implementada ayudara. Con el festejo de la consumación de la Independencia encima, los regidores culiacanenses aportaron de forma individual 65 pesos para ayudar a los gastos de la JP (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1913).

El año siguiente (1914) pasó sin celebraciones cívicas, se trataba de los momentos decisivos de la pugna entre huertistas y carrancistas; sin embargo, 1915 fue delineando prácticas orientadas a entronizar un antes y un después en la contienda bélica, donde la facción carrancista marcó la pauta. En noviembre de 1915, la JP anunció la celebración del 20 de noviembre como la fecha de inicio de la revolución mexicana; asimismo, el ayuntamiento de Culiacán cooperó con 100 pesos para apoyar en los gastos (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1915).

A lo largo de 1916 se realizaron una serie de acciones que marcarían un viraje en la agenda cívica nacional: crear un nuevo orden revolucionario. Como bien recalcó Pablo Yankelevich (1999): «No bastaba con tener una estrategia militar solamente, había que tener un aparato propagandístico fuerte». Precisamente ese fue uno de los derroteros que el carrancismo trazó en su agenda política. Entre las primeras acciones proyectadas por la JP, figuró organizar bailes para recaudar fondos y financiar los festejos en puerta, pero esa agenda inicial topó con pared debido al brote de viruela mencionado que azotaba la capital del estado (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916, fs. 457-463).

Las acciones orientadas a mostrar una cultura política distinta al resto de las facciones revolucionarias villista y zapatista debieron esperar. Tras superar los escollos mencionados, la JP de Culiacán tuvo cambios en su integración; «el ingeniero Emiliano Z. López, presidente de la JP de esta capital, en sustitución de Hilario C. Campos, quien renunció al cargo por motivos de enfermedad». A la par de los cambios, el ayuntamiento de Culiacán los invitó a acelerar sus actividades, pues las fiestas de inicio de la Independencia a celebrarse el 15 y 16 de septiembre estaban a la vuelta de la esquina (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916, fs. 525-531). Para lograr un sello distintivo a la agenda patriótica, el festejo del 20 de noviembre incorporó otros elementos. Muestra de lo anterior fue la propuesta de cambio de nombre de varias calles de Culiacán.

A partir del día 20 de noviembre actual y en recuerdo a la Revolución iniciada por el presidente mártir, renombran las calles 2 de Abril, [sic] Martínez de Castro y Redo como Madero y Pino Suárez, 20 de Noviembre [sic] y Aquiles Serdán, respectivamente […] se aprueba erogar el gasto que demande mandar hacer las placas que deberán quedar instaladas con esa fecha, instando a la Junta Patriótica anunciar en el programa de dicha festividad cívica la inauguración de las placas mencionadas (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916, fs. 30-349).

De ahí que las acciones implementadas para desmontar símbolos y referentes porfirianos no pararon; puesto que al aprobarse lo anterior, se mandó hacer placas con los nuevos nombres de las vialidades culiacanenses rebautizadas. Semanas después, la JP presentó una propuesta para cambiar el nombre de la calle Porfirio Díaz por el de 22 de Diciembre a fin de conmemorar la batalla de San Pedro (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916, fs. 47-49). Además del presupuesto asignado a esa conmemoración, hubo un incremento para adquirir la placa a develar con la nueva nomenclatura. En este punto, vale la pena retomar lo dicho en estas palabras: La tradición inventada implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado (Hobsbawm y Ranger, 2002, p. 8).

El intento de armonizar tradiciones locales mediante celebraciones patrióticas, así como unir pasado con presente cuando se intenta romper con un régimen de gobierno contra el cual lucha un movimiento social no son situaciones novedosas, pero nunca son similares. La reelaboración del calendario cívico-patriótico por el constitucionalismo estaba en marcha incorporando acontecimientos tan remotos como el IV aniversario del descubrimiento de México. Para encauzar lo anterior, la JP recibió 25 pesos de cooperación del cabildo de Culiacán (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916, fs. 78-80). Pero había que adoptar una serie de figuras históricas apropiadas para los nuevos tiempos. Un referente importante fue Benito Juárez, el Benemérito de las Américas. La JP festejó el 111 aniversario del natalicio de Juárez y recibió 10 pesos para colaborar con el festejo mencionado (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916).

El carrancismo, particularmente el primer jefe del ejército constitucionalista, encontró en la figura de Juárez una referencia simbólica y nacionalista a la noción de legalidad, así lo señaló Carranza, en su mensaje ante el Constituyente en diciembre de 1916: «En México, desde su independencia hasta hoy, de los Gobiernos legales que han existido, unos cuantos se apegaron a este principio, como el de Juárez, y por eso pudieron salir avantes» (Tena, 1999, p. 760). En una biografía sobre Venustiano Carranza, se mostró al coahuilense identificado con las ideas juaristas, a quien decidió emular arrojándose a la lucha revolucionaria, de forma similar a la que en su momento lo hizo Juárez en la Guerra de los Tres Años (Krauze, 1987).

Después, entre abril y agosto de 1917 hubo cambios en la JP de Culiacán. Se nombró como miembros al Lic. Rosauro Rojo, Carlos R. Breceda y Antonio Orozco, en sustitución de los ingenieros Emiliano Z. López, Eliseo Leyzaola y el ciudadano Pedro López, por haberse ausentado los tres de la ciudad por causas de fuerzas mayor. En agosto de 1917, sin especificar a quién sustituían, se nombró a Leopoldo A. Dorado, Alfonso Leyzaola y Eliseo Quintero como miembros de la JP (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1917). Para terminar 1917,

[…] la junta patriótica de Culiacán se coordinó con el inspector pedagógico de la zona norte de Sinaloa y ponerse de acuerdo y solemnizar el 12 de octubre los festejos cívicos del Día de la Raza en las escuelas oficiales del municipio (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1917, fs. 172-176).

El año 1918 no inició con el pie derecho para la JP. Entre enero y febrero la instancia mencionada no logró estructurarse. A mediados de enero de 1918, Julio E. Ramírez avisó al ayuntamiento de Culiacán no poder aceptar el nombramiento de miembro de la JP. En su lugar, se nombró a Ramón G. González. Un par de días después, el cabildo en sesión ordinaria acordó citar a los miembros de la JP para la instalación de la misma. Un mes después, las cosas no habían progresado mucho. Mediante oficio, el capitán 1º José María Luján, presidente de la JP, pidió sustituir a Manuel Hernández Ramírez, Jesús Andrade, Ruperto Verdugo Palazuelos y Alejandro Flores Ortiz. Se acordó nombrar a Emeterio Muñoz, José S. Flores, Amado Zazueta e Ildefonso. No se indicaron los motivos de los movimientos, pero fueron aprobados por el cabildo.

Era abril de 1918 y las rotaciones continuaban; renunció Domingo G. Ornelas como integrante de la JP y se nombró a Víctor Ríos como sustituto. Aunque era la antesala de los festejos del 15 y 16 de septiembre, varios integrantes estaban ausentes en las reuniones de planeación. El ayuntamiento de Culiacán, en coordinación con la JP, acordó exhortar a Heriberto Murillo, capitán José María Luján y Tomás Millen, para que acudieran a las reuniones de la JP, y nombrar a A. Joffroy y Becerra Gómez en sustitución de José Flores y Emanuel Muñoz. Semanas después, el festejo del Día de la Raza, a realizarse el 12 de octubre, empezó a enraizarse en el calendario patriótico sinaloense. El ayuntamiento culiacanense tuvo a bien acordar

[…] reenviar a la junta patriótica un oficio del gobernador del estado exhortando a este Ayuntamiento para que conmemore el descubrimiento de América por Colón, el próximo 12 de octubre, el cual se ha dedicado para la celebración del Día de la Raza (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1918, fs. 98-105).

La encomienda del gobierno estatal del Día de la Raza se festejaría con bombo y platillo, «con todo el esplendor que fuera posible» (Medina, 2008, p. 140).

Posteriormente, a inicios de 1919, la JP comenzó en condiciones similares a años anteriores: requerir a personas a formar la JP. A finales de enero del mismo año, el cabildo culiacanense en sesión ordinaria trató diversos asuntos, entre ellos sugerir posibles integrantes de la JP. Algunas de las personas propuestas fueron Juan B. Gutiérrez, quien manifestó

[…] por su carácter de estudiante y otras atenciones no le es posible ser integrante de la JP. Rafael R. Reyes aceptó y agradeció el nombramiento como miembro de la JP. Alfredo Ibarra también aceptó y agradeció al Ayuntamiento su nombramiento como miembro de la JP que deberá funcionar durante el año en curso (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1919, fs. 282-286).

A finales de febrero de 1919, el presidente de la JP participó a los ediles del cabildo haber quedado legalmente instalada dicha agrupación, pero debido a sus numerosas ocupaciones avisó que renunciaría a ese cargo (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1919). La situación en el inicio mejoró, no obstante, después retomó sus cauces recurrentes: falta de permanencia de quienes ingresaban a la JP y pocos recursos económicos. Más allá de lo anterior, la función debía continuar. Medio año después (agosto), Pastor Cabanillas renunció a la JP de Culiacán (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1919). No hay indicios de festejos el resto del año ni sobre reuniones de la JP de Culiacán en las actas de cabildo, prensa de la época, evidencias fotográficas o bibliográficas

Únicamente se sabe que se festejó el 22 de diciembre por un adeudo ventilado a principios de 1920.

Al cierre de la década, las autoridades tropezaban con los posibles candidatos, quienes estaban ocupados intentando ascender en el escalafonario socioeconómico y político al tratar de incursionar como políticos a escala federal o bien, atender sus viejos o nacientes intereses económicos. La dificultad de conformar la JP se mostró como una constante en el lustro de 1915 a 1920.

A principios de 1920, el ayuntamiento «comisionó a los regidores Páez, Paliza y Cañedo para proponer los miembros a integrar la JP» (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920, fs. s/n). El resto del mes de enero requirió la atención del cabildo una petición de cubrir un adeudo de la JP del municipio a un particular: «Juan H. Castillón pidió le pagaran 100.00 pesos adeudados por trabajos hechos a la JP, con motivo de la celebración del 22 de diciembre». En las sesiones ordinarias del 16 y 23 de enero el mencionado presentó oficios solicitando el supuesto adeudo (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920, fs. 461-462, 471-472). A finales del mismo mes, Víctor Beltrán manifestó que no era de su interés pertenecer a la JP. Ante esa aseveración, el cabildo culiacanense prácticamente obligó al aludido a aceptar su postulación, «exhortándolo a mostrar sus sentimientos patrióticos» (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920, fs. 461-462, 471-472). Más allá de los postulados nacionalistas emanados del carrancismo, la población tenía sus propios intereses, los cuales, al parecer, no transitaban la senda patriótica.

¡Aquí ya no son bienvenidos! La campaña antichina en Culiacán durante los años constitucionalistas.

Tanto en núcleos poblacionales urbanos como rurales, el llamado del constitucionalismo a construir un estado revolucionario fuerte y nacionalista sería que hombres y mujeres pobres hasta entonces desheredados por las élites porfirianas tomarían la pregonada bandera del progreso revolucionario. En esta tarea solo cabían connacionales, no así para extranjeros considerados como personas no gratas, particularmente los asiáticos, por algunos sectores más radicales de dicha expresión sociopolítica (Pérez, 2003).

El primer incidente sangriento fue en el norte del país, en Torreón, Coahuila, en los comienzos de la Revolución Mexicana. El 15 de marzo de 1911 tropas maderistas atacaron, robaron y asesinaron a 303 chinos acusados falsamente de haber disparado contra las tropas. Ante la protesta del gobierno chino, el gobierno mexicano prometió una indemnización que nunca fue pagada. Desde ese momento, únicamente había sido propaganda y hostigamiento, pero se transformó en campañas de saqueos, robos, asesinatos y reglamentos arbitrarios (Botton, 2008).

El énfasis nacionalista de la facción revolucionaria constitucionalista ya hecha gobierno orientó sus fobias hacia los asiáticos. En el caso de Culiacán, la comitiva asiática más numerosa eran los chinos. El desarrollo de la Revolución Mexicana también afectó a los comerciantes chinos, quienes solían constituir sociedades mercantiles únicamente con originarios de su país; los capitales invertidos iban desde 300 hasta 5 mil pesos. En 1919, 500 chinos vivían en Culiacán, quienes principalmente se dedicaban al comercio, rubro económico donde se concentró al menos una tercera parte de ellos (Vidales, 1993). Entorno al argumento de que los chinos desplazaron a comerciantes mexicanos, los comercios chinos no tenían las dimensiones, volúmenes ni capitales de otros comerciantes nacionales ni extranjeros (Romero, 1998).

¿Cuál fue la postura del constitucionalismo frente a los chinos y demás grupos asiáticos en tierras culiacanenses? Al respecto, en octubre de 1916, un grupo de comerciantes manifestó por escrito su interés al cabildo de Culiacán de instalar mesas con legumbres en el nuevo mercado. El cabildo contestó de forma positiva permitirles la venta de sus legumbres. Algunos regidores manifestaron que debería ser fuera del mercado, mientras otros se pronunciaron sobre la posibilidad de introducir sus mesas al mercado y vender sus verduras. Finalmente, se aprobó que introdujeran sus mesas al mercado para vender verduras y mercancías de abarrotes al público. Una semana después, el cabildo hizo pública la autorización a favor de los chinos (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1916).

En primera instancia, la situación se solventó de forma favorable para los integrantes de la colonia china en Culiacán; pero en 1919 las cosas tuvieron un vuelco radical. A finales de mayo de ese año, Rafael Ocaranza, Darío Meraz y otros comerciantes del mercado Garmendia, cobijados bajo un discurso nacionalista y apoyados en los artículos 38 y 39 de la ley orgánica municipal, enviaron una representación colectiva donde solicitaban a los integrantes del cabildo de Culiacán: «Piden sean retirados de dicho mercado unos súbditos chinos quienes regentean unos puestos de verduras, y poner en lugar de éstos a comerciantes nacionales» (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1919, fs. 536-5389).

En ese sentido, el cabildo acordó priorizar a comerciantes mexicanos por encima de extranjeros, respecto a ocupar locales del mercado Garmendia (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1919). Asimismo, Manuel Ley, Francisco Ley y demás desalojados dirigieron un documento al cabildo culiacanense en el que hicieron patente su inconformidad por ya no ocupar los locales donde vendían productos de abarrotes y legumbres (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1919). La respuesta fue un rotundo no. No solo hubo intentos de sacar a los chinos de la arena económica, sino también a japoneses.

Santos Acosta y demás signatarios mantuvieron la postura antiasiática. Pidieron a:

[…] los expendios de comidas reubicarse en el lugar destinado para el objeto y además cumplir por igual las disposiciones municipales, lo cual no sucede en el caso del japonés Francisco Isono, quien goza de privilegios otorgados por el Ayuntamiento que fungió como tal en 1919 (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1919, fs. 554-559).

Francisco Isono recibió la notificación de pagar ciertos impuestos por el restaurante de su propiedad; a lo cual comentó que le estarían cobrando el doble de impuestos, argumentando ser improcedente y arbitraria dicha notificación del cabildo (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1919).

La postura constitucionalista frente a los asiáticos asentados en Sinaloa, específicamente contra los chinos, subió de tono de manera notable, con un nacionalismo excluyente, bajo argumentos que pasaban de lo económico a lo racial; de esta manera creó un imaginario social xenofóbico adoptado por distintos sectores de la sociedad mexicana, quienes vieron en los argumentos esgrimidos una especie de chivo expiatorio a los males nacionales tras una década de violencia armada, cuyos efectos eran apabullantes en algunas regiones. Los chinos eran delineados discursivamente como portadores de enfermedades epidémicas y de transmisión sexual, ludópatas y adictos a drogas (particularmente al opio), fueron confinados física y simbólicamente a la exclusión, persecución y exterminio.

A finales de junio de 1920, el regidor del cabildo culiacanense Francisco L. Sotomayor, quien además se desempeñaba como presidente de la Junta Nacionalista[5] solicitó que se emitieran «órdenes para que, en bien de la salubridad pública, se cumplan las disposiciones contenidas en el decreto relativo a la colonización de individuos de origen chino». Sotomayor pasó de conminar al cabildo de Culiacán a proponer abiertamente

[…] en bien de la higiene y salubridad pública se expida un decreto donde ordene que la pieza o cuarto donde exista tienda o negocio mercantil no sirva de habitación, concediéndose un plazo de 10 días para la desocupación a las que se hallen en esas condiciones (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920, fs. 576-580).

Como regidor y presidente de la JN, desde dos frentes Sotomayor orientó sus esfuerzos hacia los chinos asentados en Culiacán. Los habitantes de esas cuarterías eran primordialmente quienes vivían al lado de los negocios de abarrotes, restaurantes o talabarterías, siendo sobre todo oriundos de China. La propuesta de Sotomayor tenía nombre y apellido, no fue hecha al azar o para el grueso de la población culiacanense.

La JN pidió expedir un decreto ordenando que una habitación no sirviera al mismo tiempo de cuarto o pieza donde hubiera una tienda o negocio mercantil (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920). El resto de 1920 fue de fuertes medidas contra la comunidad china en tierras culiacanenses. Cabe mencionar que la noción occidental del supuesto de unidad doméstica fue forjada por auténticas campañas ideológicas y legales (Harris, 1986). Además de lo mencionado, se recrudecieron los ataques contra los chinos al señalarlos como perniciosos, portadores de las peores enfermedades endémicas, viviendo hacinados en lugar de formar hogares tradicionales. La comunidad china buscó responder de forma colectiva. Ante el cabildo en pleno, Jesús León y Julio J. Juan, en nombre de la Unión Fraternal China, el 2 de julio de 1920 «se quejan de que la JN los perjudica en sus intereses y los injuria» (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920, fs. 588). Tres días después, el cabildo culiacanense respondió a los mencionados no corresponder a esa instancia la queda mencionada, que dirigieran su inconformidad contra la Junta Nacionalista ante las autoridades judiciales (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920). El ayuntamiento de Culiacán era juez y parte; por tanto, difícilmente sería empático a las quejas chinas.

De ese modo, los locales del mercado Garmendia se volvieron un punto de disputa entre chinos y mexicanos, siendo los segundos apoyados principalmente por las autoridades municipales. No todos los mexicanos procedieron de forma agresiva contra los asiáticos. Juan Ortega, comerciante establecido en el Mercado Garmendia, pidió permitir a Francisco Chan, chino y su inquilino, que «cambie los portones de su comercio en la calle Constitución hasta que pase la temporada pluvial, el plazo de 30 días concedido por el Ayuntamiento es corto y las utilidades del negocio son insuficientes» (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1918, fs. 592). Lo anterior tenía como telón de fondo la solicitud de locales del Mercado Garmendia por los culiacanenses Héctor Murillo, Francisco Ferro, M. F. Gómez y demás solicitantes; lo hacían amparados en la fracción 7ª del decreto número 4, del 8 de marzo de 1918 emitido por el constitucionalismo.

Para la comunidad china asentada en Culiacán, julio de 1920 fue de cuesta arriba; las medidas contra ellos se intensificaron. La última semana de dicho mes cerró frenéticamente, pues las mismas autoridades promovieron acciones contra los asiáticos. El regidor Francisco L. Sotomayor presentó un proyecto de reglamento para su estudio y aprobación acerca de crear un barrio chino en Culiacán (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920). Es posible advertir un respaldo de la presente propuesta tanto del gobierno municipal como estatal. El gobierno estatal dio luz verde a la petición de Sotomayor, ya que consideraban apropiados sus planteamientos, «a fin de que se dé cumplimiento a los decretos 89, 98 y 108 de la Legislatura del Estado, relativos a la para colonización china» (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920, fs. 616).

Prosiguieron las órdenes de desalojo contra comerciantes chinos ubicados en el Mercado Garmendia. Sing Wong y Francisco Luy se mostraron inconformes ante situaciones que consideraron como atropellos; lo hicieron de manera individual y los resultados fueron variados. El primero demandó a la presidencia municipal por abusos y arbitrariedades contra sus propiedades y su persona, ante el juez de primera instancia del ramo civil en Culiacán. El juez «pidió informes previos a las autoridades responsables dándose un plazo de 24 horas. Además, mediante otro oficio, pidió informes con justificación sobre el asunto mencionado, con un plazo de tres días». (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, julio 1920, fs. 608).

El juez citó a ambas partes, consideró inapropiadas las maneras en las cuales se desalojó al presunto afectado, aceptó promover un amparo a favor de Sing Wong, tomando en cuenta lo estipulado en el artículo 59 de la Ley de Amparo. Finalmente, en lo concerniente a Francisco Luy, reclamó fuertemente al cabildo culiacanense haber sido desalojado del Mercado Garmendia donde ocupaba un espacio como vendedor de legumbres. A diferencia de su connacional Sing Wong, Luy no corrió con la misma suerte, no le fue reintegrado su espacio como locatario, pues no prosperó su reclamo ante las autoridades (Archivo Histórico Municipal de Culiacán, 1920).

Consideraciones finales

Sobre la presencia constitucionalista en el centro de Sinaloa, particularmente en Culiacán, capital de la entidad, es posible comentar como antesala un primer lustro entre 1910 y 1915, cuando la sociedad culiacanense padeció las incursiones maderistas, zapatistas y carrancistas. Los primeros tomaron la ciudad al inicio de la Revolución Mexicana. Los autodenominados zapatistas fueron parte de una reacción de descontento entre las fuerzas maderistas; también hicieron ver su suerte a la población del Humaya. Finalmente, los carrancistas serían quienes, al menos en Sinaloa, intentarían imponer un proyecto político-económico que topó con pared en distintos momentos. Al revisar aspectos como las medidas económicas implementadas, pudo advertirse cómo se priorizó la puesta en marcha de medidas recaudatorias tanto para mexicanos como extranjeros. Empleados municipales e integrantes de los sectores populares se inconformaron debido a que dichas medidas trastocaban sus menguadas economías familiares. Los actores económicos de la ciudad no tuvieron una opinión tan distinta, pero buscaron generar acercamientos para no salir librados del constitucionalismo hecho gobierno durante esos años. Hubo decretos para imponer multas a acaparadores de mercancías de primera necesidad, imposiciones de canjear dinero descontinuado, o bien no aceptar papel moneda villista. En este punto viene a lugar lo planteado por Paul Garner (1984) acerca del carácter autoritario y utilitarista en materia económica del carrancismo, situación que incidió en su baja aceptación en entidades como Sinaloa.

En el punto sobre las festividades patrióticas durante el carrancismo en Culiacán, las juntas patrióticas estaban conformadas por profesores, abogados, periodistas, médicos e ingenieros. En raras ocasiones, sus integrantes cumplían los periodos anuales a los que habían sido elegidos. Falta de recursos para cubrir los gastos generados por dichos eventos cívicos y controversias por las comisiones asignadas a los integrantes, eran el pan de cada día que las juntas patrióticas reportaban al cabildo culiacanense. Durante 1915 a 1920, se reelaboró el calendario cívico-patriótico por el constitucionalismo. Inició el festejo del 20 de Noviembre, la figura de Benito Juárez adquirió importancia; además, se cambió el nombre de calles, quedando atrás los de líderes porfirianos, o batallas estatales y nacionales fueron quedando relegadas ante las efemérides de la Revolución Mexicana.

Finalmente, el constitucionalismo incentivó el florecimiento de la xenofobia frente a ciertos grupos étnicos, alentando supuestas motivaciones nacionalistas. Si bien los chinos tenían un papel económico notable, distaban mucho de ser el grupo económico más fuerte. También se les señaló como un contingente humano depravado, tendiente a los vicios y pasiones más bajas. Vaya, fueron sobre quienes en cierta manera recayó una cantidad de señalamientos muchas veces inmerecidos.

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Notas

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