Introducción

Entre los impactos negativos del crimen organizado en México sobresalen los asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y los desplazamientos forzados de población, siendo estos los que más ocupan la atención de la opinión pública por obvias razones. No obstante, no son los únicos. En el presente artículo abordaremos otro tipo de prácticas menos conocidas, relacionadas con el control territorial que los grupos delictivos requieren para llevar a cabo sus actividades, las cuales contribuyen a los procesos de acumulación por desposesión a favor del capitalismo criminal. Hablaremos de trabajos forzados al servicio del narcotráfico. No se hará aquí referencia al reclutamiento forzado por grupos armados criminales, sino a la modalidad que consiste en reclutamiento bajo engaños o a través de la sustracción ilegal de personas para la siembra de drogas ilícitas.

Se colocará el énfasis en el caso de rancho El Búfalo, ubicado en el municipio de Allende al sur del estado de Chihuahua, donde el 6 de noviembre de 1984, el Ejército decomisó más de 500 hectáreas sembradas de mariguana propiedad del Cártel de Guadalajara y encontró a miles de campesinos (la mayoría sinaloenses) encerrados en campamentos para el procesamiento de la droga, maltratados por hombres armados, quienes les impedían abandonar el sitio (Perea, 1984).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1930) se refiere a los trabajos forzados como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente". Es una modalidad que representa, a su vez, una forma moderna de esclavitud y se refiere a todas aquellas situaciones en que una persona se ve obligada a prestar sus servicios bajo amenaza o intimidación.

Con tal de entender este fenómeno en nuestro caso de estudio, describiremos la trayectoria histórica del narcotráfico en México, con el objetivo general de entender cuáles fueron los factores que favorecieron el surgimiento de los trabajos forzados para uso de la producción de drogas ilegales y cómo esto se relaciona con los procesos de acumulación del capitalismo criminal. Entre los objetivos específicos, se busca explicar cómo han sido los jornaleros agrícolas uno de los grupos más afectados por esta problemática, además de encontrar los patrones de violencia y explotación laboral contra este grupo social en el periodo ya señalado, en el que se han evidenciado prácticas como la discriminación y otras violaciones a los derechos humanos.

Contrario a la creencia popular de que el narcotráfico es fuente de riqueza para los campesinos, este episodio de la historia nos muestra cómo las dinámicas del capitalismo criminal han impactado de manera directa a quienes trabajan en el campo, recrudeciendo sus condiciones de pobreza, marginación y criminalización.

A finales de la década de 1970, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que el narcotráfico ya había terminado gracias a la Operación Cóndor en la Sierra Madre Occidental, tras la destrucción de cientos de hectáreas de plantíos de cultivos ilegales y quedaron pueblos desolados (Martínez Montenegro, 1977 a). Poco tiempo después, se vino abajo la versión oficial. La siembra de mariguana no solo no se erradicó, sino que se expandió en magnitudes no conocidas. Uno de los signos contundentes fue un modelo de producción de mariguana a gran escala, establecido en estados del Norte del país en vastas extensiones de tierra en los años 80 del siglo pasado (Correa y Ortega, 1984).

En 1984, fueron detectados por la entonces Procuraduría General de la República un conjunto de campamentos para el procesamiento de mariguana, donde se decomisaron más de 10 mil toneladas de la hierba. Tan solo en rancho El Búfalo, ubicado en el municipio de Allende al sur de Chihuahua, fueron detectadas 544 hectáreas sembradas de mariguana y decomisadas alrededor de 5 mil toneladas. El cambio del modelo de producción a una escala masiva generó, a su vez, el abaratamiento de la mano de obra, dando lugar al fenómeno conocido como “los enganchados”² Jornaleros agrícolas recuerdan cómo eran llevados bajo engaños, con la promesa de ir a la pizca de manzana con un pago de 5 mil pesos al día. Según testimonios recabados por El Sol de Sinaloa, la generosa oferta era en realidad el gancho para llevarlos hacia una forma exacerbada de explotación y violencia contra los trabajadores en tiempos de pobreza imperante en el campo mexicano, provocando la emigración masiva de campesinos a los EEUU (Perea, 1984). En este lugar más de 12 mil campesinos provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Sonora, pero sobre todo de Sinaloa, fueron tratados como esclavos: encerrados en campamentos para el procesamiento de la droga, constantemente humillados por hombres armados, quienes les impedían abandonar el sitio, bajo amenaza de asesinar a quienes lo hicieran (Correa y Ortega, 1984).

Como fue ampliamente difundido en los medios de la época, la propiedad de la droga se le atribuyó a Rafael Caro Quintero, quien unos meses después fue detenido acusado de asesinar al agente de la DEA, Enrique Camarena. El caso reveló las nuevas formas de operación del narcotráfico, la colusión con autoridades de todos los niveles, y sobre todo, el cambio en la manera de relacionarse con la clase trabajadora, derrumbando el mito del narco benefactor y mostrando la peor cara del capitalismo criminal en su relación con la clase trabajadora. Acciones que, de acuerdo con la información recabada, incluyeron agresiones físicas y asesinatos de campesinos. Prácticas que contribuyeron a la concentración de riqueza desde la criminalidad.

En el presente artículo, a través de una investigación documental, se recoge la cronología de los hechos ocurridos en rancho El Búfalo y otros lugares del norte del país ese noviembre de 1984, donde los miles de campesinos fueron sometidos a trabajos forzados. También se narra la trayectoria histórica del narcotráfico en México, desde su génesis en las montañas de Sinaloa hasta los años de la producción masiva de droga en los años 80, para después exponer algunas conclusiones a través del análisis de la trayectoria histórica y sus implicaciones vigentes. Pero antes de ello, se despliegan algunas consideraciones teóricas y conceptuales en torno a los trabajos forzados y el capitalismo criminal, como puntos nodales de la discusión.

Discusión teórica y conceptual

La definición de trabajo forzoso se compone de tres elementos: 1) trabajo o servicio: se refiere a cualquier actividad laboral en cualquier sector; 2) amenaza: cualquier sanción o intimidación tendiente a obligar a alguien a trabajar; y 3) involuntariedad: el consentimiento debe ser otorgado voluntariamente con conocimiento de causa, por tanto, no cuenta como trabajo voluntario el reclutamiento conseguido bajo engaños (OIT, 1930). En este sentido, el trabajo forzoso es considerado la nueva cara de la esclavitud y se ejerce habitualmente contra las personas de los grupos más desprotegidos. Es una práctica que se entrecruza con la discriminación y la desigualdad, muy ligada al contexto actual de la precarización de las migraciones globales. De hecho, quienes son sometidos a trabajos forzados suelen ser, a su vez, discriminados por cuestión de género, condición socioeconómica o estatus migratorio (Confederación Sindical Internacional , 2008).

De acuerdo con De Paz González y Bernal Ballesteros (2020), en su acepción moderna, el concepto jurídico de trabajo forzado proviene del sistema internacional de derechos humanos. En la antigüedad la posesión de esclavos era permitida y no fue sino hasta el siglo XVIII cuando comenzaron en Europa los procesos para abolir la esclavitud y las reformas jurídicas para prohibir toda forma de propiedad de los seres humanos, los cuales se han extendido al resto del mundo y consolidado en el siglo XX.

Para la Confederación Sindical Internacional (CSI), ello no significa que la esclavitud sea cosa del pasado, en tanto los trabajos forzados son su forma contemporánea y se presenta en modalidades más ocultas como el confinamiento de población, la servidumbre, la servidumbre por deudas o bajo contrato, sobre todo en actividades intensivas no reguladas, como el servicio doméstico, la agricultura y la construcción (CSI, 2008).

A su vez, la OIT clasifica los trabajos forzados en: 1) aquellos establecidos por el Estado, como el servicio militar (de acuerdo con las leyes de cada país); 2) los impuestos por agentes privados con fines de explotación sexual comercial; y 3) obligados por agentes privados con fines de explotación económica; como en este caso de estudio, agentes privados de la economía ilegal, como en nuestro caso de estudio referente a las actividades del narcotráfico (CSI, 2008).³

Además de la tipología general, el derecho internacional ha ampliado la definición sobre la trata de personas para dejar claro que las víctimas no solo pueden ser mujeres y niñas explotadas con fines sexuales, sino también hombres y cualquier persona reclutada y trasladada por la fuerza o con engaños para realizar un trabajo bajo coacción. Para aclarar los rasgos más importantes del concepto, se cita el informe de la ONU (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014: 03).

Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Por lo regular, estas actividades se relacionan con las redes del crimen organizado transnacional, aunque la definición ampliada de trata no requiere que las personas reclutadas traspasen una frontera internacional para analizar este delito dentro ese marco jurídico. En el capitalismo criminal, estos actos son la manifestación extrema de la explotación humana y la deshumanización de los trabajadores, quienes pasan así a convertirse en objetos al servicio de la generación de capital, sin representar mayores costos ni responsabilidades a la parte patronal, en este caso desde la economía ilícita.

De manera paralela, en la economía formal se ha presentado otra forma de violencia estructural contra la clase trabajadora a partir del desmonte de los derechos laborales, que se ha presentado como parte de la política económica del neoliberalismo y ha hecho más vulnerable la vida de cientos de miles de personas a partir de la década de 1980, exponiéndolas cada vez más a formas de precarización y a distintas modalidades de trabajos forzosos. Al respecto, Quintana Romero (2016) pone la atención sobre las reformas laborales de 2012 y 2017, que con la supuesta intención de estimular la generación de empleo, permitieron el trabajo flexible, la subcontratación, el pago por horas, contratación temporal, entre otras medidas en perjuicio de los trabajadores, finalmente despojados de beneficios y prestaciones sociales ganadas en luchas históricas.

A raíz de la crisis neoliberal en México y en otros países de América Latina, consistente en la privatización de los bienes comunes, el despojo territorial a favor de las multinacionales y la multiplicación de la pobreza, para diversos autores el narcotráfico ha desarrollado una relación simbiótica con el capitalismo neoliberal. Ha funcionado como un mecanismo de contención de las masas empobrecidas, quienes parecen encontrar en esta actividad una ruta de escape de la miseria y un medio para alcanzar la vida de consumo suntuoso y el estatus negado en el sistema económico formal. A su vez, el narcotráfico se sirve de ese “ejército” de pobres, resultado de las formas radicales del capitalismo, para nutrir sus filas ya sea de grupos armados o de otras actividades en la producción y trasiego de sustancias psicoactivas (Valencia, 2012; Solís, 2013; Astorga, 2003).

En regiones periféricas de México, los grupos dedicados al narcotráfico han servido para ejercer un control territorial en aquellos lugares donde el Estado no puede o no le interesa ejercer la hegemonía y hacer uso de la fuerza de manera legítima (según concepto weberiano). Son regiones marginadas donde el narcotráfico llena los vacíos de poder y de autoridad que el aparato estatal deja en el abandono, sea por medio de pactos implícitos o explícitos, arrojando como consecuencia la naturalización de la violencia en decenas de comunidades y la instauración de un orden social anclado a la criminalidad (Duncan, 2014). Esta configuración político-territorial se relaciona con formas conceptuales, como narco-Estado,⁴ Estado paralelo,⁵ captura del Estado,⁶ entre otras. Por lo general, estas se refieren al desvío de las funciones del aparato estatal para beneficio de estructuras criminales, en contraste con las teorías del Estado como una construcción histórica y social tendiente a ofrecer seguridad, bienestar y justicia a sus gobernados. Desde luego, también contrasta con las formas de Estado democrático basadas en el equilibrio de poderes y la formación de instituciones garantes de los derechos individuales (Ferrajoli, 2003).

Sayak Valencia (2012) habla, por su parte, de capitalismo gore como una herramienta de análisis para entender el engranaje social, económico y político experimentado en México con el ascenso de los grupos del narcotráfico y sus conexiones con el neoliberalismo extremo, coronado por la “guerra” contra las drogas del presidente Felipe Calderón (2006-2012), con un saldo de más de 150 mil personas asesinadas, miles más desplazadas o desaparecidas forzadamente.⁷ Siguiendo con esta autora, el capitalismo criminal desarrolla varias funciones que, de manera directa o indirecta, benefician al Estado de talante autoritario. Además de representar una parte importante del Producto Interno Bruto, establece las condiciones de pánico social y de inseguridad que justifican la represión estatal y repliega a la sociedad civil en la exigencia de sus derechos (Valencia, 2012). Sobre el carácter forzado del trabajo ya escribía Marx en el siglo XIX, al afirmar que en el capitalismo el trabajo es un bien enajenado al trabajador. El resultado de su esfuerzo se convierte en un producto extraño a él y sirve a intereses ajenos. Termina por pertenecerle a la propiedad privada. El trabajo se realiza con desventaja para el trabajador, quien termina convertido en mercancía al servicio de la producción, desfavorecido en el mercado laboral tanto si hay exceso de oferta como en el supuesto contrario. Bajo este enfoque, el trabajo tiene per se un carácter forzado; el obrero se ve obligado a ejercerlo para sobrevivir, pero no lo dignifica ni valora a sí mismo, pues para ello debe dejar de ser dueño del producto de su propio esfuerzo (Marx, 1974).

Así, en un proceso denominado por Marx (2005) como acumulación originaria, las Leyes de Cercamiento en Inglaterra de 1760 autorizaron la expropiación de las tierras libres trabajadas por pequeños agricultores, y comenzaron a ser despejadas para aumentar la producción de lana de oveja para la industria textil. En tanto, los campesinos fueron expulsados y condenados a la pauperización, devenidos a obreros asalariados.

Muchos años después, David Harvey (2005) reelaboró los planteamientos de Marx al argumentar que los procesos de despojo no fueron solamente un mecanismo para dar origen al capitalismo, sino al contrario, este ha sobrevivido a sus constantes crisis no solo por la ampliación de la capacidad productiva, sino también a través de la desposesión, tanto por la vía legal como ilícita. Es decir, la acumulación por desposesión es un componente esencial del capitalismo.

A la luz de este enfoque, los desequilibrios provienen de la sobreacumulación traducida en excedentes de capital (mercancías) o de mano de obra (desempleo). La principal estrategia para enfrentar estas crisis son los ajustes espacio-temporales: un modo particular de producir y reproducir el espacio. Forman parte de ello la expansión hacia nuevos mercados, el aumento de capacidad productiva en obras como aeropuertos, autopistas, parques industriales, a fin de producir mayores oportunidades de empleo y recursos para absorber esos excedentes. Esta forma de apropiación del espacio por la economía capitalista, si bien produce riqueza, ha conducido a numerosos conflictos, sobre todo porque la expansión de los capitales pocas veces respeta los pueblos, las culturas y el medio ambiente que ocupa esos territorios (Harvey, 2005).

Los ajustes espacio-temporales no solo tienen efectos sobre la geografía y sus transformaciones, también impactan en la movilidad humana a través de la fuerza de trabajo, la cual busca adaptarse a los patrones espaciales del desarrollo. Por definición, las migraciones laborales son voluntarias. Representan la decisión de un sector de la población de mejorar su nivel socioeconómico a través de cambiar de lugar de residencia, ya sea dentro o fuera de su país. Sin embargo, el abandono estructural de algunas regiones y el desarrollo planeado de otros espacios establece condicionantes, las cuales obligan a las personas a migrar. Se evidencia de esta forma cómo el mercado de trabajo a nivel global es algo configurado y construido socialmente, orientando de cierta forma la dirección de flujos migratorios en términos económicos (Recio, 2006).

El capitalismo criminal, por su parte, no se encuentra fuera de las dinámicas de producción y reproducción del espacio social de las que hemos hablado anteriormente, más bien forman parte de ellas. En el caso del narcotráfico en México, posee una base social e histórica, que en algunas regiones le permite ejercer el control territorial sin recurrir a la violencia de manera absoluta. No obstante, cuando la violencia no se hace manifiesta, se practica de manera latente para controlar territorios, ampliar capacidades productivas y mantener el dominio de ciertos componentes del capital, donde se incluye la fuerza de trabajo. Cuando esto no es suficiente, siempre existe la posibilidad de usar la violencia extrema, como la que se ejerce contra jornaleros, quienes han experimentado sustracción ilegal de su libertad, confinamiento, sobreexplotación laboral, agresión física y psicológica y hasta la muerte, como se detallará más adelante.

Técnicas y métodos de investigación

El estudio de caso es un método de investigación basado en el análisis a fondo de uno o más casos particulares para conocer una cuestión más general. La unidad de análisis puede ser una persona, una familia, una institución o, como en este caso, un suceso histórico (Arzaluz, 2005). Este tipo de estudios es una modalidad de la investigación cualitativa: una técnica para recolectar información de un área de conocimiento difícil de conocer en su totalidad, para lo cual se toma el caso en cuestión como una muestra del objeto de estudio. No obstante, se trata de una muestra en el sentido analítico del término en función de la claridad con que nos ayuda a entender determinados procesos, y no de una muestra estadística con miras a generalizar los resultados con un enfoque cuantitativo.

En este trabajo, se tomará como caso de estudio la experiencia vivida por los campesinos de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Oaxaca y otros estados al ser llevados con engaños a rancho El Búfalo localizado en municipio de Allende, Chihuahua, para trabajar en la producción de mariguana a gran escala. Los hechos tuvieron lugar el año de 1984, a partir del mes de julio y hasta el día 6 de noviembre, cuando el Ejército destruyó los plantíos de mariguana y decomisó cerca de 10 mil toneladas de la hierba ilegal. La región de estudio es conformada por los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, correspondiente a la zona de mayor intensidad en la producción de drogas en la Sierra Madre Occidental.⁸

Para recabar los datos necesarios, se realizó una revisión hemerográfica de la información generada en torno al caso Búfalo tanto en medios de alcance regional como nacional, así como en archivos históricos a través de Informes de Gobierno, comunicados y otros documentos. Entre los periódicos de Sinaloa, se revisaron las ediciones impresas de Noroeste, El Diario de Culiacán y El Sol de Sinaloa, todos con sede en Culiacán, entre los años de 1984 y 1985.⁹ Lo mismo se hizo con algunas notas de la versión impresa del Heraldo de Chihuahua correspondientes a ese periodo.

En el archivo digital de la Revista Proceso se revisaron todas las publicaciones relacionadas a esta noticia en el mismo periodo, a través de una búsqueda de palabras clave en la sección nacional. Mismo procedimiento se siguió con la consulta del archivo digital del diario El Informador, de Guadalajara; y de manera más esporádica en medios de circulación nacional como El Universal. Se detallan las fuentes consultadas en la siguiente tabla:

Tabla 1

Fuentes y documentos consultados

elaboración propia.

Para el análisis de la información, se estudió la trayectoria histórica del narcotráfico en Sinaloa desde sus inicios en los años de 1940 hasta la década de 1980. De igual forma, se analizaron algunos casos de la década de los años 2000, con el fin de comparar con los de años anteriores y detectar la persistencia de patrones de violencia contra el campesinado y utilización de trabajos forzados. Se abordó el enfoque conocido como path dependence (dependencia del camino), el cual considera que existe dependencia cuando un elemento o estructura social puede modificar radicalmente el curso de la historia. Según Mahoney (2001), con este método se concibe la historia como una cadena de causalidades; facilita la detección de actores y coyunturas claves para la producción de cambios trascendentales. Se analizan cinco fases: antecedentes, coyuntura crítica, persistencia estructural, secuencia de reacciones y resultados del fenómeno del narcotráfico en México. La ruta metodológica, con sus categorías de análisis, se describe en el siguiente cuadro:

Figura 1
Secuencia de la trayectoria histórica
Mahoney, J. (2001). Path dependent explanations of regime change: Central America in comparative perspective. Studies in Comparative International Development, 36 (1), 111-141.

Antecedentes: génesis del narcotráfico y la agroindustria

Aunque no hay evidencia suficientemente documentada, la versión más aceptada indica que la génesis del narcotráfico en México se ubica en tiempos de la Segunda Guerra Mundial (1944-1949), cuando la siembra de amapola habría sido impulsada por el gobierno de los Estados Unidos de América, al quedarse sin suministro de heroína para sus soldados luego de que Turquía, su principal proveedor, cayera en el control de las potencias enemigas. Así, supuestamente, se convirtió en una actividad tolerada y estimulada por la potencia norteamericana con anuencia del Gobierno de México (Astorga, 1996).

Según el historiador sinaloense Héctor R. Olea (2002), en esa época el municipio de Badiraguato, Sinaloa, situado en el vórtice del hoy conocido Triángulo Dorado, fue elegido como bastión de la producción de opio “por su topografía y clima apropiados para los cultivos”, mientras los traficantes extranjeros se aprovechaban de la ignorancia de campesinos, quienes ávidos de ganar algo de dinero para subsistir, incursionaron en este cultivo sin saber que se trataba de un delito. En este punto concuerda el abogado Raúl Valenzuela Lugo (1979), quien recabó testimonio de campesinos. Lo consultaban con frecuencia al sentirse objeto de abusos por parte de jefes militares, que emprendieron la campaña contra la siembra de amapola, pero dejaban trabajar solo a quienes les pagaban tributo.

Como ha documentado el investigador Arturo Lizárraga (2004), en los años 40, la minería se encontraba en declive en Sinaloa y dejó pueblos desolados en la zona de los altos, situación compartida por la zona serrana de Chihuahua y Durango, configurando una región inmersa en la marginación y falta de oportunidades. Frente a esto, la siembra y procesamiento de amapola vino a constituir una fuente de empleo para cientos de personas en las zonas rurales, donde no había presencia del Estado ni de la modernidad.

Por esos mismos años, la agricultura se constituyó en la primera actividad económica del estado de Sinaloa, con la construcción de grandes obras hidráulicas para convertir a la región Noroeste en la principal productora de alimentos del país. Para muestra, basta mencionar algunos datos del especialista en la historia agraria Carton de Grammont. Para 1940 el valor de la producción en el valle del municipio de Culiacán era de 19 millones de pesos. Con la construcción de la presa Sanalona, se registró un crecimiento exponencial: de 148 millones de pesos diez años después; y para 1957, la cifra subió a 442 millones de pesos. Para los años sesenta la agricultura se había consolidado como el pilar de la economía en Sinaloa. Contribuyeron inversiones gubernamentales que impulsaban la modernización nacional: la apertura de la autopista México-Nogales en 1952, la tecnificación del campo y el establecimiento de un sistema financiero para otorgar créditos a los productores (Carton de Grammont, 1990).

Sin embargo, la prosperidad agrícola no propició un desarrollo equitativo ni acabó con la pobreza en las zonas rurales. Mientras los valles producían en abundancia y recibían inversiones y mano de obra; en las zonas de los altos seguían utilizando técnicas rudimentarias para levantar cultivos de temporal y sus pobladores se veían obligados a migrar ya sea a los valles o al extranjero (Cañedo, 2012).

El investigador Fausto Burgueño (1974) destaca cómo la agricultura se ha basado en la relación latifundio-minifundio, consistente en la concentración de la tierra en pocas manos, mientras una gran cantidad de pequeñas parcelas en propiedad de miles de labriegos se hallan destinadas a la subsistencia dentro de una economía marginal. En este sistema, los latifundistas imponen sus condiciones al acaparar créditos, uso de infraestructura y explotación de mano de obra de bajo costo. En el México de 1950, la cuarta parte de los propietarios poseían tres cuartas partes de la tierra trabajada; una situación que para la década de 1970, no se modificaría sustancialmente, mientras la gran mayoría de los campesinos vivían en condiciones miserables.

En cuanto a la Reforma Agraria emanada de la Revolución Mexicana, Burgueño criticaba su falta de efectividad debido a que los predios ejidales se encontraban afectados por la fragmentación, la falta de créditos y, sobre todo, porque el proceso se ha aprovechado para repartir los terrenos menos productivos. De esta forma, la estructura agraria permaneció casi intacta para perjuicio de ejidatarios y comuneros (Burgueño, 1974).

Una de las causas habría sido el acaparamiento de las mejores tierras agrícolas y ganaderas en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Siguiendo con la investigación de Burgueño (í1974), para 1970 se estimaba que cerca de 800 mil hectáreas de esta categoría se hallaban en poder de 114 familias, propietarias de “latifundios encubiertos” hasta de 27 mil hectáreas, utilizando a su favor la figura de la pequeña propiedad y la necesidad de los ejidatarios, quienes terminaron rentando sus tierras a pesar de estar prohibido en la legislación agraria. Los latifundistas se beneficiaron de las obras de riego hechas con dinero público, mientras a ejidatarios y pequeños propietarios se les adjudicaron las tierras de temporal, cerriles o de agostadero que dejaban, por mucho, menos utilidades.

Es en este contexto, privado por la desigualdad y el conflicto, el narcotráfico viene a complejizar los procesos sociales de la agricultura, provocando alta migración de los altos a los valles y a la Unión Americana debido al abandono institucional de los pueblos serranos, no solo en Sinaloa sino en el resto de los estados donde se extiende la Sierra Madre Occidental. Sin contar que los campos agrícolas sinaloenses reciben cada año a miles de jornaleros para trabajar en la siembra y cosecha de hortalizas de los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, muchos de ellos indígenas, quienes por su condición de migrantes se encuentran en una posición todavía más vulnerable, como nos advierte Florencio Posadas Segura (2017).

Hacia la década de 1960, ya no era solo la siembra de amapola la fuente de riqueza desde la economía ilegal. Con la llegada de la Guerra de Vietnam y el auge del movimiento contracultural en los Estados Unidos se incrementó el consumo de la mariguana, motivando en buena medida que en Sinaloa aumentara la producción de la Cannabis al punto de representar un fuerte flujo de divisas, que trajo consigo el aumento de conflictos por el control de la Sierra Madre, y por ende, de la violencia.

Los primeros años el tráfico de droga era controlado por grupos familiares semejantes a clanes. Se trata de familias cuyos principales ejes de organización son sus lazos de parentesco y comunitarios, fuertemente ligados al territorio; dieron origen al mito del narco benefactor como un impulsor de la economía y del desarrollo local y un garante del orden ante la ausencia de Estado, a través del uso de la violencia limitada bajo ciertos códigos de honor (García Cabrera, 2012).¹⁰ Posteriormente, en la década de los 70, se registró la primera operación militar de gran escala contra el narcotráfico en México, centrada en los estados del Triángulo Dorado, Chihuahua, Durango y Sinaloa, como consecuencia en buena medida de las presiones intervencionistas del Gobierno de los EEUU, que impuso a México la prohibición de las drogas. Pero también por el aumento de los enfrentamientos armados entre los traficantes, el cual hizo que la sociedad de la época, al menos en Sinaloa, aceptara con agrado las acciones militares en sus inicios (Cañedo, 2018).

Así, en 1976 se dio inicio con la Operación Cóndor, con la participación de cerca de 10 mil soldados y la misión de destruir plantíos de amapola y mariguana en las zonas críticas. Fueron los pueblos serranos los más impactados. La intervención militar trajo consigo no solo la erradicación de los cultivos ilícitos (única fuente de empleo en muchos de esos poblados), sino también una crisis por la violación masiva de derechos humanos en los altos, incluyendo torturas, desapariciones y desplazamientos forzados (Martínez Montenegro, 1977b).

“Los enganchados”: trabajos forzados al servicio del crimen

Luego de la destrucción de plantíos de droga en los años de 1970 en el Triángulo Dorado, el narcocultivo se expandió a otros estados: en el occidente: a Nayarit, Jalisco y Guerrero; y en el sureste: en Oaxaca y Chiapas, entre otros puntos (El Informador EXC-AEE, 1984 a). Lejos de su extinción, la siembra de la hierba se multiplicó a un nivel industrial gracias a la urdimbre de corrupción tejida con altos funcionarios de gobierno, que permitió el enriquecimiento de capos sinaloenses (El Informador EXC-AEE, 1984 b). Los cabecillas más reconocidos eran Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido y Rafael Caro Quintero, quienes ya habían sentado su base de operaciones en la capital jalisciense.

Frente a la oportunidad económica que representaba el auge de las drogas en los EU, el Cartel de Guadalajara dio un salto cualitativo al pasar de la siembra a baja escala en las montañas a la producción industrial en distintas locaciones del Norte de México. Los primeros indicios de la transformación del sistema de producción se registran en el año de 1982 en rancherías de San Luis Potosí. El hallazgo lo habría hecho el agente antinarcóticos Enrique Camarena (asesinado el 9 de febrero de 1985), a través de informantes. Luego el rastreo del caso llevó a los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Baja California y Chihuahua (Shannon, 2015).

Se trataba de un modelo agroindustrial de alta tecnología, en el que trabajaban ingenieros especializados, se contaba con la cooperación de funcionarios de gobierno, del Ejército y de policías judiciales estatales y Federal. Se utilizaban terrenos en zonas desérticas o planas para ahorrar costos. Pero un componente clave era la mano de obra esclavizada, con el objetivo de elevar al máximo las utilidades (Shannon, 2015).

A finales de 1984, se emprendió con los operativos que dieron con las más grandes plantaciones de mariguana jamás vistas en México. El sitio emblemático es rancho El Búfalo, un campo de 6 mil hectáreas donde tuvo lugar el decomiso de cuatro mil toneladas de esta hierba ilegal, que era sembrada, cultivada, procesada y empaquetada por miles de campesinos. Después se descubrió que la mayoría fueron llevados con engaños.

Fue precisamente en este rancho, al sur de Chihuahua, donde cobró notoriedad el fenómeno de “los enganchados”, una modalidad de reclutamiento forzado y confinamiento al servicio de una red de delincuencia organizada. En este lugar, unos 12 mil campesinos provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Sonora, pero sobre todo de Sinaloa, fueron tratados como esclavos: encerrados en campamentos para el procesamiento de la droga, humillados por hombres armados, quienes les impedían abandonar el sitio. La mayoría de estos trabajadores eran campesinos sin empleo, con bajo nivel de escolaridad y familias que mantener. En esos años la descapitalización del campo y el escaso crecimiento en el sector primario tenía a los campesinos en una situación complicada (Correa y Ortega, 1984). Pasaron alrededor de cuatro meses para que el lugar fuera descubierto por el Ejército y la Policía Judicial. El 8 de noviembre de 1984, soldados y judiciales llegaron por tierra y aire. Los trabajadores corrieron. De cualquier modo fueron los primeros en ser golpeados y aprehendidos, cuando se disponían a iniciar la desbandada por el desierto con la esperanza de llegar a algún pueblo cercano o de que el tren los transportara a sus hogares. Muchos lograron escapar de las autoridades, pero durante la travesía los mayores quedaron enterrados en las arenas desérticas de Chihuahua (Correa y Ortega, 1984). Después la PGR implementó un programa, a cargo de trabajadores sociales, para el retorno de los campesinos, pero un buen número de ellos había fallecido o permanecían escondidos por el temor a ser encontrados por los “jefes” (El Informador EXC_AEE b, 1984). Una fuente de la PGR reveló a El Heraldo de Chihuahua que vivían en un campo de concentración, donde los que trataron de huir fueron asesinados por los narcotraficantes. La noche del 09 de noviembre, según la nota periodística, partieron 200 campesinos originarios del estado de Guerrero “famélicos, desnutridos y aún aterrorizados”. Mientras tanto, 700 sinaloenses se alistaban para regresar en el tren Chihuahua-Pacífico al norte del estado. Algunos de ellos pudieron huir luego de que los agentes abandonaron el lugar, ubicado en medio del desierto donde los poblados más cercanos se encontraban a unos 80 kilómetros. Solo algunos lograron llegar a la localidad de Aldama, pero muchos murieron en el intento. El doctor Manuel Mondragón Kab, representante del Procurador General de la República, se refirió a los campesinos como “engañados”. Por ese motivo, no se les imputaría ningún cargo penal y serían liberados de no comprobárseles ningún delito. Entre los detenidos iniciales había mujeres y niños, a quienes de manera indiscriminada se les hacía trabajar 20 horas diarias (Perea, 1984).

Días después del hallazgo en Búfalo, encontraron nuevos depósitos de droga. Al menos tres más para el 10 de noviembre, dos en el municipio de Jiménez y en el rancho Los Juncos de la región conocida como Collame, en Chihuahua. Se estima en 10 mil el número de toneladas incineradas en esa ocasión: el más grande decomiso de droga de la historia de las Fuerzas Armadas en México. Sobre las condiciones infrahumanas en que trabajaban estos campesinos, Guillermo Correa y Fernando Ortega (1984) recabaron el siguiente testimonio:

Nosotros llegamos en la madrugada. Tomaron nuestros nombres, nos dieron una cobija y un bote de lata `Pasen a cenar”, dijeron. Era un caldo de papa frío, tortillas acedas y frijoles duros `Cómetelo pendejo, si no te gusta, muérete de hambre’ Al día siguiente nos paraban a gritos y patadas. Nuestro trabajo consistía en quitar a las ramas las hojitas de mariguana, que tienen forma de patitas de pollo, para dejar el puro chicarrón, como cascarita de camarón. Otros tiraban las varas y otros las recogían Luego se prensaban con los pies y se envolvían en celofán con líquido especial, para evitar que los perros en la aduana detecten la droga. Apenas si teníamos tiempo para ir al baño, y ni eso nos dejaban hacer a gusto, pues apenas nos tardábamos nos disparaban.

Las víctimas denunciaron haber recibido castigos corporales si se negaban a trabajar o exigían su paga. Los obligaban a sembrar y cultivar la mariguana, además de clasificarla, empaquetarla y almacenarla para su distribución. Cuando se descubrieron los campamentos y se filtró la información de la llegada del Ejército, se les conminó a los campesinos a huir hacia un cerro, y todavía en ese momento se les seguía prometiendo un pago después del operativo, cosa que no sucedió.

El 12 de noviembre de 1984, El Sol de Sinaloa reportó la llegada de al menos 2 mil campesinos a la ciudad de Los Mochis (ubicada al norte de Sinaloa), donde más testimonios confirmaban las primeras versiones en cuanto a la forma en que fueron “enganchados” para ser explotados como esclavos sin paga alguna, bajo la promesa de ir a la pizca de manzana con un pago de 5 mil pesos diarios. La droga incinerada tenía un valor en el mercado de ese momento de unos 8 millones de dólares (Perea, 1984). Todo apunta a que Búfalo pretendía ser un modelo de producción para la nueva generación del narcotráfico, tendiente a satisfacer la demanda masiva en Estados Unidos, cada vez más exigente en cuanto al control de calidad de la droga. Tan solo unos meses después, en febrero de 1985, como parte de la Operación Gavilán implementada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se reportó otro caso en Sinaloa.

En esta ocasión, el Ejército descubrió 52 hectáreas sembradas de mariguana en tierras de riego del ejido El Bledal, en el municipio de Navolato, colindante con la capital sinaloense. Allí hubo por lo menos 65 detenidos: sólo dos vigilantes, y la mayoría “cortadores”, muchos de ellos menores de edad que abandonaron sus estudios para trabajar y ayudar a cubrir las familiares. Fueron llevados a El Bledal con el ofrecimiento de una buena paga por el corte de tomate. En la mayoría de los casos, la promesa no se cumplió (Guerra, 1985). ¹¹

Aunque los hechos de 1984 no se han replicado en la misma escala, se han registrado algunos casos que nos hablan de que la comisión de este delito continúa vigente. Un ejemplo sucedió el 10 de noviembre de 2008. Ese día arribó al campo La Guajira, en la sindicatura de Costa Rica en Culiacán, un comando de al menos 20 camionetas, de las que descendieron 50 hombres fuertemente armados y con vestimenta militar. Se llevaron por la fuerza a 27 trabajadores que habían llegado para la siembra de hortaliza. Mujeres y niños que habitaban en este campo agrícola huyeron para salvar sus vidas y en medio de la zozobra de no saber qué pasaría con sus parejas y padres (Cabrera, 2008). ¹²

Por su parte, Ana Lilia Pérez (2010) reveló cómo los “levantones” de jornaleros por parte de grupos delincuenciales son cotidianos en Sinaloa tanto en forma individual como colectiva. Entre otros casos, el ocurrido el del 9 de mayo de 2009 en una empacadora agrícola del municipio de Mocorito, donde sustrajeron por la fuerza a 50 jornaleros para obligarlos a sembrar enervantes, así como otros similares que siguieron a esa fecha, sólo por mencionar los que salieron a la luz pública a través de la prensa.

Como se puede observar, los hechos descritos corresponden a la definición de trabajos forzados, toda vez que se encuentra plenamente documentada la labor que realizaron los miles de campesinos, las condiciones engañosas de su reclutamiento y las amenazas y violencia ejercida contra los campesinos en los campamentos de rancho el Búfalo, en 1984, y de manera esporádica en años siguientes. De igual forma, se puede advertir que tanto en la economía formal como en la ilegal, son los jornaleros agrícolas el eslabón más débil de la cadena productiva, y en gran medida, víctimas del capitalismo criminal y neoliberal.

Conclusiones

Si bien es cierto el episodio de “los enganchados” se trató de una coyuntura específica en la trayectoria histórica del narcotráfico en México, no se descartan algunos elementos estructurales inherentes a esta actividad del crimen organizado, como el uso de la fuerza de manera ilegítima para desarrollar sus relaciones comerciales, económicas y laborales para garantizar el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades, que dentro de una economía formal se lleva a cabo por diversas instituciones del Estado.

Se indican a continuación algunos de los factores sociales y económicos que favorecen la explotación laboral y la utilización de trabajos forzados a manos de jornaleros agrícolas:

• Desigualdad y pobreza: desde sus orígenes, la siembra de drogas ilegales ha estado ligada a la desigualdad económica y social. En primera instancia, con la conformación del latifundio, que dejó desposeídos a miles de campesinos convertidos en jornaleros, expuestos a las demandas del libre mercado. La Reforma Agraria no cumplió a cabalidad sus objetivos, y se conformó una clase burguesa originada en la agricultura. Desde sus inicios, la desigualdad se reflejó territorialmente en Sinaloa, donde la región de los altos quedó en desventaja plena con los grandes valles de producción agrícola, sobre todo a partir de los años 40 del siglo pasado con la instauración del modelo agroindustrial. Lo anterior ha detonado la migración masiva intraestatal del campo a la ciudad y de los altos a los valles, pero también la emigración a los Estados Unidos de América de miles de gentes de campo que se quedaron sin trabajo ante la falta de tierras y de créditos en el nuevo sistema industrial. La desigualdad, expresada en el desempleo y falta de oportunidades, expone a los campesinos a condiciones de mayor precariedad y los hace vulnerables a operaciones de trata de personas, como la registrada en rancho El Búfalo en 1984.

• Concentración de riqueza en pocas manos: los procesos de acumulación por desposesión se presentaron con el despojo de tierras a campesinos al dejar inconclusos los objetivos de la Reforma Agraria emanada de la Revolución, pues algunos grupos familiares acapararon las mejores tierras y vastas extensiones en el Noroeste de México, haciendo que miles de campesinos dejaran de ser pequeños propietarios o de trabajar sus propias parcelas, a convertirse en asalariados. Los procesos de desposesión no solo se limitan al despojo territorial. Continuaron en los decenios posteriores con la desvalorización del trabajo del campesino al otorgarle bajos salarios y condiciones de trabajo miserables en los centros agrícolas. Lo cual llegó a su expresión extrema en los campos de concentración para la siembra y procesamiento de mariguana localizados al sur del estado de Chihuahua, donde los jornaleros fueron convertidos en esclavos modernos.

• Colusión de agentes del Estado: en el análisis del papel de actores clave, es necesario mencionar que sin la intervención de los agentes estatales sería muy difícil para el narcotráfico alcanzar tales niveles de producción y de poder político. Según las crónicas históricas, desde sus inicios, los jefes militares participaban en la administración y usufructo de las primeras siembras de amapola, como después sucedió en la Operación Cóndor en los años 70, cuando se dejaba trabajar a los que “rendían tributo”. El fenómeno se acentuó durante los años de producción masiva en rancho El Búfalo, pues la siembra, procesamiento y almacenamiento de miles de toneladas de droga, hubiera sido imposible sin contar con la participación u omisión de funcionarios de distintos niveles

• Criminalización de los campesinos: más allá de los discursos oficiales, los hechos históricos demuestran que han sido los campesinos los más afectados por las políticas gubernamentales de combate a la producción de drogas ilícitas. Primero con el despojo de tierras en la era de la postreforma agraria y luego con las acciones policiales que, en su mayoría, optan por detener a los trabajadores de nivel más bajo de la producción, como son los labriegos o cuidadores, mientras quienes ostentan niveles jerárquicos más altos son detenidos solo de manera esporádica.

En la secuencia de reacciones, encontramos que actores claves, como el Estado y sus instituciones, no han actuado de manera decidida para revertir la situación de precariedad y desigualdad en que han vivido históricamente los campesinos en México. La práctica de sustraer jornaleros para llevarlos a trabajar por la fuerza para la delincuencia organizada no ha tenido la atención suficiente de parte de las autoridades. Como resultado, se siguen perpetuando los abusos laborales en distintas formas y dimensiones.

Se puede concluir que los trabajos forzados y la trata de personas han formado parte de las actividades del capitalismo criminal, de una manera estructural y no solo como hechos aislados, representando una manera de usufructuar el monopolio ilegítimo de la violencia en la región del Triángulo Dorado, pero cada vez más en otras partes de México. Los trabajos forzados son una muestra del control territorial ejercido en algunas regiones por los grupos del crimen organizado, un componente del capitalismo que lleva al extremo la acumulación por desposesión en perjuicio de la clase trabajadora, en este caso encarnada en las poblaciones campesinas.

Tanto los trabajos forzados como la trata de personas merecen mayor atención de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, primero para empezar a documentar este fenómeno en su dimensión precisa, pero sobre todo para alcanzar la justicia para este segmento de la población, víctima de hechos victimizantes que han pasado prácticamente inadvertidos. Será un reto ampliar el conocimiento en este tema, a través de nuevas investigaciones que incorporen enfoques multidisciplinarios y arrojen datos sistemáticos en aras de contribuir a la disminución del problema.

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Notas