Introducción

En los últimos años en América Latina las fuerzas políticas progresistas emergen como opciones políticas para el electorado, toda vez que el neoliberalismo persiste como política de los grupos de interés de carácter económico y político. De esta manera, asistimos en nuestros días a una nueva configuración de la izquierda latinoamericana que llega al poder por las vías democráticas. Así, en la elección presidencial de Bolivia del 18 de octubre de 2020, después de una fuerte crisis política por la salida abrupta del poder de Evo Morales en el 2019, Luis Arce y el partido Movimiento al Socialismo (MAS) obtienen el triunfo electoral en la primera vuelta con el 55.11% del voto efectivo. Con el triunfo de Luis Arce en Bolivia se logra la estabilidad democrática con un partido progresista con una base popular-electoral fuerte (Ortiz, Molina, Rocha y Córdova, 2020).

En el caso de Argentina la política progresista, representada por el peronismo en la figura de Cristina Fernández, regresó al poder con la victoria electoral de Alberto Fernández en la elección presidencial del 2019, quien fue compañero de fórmula electoral junto con Cristina Fernández para competir electoralmente por la presidencia y vicepresidencia respectivamente, este último cargo propuesto por la propia Cristina Fernández (Natanson, 2019). El antagonismo político entre el macrismo y el peronismo ha polarizado en los últimos años la política argentina. Como sabemos en el imaginario político argentino la política progresista está presente a través del peronismo y sus diversas fuerzas políticas.

La elección de Gabriel Boric como presidente de Chile es un caso paradigmático sobre los nuevos liderazgos progresistas en América Latina, más aún si se tiene en cuenta el pasado político de Chile de la dictadura militar de Augusto Pinochet y la ideología de ultraderecha en ciertos sectores políticos. El 19 de diciembre de 2021 Boric obtuvo en la segunda vuelta el 55.8 % del voto válido en la elección presidencial, lo que lo llevó al triunfo electoral a través de la coalición Apruebo Dignidad. Los desafíos del presidente Gabriel Boric son varios, entre ellos, mantener la estabilidad política del país y procesar el juego político entre los diversos actores en torno a la Convención Constituyente (Luna, 2021). Para algunos analistas políticos la coalición Apruebo Dignidad y su líder Gabriel Boric representan a la “nueva izquierda” producto de las movilizaciones sociales del 2011 y 2019 en Chile, y cuya llegada al poder presidencial ha generado elevadas expectativas de cambio entre la sociedad (Titelman, 2019).

El ascenso al poder presidencial de Pedro Castillo en Perú en el 2021 significó la constitución de una fuerza popular alrededor de su proyecto político. Es importante tener presente que Perú ha tenido a lo largo de su reciente historia democrática una inestabilidad en su sistema de partidos, no obstante, la expresión popular electoral ha configurado justamente la vida democrática más allá de los partidos políticos, ahora con una orientación progresista con Pedro Castillo, quien tiene como antagonistas a las elites políticas conservadoras, principalmente, la derecha representada por el fujimorismo (Sosa, 2021).

En la región centroamericana destaca el caso de Honduras. En la elección presidencial de noviembre de 2021 la candidata Xiomara Castro con una plataforma electoral progresista obtiene el triunfo electoral con el 51.1% del voto efectivo. Con un discurso “populista” Xiomara Castro es la primera mujer en Honduras que ocupa el cargo presidencial. Considerada Honduras una “democracia oligárquica” (Vásquez, 2021), lo cierto es que durante estas últimas elecciones la voluntad del “pueblo” se expresó de forma pacífica, legitimando con el voto popular a la autodenominada Alianza del Pueblo liderada por Xiomara Castro. En un entorno de corrupción y de captura del Estado por el narcotráfico, así como las profundas desigualdades económicas y sociales, el proyecto de gobierno de Xiomara Castro empieza a caminar con apoyo popular y estabilidad política (Sosa, 2022).

En el momento en que se escribe el presente artículo, en Colombia está próxima la elección presidencial en su primera vuelta⁴. En este contexto, el candidato presidencial Gustavo Petro y la alianza del Pacto Histórico tienen una intención de voto del 43% (Rafael Pérez, 30 de abril de 2022, France 24). La política de Petro recupera el discurso progresista de la defensa del medio ambiente, los feminismos y la inclusión social. Petro ha construido su fórmula electoral en acompañamiento con Francia Márquez, como candidata a la vicepresidencia, una destacada activista ambientalista y feminista afrocolombiana (Valdés y Trujillo, 2022). En estos cambios políticos vertiginosos del progresismo en América Latina es que se ubica nuestro estudio sobre el proyecto político de la Cuarta Transformación en México, impulsado por el actual presidente de México el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, las categorías de análisis político que utilizamos en la investigación es la gramática política de Gramsci (1980), principalmente la noción de lo nacional-popular como un discurso que construye un proyecto político progresista que pretende ser hegemónico. En los términos de Retamozo (2018):

Aquí lo nacional popular puede ofrecer una plataforma para pensar y actuar en la disputa de la hegemonía en el contexto contemporáneo (dominado por la democracia representativa) y aportar, desde una perspectiva posfundacional, un fundamento contingente (p. 18).

El proyecto político de la Cuarta Transformación en México, una vez que gana la presidencia su líder Andrés Manuel López Obrador en el 2018, es el primer proyecto de izquierda progresista en México después de la transición democrática. En este orden de ideas, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que la Cuarta Transformación ha construido para que su proyecto político se constituya en hegemónico? Para dar respuesta a la pregunta de investigación se aplicó una metodología cualitativa con base en la propuesta de Antonio Gramsci (1971) sobre la distinción entre lo “orgánico” y lo “coyuntural” en el juego de la correlación de fuerzas. Para Gramsci lo orgánico es aquello que está sedimentado en la sociedad, es la continuación de un momento histórico determinado, en cambio, lo coyuntural es la emergencia de un momento político que cambia la correlación de fuerzas en un contexto político específico. Este momento histórico de emergencia son las “coyunturas políticas” que van acompañadas de nuevos discursos que resignifican el mundo de la política.

Esta metodología cualitativa pone el énfasis en los “discursos coyunturales” (King, 1995) que se caracterizan por colocar en el espacio político nuevos significados de interpelación política. En términos analíticos, la investigación se delimitó a interpretar el significado político de los discursos coyunturales del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de su triunfo electoral en el 2018, bajo este criterio se seleccionaron siete discursos presidenciales de coyunturas políticas específicas en materia de política social y política exterior del período 2018 al 2021. Asimismo, se analizaron dos libros de AMLO que se publicaron en dos momentos coyunturales: en la elección presidencial del 2012 en la que participó y perdió; y en el 2019 después de su triunfo electoral del año anterior.

Con la finalidad de construir el contexto histórico de los discursos coyunturales de AMLO se analizaron los documentos básicos y reglamentos del partido MORENA, así como los discursos de “las guerras de posición” de los intelectuales orgánicos de la derecha mexicana representada por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze.

El artículo se divide en cinco secciones. La primera sección se compone de la presente introducción. Enseguida, se aborda el itinerario político-partidario de Andrés Manuel López Obrador y la interpretación del partido MORENA como la articulación política del Príncipe moderno. La tercera sección desarrolla el discurso de los intelectuales orgánicos de la derecha mexicana que es la oposición política a la Cuarta Transformación. La cuarta sección analiza el discurso nacional-popular de Andrés Manuel López Obrador, con énfasis en su política exterior y el Estado con vocación social. Finalmente, se presentan las conclusiones de la Investigación.

El itinerario político-partidario de Andrés Manuel López Obrador y el Príncipe moderno

Ningún otro líder político surgido en los últimos treinta años en México se acerca a la trayectoria y liderazgo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Un líder político formado en los estratos bajos de la burocracia y en la movilización social, externo a las redes de las élites económicas y políticas del sistema político mexicano. Nacido un 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, municipio de Macuspana, del estado de Tabasco. Sus progenitores fueron Manuela Obrador González y Andrés López Ramón, de origen veracruzano. Dedicados al comercio, pronto la familia López Obrador creció con la llegada de José Ramón (1954), José Ramiro (1956), Arturo (1957), Pío (1959), Carmen y Martín (1964). Andrés Manuel López Obrador estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Trabajó en el Instituto Nacional Indígena (INI) con los indígenas chontales en su natal Tabasco, asimismo, apoyó a comuneros afectados por la contaminación provocada en sus tierras por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Fue postulado como candidato a gobernador de Tabasco por el recién formado Frente Democrático Nacional (FDN) en 1988. Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto a figuras políticas destacadas como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Heberto Castillo (Gómez, 2021). Estas notas biográficas nos permiten conocer el origen social y político de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora nos enfocaremos en el proceso de construcción del partido político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Es indiscutible que para este instituto político su órbita gira en torno al liderazgo de AMLO, como en su momento le sucedió al PRD con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. El apoyo popular de AMLO se consolidó a partir del controvertido proceso de desafuero llevado a cabo por el gobierno panista de Vicente Fox (2000-2006), en mayo del 2004.⁵ Este evento político es considerado como la génesis de MORENA. Ante la indignación popular por el uso discrecional de las instituciones de impartición de justicia para eliminar de la lucha política a un adversario, el 27 de abril de 2005, la Procuraduría General de la República (PGR) no encontró delito alguno que perseguir en López Obrador (Garavito, 2005).

En el 2006 en México, parte de la prensa nacional y la opinión pública, consideró la elección presidencial de ese mismo año como irregulares, y en algunas líneas editoriales, hasta fraudulentas. Así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó el triunfo electoral al político conservador Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN) con apenas un margen de victoria del 0.56% de diferencia sobre el segundo lugar ocupado por Andrés Manuel López Obrador, quien lideraba la “Coalición Por el Bien de Todos”, coalición organizada en torno al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y el partido Convergencia (Ugues, 2018).

En el 2012 AMLO volvió a competir en las elecciones presidenciales de ese año, con la coalición “Movimiento Progresista” conformado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, obteniendo el segundo lugar, detrás de Enrique Peña Nieto candidato de la coalición “Compromiso por México” que agrupaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Para ese momento, el distanciamiento entre candidato y dirección nacional del PRD estaba en un punto sin retorno. El rompimiento definitivo con el partido por parte de AMLO sucedió cuando la dirigencia nacional perredista aceptó firmar el “Pacto por México”, convocado por el ya presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), para impulsar la materialización de reformas estructurales de corte neoliberal como la reforma educativa y la energética, entre otras.

Pasada la elección presidencial del 2012, la tan esperada ruptura de AMLO con el PRD se consumó. El 2 de octubre de 2012, MORENA realizó una asamblea en la que se discutiría si continuaba como asociación civil o se constituía en partido político. En palabras de su líder López Obrador: “El día 2 de octubre del 2011, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, se constituyó MORENA como asociación civil y se conformaron los órganos de dirección del movimiento, su Comité ejecutivo y el Consejo Consultivo” (López Obrador, 2012). Se mantuvo como asociación civil. Más tarde, el 26 de enero de 2014, se solicitó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) su registro como partido político, obteniéndolo el 9 de julio de ese mismo año. Ya como partido político, MORENA participó en las elecciones federales de 2015, obteniendo el 8.8% de la votación, logrando ser cuarta fuerza política nacional, con 35 diputaciones federales, cinco jefaturas delegacionales en la Ciudad de México y un lugar como la primera fuerza legislativa en la capital mexicana (Gómez, 2021, p.35). En el año 2018, en las elecciones de julio, MORENA encabezando la coalición “Juntos Haremos Historia” ganó la elección presidencial y la mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Así, Andrés Manuel López Obrador tuvo un margen de victoria de 30.9% con respecto al segundo lugar ocupado por el candidato panista Ricardo Anaya (Monsiváis-Carrillo, 2020). Para 2021, en el proceso electoral de medio periodo, MORENA obtuvo 17 gubernaturas y mantuvo la mayoría simple en la Cámara de Diputados, con el apoyo de sus partidos aliados: el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La irrupción de MORENA en el escenario político nacional no puede explicarse sin un seguimiento a los sucesos políticos, económicos y sociales que marcaron los destinos del país en los últimos 40 años. La implementación de las políticas neoliberales iniciadas en los años ochenta en México, profundizadas en los noventa y prolongadas hasta bien entrado el siglo XXI, arrojaron un saldo por demás negativo en los grupos más vulnerables de la sociedad. Desempleo, pobreza, violencia y corrupción se volvieron la norma y no parecía haber salida posible. Particularmente este último punto era el que más indignaba a la población en general (Meyer, 2013). La lucha social contra esta situación política fue la impronta que consolidó el liderazgo político de López Obrador y se convirtió en una de sus principales banderas de campaña. La notable corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y de quienes lo precedieron en el poder, junto con la élite oligárquica, constantemente denunciada por AMLO y MORENA, fue uno de los tantos factores que permitieron su significativa victoria en la elección presidencial de julio del 2018.

Según la concepción gramsciana, el partido político es el actual Príncipe moderno, porque es el abanderado y el organizador de toda reforma intelectual y moral, acompañando al líder carismático que interpela al pueblo y antagoniza contra el estatus quo, condiciones políticas necesarias para la constitución de un sujeto político y de un proyecto político hegemónico de lo nacional-popular. MORENA en sus documentos básicos plantea la siguiente estrategia política: “la lucha por el cambio de régimen de manera pacífica, pero también convoca al pueblo de México a movilizarse para resistir las reformas neoliberales y las políticas antipopulares, apoyar las luchas populares e impulsar el cambio verdadero” (MORENA, 2014, p.1). Es decir, no se abandona la movilización de las masas populares al constituirse como partido político, más bien se complementan perfectamente en los procesos de la lucha electoral. Continuando con el análisis de los documentos básicos y programa político del partido MORENA, se puede observar la importancia que se le da a la formación política e ideológica de sus militantes. Esto con el fin de llevar a cabo un proceso de concientización “del pueblo de México acerca de la realidad de nuestro país y la importancia de un cambio verdadero” (MORENA, 2014, p.2). Este proceso se puede entender más claramente citando a Gramsci (1980), que nos dice: “la formación de una voluntad colectiva nacional-popular, de la cual el moderno Príncipe es al mismo tiempo el organizador y la expresión activa y operante, y la reforma intelectual y moral, deberían constituir la estructura de trabajo” (p.15).

Partiendo de esta estrategia política, la formación política de los militantes del partido es lo que permitirá reforzar la socialización del discurso del líder, ya transformado en un programa o proyecto político que busca ser hegemónico de corte nacional-popular (Hernández-Cortez, Moya- Vela y Menchaca-Arredondo, 2021). En el apartado número 5 de la declaración de principios de MORENA se explica lo siguiente:

Nuestro Partido es un espacio abierto, plural e incluyente, en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas. Estamos convencidos que sólo la unidad de todos los mexicanos hará posible la transformación del país. Sabemos que para sacar adelante a México se necesita de todos los sectores de la economía: el sector público, al sector social y el privado. No estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mal habida, de la corrupción, de los monopolios y de la explotación inhumana (MORENA, 2014, p.3).

Es decir, es una organización política multiclasista, donde conviven grupos provenientes de la izquierda social, la democracia cristiana, ex panistas, expriistas y experredistas. El discurso partidario de MORENA es que llama a “luchar siempre por la vía pacífica y electoral”. La hegemonía política durante el periodo neoliberal fue compartida por el PRI y el PAN. Los sectores neoliberales de estos partidos políticos facilitaron la implementación de las medidas económicas pro libre mercado y la reducción del Estado de bienestar. La alternancia en el año 2000 no mejoró la situación.

El desgaste político de lo que popularmente en México se conoce como el PRIAN. se presentó en la controvertida elección presidencial del año 2006, con la injerencia de la institución presidencial y los poderes fácticos en el proceso electoral mediante una campaña negativa hacia el candidato de la izquierda mexicana Andrés Manuel López Obrador (Pérez-Dámazo, 2014). Sin la intervención del Instituto Federal Electoral para regular la competencia electoral, se logró imponer al candidato oficial: Felipe Calderón Hinojosa. La crisis de legitimidad marcó al segundo sexenio panista, lo que facilitó el regreso del PRI al poder presidencial en el año 2012.

La corrupción generalizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la impunidad en casos tan graves como Ayotzinapa y Tlatlaya provocaron manifestaciones masivas de descontento social. En algunos casos el Estado llegó a reprimir estas movilizaciones. El consenso político que permitió la aplicación de las medidas de apertura económica y la aceptación de estas por parte de la sociedad, gracias a los intelectuales orgánicos de la derecha mexicana y los medios de comunicación corporativos sobre las bondades del libre mercado, comenzó a desmoronarse. Los problemas sociales de pobreza, el mito de la meritocracia como ascenso social, la concentración de capitales y el estancamiento económico no se solucionaron, al contrario, se agudizaron. Se mantuvo el dominio, pero ya no se creía en las bondades del libre mercado. Esta situación social desembocó en una crisis política en los términos de Albarez (2016): “La hegemonía constituye un bloque histórico, es decir una unidad de fuerzas sociales y políticas diferentes; y tiende a mantenerlos unidos a través de una concepción del mundo que ella ha trazado y difundido. Cuando esta concepción entra en crisis, entra en crisis la hegemonía” (p. 158).

La crisis de hegemonía sucede cuando la fuerza dominante ya no es dirigente, solo cuenta con la fuerza coactiva, ya no tiene el apoyo de las masas populares, no hay consensos y pierde legitimidad. Hay crisis de hegemonía “cuando se mantiene el dominio, pero disminuye la capacidad, cuando la clase social que detenta el poder político no sabe ya dirigir, resolver los problemas de la colectividad, cuando la concepción del mundo que sustenta es rechazada” (Albarez, 2016, p. 159).

Precisamente esta crisis fue la que permitió la victoria electoral de MORENA en la elección presidencial del año 2018. El diagnóstico de la opinión pública fue que la ciudadanía se expresó masivamente en las urnas para poner un alto a los abusos y excesos ocurridos durante los 36 años de dominio político-económico representado por el PRIAN. El discurso de los intelectuales orgánicos de la derecha mexicana, caracterizado por la narrativa de votar contra la coalición “Juntos Haremos Historia” y otros grupos de interés del antiguo régimen, no prosperaron. La obtención del 53% de la votación en estas elecciones críticas llevaron a López Obrador a la Presidencia de México (Monsiváis-Carrillo, 2018).

Entendemos el proyecto político hegemónico de MORENA como un proceso en construcción, de tal forma que la vida interna del partido todavía se encuentra en vías de institucionalización, sin embargo, la militancia de base se sigue organizando y construyendo estrategias políticas con base en la educación política. Pérez-Tagle (2016) a partir de cuestionar si MORENA era un partido o un movimiento, lo que nos demostró con su estudio fue la complejidad organizativa de MORENA como partido-movimiento. No obstante, algunos simpatizantes del partido comentan que el peor enemigo de la Cuarta Transformación es justamente el partido MORENA, por la imposición de candidaturas con personajes ajenos al perfil de izquierda que el instituto político dice defender. Por ejemplo, el caso paradigmático de la precandidatura del ex panista Manuel Espino en el estado de Durango, un político de la derecha mexicana que generó el escepticismo entre los militantes (Castillo, 2 de febrero 2021, La Jornada). Desde el punto de vista presupuestario, un factor que dificulta la formación política de los militantes del partido MORENA es el reducido apoyo financiero para llevar a cabo sus actividades, pese a que por estatutos el 50% del presupuesto del partido debe ir al Instituto Nacional de Formación Política (INFP), pero no sucede así (Delgado, 25 de abril de 2019, Proceso).

MORENA como partido político es de reciente creación, sin embargo, el hecho de que en la formación política de sus cuadros se discuta a Gramsci y otros grandes pensadores marxistas es un signo del compromiso ideológico con el pensamiento de izquierda. En efecto, MORENA no será el prototipo del “Príncipe moderno” del que hablaba Gramsci, pero el esfuerzo de sus militantes de base y el trabajo de los intelectuales del partido para construir un proyecto político hegemónico no debe soslayarse. Son los intelectuales de izquierda:

(…) los encargados de ayudar a generar la autoconciencia crítica en la masa, estos son sus organizadores y dirigentes. El concepto de intelectual adquiere en Gramsci una significación nueva, no es ya el puro orador, el especialista, sino aquel que suma a estas características la cualidad de ser político, es decir, dirigente (Albarez, 2016, p. 159).

En sus líneas de acción política, esta concepción gramsciana sobre el partido político y los intelectuales orgánicos de izquierda lo vemos planteado en los diez puntos del programa de MORENA, a grandes rasgos, se propone la recuperación de la vocación social del Estado, combate frontal a la corrupción, construir una democracia participativa, la defensa de la soberanía nacional, un nuevo modelo económico y una reforma ética y política. Para cerrar este punto, Gramsci (1980) planteaba: “los puntos concretos de programa deben ser incorporados en la primera parte, es decir deben resultar dramáticamente del discurso y no ser una fría y pedante exposición de razonamientos” (p.15).

El discurso de los intelectuales de la derecha mexicana: el populismo como enemigo

Durante los cuarenta años ininterrumpidos de aplicación de políticas económicas neoliberales en México, el Estado fue perdiendo de manera sistemática y profunda sus potestades como el ente público garante de los derechos sociales de la población mexicana. La idea de que la “mano invisible” del mercado solucionaría la mayoría de los problemas sociales fue difundida con gran éxito por los medios de comunicación corporativos e intelectuales orgánicos de la derecha mexicana, que promovían en todo momento las bondades de la apertura económica. “Así, divulgaron criterios tan absurdos como la supremacía del mercado, la utilización del Estado solo para proteger a las minorías privilegiadas y que las privatizaciones eran la panacea” (López Obrador, 2012, p.17). Sin embargo, la implementación de estas medidas tuvo un alto costo social para las masas populares, desaparecieron los programas sociales y subsidios a los grupos vulnerables. La corrupción fue la base principal de los negocios efectuados durante el periodo neoliberal. La articulación entre el poder político y económico en los procesos de privatización de los bienes nacionales y en la elaboración de leyes para legalizar la corrupción en el cual participaban, motivó la indignación de las masas populares de la sociedad mexicana.⁷ La aplicación de la liberalización económica, la venta de las empresas propiedad del Estado y las políticas de austeridad aplicadas únicamente a las obligaciones sociales del Estado (salud, educación, vivienda, etc.), representaron una erosión de las garantías sociales que fueron ganadas después de décadas de luchas populares.

En este contexto de cambio político, durante la campaña presidencial de julio del 2018, numerosos comentaristas e intelectuales orgánicos de la derecha del régimen neoliberal, construyeron un discurso político en donde presentaron como una “tragedia” para México si el político izquierdista Andrés Manuel López Obrador triunfara en los comicios presidenciales de ese mismo año. Ríos de tinta corrieron en esa dirección: retroceso democrático, populismo autoritario, endeudamiento y derroche económico eran las principales acusaciones contra el candidato puntero en campañas negativas de aquel proceso electoral. Los ataques no eran nada nuevos, se volvió a echar mano de artículos o ensayos que trataron de ridiculizar al entonces candidato y a sus seguidores. Los intelectuales de la derecha son los que implementaron y legitimaron la ideología neoliberal en la cultura mexicana desde 1998 con el ascenso al poder presidencial del priista Carlos Salinas de Gortari (Lemus, 2017), y quienes a la vez escriben contra los proyectos políticos de izquierda en México. Los intelectuales de la derecha mexicana son la oposición ideológica al proyecto de izquierda de Andrés Manuel López Obrador desde la década de los noventa del siglo pasado. De esta manera se construyó la figura peyorativa de “el mesías tropical” en una matriz discursiva antipopulista, ensayo escrito por el historiador conservador Enrique Krauze en el año 2006.⁸ Aquí un fragmento de ese texto:

El inconsciente colectivo de muchos mexicanos está arrastrando a López Obrador al desequilibrio, exigiéndole cumplir expectativas mesiánicas: “Acá Andrés Manuel es como una creencia, nosotros pedimos en la iglesia para él” – dijo una mujer de la comunidad Pentecostés, durante la gira por Tabasco-. “Yo que soy católica también pido que gane”, dijo otra. “México necesitaba un mesías, ya llegó López Obrador”, decía una pancarta en el pueblo natal de Juárez. Pero él ha sido el primero en alentar esas expectativas y en creer que puede cumplirlas. “Ungido”, más que electo, por el pueblo, podría tener la tentación revolucionaria y autocrática de disolver de un golpe o poco a poco a las instituciones democráticas, incluyendo la no reelección (Krauze, 2006, p.18).

En el 2018 Héctor Aguilar Camín, considerado como el principal intelectual orgánico del régimen de Carlos Salinas de Gortari, escribió un artículo titulado “La disputa por la nación, 1988”. Así lo recordó recientemente Héctor Aguilar Camín:

El año de 1982 fue desastroso para la alternativa “nacionalista” que Carlos Tello y Rolando Cordera planteaban en su libro La Disputa por la nación, como una de las grandes alternativas del desarrollo mexicano. Aquella vía implicaba una reactualización del proyecto cardenista de los años 30 con vastas reformas económicas y sociales bajo la batuta de un Estado activo, conductor del proceso.

La herencia para el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) fue un Estado en quiebra, endeudado hasta la parálisis y una economía y una sociedad castigada por graves desequilibrios económicos, inflación, devaluación y bajo crecimiento. El péndulo giró de la expansión estatista a su polo contrario: el de la reducción del Estado y la liberalización de la economía: el rumbo de lo que Tello y Cordera llamaban en su libro la vía neoliberal. En los años siguientes esa vía sería asumida con vigor político inesperado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta culminarla con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1994 (Aguilar Camín, 26 de abril de 2018, Milenio,s/p)

Para concluir, las opciones que estaban en disputa según Aguilar Camín eran las siguientes:

1. 1. Democracia o corporativismo. 2. Derechos de los ciudadanos o fueros de las corporaciones. 3.División de poderes o presidencialismo omnímodo. 4. Cultura electoral de votos libres o cultura clientelar de votos asignados. 5. Mercado y precios reales o economía de subsidios. 6. Agricultura capitalista o reforma agraria. 7. Liberalización comercial o proteccionismo industrial. 8. Integración con el exterior o aislacionismo productivo. 9. Estado débil, subsidiario, recortado o Estado fuerte, rector, asistencial (p.36).” Eran los polos de la disputa por la nación de entonces y en muchos sentidos transfigurados por la historia vivida, son también los de la disputa de ahora (Aguilar Camín, 26 de abril de 2018, Milenio, s/p).

Un dato que no debemos dejar pasar, efectivamente, es que el soporte ideológico de la “modernización neoliberal” encabezada por Salinas de Gortari (1988-1994) la otorgó Héctor Aguilar Camín con la publicación de su libro Después del milagro (1989), mencionando que se avizoraban cambios en el modelo de desarrollo y particularmente, cambios profundos en la estructura del Estado mexicano:

Un cruce de referencias entre el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y el libro de Aguilar Camín revela el modelo de interpretación pragmática de la historia desde la óptica del desarrollo y los dos documentos comparten la conclusión de que México por sí mismo nunca podrá tener un desarrollo con sentido social no populista (Ramírez, 27 de agosto de 2020, Indicador Político, s/p).

En cambio, el discurso de Andrés Manuel López Obrador se estableció con base en la oferta hecha al electorado de recuperar el papel del Estado como garante de los derechos sociales reconocidos constitucionalmente y proponer reformas para que los recursos energéticos sean de uso exclusivo de la nación. La sola propuesta de reforzar la presencia del Estado en áreas estratégicas como la política energética y los derechos sociales han sido aspectos “muy mal vistos por los críticos conservadores y afines al neoliberalismo, en tanto para ellos las propuestas de nacionalización rompen con la libertad de los mercados” (Moreno, 2018, p. 118).

Desde la teoría política de lo popular en Nicolás Maquiavelo, John P. McCormick (2022) ha señalado: “Maquiavelo demuestra de forma bastante convincente que los gobiernos populares son el objetivo constante de (aunque no utilizó el término) «vastas conspiraciones de la derecha», en todo lugar y en todo momento” (s/p). Esta lección histórica de Maquiavelo cobra vigencia en el contexto político latinoamericano con los gobiernos progresistas, ya que los intelectuales de la derecha construyen un discurso de oposición y poder contra las políticas progresistas, como también lo observó Gramsci en sus análisis políticos. El discurso nacional-popular de Andrés Manuel López Obrador: política exterior y el Estado con vocación social

A pesar de estas guerras de posiciones ideológicas contra el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador es electo popularmente con el 55% del voto válido y su coalición “Juntos Haremos Historia” obtienen el triunfo en las elecciones presidenciales del 2018 (Moreno, Uribe y Wals, 2019). Al tomar posesión el 1 de diciembre de 2018, en su discurso ante el Congreso de la Unión, AMLO expresó lo siguiente:

Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices, es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados (López Obrador, 2018).

Sin lugar a duda es un cambio muy importante en relación con el comportamiento histórico mostrado por el Estado neoliberal hacia las masas populares en México, que fueron excluidas durante la aplicación de las medidas económicas antes mencionadas. La fórmula de menos Estado y más mercado estaba siendo fuertemente cuestionado por un nuevo proyecto político popular y legítimo desde el ángulo de la democracia electoral. Prueba de ello fue el paquete de reformas constitucionales impulsadas por el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer “el Estado de Bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y la seguridad social” (López Obrador, 2018). A la par de los derechos sociales consagrados en la Constitución, se han impulsado leyes que buscan la soberanía energética para romper con la dependencia que en ese ramo dejaron los regímenes neoliberales a la actual administración. La reforma constitucional a la actual Ley de la Industria Eléctrica va en esa dirección, en ella se incluye al litio, cuya propuesta legislativa es que la administración de estos recursos esté a cargo de la rectoría del Estado mexicano (Nuñez, 2021). Otro punto importante es que ya no se otorgarán más concesiones para la explotación minera. Esta reforma, Gramsci (1999) la conceptualizaría de la siguiente manera: “opera esencialmente sobre las fuerzas económicas, que se organiza y se desarrolla el aparato de producción económica, que se renueva la estructura y son reformas que operan como parte de un proyecto global de transformación civilizacional” (p.25).

Para López Obrador (2019b), el Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes: por un lado, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente; ello redundará en mejor educación, salud y calidad de vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo, y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar (p.142). En nuestras sociedades latinoamericanas, todo proceso de lucha política, dentro de un ambiente democrático, tiene por objetivo llegar al poder a través del Estado. Moreno (2018) dice que “la autoridad estatal es un elemento fundamental para transformar las condiciones imperantes, no para expandir el Estado hasta sus últimas consecuencias, sino para utilizarlo como una herramienta de transformación, en un contexto en el que existe oposición política conservadora” (p.121).

Existen características propias de los gobiernos nacional-populares, que se adecuan al proceso político actual de la Cuarta Transformación. Entre estas características de lo nacional popular Moreno (2018) destaca las siguientes:

Postulación de una política estatal de integración socioeconómica de las mayorías populares, basada en la creación de una institucionalidad destinada a dotar servicios y bienes públicos como salud, alimentación, educación y empleo. Propuesta política-programática de fortalecimiento del Estado como agente económico activo y de control en las economías nacionales. Estas propuestas se mueven dentro de un esquema de organización económica capitalista, aunque presumiblemente buscan también una transformación hacia alternativas económicas posneoliberales y poscapitalistas (pp.124-125).

En lo que se refiere a las políticas estatales de integración socioeconómica de las clases populares, Andrés Manuel López Obrador lo ha articulado en un discurso nacional-popular, que funciona como una matriz discursiva no de carácter tecnocrático, sino más bien apelando al pueblo y a su sentido común. En la narrativa de AMLO:

Vuelvo a proclamar, por convicción, humanismo y por el bien de todos, primero los pobres. Sólo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético, pero no sólo eso; sin justicia no hay garantía de seguridad, tranquilidad ni paz social. Dejemos a un lado la hipocresía neoliberal y reconozcamos que al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir omitiendo la justicia social de las obligaciones del gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No es ético ni lícito defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos (López Obrador, 2019a, s/p).

En el marco de la emergencia sanitaria mundial provocada por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, AMLO presentó su Segundo Informe de Gobierno, en medio de críticas de la oposición por no rescatar a los grandes capitales nacionales mediante el endeudamiento público. En su discurso, el presidente López Obrador (2020a) dijo lo siguiente:

Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una formula distinta, peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo. Ahora, todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo.

No obstante, nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos, por medio de los programas sociales, a 23 millones de familias. Imagínense cuantos adultos mayores han podido observar la reclusión sanitaria por contar con el derecho a recibir una pensión, así sea modesta (s/p).

Durante los años de dominio de las políticas neoliberales, la otrora respetada diplomacia mexicana se desdibujó construyendo una política exterior que respondía a los intereses norteamericanos. Este vuelco se dio, precisamente durante el gobierno de la alternancia, encabezado por Vicente Fox (2000-2006). Paradójicamente, el único acto soberano del sexenio foxista con respecto a las exigencias norteamericanas fue su oposición a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados en el año 2003.

Regresando a los llamados a la cooperación política y económica en América Latina y el Caribe. Un hecho que motivó críticas de la oposición política fue la invitación que el presidente López Obrador extendió a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, para presenciar el desfile militar durante la ceremonia de conmemoración del 211 aniversario de la Independencia de México. A continuación, se presentan las partes medulares del discurso del presidente de México durante el acto conmemorativo:

Por esas singularidades de nuestra historia, la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del Grito, y no la consumación de la Independencia nacional. A los mexicanos nos importa más el iniciador, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a la élite, a los de arriba, y sólo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo fue otra cosa, a él le tocó, con Allende, Aldama, Jiménez y otros dirigentes populares, enfrentar a la oligarquía dominante y proclamar la abolición de la esclavitud.

Nosotros, los mexicanos, nos sentimos orgullosos de este héroe y de muchos más, porque aquí en México, como en ninguna otra parte, el movimiento independentista no se inició por simples reacomodos en las cúpulas del poder, ni se gestó únicamente por un sentimiento nacionalista, sino que fue fruto de un anhelo de justicia y de libertad. Por ello, el grito de libertad y justicia va antes que el de la Independencia política.

El día de hoy recordamos esa gran gesta histórica y la celebramos con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera.

Ya he dicho y repito: podemos estar de acuerdo o no con la Revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que, por su lucha en la defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad, y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad (López Obrador, 2021b, s/p).

La prioridad que las administraciones gubernamentales mexicanas anteriores dieron a la relación económica, política y diplomática con los Estados Unidos, provocaron un fuerte distanciamiento con las naciones latinoamericanas y caribeñas. Con el regreso del PRI a los Pinos en 2012, el gobierno de Enrique Peña Nieto en un gesto de distención y buena voluntad canceló el 70% de la deuda por préstamos hechos al gobierno cubano. Ahora, el actual gobierno mexicano, sin descuidar la relación con los Estados Unidos, ha tendido puentes de entendimiento con las naciones latinoamericanas y caribeñas.

Otro evento destacado en materia de política exterior es el del 18 de septiembre del 2021, en donde México fue anfitrión de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La reunión se realizó en Palacio Nacional, Ciudad de México. A continuación, las partes centrales del discurso de AMLO ante la CELAC:

La propuesta es sencilla: se trata de reactivar pronto la economía en nuestro continente para producir en América lo que consumimos. Las ventajas son muchas, contamos con fuerza de trabajo joven y creativa; hay buen desarrollo tecnológico; somos un continente rico en recursos naturales, con una amplia diversidad cultural; las distancias entre nuestros países nos permiten ahorrar en fletes y, reitero, existe suficiente demanda de mercancías en nuestros mercados.

Solo se requiere hacer una planeación conjunta con la participación de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros, pedir a estas instituciones la elaboración de un plan con el objetivo superior de promover la comunidad económica, financiera y comercial de los países de América.

Por último, esta integración productiva con dimensión social debe contar con el componente de inversión para el bienestar de todos los pueblos de América, bajo el criterio de que el progreso sin justicia es retroceso. Se trata de ir hacia la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Pienso, pues, que es el momento de terminar con el letargo y plantear una nueva y vigorosa relación entre los pueblos de América. Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América, sin vulnerar nuestras soberanías (López Obrador, 2021c, s/p).

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, en virtud de que México fue elegido para presidir ese importante organismo internacional. En su discurso, el presidente de México declaró que en los próximos días presentaría ante la Asamblea General el «Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar», con el objetivo de obtener respaldo de otros países miembros, así como de la comunidad internacional. Mencionó que dicho plan permitiría apoyar al menos a 750 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema a lo largo del mundo.

Dicho debate también contó con la participación del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, quien además de hablar respecto a los efectos negativos de la pandemia, concordó con el presidente de México en que «la riqueza no es contagiosa», haciendo referencia a la desigualdad global, la cual es un tema vital, ya que recordó que mientras naciones ricas aplican ya una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, únicamente el 5% de la población africana cuenta con el esquema completo. Aquí la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador:

Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo; que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo; que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta. Con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación atendiendo las causas y no solo las consecuencias (López Obrador, 2021a, s/p).

Acorde con el debate abierto en materia de política exterior sobre el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, se planteó que la exclusión, desigualdad y conflicto son las causas de las crisis políticas. Asimismo, AMLO presó ante la Asamblea General su “Plan Mundial de la Fraternidad y el Bienestar”, dando a conocer algunos puntos:

La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4 por ciento de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares (López Obrador, 2021a, s/p).

Algunos autores sostienen el regreso del Estado de bienestar con la Cuarta Transformación, no obstante, en la presente investigación se argumenta más bien que se trata de un intento por construir un Estado con vocación social (Portantiero, 1983). “Estamos poniendo en práctica el mandato constitucional, según el cual, el Estado tiene la responsabilidad de promover y encauzar el desarrollo económico nacional” (López Obrador, 2019b, p. 102). El mercado es bueno para producir, pero no para distribuir, por eso pensar que el Estado debe mantenerse al margen y sólo preocuparse por crear las condiciones para facilitar las inversiones y garantizar las ganancias del capital internacional es adverso a un proyecto político nacional-popular. Estas políticas han sido excluyentes para las mayorías en Latinoamérica. Para desacreditar a los Estados desarrollistas o keynesianos, los ideólogos del neoliberalismo construyeron la narrativa de que todo lo público era corrupto, mal manejado, que provocaba endeudamiento y no había otra salida más que achicar al Estado.

Debido a la crisis fiscal y la incontrolable inflación los Estados latinoamericanos aceptaron las recetas del llamado Consenso de Washington: privatización de las empresas públicas, desregulación económica, contención salarial, recortes al gasto público y combate al déficit fiscal. La implementación de esas medidas, más conocidas como políticas de ajuste, provocaron shocks económicos y el desplome de los niveles de vida de las masas populares. México no fue la excepción, así para López Obrador (2019b): el régimen neoliberal se ocupó básicamente de dirigir toda la acción del gobierno hacia operaciones de traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con el engaño de que ello nos traería prosperidad.

Si bien surgieron atisbos de esperanza de que algo podría cambiar con el levantamiento zapatista de 1994, la crisis económica de 1995 evidenció que el modelo neoliberal estaba en crisis, sin embargo, la propuesta de solución al desplome económico de ese mismo año fue profundizar las reformas económicas neoliberales. Aparecieron grupos de deudores de la banca, principalmente micro y pequeños empresarios endeudados en dólares, pero el movimiento más importante fue El Barzón, que buscaba una solución digna a los problemas de cartera vencida de los agricultores con bancos privados, del extinto Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros. El hartazgo social provocado por la crisis económica y social en México permitió que llegara al gobierno un partido distinto al PRI en las elecciones del año 2000. Vicente Fox y el PAN llegaron al poder, pero muy poco o nada cambió durante el sexenio. Ahí surgió el liderazgo de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien demostró que se podía gobernar de otra manera y poner a los más desfavorecidos como prioridad de las políticas sociales del Estado.

Ya en el ejercicio del poder se ha planteado que “las reformas constitucionales que ha promovido el actual gobierno tienen como propósito ajustar el marco legal a la nueva política económica y social que estamos aplicando” (López Obrador, 2019b, pp. 88-89). Los cambios institucionales más importantes que se han generado con la Cuarta Transformación son: la austeridad republicana; la cancelación de la reforma educativa; la revocación de mandato; la consulta popular; la desaparición del outsourcing y la prohibición de condonar impuestos. Para López Obrador (2019b):

El nuevo marco legal, en los hechos, es una nueva Constitución acorde con las demandas y la voluntad del pueblo, que decidió emprender la Cuarta Transformación de la vida pública del país por medio de las vías institucionales y legales (p.89).

El regreso del Estado a sus funciones como garante de los derechos sociales ha significado una crítica política al modelo neoliberal. A grandes rasgos, la intervención del Estado se limitaba a facilitar los negocios y garantizar las ganancias del capital global. La emergencia de la pandemia por COVID-19 mostró de una forma muy dura y cruda los excesos del neoliberalismo global y los problemas que se pretendían resolver con este modelo económico en vez de haber desaparecido se profundizaron todavía más. La brecha entre ricos y pobres aumentó considerablemente, el deterioro ambiental se ha agudizado en niveles nunca vistos. Particularmente, la pandemia desnudó el abandono de los sistemas públicos de salud en gran parte del mundo como efecto de las políticas neoliberales. La privatización de los servicios de salud, lejos de mejorar la atención médica a los pacientes, se convirtió en un jugoso negocio para las empresas farmacéuticas transnacionales y las aseguradoras privadas (Navarro, 2020). Para terminar este punto, con todas sus carencias y limitaciones, los sistemas públicos de sanidad fueron los que estuvieron en la primera línea de la lucha contra la pandemia. En México, no fueron los sistemas privatizados, sino más bien los sistemas públicos de salud del Estado quienes ofrecieron la cobertura universal en esta pandemia. La visión de la presencia del Estado como promotor del desarrollo no es nueva, para López Obrador (2020b) el Estado debe:

Tener como propósito principal la promoción del desarrollo para garantizar el bienestar del pueblo. Debemos reconocer -a contrapelo del dogma económico- que en cualquier país el Estado es fundamental para el bienestar de la población y que, en una nación como la nuestra, con tantas desigualdades, la intervención del Estado resulta indispensable para la supervivencia de muchos (p.26).

Para los grupos de interés que fueron favorecidos con la implementación de las políticas de libre mercado, producto de su relación cercana con el poder, no ha sido bien vista esta situación y han construido un discurso sobre el regreso del “Estado omnímodo”, que asfixia a la iniciativa privada y pone en riesgo los logros conseguidos en cuanto a libertades democráticas y desregulación económica.

Sin embargo, la visión del Estado con vocación social ha sido defendida por el presidente de la República, argumentando que bajo la Cuarta Transformación:

En esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no es gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Es y será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unos y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a termino que se le presentan a un afortunado entre muchos y puede ser aprovechadas o no; los derechos, en cambio, son inmanentes a la persona y al colectivo, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio (López Obrador, 2020b, p. 27).

Para hacer efectivo este argumento, se modificó el artículo 4º constitucional, para que los programas sociales sean derechos inalienables de toda la población mexicana. Al respecto, se anunció:

La reforma al artículo 4° de la Constitución, para otorgar, por mandato legal, pensiones a todos los adultos mayores del país, así como a niños y niñas pobres con discapacidad; becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos y garantía del derecho a la salud a todos los habitantes del país, con atención médica y medicamentos gratuitos. Es la reforma social más importante de los últimos tiempos” (López Obrador, 2020b, p.27).

Como había señalado Gramsci la construcción de un proyecto político hegemónico pasa por un proceso político de lo nacional-popular, la apelación al “sentido común” para constituir el apoyo popular que permita la transformación de la vida social a través del nuevo Príncipe y, por consiguiente, del Estado. El actual gobierno de izquierda en México autodenominado la Cuarta Transformación se presenta como una alternativa social y económica al paradigma predominante del neoliberalismo. México se encuentra en ese proceso democrático en nuestros días, al igual que los actuales gobiernos progresistas en América Latina.

Conclusiones

Los cambios actuales en la correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe son clave para investigar los alcances sociopolíticos de los proyectos progresistas con carácter nacional-popular. Si bien es cierto que las singularidades políticas de cada país son complejas y diversas, nuestra investigación se concentró en el caso de México para explicar las condiciones de posibilidad que se han construido en torno al movimiento político de la Cuarta Transformación, para constituir una hegemonía nacional-popular. Desde el punto de vista del análisis político encontramos que el vocabulario político-conceptual de Antonio Gramsci es de gran actualidad para dar cuenta de la política progresista latinoamericana, y en especial, el proceso político en curso que se está dando en México con la llegada al poder en el 2018 de Andrés Manuel López Obrador.

Las condiciones de posibilidad de lo nacional-popular se entienden como aquellas estrategias políticas que ha emprendido la Cuarta Transformación, y que se expresan en una matriz discursiva generadora de significados políticos, que Gramsci considera cruciales para constituir un proyecto político hegemónico. En ese sentido, se encuentra que el Estado se convierte en el actor fundamental para la Cuarta Transformación, como una respuesta al modelo neoliberal que ha predominado en México desde la década de los ochenta. No obstante, en México, la existencia de una antigua clase intelectual ideológicamente ubicada en la derecha y con un discurso promercado consustancial al neoliberalismo, actualmente juega el papel de ser la oposición al movimiento de la Cuarta Transformación y a las políticas implementadas por Andrés Manuel López Obrador. Como hemos mostrado el discurso de la derecha se centra en caracterizar la política de AMLO y, por consiguiente, de la Cuarta Transformación, como populista en un sentido peyorativo. Como señala Gramsci, el campo cultural e intelectual son espacios de poder que se disputan políticamente cuando se trata de establecer un proyecto nacional-popular.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vivido la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, de ahí que ha destacado el papel del Estado como el agente para garantizar la protección social de los grupos vulnerables. También se destaca el giro en la política exterior, fundamentalmente, volviendo al ideario político de la integración regional y un discurso de la lucha contra la pobreza y la desigualdad a nivel internacional. De ahí la importancia de los foros de la CELAC y de la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para llevar el discurso de sustento nacional-popular al plano internacional. Andrés Manuel López Obrador ha logrado colocar su discurso político entre los países de América Latina y el Caribe en un momento crucial en que la política progresista ha obtenido triunfos electorales en países como Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Honduras, y como hemos señalado, la probabilidad de que en Colombia gane la izquierda del Pacto Histórico.

Finalmente, nuestra intervención teórica-metodológica ha mostrado que las categorías del pensamiento político de Antonio Gramsci tienen capacidad explicativa, de manera tal que el análisis político recupera la lucha por construir hegemonías políticas en un momento crucial para América Latina y el Caribe, en donde los grupos de interés económicos y políticos de las élites desean mantener el statu quo del neoliberalismo, de ahí la relevancia de analizar los discursos de sus intelectuales orgánicos de derecha. Probablemente el proceso político de México a través de la Cuarta Transformación y su líder Andrés Manuel López Obrador, sean las disputas políticas futuras por la hegemonía que se darán en América Latina y el Caribe con la llegada de nuevos gobiernos progresistas.

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Notas