Introducción

Con un territorio de 5,626.9 kilómetros cuadrados (INEGI, 2015), el estado de Colima se avizora como un punto estratégico para el crimen organizado debido al puerto por donde ingresan armas, cargamentos de cocaína, precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, mismos que a su vez dejan fuertes rastros de violencia y muerte, terror, desasosiego, crisis económica, social y política, lesionando así los entramados sociales que sustentan los gobiernos democráticos y las propuestas de transformación que implementan los gobiernos estatales.

El texto articula datos cualitativos con las herramientas teóricas referidas, para mostrar cómo ante gobiernos neoliberales que dejaron pasar durante años, y permitieron posicionarse a los grupos delincuenciales, dejaron crecer el fenómeno que llegó al punto de explotar en la actualidad, como resultado de la desatención de gobiernos anteriores.

Así, el propósito del presente artículo es cavilar sobre los esquemas de violencia que en los primeros meses del 2022 empezaron a suscitarse en la entidad de Colima, México, como resultado del posicionamiento del crimen organizado, que dejó a su paso no solo transgresión de la institucionalidad, sino también, influencia en los colimenses, tanto para sumarse a las actividades ilícitas, como para generar pánico y desasosiego, dando como resultado la normalización de las prácticas violentas y estrategias de atención estatal sin impacto alguno.

Violencia, resultado de un poder fáctico

En términos de Sigmund Freud, la violencia es “una disposición instintiva consustancial al ser humano” pues refiere que el tal se encuentra plagado de un odio que tiende a destruir a otros como instinto de autoconservación, por lo que estas tendencias agresivas en la humanidad, son inherentes a la misma, comprendiendo por tanto, que al no tener dominio de dicho temperamento, puede éste desencadenar en conductas lesivas a terceros, pues infiere que se trata de una condición propia para dirimir conflictos, en la que la agresividad lleva la voz cantante, pues la característica sobresaliente de esta condición es la actitud de competencia en el afán de dominar (Enríquez, 2020, pp. 148-149). Como podrá observarse en los tiempos actuales, es cada vez, más frecuente el encontrar un elemento de violencia en cada sector de la sociedad, cuando se busca la solución de problemas, en una idea errónea de querer posicionarse sobre las opiniones y acciones de otros.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Informe Mundial de la violencia y la salud del año 2002, la violencia es “el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause […] lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Organización Mundial de la Salud, 2002, p.5) Pero ¿qué significa violencia? El término violencia viene de vis, que significa fuerza (Martín-Baró, Blanco & Corte De la, 2003 Pp. 75), esto es, propio de quien “actúa con ímpetu y fuerza” (RAE, 2022) usando la fuerza física y/o moral con tanta intensidad que lleva implícita la intención de causar daño o lesionar a quien la recibe. Asimismo, la violencia, puede presentarse tanto en “…un solo sujeto como [en] una población entera”, siendo ésta de manera pasiva o activa, afectando de igual forma, de manera directa como indirecta, ya sea a la víctima o victimario, en ofensiva o defensiva (Bifani, 2004), actitud que, desde tiempos remotos, el ser humano ha adoptado como una medida de supervivencia, no solo física, sino emocional también.

Martín- Baró, Et. al (2003, Pp.94) realizó en su momento tres enfoques para comprender la manera en que la violencia se presenta: instintivista, ambientalista e histórica, encontrando así que esta manifestación era resultado del temperamento y las peculiaridades del ser humano, producto de su evolución como especie, esto es, como si se tratase de un instinto de conservación, donde los estímulos desencadenantes generan el comportamiento agresivo, y más aún, competitivo. Por otra parte, este mismo autor (2003. Pp. 108) -reflexionando a Bandura- refiere en sus postulados que, según los esquemas del aprendizaje social y vicario, los comportamientos violentos y/o agresivos son plenamente aprendidos de manera directa, o bien adquiridos de manera simbólica, mediante la contemplación de modelos de representaciones. De igual forma, refiere al enfoque histórico de la violencia, bajo una perspectiva psicosocial, considerando la disposición humana a la violencia y a la agresión, su contexto social, la generación social de la misma violencia, las causas de ésta y por supuesto, su institucionalización (Pp. 117-137). Tales elementos explican los motivos del porqué nos volvemos “sujetos de violencia”, encontrando así, raíces genéticas, pero también circunstancias externas que desencadenan de manera programada, planeada y consciente, comportamientos violentos. Más, la violencia generada por el narcotráfico -señala González (2013, Pp.6) - tiene diferentes “escenarios”, dado que no es exclusiva de espacios específicos, tampoco “…distingue clases sociales…”, y puede darse a cualquier fecha y hora, y en pleno anonimato, lo que acrecienta aún más la sensación de incertidumbre, temor y destrucción.

Así también, los poderes fácticos entendidos como aquellas fuerzas dotadas de un dominio “cuasimonopólico… [e] irreductible a derecho” (Tirado, 2021) y sin posibilidad de someterse a ninguna regla del Estado, son y serán siempre contraparte del mismo ente estatal, cuyo objetivo es contrario a los fines teóricos de dicha entidad institucional, pues “violan la legalidad” y promueven el rumbo de las naciones de acuerdo a sus intereses particulares, con el distintivo además de ser el blanco de las organizaciones que al servicio de los gobiernos enfrentan los embates de éstos. Por ello, referenciar narcotráfico es hablar de esquemas sólidos con sujetos dotados de un fuerte sentido de pertenencia entre sí, que le remite a prácticas de lealtad, con la existencia de “…códigos que norman los comportamientos, la obediencia, la responsabilidad, el respeto dentro de la organización…” (Salazar y Heinrich, 2014 pp-244), pero además, entendido como una “actividad ilegal y globalizada”, que nos lleva a comprender no solo la elaboración y/o fabricación, así como cultivo de enervantes, su distribución y/o venta, sino también la existencia de un gran mercado que genera fuerte competencia en cada rincón de la tierra, ajustado a las necesidades de éste, para poder ser y subsistir, generando de tal modo, una empresa mundial - cuya función se da de manera grupal y focalizada, en diferentes grados organizados de manera escalonada-, que trasgrede toda norma institucional, y que ejerce una gran influencia sobre otras esferas de la sociedad, incluso sobre el mismo Estado, pues sin duda alguna, se trata de “imperios multinacionales” que generan macro violencia, terror, drogadicción, enfermedades, problemas de salud pública, lavado de dinero, tráfico de influencias y corrupción; que excediendo además los límites del mismo Estado, “… irritan a los juristas porque atropellan la disciplina de los sistemas legales…” (Trejo. 2013. Pp. 224).

Cabe señalar, además que dichos “imperios” siempre buscarán en los territorios en que se asientan ciertas características que le permitan subsistir y ejercer funcionalidad, con el poder suficiente para cambiar y controlar las conductas y pautas de vida de toda una comunidad, pero sobre todo una práctica visible de “…corrupción, impunidad, zonas fronterizas abiertas para el negocio ilícito, autoridades complacientes y cuerpo de leyes laxas para el trato de los delincuentes que trafican con drogas o estupefacientes”, por lo que “…el espacio vital [para el crimen organizado] es útil por tres aspectos: complicidad, secretismo y lealtad ante el crimen organizado” (Fernández y Salazar, 2016. Pp.220), pues como bien señala Mohar (2018) “la manera en que se origina y desarrolla la delincuencia organizada responde a las características propias de cada país, su cultura, ubicación geográfica, la madurez de sus instituciones y su tejido social” (Pp.6). Por tanto, el narcotráfico ha pasado de ser “…una actividad mercantil ilegal, a representar […] un régimen brutal de dominación material y simbólica sobre comportamientos sociales, sobre los cuerpos, sobre el territorio, sobre las formas de significar el sentido de la vida y la muerte” (Mendieta, 2017 pp-48).

Es evidente además que ante la diversificación de sus operaciones (tráfico de armas, trata de personas, cobro de piso, tráfico de órganos, lavado de dinero, corrupción y soborno, entre otras) el narco no solo lesiona la salud de los consumidores, generando incremento de las estadísticas de drogadicción en cada entidad, ni lesiona solo la economía al generar pánico entre las comunidades y entre los empresarios ante la ola de violencia que desborda como parte de su actuar, sino que también lastima ante las secuelas de dolor que crea en aquellos que padecen de manera directa e indirecta el sinfín de delitos en lo que también se implica el crimen organizado. Geográficamente, afecta de igual forma a los países colindantes o vecinos, pues el mercado de éste requiere de los espacios y caminos de trasiego, haciendo uso de las fronteras, sin respetar legislaciones estatales, ni mucho menos los derechos humanos.

En la reciente historia de México en su lucha contra el narco, y en su afán de atender los reclamos de la sociedad que pide paz y sosiego en sus territorios de origen, los Estados han venido implementando medidas que lesionan aún más la construcción de ciudadanía y el aprovechamiento de los espacios públicos; recordemos la principal medida de los gobiernos implementada en el 2006, con la llegada de la militarización de las calles “… la policialización del ejército, la confrontación armada, la censura a los medios, los allanamientos judiciales…”, fueron parte de los factores que fortalecieron aún más ese temor social que por sí mismo la narcoviolencia ya había dejado en las comunidades desplazadas “…por la guerra contra el narcotráfico…” (Salazar, 2017 Pp. 415). Es por ello que, hablar de las secuelas del narcotráfico, es ahondar sobre extorsión y secuestro, contrabando, falsificación, corrupción, trata de personas y afines; más hablar de narcoviolencia implica reflexionar sobre las consecuencias que el primero deja: terror, impotencia, crisis institucional, pues representa muertes, miedo, cambios culturales y sufrimiento social, desapariciones forzadas, secuestros y torturas, y que hoy forman parte de la vida cotidiana de un sinfín de ciudadanos, lo que recrudece aún más, la reducción del nacionalismo.

Como sabemos, desde algunas décadas, los Estados de toda América Latina han sido azotados por el flagelo del narcotráfico, ocasionando una crisis social, económica y política que les ha obligado a reaccionar de manera tajante instalando un duro militarismo en todo su esplendor, como el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, entre otras, en Centroamérica, donde se pretende mantener control de las pandillas, del terrorismo y el crimen organizado, lo que no ocurre en el caso de México, donde la militarización de los cuerpos de seguridad pública no ha sido bien recibida, pues históricamente en los países centroamericanos la policía nace en la preparación de enfrentarse a este gran poder del narco, no así en la nación mexicana en que por el contrario, la milicia, habituada a atender situaciones de contingencia natural, termina siendo cooptada por el crimen organizado e insertado en las filas del narco, con una preparación suficiente para atacar las escasas medidas gubernamentales en contra de este flagelo, minando así, el desarrollo de las naciones.

Es así, que en México el crimen organizado - como parte de las prácticas corruptas que por varios años y sexenios se infestaron-, se encuentra vinculado y afianzado por una “debilidad institucional” que caracteriza a la nación, pues sin duda, el poder fáctico trabaja minuciosamente, identificando los quiebres estatales como origen de una inestabilidad declarada (Fernández y Salazar, 2016. Pp.222). Por tanto, no podemos avizorar esquemas de paz y certeza de la vida en todos sus aspectos, en tanto la “seguridad” se encuentre en manos de la corrupción, y las sociedades sigan en abandono, con miedo y sin bosquejos de retomar la vida tranquila.

Narcoviolencia en Colima: Del asombro y el terror, a la indolencia

Como bien lo analizan Salazar y Fernández (2016, p. 220) la “geopolítica del narcotráfico” siempre tendrá a considerar “un espacio territorial” que permita justamente el traslado de mercancías y una “salida expedita” del mismo, tomando en consideración además, que este “control del espacio” se encuentra estrechamente ligado al prototipo de ciudad y/o territorio que se pretende diseñar para la operatividad del mismo, con un control político, económico, cultural e ideológico de los pueblos que lo habitan, destacando que la producción y el consumo de drogas supone un importante desgaste para los consumidores; un poder con la capacidad organizativa para actuar en la inmediatez. Así, encontramos que tales espacios son construidos para establecer “redes de tráfico y distribución que dan forma a la realidad social […] haciendo de ella una realidad ajena, desconocida y de miedo ante los demás…” (Salazar y Heinrich, 2014 p- 237 -239).

Ese temor que penetra en los pueblos que durante décadas se distinguió por habitar un territorio tranquilo, dotado de playas y volcanes, rico en turismo, tradiciones y costumbres, que a la par de prácticas tradicionales identificaban a una sociedad pacifista, pero además, con la cualidad de poseer uno de los puertos más grandes del Pacífico, cuya generación de mercancías y comercio internacional representa más del 67% del PIB del país (Gobierno de México, 2023), mismo que también incorpora una atractiva y estratégica puerta para el ingreso y trasiego del narcotráfico, lo cual durante años y sexenio tras sexenio, se mantuvo en calma, hasta en los primeros meses del 2022, en la entidad que se analiza.

Luego del enfrentamiento entre internos, suscitado al interior del Centro de Reinserción Social ubicado en ciudad capital, el pasado 25 de enero de 2022, y en el que nueve reos perdieran la vida y otros más quedaran lesionados, a consecuencia de los disturbios, - lo que obedeció como respuesta de las autoridades, a realizar un operativo de revisión al interior del mismo, con la intención de “incautar artículos prohibidos, como armas, teléfonos celulares o drogas” - y sobre el que las autoridades mencionaron como una riña entre dos grupos rivales: el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un ala local de éste conocido como Los Mezcales-según información vertida a la sociedad, por parte de las autoridades de seguridad pública-, desatando así una ola de violencia que se recrudeció en la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez, con la aparición de narcomantas en las que se disputaban la plaza y el control por el estado, municipios a los que después se fueron sumando el resto.

Sin duda alguna, el estado de Colima, ubicado al oeste del país y limítrofe al norte con Jalisco, se vuelve punto de entrada en el Pacífico, de drogas y precursores químicos a Estados Unidos, por lo que se ha vuelto un flujo de células criminales que buscan controlar el último tramo de conexión entre México y el país vecino del norte, lo que ha venido a reflejar desde entonces a la fecha, un escenario de guerra, pues los habitantes salieron del asombro y la incertidumbre que les generaba el despertar con noticias de algún homicidio o personas baleadas o levantadas, para empezar a denotar tal atmósfera violenta como un esquema de terror, en el cual la sociedad se alertaba ante los enfrentamientos de los cárteles del narcotráfico, en una guerra declarada a través de narcomantas y narcomensajes dejados en los lugares más concurridos y visibles, en los que sin tapujo alguno se advertían que los enfrentamientos y venganzas entre éstos, continuarían; homicidios cometidos a plena luz del día y en lugares públicos, incluso cerca de las escuelas.

De esta forma, autoridades y medios de comunicación se limitaron en un principio a informar que la violencia se había desatado “…debido a la fractura de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación, cuando uno de sus grupos aliados se separó y le disputó el territorio”, sin más acción o información, que le generase seguridad y tranquilidad a las familias de la entidad, que día con día presenciaban balaceras, quema de viviendas, hallazgos de bolsas con restos humanos, decapitados, descuartizados, cuerpos encajuelados o con tiro de gracia a las puertas de escuelas y universidades, o incluso a metros de distancia de los edificios de seguridad pública. Así, todos los rubros se vieron lesionados: la educación, la economía, la libre circulación, la convivencia en los espacios públicos, el desarrollo de tradiciones y costumbres, entre otras. Como consecuencia de tales índices de violencia fomentada por la guerra entre cárteles del narco, las universidades y escuelas de nivel básico y medio superior, tanto privadas como públicas empezaron a cerrar sus puertas y a suspender clases presenciales -aquellas que apenas intentaban normalizarse después de atravesar la pandemia por covid-19-, obligando así, a un “toque de queda” voluntario, alentado por la sociedad misma; el sector económico se vio en la necesidad de reducir sus horarios de atención y servicios, solicitando además al gobierno estatal la implementación de medidas que hicieran frente a los embates del crimen organizado y retomar de esta forma la tranquilidad y la confianza que los colimenses habían perdido.

Como respuesta a las exigencias de la sociedad, el gobierno federal enviaría de manera inicial 600 elementos de la Guardia Nacional, 350 del ejército y 350 de la Marina, que sumados a los 675 elementos de la policía estatal, no lograron frenar las estadísticas diarias de homicidios dolosos, desaparecidos y descuartizados que aparecían sobre las calles, terrenos baldíos, al margen de carreteras y terracerías, denotando que estas acciones se generan desde un poder de facto que impone sus códigos de violencia, dictando pautas y rumbos en los territorios en que se asienta, y que se refleja en el desgaste del tejido social, poniendo en entredicho las acciones del gobierno, que no logra contenerlo. Así fue, como una de la entidades más tranquilas del país, llegó a posicionarse como una entidad a la que se recomendaba no visitar, pues llegó a ubicarse en su momento en el lugar número 14º de las 50 ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 59.11 homicidios por cada 100,000 habitantes, desbancando a ciudades mexicanas que por décadas se reconocieron por ser violentas, tales como Acapulco que se situaba en el lugar 16º, Irapuato en el 21º , León en el 22º , Chihuahua en el 30º , Morelia en el 34º , Cancún en el 40º , Culiacán 43º y Guadalajara en el 47º.

Hoy en día, los embolsados, descuartizados, baleados, torturados, levantados, etc., son parte de la cotidianeidad en la entidad colimense, que, sin mayor asombro, observa y percibe el contexto como el pan de cada día; atrás quedaron aquellos años en que el estado resaltaba por su amplio y diversificado turismo, que le generaba el figurar entre las entidades más visitadas y recomendadas por gobiernos nacionales y extranjeros. Todavía, a finales del 2022, el gobierno de la república, daba a conocer que la entidad seguía encabezando la lista nacional en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, con 295, esto es 409% más que, en el mes de marzo de ese año, disparándose esa cifra en tan solo 7 meses.

De esta forma, Colima pasó de ser una entidad con ambiente de paz, confianza y tranquilidad, a un estado de guerra, con predominio de cobro de piso a empresarios, cierre de negocios, enfrentamiento de cárteles sin medida alguna, con calles militarizadas; a la par de quema de terrenos, incendio de casas y negocios, abandono de cuerpos mutilados, localización de fosas clandestinas y casquillos de armas de grueso calibre sobre las calles, secuestros, desapariciones y demás; situación que se recrudeció con la captura de uno de los capos implicados, lo que trajo el aumento de quema de vehículos en diferentes puntos de la capital. Pero lo más insólito, es que la ciudadanía dejó de notar ese ambiente de guerra con temor, pues fue tal la magnitud de la narcoviolencia, que dejaron el asombro y continuaron sus actividades en un contexto “normalizado”.

Estrategias institucionales y ciudadanas

En “sociología del narcotráfico”, plantean Salazar y Heinrich (2014) que una de las limitantes del Estado para hacer frente a los daños directos de este poder fáctico es “la inmensa fragmentación social producto del individualismo […] libre para consumir, sin pertenencia a un lugar…” (pp. 243-244), aspecto que sin duda alguna ha denotado gran parte de la población para reforzar la existencia y posicionamiento en el territorio que se analiza el crimen organizado, pues la sociedad de la entidad observada, pasó del sentido de comunidad al ideario de subsistir como individuos, donde cada uno de ellos se protege así mismo, resuelve su seguridad sin importar que los demás no estén inmersos en ello, deseen o no sumarse a las medidas de protección social adquiridas por el mismo colectivo, ante la ausencia de un Estado, en el que poco confían ya. No obstante, en este caso no es único factor.

Si la creación del Estado tuvo en sus orígenes la finalidad de dar protección, certeza y seguridad a los ciudadanos para abandonar ese estado de guerra al que Thomas Hobbes hace alusión en sus postulados teóricos, ante la ausencia de un ente regulador que le permite vivir en su estado natural, ¿cómo podríamos aseverar entonces que la simple instauración de dicha institucionalidad asegura la existencia de paz y orden entre los pueblos? ¿Cómo enfrentar y resolver un problema de inseguridad de la magnitud que crea un poder fáctico internacional como el narcotráfico?

En un análisis vertido por Cossío (2017) referido al Estado de Derecho, se menciona la relevancia de materializar el conjunto legal del sistema normativo, así como asegurarse de que los titulares de los órganos del Estado conozcan plenamente la operatividad del orden jurídico, si se trata de evidenciar la existencia de un Estado de Derecho, donde las funciones sean cumplidas y definan lo que las mismas normas imponen, pues si las condiciones formales de la institucionalidad no están satisfechas, dicho orden jurídico no puede existir, dado que “los sujetos públicos y privados” que se someten a éste y que a la vez se obligan a aplicar, terminarán “ejerciendo” desviaciones que subjetivamente consideran estrategias. Por lo anterior, plantea que lo ideal “…supone […] una combinación de elementos ideológicos, políticos, jurídicos y prácticos, [donde] todo lo normado termina remitiendo al orden jurídico …”, de tal forma que, “…todo lo que suceda en una sociedad y se encuentre previsto en las normas jurídicas será admitido o rechazado según esas normas […] más allá de circunstancias personales o contextuales” (pp.58-59).

De acuerdo con Márquez (s.a.) “Estado y Derecho, son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad…” dado que “…el Derecho es la fuerza coercitiva del Estado…”, que castiga las desviaciones sociales y la violación de las normas establecidas por el pacto social, no obstante, refiere que el hecho de que “…una sociedad viva de acuerdo a sus leyes, a su Derecho positivo y vigente, no le garantiza el vivir en un “Estado de Derecho”, sino se está en un “Estado de Legalidad” (Pp. 211). Asimismo, Ríos, Enríquez, Espejel, y Galindo (2015 p. 2) señalan que en dicho Estado de Derecho es fundamental que todos los ciudadanos, “…incluidos los gobernantes y las instituciones…”, respeten y se sujeten a la ley; esto es, que los representantes del Estado respondan a lo establecido por las normas, que las diferentes instituciones del mismo se hagan cargo de las responsabilidades asumidas en tiempos de bonanza. Sin embargo, para el caso que se analiza, la primera respuesta que el Estado dio, fue el silencio en un principio, comprendiendo que la primera “estrategia” era precisamente, construir una, pues la toma de decisiones políticas en tal sentido, tendría resultados complejos y de alto riesgo, lo anterior, por tratarse de una entidad en la que por muchos años fue considerada uno de los principales territorios de descanso y paz, en la que por tanto, los gobiernos de antaño y los actuales no consideraron una prioridad el formar cuadros o funcionarios con el conocimiento y la experiencia para afrontar un poder fáctico, como el que hoy por hoy se ha asentado en el estado, máxime, cuando las administraciones de gobierno por tradición, acostumbran atender y enfrentar los daños, más que prevenir un problema; lo anterior, considerando que el puerto de Manzanillo siempre fue un factor de riesgo como entrada para el trasiego de drogas, sin mencionar su colindancia territorial con Jalisco y Michoacán, dos entidades con altos índices de narcoviolencia e inseguridad; penalizar la colocación de narcomantas, y la vigilancia de los operativos de los cuerpos policiacos fue una de las respuestas legislativas del Estado, con la intención de “enfrentar” el terror que la población colimense empezó a padecer a principios del 2022; sin considerar que el crimen organizado hace honor al calificativo y no deja cabo suelto para responder legalmente por sus acciones, pues no es apología del delito lo que al narco le interesa ejercer: la colocación de narcomensajes y amenazas en cartulinas y mantas colocadas en lugares públicos y visibles, siguen instalándose en puntos estratégicos de la entidad.

Como respuesta al gremio empresarial en el ramo restaurantero, el gobierno ofreció como una medida de atención, la implementación de cursos sobre el actuar en casos de balaceras u homicidios en espacios abiertos o al interior de los establecimientos comerciales, sin mayor respuesta para levantar el sector comercio en la entidad, generando más incertidumbre y expectativas del actuar de los funcionarios gubernamentales, en materia de seguridad, en espera de garantías para continuar con el movimiento económico.

Asimismo, se conformó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, misma que de manera periódica se fue dando a la tarea de mantener informada a la sociedad sobre: quema de enervantes asegurados, cateos domiciliarios y demás, a través de los diferentes medios de comunicación, que en cada rueda de prensa esperaban se informara una real estrategia en materia de seguridad- a la par de las medidas de militarización ya instauradas-, en donde prevaleciera el respeto a una sociedad que estaba a la expectativa y con el temor de ser criminalizado al resultar parte de las estadísticas de los daños colaterales que esta ola de violencia dejaba a su paso: altas cifras de homicidios dolosos, cuerpos en la vía pública, entre otros.

Lo cierto es, que, a pesar de las cifras de detenciones realizadas por las autoridades en esfuerzo coordinado por el Estado y la Federación, la narcoviolencia no ha cesado a pesar de haber invertido 200 millones de pesos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública², y se ha vuelto una constante en la entidad, pues es parte del día con día, despertar con al menos un homicidio, así como el incendio de vehículos, casas habitación, negocios, terrenos baldíos, y demás.

Cabe resaltar, que esa unidad y solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano, en tiempo de crisis como resultado de fenómenos naturales, no ha sido observable en la entidad desde que la narcoviolencia se arraigó en tierras colimenses, pues la postura de los grupos políticos de oposición, más que fortalecer las medidas gubernamentales emprendidas para enfrentar este flagelo social, han sido para denostar a las mismas, dejando de lado la objetividad y olvidando que las bases de este terrible escenario que padece dicho estado, no se asentaron a partir del primero de noviembre de 2021, a la llegada de la izquierda al poder; priorizando así, el golpeteo político en el afán de recuperar espacios en la inmediatez de lo electoral, y proponiendo iniciativas como la portación legal de armas para todos, con la intención de “armarse” ante la inseguridad; lo anterior, bajo la vulnerabilidad de un sector de la sociedad atemorizada por sus vidas y la de sus familias, ante los estragos de esta narcoviolencia que no termina, y minimizando en la propuesta, que la violencia no se reduce con más violencia; y por otro lado, frente a una parte de la sociedad que se ha acostumbrado a observar, padecer y sobrevivir en ese contexto violento que no parece disiparse, y que hoy por hoy, es ya característico de la entidad.

Conclusiones

Analizar la situación de la narcoviolencia en esta investigación, nos llevó a una revisión minuciosa de notas periodísticas y breves reportes que las instituciones de seguridad pública realizaban con el propósito de informar a la sociedad la causa de los acontecimientos de terror ocurridos en las calles, o en algunas ocasiones para tratar de mantener la calma entre las familias colimenses, lo que generó durante el desarrollo de tales propuestas reflexivas, algunas limitaciones en la investigación, pues teóricamente poco o nada se ha escrito previamente sobre el contexto de inseguridad en la entidad, la que pareciera no existir para el análisis.

Así, hablar de una crisis de gobernabilidad en el estado de Colima, ante la creciente ola de violencia producto del posicionamiento del narcotráfico en dicho territorio, sin duda implicaría responsabilizar en su totalidad a una administración vigente, que apenas empieza a comprender que el estado que recibió apenas hace dos años, no es el mismo que prevaleció durante años como el “paraíso” soñado de muchos. Más inferir una crisis social e institucional en esta entidad es posible, dado que como ya se mencionó líneas atrás, el abandono gubernamental legitima el crimen organizado, y la inserción de la violencia en la sociedad se ha incrustado acompañada de un poder de facto, que ha cooptado de manera considerable a jóvenes y adolescentes para poder ser y hacer en esta entidad, denotando que la crisis institucional primaria, nace en los primeros círculos educativos: la familia, pues para estudiar la historia social de dicho estado, es necesario remitirnos a una gama de valores y principios que durante muchos años le distinguieron socialmente.

Cierto es, que la sociedad misma espera del Estado una respuesta que le genere tranquilidad y certidumbre, que le remita a la paz que le fue arrebatada en los primeros meses del 2022, y reduzca ese temor social que propicia el cruce de balas en los lugares menos esperados, el sonido de la detonación de armas, de ambulancias y patrullas en avenidas y calles a cualquier hora del día, más también se vuelve necesario, reflexionar sobre la sociedad que hoy se conforma, analizar los casos de jóvenes, adolescentes y familias enteras que como parte importante de esta sociedad colimense, forman parte también de estas grandes células delincuenciales, que lesionan este espacio territorial en el marco de la globalización y sus embates, como génesis de la criminalidad, en busca de oportunidad ilícita que le remite sin duda alguna a lastimar a otros, minimizando así, el respeto a la ley y a las normas establecidas para vivir en civilidad, como responsabilidad de todos en su conjunto: gobierno, partidos políticos, instituciones, asociaciones civiles, ciudadanos y sociedad en general, para evidenciar el verdadero Estado de Derecho que figura siempre en los discursos políticos, pero que no termina por materializarse, en tanto la seguridad no sea un elemento característico de la entidad.

De tal manera, nos encontramos ante una corresponsabilidad por parte del ente estatal y las familias (las oriundas de la entidad y las que se asientan en el territorio), como primera célula de la sociedad, de esta narcoviolencia que en Colima llegó y se extendió, desapareciendo de la faz de la tierra de este espacio geográfico la paz de los colimenses, sin que autoridad alguna, -en el pasado y el presente- haya logrado -hasta ahora – implementar una estrategia de resultados que termine por minar la corrupción y la impunidad que le dan vida al narco y sus derivados; aunado a una sociedad dividida por los partidos políticos que prevalecen y que suman a las prácticas de discursos denigrantes, y no a la suma de esfuerzos, entendiendo que el recobrar la paz en un estado por tradición pacífico, como este que se analiza, es posible, solo en la unidad de los colimenses, quedando en el tintero la incertidumbre sobre el rumbo de la entidad y el desarrollo social de la misma, ante lo cual será necesario analizar ¿qué le queda al Estado por hacer, ahora?, y más aún, ¿cómo levantará la sociedad, la esperanza de una paz que se ha esfumado y parece no retornar (hasta el momento en que estas líneas se cierran)?

Finalmente, se plantea que una de las variadas limitaciones encontradas durante la realización de esta investigación, fue la nula oportunidad de dialogar con los sujetos implicados de manera directa en la generación de esta narcoviolencia, así como con las autoridades responsables de buscar y mantener el orden en la entidad, pues las condiciones de reserva de información, fue primordial para éstas, en la búsqueda de resolver y encontrar el rumbo perdido para regresarle a Colima, la paz que le caracterizaba y de que se habló durante décadas, a nivel nacional, pues al tratarse de un tema nuevo para el estado, se dio el exceso de reserva de información institucional, en la creencia de que se trataba de un hecho fortuito, que solo duraría unos días . Sin duda, las líneas de esta breve investigación, dejan abierta la oportunidad de continuar escribiendo al respecto, de analizar los diferentes esquemas lesionados y desgastados por la violencia del poder fáctico, de estudiar la distorsión de los usos y costumbres a partir de una narcocultura posicionada principalmente entre las nuevas generaciones; queda la incógnita de nuevas investigaciones sobre un Estado que pareciera haber llegado a la indolencia, ante la falta de eficientes estrategias gubernamentales para brinden seguridad y calma en todos los espacios públicos, pero sobre todo, investigaciones pendientes, sobre el futuro social de su gente.

Referencias

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Como citar: : Covarrubias Hernández, L. (2024). Colima violento: del temor a la indolencia. Sapientiae, 9(2), 236-245. www.doi.org/10.37293/sapientiae92.10

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