1.Introducción

El 1° de marzo de 2020, asumió un nuevo gobierno en Uruguay. El Frente Amplio (FA), el partido de izquierda que gobernó durante 15 años (2005-2020), fue desplazado en las elecciones nacionales de 2019 por una coalición de centro-derecha, integrada por cinco partidos (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente), liderada por Luis Lacalle Pou (PN) (Moraes & Pérez, 2021; Nocetto et al., 2020).

El nuevo gobierno no había terminado de instalarse cuando, el 13 de marzo, se conocieron los primeros casos de COVID-19. En medio de la tensa incertidumbre reinante, el gobierno convocó un equipo de medio centenar de expertos para elaborar la respuesta sanitaria a la pandemia. El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) funcionó durante un año y medio.

A mediados de 2021, aunque la pandemia estaba lejos de haber sido controlada, el gobierno y el GACH acordaron poner fin al grupo de trabajo. El gobierno en pleno tributó un reconocimiento público a los científicos y otorgó a los coordinadores del GACH una distinción especial.

La performance de Uruguay durante la pandemia fue brillante durante el 2020, pero mala durante el primer semestre del 2021. En definitiva, Uruguay terminó teniendo (Figura 1) aproximadamente la misma tasa de muertes por millón de habitantes que Francia o Suecia, menor que la de los países que fracasaron en el combate a la COVID-19 (como EEUU o Brasil), pero mayor que de los casos más exitosos (como Corea).

De todos modos, cuando se examina el resultado considerando otras dimensiones (como el desempeño económico y la percepción de la opinión pública), el manejo global de la pandemia en Uruguay fue considerado muy bueno en el concierto internacional. Según el ranking elaborado por la revista alemana Der Spiegel, Uruguay ocupa el puesto 11 entre los países que mejor manejaron la pandemia, siendo el único de la región entre los primeros 20. Este ranking toma en cuenta para cada país el exceso de mortalidad, las restricciones a la libertad impuestas por los gobiernos, las campañas de vacunación y la evolución de las economías (El Observador, 2021).

El caso de Uruguay tiene mucho de sorprendente. Dado que, como en otros países, la academia uruguaya está más cerca de la izquierda que de la derecha, no era obvio ni que el presidente Lacalle Pou tendiera un puente hacia los académicos ni que estos aceptaran colaborar con un gobierno de centro-derecha.

Fue sorprendente, también, que el Poder Ejecutivo rechazara la política de lockdown y apelara a la persuasión y al confinamiento voluntario. Fue inusual también la decisión de reabrir rápidamente los centros educativos y de autorizar el funcionamiento de diversas actividades económicas (como la industria de la construcción o los grandes centros comerciales) luego de definir los protocolos respectivos.

Además, la respuesta uruguaya a la pandemia dejó abiertas preguntas del mayor interés. ¿Cómo se tomó la decisión de instalar el grupo asesor?, ¿quiénes coordinaron el trabajo?, ¿cómo se organizó el GACH?, ¿cuáles fueron las reglas de juego acordadas entre el gobierno y los científicos?, ¿cómo se articularon las distintas dimensiones de la crisis (sanitaria, económica, social)?, ¿por qué fue cambiando la relación entre gobernantes y asesores?, ¿qué papel jugó, en esa dinámica, la lógica de la competencia política?, ¿qué nos dice el ciclo vital del gach del vínculo estructural entre ciencia y política en uruguay, es decir, de su régimen político de conocimiento?, ¿qué lecciones pueden extraerse sobre el control democrático de la ciencia a partir de esta crisis?

Como se verá a lo largo de este artículo, el gobierno convocó a los mejores asesores disponibles en el momento de máxima incertidumbre respecto a cómo enfrentar la pandemia. Los científicos, más allá de sus simpatías y antipatías políticas, decidieron colaborar. Gobierno y asesores acordaron, desde el comienzo y a iniciativa de los científicos, sus respectivas responsabilidades. Las tres condiciones más importantes formuladas por los científicos fueron:

• Limitarse al papel de asesores

• Tener absoluta independencia respecto al gobierno.

• Dar publicidad a sus recomendaciones.

Los aciertos del gobierno y de sus asesores permitieron que el país tuviera excelentes resultados en el control de la enfermedad sin detener completamente la economía ni el funcionamiento de la enseñanza. El parlamento siguió funcionando, y el gobierno impulsando, sin dar un paso atrás, el programa comprometido ante la ciudadanía durante la campaña electoral de 2019 (Garcé & Porzecanski, 2021).

Sobre fines de 2020, el miedo al contagio, el gran aliado en la política de confinamiento voluntario, empezó a disminuir. La actividad económica y la movilidad aceleraron su recuperación. En ese contexto, que coincidió con la llegada de nuevas variantes del virus, los contagios y muertes comenzaron a aumentar. El consenso acerca de la política del gobierno empezó a resquebrajarse. El GACH, que había logrado despolitizar el manejo de la pandemia y blindar las decisiones del gobierno, comenzó a sufrir críticas desde ambos polos, izquierda y derecha. Poco a poco, las diferencias entre las decisiones del gobierno y las recomendaciones del GACH fueron creciendo hasta volverse insalvables.

El gobierno, desde febrero de 2021 en adelante, satisfecho con los resultados sanitarios obtenidos hasta la fecha, confiando en la campaña de vacunación (que comenzó el 1° de marzo de 2021), decidido a reactivar la economía lo antes posible, atado al mástil de la promesa presidencial de velar por la libertad individual, se negó a tomar las medidas drásticas de disminución de la movilidad que proponía el GACH para el peor escenario, el de transmisión comunitaria del virus. En abril y mayo, Uruguay perdió el control de la epidemia y registró picos impensables pocos meses antes de contagios y muertes. El FA, simétricamente, incrementó la intensidad de sus críticas e instaló el debate público sobre las “muertes evitables”. Fue así que, en medio de una fuerte controversia política, llegó el final de la experiencia del GACH. De todos modos, desde julio en adelante, la campaña de vacunación hizo efecto, y la pandemia fue menguando.

Para entender cómo fue la respuesta uruguaya al COVID-19 hay que tener presente el Régimen Político de Conocimiento que caracteriza al país. Suele decirse que la pandemia fue un “cisne negro”, un evento infrecuente e imprevisible. La instalación del GACH y la convergencia entre asesores y gobernantes entre abril y diciembre de 2020, en alguna medida también lo fue, dada la distancia ideológica entre el gobierno actual y la mayor parte de la comunidad científica. El desenlace, en cambio, tuvo poco de imprevisible.

En Uruguay, a la corta o la larga, el peso de las identidades políticas y la dinámica de la competencia entre partidos terminan imponiéndose. Los partidos han sido, desde el siglo XIX, los actores más importantes del sistema político. Construyeron la democracia y el Estado. Han sido también fundamentales en la construcción de la prensa y de los sindicatos de trabajadores. Los partidos, especialmente en momentos de incertidumbre, convocan a los expertos, pero no delegan en ellos ni decisiones ni políticas públicas. El peso de los partidos es tan importante que ni la ciudadanía ni los líderes consideran que los académicos puedan actuar prescindiendo de sus identidades político-partidarias.

Para narrar el caso y desarrollar este argumento teórico, el artículo se organiza de la siguiente manera. En la segunda sección, se presenta el concepto de Régimen Político de Conocimiento, se repasa la discusión sobre democracia y tecnocracia, y se actualiza el debate teórico sobre el uso de conocimiento científico en las políticas públicas y su control democrático. En el tercer apartado, se reconstruye el ciclo vital del GACH y de su vínculo con las decisiones del gobierno: instalación (abril 2020), convergencia (desde abril a diciembre 2020), divergencia (desde enero a junio de 2021), disolución (junio 2021), poniendo especial énfasis en los rasgos del RPC uruguayo. Además, se presta especial atención a la discusión sobre el control ciudadano del asesoramiento de los científicos. En las conclusiones, se sintetizan los hallazgos y se discuten posibles consecuencias de la pandemia y del trabajo del GACH en el vínculo entre ciencia y política en Uruguay.

2.Política y conocimiento experto: regímenes políticos de conocimiento

El conflicto entre tecnocracia y democracia atraviesa los siglos y las fronteras, siendo tan antigua como las primeras elaboraciones registradas en la teoría política del ideal democrático. Los sofistas, Platón y Aristóteles ofrecieron respuestas diversas a la cuestión del vínculo entre opinión (doxa), conocimiento verdadero (episteme), justicia y política. Desde el Renacimiento en adelante, la tradición tecnocrática ha dejado nuevos testimonios gracias a autores como Francis Bacon en el siglo XVII, Saint Simon y Augusto Comte en el siglo XIX, o Thorstein Veblen en el siglo XX. Su desarrollo ha sido impulsado por el avance de la ciencia y la construcción del Estado en el capitalismo moderno.

Este último punto —el vínculo entre Capitalismo, Estado y Tecnocracia—, es uno de los argumentos principales de Bertsou y Caramani (2020). Según él, este conflicto debe ser comprendido, en última instancia, en el marco de dos grandes procesos históricos modernos: la revolución industrial y la revolución nacional. Caramani sostiene que

"La Revolución Nacional está en el origen de la ficción del demos y su soberanía [...] La Revolución Industrial lleva adelante otra ficción de varios siglos, realmente una <<utopía>>, de dirigir la sociedad [...] como una máquina, guiada por la creencia positivista en el progreso [...]” (Bertsou & Caramani, 2020: 1-2).¹

La combinación de estas dos revoluciones, la nacional e industrial, genera un conflicto entre la legitimidad y eficiencia, entre el principio igualitario de la democracia y el principio elitista de la tecnocracia. El gobierno representativo moderno es un intento por reconciliar esta dualidad.

2.1.El vínculo entre ciencia y política analizado desde una perspectiva ideacional

Para caracterizar la forma específica que asume, en cada país, el vínculo entre ciencia y política, Campbell y Pedersen elaboraron tipos de Régimen de Conocimiento (Campbell, 2004; Campbell & Pedersen, 2014). Sobre esa base, Garcé (2014) propuso el concepto de “Régimen Político de Conocimiento” (RPC). Ambos conceptos fueron formulados con la misma finalidad: contribuir a explicar por qué diferentes naciones generan y utilizan de manera diferente el conocimiento experto.

Las diferencias en los RPC de Alemania, Francia, EE. UU. y Suecia ayudan a entender el origen de las respectivas políticas sociales (Campbell y Pedersen, 2014). A su vez, el concepto de RPC ha sido empleado para poner de manifiesto las diferencias encontradas en el papel de los expertos a lo largo de la historia entre la democracia uruguaya y la chilena. Mientras Uruguay es un caso de RPC "plebeyo", Chile es definido como un ejemplo de RPC "tecnocrático" (Garcé et al., 2018).²

Ambos conceptos tienen una diferencia muy importante. El concepto de Régimen de Conocimiento (RC) pone el foco en el lado de la oferta. Refiere concretamente a la maquinaria de producción de información y soluciones de política pública de un país dado. A partir de estudiar las características de la oferta, que deduce a su vez de las características de la variedad de capitalismo y del régimen de políticas públicas de cada país, explica los principales rasgos del conocimiento experto disponible y su uso en las políticas públicas.

En cambio, el concepto de Régimen Político de Conocimiento (RPC) enfatiza, en cambio, el estudio de la demanda de conocimiento experto desde los hacedores de política pública, que deduce de las características de la élite política, en general, y de su cultura política, en particular. Las características de la demanda, a su vez, impactan en las de la oferta.

El "mapa" de enfoques en ciencia política propuesto por Parsons (2007) aclara la diferencia entre ambos. Este utiliza dos ejes en su matriz de análisis. El primero se deriva de la distinción clásica entre lo material (objetivo) y lo imaginado (subjetivo): "lógica de la posición" (lo real) versus "lógica de la interpretación" (lo imaginado). Los argumentos que siguen la lógica de la posición explican la política a partir de factores objetivos, mientras que los que siguen la lógica de la interpretación se apoyan en lo pensado o sentido, es decir, en factores subjetivos. El segundo eje se basa en la menos conocida distinción entre argumentos generales y particulares. La diferencia entre ambos enfoques radica en el lugar que le asignan a la situación concreta. Según esta matriz, Parsons identifica cuatro abordajes en la ciencia política contemporánea: enfoques estructuralistas (posición, general), institucionalistas (posición, particular), psicológicos (interpretación, general) e ideacionales (interpretación, particular).

El concepto RC no puede ocultar su linaje institucionalista en los términos de Parsons. Las instituciones económicas y políticas explican el tipo de conocimiento producido y su uso. Tanto el tipo de capitalismo construido (liberal o coordinado) como el régimen de políticas públicas (abierto y descentralizado, cerrado y centralizado) son factores objetivos y construcciones concretas, producto de la voluntad humana. El RPC, por su parte, tiene una filiación ideacional. Las ideas de la elite acerca del conocimiento experto explican la demanda de conocimiento, el tipo de "puente" entre conocimiento experto y políticas públicas. Ambos casos caen en la columna de los enfoques considerados particulares en esta matriz de análisis.

El concepto RC ofrece, por tanto, una respuesta desde el enfoque ideacional a la pregunta de cómo se utiliza el conocimiento experto en las políticas públicas de los distintos países. Debe ser colocado, por tanto, en el marco del ideational turn muy visible en la ciencia política desde comienzos de la década del noventa (Béland, 2019; Béland & Cox, 2011; Blyth, 2002; Campbell, 2004; Gofas & Hay, 2009; Parsons, 2003; Schmidt, 2008).³

Parsons (2007) define las explicaciones ideacionales en los términos siguientes:

“Las afirmaciones ideacionales explican las acciones rastreándolas hasta alguna constelación de prácticas, símbolos, normas, gramáticas, modelos, creencias y/o identidades mediante las cuales ciertas personas interpretan su mundo. Dado que estos elementos ideacionales son hechos por los humanos, al igual que las instituciones, también solo pueden fundamentar una lógica causal distintiva e irreducible en un formato particular, como consecuencia de acciones contingentes anteriores” (Parsons, 2007: 39-40).. Las distintas modalidades de producción y utilización de conocimiento experto en las políticas públicas de diversas naciones se explican a través de las ideas que sustentan la valoración de la ciencia por parte de la elite política. En el marco del concepto de Régimen Político de Conocimiento (RPC) según Garcé (2014), se pueden identificar al menos dos dimensiones importantes:

• Dimensión delegativa, se centra en la pregunta sobre la validez de delegar en expertos las decisiones de gobierno y el diseño de políticas públicas.

• Dimensión partidista, aborda la creencia de la elite política acerca de la posibilidad de que exista un conocimiento experto libre de intereses político-electorales.

Es crucial entender cómo la elite responde a estas preguntas para comprender sus entendimientos compartidos, creencias descriptivas y causales, con profundas implicancias políticas.

2.2.Conocimiento y valores: el escrutinio democrático de la ciencia como desafío

Conocer las respuestas que un sistema político dado ofrece a estas preguntas es clave. Por su lado, la literatura sobre ciencia y democracia ha venido dando un viraje de mucho interés. El excelente trabajo de Pamuk (2021), en este sentido, es especialmente esclarecedor. Su punto de partida es que el conocimiento experto es indispensable en las democracias:

"Nuestra capacidad para abordar algunos de los problemas más grandes de nuestros tiempos, como pandemias, cambio climático, biotecnología, armas nucleares o cuestiones ambientales, requiere depender del conocimiento proporcionado por científicos y otros expertos" (Pamuk, 2021: 5)..

No obstante, la confianza en el conocimiento experto como fuente de autoridad para las decisiones y políticas públicas plantea desafíos significativos. El conocimiento científico es inherentemente incierto e incompleto, y está más impregnado de valores de lo que los propios científicos suelen reconocer (Pamuk, 2021: 11). Además, el trabajo de las comunidades científicas puede estar sujeto a sesgos morales, y los valores predominantes en estas comunidades no siempre representan necesariamente los de la ciudadanía en general.

Para Pamuk, la tensión entre ciencia y política en las democracias modernas no se resuelve simplemente aceptando, a la manera de Weber o Habermas, que la ciudadanía establece los fines y la ciencia los medios: "mi objetivo es exponer el terreno intermedio difuso donde sería problemático adherirse a una división del trabajo en la medida en que los hechos y los valores son imposibles de separar" (Pamuk, 2021: 12). Según ella, es necesario encontrar formas de gestionar mejor la tensión entre ciencia y política, asegurando que los ciudadanos puedan controlar la ciencia:

“Así sostengo que los no expertos deben examinar las afirmaciones de los expertos, analizar el papel de los valores, las suposiciones subyacentes y la incertidumbre en el conocimiento científico disponible, y deliberar sobre lo que se considera una experiencia confiable en un contexto y para un propósito específicos. Tal escrutinio será posible solo si existen oportunidades reales para el disenso dentro de la comunidad científica y se cuentan con instituciones que faciliten la discusión y la evaluación de la ciencia en la esfera pública. Esto requiere imaginar reformas institucionales para reducir los obstáculos a la impugnación científica y prevenir la monopolización del conocimiento” (Pamuk, 2021: 12).. Para hacer posible el escrutinio ciudadano de las recomendaciones de los expertos es preciso iluminar mejor la conexión entre ciencia y valores. Aunque no vincula de modo explícito su argumento teórico con la literatura ideacional en ciencias sociales, es obvio que, para ella, las ideas juegan un papel decisivo. Los valores de los científicos (sus creencias normativas) influyen tanto en el momento de la generación de conocimiento como en el de su trasmisión hacia los decisores en el formato de asesoramiento.

Los valores de los científicos inciden en los resultados de la investigación de distintas maneras: formación de conceptos, desarrollo de hipótesis, construcción de modelos, selección de evidencia, y diseño de experimentos (Pamuk, 2021: 23). Según Pamuk, el escrutinio ciudadano del papel de los expertos exige poder clarificar ante la opinión pública los valores, propósitos, fundamentos y argumentos, tanto de los asesores como de sus detractores.

Dando un paso más en su argumento, propone diseñar instituciones políticas orientadas a esclarecer frente al público los diferentes aspectos de las cuestiones científicas en debate:

"Desarrollo una propuesta para un <<tribunal de ciencia>> adversarial que sería iniciado por ciudadanos y donde se invitaría a expertos a presentar argumentos a favor de diferentes puntos de vista sobre una cuestión científica" (Pamuk, 2021: 24).. En un sistema democrático debe reconocerse el derecho de la ciudadanía a conocer los valores preferidos por los asesores. Esto es muy importante, entre otras razones, porque los valores de la comunidad científica no tienen por qué coincidir con los de la mayoría de la ciudadanía. Durante la pandemia esto fue muy evidente. Tocando una tecla especialmente sensible, tanto en EEUU como en Uruguay, argumenta:

"Aunque puede que no sea intrínsecamente problemático que la mayoría de los científicos se alinee con un partido político, especialmente si sus afirmaciones científicas están verdaderamente abiertas a la escrutinio y el disenso, podría volverse problemático si la alineación partidista sesga el contenido de la investigación científica y los consejos de manera que favorezca consistentemente los intereses del mismo grupo de personas. Se necesita más investigación empírica para examinar los vínculos entre la afiliación partidista y los resultados científicos." (Pamuk, 2021: 200)..

Para que la ciudadanía esté mejor informada, debe poder conocer también los argumentos de quienes se oponen a las recomendaciones de los científicos, o a los debates al interior de la comunidad científica.

El caso de la pandemia COVID-19 brinda una excelente oportunidad para profundizar en este tema. Según Pamuk, en este evento, los valores de los científicos influyeron en los modelos predictivos construidos, que a su vez, fueron un insumo básico en las decisiones políticas adoptadas por muchos gobiernos. No es lo mismo estudiar los efectos de COVID-19 enfocándose solo en la salud pública (medidos como contagios y muertes) que incorporando otras variables médicas (salud mental), económicas (empleo), sociales (pobreza), entre otras.

La pandemia también ofrece evidencia para distinguir entre mejores y peores formas de disentir, y mejores y peores argumentos. De todos modos, en el caso de COVID-19, la disidencia ayudó a esclarecer argumentos, valores y hasta datos generados por los asesores:

"Los disidentes realizaron importantes contribuciones para examinar la ciencia detrás de las políticas gubernamentales durante la pandemia, pero presentaron algunas afirmaciones científicas insuficientemente respaldadas y juicios de valor no revelados. La disidencia no es menos valiosa por estar equivocada" (Pamuk, 2021: 203)..

Por cierto, como la democracia es, por definición, autogobierno ciudadano, la ciudadanía también retiene el derecho de rechazar el conocimiento científico: "Los ciudadanos y sus representantes retienen en última instancia el derecho de rechazar el conocimiento científico, un derecho que ejercen con bastante frecuencia." (Pamuk, 2021: 5).

3.La respuesta a la pandemia COVID-19: el ciclo político del GACH

El gobierno de coalición se instaló formalmente el 1° de marzo. Sin embargo, ya había comenzado a trabajar en algunos de los temas centrales de su agenda durante la transición. En particular, durante el verano, culminó la redacción del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, una pieza legislativa clave en la estrategia política del presidente electo.

El 22 de enero, antes de asumir su cargo, Luis Lacalle Pou envió el anteproyecto a todos los partidos. Durante los primeros días de marzo, el gobierno puso en marcha otra de las políticas públicas anunciadas durante la campaña: el Ministerio de Interior envió señales del viraje hacia la “mano dura” en el combate al delito. A su vez, el Ministerio de Economía y Finanzas dictó un decreto para disminuir de modo sensible gastos e inversiones.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC), buscaban información acerca de COVID-19, la nueva enfermedad de la que se había empezado a hablar en el mundo a fines de 2020.

El viernes 13 de marzo, el gobierno informó a la opinión pública que los primeros casos de COVID-19 habían sido confirmados. De inmediato, declaró la emergencia sanitaria y, con el ejemplo especialmente crítico del caso italiano a la vista, adoptó medidas drásticas para disminuir radicalmente la movilidad y evitar contagios y muertes.

Entre otras medidas, se suspendieron las clases en todas las ramas de la enseñanza y los espectáculos públicos, y se cerraron los grandes establecimientos comerciales, exhortándose al mismo tiempo a la ciudadanía a permanecer en sus casas el máximo tiempo posible. Las fronteras aéreas, marítimas y terrestres se cerraron parcialmente para pasajeros, y permanecieron abiertas para el tránsito de mercaderías (Brugnoni et al., 2020: 333-334).

El problema quedó instalado en la agenda. Al mismo tiempo, como es la norma en el sistema político de Uruguay, se desató un intenso debate público respecto a si las medidas adoptadas eran o no suficientes. Algunas organizaciones vinculadas a la medicina, como el Sindicato Médico del Uruguay, consideraron que las políticas de control que se estaban llevando a cabo no eran suficientes.

El expresidente Tabaré Vázquez, médico de profesión, acompañando el criterio predominante en ese momento entre sus colegas, se inclinó por medidas más radicales como la cuarentena obligatoria. El FA, instalado en la oposición, no disimuló su escepticismo ante la política del gobierno. Asimismo, reclamó medidas de apoyo a la población afectada por la paralización de actividades económicas más ambiciosas que las implementadas por el gobierno (Brugnoni et al., 2020).

En Uruguay no gobiernan las personas sino los partidos (Garcé, 2016). Pero los presidentes pueden dejar su impronta personal. En este caso fue exactamente así. El tono de la respuesta del gobierno lo dio el presidente. Así como para su predecesor, Tabaré Vázquez, el valor principal era la igualdad, para Lacalle Pou el valor central es la libertad. En el discurso que pronunció frente a la Asamblea General al asumir el cargo lo dejó muy claro:

“Dentro de cinco años, podrán evaluar los uruguayos nuestro desempeño. Estamos convencidos de que, si al final del período los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas, de lo contrario, habremos fallado en lo esencial” (Supervielle, 2022: 49). En la coyuntura crucial de tener que decidir cómo velar por el bien común, Lacalle Pou no quiso apartarse del pilar central de su visión del mundo. Por eso rechazó la solución del lockdown, y convocó a la ciudadanía a seguir ejerciendo su libertad, pero de modo responsable. De acuerdo a la visión del presidente, “el uruguayo es una persona que ama la libertad y que, en momentos difíciles de su historia, se abraza a ella”. La pandemia no sería la excepción.

La libertad responsable pasó a ser el marco comunicacional central (el frame) de las políticas del gobierno durante la pandemia. La política del gobierno fue, por tanto, un punto intermedio entre el lockdown (al estilo español) y la inmunidad de rebaño (al estilo sueco). El presidente Lacalle Pou y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, lideraron la comunicación del gobierno, exhortando sistemáticamente a la población a “cuidarse” y “quedarse en casa” (Brugnoni et al., 2020).

3.1.La creación del GACH

Este enfoque distinguió y dio prestigio a Uruguay en el ámbito internacional. Pero no hubiera tenido éxito si el gobierno no hubiera adoptado una medida adicional. El 16 de abril, el presidente instaló el Grupo Asesor Científico Honorario. Al frente del GACH, apareció Rafael Radi, Presidente de la Academia de Ciencias del Uruguay (ANCIU), un científico de gran prestigio nacional e internacional. Radi y Lacalle Pou se habían conocido en 2010, en un evento académico sobre medio ambiente.

Durante la campaña electoral de 2014, volvieron a tomar contacto cuando, a iniciativa de ANCIU, los candidatos a la presidencia firmaron un compromiso de llevar hasta el 1% del PBI la inversión en ciencia. Además de estos antecedentes, seguramente facilitó la comunicación entre ambos el hecho de coincidir en el rechazo a la política del confinamiento obligatorio. Antes de la conformación del GACH, Radi, en privado (en reuniones de ANCIU) pero también públicamente (en Radio Sarandí), había argumentado que la cuarentena obligatoria era un error.

La creación del GACH tuvo mucho de "muddling through", para usar la expresión de Lindblom (2018). No hubo, en este caso, transferencia de políticas (policy transfer). Desde luego, el Poder Ejecutivo tenía algunos datos sobre cómo se estaban asesorando los gobernantes de otros países, como Alemania o Francia. Pero, en verdad, la instalación del GACH siguió otro camino.

Para elaborar un modelo matemático que permitiera predecir la propagación del virus, el gobierno se puso en contacto con matemáticos. En ese momento, el ingeniero Hugo Odizzio, director de AGESIC, propuso incorporar también una mirada desde las ciencias biológicas. A través de Carlos Batthyany, presidente del Institut Pasteur, a quien había conocido poco antes, convocó a Rafael Radi (Gatti et al., 2020). Radi recibió la invitación el 1° de abril. El 3 de abril se realizó la primera reunión para avanzar en el modelo predictivo. En esa oportunidad, Odizzio le propuso a Radi coordinar el grupo asesor. El 5 de abril, a su vez, Radi compartió con Odizzio su visión sobre los objetivos que debía tener el grupo asesor. Odizzio, por su lado, consiguió rápidamente el apoyo del presidente Lacalle Pou (Cohen, 2021: 121).

Radi invitó a quienes lo acompañaron en la coordinación del GACH, Henry Cohen (médico) y Fernando Paganini (matemático). Entre los tres, reclutaron y organizaron medio centenar de científicos de distintas disciplinas, principalmente matemáticos, biólogos y virólogos. Radi también fue clave porque, además de su ya conocido altísimo nivel técnico, demostró tener una excelente capacidad de comunicación. Durante toda la pandemia, apareció en los medios de comunicación aportando información, explicando los riesgos de la enfermedad y llevando tranquilidad a la población. Pero es posible que su contribución más importante haya sido la de trazar, desde el primer momento, una línea muy clara entre asesoramiento técnico y decisión política.

Al ser convocado por el gobierno para liderar el grupo de asesores, Radi redactó una carta dirigida al presidente Lacalle Pou explicando bajo qué condiciones estaba dispuesto a aceptar esta responsabilidad. Solicitó contar con el apoyo explícito de la Universidad de la República, institución a la que pertenece, tener absoluta independencia académica, trabajar honorariamente, poder dar publicidad a las recomendaciones formuladas al gobierno, y no exceder nunca los límites del asesoramiento técnico-científico.

Este último punto era crucial. El presidente no hubiera aceptado que los expertos pretendieran tomar las decisiones. Los académicos no hubieran aceptado tampoco tener esa responsabilidad. En el RPC de Uruguay, esto está absolutamente claro. Los técnicos pueden pretender asesorar y ser escuchados. Pero nunca asumir la competencia que corresponde a los representantes de la ciudadanía. Todas las condiciones fueron aceptadas de inmediato. El límite entre ciencia y política quedó trazado con toda claridad, primero, ante el presidente y, de inmediato, ante la opinión pública.

Según Radi, el asesoramiento no debía centrarse exclusivamente en aspectos sanitarios ni tener un enfoque de corto plazo. Acordó con Odizzio la incorporación de la dimensión económica y educativa, y poner el foco en una metodología que permitiera abandonar responsablemente las restricciones a la movilidad. Fue así que se conformó el equipo transicion.uy. Este equipo fue coordinado por Isaac Alfie, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, una pieza clave del equipo económico. Fue convocado también Gonzalo Baroni, en su calidad Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. A estos nombres se sumaron los de Hugo Odizzio, Director de AGESIC y experto en seguridad social, Aparicio Ponce de León y Roberto Lafluf, encargados de la comunicación en Presidencia (Presidencia, 2020).

Este grupo se reunía por Zoom todos los miércoles con los coordinadores del GACH y reportaba a Presidencia. Aunque formalmente no integraba este equipo, el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, asistía a todas las reuniones. El propio presidente Lacalle Pou, cuando se trataban temas especialmente relevantes, también participaba de las discusiones. Para llegar a un acuerdo acerca de cómo procesar la salida de la cuarentena, Radi elaboró un documento apoyado en cuatro ejes: progresividad, regulación, monitorización y evidencia científica (Gatti et al., 2020).

Es importante mencionar, de todos modos, una ausencia significativa: recién cuando la situación sanitaria empezó a complicarse, se incorporó al GACH a un sociólogo. Lo que se procuraba entender, en ese momento, era "por qué la gente no acata las medidas". En diciembre de 2020, Fernando Filgueira, uno de los sociólogos más prestigiosos del país, se incorporó al GACH (Bertoni et al., 2022: 23).

3.2.La convergencia (y sus límites)

La instalación del GACH fue un punto de inflexión fundamental. La actitud de la oposición cambió rápidamente. El FA empezó a confiar en las decisiones adoptadas. En términos de Chasquetti: "Su actuación exitosa como organismo asesor, en los hechos, blindó la política sanitaria del gobierno, brindando tranquilidad a la ciudadanía y consiguiendo el respaldo del principal partido opositor" (Chasquetti, 2021: 207).

A su vez, el parlamento encontró la forma de funcionar virtualmente y aprobó con votos de todos los partidos un conjunto de medidas para paliar la crisis económica y social (Chasquetti, 2021: 208). La evidencia comparada muestra que, al inicio de la pandemia, los jefes de gobierno se beneficiaron del efecto "rally-round-the-flag" (Mueller, 1970) logrando altos niveles de apoyo en la opinión pública.

A este efecto general, sumó en Uruguay el hecho de que la pandemia coincidiera con el inicio del mandato de Lacalle Pou, es decir, con el período de "luna de miel". Todo esto, combinado con los ya mencionados aciertos del gobierno (evitar la cuarentena obligatoria, convocar a expertos, aprobar medidas paliativas), le dio al presidente un amplio respaldo en la opinión pública. Durante esos primeros meses, 2 de cada 3 encuestados aprobaban la gestión presidencial, y 8 de cada 10, el manejo de la pandemia (Brugnoni et al., 2020: 332).

Durante estos primeros meses, el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas fue clave. Empresarios del sector del software, inspirándose en el caso coreano, desarrollaron la "app" Coronavirus (Ministerio de Salud Pública, 2020).¹⁰ El Instituto Pasteur, en acuerdo con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y una empresa privada (ATGen), desarrolló en solo un mes y medio un kit económico para diagnosticar la COVID-19, gracias a un fondo concursable propuesto por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

En cuanto el gobierno verificó que la política de confinamiento voluntario funcionaba (pocos contagios y muertes), empezó a autorizar el regreso de algunas actividades con protocolos exigentes para minimizar contagios. A fines de abril autorizó el funcionamiento de las escuelas rurales y de la industria de la construcción. En junio, autorizó otras actividades como la enseñanza en ciudades, grandes centros comerciales, restaurantes e iglesias. En agosto, se abrieron teatros, museos y espectáculos deportivos (Chasquetti, 2021: 210). Para controlar los contagios, cuando aparecieron focos, el gobierno utilizó exitosamente el método de testeo, rastreo y confinamiento.

Entre marzo y noviembre de 2020, Uruguay puede ser calificado como un high-performing country, de acuerdo al marco analítico sobre la resiliencia de los sistemas de salud publicado en Nature a partir de un estudio en el que se compararon 28 respuestas nacionales al COVID-19 (Haldane et al., 2021).

La calma no duró para siempre. A partir de noviembre, los casos empezaron a dispararse y el gobierno comenzó a temer perder el "hilo" de los contagios (Figura 2). Durante la primera quincena de diciembre, se adoptaron algunas medidas para restringir la movilidad. El miedo, un aliado fundamental en la estrategia de confinamiento voluntario, había disminuido radicalmente: a comienzos de noviembre, según la empresa Equipos-Mori, solo el 26% de la población tenía sensación de riesgo ante la pandemia (Chasquetti, 2021: 212).

De hecho, recién en diciembre, Uruguay experimentó la primera ola de COVID-19 y comenzó a perder el "hilo" epidemiológico. Con el aumento de los casos, aparecieron las primeras críticas al GACH desde la izquierda. Ramón Méndez, una figura de mucho prestigio en la izquierda (ex director de Energía durante el mandato de José Mujica y coordinador de los equipos técnicos durante la campaña electoral del Frente Amplio en 2019), cargó contra el GACH en un audio privado que se volvió viral. Acusó a los coordinadores de "hacer los deberes al gobierno": en el caso de Cohen y Paganini, por ser políticamente afines al gobierno; en el caso de Radi, dijo, a cambio de la creación de un programa específico de su interés personal incluido en la Ley de Presupuesto aprobada en 2020. Radi evitó polemizar sobre esto y se limitó a explicar que la información manejada por Méndez era errónea.

Este episodio puede ser visto como el punto de partida de lo que sucedió durante el semestre siguiente. El GACH dejó de tener el respaldo unánime que había logrado durante el inicio de su trabajo, y pasó a quedar crecientemente prisionero de la pulseada entre identidades políticas contrapuestas.

Méndez, al decir que el GACH le "hace los favores al gobierno", expresó un sentimiento que muchos frenteamplistas ya tenían. Era obvio que el gobierno de Lacalle Pou se estaba capitalizando políticamente gracias al asesoramiento de científicos… de izquierda. Para muchos dirigentes y votantes del FA esto era muy difícil de aceptar dada la orientación de otras políticas públicas del nuevo gobierno que, por cierto, no ahorraba críticas a la gestión desarrollada durante quince años por el FA.

De modo simétrico, empezó también a crecer la desconfianza hacia el GACH desde el otro polo del sistema de partidos, es decir, desde filas del gobierno. En Uruguay, como en otros países, hay una amplia zona de intersección entre el mundo universitario y la izquierda. La senadora electa por el PN y por la fracción del presidente, Graciela Bianchi, lo expresaría más tarde con toda claridad: "Yo le avisé a Luis (Lacalle Pou) cuando se formó el GACH. Tené cuidado porque el 90% del GACH es frenteamplista. Todos salieron de la UDELAR, y son adoctrinados por el FA. Soy consciente" (Caras y Caretas).

3.3.Divergencia (y polarización)

Las presiones políticas sobre el GACH fueron creciendo a medida que pasaba el tiempo, que la situación sanitaria empeoraba, y que aumentaba la distancia entre las recomendaciones de los científicos y las decisiones del gobierno. Durante los primeros meses de la pandemia, el gobierno fue más conservador que el GACH. Por ejemplo, no fue sencillo para el propio Radi convencer a las autoridades que era posible habilitar el funcionamiento de los centros educativos, o permitir el uso responsable de los espacios públicos (plazas y playas).

Más tarde, a partir de diciembre de 2020, la situación se invirtió. El gobierno fue más lejos en la reapertura de las actividades, o menos drástico en los esfuerzos por bajar la movilidad, de lo que el GACH prefería. El gobierno abandonó también la metodología de avanzar en el proceso de apertura a partir de la evidencia científica sobre contagios y muertes.

Esta tensión aumentó fuertemente entre febrero y marzo de 2021. El 7 de febrero, el GACH puso a consideración del gobierno un documento en el que analizaba distintos escenarios de crecimiento de los contagios, proponiendo para cada uno de ellos las acciones que consideraba imprescindibles. Para el caso de un crecimiento exponencial de la pandemia con pérdida del "hilo epidemiológico" y transmisión comunitaria del virus, se recomendaba tomar medidas que bajaran drásticamente la movilidad. El gobierno adoptó algunas de ellas, pero fueron insuficientes (ver Figura 3).

Según Radi, Uruguay debió construir un gran acuerdo político y social en marzo de 2021 para "blindar abril". Esto quería decir volver, solamente durante tres o cuatro semanas, a una disminución de la movilidad similar a la de un año atrás. Con esa ventana temporal sería suficiente para volver a retomar el "hilo epidemiológico" dado que la campaña de vacunación, iniciada el 1° de marzo, venía a muy buen ritmo: 1% de la población por día. Este excelente resultado, a su vez, era posible gracias a la potente tradición en la materia y a la fortaleza institucional del sistema de salud. (Búsqueda, 27 de mayo de 2021)

Dijo Radi en ese reportaje:

“Cuando nosotros planteamos el documento del 7 de febrero se abrió un abanico de medidas posibles y había algunas que todavía no se habían instrumentado. Obviamente todas las medidas son disruptivas: tienen impactos laborales, económicos, sociales, mentales. Siempre nosotros desde el GACH nos manejamos con que las medidas restrictivas eran la última herramienta. Porque la disrupción es grande y porque los sectores vulnerables son los que lo pasan peor, la gente más pobre, la gente que no tiene trabajo con seguridad social, la gente que vive en lugares más chicos y peores ventilados. Pero quizás hubiese sido el momento de hacer un parate general de la actividad socioeconómica del país por tres semanas. Tengo el convencimiento de que era el momento adecuado para hacerlo. Y, de hecho, en el documento que le entregué al presidente de la República el 8 de abril de 2020 se manejaba que podía haber un momento de la evolución de la epidemia donde hubiera que activar una especie de off en la llave, apagar la general”. Desde luego, Radi siempre aceptó que no le correspondía al GACH tomar las decisiones, y que era completamente legítimo que el gobierno tuviera en cuenta, además de la dimensión estrictamente sanitaria, "consideraciones de carácter político y económico" como explicó en diversas oportunidades. (Cohen, 2021: 163)

Una reducción generalizada de la movilidad ("apagar la llave general"), incluso por un lapso breve y preestablecido como el propuesto, tenía un costo elevado. El propio GACH insistió, desde el comienzo, en que el encierro de las personas en sus hogares, además de perjuicios económicos y sociales, tendría consecuencias negativas en otros aspectos como la salud mental.

Esta meta, además, era difícil de alcanzar porque la ciudadanía le había ido perdiendo miedo al contagio. La única forma de lograr un grado de confinamiento voluntario como el de comienzos de la pandemia durante tres o cuatro semanas era con un gran pacto entre el gobierno y la oposición, y con el apoyo de las organizaciones sociales. El gobierno no lo intentó.

No es posible saber si la oposición hubiera accedido. En Uruguay entre los dos grandes bloques del sistema político (la coalición de gobierno, por un lado; el FA, por el otro) no hay polarización ideológica en sentido clásico de la palabra. El gobierno puede ser definido apenas como de centro-derecha. El FA, durante sus quince años en el gobierno, tuvo políticas de centro-izquierda. La distancia ideológica no es tan grande como la distancia en el plano de las identidades.

Aunque en el parlamento, en los momentos más críticos, el FA acompañó iniciativas del gobierno, el enfrentamiento público entre ambos bloques, desde el principio del mandato de Lacalle Pou, ha sido permanente. De todos modos, el claro mensaje enviado desde el GACH por Radi a fines de marzo encontró, sí, eco en el Parlamento. El 4 de abril, el Senado divulgó un video exhortando a "blindar abril" (Tiempo de Noticias UY).

A partir de comienzos de 2021, tal como señalaron López Burian y Hernández (2021; 26), la política se apartó de la ciencia: las decisiones del gobierno se alejaron del núcleo central de las recomendaciones del GACH. Al mismo tiempo, en términos de la revista Nature (2021), Uruguay “perdió el control del virus”. Los contagios y las muertes se aceleraron, y solamente empezaron a disminuir cuando la campaña de vacunación hizo efecto (Taylor, 2021).

¿Por qué el gobierno se alejó tan notoriamente de las recomendaciones de sus asesores? No es posible acceder, por el momento, a los detalles de esta decisión. Según el presidente Lacalle Pou, no se adoptaron medidas más severas para evitar generar “efectos negativos sociales, laborales y económicos” (Cohen, 2021: 118). Esto es consistente con el enfoque planteado por el gobierno desde el principio de la pandemia, cuando las autoridades insistieron en no “apagar el motor de la economía”. A su vez, la insistencia en mantener la actividad económica es inseparable analíticamente del énfasis en la reactivación de la economía, una de las promesas de campaña más resonantes de Lacalle Pou.¹¹

De todos modos, está claro que el gobierno no quería pactar con el FA. En verdad, desde que asumió parece predispuesto a demostrar que puede prescindir de la oposición. Probablemente, había empezado a desconfiar de los científicos.

Desde comienzos de 2021 algunos integrantes del GACH comenzaron a sentirse incómodos. Algunos de ellos, optaron por renunciar.¹² A partir de marzo, la molestia de los científicos fue cada vez más intensa. El incremento vertiginoso de los contagios y las muertes fue demasiado. Uruguay, que había sido un caso ejemplar en el 2020, trepó hasta el tope en la tabla de muertes por COVID por millón de habitantes. Luego de haber tenido una gestión notoriamente mejor que la de los demás países del Cono Sur, el número de muertes por día en Uruguay superó las de Argentina, Brasil y Chile. (ver Figura 4)

Al registrarse este pico de contagios y muertes, el FA instaló el debate sobre las “muertes evitables”, que tuvo su momento de mayor visibilidad durante la interpelación al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche (6 de julio). Por primera vez desde el inicio de la pandemia, la evaluación de la gestión disminuyó significativamente. (Ver Figura 5)

3.4.Disolución (y legado)

La política sanitaria quedó atrapada en la espiral ascendente de la confrontación entre gobierno y oposición. El trabajo del GACH, entre abril y diciembre de 2020, había logrado despolitizar el combate al COVID. Poco a poco, desde diciembre de 2020 en adelante, a medida que las políticas del gobierno se fueron alejando de las recomendaciones del grupo de científicos y que se fue perdiendo el control del virus, el FA pasó a la ofensiva.

Empezó a quedar claro, tanto para el gobierno como para los coordinadores del GACH, que llegaba la hora de poner fin a este grupo de trabajo. El 17 de junio, se reunieron con Lacalle Pou y otras autoridades del gobierno y acordaron permanecer en contacto para situaciones de emergencia, pero dar un cierre formal a la actividad del GACH. La distancia entre el gobierno y los científicos se reflejó en un hecho que, en su momento, no llamó tanto la atención. Los coordinadores del GACH no pudieron ofrecer una conferencia de prensa para dar su punto de vista sobre la decisión adoptada y los desafíos inmediatos.

Según Radi, no fue el “cierre deseado, o el mejor cierre del GACH”, pero fue “el mejor cierre posible” (Cohen, 2021: 191). Poco después, el 8 de julio, el gobierno organizó un gran homenaje público a los científicos. Los tres coordinadores fueron distinguidos con el Premio Presidencia de la República a la Labor Científico, Cultural y Deportiva” (Asuntos Públicos).

Dijo Radi en esa ocasión:

“Queremos reconocer al gobierno nacional, al habernos convocado y confiado en este equipo, y por haber honrado durante estos quince meses las condiciones de asesoramiento que acordamos con el Señor Presidente de la República el 16 de abril de 2020. Destacamos, dentro de estas condiciones, realizar el trabajo con plena independencia y autonomía científico-académica. El asesoramiento y las recomendaciones realizadas por el GACH fueron generados en forma independiente por los diferentes equipos de trabajo y todos los informes se hicieron públicos en el transcurso de horas o días luego de presentados al equipo de presidencia, y tan pronto los coordinadores lo solicitábamos al equipo de comunicación de la Presidencia de la República. Queremos en particular reconocer el ámbito de respeto y abierto intercambio que primó siempre en las reuniones semanales y en los múltiples intercambios llevados a cabo con el grupo transición.uy. En las reuniones fueron analizados y discutidos desde los temas más simples hasta los más complejos y debatibles. Desde el GACH nuestra función fue ofrecer la mejor evidencia científica disponible para asistir a la toma de decisiones del gobierno nacional, y en ese proceso dar apoyo y mantener informada a la población.” Su trabajo no solamente fue reconocido por el gobierno. Según un sondeo de la reconocida consultora CIFRA, casi 9 de cada 10 encuestados aprobaron la gestión del GACH: 50% de los consultados cree hizo un "muy buen trabajo" y el 36% considera que su desempeño fue "bueno" (Montevideo Portal, 2021). Su peso en las decisiones fue cayendo, pero dejó una marca muy profunda en la cultura política.

Nunca en toda la historia del país el trabajo de los científicos había sido tan valorado. El presidente Lacalle Pou, en el acto de homenaje, lo dijo con claridad. Calificó al GACH como “dream team”, como un “equipo soñado”. Enfatizó un aspecto muy importante en la construcción del “puente” entre investigación y decisión. Dijo que ellos, como gobernantes, se sintieron respetados por los coordinadores del GACH: “el respeto del científico que, por tratarse de la materia que conoce, sabe que sabe más que aquél que está asesorando -por algo lo hace-, también era muy importante”. Y agregó: “Ha quedado meridianamente claro que la ciencia no puede ser más ajena al trabajo cotidiano de los gobernantes”.

Este punto fue señalado también por Álvaro Delgado, Secretario de la Presidencia, que tuvo un papel muy importante en todo el proceso: “Claro que la ciencia y la política siempre se han tenido desconfianza mutua. Yo hablé mucho este tema con Rafael Radi, porque integré el cogobierno universitario: fui claustrista, integré el Consejo Directivo Central por los estudiantes y viví desde adentro el proceso de cómo la academia recela de la política. Pero esta vez tuvimos una oportunidad histórica, pienso que va a haber un antes y un después del GACH en Uruguay (Cohen, 2021: 137).

Un testimonio adicional del prestigio del GACH es que, a lo largo de estos años, en otras arenas de política problemáticas se ha propuesto crear “un GACH”. En julio de 2021, Luis Alberto Heber, Ministro del Interior, propuso crear un Grupo Multidisciplinario Técnico Científico Honorario, similar al GACH, para asesorar y generar insumos para el ministerio en temas criminales y penitenciarios. En abril de 2022, el think tank especializado en educación Eduy21 lanzó la propuesta de crear un “GACH pedagógico”. En setiembre de 2022, el senador Alejandro Sánchez (FA) propuso la creación de un grupo similar al GACH para abordar el problema del suicidio. La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas también pidió su propio GACH para combatir la gripe aviar. En mayo de 2023, el Intendente del Departamento de Canelones, Yamandú Orsi, que competirá el año que viene por la candidatura presidencial del FA, propuso organizar "una especie de GACH” para asesorar sobre cómo enfrentar el problema del déficit de agua potable que está enfrentando el Uruguay desde hace meses en el contexto de una extensísima sequía.

3.5.Los disidentes: el caso de la revista eXtramuros

El GACH cosechó intensos elogios desde el sistema político y conquistó un amplio La disidencia frente al GACH fue evidente en diversos sectores de la sociedad. Uno de los críticos más destacados fue Aldo Mazzucchelli, director de la revista eXtramuros, reconocido poeta, ensayista y profesor universitario en Uruguay. Desde el inicio de la pandemia, eXtramuros adoptó una posición disidente en contraste con la mayoría de los medios de comunicación que respaldaron al GACH y la política gubernamental.

La crítica de eXtramuros no se limitó a cuestionar las tesis convencionales sobre el origen, detección y letalidad del virus, sino que también se extendió a una fuerte oposición a las políticas de confinamiento y vacunación implementadas por el gobierno y respaldadas por el GACH. Además de cuestionar las tesis más aceptadas sobre su origen,¹³ detección¹⁴ y letalidad, criticó con severidad las políticas de confinamiento y vacunación.¹⁵

En su empeño por argumentar sobre cada uno de estos temas, eXtramuros no escatimó esfuerzos. El director y los colaboradores de la revista se dedicaron a explorar fuentes de información alternativas a las oficiales para obtener una comprensión más amplia de la COVID-19. Los ensayos publicados por Mazzucchelli, en particular, se caracterizaron por su extensión, detalle y calidad de redacción. La revista proporcionó una plataforma para los nombres de científicos de diversas partes del mundo que rechazaban la interpretación científica predominante.

A pesar de estos esfuerzos, eXtramuros enfrentó la dificultad de que su punto de vista rara vez fue considerado seriamente en el debate público. Desde su creación, la revista se ubicó, como su nombre indica, al otro lado del muro y, prácticamente, no logró trascenderlo en el discurso dominante.

Esto llevó a eXtramuros a reforzar un argumento que ya había formulado al inicio de la pandemia: la crítica a la cobertura mediática. Una de las pocas veces que fue entrevistado por un medio de comunicación importante, Mazzucchelli dijo al diario El País que en Uruguay “no hay censura”, pero que “hay una narrativa oficial y no se puede discutir”. Afirmó polemizar con esa narrativa desde posiciones científicas: “Difundimos opiniones de personas de universidades de primera línea. Es ciencia. Entonces, cuando hablan de seguir a la ciencia, en realidad lo que están diciendo es que hay que seguir a las instituciones burocráticas de la ciencia que lo que están haciendo es política”. (El País, 2021).

En la crítica a los medios, eXtramuros contó con el aporte de Fernando Andacht, otro docente universitario muy reconocido. Ambos, en carta a El Observador, ¹⁶ sintetizaron su crítica a los medios en los términos siguientes:

“Los que parecen no aceptar una reflexión crítica o disidente sobre las medidas tomadas en relación a la emergencia sanitaria han construido una especie de unanimidad intolerante, cuyo efecto más triste ha sido presentar una situación esencialmente discutible en todos sus términos, especialmente los fundamentales, como una guerra donde solo había lugar para obedientes, y el resto debía(mos) ser considerados traidores o charlatanes enemistados con la realidad.” Mazzucchelli llevó su enfrentamiento a la política “oficial” hasta las últimas consecuencias. Renunció a integrar el jurado del Gran Premio a la Labor Intelectual que otorga el Ministerio de Educación y Cultura ante la eventualidad que lo pudiera ganar Rafael Radi. En su carta de renuncia expresó: “Es motivo de mi renuncia la postulación de Rafael Radi. No considero que su labor de asesoramiento durante el año 2020-21 como miembro principal del GACH [Grupo Asesor Científico Honorario] haya traído otra cosa que graves problemas sociales y sanitarios para la población y de ninguna manera puedo participar en un premio donde su figura sea considerada” (La Diaria, 2021).

No hubo una conspiración política o mediática contra eXtramuros. La revista no logró formar parte de la conversación porque sus planteos, a la luz de la mayoría de los periodistas y formadores de opinión del país, fueron menos creíbles que los del GACH. No es tan extraño. Cuando las personas deben elegir en quien confiar sobre temas muy complejos suelen tomar atajos cognitivos. La gran mayoría decidió confiar en un médico, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, miembro extranjero asociado de la Academia de Ciencias de EEUU, y en un equipo de casi 60 científicos, en lugar de confiar en un refinado poeta, ensayista premiado, Doctor en Letras en Stanford.

De todos modos, la disidencia de eXtramuros es muy interesante a la luz del argumento de Pamuk (2021) sobre la importancia de hacer visibles las controversias dentro del mundo científico. No hubo censura. Pero que fue prácticamente imposible para posturas disidentes formar parte de la conversación. Y, por eso mismo, muy difícil para el público conocer argumentos alternativos a la “narrativa oficial”.

4.Conclusión: ciencia, democracia y COVID-19 en Uruguay

Los años 2020 y 2021 marcaron una diferencia notable en la relación entre la ciencia y la política en Uruguay: hubo convergencia en 2020 y divergencia en 2021. En términos estrictamente sanitarios, la disociación entre el gobierno y el GACH tuvo un impacto evidente en las tasas de contagio y mortalidad. Uruguay perdió el control de la enfermedad a finales de 2020 y principios de 2021, recuperándolo recién en el segundo semestre de 2021 gracias al avance de la vacunación.

La labor desempeñada por el GACH fue decisiva. El trabajo fue intenso y de alta calidad. Además, tuvo la virtud adicional de contar con voceros muy persuasivos, capaces de explicar de manera comprensible para el público general los temas técnicos más complejos. El esfuerzo de los científicos recibió un reconocimiento público extraordinario, algo inusual en la historia política del país. Nunca antes la ciencia uruguaya había tenido ese nivel de protagonismo. Desde mediados de 2021 en adelante, cada vez que surge algún problema público en la agenda, ya sea desde el gobierno, la oposición o la sociedad civil, se recurre a la solicitud de crear un grupo de expertos "similar al GACH".

La voz de los científicos resonó fuerte y clara en todo el país durante todo el ciclo de vida del GACH, desde mediados de abril de 2020 hasta mediados de junio de 2021. Sin embargo, ni los expertos pretendieron definir las políticas públicas ni los gobernantes eludieron sus responsabilidades.

La gestión de la pandemia confirma que, en Uruguay, incluso en los momentos más difíciles, el liderazgo político no suelta las riendas. A la hora de tomar decisiones, el presidente se orientó por el valor que considera más importante y que caracteriza, además, la tradición política a la que pertenece: la libertad. Tampoco olvidó las promesas realizadas durante la campaña en lo referido a priorizar la reactivación económica.

El caso de la pandemia, por tanto, ilustra muy bien el RPC que caracteriza a la democracia uruguaya. En Uruguay, entre ciencia y política siempre hay una distancia significativa. Esta creencia, que refiere a lo que al comienzo de este documento se formuló como dimensión delegativa, está profundamente arraigada de un lado y del otro del binomio ciencia y política.

Tres apuntes finales. El primero refiere al costo de esta distancia. No puede perderse de vista que Uruguay pasó de ser de los mejores países del mundo en el manejo de la pandemia (medido por muertes por semana) a estar entre los peores en mayo de 2021. La pregunta sigue abierta: ¿por qué el gobierno no “blindó abril” o no “bajó la llave general” en mayo (durante un mes) cuando era evidente que el virus estaba fuera de control?

Es cierto que tomó en cuenta la dimensión económica. Pero, ¿fue solamente eso?, ¿había dejado de confiar en los científicos?, ¿había empezado a sospechar de la “neutralidad” del medio centenar de académicos del GACH?, ¿por qué, ni en 2020 ni en 2021, buscó un pacto político con el FA? Esto le hubiera permitido licuar el eventual costo político de tomar medidas drásticas de reducción de la movilidad. Probablemente, pactar con el FA hubiera implicado distribuir con la oposición también el rédito del combate de minimizar el daño de la pandemia. La creencia en la inexistencia (o irrelevancia política) del conocimiento científico neutral es otro de los rasgos básicos del RPC uruguayo, en este caso, en la dimensión partidista.

En segundo lugar, teniendo en cuenta todo lo que la ciencia ganó de prestigio en el contexto de esta crisis, cabe preguntarse si asistiremos, desde ahora, a una modificación en el puente entre ciencia y política en Uruguay. Por definición, un régimen político tiene inercia. Aunque pase el tiempo y cambien los elencos políticos de gobierno, un régimen tiende a mantenerse. Sin embargo, como Campbell y Pedersen advirtieran, el régimen de conocimiento puede evolucionar (2014: 326).

De hecho, el vínculo entre expertos y política ha ido cambiando desde la década del sesenta en adelante. La crisis económica de mediados de los años cincuenta fue el telón de fondo de un aumento significativo de la demanda y de la oferta de conocimiento técnico. En particular, desde entonces comenzó a verificarse el despegue de la Economía como disciplina, y el ascenso de los economistas a altos cargos de gobierno (Garcé & Rodríguez Weber, 2022). No sería sorprendente que, a partir de la pandemia, pueda registrarse otro punto de inflexión.

Por último, y no por eso menos importante, el balance de la gestión política de la pandemia, desde el punto de vista de las preocupaciones de Pamuk acerca del control democrático de la ciencia, tiene mucho más en la columna del haber que en la del debe. El límite entre ciencia y política siempre estuvo bien marcado. Los expertos no solo aceptaron, sino que propusieron que fuera el gobierno el que tomara las decisiones.

Además, reclamaron y obtuvieron máxima publicidad del contenido y los fundamentos de sus recomendaciones. El GACH no solamente informó al gobierno. Informó también a la ciudadanía. En el haber queda el caso eXtramuros. Los problemas de esta revista para participar en una conversación inteligente sobre distintas dimensiones muy importantes de la pandemia constituyen una mala señal. El control democrático de la ciencia se ve favorecido cuando las voces disidentes participan activamente del debate. No fue el caso.

En síntesis, en todos lados la pandemia fue un evento tan sorprendente como trágico. Uruguay no fue la excepción. Además de miles de personas fallecidas (casi 7 mil), dejó secuelas físicas y sicológicas, provocó una fuerte caída del PBI, y agudizó los problemas derivados de la fragmentación social. La colaboración entre decisores y científicos, pese a ir de mayor a menor durante los años 2020 y 2021, hizo posible minimizar los daños. Además, dejó un legado fundamental en el plano de los sentimientos públicos y los entendimientos compartidos, cuya importancia solamente se podrá calibrar debidamente en el futuro: en Uruguay, durante la pandemia COVID-19 y gracias al trabajo del GACH, “la política redescubrió a la ciencia” (Cohen, 2021).

Figura 1
Muertes acumuladas por COVID-19 por millón de personas. Países seleccionados (2020-2023)
Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data (2020)

Figura 2
Muertes diarias por COVID-19 en Uruguay por millón de personas (2020)
Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data (2020)

Figura 3
Muertes diarias por COVID 10 por millón de personas (diciembre 2020 a julio 2021) (2020)
Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data (2020)

Figura 4
Muertes diarias por COVID-19 en el Cono Sur por millón de personas (diciembre 2020 a julio 2021)
Fuente: elaboración propia con datos de Our World in Data (2020)

Figura 5
Evaluación de la gestión del COVID-19 (Opción Consultores)
Fuente: Opción. Gentileza de Rafael Porzecanski

Referencias

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Notas