Santiago de Cali amplía su perímetro urbano, de manera incesante y descontrolada, sobre áreas que por sus condiciones físicas y ambientales son inapropiadas para la expansión urbana. La zona oriental (sobre el dique del río Cauca) y la zona de ladera se muestran como espacios con altos procesos de urbanización sin que esto haya sido atendido de modo estructural por las diferentes Administraciones locales. El hecho de que estos lugares se vean ocupados por urbanizaciones tanto legales como ilegales, o informales, demuestra que el Estado es precario y que sus agentes y agencias son débiles en el control del crecimiento urbano y que, además, es negligente para plantear soluciones a esta situación. Ello supone y advierte, de un lado, un inexistente proyecto de ciudad por parte de élites de poder y urbanizadores con miradas sistémicas y étnicamente asertivas y por el otro, la existencia de una burguesía preocupada más por la concentración de la riqueza que por la consolidación de una ciudad armónica, sustentable y democrática.

Hoy en día la ciudad cuenta con el Decreto 0419 del 24 de mayo de 1999 del Municipio de Cali, que es el instrumento por el cual se determinan algunas normas y criterios para la expedición de líneas de demarcación y esquemas básicos para la aprobación de regularización y/o reordenamiento urbanístico de urbanizaciones, Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto (AHDI) y barrios para su legalización en el municipio de Santiago de Cali. Este decreto define los AHDI como todo asentamiento humano ubicado en el área de influencia de una ciudad en donde se conjuguen total o parcialmente las siguientes situaciones:

[...] Carezca de integración a la estructura formal urbana y sus redes de servicios [...] Carezca de una vinculación franca a la estructura de transporte urbano [...] Presente carencias críticas en la prestación de servicios básicos, de agua potable, alcantarillado y energía [...] alta morbilidad y mortalidad. Concentra población en condiciones de pobreza crítica [...] índices de desnutrición y morbilidad. Presenta condiciones precarias de estabilidad física [...] alto riesgo de catástrofe [...] deficiencias en tamaño y sanidad de la vivienda [...] altos índices de hacinamiento e insalubridad. Carezca de servicios sociales básicos de salud, educación, recreación [...] Baja vinculación al empleo formal y altos índices de subempleo y desempleo. Carezca de titulación de la tierra [...] Inexistencia de una organización social [...] Distanciamiento de los centros urbanos de mercadeo e inexistencia de un sistema de mercado social sustitutivo. (Decreto 0419 de 1999).

Atendiendo esta definición, la Alcaldía de Santiago de Cali (2005) identificó para el año 2005 en el jarillón del río Cauca, 10 asentamientos informales con 5.925 viviendas, con una población de 35.778 y un promedio de seis personas por vivienda (Uribe, 2006).¹⁰ Diez años después, el Informe Seguimiento al Plan Jarillón de Cali PJC, Línea de acción reducción de la vulnerabilidad social, por el derecho a la ciudad de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Personería Municipal de Santiago de Cali (PMSC), señala que sólo entre el sector del jarillón del Río Cauca (8.777 hogares) y el sector de la laguna El Pondaje y Charco Azul (2.824 hogares), suman 11.617 hogares, con una población aproximada de 58.085 personas, promediando que en cada hogar existan cinco (5) individuos.¹¹

Dando un vistazo solamente al caso particular del jarillón del río Cauca, para dimensionar el tamaño de la situación, tendríamos que de los 10 asentamientos informales identificados en el dique en 2005, se pasó a 27 en 2015 con un población de 8.777 hogares (que de mantenerse el promedio de 6 personas por hogar, el número de habitantes se aproximaría a 52.662 habitantes). Si en el 2005 el número de habitantes era de 35.778 y en el 2015 serían aproximadamente 52.662, al jarillón en diez años han llegado 16.884 nuevos habitantes.

Tabla 1
Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto ubicados en el Jarillón Río Cauca y Lagunas El Pondaje y Charco Azul, 2015.

Esta simple operación matemática demuestra que, contrario a lo esperado, el fenómeno de expansión se complejiza porque se carece de soluciones estructurales de parte del gobierno municipal. Las pocas acciones de reasentamientos, como por ejemplo ha sucedido con el caso de la urbanización Potrero Grande, han sido infructuosas como solución por parte del Estado. Ello se explica porque las soluciones de vivienda han sido pensadas desde las lógicas e intereses de agentes privados que someten al Estado local, desconociendo de paso las necesidades, expectativas e historias de vida de quienes llegaron a Cali desplazados por la violencia política o por otras circunstancias. También porque dichas soluciones han sido pensadas desde lógicas burocráticas y desde modelos que poco o nada consultan las necesidades, intereses y expectativas que los nuevos pobladores podrían tener al reasentarse en territorios no ideados desde sus proyectos de vida personal y familiar.

En 2005, Nueva Orleans enfrentó uno de las catástrofes más significativas en Estados Unidos. El dique que protegía esta ciudad fue destruido por la fuerza del Huracán Katrina y las aguas inundaron y afectaron casi todo su territorio. La noticia se propagó por todo el mundo y los medios de comunicación en Colombia relacionaron el caso del dique de Nueva Orleans con el talud del río Cauca en Cali, porque justamente por estos días el sur occidente colombiano presenciaba la primera temporada invernal del siglo XXI y el río Cauca marcaba niveles altos de caudal.

Los medios nacionales y locales titularon El dique está quebrado e informaban que “El jarillón de Cali tiene la misma función que el dique de Nueva Orleans, que falló el pasado 30 de agosto cuando el huracán Katrina hizo que el río Misisippi inundara la ciudad. Aunque por el Valle no pasan huracanes, cada vez son mayores las crecientes del río Cauca” (Semana, 2006).

Justo en esta época, el dique del río Cauca estaba poblado por más de 35 mil personas. La mayor parte de ellas eran hogares desplazados y víctimas del conflicto armado entre el Estado y los grupos armados ilegales, así como por los efectos producidos por megaproyectos y otros que migraron a la ciudad para mejorar sus condiciones económicas.

Pero independientemente de sus orígenes, trayectorias de vida y motivaciones para asentarse sobre las riveras del dique del río Cauca, por el solo hecho de residir sobre éste, todas estas familias eran consideradas como población “invasora” que al estar ocupando un lugar inapropiado para vivir, debían ser reasentados por el posible desastre ambiental provocado por la ola invernal y ante una eventual ruptura del dique por la fuerza de las crecientes del río Cauca.

Frente a este hecho, el Alcalde de turno de la época, Apolinar Salcedo y el Consejo de Gobierno liderado por el Secretario de Gobierno del Municipio de Santiago de Cali, declaran la emergencia invernal mediante la expedición del Decreto 0668 del 4 de octubre de 2005 por medio del cual se asume el Jarillón del río Cauca, como una zona de alto riesgo (Uribe, 2006). Este decreto expresa que: “Con el establecimiento de las invasiones en la orilla del río, ésta se ha erosionado y el dique está debilitado en su estructura. Esta obra protege a la ciudad de Cali de inundaciones producidas por el río Cauca, en la actualidad existe un tramo de aproximadamente 500 mts de longitud donde la erosión marginal amenaza la estabilidad del dique”

(Decreto 0668 del 4 de octubre de 2005). En consecuencia, resultaría que:

De colapsar el dique se inundaría el oriente de la ciudad de Santiago de Cali, lo cual representa grave riesgo para la vida del 60 % de la población del municipio, así como la afectación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado, además del daño que pueda producirse a la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino, que abastece de agua para consumo humano al 80% de los Caleños. (Decreto 0668 de 2005).

El Decreto establece lo siguiente:

• Declarar como zona de alto riesgo el jarillón del río Cauca en su extensión por la capital vallecaucana, teniendo en cuenta la necesidad de evacuar y proteger la vida de las personas que habitan irregularmente el dique, la estructura básica de servicios públicos y la demás población.

• Ordenar al Comité Interinstitucional (para el jarillón), adelantar las gestiones y orientar la solución del problema.

• Comisionar al Comité Local de Prevención y Atención de Desastres del municipio -Clopad-, la ejecución de acciones necesarias para solicitar al Gobierno Nacional, la calamidad social y ecológica del sector.

Es así como las entidades locales de riesgo, la administración municipal y nacional y las empresas urbanizadoras, en tiempo récord (2 años), llevan a cabo el Proyecto de Urbanización Potrero Grande. Aparentemente, pareciera que la acción inmediata de las agencias del Estado y las entidades privadas estuvieran encaminadas a salvaguardar la vida de los pobladores del jarillón. Pero lo que sucedió durante estos días daba cuenta de que estaba por cerrarse la Convocatoria de Bolsa Única Nacional (Decreto 3745 de 2004 del 11 de noviembre de 2004) que ofrecía jugosos recursos públicos para el otorgamiento de Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social.

El Gobernador del Valle, el Alcalde, los inversionistas y las Cajas de Compensación Familiar tenían la imperiosa necesidad de captar los recursos de la nación para llevar a cabo el negocio, tal como se insinúa en el documento firmado por la Secretaría de Vivienda y Desarrollo: “Acuerdo de Voluntades, cuya finalidad era no desaprovechar la Convocatoria a Bolsa Única Nacional que cerraba el 18 de octubre y el significativo recurso nacional que esto representaba para nuestra ciudad” (Secretaría de Vivienda y Desarrollo, 2006).

Bajo los beneficios económicos que representaba tanto para la administración municipal como para los urbanizadores privados la coyuntura anterior, la Urbanización Potrero Grande nació como una solución de vivienda para la reubicación de las familias que se encontraban asentadas sobre la zona que fue declarada como de alto riesgo, de manera particular, aquellas localizadas en los asentamientos subnormales de “Villa Moscas” y “Brisas del Cauca”. En atención a lo anterior, Potrero Grande fue inicialmente una alternativa de aproximadamente 2.800 soluciones de vivienda en un lote del mismo nombre y propiedad del Fondo Especial de Vivienda Municipal de Cali, en la Comuna 21 (Decreto 0874 de 2005).

Hacia finales del 2005, se dio apertura a la convocatoria para la postulación y asignación de los subsidios de vivienda. Fue así como al 30 de diciembre del mismo año se postularon 1.756 familias censadas, de las cuales 1.175 correspondían a las del Jarillón y 581 de la Laguna del Pondaje. A través de la resolución 138 de marzo 31 de 2006, fueron entregadas las primeras 118 viviendas. En la actualidad, según datos del personero Municipal de Cali, Potrero Grande alberga a unas 30.000 mil personas¹².

Con todo esto, queda la inquietud de si Potrero Grande es resultado de los intereses de una élite política y económica preocupada por salvaguardar las vidas de estas personas, o por captar recursos jugosos de la nación. No es raro, entonces, que si la Convocatoria de la Bolsa Única Nacional cerraba el 18 de octubre del 2005, la Urbanización Potrero Grande tuviera en pocos días (el 24 de noviembre) ya lista su licencia de construcción (No. CU2-U-616 del 24/11/2005), sin tener listos, por lo menos, los planos y diseños del proyecto habitacional para una población vulnerable.

Es en este contexto de intereses, turbios de por sí, cuando aparece la urbanización Potrero Grande como un barrio concebido y construído desde el ámbito institucional, donde agentes privados y estatales intervinieron para su gestación. El barrio se erigió con los estándares y normas urbanísticas oficiales mínimas para Estrato 1. Tan mínimas que mediante proposición Nro. 019, radicada por la bancada del Movimiento Político Mira (Radicación 01209 de febrero 03 de 2012), se presentaron 29 inquietudes con respecto al proyecto urbanístico relacionadas con temas como por ejemplo: costos de la obra, valor de las viviendas para los hogares, variables técnicas, caracterización sociodemográfica de la población subsidiada, entre otros asuntos. Entre ellas se resaltan las siguientes tres preguntas y respuestas de la Secretaría de Vivienda:

Tabla 2
Preguntas a la Secretaria de Vivienda con respecto a Potrero Grande

Y es ahí, en estas casas de 28 m² en donde se reasentaron los habitantes provenientes de diversos asentamientos informales e ilegales de la ciudad. Según el Observatorio Social de Cali:

La comuna 21 se encuentra en el extremo oriente de Cali, fundada a partir de la construcción de la ciudadela Desepaz entre 1993 y 1994 como un proyecto de vivienda de interés social con el esfuerzo colectivo de la Alcaldía, el Gobierno Nacional, y el sector privado. Los primeros pobladores de la ciudadela son provenientes de invasiones de Cinta Larga Petecuy, así como otros procedentes de las comunas 1, 6, 15, y 20, reubicados en Desepaz y Pízamos I (estrato I); asimismo, se inició la edificación de más zonas en la comuna, dando paso a las urbanizaciones de Talanga, Compartir, Remanso de Comfandi, Los Líderes, entre otros (estrato II), en las que se ubicaron beneficiarios del Inurbe y Cajas de Compensación Familiar. Actualmente tiene cerca de 91.000 habitantes distribuidos en 8 barrios y 6 urbanizaciones. Potrero Grande es el último barrio edificado en la comuna, presentándose como una propuesta de reubicación para invasiones procedentes principalmente del Jarillón del Río Cauca, sin excluir a invasiones establecidas en otras partes de la ciudad, a saber: Laguna del Pondaje, cinta Larga, Alfonso López, Colonia Nariñense, Brisas del Cauca, entre otras. (Observatorio Social de Cali, 2011, p 68).

A estos primeros reasentamientos llevados a cabo entre el 2005 y el 2007, aparece una segunda ola, pero esta vez a partir del proyecto de ciudad que durante la Alcaldía de Rodrigo Guerrero Velasco¹³, entre el 2012-2015, propone e implementa el Plan Jarillón Río Cauca.

El Plan Jarillón de Cali es un Macroproyecto, que tiene como objeto reducir el riesgo por inundación asociado al río Cauca, Canal Interceptor Sur y río Cali y al sistema de drenaje oriental de Cali, protegiendo la vida y bienes de 900.000 habitantes del oriente de la capital del Valle del Cauca.

Contempla el reforzamiento de la infraestructura vital de servicios públicos ubicada en el oriente de la ciudad, que en caso de resultar afectada por inundación por desbordamiento del Río Cauca y/o ruptura del Jarillón, impactaría a la mayoría de la población de Cali (75%), la cual podría quedar sin servicio de agua potable.

El proyecto inició en junio de 2013 y tiene previsto finalizar en 2017. (Procuraduría General de la Nación y Personería Municipal de Cali, 2015, p. 22).

Según cifras dadas en el ya citado Informe Seguimiento alPlan Jarillón de CaliPJC, al 2015, en Potrero Grande, se habían reasentado 274 familias de las 1.645:

Tabla 3
Relación AHDI y hogares reasentados Plan Jarillón de Cali, 2013-2015

A raíz de la diversidad de los hogares cuyas trayectorias de vida dan cuenta de diversos procesos de migración, el barrio Potrero Grande se caracteriza por una diferenciación y diversidad socio-cultural, de clase y origen étnico. Por carecer los pobladores desde un inicio de un acompañamiento integral por parte de las instituciones y agencias del Estado para la construcción del tejido social comunitario y el fortalecimiento económico y social de las familias (que fueron puestas ahí de un momento a otro), en la urbanización se produce un descontrol y una afectación social considerables.

En esta urbanización las posibilidades de integración, convivencia y cohesión se vieron afectadas por la dinámica del conflicto social al que se vio expuesta la población, en donde las altas tasas de homicidio empezaron a verse desde un principio. Según datos del Observatorio Social de Cali, las estadísticas mostraban que Potrero Grande, junto con otros barrios como El Retiro, Terrón Colorado, Floralia y Siloé, se perfilaba como foco de violencia y criminalidad. Para el caso particular de Potrero Grande los estimativos eran los siguientes:

Tabla 4
Tasa de homicidios para la comuna 21 y Potrero Grande. Periodo 2007-2009

Se pasó de una tasa de homicidios del 60.7% en 2007, año en se llevan a cabo los primeros reasentamientos, a una tasa del 159.4% en 2009 muy por encima de la tasa de homicidios de la Comuna a la que pertenece la urbanización.

El informe concluye que Potrero Grande tiene unas características semejantes a las de otros barrios en donde se presentan también altas tasas de homicidios. A pesar de ubicarse en diferentes latitudes de la ciudad, los barrios Potrero Grande, El Retiro, Terrón Colorado, Floralia y Siloé poseen variables que son comunes entre ellos tales como la presencia de grupos o pandillas, violencia colectiva, “con factores más de tipo estructural condicionados por la forma en que se consolidó el barrio en sí” y la incidencia tanto del tráfico de sustancias psicoactivas y las llamadas “oficinas de cobro” que vinculan a “menores de edad a estos grupos, y las implicaciones de “usarlos” y ser protagonistas de hechos delictivos sobre los cuales la Ley es laxa” (Observatorio Social de Cali, 2011, p. 87).

El fenómeno presentado en la urbanización fue tan impactante para la ciudad que en plenaria del Concejo de Cali en el año 2012, se analizó la situación de Potrero Grande. Según el comunicado de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Concejo de Cali, de febrero 16 de 2012,

La plenaria del Concejo analizó la situación actual que vive la Urbanización de Potrero Grande a donde han sido reubicadas familias que habitaban de manera ilegal en el Jarillón del río Cauca y en otros sectores subnormales. El debate fue promovido por el Concejal Juan Carlos Olaya Ciro de la bancada del Mira, quien dejó al descubierto el deterioro en menos de tres años de muchas de las casas allí construidas, debido a la estructura planteada para dicha urbanización y los materiales, al parecer de mala calidad. Otro fenómeno son las grietas sociales que está generando Potrero Grande. Emcali denunció que el 72% de los habitantes de Potrero están en mora y con el Fondo Especial de Vivienda hay ya una cartera morosa alta. (Concejo Santiago de Cali, 2012).

A todo este conjunto de hechos, manifestaciones y realidades que han rodeado la génesis y desarrollo del sector de Potrero Grande, se suma la información noticiosa que los medios de comunicación difunden sobre las altas cifras de homicidios y sobre la dinámica de violencia que enfrentan sus pobladores. Todo esto en conjunto, ha coadyuvado a la construcción y consolidación de representaciones negativas y estigmatizadoras con respecto a los pobladores de esta comunidad. Por ejemplo, algunos titulares expresan: “Potrero Grande: el ocaso de un barrio que se creó como una tierra prometida” (Villamil, 2011). La policía empezó a actuar con estrategias para controlar a la población: “Con torneo de fútbol esperan acabar fronteras invisibles en Potrero Grande” (El País, 2014a).

Las declaraciones realizadas por las mismas autoridades locales del gobierno, la fuerza policial e incluso la Iglesia, más los datos de altas tasas de homicidio y criminalidad fueron de tal magnitud, que hasta los mismos vecinos de Potrero Grande evitaban ingresar al barrio, e incluso, algunos de sus propios habitantes decidieron salir de ese lugar hacia otras zonas de la ciudad. Llama la atención la declaración del Arzobispo de Cali, al periódico El Tiempo, que señala lo siguiente: “El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo que la situación es grave y requiere procesos para apoyar a la comunidad. Propuso que haya más seguridad con apoyo del Ejército. Pero dijo que no está hablando de una militarización” (El Tiempo, 2015).

A pesar del aumento del pie de fuerza, los índices de violencia se comportaron con tasas altas de homicidios. Según el Observatorio Social de la Arquidiócesis de Cali, hubo 46 muertos en ese 2010. También, en el barrio se presentaron desplazamientos intra urbanos donde los habitantes tuvieron que salir huyendo para salvar sus vidas (El País, 2014b). En 2015 se presentaron hechos como el ocurrido en la madrugada del 10 de noviembre, cuando una pandilla ingresó y robó 40 viviendas. El titular no se hizo esperar: “¿Qué hay detrás del asalto a 40 viviendas de Potrero Grande?” (El País, 2015a).

El caso de esta urbanización se puede considerar como un encerramiento sin muros: invisible, simbólico y segregado por las fuerzas del orden social, económico y político de la ciudad, por los agentes privados y por los agentes del Estado. Para la “opinión pública” esta es una comunidad de delincuentes, criminales y “desadaptados sociales”, discurso político y mediático que produce un estigma social y que funciona al modo de “jaula urbana invisible”¹⁴.

En los conjuntos y barrios cerrados, y otras urbanizaciones apartadas con barreras físicas y todo un equipamiento tecnológico para garantizar la seguridad de sus habitantes, la tendencia es a ejercer la segregación y separación del conjunto cerrado, desde adentro hacia afuera. Es decir, quienes habitan y administran el lugar impiden que personas ajenas y desconocidas ingresen de forma libre al conjunto de apartamentos. Los dispositivos de seguridad, en algunos casos con alta tecnología, se convierten en instrumentos fundamentales para garantizar la “buena convivencia” la tranquilidad y brindar garantía de seguridad, tanto a los pobladores como sobre sus bienes. Así mismo, pueden entenderse como un signo de diferenciación, distinción y de estatus social con respecto a los externos, considerados “extraños” y “peligrosos”.

En este sentido, como lo expresa Uribe (2012), los agentes del Estado así como los agentes del mercado promueven la segregación espacial urbana: “el crecimiento urbano de la ciudad de Cali obedece a múltiples determinantes, entre ellos, transición sociodemográfica, industrialización-urbanización, conflicto armado y social, violencia política, ideales de progreso, inyección de capitales en el campo y la ciudad, entre otros muchos hechos, dados, de manera especial, desde mediados del siglo XX hasta el presente (Uribe, 2006).

Para Uribe (2012), el crecimiento urbano infló el oriente de Cali, incluso, sobre áreas no propicias para urbanización, tales como las zonas de los diques del río Cauca, así como también hacia el sur, zonas consideradas como ricas en nutrientes, en paisaje y en condiciones ambientales. Pero según Uribe y Holguín, este crecimiento se llevó a cabo en un contexto social y político caótico, de bajo control institucional y de desinstitucionalización de las entidades encargadas del bienestar social, de crisis social y económica, de una creciente especulación en el mercado del suelo y de agencias del Estado atrapadas por el clientelismo y la corrupción política (Uribe y Holguín, 2012). Al respecto Uribe plantea que “actualmente, el direccionamiento del ordenamiento urbano y la claridad de su expansión son aspectos que se encuentran en incertidumbre para la ciudad, que se manifiesta no sólo en ese proceso de expansión descontrolado, sino que además se puede ver también en las transformaciones internas de la ciudad y las modificaciones en los usos del suelo en varios de sus barrios y comunas (Uribe, 2012). La ciudad se fragmentó en sectores socioespaciales (Vivas, 2012).

Para las corporaciones del mercado del suelo es claro que se le debe apostar a las tierras del sur y del occidente de la ciudad por su alta valorización y calidad ambiental. Y de hecho, los proyectos liderados por las compañías urbanizadoras vienen extendiendo la urbanización, de moderado y alto costo, hacia estos sectores de la ciudad, donde los valores de una vivienda se encuentran por encima de los 75 millones de pesos y sin tope alguno.

El economista Harvy Vivas propone un enfoque metodológico para el estudio de los patrones de segregación espacial haciendo uso de “técnicas y procedimientos de exploración espacial con estadísticas geo-referenciadas construidas a partir de los datos censales de 1993 y 2005” (Vivas, 2012, p. 5). La conclusión a la que ha llegado este economista sobre la segregación en Cali es la siguiente:

Los ejercicios estadísticos aportaron fuerte evidencia sobre la persistencia de la segregación y la creciente tendencia hacia la polarización en la distribución del capital humano en la ciudad. Los indicios de asociación entre las unidades espaciales que conforman clusters homogéneos en la métrica de densidad de capital humano propuesta en esta investigación, también se pudieron corroborar mediante la estimación de un índice global de correlación espacial que alcanzó el valor de 0.71. Estos resultados se confirmaron además mediante la estimación de un índice local de asociación espacial y algunas representaciones bivariantes con la tasa de sub-utilización laboral. (Vivas, 2012, p. 15).

Para el Estado, son las tierras del oriente las que se requieren para los proyectos de vivienda para gente pobre. Se lideran programas de vivienda y venta de lotes de interés social sobre estas áreas a costos entre los 30 y 75 millones en áreas desde 40 a 60 metros cuadrados. El programa actual de las Cien Mil Viviendas Gratis del Programa Presidencial del gobierno de Juan Manuel Santos, de las cuales diez mil son para Cali, serán localizadas sobre el sector del oriente de la ciudad.

Como lo ha explicado David Harvey (1977), el mercado del suelo en el contexto de la economía mundo capitalista obedece a las dinámicas impuestas por el capital como único mecanismo para acceder a la propiedad del suelo, y en este sentido, los pobres tienen pocas alternativas: a) quedarse por fuera del mercado de tierras; b) endeudarse con entidades bancarias a 15 o 20 años, casi toda una vida, para acceder a una propiedad; c) tomar por sus propias fuerzas tierras marginales en áreas periféricas. Esta última práctica conlleva a que en ciudades como Cali, sean evidentes procesos de desborde de la ciudad a partir de un fenómeno que poco a poco se han venido institucionalizando como Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto.

En el caso de encerramientos simbólicos sin muros físicos, pero con una fuerte carga de sanción, estigma y confinamiento social como Potrero Grande, la población externa evita el ingreso y, en ocasiones, la interacción directa con sus pobladores. No sólo por lo que logran percibir de este barrio, sino también por las representaciones negativas construidas tanto por los agentes del Estado como por los medios de comunicación y la autoridad policial. Muy probablemente, esta falta de interacción entre la urbanización sin muros con el resto de la ciudad, conlleva a que este barrio se pueda convertir en asiento fácil de control de las redes criminales y de violencia (El País, 2013a). Foucault nos recuerda que el poder:

no es simplemente sobre los individuos entendidos como sujetos-súbditos […] se descubre que aquello sobre lo que se ejerce el poder es la población […] no quiere decir simplemente un grupo humano numeroso, quiere decir un grupo de seres vivos que son atravesados, comandados, regidos por procesos de leyes biológicas. Una población posee una natalidad, una mortalidad, una población tiene una curva etaria, una pirámide etaria, tiene una morbilidad, tiene un estado de salud, una población puede perecer o al contrario puede desarrollarse. (Foucault, 2014, p. 59).

Para el poder local resulta más fácil y provechoso administrar el territorio y sobre todo para sacar una mayor renta económica a los recursos de la nación, el tener los grupos de población empobrecidos en focos bien identificados, confinados, controlados que tenerlos esparcidos por todos los espacios de la ciudad, como sucede en Cali. Y no necesita de murallas o de rejas para mantenerlos agrupados, pues utiliza los dispositivos de la dominación simbólica, y de modo especial por los discursos ofrecidos en los medios de comunicación, con los que se construyen los imaginarios y las representaciones para confinar a la población a su lugar de habitación.

Con una población confinada a un lugar bien definido, e institucionalizada, se le puede aplicar la tecnología de la normalización disciplinaria. La normalización es:

plantear un modelo óptimo que se construye en función de determinado resultado, y la operación de normalización disciplinaria pasa por intentar que la gente, los gestos y los actos se ajusten a los modelos; lo normal es, precisamente, lo que es capaz de adecuarse a esa norma, y lo anormal, lo que es incapaz de hacerlo. (Foucault, 2014, p 75).

Esto es, en otros términos, que Potrero Grande es un claro ejemplo de modelo planeado e implementado de normalización (como acción institucional) que se hace de una población catalogada como marginal y pobre, a un espacio, escenario también marginal y pobre, como “debe ser”, desde el punto de vista del poder. De un lugar pobre, se les pasa a otro lugar también empobrecido y donde se reproduce la violencia. Pues para las élites de poder, la violencia es una característica de la pobreza. Criterio, por supuesto, falso.

Lo “normal” de la pobreza desde la lectura del poder es la reproducción de la violencia. Y la violencia, y su expresión criminal y homicida es rentable para el sistema.¹⁵ El sistema requiere al pobre (leído como el “violento” y “homicida”, para castigarlo, para culparlo y para encerrarlo). Para confinarlo en los lugares decididos y definidos por el poder y no en diálogo con la población.

Cuando se observa con atención el fenómeno de Potrero Grande, es visible que su población ha sido víctima de varios procesos: por un lado, víctima de unos agentes del Estado que llevaron a cabo un proyecto sin medir las consecuencias que representaba “tirar” en casas de 28m² un número significativo de hogares de distintos contextos y orígenes socioculturales, especialmente rurales, sin ningún tipo de acompañamiento o seguimiento. Se trata de un largo de proceso de victimización que deviene adherido a las características culturales e identitarias de grupos de afrodescendientes y mestizos que claramente una élite “blanca” siempre miró con desdén y con una clara animosidad. Se suman a lo anterior, los eventos de violencia política que muchas familias sufrieron por cuenta del desplazamiento forzado y otras tantas por las expectativas de desarrollo y oportunidades con las cuales se suelen “vender” las ciudades capitales.

Como consecuencia de esto, y ante este abandono de Estado, la falta de políticas públicas integrales que permitieran una movilidad social de la población con oportunidades, así como del acompañamiento para la construcción de un tejido comunitario eficaz y fortalecido, fue fácilmente víctima de redes clientelares tanto de las prácticas politiqueras como de las redes del crimen organizado, capaces de influir, y en algunos casos de armar grupos delincuenciales y pandillas de jóvenes. Potrero Grande está a tan sólo 100 metros de una de las rutas del narcotráfico como lo es el río Cauca¹⁶. En 2012, en el comunicado del Concejo de Cali ya citado, se expone que en esta fecha: “en Potrero Grande la Policía Metropolitana tiene identificadas ocho pandillas”. (Concejo Santiago de Cali, 2012). Este dato, fue superado para el 2014.

Según reportaron las autoridades locales por información difundida por el periódico El Tiempo, en la columna titulada Bacrim extorsionan areasentados en la capital del Valle, del 20 de diciembre de 2014, se decía que:

En Potrero Grande, una de las zonas más vulnerables del oriente de Cali, no hay una hora definida para que miembros de bandas criminales vayan de puerta en puerta haciendo el llamado ‘cobro de vigilancia’... La situación sobre los cobros de grupos ilegales a dueños de las viviendas o por el ingreso a las mismas fue alertada precisamente por quienes fueron reubicados en los últimos años, sobre todo el pasado mes de agosto, en la quinta etapa de Potrero Grande… Sin embargo, 37 personas de la quinta etapa de Potrero Grande han tenido que abandonar sus viviendas, debido a presiones de las ‘bacrim’ y microextorsiones… el Gobierno señala que viene intensificando la acción policial con el desarticulamiento de más de 13 bandas dedicadas al microtráfico, de las cuales, la mayoría operan en la comuna 21... Habitantes de Potrero Grande aseguran que estos hombres armados le dicen a la población que el cobro oscila entre 2.000 y 5.000 pesos, y que puede hacerse a diario o semanalmente … las ‘bacrim’, en especial, miembros del ‘clan Úsuga’, y las pandillas han impuesto su propia ley. En el barrio operan ‘los Urabeños’, ‘los Rastrojos’, ‘los Machos’, ‘la Empresa’, ‘los Buenaventureños’, ‘la Pradera’, ‘la Favela’ y ‘la 7’. (Bohórquez, 2014).

Es la imagen que se ha construido con respecto a los pobladores de ser pobres y miserables, foco y productor de individuos y grupos delincuenciales a los que hay que vigilarlos, con la policía y con el ejército, como lo expresaba en líneas arribas el arzobispo de Cali. Incluso, algunas familias que habitaban en zonas marginales y señaladas también de ser invasores, ante la posibilidad de ser trasladados a Potrero Grande, expresaban que:

No queremos irnos para allá, donde hay violencia, donde hay muertes y donde no podríamos estar tranquilos por nuestros hijos. Queremos que nos ayuden a organizarnos. No queremos irnos de aquí. Pedimos, que por favor, que la Alcaldía nos permita continuar en este sitio, mejorando nuestras casas (Testimonio de líder del sector Brisas del Limonar, María Dionisia Prado).

Comentarios y opiniones de ciudadanos en la página virtual del Periódico El País demuestran la concepción negativa que expresa la ciudadanía, como los que a continuación se presentan:

Potrero Grande es un cáncer. No tiene cura. Este es un adelanto del post-conflicto. Ya se le da a Cali el título de capital del tal post-conflicto. Maldito el día que Gómez Hurtado propuso la elección popular para alcaldes y gobernadores. Esa medida, al cabo de varias alcaldías y gobernaciones, ha dejado a Cali, “llevado”. (Comentario de usuario registrado en diario) (El País, 2015b).

Hubiesen entregado apartamentos para ver si los tumbaban en vez de desperdiciar tanto terreno en esos guetos. Esa política politiquera de estar regalando no es efectiva y genera este tipo de problemas. (Comentario de usuario registrado en diario) (El País, 2015b).

Que por favor los censen y los devuelvan a su lugar de origen. Por qué Cali tiene que acoger y solucionar los problemas sociales de otras regiones si suficiente tenemos con los nuestros. No más dar soluciones de vivienda para gente que no agradece ni las sabe aprovechar. Mejor colaborarle a las regiones en vivienda para sus propios habitantes, no traerlos para acá porque con vivienda únicamente no solucionan sus necesidades de alimento, vestido, salud, educación, etc. (Comentario de usuario registrado en el diario) (

El País, 2015b

Dicho de otra manera, frases como: Potrero Grande es un “cáncer”, “guetos” y “devolverlos a su lugar de origen”, entre otras, manifiestan las percepciones y representaciones negativas que buena parte de la ciudadanía tiene con respecto a los pobladores de esta urbanización. Se mezclan en el imaginario social el barrio y sus habitantes como uno solo. Como si fueran la misma cosa. Como si el cáncer fuera el barrio, pero también su gente.

Cuando desde el gobierno nacional se plantean soluciones a problemas sociales, a veces filtradas por prácticas politiqueras e intereses clientelistas, y sin ningún tipo de control y acompañamiento de las comunidades, los resultados pueden ser desastrosos. Porque la solución emerge de arriba hacia abajo, sin ningún tipo de interlocución con los beneficiarios, dando cuenta de que ciertos Programas que se asumen como respuesta a problemas públicos, no son más que una representación desdibujada o parcial del problema al que intenta responder, por parte de una tecnocracia que poco o nada sabe de las realidades y necesidades de los grupos sociales afectados. Ejemplo de ello son el Programa de las “100 mil viviendas gratis” y el Programa “Vivienda Salario Mínimo” que permiten demostrar lo antes referido.

Dentro de las distintas vertientes de análisis que pueden existir al respecto, planteamos la relacionada con los conflictos sociales que han empezado a emerger entre los potenciales beneficiarios y los residentes de las zonas:

-Conflictos entre residentes que reclaman que entregar vivienda gratis a familias pobres en áreas vecinas, afectará el avalúo comercial de sus viviendas. Esto produce conflicto en términos de convivencia social, así como conflictos jurídicos (Cuervo-Plazas, 2012a). Familias que han pagado altos costos por una vivienda, ahora tendrán como vecino a otra familia que, ubicada en el mismo sector, recibe su vivienda gratis. Esto podría reproducir sentimientos de rechazo y estigmatización hacia las familias pobres -representación social de quien en últimas es un potencial beneficiario de un Programa público-.

-Las condiciones físicas de la vivienda se diseñan por fuera de las características socio demográficas de las familias que las habitarán; lo usual es que una vez entregados los proyectos, éstos sean habitados por familias numerosas que además de suplir una necesidad básica de abrigo, también requieren desarrollar actividades comerciales para el sustento y manutención de sus familias -por supuesto en este tipo de cuestiones el Estado brilla por su ausencia. Cuestiones como las anteriores, usualmente no son tenidas en cuenta por las autoridades a la hora de diseñar, ejecutar y hacer realidad el sueño de miles de colombianos de tener vivienda propia. Ya se conocen casos concretos de programas que carecieron del acompañamiento y los resultados han sido complejos como ha sucedido con el sector de Potrero Grande.

-Algunos beneficiarios de las viviendas gratis, o porque realmente no eran los beneficiaros potenciales -no fueron filtrados adecuadamente- o porque debieron salir de la zona de ubicación de las viviendas por problemas de seguridad, deciden arrendar las viviendas, desdibujando por completo el sentido de la respuesta del Estado a un problema público. Esto significa que están fallando los controles para entregar a quienes verdaderamente necesitan las viviendas y los procesos de acompañamiento que implica construir comunidad. Lo anterior puede ser un indicativo de que existen prácticas politiqueras y clientelistas, así como de oportunistas que se aprovechan de la debilidad del control del Estado.

-Una feria de vivienda que, como proceso urbanizador, ha sido motivado de modo irresponsable por el gobierno, entidades privadas, cajas de compensación y empresas urbanizadoras que, en busca de excedentes de capital por medio del mercado del suelo urbano, han desatado la más vil masacre de ecosistemas de humedal, bosques y la ampliación del perímetro urbano. Los escenarios donde se construyen las viviendas gratis regularmente son escenarios de confrontación social y condiciones ambientales inapropiadas por riesgo a un posible desastre como lo es la zona de laderas, el oriente y suroriente de Cali en sectores próximos a lo que fue el basuro de Navarro.

Estos programas de vivienda promovidos por el gobierno, difícilmente, pueden considerarse como política pública. Más bien pueden entenderse como acciones aisladas dentro de un conjunto de respuestas de la administración local que ante todo busca acrecentar sus redes clientelares, antes que brindar soluciones integrales a las necesidades más apremiantes de los grupos vulnerables. Por tanto, una política pública no sólo es un conjunto de acciones coherentes e integradas, sino también un puente que puede unir al ciudadano con sus autoridades, cuando éstas deciden hacerlos parte de una solución y no simples receptores de una respuesta ideada desde el escritorio de los tomadores de decisiones. Es así que una política pública debe integrar en su proceso de construcción a la comunidad, la sociedad civil, la academia y en general a los distintos grupos de interés -stakeholders-, que directa o indirectamente se relacionan con y pueden aportar a la solución o mejoramiento de un asunto de carácter público, dado que de este modo, se podría avanzar en la perspectiva de lograr respuestas ordenadas, concertadas y lo más posible acertadas a problemas estructurales como los que vivimos en nuestro país.

El caso de Potrero Grande, así como el de otros programas de vivienda gratis formulados por los agentes del Estado, fueron elaborados desde escritorios por parte de tecnócratas que creen que la realidad está en un plano y en papel. Por ello, amerita que el Estado en sus distintos niveles territoriales trabaje articuladamente con las comunidades, en la agencia de políticas públicas efectivas, que más allá de un periodo de gobierno, permitan atender la situación de manera estructural.

Apostar por políticas públicas de Estado que garanticen en el mediano y largo plazo respuestas efectivas, más allá de los mismos repertorios de las administraciones o de los intereses que, como en el caso de Potrero Grande, han representado la efervescencia de un sinnúmero de fenómenos sociales que nunca se previeron, precisamente por el afán de los agentes de sacar el mayor lucro a los recursos de la nación sin la más mínima contemplación por la dignidad y la seguridad de los hogares reasentados, es sin duda el reto que las autoridades públicas, pero también la academia, tienen a la hora de aportar a las complejas problemáticas sociales, políticas, culturales y ambientales propias de nuestro tiempo.

Autor de correspondencia: Hernando Uribe-Castro. Universidad Autónoma de Occidente -UAO-. Cali, Colombia. Correo electrónico: huribe@uao.edu.co.