Introducción

El viernes 18 de octubre de 2019 en Santiago de Chile, algunas estaciones del Metro se convirtieron en escenario de protesta. El alza de 30 pesos chilenos a la tarifa motivó a un grupo de estudiantes del Instituto Nacional a organizar la primera “avalancha humana” como estrategia de evasión masiva en el sistema de transporte público (Espinosa, 18 de octubre de 2019). Hecho que, algunos desde la comodidad de sus privilegios lo asocian con vandalismo y otros desde su lucha permanente en la ciudad, lo reconocen como una forma de protesta legitima. “La Convención Americana sobre Derechos Humanos no consagra expresamente el derecho a la protesta, sino que el mismo se infiere o construye a partir del estatuto de la libertad de expresión (información y opinión) y del derecho de reunión. Por ende, es un derecho implícito, al igual que ocurre en la Constitución chilena, entre otras de la región” (Hernández, 2014, pág. 354).

Con esta protesta estalla una bomba social que había estado en una cuenta regresiva bajo las promesas de desarrollo que las políticas neoliberales aseguraban para el país. El Chile de la dictadura enfrentó de manera masiva y sistemática violaciones a los derechos humanos (Nash, 2019), y ahora en pos-dictadura parece que la justicia continua ausente. Así, en estos días de convulsiones sociales, la voz de ciudadanos y ciudadanas se une para manifestar todas las formas de violación a sus derechos.

La frase que Eduardo Galeano (2005) expresa en una entrevista sobre su libro “Las venas abiertas de América Latina” publicado en 1970, deja más que claro en donde está el origen de la problemática “el subdesarrollo es una consecuencia del desarrollo ajeno”. En este sentido, la lucha contra la desigualdad, contra la inequidad, contra la segregación, contra la pobreza es contra unos pocos que tienen el poder enmascarado en narrativas tildadas de democracia e igualdad. Una de las consecuencias que este modelo asimétrico ha desencadenado década tras década ha significado que, más de la tercera parte de la población en América Latina no cuente con una vivienda adecuada (Libertun de Duren, 2018; Pug, 1994).

Naciones Unidas ha promovido el valor de la vivienda como estrategia fundamental para reducir la pobreza, tal como se puede leer en la formulación de las metas del Milenio y más recientemente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, atender el déficit habitacional se ha convertido en el principal desafío para la política de vivienda en América Latina. Sin embargo, a pesar de estar enmarcada en los ideales promovidos por Naciones Unidas, la principal y única estrategia de acción de la política está fundamentada más bien en un sistema de financiación de la vivienda. Lo anterior significó dejar de lado la dimensión social y antropológica de la vivienda condenándola a verla como un objeto de mercantilización aislado de la estructura urbana. La vivienda es un componente fundamental de la ciudad y por esta razón no puede leerse como un objeto independiente del territorio urbano (Escobar, 2008; Quispe, 2005).

A pesar del fuerte y profundo discurso de protección de los derechos humanos, las acciones derivadas de los instrumentos de política diseñados para garantizar el derecho a una vivienda digna se encuentran lejos de su cumplimiento. De tal manera, la política y el derecho a la vivienda juegan un papel importante, infortunadamente en la práctica, el discurso de los derechos humanos y el acceso a una vivienda digna son dos caminos paralelos (Rincón, 2014).

Pensar en una arquitectura sin piel no tiene que ver con un cuerpo incompleto, temeroso, o un cuerpo que hay que esconder, todo lo contrario, tiene que ver con una manifestación de la arquitectura que se une a la convulsión social. Es una arquitectura que se desnuda de las investiduras de dominación que el modelo neoliberal ha impuesto y busca liberarse de las limitaciones del mercado que individualiza, aísla y fragmenta la vida en la ciudad.

En tal sentido, en este texto se revisará antecedentes que inspiraron la actual política de vivienda presente en América Latina como antecedes para realizar una lectura de la convulsión social. De igual modo, se abordarán las opiniones de las y los ciudadanos que se expresaron en materia de vivienda desde los distintos cabildos que tomaron lugar en diferentes lugares públicos en Santiago, pero se hará énfasis en los diálogos que se han sostenido desde el colectivo “feministas lucidas” por encontrarlo iluminador y crítico, diálogos que se construyen desde la experiencia del habitar de cada una de ellas. De igual manera, se citan las voces de expertos que ya venían anunciando las afectaciones al derecho a la vivienda.

¿Qué garantiza el derecho a la vivienda? ¿La política de vivienda?

“No son 30 pesos, son 30 años” es una de las primeras frases que se comenzaron a escuchar y a leer en este estallido social, aunque en realidad son 63 años. En 1956 con la firma del convenio entre la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile y la Universidad de Chicago, profesores chilenos viajaron a Estados Unidos a realizar estudios de posgrado en Economía bajo el escudo de aprender estrategias que prometían la mejora de las condiciones de pobreza que garantizan la eliminación del problema del subdesarrollo presente en el país latinoamericano (Spikula, 1992).

Al regreso de los profesores Chile en 1967, más conocidos como los Chicago Boys, formulan entre académicos y empresarios las bases de la política económica del gobierno militar chileno, consignadas en el famoso documento conocido como “El ladrillo”; convirtiéndose este en la herencia de una teoría y política de vivienda internacional dominada por un espíritu neoliberal que, representa la privatización de los derechos fundamentales, de lo público, entre otras dimensiones y afectaciones humanas (Spikula, 1992).

En materia de vivienda, aquel documento estipuló lo siguiente:

“Vivienda: erradicación de campamentos y poblaciones marginales; autoconstrucción. A través de mecanismos financieros se continuaría el subsidio a viviendas baratas y de ciertas especificaciones, así como algunas instalaciones básicas que garanticen que sean habitadas por los verdaderamente pobres. Se prestará especial atención a la implementación de un sistema que exija ciertos niveles de ahorro previo para percibir los beneficios. En el rubro de vivienda se considera también el apoyo a la infraestructura de servicios básicos con que deben contar esas poblaciones: agua, luz y servicios comerciales” (CEP, 1992, pág. 141).

En la década de los 60 se inicia en América Latina una fuerte presencia de ocupaciones irregulares, y en particular en Chile, durante el gobierno Presidencial de Salvador Allende (1970 – 1973) las tomas de terreno pasaron a ser una práctica común (Rodriguez, 1983 citado en Ducci, 1997). El apoyo del gobierno a esta práctica de acceso al suelo es coherente con el principio de que la política de vivienda debería estar pensada desdelas necesidades y condiciones sociales de vivienda social y no en el marco de reglas económicas (Hidalgo, 1999 citado en Fuster-Farfán, 2019).Sin embargo, estas ideas provocaron la inconformidad en los grupos empresariales del sector de la construcción;hecho que desató que estos sectores junto con el apoyo de Estados Unidos desencadenaran una crisis económica y socialque dio pie a la ocupación militar del Estado el 11 de septiembre de 1973 (Fuster-Farfán, 2019). Gobierno que implementó de manera radicalel modelo económico que comenzó a tejerse en 1956.

A partir de 1975, el gobierno militar, sin dejar de lado el programa de erradicación de campamentos, implementa mecanismos que combinan subsidio habitacional y créditos para los hogares de bajos recursos desarrollando programas de vivienda y de dotación de servicio básicos, con el objetivo explícito de impulsar las inversiones en viviendas y superar el déficit de vivienda (Garcia de Freitas, Lélia y H.F Cunha, 2013; Ducci, 1997). Esta fórmula fue forjada como un sistema que estructura el cierre financiero para que los hogares puedan “acceder” a una vivienda; sin embargo, su objetivo principal fue asegurar la participación de las empresas constructoras en este sistema (Sugranyes, 2005).

Estas ideas que defendían una libertad de mercado como estrategia de estabilidad económica (Garcia de Freitas, Lélia y H.F Cunha, 2013) pronto comenzaron a ser altamente difundidas por el Banco Mundial, aconsejando a los gobiernos a abandonar su papel de productores de vivienda y adoptar un papel facilitador de la gestión del sector habitacional; señalando esta acción como el camino necesario para mejorar las condiciones habitacionales de los pobres de forma sustantiva (Burcley citado en Rolnik, 2017).

La acción Internacional del Banco Mundial puede entenderse a partir de tres momentos definidos así: 1972-83; 1983-86 y post 1986 (Pug, 1994). El primer momento se identifica en la década de 1970 con la apropiación de las ideas John Turner (1976) sobre la defensa de la autoconstrucción y la comprensión de la vivienda como verbo cuyo argumento de base es resaltar el valor y la importancia de todo lo que una vivienda significa para una familia son adoptadas por el Banco Mundial. El esquema de adopción por parte del Banco Mundial fue la financiación de proyectos piloto denominados “Lotes con servicios”, el cual consistió en la provisión de tierras urbanizadas a cargo de los gobiernos, en tanto los beneficiarios podían construir poco a poco sus casas o realizar proyectos de urbanización (Rolnik, 2017).

El segundo momento, en la década del 1980, la inestabilidad económica se suma a los mercados de vivienda configurando así una relación más estrecha entre la vivienda con la política macroeconómica, en donde la preocupación del Fondo Monetario Internacional se centraba en políticas de estabilización, en tanto el Banco Mundial en el crecimiento económico (Pug, 1994). Lo anterior se materializa en la propuesta del economista peruano Hernando De Soto de reactivar el “capital muerto” que representa la vivienda en suelo ilegal, el cual solo podía ser reactivado mediante el otorgamiento de títulos de propiedad (Calderón, 2012). En este segundo momento, la política de autoayuda del periodo anterior continuó y la mejora de los barrios marginales continuaron, pero el énfasis se centró en los factores económicos en la financiación de la vivienda y la macroeconomía (Pug, 1994).

Estas estrategias que promovía un individualismo (Pug, 1994) y que, fue seguida por otros bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue reevaluada por su limitado alcance y capacidad de recuperación de costos (Rolnik, 2017). De tal manera, que el espíritu que surgió para proteger, garantizar y mejorar las condiciones habitacionales de los pobres de manera efectiva queda subordinado a un problema de rentabilidad.

El tercer momento, para inicios de la década de 1990, el Banco Mundial defiende el modelo del subsidio o la entrega de vouchers como una subvención de capital única para garantizar asequibilidad a la vivienda a los hogares de bajos recursos económicos, no obstante, se trata básicamente de una forma transable de la vivienda en el mercado (Fuster- Farfán, 2019; Pug, 1994). Esta estrategia, constituye transformar a los pobres en propietarios (Borja, 2015 citado en Fuster-Farfán, 2019). En relación con esta transformación, Roy (2005) señala que se habla más bien de un derecho a la propiedad individual que se ha convertido en un derecho a participar en los mercados inmobiliarios (citado en Torres y Ruiz-Tagle, 2019).

Así, la actual política de vivienda cristalizada en el modelo ABC (Ahorro + bono o subsidio + crédito), busca crear mercados financieros de habitación más fuertes y grandes, para incluir así a consumidores de mediano y bajo ingreso (Rolnik, 2017). De tal manera, “en América Latina, desde 1990, el nuevo enfoque del rol estatal frente al desarrollo urbano y a la dotación de vivienda responde a un enfoque neoliberal, mercantilista e individualista” (Torres y Ruiz-Tagle, 2019, pág. 9). Así, la política de vivienda desde su diseño, desarrollo y evolución ha estado enmarcada en narrativas de reducción de pobreza, dignidad y derechos humanos, pero su núcleo y motor de funcionamiento está anclado a un sistema de financiación lejos de garantizar el cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada.

Paralelo al crecimiento de la ciudad informal en la periferia de las ciudades de América Latina se han construido complejos habitacionales enmarcados bajo el título de vivienda social, cuya infraestructura, por una parte, no resuelve en su totalidad las dimensiones de la vivienda definidas en el contenido esencial de la vivienda adecuada de Naciones Unidas y, por otra parte, tampoco resuelve necesidades urbanas de los hogares como son los servicios de salud, educación seguridad, espacio público, entre otras. Este sistema de financiación de la vivienda, por una parte, se niega al reconocimiento de la existencia de las diferencias en la configuración de los hogares y por otra, se olvida de su fuerte vínculo con la ciudad.

Mujeres y el derecho a la vivienda. Encuentros, cabildos y diálogos de mujeres durante estallido social

En el marco de la formulación e implementación de la política de vivienda durante el Gobierno militar en Chile se reafirma una problemática aún más sensible. La mujer queda en una doble dictadura, puesto que a la milenaria dominación de género ya expresada en la organización patriarcal de la sociedad, se suma la dominación política cargada de violencia, de represión y de una persecución sistemática (Valdés, 1987).

Esta tradición patriarcal reafirma así, una subordinación estructural de las mujeres, que preconcepciones sobre roles de género se manifiestan tanto en marcos legales como en el espacio a través de las prácticas de la vida cotidiana. En esta tradición, la mujer bajo autoridad marital es la encargada de la reproducción social, actividades que se dan tan solo en el ámbito privado-doméstico; en tanto la mano de obra masculina es responsable de las actividades de producción, las cuales se desarrollan en el ámbito de lo “público” (Valdés, 1987). En tal sentido, el Estado subsidiario ignora el papel de la mujer en el proceso de reproducción desplazando esta fundamental tarea, -reproducción social- al grupo familiar.

A pesar de la existencia de un escenario que pone a la mujer es una posición subordinada, las mujeres consientes de las violaciones permanentes a sus derechos se convierten en agentes de cambio al iniciar una búsqueda de una vida más justa, constituyendo así, en cada acción de resistencia una lucha de profundización democrática que busca la eliminación de las estrategias y las prácticas de dominación en la sociedad y de la subordinación de género (Valdés, 1987).

En esta lucha de profundización democrática, considero fundamental mencionar el proceso de resistencia liderado por mujeres chilenas durante la dictadura que comienza con la convocatoria a la marcha de mujeres del miércoles 30 de octubre de 1985, sus exigencias buscan el respeto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas; llamado realizado bajo los lemas “Ahora de pie, por un mañana digno”, “! mujer, por ti y por todos, es hora de reaccionar”, “porque somos más!,

¡Por la vida! (Valdés, 1987). Hoy en 2019, ese mañana que, 125 mujeres soñaron hace más de tres décadas sin dignidad e igualdad, aún no llega.

De acuerdo con Soto (2018), el movimiento y pensamiento feminista Latinoamericano se vincula a los estudios urbanos como crítica a la hegemónica epistemología masculina del conocimiento en la medida que ignora el rol de la mujer y agencia en los procesos de construcción social del espacio. Desde esta línea de pensamiento la autora señala el reconocimiento del género, cuerpo teórico feminista, como estructurador de desigualdades urbanas. Uno de los principales obstáculos es la oposición binaria que ha dominado la compresión del espacio, aquí se incluye también la mirada de la vivienda como objeto exclusivamente.

Siguiendo a Soto (2018), el pensamiento feminista implica el cuestionamiento de la concepción neutral del espacio, puesto que se ha entendido el espacio como un elemento ajeno a cualquier influencia externa. De esta forma, señala tres aspectos que dibujan la ciudad como un objeto de estudio feminista: a) División sexual de lo privado y lo público, naturalizando a la mujer b) acceso desigual para las mujeres a los bienes de la ciudad y c) planificación sexista.

En el actual estallido social, estos tres aspectos aparecen en el debate en torno a los diálogos sobre dignidad e igualdad tanto en cabildos abiertos a hombres y mujeres como en encuentros exclusivos para mujeres. Los temas que surgieron para repensar el derecho a la vivienda en particular en los cabildos abiertos se relacionan con la crítica a los esquemas de privatización como respuesta tanto al problema de déficit cuantitativo de vivienda, como la estrategia de regularización masiva de la informalidad. Lo anterior, esta vinculado a las limitaciones de acceso al suelo y con las deficiencias en la calidad de la vivienda nueva. Del mismo modo, se cuestiona el hecho de localizar la vivienda social en la periferia urbana dejándola totalmente distante de la ciudad. Esto a su vez ha promovido que las organizaciones sociales abandonen su lucha colectiva en la construcción del hábitat puesto que terminan centrando su interés en el bien privado, una lucha individual, en tal sentido, ha desestimulado la autogestión del hábitat realizada a través de procesos colectivos.

Este esquema de privatización representa la eliminación de la función social del suelo y en consecuencia se termina por abandonar el reconocimiento de la vivienda como una necesidad básica lo cual no debería estar atravesado ni limitado por ninguna forma de negociación.

De igual modo, se señalan las modalidades de seguimiento de la política como reflejo del problema estructural. El déficit cuantitativo, como indicador de mayor fuerza y jerarquía para medir el cumplimiento de las metas en materia de vivienda si bien da cuenta de la concentración de las inversiones en vivienda nueva, implica el olvido de los costos sociales que significa ignorar la localización y la calidad de la vivienda.

En materia del déficit cualitativo, aunque aparece como indicador es más débil. Su potencial está en que invita a que los temas de vivienda sean discutidos desde dimensiones más amplias, el hábitat y la ciudad. Esto ha propiciado la creación de programas de regeneración y mejoramiento de barrios; sin embargo, estas acciones apuntan tan solo a mejorar la situación de las personas que se encuentran en medio de la exclusión, pero no genera ningún tipo de estremecimiento a la situación de desigualdad que domina la sociedad. Así, es posible señalar que el derecho a la vivienda termina siendo un derecho exclusivo tan solo para quienes lo pueden comprar.

El problema habitacional se resuelve prioritariamente con unidades nuevas de vivienda, cuyo emplazamiento está desarticulado de la estructura urbana, por lo tanto, queda sobre la mesa la discusión sobre la localización como un problema central de la vivienda. El bajo costo de los terrenos en la periferia se ha convertido en la argumentación naturalizada para localizar la vivienda en esta parte de la ciudad. Sin embargo, hay que destacar que sus bajos precios son compensados frente a la falta de infraestructura urbana, en tal sentido, y teniendo en cuenta las ventajas que esta localización ofrece a los desarrollares, en materia de economías de escalas y licenciamiento de terrenos, la instrumentalización normativa de la política de vivienda debería ser más radical hacia los desarrolladores para garantizar el desarrollo de un hábitat y no de soluciones de vivienda exclusivamente, tal como se ha venido realizando.

La crítica que subyace aquí es de carácter más profundo, pues tiene que ver con que los problemas del hábitat no desaparecen con las acciones de carácter legal, pues estas por estar enmarcadas en la ley tienen una relación de justicia con el territorio que establece un blindaje para ser juzgada.Adicional, a que la vivienda se ha mercantilizado, se ha privilegiado a algunos y se ha entregado en condiciones indignas, y se suma la base moral que esquemas de privatización terminan consolidando hacia la reproducción de competencia e individualismo.

Así, como sucedió tras décadas aproximadamente, hoy las mujeres continúan la lucha por una ciudad más justa, se autoconvocan, dialogan, expresan, cuestionan, manifiestan y resisten al modelo de opresión y subordinación en el que aún nos encontramos. Así, el encuentro exclusivo para mujeres organizado desde el colectivo “feministas lucidas” colocaron sobre la mesa un contrapunto sobre la dignidad y la igualdad que, da pistas para avanzar en la lucha, hacia una vida justa y plena.

La pregunta que me llevo al parque Manuel Gutierrez, en Lo Hermida, Peñalolén, el Domingo 1 de diciembre fue ¿Qué es para ti como mujer, una vida digna? este colectivo de mujeres comienza a cuestionar el verdadero sentido de la dignidad. Al descifrar esta palabra, dialogan en torno a que la palabra dignidad ya no es suficiente para llevar adelante nuestra lucha.

Fotografía 1
¿Qué es para ti como mujer una vida digna?
Milena Rincón Castellanos, Lo Hermida, 2019.

Una de las primeras inquietudes que surgen en este diálogo parte del cuestionamiento ¿si las mujeres se sienten identificadas con la política actual? La historia y la memoria expresan que no. Así, las políticas de integración social se cuestionan, pues estas no tienen sentido en medio de la asimetría de poder que existe entre hombres y mujeres. De un parte, se habla de integración partiendo de una igualdad, sin embargo, esta igualdad esconde realmente las diferencias reales que distinguen los seres humanos. De otra parte, la integración no se trata de una mezcla social, trata de una forma que permita crear un espacio para las mujeres sin que quede fuera del sistema, se trata de una política de mujeres.

En este deseo de crear una política de mujeres motivada y pensada bajo el principio de dignidad, cuestionarse por su verdadero significado deriva en una profunda practica corporal de múltiples aristas que se construye desde la diferencia. En este sentido, parece que hablar de dignidad, no da espacio a una rebeldía, de alguna forma, hablar de dignidad se convierte en una invitación a la construcción de un cuerpo normado y se aleja de la construcción de un cuerpo libre y sin miedo, esto es una especie de limitación de espaciar el mundo, de habitar el mundo. En tal sentido, se trata de reconocer que la dignidad es distinta en cada capa que envuelve a las mujeres, negras, indígenas, trabajadores, madres. Así, expresan una crítica y resistencia a una definición hegemónica de la dignidad, construida a partir de la idea de un cuerpo sexuado hombre que se asume desde las leyes como una representación adecuada de los ciudadanos y las ciudadanas.

La rebeldía parece ser ese sentimiento que nos da dignidad, sin embargo, esta actitud termina siendo castigada. Esta rebeldía es la que permite no naturalizar una “vida de mierda”, es la que permite no naturalizar que el patriarcado continúe borrando nuestra experiencia. En tal sentido, al explorar las posibles repuestas a la pregunta central planteada para el encuentro, es fundamental pensar que la dignidad va más allá de la ley, puesto que la ley borra la existencia de las diferencias. Un paso es dejar de ser una cuota, dejar de ser una propiedad masculina, esto hace referencia a un tipo de segregación que no se habla, una segregación por discriminación, por el hecho de ser mujeres.

Lo anterior expresa el problema de la igualdad como principal limitación para una vida digna. Si bien hay un unísono de lucha que nos une, existe una gran diferencia que compartimos. En tal sentido, la dignidad debe interpretarse desde una multiescalaridad espacial y temporal, es la existencia misma.

A la luz de una nueva constitución, la rebeldía nos dice que no debemos permitir que las leyes dominen nuestro cuerpo, de igual forma, la misma definición de los derechos humanos no debe desplazar el deseo libre de las mujeres, por lo tanto, no deseamos ser territorio de la constitución. Esto no significa que tanto la constitución como los derechos humanos abandones su responsabilidad de garantizar la existencia en el mundo con la libertad de ser quien soy. En tal sentido, esta es el carácter de la batalla que se debe dar en el terreno constitucional.

El privilegio de ser mujer, y su rebeldía es una valiosa invitación a pensar en lo impensable. Así que la dignidad, ya no es suficiente para pensar hacia donde debe ir nuestra lucha, esta palabra nos posiciona como una línea de base mínima, en cambio hablar de plenitud, nos representa más, es un término que cobija tanto la rebeldía como la libertad de nuestra existencia humana, porque “no somos una cuota, somos la medida del mundo”²

Conclusiones

La principal problemática puesta sobre la mesa desde los cabildos mixtos es que la política de vivienda es una política de financiación, por tal motivo, su forma de gestión y de medición está focalizada en una mirada cuantitativa dejando de lado, la intervención perentoria que hay que realizar en el hábitat y territorio. De tal manera, el problema del déficit habitacional no debe ser visto exclusivamente como una relación de unidades de vivienda versus la cantidad de hogares, sino debe ser entendido y pensado como un problema profundamente urbano. Lo anterior implica tomar acciones concretas en términos normativos que implique la articulación de la intervención de los desarrolladores de manera perentoria con el desarrollo de hábitat, esto significa obligar al mercado a resolver la vivienda desde la dimensión cualitativa.

Es fundamental también generar una transformación en la forma que se realiza el seguimiento y monitoreo de la gestión y metas de la política de la vivienda. Si bien existe un contenido esencial que define que se puede considerar como vivienda adecuada, el seguimiento, en este caso el derecho a la vivienda ha estado más centrado en la definición de indicadores que responden más a las metas que la política de vivienda en si misma compromete, alejándose así, de aquello que el derecho a la vivienda realmente debería defender.

Desde el cuestionamiento que el colectivo de Feminista Lucidas sobre la dignidad se interpreta desde una arquitectura sin piel que significa abandonar la concepción normada de la vivienda como objeto mercantil. En tal sentido, se trata de concebir la vivienda como ese bien social que, como ha señalado Rolnik (2017) abordarla desde este ángulo significa concebir la vivienda también como estrategia y mecanismo de redistribución de la riqueza, significa también recuperar el sentido de la función social del suelo.

Arquitectura sin piel representa una manifestación en si misma del derecho a la vivienda que al liberarse de las investiduras de poder, implica ver la vivienda como el órgano y el cuerpo como la ciudad, que busca reconocer el valor humano y social de las funciones femeninas en la vivienda y en la ciudad, ya es momento de liberarnos de la dictadura. Se trata de pensar una vivienda rebelde.

Así que pensar una vivienda digna, no es suficiente, se trata de definir que es una vivienda rebelde lo cual no es una tarea sencilla. Hasta el momento, se plantean preguntas para orientar una posible reconceptualización del derecho a la vivienda: ¿cómo nos imaginamos otra practica pública en materia de vivienda? ¿bajo qué categorías se instala la la rebeldía y la plenitud en la vivienda? ¿Cómo el derecho a la vivienda hace justicia a esa rebeldía y a esa plenitud? ¿Cómo romper con esta división público-privada de la ciudad y la vivienda?

Finalmente, no es suficiente incluir el derecho a la vivienda en la constitución, sino que se trata de cuestionar el tipo de Estado hegemónico que gobierna bajo el interés de construir seres humanos iguales congelando sus procesos y prácticas de diferenciación.

Agradecimientos

Un agradecimiento espacial al colectivo de “feminsitas lucidas” por compartir su esencia.

Referencias

Calderon, J. (2012). “La agenda pendiente de la formalización de la propiedad en el Perú. Aspectos conceptuales de política pública”. En C. Salazar (Ed), Irregular. Suelo y mercado en América Latina, pp. 241-264. México: El Colegio de México.

Centro de Estudios Públicos -CEP-. (1992). “El Ladrillo”. Bases de la política económica del gobierno militar chileno. Centro de Estudios Públicos: Santiago de Chile.

Ducci, M. (1997). Chile: el lado obscuro de una política de vivienda exitosa. Eure XXIII (69), pp. 99-115.

Escobar, A. (2008). El círculo vicioso de la urbanización subnormal. En Forero, F. (ed). Arquitectura y urbanismos modernos y ciudad informal y la construcción del hábitat popular. 111-115.

Espinosa, C. (18 de octubre de 2019). “Esto se masificó de una forma increíble”: Hablan los autores de los primeros registros de evasiones masivas”. THECLINIC.CL. Obtenido de: https://www.theclinic.cl/2019/10/18/esto-se-masifico-de-una-forma-increible-hablan- los-autores-de-los-primeros-registros-de-evasiones-masivas/

Fuster-Farfán, X. (2019). Las políticas de vivienda social en Chile en un contexto de neoliberalismo híbrido. Eure 45 (135), 5-26. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. año xx, bogotá, 2014, pp. 343-358.

Galeano, E. (2005). Fragmento de la entrevista a Eduardo Galeano en el programa "Puertas y Puertos", creado por los psicoanalistas Tomás Hoffmann y Susana B. de Hoffmann, emitido por Canal 7 de Argentina el año 2005. Eduardo Galeano habla de su obra "Las Venas Abiertas de América Latina". Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=OuZyNDw36mE

Garcia de Freitas, F; Lélia, A y H.F Cunha, P. (2013). Chile: subsidies, credit and housing deficit. Cepal Review, 110.

Hernández, D. (2014). Parámetros sobre el derecho a la protesta social y garantías constitucionales. El caso chileno. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano (xx), 343-358. Obtenido de: http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataFiles/14374.pdf

Libertun de Duren, N. (2018). Why there? Developers' rationale for building social housing in the urban periphery in Latin America. Cities 72 411–420.

Nash, C. (2019). Debate. El Chile de la postdictadura: foco del análisis de académicas y académicos de la Casa de Bello. Diario UChile. Consultado el 23 de octubre de 2019. Obtenido de: https://radio.uchile.cl/2019/07/12/el-chile-de-la-postdictadura-foco-del- analisis-de-academicas-y-academicos-en-radio-u-de-chile/

Pug, C. (1994). Housing policy development in developing countries The World Bank and internationalization, 1972-93. Cities 11 (3) 159-180.

Quispe, J. (2005). El Problema de la vivienda en el Perú, Retos y Perspectivas. INVI 20 (53), 20-44.

Rincon, M. (2014). Vivienda digna y derechos humanos: Caminos paralelos. (Editorial). Cuadernos de Vivienda y Urbanismo 7 (14), 180-182.

Rolnik, R. (2017). La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. Traducción de Ana Laura Granero. OM Ediciones: Santiago de Chile, Chile.

Soto, P. 2018. Hacia la construcción de unas geografías de género de la ciudad. Formas plurales de habitar y significar los espacios urbanos en Latinoamérica. Revista Perspectiva Geográfica 23(2): 13-31. Disponible en: https://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/perspectiva/article/view/7382/7073

Spikula, Sergio de Castro. (1992). Prólogo. Centro de estudios públicos (Ed). En “El Ladrillo”. Bases de la política económica del gobierno militar chileno. Centro de Estudios públicos: Santiago de Chile.

Sugranyes, A. (2005). “La política habitacional en Chile, 1980-2000: un éxito liberal para dar techo a los pobres”. Capítulo1. Texto de tesis de doctorado en proceso, “The social and urban impacts of the public housing stock in Santiago, Chile: Issues of the urban poor, housing policy and city”, Bouwkunde, TU-Delft, Países Bajos.

Turner, J. (1976). Housing by People. New York: Panteon Books.

Torres, D. y Ruiz-Tagle, J. (2019). ¿Derecho a la vivienda o la propiedad privada? De la política pública a la informalidad urbana en el Área Metropolitana de Lima (1996- 2015). EURE 45 (136), 5-29.

Valdés, T. (1987). Las mujeres y la dictadura. Material de discusión. Programa FLACSO- Santiago de Chile. Número 94.

Notas