INTRODUCCIÓN

El diario Entre Todos fue un periódico ligado al Movimiento Todos por la Patria (MTP), que logró aglutinar a un conjunto amplio de ex militantes, académicos y personalidades políticas de la década de 1970 con tendencias de la izquierda plural, reivindicadoras de las bases sociales.[1] En un comienzo, podríamos decir que los estudios interesados en indagar en cuestiones transversales de la revista, como pueden ser las trayectorias políticas precedentes y su relación con los hechos posteriores de La Tablada (en Buenos Aires, el 23 de enero de 1989), han sido exámenes de corte más narrativo que analítico, con un sesgo más testimonial, en algunos casos como protagonistas de los hechos, como sucede con los trabajos de Salinas y Villalonga (1993), Mattini (1996), Santucho (2004), Gorriarán-Merlo (2003), De-Santis (2010), Narzole (2007) y Augier (2012). Estos trabajos constituyen un aporte importante en términos de recopilación de testimonios y fuentes de información fáctica en general, aunque, como lo señaló Carnovale (2013a), carecen de interrogantes relevantes para el campo académico, pues están centrados en la recopilación de una memoria de la izquierda militante, reivindicativa y heroica del movimiento, o bien en un relato de corte periodístico. Por otra parte, podrían mencionarse los trabajos de Montero (2012) y Celesia y Waisberg (2013), quienes recopilan un gran volumen de información a modo de crónica, aunque en ellos también persiste el enfoque narrativo-periodístico centrado en la reivindicación militante.

Posteriormente, los estudios sobre el MTP suscitaron la atención de algunas investigadoras pioneras como Hilb (2008) y Carnovale (2013; 2014), quienes atendieron a la fundación del movimiento y al plano discursivo ideológico del diario y de sus fundadores en relación con la organización política. Naturalmente, esto las llevó a indagar en los debates sobre la democracia y la dictadura, la visión político-partidaria y la presentación de cuestiones de importancia en torno al MTP, así como la experiencia de colaboración en el proceso de liberación nicaragüense y las controversias de la toma del cuartel de La Tablada. En general, el papel del diario Entre Todos no ocupa un lugar tan importante en estos estudios, mucho menos en lo que refiere a la indagación de las perspectivas político-económicas del mismo. Incluso, los estudios que se han ocupado de la toma del cuartel de La Tablada se centran en cuestiones referentes a la violencia y la memoria (Pontelli, 2019), las violaciones de los derechos humanos (Torres-Molina, 2019), la cuestión más general de los levantamientos militares durante el gobierno democrático de Alfonsín (Masi-Rius & Pretel-Eraso, 2007), las acciones y narrativas del MTP (Ares-Hauret, 2019) y el análisis regional centrado en el partido de La Matanza desde la historia oral (Ledesma & Moyano, 2014).

En este trabajo nos proponemos analizar específicamente las ideas económicas que fueron plasmadas en el diario Entre todos, tanto por parte de sus miembros como por las voces incluidas en los debates y que, en alguna medida, involucraron la política económica de Argentina. Sin embargo, no nos ocupamos tanto en constatar o cotejar las aseveraciones económicas pronunciadas en el diario con la realidad de aquel entonces, ni en ampliar los análisis existentes en este sentido; más bien indagamos acerca de las concepciones sobre política económica que se discutían en los debates, que se abrieron en torno a la evolución de la economía. Centramos nuestra atención en los números de la revista producidos entre 1985 y 1988, con los cuales se desarrolló la mayor actividad de Entre Todos, en especial la cuestión referida a la política económica. En este sentido, dividimos y parcializamos el análisis de los tópicos seleccionados, centrándonos en cuestiones sobre el programa económico del gobierno y la evolución de la política económica, así como en las críticas formuladas a esta. No obstante, dejamos por fuera otros ejes importantes, como los debates en torno al Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública,[2] los empresarios, el sector agropecuario y las concepciones en torno a la crisis económica que se vivía.

Para este análisis seguimos a Rougier y Odisio (2018), quienes aseguran que “detrás de los instrumentos y las condiciones sociales y económicas [desplegadas en la política económica] existen ideas que pueden considerarse el sustrato de las políticas económicas” (p. 16). Estas ideas fueron interpretadas y resignificadas por industriales, intelectuales, funcionarios, políticos y otros actores sociales a lo largo de la historia argentina. Desde el punto de vista historiográfico, se destaca que el estudio de las mentalidades —ligado en sus orígenes al ámbito francés— surgió como parte de un quiebre en los clásicos análisis de corte estructural de Annales en los años 1970 (Le-Goff & Nora, 1974), aunque hay que considerar que desde hacía una década atrás se estaban recuperando otras herramientas analíticas para conjugar diferentes temporalidades como el lenguaje, los mitos, las creencias y la iconografía (Duby, 1961). Estas fueron las primeras iniciativas de quienes se preocuparon por ampliar el examen de las estructuras materiales, psicológicas y culturales, abandonando los esquemas más rígidos del materialismo histórico y constituyendo una apertura más sintonizada al diálogo entre ciencias sociales, que propone nuevos métodos de análisis. En suma, adoptamos la metodología instrumentada por los autores citados con el fin de avanzar en “una historia que no se separa del tiempo, del espacio o de la vida social, pero que tampoco las anuda mecánicamente a la estructura material” (Rougier & Odisio, 2018, p. 18). Cabe aclarar que con este examen parcializado no renunciamos a la historia total en su versión económica y social, sino que buscamos hacer converger el examen de las ideas con la historia económica y social, recuperando propuestas que hasta el momento se han encontrado separadas. Además, buscamos aportar en alguna medida al análisis histórico-económico sobre el diario Entre Todos, que hasta entonces no ha recibido atención de forma específica, a pesar de los valiosos aportes realizados desde las perspectivas políticas y culturales, y que para nosotros tienen mucho valor.

En este aspecto, algunas herramientas que hemos utilizado en el análisis nos han servido para mostrar la convergencia entre las ideas y la historia económica y social. En primer término, y en un sentido metodológico, se han agrupado las discusiones de la publicación periódicamente y se han relacionado con la evolución de los hechos descritos en los estudios sobre historia económica en Argentina en su vertiente económica y social. Asumiendo que tanto las ideas sobre la economía como sobre la política económica contemporánea constituyen una dimensión de análisis propia, se pudo delimitar el abordaje de esta a la visión específica de quienes discutían en la publicación la realidad argentina, sin dejar de lado el entramado social de aquellos años y sus principales problemas en el área económica, tales como: el avance de la inflación, los planes heterodoxos y ortodoxos, la crisis de la deuda latinoamericana, la financiación económica, etc. Muchos de estos análisis fueron desarrollados de forma paralela por los hombres y las mujeres que publicaban en Entre Todos, de los cuales muchos eran parte de los cambios a los que asistía el capitalismo desde la mitad de la década de 1970 y que eran por lo tanto nuevos. Así, las ideologías, debates y mentalidades han sido analizadas en relación estricta con el desarrollo económico nacional y con la manera como el equipo económico de Alfonsín manejaba la política económica. De esta forma, se han desmontado las visiones y representaciones que se tuvieron desde el sector de la izquierda sobre los funcionarios, las políticas económicas implementadas y los principales problemas de la época en el área, para constituir una visión homogénea que caracterice a la publicación, pero que también sirva para pensar la visión económica de la izquierda que en aquellos años se renovaba con las democratizaciones latinoamericanas.

DEL PLAN AUSTRAL A LA REVISTA ENTRE TODOS

Durante toda la década de 1980, el gobierno de Alfonsín se caracterizó por los severos efectos que produjo en su economía la crisis de la deuda latinoamericana (altas tasas de interés internacionales, desencuentros con los acreedores externos y monitoreo estricto del FMI sujeto a programas stand by). Argentina era uno de los mayores deudores, y por lo tanto tenía la presión de las instituciones financieras internacionales para implementar ajustes de corto plazo y reformas estructurales, las cuales debieron esperar hasta la década de los noventa para encontrar las condiciones sociales de su plenitud (Ffrench-Davis & Devlin, 1993). Además, fue particularmente dificultosa la evolución de las cosechas y de los precios internacionales de los productos exportables, que acumularon una caída del 37 % entre 1984-1987 (Schvarzer & Aroskind, 1987). La doble transferencia del Estado, señalada por Ortiz y Schorr (2006), significó que entre 1981-1989 se transfiriera al exterior, principalmente por concepto de intereses sobre la deuda, el 4 % del PBI, mientras al capital concentrado (los principales grupos económicos nacionales y extranjeros) se le transfería un 10 % del PBI por concepto de sobrecompras, descuentos impositivos y promociones industriales. En este marco de endeudamiento público, al cual debía sumarse una inflación de tres dígitos y la incertidumbre que eso provocaba, Damill y Frenkel (1994) señalan que la caída de la inversión bruta fija se constituyó como la principal variable de ajuste.

Además de estos problemas estructurales y, teniendo en cuenta que prestamos especial atención a los pronunciamientos de Entre Todos a partir de 1985 hasta casi el final del gobierno de Alfonsín en 1988, creemos que sería conveniente definir algunas precisiones en torno a la evolución política económica en aquellos años, así como sobre el papel del MTP y la revista en su contexto. Desde julio de 1985, la estrategia económica del gobierno entraba en una segunda etapa, dejando atrás la anterior practicada por el ministro de Economía Bernardo Grinspun (1983-1985).[3] Ante el deterioro económico, la falta de acuerdos con el FMI en torno a la enorme deuda legada de la dictadura (de alrededor de 45 mil millones de dólares) y el riesgo de una hiperinflación, Alfonsín reemplazó al equipo económico del ministro Grinspun y al presidente del Banco Central, García Vázquez, por Juan Sourrouille y Alfredo Concepción, respectivamente, a los que se sumaron los secretarios de Coordinación Económica y Hacienda, Adolfo Canitrot y Mario Brodersohn. Los nuevos funcionarios, de un perfil más técnico que partidario, exceptuando a Concepción (quien sería reemplazado por José Luis Machinea en agosto de 1986), prepararon en secreto un programa de estabilización, que fue luego presentado al FMI, tomando medidas para reacomodar los precios relativos y prepararlos para un congelamiento de shock. Esta segunda etapa se caracterizó por el lanzamiento del programa de estabilización heterodoxo conocido en aquel entonces como Plan Austral, que combinaba medidas ortodoxas y heterodoxas con el principal objetivo de detener la inflación, revirtiendo las expectativas inflacionarias, para así recrear condiciones para el crecimiento (Belini & Korol, 2020).

El mismo se caracterizó por el compromiso de la no emisión ni el financiamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro (es decir, una política fiscal y monetaria estricta), el cambio de signo monetario, un desagio para evitar las previsiones inflacionarias en los contratos ya firmados en pesos, reducción de las tasas de interés reguladas, devaluación del 15 % de la moneda, impuestos a las exportaciones y congelamiento de productos de consumo popular, así como de los principales índices de la economía: tipo de cambio, tarifas y salarios. Como sostiene Rapoport (2020), el Plan significó un ajuste aún mayor de lo que exigía el FMI, pero dada su originalidad logró detener la inflación, evitando una recesión profunda. El plan tuvo un éxito inicial al lograr descender la inflación hasta niveles inéditos del 2 % mensual y controlar el déficit fiscal, aunque sobre bases poco sólidas, permitiendo al gobierno ganar las elecciones legislativas en noviembre de 1985.

A partir de entonces, en tanto los éxitos del Plan Austral escondían insuficiencias estructurales tales como la carencia de objetivos de crecimiento y desarrollo en un mediano plazo, la falta de una iniciativa concreta para implementar reformas que reacomodaran el déficit (que había mejorado más gracias a la recaudación que a su reducción), o de soluciones que bajaran estructuralmente la inflación (Gerchunoff & Llach, 2019), su evolución se vio caracterizada por un progresivo deterioro económico: vuelta de la inflación, conflicto social con el sindicalismo y el sector agropecuario y bloqueo político de la oposición. Además, el endeble financiamiento del FMI y sus constantes monitoreos y condiciones (Brenta, 2019) llevaron a que la vuelta de la inflación, la incontrolabilidad del déficit fiscal y los problemas de financiamiento del sector público, aun con niveles bajos de inflación, se tornaran los principales problemas. Las estrategias, de allí en más, fueron medidas complementarias de ajuste, derivadas del Plan Austral, como el Australito en 1987 o el Plan Primavera en 1988, que consistían en congelamientos, acuerdos con las instituciones financieras y medidas ortodoxas como el control del gasto o la restricción monetaria, a lo que se sumaba la voluntad de implementar reformas de mediano plazo en la línea de una progresiva apertura comercial.[4] Así, a medida que avanzaba el deterioro económico también lo hacía la credibilidad del gobierno, que perdió las elecciones legislativas en septiembre de 1987 mientras era constantemente jaqueado por el sector agropecuario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quienes desde un comienzo se opusieran al Plan en mayor medida apoyados por los sectores de industriales conocidos como capitanes de la industria[5] (Fair, 2017; Massano, 2018), sumado esto a la falta de apoyo, desde un comienzo, del sindicalismo peronista. Las estrategias antiinflacionarias de los ajustes que se practicaban tenían impactos cada vez más cortos, y a medida que las principales variables macroeconómicas como la inflación, las cuentas públicas, el financiamiento, la inversión, los salarios reales y el control de la oferta monetaria se deterioraban, el gobierno perdía apoyos y la posibilidad de concertar con los principales actores para estabilizar la economía.

En suma, el gobierno de Alfonsín, a pesar de haber hecho un viraje tanto en la orientación de la política económica como en sus relaciones con Washington luego de la primera etapa con Grinspun (Escudé & Cisneros, 2000), adoleció de una falta de entendimiento de los importantes cambios estructurales que durante el régimen de 1976-1983 habían asistido a la estructura económica y social. Nos referimos a la liberalización, en un primer lugar, que causó problemas en toda la etapa en el BCRA, así como el incremento de la fuga de capitales (Basualdo, 2019). También al tamaño de la deuda externa, que en un principio se trató de politizar encarando juicios que cuestionaban su legitimidad hasta organizar un club de deudores latinoamericanos, para luego alinearse con la postura de los acreedores, las instituciones financieras y los intereses de Norteamérica (Brenta, 2019). Y, por último, a las transferencias que el Estado hacía a sectores del empresariado concentrado interno en concepto de sobrecompras, promoción industrial y seguros de cambio que, juntos, no hacían más que aumentar el desequilibrio estructural que debilitaba al Estado (Ortiz & Schorr, 2006). La errada lectura del alfonsinismo de estos problemas, en tanto el gobierno llegó ocupándose más de la democratización social que de implementar una estrategia económica (Pesce, 2006), hicieron que ciertas medidas que buscaban tanto la reactivación industrial como la distribución del ingreso, incluso con Sourrouille, no prosperaran, dadas las contradicciones que generaban en insostenibilidad y aumento de los precios. Finalmente, el gobierno terminó con la hiperinflación de 1989, una mora con los acreedores externos y el FMI, y la entrega inmediata del poder al candidato electo Carlos Menem (1989-1999), en un contexto de incertidumbre y pobres indicadores económicos.

En este marco, la revista Entre Todos se encontró íntimamente ligada luego a la organización política del MTP, nacido como tal en 1986 y posterior protagonista, después de su actividad e intento de política electoral, en la toma del Cuartel Regimiento III de La Tablada, Buenos Aires, entendido como el “último acto de la guerrilla setentista” (Hilb, 2008, p. 1). Esta toma, que en un comienzo se confundiera con una asonada de militares rebeldes contra la reciente democracia, por intenciones del mismo grupo, dejó un saldo de 29 muertos y desaparecidos como producto del enfrentamiento y la posterior detención de los militantes. El hilo de sucesos, como dice Carnovale (2013b), se remonta a las anteriores experiencias de discusión y disolución de las organizaciones guerrilleras setentistas, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), a partir de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Comenzando con la figura más influyente del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, cuadros importantes de la izquierda argentina decidieron volver al país luego del exilio y de su colaboración con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, contra la dictadura de Anastasio Somoza (1967-1972 y 1974-1979). Con la experiencia nicaragüense y las nuevas redefiniciones políticas respecto de la Argentina que impactaron en el grupo, como en el caso del desmoronamiento militar luego de la guerra de las Malvinas (1982), los militantes guerrilleros decidieron volver al país. Entre los más destacados cabe mencionar, además de Gorriarán Merlo, a Rubén Dri, Rodolfo Mattarollo, Quito Burgos y Pablo Ramos.

Carnovale (2014) divide en dos etapas los 38 números editados entre noviembre de 1984 y noviembre de 1987, más los 5 números publicados entre marzo y octubre de 1988 bajo otro formato: Cuadernos de Entre Todos. La revista funcionó como vehículo del nuevo movimiento político MTP y se caracterizó por atraer a militantes de diferentes sectores de afiliación de izquierda. Entre Todos se editó pues entre noviembre de 1984 y diciembre de 1988, con un perfil plural de las tradiciones que buscaba aglutinar: peronistas, radicales, intransigentes, cristianos, socialistas, comunistas, independientes, entre otros.

Si bien el diario se ocupó en gran medida de tópicos temáticos como la defensa de la democracia, la cuestión de los derechos humanos y el rumbo de la revolución nicaragüense, la cuestión de la política económica no ocupó un papel menor, especialmente en los años analizados. Nutrida por diversas personalidades, en ocasiones pertenecientes al diario y en otras con invitados provenientes de un diverso arco político progresista que aún en nuestros días tienen una importante presencia académica y política de relevancia,[6] la revista mantuvo una postura crítica contra el gobierno. La dimensión política-económica en general se caracterizó por un fuerte énfasis en señalar las debilidades del gobierno frente a diferentes grupos de poder representados por los monopolios, la oligarquía agroexportadora o la patria financiera, como se les caracterizó en aquellos años. Si bien la revista ha suscitado la atención de investigadores desde aproximaciones estrictamente políticas y de la historia de las izquierdas, lo cual consideramos acertado dado el perfil y las bases sociales tanto de la misma como del MTP y su posterior acción guerrillera de La Tablada, consideramos pertinente la propuesta de centrarnos, en los apartados que siguen, en el plano político económico. Este no ha sido menor y, para nuestra sorpresa, abarca diversas cuestiones de la economía argentina que en aquellos años resultaban de vital importancia.

EL PLAN AUSTRAL A LA SOMBRA DEL FMI (1985-1987)

La mayoría de las noticias referidas a temas económicos se dedicaron a hacer críticas en torno al programa del gobierno. En un segundo lugar, se encontraron, según nuestro criterio y relevamiento, cuestiones referidas a la deuda externa (principalmente en discusiones contra el FMI) y a la independencia económica del país. Desde febrero de 1985, a pocos meses de iniciada la gestión de Sourrouille, Entre Todos pronosticó “las medidas de austeridad que se apresta a tomar el gobierno para cumplir con los compromisos externos de la deuda”.[7] El argumento se refería al stand by que el gobierno pretendía restablecer con el FMI, el cual “no sirve a la producción y las inversiones, sino para hacer frente a nuestra abultada deuda externa de 45 mil millones de dólares”.[8] No obstante, y luego de denunciar la ilegitimidad de una deuda originada en los años de dictadura, Entre Todos demostró confianza en el avance democrático al afirmar que “cualquier solución fuera de la democracia sería profundizar la especulación y la dependencia”,[9] y apostó a la “voluntad política del Poder Ejecutivo y el Congreso nacional […] dando a publicidad todo lo que hace e hizo la especulación financiera”.[10] Sin embargo, la solución al problema de la deuda no estaría en los mecanismos procedimentales que recién comenzaban a edificar la democracia argentina, sino en el programa económico del gobierno, el cual contemplaba medidas “tales como el control de cambios, la nacionalización de la banca, los depósitos y el comercio exterior”.[11]

Luego, en un sentido similar se recrearon, en una entrevista con el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Floreal Godini, un conjunto de propuestas concretas. Por ejemplo, Entre Todos indagó sobre el devenir del mercado interno, donde preocupaba el hecho de que, ante un plan proexportador, “aumentar las exportaciones por vía de la devaluación incide inmediatamente en el achicamiento del mercado interno”.[12] Especialmente preocupante fue el tema de la política financiera, respecto de la cual Entre Todos se preguntó “¿Cómo hace el Estado para terminar con este injusto manejo del sistema financiero?”.[13] En este sentido, se mostró preocupación en torno a la modificación de la Ley de Entidades Financieras de 1977,[14] la cual concedía una excesiva falta de regulación al sector, porque “el crédito necesita ser dirigido. Potencialmente, los usuarios de crédito superan el millón de empresas [mientras que la cuenta de regulación monetaria] hay que suprimirla totalmente”.[15] En la misma edición, Manuel Gaggero expuso más claramente la cuestión financiera, afirmando que “ningún país capitalista puede sobrevivir con tasas de interés que superan el 50 por ciento mensual [dado que] cuando se produce una constante fuga de divisas hacia bancos extranjeros no es posible alentar ningún tipo de inversiones”.[16] Apuntando a los sectores económicos caracterizados como la patria financiera, Gaggero también sostuvo que la iniciativa democrática, luego de “algunas tímidas medidas de la conducción económica radical, no [logró] cambiar el rumbo”.[17] En este marco, la solución posible que se presentaba en la visión de Entre Todos era que el gobierno propusiera al Congreso la nacionalización de la Banca, “o por lo menos la prohibición a los bancos privados y extranjeros de que operen con el ahorro interno y la implantación de un estricto sistema de control de cambios […] para salvar el sistema”.[18]

Luego, cuando se produjo la salida de García Vázquez del BCRA por desencuentros con el equipo económico de Sourrouille, Entre Todos se mostró crítico con los medios que afirmaban que el pueblo lamentaba su salida, dado que era un funcionario ligado al radicalismo y a las estrategias económicas keynesianas, cuestionando la afirmación de que realmente “causó olas de tristeza en las barriadas populares”.[19] Con el mismo espíritu crítico, incluso de los funcionarios del gobierno más cercanos al partido radical, se decía de Grinspun que “en el marco de la gravedad de la situación económico-social, no basta con no alinearse junto a los tradicionales explotadores del pueblo. Para ser reconocido por las filas populares, hay que ponerse decididamente de su lado, en vez de buscar soluciones hipotéticas que pueden conformar por igual a los acreedores del país”,[20] a lo que luego se sumó en la misma nota la desconfianza en torno a la “ambigüedad del nuevo ministro”.[21]

Una vez anunciado formalmente el Plan Austral, Entre Todos detalló la participación tanto de técnicos (Sourrouille, Brodersohn, Machinea y Canitrot) como de peronistas (Roberto Lavagna, Enrique Devoto y Roberto Frenkel), aunque señalando negativamente que los funcionarios del Tesoro de los EE. UU. y el FMI “tuvieron injerencia en las decisiones [y que] no cabe duda de que el FMI aceptó este programa, porque considera que puede garantizarle el pago de los intereses”.[22] No obstante, del nuevo equipo económico se dijo que “estos economistas, que se sumaron al enfrentamiento de la dictadura, tienen una vasta formación académica, estructuralista y no liberal [pero] se encuentran ahora en una función de gobierno, sin un arraigo social y político propio acorde a los intereses de los sectores populares. En consecuencia, elaboraron un modelo más técnico que político”.[23] Con respecto al programa, se cuestionó el hecho de que “se trató de una decisión que compromete a todo un país que transita la vida democrática [pero] que tuvo como partícipes solo a las máximas esferas de gobierno [mientras que] el presidente debía establecer un diálogo, una consulta, lo más amplia y popular posible”.[24]

Con respecto a los efectos del Plan, se precisó que “los precios fueron congelados al día 13 de junio, mientras que los salarios se congelaron al 1 julio. Dicho así, quedaría la impresión de que los asalariados sacaron ventaja de esta carrera; pero, en realidad, el crecimiento de precios fue tan escandaloso en los doce primeros días de junio que supera holgadamente el crecimiento del salario mensual establecido en 22,59 por ciento”.[25] También se planteó de manera crítica que, a pesar de proyectar dicho plan un acrecentamiento de las reservas de 2 mil millones de dólares, los trabajadores saldrían también perjudicados, dado que “no contarán con un nivel salarial que permita reactivar la demanda; no habrá aliento a la construcción y la pequeña y mediana empresa no contará con créditos”.[26] Finalmente se contempló que, a pesar de los esfuerzos en la anunciada lucha antinflacionaria que anunciaba el Plan, se ocultaba “su objetivo final de lograr una tasa de ahorro de gran magnitud [por la que] la devaluación proyectada el 11 de junio en un año, podría disminuir su participación [asalariada] a una cifra cercana a un 25% del PBI [reduciendo el 30% calculado, lo cual] crearía una transferencia [que] significaría que los asalariados pagaran la mayor parte de los intereses de la deuda”.[27]

En la misma edición, un titular de primera plana interrogaba: “¿Qué debe hacer el pueblo ante el plan económico?”,[28] y se encontraba dedicado a reproducir las voces de diferentes políticos y funcionarios. Por un lado, el entonces senador radical Ricardo Laferriere recomendaba que “el pueblo tiene que reaccionar frente al plan […] dando la batalla ideológica para evitar que el plan sea ‘infiltrado’ por los sectores de la derecha económica [quienes] apoyan el plan, pero cuestionan el ahorro forzoso [y] la reforma impositiva”.[29] También se decía que la movilización popular debía alcanzar el plano de la práctica, caracterizado como una reacción para garantizar las variables del plan (como el control de precios, la tregua de despidos y la desocupación). A su vez, el mismo senador afirmó: “Creo que este plan responde a las expectativas antiinflacionarias de la enorme mayoría, en razón de que los sectores de menores ingresos eran los que más sufrían [y que] hay que recalcar que el plan no implica, de por sí, ninguna redistribución de ingresos, ni a favor ni en contra del pueblo”.[30] Por otra parte, el entonces dirigente del Partido Socialista Auténtico, Simón Lázara, sostuvo que “al plan le falta una política de reactivación y un proyecto de crecimiento. Tampoco se proponía tenerlo: solo intenta contener la escalada inflacionaria y crear condiciones para aumentar los saldos exportables, lo cual permitirá transferir más divisas a la banca internacional”.[31] Además, Lázara sugería que el Plan se encontraba vinculado “a un proyecto que va destinado a terminar con el Estado [para] privatizar el crecimiento”.[32]

Entrados los primeros meses de 1986, Gaggero señalaba en una nota, ya en franca oposición al gobierno, que “no se puede invocar a Hipólito Yrigoyen para justificar un plan económico dirigido, centralmente, a beneficiar a los sectores más concentrados del aparato económico nacional. A profundizar la dependencia y […] avanzar en el proceso de desnacionalización de nuestra economía iniciado por la Dictadura”.[33] Luego, una nota anónima dedicada a cuestionar los pronunciamientos, especialmente las justificaciones de la implementación del Austral, expuso respecto al salario que “el deterioro mantuvo su magnitud [ya que] de una realidad de alteración continua de los precios relativos y […] de una ‘errática’ e irracional apropiación de estos recursos, se ha pasado a una apropiación racionalizada y sistematizada de los recursos que mensualmente se le expropian a los asalariados”.[34] Con todo, se reconocía cierta estratificación asalariada al afirmar que “seguramente el salario del cual habló [el Ministro] no tiene demasiado que ver con los sueldos que se perciben en el sector menos concentrado del aparato industrial —pequeña y mediana empresa—, ni tampoco con los que dependen del aparato estatal o que se ubican en el área de comercio [sino que] se refirió a una pequeña capa del conjunto de asalariados”.[35]

Por otro lado, se hicieron cuestionamientos al énfasis del gobierno en la reducción del déficit fiscal, especialmente en la contradicción que se percibía en el hecho de que el mismo “no revirtió el desequilibrio fundamental […] que consiste en su profunda articulación con los grupos más concentrados del capital privado […] mediante distintos mecanismos: política de compras y acumulación de stocks, oferta de insumos baratos, política de privatizaciones y privatización periférica”.[36] A medida que el Plan Austral comenzó a mostrar cierto rebrote inflacionario, se reportó que “el gobierno procuró estabilizar los precios y aumentar los ingresos fiscales [pero] el régimen de precios administrados fue mirado con disgusto por los grandes empresarios”.[37] Así, se sumaba a la crítica al plan económico una crítica a los empresarios más grandes de la UIA que no respetaban tales precios.

Luego, en el mes de julio de 1986, en entrevista con el entonces dirigente del Consejo Argentino de la Industria (CAI), Daniel Chimenti, exaltado como un vocero de las pequeñas y medianas industrias del país, Carlos Corbellini lo interrogó sobre varios puntos en relación al plan económico del gobierno. El primero de ellos se refirió al crecimiento económico, a lo que Chimenti reconoció que, desde 1985, “hay un importante incremento del producto interno bruto industrial”;[38] incluso, cuando se le interrogara un poco incisivamente “¿como se explica este fenómeno si no ha aumentado el poder adquisitivo del salario? [Chimenti contestó que] el Plan Austral no inventó la recesión que estaba instalada desde hace mucho antes”.[39] El dirigente entendía de este modo que la recesión, que ya era parte de la coyuntura argentina desde 1981, se acentuó con el primer acuerdo entre el FMI y la República Argentina en 1984 durante la gestión Grinspun y que luego que este debió ser abandonado (debido, principalmente, al incremento de los precios), “el Plan Austral seis meses después la consolida desde el punto de vista del consumo de los asalariados”.[40]

Entrado el mes de agosto de 1986, Entre Todos advertía que la inflación de junio “está estimada en más del 6 por ciento y la de agosto superaría esa cifra […] lejos quedó al cálculo oficial de un 28 por ciento para todo el año”.[41] También se señaló que, aunque “en un grado menor, se está volviendo a reproducir la puja distributiva que se vivió durante la época de Bernardo Grinspun”[42], refiriéndose, en la nota firmada a nombre de Gaspar Gayoso, al incremento de los precios por parte de empresarios seguidos de las tarifas públicas y las pujas de los asalariados. El problema, se argumentaba, estaba en que, cumplido un año de vida del Plan Austral, el apoyo ideológico de los empresarios “no se tradujo en inversión [dado que la tasa de esta] fue la mitad de 1980 […] Esto provoca un estrangulamiento [porque] no compran materias primas —sino las imprescindibles—, no contratan trabajadores —sino temporarios—, no renuevan las máquinas y presionan para aumentar los precios”.[43] Así, la patria financiera o los capitanes de la industria, como se los calificaba, con su tendencia a la “bicicleta financiera”, tenían el potencial de poner en aprietos a un gobierno que, ante la impotencia de incentivar al sector a la inversión y a la estrategia productiva, “intenta restringir la oferta de dinero —vía aumento de la tasa de interés—; reducir el déficit fiscal —aumentando tarifas e impuestos— y controlar salarios”.[44] Más allá de las críticas al sector empresario industrial, o a las endebles alianzas que este tenía con el gobierno, el principal cuestionamiento era para los funcionarios de la cartera económica, porque “en aras de evitar un nuevo rebrote inflacionario, el salario se vuelve a convertir en una variable de ajuste”.[45]

LA RECONFIGURACIÓN CAPITALISTA MUNDIAL EN LA LECTURA DE ENTRE TODOS (1987-1988)

A comienzos de 1987, cuando el deterioro del Plan Austral era evidente, Entre Todos discutió el aumento del costo de vida y el desfasaje del mismo en torno a lo que había previsto el gobierno. Más importante aún era el cuestionamiento a Alfonsín, “quien pidió solidaridad para la continuación del sistema democrático [y se encuentra] en la búsqueda de fórmulas que permitan aliviar siquiera el desfasaje salarial acumulado por las recetas semiortodoxas del Ministerio de Economía”.[46] A su vez, se señalaba que “esta democracia ‘restringida’ en el área socioeconómica depende ahora más del aplauso de los popes de las finanzas norteamericanas y de los grandes grupos económicos nacionales, que de los deseos y anhelos del pueblo”.[47] El blanco de las criticas también estuvo en el Plan Australito, lanzado en febrero de 1987, y que practicaba un nuevo congelamiento del cual se decía que los precios “salen inflados y adobados”.[48] Además, respecto de este mismo plan se señalaba la paradoja de que, a pesar del congelamiento estipulado, las alzas de precios continuaron, dados los aumentos realizados y previamente autorizados por la Secretaría de Comercio, y que “el alza de las tasas de interés —que de todas maneras no frenó demasiado la subida del dólar— y la inflación […] obligan al gobierno a buscar un nuevo consenso”.[49] Los cuestionamientos al gobierno alcanzaron de la misma manera al sector externo, donde se subrayó que “el equipo de economía se comprometió en Washington a mantener hasta el mes de julio las condiciones de ajuste pactadas con el Fondo Monetario Internacional”.[50] Específicamente, la nota firmada a nombre de Gaspar Gayoso hacía referencia tanto a las tasas aplicadas a los prestamos on lending de dinero fresco como a la suavización de sus condiciones, lo que constituía “un voto del gobierno norteamericano en favor de los capitanes de la industria [ya que estos últimos] habían reclamado que —contra la opinión de la banca extranjera acreedora— se aplicara esa política para reinvertir en el país las utilidades y préstamos —autopréstamos— que sacaron de la Argentina durante el reinado de Joe ‘Plata dulce’, Martínez de Hoz”.[51]

Así, en la interpretación plasmada en Entre Todos se entendió que los llamados capitanes de la industria constituían “la vanguardia para la economía argentina […] en la reconversión del capitalismo mundial liderado por los Estados Unidos”.[52] Se aseguró entonces que existía una alianza entre el capital del Norte y el argentino (esencialmente el capital industrial fortalecido tras la dictadura), por medio de la cual, análogamente a lo que sucedía en el país vecino de Brasil, se iba a “fabricar y exportar […] lo que los capitalistas norteamericanos quieran, en las áreas y terrenos que ellos les dejen”.[53] De este modo, volviendo al inicio de la cuestión, se afirmó que el pacto social que el gobierno pretendía en el marco del deterioro del Austral, como en el de su intentos análogos de congelamientos y concertación de precios, buscaba que los conglomerados económicos se integrasen con una parte de la burocracia sindical ligada a esos sectores, “a fin de que se pueda acumular capital en ellas y nuestro país logre una mayor especialización”[54] que, además de ser apoyada por los EE.UU., “tiende a fracturar al movimiento obrero”.[55]

Por consiguiente, y en el marco de un nuevo acuerdo entre Argentina y el FMI se cuestionó que, frente a las mejoras obtenidas por México con el mismo organismo, Argentina hubiera logrado renegociar su deuda a mejores tasas de interés más una extensión de siete años para el pago del capital. Entre Todos advertía, parafraseando en un intercambio crítico al diario de alcance nacional Clarín, el reinicio de una nueva etapa de “aumento de la presión fiscal, retracción monetaria, contracción del salario real y mejoramiento de la paridad cambiaria”,[56] al tiempo que cuestionaba no mencionar la paralela sublevación del coronel Aldo Rico en Campo de Mayo y su levantamiento de los rebeldes Carapintadas, por su impacto en la incertidumbre. Esto, se decía, incidía en un desmejoramiento de los acuerdos y de las perspectivas en torno al futuro inmediato, en la medida en que “el gobierno, ante la gravedad de la situación, en vez de dar batalla e implementar un plan de características nacionales, se adapta a las exigencias y adopta las recetas recesivas [a costa de] un creciente aislamiento político y social”.[57]

También ocupó lugar en las columnas de Entre Todos la cuestión del pacto social, en el contexto de la inclusión del dirigente sindical peronista Carlos Alderete en el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la oposición del gobierno al sindicalismo de filiación peronista (y a su constante denuncia y oposición al corporativismo tanto sindical como militar) y entendiéndolo como un gesto de conciliación ante el deterioro económico y la puja distributiva. Se dijo específicamente que, para el entonces subsecretario de economía, Juan Sommer, “el tema salarial aparece solo como contexto del pacto social [y que este] es un acuerdo que permite moderar todos los elementos que hacen a la puja distributiva, que es uno de los factores inflacionarios”.[58] En este sentido, la crítica de Entre Todos era doble: al gobierno, por querer acallar la puja a costa de los asalariados, y al sindicalismo de “Alderete, Triacca, Rodríguez, Cavallieri, Lescano y otros que pilotean la cuestión [y] tienen claramente asignado el papel de ‘bomberos’”.[59]

Así, aseguraba Entre Todos que no bastaba con apagar o moderar la puja, sino con reactivar el modelo productivo de país, y que en este sentido el único modelo que “verdaderamente está instalado entre nosotros —como plan y como modelo— es el del radicalismo gobernante [del que se asegura que] nadie ha alzado una verdadera alternativa frente a él”.[60] Entre Todos caracterizó este modelo como una propuesta de integración trasnacional con base en la exportación de productos elaborados e industriales antes que de materias primas. Esto implicaba una modernización de la producción mediante la privatización de la economía estatal y el achicamiento del Estado, para asegurar la confianza de los banqueros y las inversiones extranjeras, así como las reinversiones de los capitanes de la industria. En suma, de este presunto plan de gobierno se cuestionaba que lo peor no se encontraba en la modernización tecnológica liderada por el sector privado, ni en continuar pagando los intereses de la deuda externa, sino que “lo peor del modelo modernista es que, por esencia, es expulsor de la mano de obra [porque] al tecnificar la producción, al buscar la instalación de industrias de punta, reduce constantemente el nivel de personal empleado”.[61]

En este mismo sentido, siguió siendo monitoreada por Entre Todos la cuestión de la deuda externa, especialmente en las transacciones realizadas entre agosto y septiembre de 1987, donde Sourrouille y Brodersohn acordaron con los acreedores, principalmente el City Corp, renegociar 54 mil millones de dólares a mejores plazos. Sin embargo, Entre Todos aseguró que se echaron “por tierra las presiones del gobierno argentino de lograr una quita importante en el capital de la deuda [y por ello] las declaraciones del presidente de la Nación pecan así de un optimismo sospechoso de propaganda electoral”,[62] y sentenció finalmente: “Pagar lo que se puede; renegociar los intereses que no se pueden pagar, pero cumplir y hacer buena letra con los organismos internacionales […] esa es la estrategia oficial”.[63]

En septiembre de 1987, la situación económica continuaba deteriorándose y como consecuencia el radicalismo perdió las elecciones. En este contexto, Entre Todos sostuvo que “la crisis económica venía desgastando sin pausa los bolsillos populares [...] después de las elecciones y esto se convirtió en un ataque despiadado contra el consumo básico de los argentinos”.[64] También se criticó que “el presidente se mostró terco tras las elecciones perdidas [y] reeditar el Austral, para peor, es lo único que se le ha ocurrido. Ya el voto popular repudió una política que solo beneficia a los grandes capitanes de la industria y a la banca extranjera acreedora”.[65] De la misma manera, se reportó en otra nota que las nuevas medidas, en vísperas del Plan Primavera que anunciaba el gobierno, eran “devaluación del Austral con una consiguiente caída del salario de los trabajadores […], para continuar pagando lo más que podamos sin reparo”,[66] mientras que los tarifazos y las medidas impositivas beneficiaban a los capitanes de la industria y a los acreedores. De la estrategia acordada, esta vez con un mayor protagonismo del BM, se dijo finalmente que “nada va a cambiar, todo va a ir peor”.[67]

También se señaló que, pese a que “el gobierno proclama que congeló los precios y los salarios, [en] la vida real, los salarios fueron derrotados por los precios”.[68] En este sentido, “empresarios nacionales del campo y la ciudad, cuentapropistas, profesionales, técnicos, desocupados y jubilados son parte fundamental de las víctimas del Plan Austral”.[69] Además, la crítica a la estrategia antinflacionaria le adjudicaba “querer parar la inflación a costa del achicamiento del salario y la reducción del consumo”.[70] Luego de repasar las otras críticas al gobierno desde los sectores empresarios, la derecha política e incluso el sindicalismo, Entre Todos se interrogaba: “¿De qué valen las protestas si el equipo económico no aplica un plan de ajuste ortodoxo del Fondo Monetario Internacional y si los resultados concretos, prácticos son los mismos? El nivel de consumo de las masas, los salarios, en suma, son las variables principales de ajuste”.[71] Así, tras juzgar al gobierno por su descredito, sobre la base de la derrota electoral y los fracasos en la concertación, Entre Todos sentenció: “Abren así las puertas a la inestabilidad económica y política, porque semejantes planes recesivos solo pueden aplicarse en medio de conflictos cada vez más agudos. No desestabiliza quien reclama un margen mínimo de subsistencia —conviene decirlo de antemano—”.[72]

A medida que la situación económica se hacía más crítica hacia 1988, Entre Todos apuntaba que: “En el festival de planes económicos que se registra en la cúpula radical está embarcando hasta el mismo presidente Alfonsín”.[73] Y en esa misma medida la cuestión de las privatizaciones, fracasadas desde 1985 en la tónica concertacionista que propusiera Alfonsín, y luego estancadas en el parlamento por la oposición justicialista, comenzaban a avanzar más en los discursos y los programas internacionales del BM. A esto, Entre Todos señaló que “el antiguo consultor de las dictaduras [refiriéndose al ex funcionario económico Adalberto Krieger Vasena], convertido prácticamente hoy en asesor de la democracia, sugiere nada menos que […] licitar y vender 248 yacimientos de YPF [Yacimientos Petrolíferos Fiscales], cancelar obras hidroeléctricas de Pichi Pecún Leufú, no hacer más inversiones en el plan nuclear, vender o cerrar —lo mismo da— Yacimientos Carboníferos Fiscales y Hierro Patagónico S.A”.[74]

Incluso se dijo respecto del equipo económico de Sourrouille que, “responsables directos de una derrota electoral que sepultó los sueños más caros de la Reforma Constitucional y la reelección de Raúl Ricardo Alfonsín, los funcionarios del palacio de hacienda, recibieron su empecinado respaldo en los días más críticos”.[75] De hecho, se llegó a determinar que, a pesar de las buenas intenciones de Alfonsín, “poco valen los reflejos políticos cuando el problema más importante del país […] está atado a una variable externa”.[76] De esta forma, se afirmó un poco equívocamente que “los intereses de una deuda que matemáticamente se llevan el 100% del saldo de la balanza comercial […] condicionan el desarrollo de la economía, impulsándola hacia una integración forzada con el capitalismo mundial”.[77] Adicionalmente, al observable deterioro del PBI en los últimos dos años, Entre Todos agregó la falta de éxito del equipo económico en atraer inversiones y en los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, que a pesar de haber sido notables en toda la gestión radical (en la nota se señalaba que en la gestión Grinspun se redujo de 16,8 % a 9,8 % del PBI, y luego con Sourrouille de 4,5 % en 1985 al 3,6 % en 1986), comenzaba a reaparecer con el regreso de la inflación. No obstante, Entre Todos indicó que, en cuanto al “déficit estatal, el caballito de batalla de los sectores liberales, […] el incremento de este año se debe fundamentalmente a la eliminación de las retenciones al agro, tan solicitada por los mismos sectores que cuestionan el déficit”.[78]

Ya en vísperas del plan de reforma pública anunciado entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos presidido por Rodolfo Terragno, centrado en afianzar un conjunto de privatizaciones en áreas de monopolio estatal y en la apertura de la economía, Entre Todos señaló que lo que “se ha dado en llamar ‘desregulación’, ‘desestatización’, no son más que tradicionales medidas liberales para facilitarles negocios a los monopolios extranjeros y a los grupos económicos del país”[79] y finalizó la nota afirmando que “lo cierto es que el capitalismo dependiente no tiene mejor plan. Es hora de elaborar el plan de la independencia nacional”.[80]

Ya en 1988, era claro para Entre Todos que “en este momento se puede decir que el Tesoro Nacional está prácticamente en quiebra, ni que hablar de las economías provinciales”.[81] El principal problema señalado fue que “todas las medidas económicas tomadas por el gobierno tienden a obtener dinero fresco de donde sea, y como sea, para ‘tapar agujeros’”.[82] En este sentido, se señalaron los bonos y títulos emitidos en aquellos años por el gobierno (BARRA, BAGON I y II, TODOL, BONEX, VAVIS, TACAM, entre otros) que “significaron lisa y llanamente pedir plata prestada a interés”, logrando así que, por los altos intereses, a “ningún industrial o empresario se le va a ocurrir invertir en mercadería o en su empresa”.[83]

REFLEXIONES FINALES

Desde sus primeros años Entre Todos mantuvo una firme oposición a la especulación financiera, compartiendo así la crítica contemporánea a la patria financiera. En este sentido, lo más cercano que se llegó a manifestar en torno a un proyecto económico consistió en medidas tales como nacionalizar la banca, los depósitos y el comercio exterior, con un férreo control de cambios. En la misma línea preocupaba el achicamiento del mercado interno, donde se identificaban como principales males la fuga de capitales y la caída de inversión. Estas medidas guardaban bastantes similitudes con el entonces viejo peronismo de la posguerra y, aunque la estrategia económica de Bernardo Grinspun, a quien de todas maneras se cuestionó por no mostrarse más radical, buscara una solución de este tipo en los primeros años de la democracia, para 1985 era claro que tal estrategia económica no era reeditable en un contexto internacional desfavorable, de enorme endeudamiento público y presión inflacionaria de niveles inéditos. Con todo, la postura de Entre Todos por momentos se llegó a contradecir con el testimonio de algunos actores políticos invitados a las columnas, que en ocasiones no compartían completamente sus críticas.

Algo similar a esto último sucedió en torno al Plan Austral, en el marco de la crítica general de Entre Todos hacia este como un plan artificiado desde el Norte y sin arraigo popular, algo que se contradijo con las voces de algunos que veían como favorables tanto su efecto desinflacionario como la posibilidad de dar una salida de estabilidad. En este sentido, el principal empeño del diario estuvo en señalar tozudamente los efectos en la política salarial del Plan Austral, entendida como parte de una estrategia de transferencia de recursos destinada a pagar la deuda externa. Así se comprende que se dijera que el plan económico no es del FMI, pero que equivale a lo mismo. En un sentido similar, se lo veía como una continuación de la anterior dictadura, o como una forma racionalizada de apropiar recursos del sector asalariado al exterior.

Entre Todos manifestó igualmente sus preocupaciones por cuestiones económicas y sociales, como la necesidad de reactivar el aparato productivo y la reducción de personal debida a la incorporación de industrias de punta. Más allá de las dudas que puedan plantearse, especialmente en cuanto al segundo punto, puede así develarse que las temáticas clásicas de la evolución económica de la posguerra formaban parte del repertorio de quienes participaron en sus columnas. Sin embargo, algunas de estas propuestas aparecían como contradictorias en aquel contexto: por ejemplo, frente a estos problemas (a los que se les podría sumar el control de precios, la incertidumbre, las transferencias estatales a grupos económicos, entre otros) aparecía la otra cara de la moneda, es decir, el problema de la deuda externa y el contexto internacional desfavorable. En este tema solo se propuso, y de forma marginal, una quita de la deuda, aunque sin mayores detalles.

Luego, a partir de 1987 puede leerse una interpretación de Entre Todos en la que la derrota electoral del radicalismo representó el rechazo del pueblo argentino a la orientación económica, así como a los sesgos más ortodoxos que en efecto adquiría la política económica. De la misma manera, se entendió que la evolución creciente de las relaciones entre las instituciones financieras internacionales y el equipo económico de Sourrouille fueron posibles dada la amplia crisis económica: “protestar no es desestabilizar”, se llegó a decir, o quien avisa no engaña. Quizás estas ideas representaban más posturas deseadas por parte de los columnistas y partícipes de Entre Todos que una realidad concreta. Lo cierto es que la postura cada vez más crítica plasmada en la revista evolucionó a niveles inéditos, incluso hasta poner a Alfonsín, que no apareció en los primeros años de edición en los problemas económicos, en el centro de la crítica: el padre de la democracia fue perdiendo de este modo sus virtudes. A este y a los miembros de su equipo económico, quienes desde un comienzo fueron señalados con cierta cautela como funcionaros alejados del pueblo, se los ligó a cuestiones tales como la privatización de empresas públicas, el incentivo al sector empresarial privado (reducidas a medidas tradicionales para crear un capitalismo dependiente) y, más generalmente, a un proyecto modernizador al que se le atribuía un fuerte componente dependiente. Nuevamente, creemos que estas formulaciones funcionaron más como una construcción de la revista, siendo que tanto sobre el proyecto privatizador de 1987 como sobre los intentos de participación de inversión privada se podrían decir infinidad de cosas, al verlos desde múltiples perspectivas.

En este sentido también cabe mencionar el papel de la deuda externa, que más que un condicionante obvio de la política económica, apareció como un factor de integración con el capitalismo mundial, contrario al desarrollo nacional, pero constituido en el eje de un proyecto modernizador del cual los actores internacionales y los sectores empresariales locales funcionaron como artífices. Los llamados capitanes de la industria aparecieron como aliados del FMI dispuestos a entregar la democracia, incluso con una franja del sector sindicalista. Así, esta fue la lectura de una reconfiguración capitalista mundial en la cual Argentina articulaba determinados actores políticos y económicos en detrimento de la prometedora democracia.

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Notas