Introducción

La oposición a ciertos instrumentos impositivos que históricamente el Estado argentino instrumentó ha contribuido a estructurar tanto los repertorios reivindicativos de las asociaciones agrarias como las identidades de los productores agropecuarios. De esa forma, esa confrontación contribuyó a cimentar ciertas representaciones sobre el funcionamiento del Estado, sus dimensiones y, en definitiva, su eficacia para procesar las demandas sectoriales. Estas representaciones oscilaron entre aquellos actores agrarios que consideraban que la acción estatal era necesaria para garantizar la reproducción del negocio agrícola y, por ende, de las bases sociales que representaban, y aquellos que la estimaban como una interferencia que obstaculizaba el libre desenvolvimiento de los negocios privados. También nutrieron un determinado lazo fiscal, es decir, la relación entre asociaciones agrarias y Estado referida al sistema impositivo.

Durante la vigencia del modelo convertible ese lazo fiscal se reconfiguró notablemente.¹ Las reformas del Estado implementadas durante el gobierno de Menem contemplaron una reestructuración del sistema tributario que se orientó a mejorar la recaudación ampliando la base impositiva y simplificando la estructura fiscal. Como contrapartida, produjeron una redefinición de la relación fiscal entre el Estado nacional y los estados provinciales que se plasmó en la suscripción de sucesivos pactos fiscales (Gerchunoff & Torre, 1996; Sánchez Román, 2013). La reforma del sistema tributario apuntó a asegurar la estabilidad de los precios y su asignación por parte del mercado sin recurrir a subsidios, frenar la secular tradición de elevados déficits, alcanzar el equilibrio presupuestario y obtener excedentes de manera permanente para cumplir con los compromisos externos (Neffa, 1998, p. 340). Estos cambios —con diversos resultados— intentaron alcanzar a los Estados provinciales para que llevaran a cabo su ajuste fiscal y disminuyeran el gasto público.

Aquí resulta interesante señalar cómo esa nueva disposición estatal trasladó nuevas necesidades de financiamiento a los estados provinciales, que gravaron con más impuestos a sus contribuyentes, o modificaron alícuotas de gravámenes ya existentes, y aumentaron de esa forma la presión tributaria.² De esta manera, se terminó de estructurar un sistema tributario regresivo y de una altísima e innecesaria complejidad que se tradujo en disposiciones contradictorias que no solo entorpecieron la recaudación sino que favorecieron prácticas como la evasión y la elusión fiscal (Nun, 2011, p. 49-65). Cabe advertir que estas reformas formaron parte de un conjunto de iniciativas que tuvieron por objetivo la “racionalización” del Estado que —según los casos— en ciertas áreas implicó avanzar en una modernización y en otros en una mera reducción del aparato estatal.³Asimismo, en ese contexto de cambio, se operaron profundas mutaciones en las formas de producir y concebir el sistema productivo que, abierto a las innovaciones del campo de la tecnología, la ingeniería genética y la financiarización, incrementó las escalas económicas y produjo amplios desplazamientos en la estructura agraria que tendió cada vez más a una polarización.⁴

En ese marco, se puede observar un incremento de la conflictividad que fue impulsada, tanto por las asociaciones gremiales que tradicionalmente habían asumido la representación de los productores agropecuarios, como por nuevos colectivos que emergieron a partir de los procesos comentados. Entre las acciones más relevantes podemos mencionar las jornadas de defensa de la producción y el trabajo nacional del 2 y 3 de noviembre de 1992, convocados por Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Federación Agraria Argentina (FAA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); las jornadas nacionales para la recuperación y el crecimiento del 30 de marzo de 1993, propuestas por FAA y CONINAGRO; el “camionetazo” del 27 de julio de 1993; y el paro nacional agropecuario de 1994 que reunió a todas nuevamente, a FAA, CRA y CONINAGRO. Esta suerte de ciclo de protesta se cierra con el paro nacional agropecuario de 1999, al que se sumó la Sociedad Rural Argentina (SRA), por primera vez desde 1975, a las tres asociaciones agrarias restantes.

Partimos de la idea de que en estas protestas predominó fuertemente la demanda por la condonación de deudas, el refinanciamiento y la justicia fiscal. Las demandas estructuradas durante este ciclo de protesta posibilitaron que las discrepancias sostenidas por las asociaciones, en torno a cómo distribuir la presión impositiva al interior de la estructura agraria, se diluyeran, lo que facilitó la articulación de los divergentes intereses que representaban.

Sobre esa base, el objetivo del presente artículo es exponer el conjunto de demandas y representaciones estructuradas por parte de la dirigencia agraria durante el ciclo de protesta, en particular, aquellas que se realizaron desde la segunda mitad de la década de 1990. Este período marcó el inicio de una mayor confrontación en el espacio público por medio de acciones de mayor performatividad política, no solo por parte de los actores agrarios, sino también de un conjunto de colectivos que se vieron afectados por las consecuencias del modelo convertible.

Dentro de ese conjunto de acciones colectivas, nos interesa puntualizar en las que entendemos se configura una demanda por justicia fiscal. Es decir, aquellas protestas que tematizan el lazo fiscal entre Estado y productores agropecuarios. Las demandas estructuradas en ese marco se caracterizan por la percepción de injusticia que recae sobre la aplicación de algunos tributos, la situación tributaria sectorial, o bien por la escasa confianza en la acción estatal para asignar los recursos que resultan de la recaudación de impuestos.

A los fines del presente artículo, nuestra atención se concentrará en las acciones colectivas de protesta impulsadas por las asociaciones agrarias con base en el espacio económico de la provincia de Córdoba. Puntualmente, tomaremos como referentes las filiales de FAA y las sociedades rurales integradas a las Confederaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), una entidad de segundo grado adherida a CRA. Esta elección se motiva por la centralidad que ocupaba (y ocupa) el agro tanto en la economía de la provincia como en la del entramado nacional, que lo torna relevante como foco de análisis.⁵ Cabe advertir que, a pesar de la escasa representatividad, en términos cuantitativos, de la protesta rural en la provincia de Córdoba —para el período 1989-2003 representa cerca del 7% del total (Gordillo et al., 2012)— no implica ni la inexistencia de momentos conflictivos ni la capacidad de estas protestas de redefinir las reglas de juego del campo político, por lo que se hace necesario indagar sobre lo acontecido en ese espacio.

Las demandas y representaciones de los mencionados actores las reconstruiremos a partir de la información presente en los periódicos comerciales con mayor circulación neta paga de la provincia de Córdoba, según el Instituto Verificador de Circulación, La Voz del Interior (LV) y Puntal (DP).

Esto nos permitirá, además de reconocer los ciclos e intensidad de cada conflicto, vislumbrar la diversidad de formatos y demandas que se fueron constituyendo. El empleo de la prensa, a pesar de que simplifica la complejidad de la información en relación con la que circula para otros públicos (especializados) y a otras escalas de la política, posibilitará indagar las acciones colectivas y las protestas sociales en las que participaron los sujetos objeto de análisis, puesto que entendemos que este medio constituye el canal por el cual la acción contenciosa se expresa y se transforma (Schuster et al., 2006).

A los fines expositivos, el presente artículo se organiza en tres apartados. En el primero procuraremos dar cuenta de las diferentes dimensiones a partir de las cuales fue abordada la protesta rural durante el régimen convertible en Argentina. En el segundo y tercer apartado reconstruiremos las demandas y representaciones que sobre la relación entre Estado y sistema impositivo construyeron las asociaciones en el marco de las protestas. Así, nos abocaremos, por un lado, al análisis de los actores vinculados a los sectores de la agricultura familiar y, por el otro, a aquellos productores medios y grados ligados a prácticas más de tipo empresarial.

Agro y protesta fiscal durante el modelo convertible

Las respuestas de los actores agrarios frente a los procesos de transformación estatal propiciados por el modelo convertible constituyeron un tópico privilegiado, en particular, por la sociología rural. Se enfatizó especialmente en los cambios operados en la estructura social agraria, atendiendo a los procesos que reforzaron su heterogeneidad característica. Especialmente, concitó atención la radical liquidación de explotaciones agropecuarias que se registraron entre 1988 y 2002 y que afectaron, fundamentalmente, a los sectores ligados a la agricultura familiar. Entre esos extremos temporales salieron del proceso productivo unos 200.000 productores agropecuarios.

Asimismo, estos análisis sirvieron, por una parte, para dimensionar el avance del cultivo de la soja en detrimento de otros cultivos y también de la actividad ganadera y, por otra parte, algunas estrategias expansivas afincadas sobre el arriendo y otras formas contractuales. Es decir, estos trabajos apuntaron a identificar tendencias en la dinámica de la estructura agraria, algunas de las cuales se podían inscribir en un plazo más dilatado (Azcuy Ameghino, 2004; Martínez Dougnac, 2013). En estos trabajos se encuentra implícito el aumento de las escalas necesarias que debieron afrontar los productores agropecuarios para sostenerse en el proceso productivo.

Los análisis se realizaron, inicialmente, con base en las estadísticas proporcionadas por los Censos Nacionales Agropecuarios. Si bien posibilitaron dimensionar las profundas transformaciones del agro en ese período, no permitieron, por ejemplo, mostrar cómo evolucionaron los niveles de deuda del sector tanto con la banca pública como con la privada, que sabemos fue una de las principales problemáticas del período.

Sobre esa base, un conjunto de trabajos indagaron las lógicas institucionales de las asociaciones que agrupaban a esos productores. En este punto, contamos con tres dimensiones desde las cuales se enfocó la situación sectorial. Una primera, que se vinculó al análisis de las transformaciones en la estructura de representación de intereses agrarios. Aquí se abordaron las mutaciones en las formas organizativas de las entidades que habían predominado en el entramado asociativo, y que asumían la defensa gremial de amplios colectivos de productores, y la emergencia de nuevos actores institucionales asociados a formas empresariales de concebir el proceso productivo.⁶

Nos interesó destacar la segunda y tercera dimensiones, dado que en ellas se evidenciaron de forma más clara aspectos vinculados a lo que entendemos como demandas por justicia fiscal esgrimidas durante el período analizado. En la segunda dimensión se priorizó el análisis de los formatos que asumió la protesta de las asociaciones agrarias, haciendo hincapié en la densidad significativa que contenían. Así, por ejemplo, se estudió el denominado “tractorazo” de 1994 impulsado por las sociedades rurales nucleadas en CRA (Scribano, 2003a) y las protestas realizadas por las mujeres de los productores agropecuarios familiares que impedían los remates de sus explotaciones agropecuarias a partir de rezos o encadenamientos en los juzgados, entre los más significativos (Giarracca & Teubal, 1997; Giarraca, 2001). El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL), la expresión asociativa que aglutinó a este sector, también fue visto como un indicio de la nueva pluralidad del arco de asociaciones del agro nacional (Lattuada, 2006). Aquí resultó importante considerar la dimensión impositiva, puesto que estas acciones colectivas o los procesos de identificación en el caso del MMAL se anclaban en la relación que se estableció entre el fisco y los sujetos agrarios.⁷

Por último, en la tercera dimensión se hizo referencia a la recepción de las políticas económicas inscriptas en el modelo convertible. Por una parte, se dilucidó cómo los actores socioeconómicos más relevantes del empresariado nacional redefinieron sus posiciones, no solo ante la reconfiguración del Estado y la economía, sino también ante la progresiva gravitación de actores transnacionales. Además, estas producciones mostraron la emergencia, dentro del empresariado nacional, de corporaciones que —como las pertenecientes al sector financiero— fueron las que se reposicionaron en el campo político nacional y le imprimieron una dinámica distinta, al generar nuevas solidaridades entre el empresariado (crecientemente transnacionalizado), los partidos políticos y los agentes estatales. Estas investigaciones brindaron un panorama general para el conocimiento de la problemática, particularmente en relación con las corporaciones que nucleaban a los empresarios rurales más concentrados como la SRA y, en menor medida, CRA (Sidicaro, 2002; Heredia, 2003; Beltrán, 2011).

Por otra parte, se enunciaron los elementos de las políticas económicas del período que resultaron más perjudiciales para los pequeños y medianos productores. En particular, se señaló la alteración que el tipo de cambio generó —a partir de la paridad peso-dólar estadounidense— sobre los costos fijos de las unidades productivas y, por ende, sobre las posibilidades de una reproducción exitosa; se mostró entonces cómo estas medidas redundaron en la emergencia de una conflictividad social que se mantuvo constante desde la segunda mitad de la década (Azcuy Ameghino, 2004; Lissin, 2010; Salvia, 2014; Pérez Trento, 2015; Carini, 2014, 2019).

Más allá de estos significativos aportes, falta avanzar con mayor detenimiento, no solo en la incidencia de las deudas y su morosidad en la reproducción de las unidades productivas, sino también en cómo las representaciones sobre lo impositivo explican prácticas y discursos en el espacio público.

Lazo fiscal, crisis y sentimiento de injusticia en los sectores agrarios de Córdoba

La situación de endeudamiento para los productores del territorio cordobés era una experiencia extendida hacia finales del siglo XX. El 67 % de los productores de soja poseían algún tipo de endeudamiento y el 80% de esos productores registraban una deuda inferior a los $80.000. Los establecimientos con una deuda de $10.000 a $40.000 eran el grupo más representativo con una participación del 38,3% sobre el total de establecimientos endeudados (MAGyRR, 1999). Si bien estos indicadores no necesariamente reflejaban problemas sectoriales, ni constituían un hecho negativo en sí mismo, dado que —como lo explican Lattuada y Neiman (2005)— podían indicar, por ejemplo, la disponibilidad de crédito para productores ubicados en cierto estrato de la estructura agraria, lo cierto es que prenunciaban situaciones críticas para muchos de ellos. Algunos estudios, realizados por los técnicos de CONINAGRO, advertían que la deuda global del sector ascendía a 8.000 millones de pesos lo que representaba un 45,4 % del valor bruto anual de la producción agropecuaria en 1995. Asimismo, destacaban que la deuda había aumentado en el orden del 145% entre 1991 y 1995. El 70% había sido contraída con el Banco de la Nación Argentina, pero eran igualmente significativos los montos de las obligaciones en el sector financiero privado. El estudio estimaba que esta última se distribuía de la siguiente manera: con cooperativas y acopiadores unos 800 millones de pesos y con otros proveedores de insumos se calculaba que ascendía a unos 200 millones de pesos. El estudio advertía, además, sobre la gravedad de estas deudas puesto que eran a corto plazo, y auguraba situaciones de quebranto entre los productores (DP, 12 de diciembre, 1995, p. 8).

Así, estas condiciones resultaron operativas para la realización de diversas acciones colectivas de protesta. En los apartados subsiguientes abordaremos, por un lado, las que pusieron de manifiesto las demandas por justicia fiscal de los sectores pertenecientes a la agricultura familiar liderados por FAA y, por otro lado, los productores pertenecientes a capas ligadas a formas más empresariales de producción y asociados a CRA.

La crisis de la agricultura familiar

Las diferentes medidas que componían el modelo de convertibilidad habían causado efectos ambivalentes en el entramado asociativo del agro que, en cierta medida, habían amortiguado parte de la conflictividad. Especialmente, se había saldado uno de los tópicos recurrentes en la protesta centrado en el nivel de tipo de cambio; más allá de que no se había clausurado la conflictividad sí habría un breve período de distención. Este se rompería con el paro agropecuario de 1994, a partir del cual comenzaría a percibirse —como lo planteamos más arriba— la emergencia de un proceso de cuestionamiento al rumbo asumido por las políticas económicas liberales.⁸ Este paro había sido convocado por FAA y a través de diferentes gestiones había logrado la adhesión de CRA y CONINAGRO.⁹

La medida dispuesta por las asociaciones rurales asumía la modalidad de “paro tranqueras afuera”, es decir, las entidades rurales acordaron que durante diez días sus asociados no realizarían ninguna operación de mercado (LV, 3 de agosto, 1994, pp. 18-19). Además habían dispuesto que, en aquellas localidades donde existiera más de una entidad gremial, se constituyeran “comités de lucha” a los fines de coordinar las diferentes acciones (DP, 3 de agosto, 1994, pp. 18-19). El diagnóstico general de la situación era descripto por el titular de la entidad convocante, quien sostenía que: “Más de 5 mil millones de endeudamiento, la ausencia de nuevos créditos y la permanente situación de crisis es lo que nos impulsa a tomar esta medida” (DP, 1 de agosto, 1994, p. 10). Ante esta situación aparecían cuatro demandas centrales de la protesta rural resumidas en un documento elaborado conjuntamente por las entidades. Estas solicitaban al Gobierno: 1) la refinanciación de pasivos y créditos para la reconversión y recomposición del capital de trabajo, a una tasa de interés de nivel internacional y a un plazo mínimo de 10 años; 2) la suspensión, sin más trámites, de las exportaciones de aquellos productores agropecuarios cuyos países subsidian la producción; 3) reintegros para las exportaciones de las economías regionales; 4) la exención de las deudas previsionales que pesaban sobre la mayoría de los productores (LV, 1 de agosto, 1994, p. 22).

Como podemos observar, inicialmente eran demandas de estricto contenido sectorial y económico, en las que era central la cuestión del lazo fiscal entre el Estado y los sectores agrarios. Asimismo, en las intervenciones de la dirigencia rural se encontraba presente, por un lado, la percepción bastante extendida y compartida no solo por las entidades rurales sino también por amplios sectores sociales, de que ligaban el bienestar general de la población al desenvolvimiento económico del sector.¹⁰ Por otro lado, aparecía claramente la incapacidad, o al menos la indiferencia, de las autoridades estatales para resolver las demandas. En un comunicado de prensa de FAA se resumía la anterior percepción:

[…] la crisis del campo se ha trasladado con toda crudeza y gravedad a los centros urbanos, especialmente del interior del país provocando recesión, desocupación, parálisis, desaliento, pobreza. Los testimonios de esta situación se dan cotidianamente. Ya no son solamente las entidades agropecuarias que lo advierten: son las que representan a los sectores del comercio, la industria, los servicios, etcétera, que están pidiendo decisiones gubernamentales que permitan sobrellevar este trágico momento en la economía de un vasto sector de la vida nacional. Lamentablemente, pareciera que nuestras autoridades son las únicas que no ven esta realidad. En vano han sido nuestros reclamos, nuestra prédica, nuestras peticiones. Y los tiempos se han agotado. ¡Debemos reaccionar! (FAA,comunicado de prensa, 5 de agosto, 1994)

La pretensión de presentar la crisis social como una consecuencia de la crisis de parte del sector rural fue más o menos efectiva. Por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto —uno de los núcleos productivos de Córdoba— la organización que nucleaba a diferentes rubros de la industria, el comercio y los servicios, a través de un comunicado se adhirió a las medidas del agro; en este instaba a los:

[…] niveles gubernamentales competentes, a los legisladores y a la dirigencia política a que, sin dilaciones, consideren e instrumenten los correctivos que la actual situación exige para que, de una vez por todo, se arribe a soluciones concretas y eficaces para el sector en el entendimiento de que habrán de repercutir favorablemente sobre la industria, el comercio y los servicios de Río Cuarto y su región.

En el mismo tenor, otro de los dirigentes regionales de FAA sostenía que: “El problema del campo se está transformando en un problema de la sociedad […] porque si no trabaja el campo y los sectores relacionados con él no trabaja nadie —concluyendo que— si no trabaja el campo y los sectores asociados con él no trabaja nadie” (DP, 11 de agosto, 1994, p. 29).

Más allá de estos componentes en los discursos generados en el marco del paro agropecuario, es importante advertir cómo las demandas iniciales progresivamente trasvasaron el aspecto netamente sectorial y terminaron por plantear algunas reivindicaciones de tipo social. La crítica situación generada por las deudas con el sistema bancario hacía que —especialmente en el discurso de los dirigentes de FAA — se alertara sobre la sustentabilidad de las familias rurales y, por ende, sobre la peligrosidad que eso generaba para la reproducción del modo de vida chacarero.¹¹ Así lo comentaba uno de sus dirigentes:

Y debe comprenderse que esto es el reflejo de una realidad extremadamente crítica, que va desbordando toda capacidad de tolerancia. Que no se está en actitudes políticas ni opositoras, como tampoco se persigue el fracaso de nada ni nadie. Es nada más ni nada menos que la legítima lucha por la sobrevivencia, por la continuidad de muchísimas explotaciones que están en serias dificultades, al borde de la desaparición. Esto es lo que no puede dejar de observar el Gobierno nacional. Y no se trata solamente de perder unos cuantos miles de productores naturales de alimentos y divisas. Se trata de todo un entramado social cuyo quiebre puede lamentarse muy profundamente en el futuro cercano, muy especialmente a nivel del interior del país. (LV, 26 de agosto, 1994, pp. 4-5)

En sentido similar, otro dirigente comentaba el deterioro que se percibía para sostener las condiciones de vida de las familias rurales:

Primero nos dijeron que debían desaparecer más de 200.000 productores para que el esquema económico cierre. Dijeron también que para trabajar cada productor debía tener como mínimo 200 ha, después dijeron 300 y ahora 500. Dentro de poco nos van a decir que hacen falta 1000 ha para que una familia viva dignamente. (DP, 17 de agosto, 1994, p. 29)

Indudablemente, para mediados de la década de 1990 la situación de la base de la estructura agraria ya era preocupante. Entre 1988 y 2002, solo en la provincia de Córdoba se registró una disminución del 36,05% de las explotaciones agropecuarias, al pasar de unas 40.061 a 25.620. En ese proceso de liquidación de unidades productivas fueron las unidades de menos de 500 ha (en donde según el censo se ubican los sectores ligados a la agricultura familiar) las que perdieron una proporción significativa de tierra bajo su control (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 1988, 2002).

La situación descripta por el representante de FAA operaba como una motivación para continuar participando en acciones directas de ese tipo, las cuales canalizaban la conflictividad social que no encontraba satisfacción en las estructuras de representación y mediación existentes. En este sentido, transcribimos un fragmento de un discurso pronunciado por un dirigente regional de FAA:

La gente ha aprendido que esto no es un capricho de los dirigentes, sino que es la voluntad de los hombres de campo que están viviendo en carne propia todo el problema. Para mí la gente va a seguir adelante porque está ante la disyuntiva de perderlo todo. Acá la protesta recién ha comenzado, es el principio pero no sabemos cuándo ni cómo será el final […]. (TA, 19 de agosto, 1994, pp. 4-5)

Se interpelaba al Estado por la vigencia de derechos de neto corte social: sustentabilidad de las familias rurales, dignidad del trabajo. Incluso, se hacía alusión al quiebre de todo un entramado social. En definitiva, se pretendía resguardar esta comunidad rural a través de la participación y la acción directa. Estas formas de mediación política adquirirían mayor performatividad a partir de las estrategias desplegadas por las mujeres e hijas de productores agropecuarios que a partir de ese momento comenzarían a denunciar la crítica situación respecto a las deudas con el sistema bancario.¹²

Los sectores empresariales y la crisis política

Hacia la finalización del gobierno de Carlos Menem, en 1999, se presentó un agravamiento de la situación económica y social de los productores agropecuarios, que ya no era privativa de los pequeños productores. Nuevamente, las entidades que plantearon la acción conjunta cinco años antes volvieron a convocarse en asamblea y concentración rural en Pergamino, una localidad de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de “[…] poner de manifiesto el endeudamiento del agro, que alcanza una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares” (LV, 6 de enero, 1999, p. 22). La asamblea reunió a más de 2.000 productores agropecuarios. Lo importante para destacar de esta medida es que allí las entidades resolvieron profundizar el plan de lucha en procura de una solución definitiva al problema del endeudamiento tributario, el establecimiento de reglas claras para seguir produciendo y una reducción del precio del gasoil y de las tarifas de peajes (DP, 13 de enero, 1999, p. 11). En este marco se planteó una “rebelión fiscal” como una alternativa viable de protesta, también motivada por una imposibilidad de hacer frente a los compromisos impositivos para satisfacer otras necesidades. Así lo comentaba uno de los dirigentes de FAA: “[…] la gente no va a pagar y de hecho no lo está haciendo. Silvani habla de morosidad [refiriéndose al representante de la cartera de recaudación del Estado] pero los productores hemos dejado cosas en el camino que tienen que ver con nuestro nivel de vida, como la educación de nuestros hijos y nuestra salud” (DP, 15 de enero, 1999, p. 4).

En ese marco CARTEZ, FAA y CONINAGRO acordaron movilizaciones en diferentes localidades de la provincia de Córdoba con especial foco en la ciudad capital, Río Cuarto, Villa María y San Francisco (DP, 10 de marzo, 1999, p. 13; DP, 12 de marzo, 1999, p. 2). El titular de FAA, describió el estado en el que se encontraban los productores. De la misma forma que años anteriores, se puso de manifiesto la incapacidad del Estado para resolver las demandas de las entidades agrarias:

[…] los productores nos estamos fundiendo y no podemos hacer absolutamente nada para modificar ni los precios ni los costos. Por eso se requiere la intervención del Gobierno nacional, que es el mayor responsable de lo que ocurre […]. Aquí se requieren urgentes medidas de salvataje porque la caída de ingresos que se prevé este año supere los cinco mil millones de pesos y esa plata que va a faltar no solo en el campo sino en toda la economía nacional. (DP, 10 de marzo, 1999, p. 13)

En síntesis, se sostenía que “las empresas rurales están produciendo a pérdida”, por lo que era necesario que con la protesta “[…] la ciudad tome conciencia de la situación por la que atraviesa el campo” (DP, 17 de marzo, 1999, p. 14).

Las demandas solicitadas al gobierno por parte de las asociaciones rurales fueron sintetizadas en un “Plan de Salvataje”; a similitud de lo acontecido en el paro agropecuario de 1994 tuvieron un carácter netamente económico y sectorial. Los seis puntos centrales demandados por las asociaciones rurales fueron: 1) la postergación de los impuestos nacionales y provinciales, y suspensión de nuevos tributos sobre los préstamos y sobre la ganancia mínima presunta establecida por la reciente reforma tributaria; 2) la ampliación del actual plan de refinanciación de pasivos elaborado por el Banco Nación y la bonificación de las tasas de interés de los créditos destinados para el sector; 3) la reducción del precio del gasoil en términos acordes con el valor internacional del petróleo; 4) la disminución de costos de la producción y de mantenimiento de las empresas del sector, actuando sobre el componente impositivo; 5) la reducción de las tarifas de peaje, especialmente para el transporte de la producción, y la bonificación de las tasas de interés en los créditos destinados al sector; y finalmente 6) la estructuración de créditos y warrants para retener los granos y no tener que salir a vender la cosecha con apuro a precios de remate (TA, 12 de marzo, 1999, 4).¹³

A nivel regional las entidades sumaban demandas relacionadas con la ejecución de obras hídricas y la declaración de emergencia agropecuaria en áreas inundadas. Además, se comenzaba a configurar una fuerte crítica a la dirigencia política. Una de las sociedades rurales adheridas a CARTEZ en un comunicado expresaba:

[…] En Córdoba, la inacción gubernamental es en buena medida responsable del espectáculo que usted ve en los campos que cruzan la ruta siete. Ciento de miles de hectáreas inundadas e incomunicadas; simultáneamente somos víctimas de lo que debemos calificar como terrorismo fiscal al que usted también está sometido. Pagamos los combustibles y los peajes más caros del mundo y usted también lo hace […]. (SRRC, comunicado de prensa, 17 de marzo, 1999)

En esa línea, la mencionada entidad proponía canalizar su descontento por medio de un “urnazo”,¹⁴ una suerte de castigo ejemplar para la dirigencia política incapaz de dar satisfacción a sus reclamos:

En esta provincia castigamos con nuestro voto a un gobernador soberbio y prepotente hace poco tiempo. En democracia los gobiernos no se derriban ni desestabilizan, se cambian. Este año tendremos otra vez la oportunidad de expresarnos en las urnas. Hágalo pensando en castigar la corrupción y la confiscación de su esfuerzo y el nuestro. (SRRC, comunicado de prensa, 17 de marzo, 1999)

Asimismo, uno de los dirigentes regionales de FAA presentaba el problema de la crisis del campo como uno generalizado que atravesaba a toda la sociedad y no solo al sector. Sobre la medida de fuerza decía:

Esto no es lo que nos gusta ni a los productores ni a las entidades del campo pero cuando se agota la vía del diálogo no queda otra alternativa. Esto demuestra que más allá de los intereses de algún dirigente, esto es una realidad, hoy están protestando no solo los productores sino también los comerciantes y toda la comunidad, lo que demuestra que ya dejó de ser un problema solo del campo. (TA, 19 de marzo, 1999, 5)

En sentido similar, el titular de CARTEZ realizaba un llamado para aunar esfuerzos de todos los sectores de la sociedad; decía:

Nuestra posibilidad de seguir siendo productores está llegando a su fin […]. La familia del campo hace mucho que viene sufriendo los avatares de políticas erróneas […] no estamos pidiendo privilegios sobre ningún otro sector. Estamos sugiriendo a todos aquellos sectores del trabajo y la producción que se sientan afectados que estrechemos filas en bien de nuestra Argentina. (TA, 19 de marzo, 1999, 3)

Al mes siguiente, FAA convoca a la realización de un paro de tres días bajo la modalidad de “tranqueras afuera” ante la falta de medidas oficiales para paliar la crisis del sector. Acompañan la medida CRA y CONINAGRO, a las que se le suma, por primera vez desde 1975, SRA. El objetivo de la protesta era que “[…] el Gobierno reaccione ante los graves problemas que vive el sector” (DP, 8 de abril, 1999, p. 8). Reflexionando sobre la medida anunciada, el titular de FAA acotaba que:

Si bien sabemos que el Gobierno nacional no es responsable por la caída de los precios internacionales puede adoptar medidas cuya magnitud excede a todas las anteriores sufridas por el sector. No hubiéramos querido hacer este anuncio pero las circunstancias son tan graves que las cuatro entidades resolvimos un plan de acción gremial continuo y progresivo para tratar de contener el deterioro y revertir la situación. (LV, 9 de abril, 1999, p. 3)

De la misma forma que en las instancias anteriores, el contenido de lo demandado por las entidades giraba en torno a reivindicaciones económicas históricamente sostenidas por las entidades como SRA y CRA, cuya discursividad se había caracterizado por la predominancia de una matriz liberal-conservadora, anclada tanto en la no injerencia del Estado en los negocios privados como en la necesidad de reducción a su mínima expresión de su aparato.¹⁵ En este sentido, los dirigentes solicitaban la eliminación de la Reforma Tributaria y de impuestos sobre la renta presunta así como sobre los intereses de los préstamos. Además, peticionaban la suspensión del componente impositivo del gasoil, una mejora de la lucha contra la evasión impositiva, la refinanciación de pasivos a través del recálculo de deudas y una política crediticia para el sector. Finalmente, decían que estos pedidos se sustentaban en la necesidad de “[…] recuperar la competitividad […] en el marco de un proceso sostenible productiva, económica y socialmente” (DP, 8 de abril, 1999, p. 8).

Asimismo, se reiteraba la percepción de las asociaciones rurales de que las acciones colectivas constituían la única alternativa posible para canalizar sus demandas al espacio público frente a la indiferencia de los actores estatales. En este sentido, lo expresaba un comunicado de la SRRC que decía que:

ESTA SOCIEDAD RURAL DE RÍO CUARTO NO DISFRUTA CON SITUACIONES O DETERMINACIONES DE ESTA NATURALEZA. Se pronuncia, por el contrario, a favor del diálogo, del entendimiento, de la negociación. Empero, la desconsideración de que somos objeto, nos obliga a adoptar medidas extremas. SEAMOS SOLIDARIOS Y MANTENGÁMONOS UNIDOS. AFRONTEMOS LA SITUACIÓN CON RESPETO PERO CON DECISIÓN. (SRRC, comunicado de prensa, 16 de abril, 1994)

Con similar sentido, lo expresaba un dirigente regional de FAA, quien decía que: “Probablemente el paro no sea la solución, pero la gente del campo no ve otra alternativa para encontrar eco en sus reclamos […] No le cree nadie a este Gobierno porque anuncia siempre cosas y luego no las instrumenta o las instrumenta mal” (DP, 18 de abril, 1999, p. 15).

Esta coyuntura de importante visibilidad de la protesta rural culminaba con un paro bajo la modalidad de “tranqueras cerradas” con movilización a la ciudad de Buenos Aires; el paro había sido convocado por FAA y habían comprometido su participación CRA y CONINAGRO (DP, 4 de junio, 1999, p. 12). A diferencia de lo que se podía observar a lo largo de las reivindicaciones sostenidas por las asociaciones rurales a lo largo del período, aquí volvían a aparecer las relacionadas con las consecuencias sociales del endeudamiento. Uno de los dirigentes regionales de FAA, afirmaba que: “Si no tenemos rentabilidad la consecuencia es el endeudamiento, la descapitalización y, tarde o temprano, la desaparición del productor agropecuario […] Nos dijeron que debíamos tecnificarnos y lo hicimos, por eso nos endeudamos y ahora nos aplican el impuesto sobre los intereses, eso es inadmisible” (DP, 10 de abril, 1999, pp. 12-13). Y el titular de la mencionada entidad observaba que:

De no revertirse la situación, muchos de los hombres del campo vendrán a poblar las villas miserias de las ciudades. Esta marcha constituye el grito del interior del país en el corazón político y económico. Venimos a decir que estamos cansados de esta situación que nos está expulsando y marginando. Nos estamos expresando para que las autoridades conozcan nuestra realidad y reparen en nuestro reclamo. El Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de solucionar los problemas del campo […] lo único que están haciendo es entretenernos con mentiras y promesas para zafar hasta el 10 de diciembre. (DP, 22 de junio, 1999, p. 12)

En definitiva —el representante de CARTEZ— sostenía que: “Ha llegado el momento de cambiar todo aquello que impide el desarrollo en dignidad de la familia del campo […] Nuestra posibilidad de seguir siendo productores está llegando a su fin […] la familia del campo hace mucho que viene sufriendo los avatares de políticas erróneas […] no estamos pidiendo privilegios sobre ningún otro sector” (DP, 10 de junio, 1999, p. 24).

Un nuevo comunicado de CARTEZ describía la situación y a la par de que se quejaba por la “presión fiscal” ejercía una crítica a las prácticas de la clase política:

A la situación desventajosa de los muy bajos precios de nuestra producción granaria, debemos sumar las exacciones que sufrimos por parte de un Estado, que pareciera que viviera una realidad distinta de la que vivimos todos nosotros, malgastando todos los recursos que obtiene, como, por ejemplo, pagando estas absurdas jubilaciones de privilegio, o condonando las deudas de algunas Obras Sociales, con el sólo objetivo de conseguir los favores de los gremialistas. O pagando los altísimos costos de las campañas electorales, que incluyen luchas internas absurdas. O privatizando las empresas del Estado a precio vil, a valores que seguramente son los más caros del mundo, como los peajes, endeudando al país, en cifras insospechadas, mientras que, por otra parte, este mismo Estado parece insaciable a la hora de querer recaudar, aumentando la presión fiscal a límites insostenibles, imponiendo el pago de impuestos tan repudiables, como el de la Renta Presunta, el de los intereses, el nuevo impuesto al Gasoil, etc. (LV, 11 de junio, 1999, p. 12)

A lo que seguía cuestionando la incapacidad de aquella para dar solución a demandas básicas de la sociedad:

Todo esto nos habla de funcionarios totalmente ineficientes a la hora de administrar los recursos públicos y que, además, desconocen la realidad de un pueblo empobrecido que, ni siquiera obtiene la satisfacción de cosas que son irrenunciables, como la Salud, la Educación y la Justicia. Frente a estas incongruencias, nuestras entidades han resuelto este nuevo paro agropecuario, como última apelación por justas reivindicaciones de nuestro sector […]. (LV, 11 de junio, 1999, p. 12)

A pesar de que en esta coyuntura se sostenían en las intervenciones de la dirigencia las demandas de tipo social que denunciaban con crudeza la vulnerabilidad con que las deudas con el sistema financiero habían dejado a los productores, cobraban cada vez más centralidad las que tenían un corte estrictamente económico. Estas demandas tematizaban el lazo fiscal, denunciando la “presión” que se ejercía sobre el sector, y ponían de manifiesto representaciones previas —históricas— de las dirigencias de las asociaciones más empresariales sobre el Estado y los impuestos.

A modo de conclusión

El modelo convertible tuvo una alta intensidad performativa que reconfiguró las pautas del campo político. La adhesión que la estabilidad monetaria generó en amplios sectores de la sociedad argentina deslegitimó cualquier crítica que los actores socioeconómicos pudiesen estructurar hacia una posible salida de la paridad cambiaria, más allá de que en los diagnósticos de la dirigencia agraria apareciera un cuestionamiento a sus efectos. De hecho, estas cuestiones permitieron explicar la concertación de diferentes protestas y movilizaciones a lo largo de la década. Esta disposición comenzó a erosionarse cuando el agotamiento del modelo convertible se hizo cada vez más evidente y los agentes estatales necesitaron reordenar algunas variables para mejorar los indicadores económicos. Así, la cuestión tributaria comenzó a emerger como un tópico problemático en las postrimerías del segundo gobierno de Carlos Menem al promediar la década de 1990. Si bien el reclamo por la disminución de la presión tributaria pudo inscribirse en los programas reivindicativos de la totalidad de las asociaciones rurales, en la coyuntura analizada cobró un nuevo cariz que señaló el comienzo del declive de los acuerdos que se concertaron entre el gobierno de Menem y la dirigencia de las principales asociaciones rurales.

Las acciones colectivas de protesta —ancladas en lo que entendemos como demandas por justicia fiscal— permiten observar al menos tres cuestiones. La primera se vincula con la percepción de incapacidad (deliberada o no) del Estado para darles solución. Este aspecto que permaneció prácticamente inalterable en las intervenciones de la dirigencia de las diferentes asociaciones agrarias nutrió, por un lado, las representaciones previas (históricas) que muchas entidades habían construido sobre su funcionamiento y, por el otro lado, permitió explicar parte de la crisis de representación política que comenzó a configurarse y que terminó eclosionando con los acontecimientos de 2001. La segunda cuestión que nos muestran es cómo la situación de endeudamiento posibilitó reunificar el entramado asociativo del agro argentino y propició acciones conjuntas. Es decir, que las coyunturas trabajadas diluyeron momentáneamente las tensiones al interior de la red de representación de intereses agrarios que se articulaba en torno a cómo se distribuía la presión impositiva en el sector. Esto facilitó que se evidenciaran las críticas situaciones a las que estaban sometidos los productores, especialmente los ligados a la agricultura familiar. Por último, tercero, la participación más activa de entidades con un fuerte componente empresarial entre sus bases sociales diluyó la denuncia estructurada en las demandas de tipo social. La inclusión de estos actores en las protestas les otorgó un carácter netamente sectorial a las reivindicaciones.

Referencias

Arriaga, A., Franco, M. J., & Natalucci, A. (2012). Un Estado en transición: Córdoba ante el embate neoliberal. En M. Gordillo et al., La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo (pp. 25-64). Ferreyra.

Azcuy Ameghino, E. (2004). Reformas económicas y conflicto social agrario: la Argentina menemista, 1991-1999. En Trincheras en la Historia. Historiografía, marxismo y debate (pp. 217-230). Imago Mundi.

Barsky, O., & Gelman, J. (2009). Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI. Sudamericana.

Beltrán, G. (2011). Las paradojas de la acción empresaria. Las asociaciones del empresariado argentino y la persistencia de las reformas estructurales. En A. Pucciarelli (Coord.), Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal (pp. 221-263). Siglo XXI.

Carini, G. (2014), Reivindicaciones, discursos y conflicto: las corporaciones agrarias en el marco de la estructuración del ‘consenso’ neoliberal (1989-1991). Conflicto Social, 7 (12), 88-113.

Carini, G. (2017). “Nuestro objetivo esencial es la defensa del sector que, en definitiva, son los intereses del país”: asociaciones agrarias, lógicas institucionales y discursos en la pampa cordobesa. Estudios Rurales, 13(7), 48-76. https://doi.org/10.48160/22504001er13.366

Carini, G. (2018a). Agro, negocio y nueva institucionalidad en las pampas: itinerarios y propuestas de abordajes para el análisis de la representación de intereses agrarios. En G. Banzato, G. Blanco & J. Perren (Comps.), Expansión de la frontera productiva y estructura agraria argentina, siglos XIX-XXI (pp. 417-439). Prometeo-Asociación Argentina de Historia Económica.

Carini, G. (2018b). “Alimentar las arcas del Estado”: corporaciones agrarias, Estado y política en Córdoba (1995-1999). Anuario de Historia de la Escuela de Historia (Virtual), 13(1), 1-22. https://doi.org/10.31049/1853.7049.v0.n14.23006

Carini, G. (2019). Convertibilidad. performatividad política y protesta agraria. De los consensos iniciales y sus límites en la pampa cordobesa (1991-2002). Trabajo y sociedad, 33(2), 131-140.

Carini, G. (2022). Asociaciones de mujeres agropecuarias, mediación y crisis política en Argentina (Córdoba, 1995-1997). Revista de Historia Americana y Argentina, 57, 235-265. https://doi.org/10.48162/rev.44.026

Closa, G. (2010). La recuperación de la democracia y los gobiernos radicales. Angeloz y Mestre (1983-1999). En C. Tcach (Comp.), Córdoba Bicentenaria. Claves de su historia contemporánea (pp. 463-492). Ferreyra.

Gerchunoff, P., & Torre, J. (1996). La política de liberalización económica en la administración de Menem. Desarrollo Económico, 36(143), 733-768. https://doi.org/10.2307/3467293

Giarracca, N., & Teubal, M. (1997). El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: las mujeres en la protesta rural en Argentina. Realidad Económica, (150), 96-119.

Giarraca, N. (2001). El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina. En N. Giarraca (Comp.), ¿Una nueva ruralidad en América Latina? (pp. 129-151). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Gras, C., & Hernández, V. (2009). El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorrural en la Argentina. En C. Gras & V. Hernández (Coords.), La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios (pp. 15-38). Biblos.

Gras, C., & Hernández, V. (2013). El modelo agribusiness y sus traducciones territoriales. En C. Gras & V. Hernández (Coords.), El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización (pp. 17-48). Biblos.

Gordillo, M., Arriaga, A., Franco, M. J., Leticia Medina, A., Solis, A., & Córdoba, F. (2012). La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo. Ferreyra.

Heredia, M. (2003). Reformas estructurales y renovación de las élites económicas en Argentina: estudio de los portavoces de la tierra y del capital. Revista Mexicana de Sociología, 65(1), 77-115. https://doi.org/10.2307/3541516

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (1988). Censo Nacional Agropecuario. Gobierno de la República Argentina.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2002). Censo Nacional Agropecuario. Gobierno de la República Argentina.

Lattuada, M. (2006). Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX. Universidad Nacional de Quilmes.

Lattuada, M., & Neiman. G. (2005). El campo argentino. Crecimiento con exclusión. Capital Intelectual.

Lissin, L. (2010). Federación Agraria hoy. El campo argentino en discusión. Capital Intelectual.

Martínez Dougnac, G. (2013). De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina. Imago Mundi.

MAGyRR - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. (1999). Relevamiento Provincial de productores. Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Neffa, J. (1998). Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996): una contribución a su estudio desde la teoría de la regulación. EUDEBA.

Nun, J. (2011). La desigualdad y los impuestos. Capital Intelectual.

Pérez Trento, N. (2015). La acción política de la Federación Agraria Argentina durante el período de la Convertibilidad (1991-2001). Mundo Agrario, 16(32), 1-24.

Salvia, S. (2014). Asociaciones empresarias del agro y crisis de acumulación, 19981999. Un antecedente de la Mesa de Enlace. Mundo Agrario, 15(28), 1-30.

Sánchez Román, J. (2013). Los argentinos y los impuestos. Lazos frágiles entre sociedad y fisco en el siglo XX. Siglo XXI.

Schuster, F., Pérez, G., Pereyra, S., Armesto, M., Armelino, M., García, A., Natalucci, A., Vázquez, M., & Zipcioglu, P. (2006). Transformaciones en la protesta social en Argentina (1989-2003). Documentos de Trabajo, (48), 1-60.

Scribano, A. (Dir.). (2003a). El campo en la ruta. Enfoques teóricos y metodológicos sobre la protesta social rural en Córdoba. Universidad Nacional de Villa María.

Scribano, A. (2003b). Reflexiones sobre una estrategia metodológica para el análisis de las protestas sociales. Sociologías, 5(9), 64-104. https://doi.org/10.1590/S1517-45222003000100004

Sidicaro, R. (2002), Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-1999. Siglo XXI.

Notas