Introducción

El presente artículo analiza el proceso de estructuración de un mercado laboral deportivo y la configuración de un nuevo perfil de trabajadores en la década de 1930 a partir de la implementación del profesionalismo en el fútbol de Córdoba (Argentina).

Al respecto, desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siguiente, se consolidó el proceso por el que ciertos grupos lograron la profesionalización de sus prácticas. Médicos, abogados, ingenieros y militares, entre otros, sistematizaron el servicio que brindaban a la sociedad a través de la especialización de su saber, la constitución de campos específicos autorregulados, la adquisición del monopolio de exclusividad y su reconocimiento social en pleno contexto de secularización, burocratización y complejización del Estado (González Leandri, 1999; Frederic et al, 2010). Paralelamente, otros grupos, como los futbolistas, vivieron un proceso de mercantilización capitalista de su práctica y se insertaron en relaciones contractuales y marcos regulatorios de carácter más precarios. La profesionalización de sus actividades tuvo sus propias particularidades y fue resuelta de manera autónoma al interior del campo deportivo, implicando una nueva fase del fútbol en tanto espectáculo, con la consecuente especialización de una práctica corporal y la incorporación como asalariados de un grupo de futbolistas a un naciente mercado de trabajo a través de contratos temporarios de locación de servicios.

Al respecto, en primer lugar, el trabajo indaga en la creación y funcionamiento del aparato que reglamentó este campo profesional y el proceso de formación de un mercado de trabajo deportivo en los años treinta, las condiciones de acceso y permanencia que definió, la organización y distribución de recursos que desarrolló y las transformaciones que ese despliegue inicial significó para las instituciones deportivas. En segundo lugar, el abordaje se desliza hacia las prácticas y experiencias de dirigentes y jugadores en dicho fenómeno, los cambios en sus condiciones contractuales, los posicionamientos y las estrategias que pusieron en juego y las tensiones, reacciones y negociaciones que atravesaron su desarrollo. Para dar cuenta de estos diferentes aspectos se han consultado documentaciones históricas (Boletines Oficiales, Listado de Pases y Referees, Estatutos y Libro de Registro de Firmas de Jugadores) ligadas a la institución encargada de organizar y regular la práctica deportiva en Córdoba -la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF)-, a fuentes gubernamentales donde las asociaciones deportivas dejaron asentadas sus actuaciones (Actas y Documentos del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba) y a publicaciones periódicas locales de la época (La Voz del Interior y Los Principios) que daban cuenta de las diversas vivencias y trayectorias de los actores alrededor de las actividades deportivas.

En definitiva, el estudio de la estructuración y mercantilización del fútbol profesional en Córdoba y del modo en que los actores se articularon al mismo procura abrir una nueva perspectiva al análisis de los procesos institucionalizadores de la vida social como otros efectos de la modernización experimentada por la ciudad en esos años. Más específicamente, en un contexto de creciente movilidad y transformación, se busca penetrar en la heterogeneidad del mundo laboral en la época y la emergencia de un nuevo tipo de trabajador con sus propias características y peculiaridades.

La sanción y estructuración inicial del fútbol profesional

La implantación del profesionalismo en el fútbol argentino iniciados los años treinta se dio en el contexto del reconocimiento oficial que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) hizo en 1926 de la existencia del amateurismo “marrón”, que era una práctica generalizada a través de la que los dirigentes deportivos ofrecían empleo, dinero y otros beneficios materiales a los jugadores de mayor talento para incorporarlos a sus instituciones y formar escuadras más competitivas. A partir de entonces, varios países -Austria, España, Checoslovaquia, Hungría e Italia, entre otros (ya Inglaterra había sido precursor en la materia hacia el año 1884, pero estaba escindida de la FIFA), comenzaron a reconocer el profesionalismo. En ese marco, Buenos Aires fue la primera ciudad de Argentina en implementarlo en 1931, cuando una huelga de jugadores en reclamo de la libertad de pases derivó en la decisión de los clubes porteños de oficializar el profesionalismo. La ciudad de Rosario también lo decretó ese mismo año, dada su cercanía geográfica con la capital y los frecuentes intercambios deportivos que realizaban.

En el caso de Córdoba, recién cuando se iniciaba 1933 la LCF sancionó la legalización de la práctica rentada, la cual reconocía el derecho de todo jugador a profesionalizar sus actividades, haciendo de sus habilidades y poderío físico un medio de solventar sus necesidades materiales y favorecer su mayor dedicación a fin de mejorar la calidad de los espectáculos que atraían al público que pagaba (LCF, Boletín Oficial, 397, 21/12/1932). Esto implicaba el “blanqueo” de la situación generada en los años previos por el amateurismo “marrón”. Su disposición nació de una decisión dirigencial y no de un reclamo de los jugadores, ya que estos no demandaban la legalización de su práctica rentada, sino la concesión del pase libre. Al respecto, en ese año vencían los plazos de la cláusula trianual, una medida tomada en 1927 y refrendada en 1930 que determinaba que durante tres años no iba a haber pases entre los clubes locales, a fin de evitar que estos sufrieran el desmantelamiento de sus planteles dada la masividad que adquirieron los traspasos de jugadores (LCF, Listado de Pases y Referees, 1929-1932). Como corolario de la misma, los jugadores, sin saberlo, quedaron arbitrariamente sujetos por tres años al club por el que se habían comprometido a actuar por una temporada, por lo que demandaban cambios en la situación de ilegitimidad generada por la retención a su movilidad deportiva.

El temor de las entidades más poderosas era que eclosionara esta problemática de los pases y se produjera un desarme aún mayor de sus equipos, sin que pudieran recibir nada a cambio. La regulación de un determinado modelo de profesionalismo, entonces, fue visto por los dirigentes como un factor que podía encauzar la movilidad de los jugadores en beneficio de sus clubes y desactivar un foco de posible conflicto. De esta manera, su sanción actuó como un mecanismo para evitar la ida de jugadores de mayor prestigio a clubes de Buenos Aires y Rosario -que habían adscripto previamente a este formato-^[2] y lograr la mayor especialización y mejorar el rendimiento de aquellos que seguían actuando en la ciudad, lo que en definitiva operaba como una estrategia de supervivencia y competitividad de los clubes. Tal modalidad se impuso en Córdoba, no con la esperanza de una mejora o un lucro económico, sino por la necesidad de “proteger la calidad del deporte”, que había sufrido un decaimiento y el espectáculo había entrado en decadencia (AHMC, Documentos del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, Tomo A-2-98, 1933, fs. 312-316).

Al respecto, se trataba de una época de acentuada crisis económica y depresión general tras el crack mundial de 1929, cuyas consecuencias se sintieron en el país principalmente sobre el sector comercial y agrícola, afligido también por la pérdida de cosechas por sequías. La desocupación alcanzó altos niveles y el gobierno recortó partidas del presupuesto y contrajo los salarios, con los consiguientes efectos sobre el gasto público y el consumo de la población. La situación derivó en una caída en la cantidad de espectadores que concurría a los eventos deportivos y la estrechez en la que se movían todas las instituciones, lo cual era ratificado en repetidas ocasiones por las crónicas periodísticas y los balances de la LCF.

A diferencia de lo que ocurrió en los principales focos deportivos del país, en Córdoba la implementación del profesionalismo no desencadenó un movimiento cismático de su federación, ya que la LCF adaptó sus estructuras para seguir al mando de este proceso y establecer las condiciones y reglamentaciones de este nuevo formato. Al respecto, logró el aval de las ligas Argentina y Rosarina para el respeto mutuo de los contratos efectuados entre jugadores profesionales, resolviéndose que los jugadores locales que tenían su firma en clubes de las ligas profesionales, pertenecían a aquellas; los que quisieran marcharse una vez formalizado el convenio, requerían el correspondiente pase o conformidad de su club de origen. A medida que otras ligas del territorio nacional (como Tucumán y Santa Fe) y provincial (como San Francisco, Villa María y Alta Gracia) fueron ingresando al profesionalismo, firmaron pactos de reciprocidad con su par cordobesa a fin de conservar relaciones y que se les respetaran los contratos de los jugadores.

Una vez sancionado el profesionalismo, los estatutos de la Liga fueron modificados en sus artículos iniciales para adecuarse a estos nuevos marcos regulatorios del profesionalismo, siguiendo fielmente el modelo suscripto en Buenos Aires. En ellos se estipulaba que la Liga podía organizar secciones de jugadores profesionales, equitativa y reglamentariamente remuneradas, sin perjuicio de fomentar el fútbol amateur en otra sección. En efecto, se determinó que los únicos clubes que harían profesionalismo dentro de su organismo serían los de primera e intermedia, mientras que las demás divisiones permanecerían siendo amateurs.[3] Los fondos de la Liga se invertirían exclusivamente para organizar y fomentar la práctica de este deporte, quedando descartada la posibilidad de contratar y remunerar por su cuenta a los futbolistas, así como sus propias autoridades y las de los clubes seguirían siendo ad-honorem. Al mismo tiempo, las instituciones no podían convertirse en entes comerciales ni dar dividendos, sueldos u otros beneficios económicos a sus asociados o dirigentes, mientras que el dinero recaudado en el fútbol debía ser invertido en obras de utilidad deportiva para los clubes (LCF, Estatutos, 1935, p. 4-5). De su análisis se desprendía que quienes se profesionalizaban en realidad eran únicamente los jugadores -más específicamente, los mejor valorados de entre ellos- y no los clubes o sus dirigentes, que seguían actuando sin fines de lucro.

De esta manera, la relación que unía a los futbolistas rentados con sus clubes comenzó a ofrecer nuevos matices. La LCF definió como jugador profesional a todo aquel que se vinculaba a una institución por medio de un contrato de locación de servicios que creaba obligaciones recíprocas para las partes, reconociendo a favor del jugador un sueldo o participación en dinero, lo cual era el aspecto innovador que lo diferenciaba del amateurismo. A cambio, se les exigía mayor disposición y preparación física y técnica. Al respecto, los dirigentes fueron tomando conciencia de la importancia de la implementación metódica de entrenamientos regulares bajo las órdenes de especialistas (Belgrano lo hacía los martes y jueves por la tarde) para la obtención de mejores resultados y el incremento de la calidad del espectáculo brindado, elementos que podían materializarse en un aumento de las entradas por recaudaciones. En una cláusula del contrato que la LCF entregaba a los clubes para la firma de los jugadores de primera o intermedia se instaba a los profesionales rendir al máximo de sus condiciones por el hecho de cobrar por sus servicios. En compensación de lo que se les comenzaba a abonar regularmente, los futbolistas debían perfeccionar sus habilidades, lo que demandaba una mayor especialización de su actividad. La profesionalidad de un jugador no se medía solo por su condición remunerativa, sino también por su mayor dedicación. Esto implicaba cambiar algunos hábitos que se creían generalizados, como el de que a algunos les era indiferente jugar “amanecidos” o tras una noche de baile. Al respecto, comenzó a usarse la práctica de concentrar a los jugadores antes de los partidos más trascendentales, como una forma de controlar sus actividades extra-futbolísticas (Los Principios, 02/07/1933, p. 13).

De esta manera, se asistía a una profundización del proceso de selección y especialización de talentos en el espectáculo deportivo y una progresiva institucionalización de los marcos regulatorios del fútbol. Si bien no había un reconocimiento oficial como profesión ni se generaron organizaciones gremiales que reclamaran por sus derechos e impulsaran medidas de fuerza, en la práctica los jugadores se transformaron en un nuevo tipo de trabajador, por cierto precario, gracias a su condición contractual asalariada. A partir de ella, brindaban un servicio, exigían una contraparte y participaban de un incipiente mercado laboral. Sin embargo, dada la fragilidad y volatilidad de su condición, los futbolistas no fueron representados ni se autorreferenciaron como tales, sino que siguieron siéndolo desde su identidad como deportistas talentosos de una actividad que la mayoría seguía concibiendo como un entretenimiento corporal.

Hasta entonces, todo jugador debía hacerse socio para jugar en un club. Es decir, debía pertenecer voluntariamente a una colectividad que los acogiera en igualdad de condiciones estatutaria con los demás compañeros. Con el profesionalismo, el jugador rentado no necesitaba convertirse en socio, no debía ser presentado por dos o más de ellos ni requería de otras prerrogativas, solo la firma de un contrato personalizado con los dirigentes. El talento deportivo, el dominio técnico, el espíritu competitivo y la sistematicidad en la preparación personal aparecían, entonces, como elementos decisivos que los integraban en ese nuevo formato. Estos criterios operaron como valores fundamentales del ejercicio profesional, que la intervención del mercado convirtió en un bien de intercambio y comercialización

La formación del nuevo mercado deportivo

Con la reglamentación del carácter profesional, los jugadores se vieron afectados por un proceso de creciente mercantilización de la práctica deportiva. Sin dudas, el asunto de los pases entre clubes era el que más repercusiones tenía entre ellos. Después de tres años sin poder irse a otros equipos por la vigencia de la cláusula trianual, pretendían recuperar ese derecho y tener la libertad de poder decidir sobre sus destinos: “necesitaban cambiar de aires, o tenían la ilusión de ascender y destacarse en el deporte, o había amigos y afectos que tiraban” (La Voz del Interior, 05/02/1933, p. 8). A partir de ello, en 1933 empezó a conformarse un precario mercado laboral en el ámbito deportivo sobre la base de las nuevas relaciones contractuales.

El proyecto de pases que se reglamentó disponía que cada uno de los nueve clubes de primera -Talleres, Belgrano, Instituto, Audax, Peñarol, Huracán, Palermo, 9 de Julio y Juniors- enviara una lista de 40 jugadores (360 en total) a profesionalizar, a los cuales no se les concedería pase libre y sus contratos serían respetados por las otras instituciones, pero si entre ellos había algunos que deseaban cambiar de club, debían contar con el consentimiento de su entidad y el pago de una prima por parte del que solicitaba sus servicios. El resto de los futbolistas amateurs quedaban liberados de restricciones y podían solicitar la transferencia mediante el abono de un derecho de 7 pesos -$5 para el club y $2 para la liga.

Con esta medida, los dirigentes de los clubes de primera pretendían asegurar la estabilidad del plantel de jugadores durante cierto término, ya que no podrían ser movilizados de una parte a otra sin el previo pase de las respectivas entidades. Tanto la firma como la afiliación que todo jugador hiciera en la LCF eran permanentes, y aunque los contratos vencieran o se rescindieran, este siempre tenía necesidad del consentimiento del club para quedar libre y optar por un nuevo equipo. Solo en el caso de que una entidad se desafiliara o desapareciera, sus jugadores quedaban liberados para actuar por cualquier otra por el resto de la temporada.

De esta manera, creadas las reglamentaciones que resguardaban su plantel de profesionales y le permitían abastecerse libremente y sin grandes desembolsos de jugadores amateurs, los dirigentes de primera división se abalanzaron en la búsqueda de valores que reforzaran las escuadras y, por ende, mejoraran la calidad del espectáculo y fomentaran el consumo deportivo entre una población demandante de un entretenimiento más especializado. Los grandes perjudicados fueron las entidades de segunda, quienes sufrieron la pérdida de sus principales figuras, así como también algunos mercados del interior de Córdoba y de otras provincias, todavía amateurs en su gran mayoría.

Por otra parte, el armado de los planteles pasaba a depender de un mercado reestructurado de acuerdo a esa nueva lógica profesional que brindaba oportunidades y exigía contraprestaciones a los agentes que intervenían de él. Algunos pocos dirigentes locales proyectaron una estrategia de fuerte capitalización inicial a fin de mejorar su competividad. Este fue el caso de Peñarol, que invirtió en la formación de un equipo poderoso y ofreció a los jugadores mejores condiciones de contratación que los demás. Mientras Talleres, otro de los mejor posicionados, empezó pagando 15 pesos por partido a cada jugador como prima y $2 por gol marcado, Peñarol prometía abonarles $32 en todo concepto.^[4] Además, había traído a dos jugadores porteños por sumas elevadas para el medio: por Cesarini, que en ese momento militaba en un club amateur por divergencias con la directiva de Huracán, se pagó 1.000 pesos y por Romero, de Gimnasia y Esgrima de La Plata, $1.500 (Los Principios, 31/05/1933: 11). De este modo, el club aurinegro aparecía como el mayor candidato a ganar el título de la competencia local, lo que se vio compensado a partir de la captación de más de 300 nuevos socios y la ampliación de sus infraestructuras, recursos y actividades (Los Principios, 10/03/1933, p. 13). Belgrano fue otro de los que más invirtió en su plantel de jugadores, ya que contrató a 23 profesionales para su plantel y gastó 4.138,40 pesos en pases, 2.850 en primas y 13.630 en viáticos. Su experiencia fue exitosa, ya que gracias a la gran campaña deportiva que realizó pudo aumentar su capital y cantidad de socios (Los Principios, 20/01/1934, p. 9). Al mejorar su competitividad, estos clubes ofrecieron espectáculos deportivos que ampliaron y renovaron un mercado de entretenimiento local consumido cada vez más por mayor cantidad de sectores, a partir de lo cual resultaron beneficiados con el crecimiento de sus estructuras deportivas. Sin embargo, la gran mayoría de las instituciones no tuvo los recursos para sacar provecho en estos términos del espectáculo profesional y apelaron a otras estrategias para realizar contrataciones.

En este sentido, diferentes mercados se abrían para la demanda de jugadores talentosos que tenían los clubes cordobeses una vez instalado el fútbol profesional. En una primera instancia, estaban los del interior de Córdoba y de otras provincias todavía amateurs. Los mismos jugadores ofrecían sus servicios al mejor postor o los clubes capitalinos mandaban emisarios a los principales centros deportivos para observar y atraer a sus principales figuras. A Instituto llegaron algunos tucumanos, mientras que Belgrano se llevó jugadores “chacareros” de Alta Gracia, San Francisco y Villa María antes de que estas se profesionalizaran. Talleres se había asegurado un jugador de Las Varillas y otro de Villa Concepción del Tío a partir del contacto del doctor Artaza, un reconocido hincha del club que “se hizo negrero, pero negrero lírico” y acercaba jugadores sin dejar nada a cambio para la entidad que lo había formado (Los Principios, 11/05/1933, p. 11). A través de este accionar, los clubes seguían reproduciendo la misma dinámica extractiva centro-periferia que se criticaba a las entidades porteñas y que veían como síntomas de su propia decadencia. Contrariamente, cuando el profesionalismo llegó a las ligas del interior de la provincia, se dio algún que otro caso en que jugadores capitalinos se marcharon a jugar a parajes económicamente pujantes donde se les remuneraba mejor sus servicios, como Las Varillas (Los Principios, 02/06/1933, p. 13).

En cuanto a los pases locales, solo una pequeña minoría de las 560 transferencias de jugadores efectuadas en el primer año correspondía a alguno de los que estaban en el plantel de 40.^[5] Se trataba de circunstancias puntuales en donde lo ofertado por el pase conviniera a las partes, como cuando Juniors le vendió el jugador Tomás Quiroga a Belgrano por la suma de 2.000 pesos (Los Principios, 19/02/1933, p. 6). También, en los casos en que un jugador estaba en conflicto con el club y se quería obtener algún dividendo por su cesión, como cuando el player Carlos Moyano, de Belgrano, fue denunciado por un socio y, bajo el consentimiento del club, fue incluido en la lista a objeto de poder negociarlo, a sabiendas de que mientras estuviera la comisión directiva vigente no volvería a jugar para la institución (La Voz del Interior, 11/02/1933, p. 13). Casos así se repitieron con cierta regularidad esos días. Así fue como la lista de 40 que confeccionó cada uno de los clubes no estuvo exenta de controversias entre los jugadores, ya sea por su inclusión o exclusión. También porque todo aquel que integraba esa lista, podía ser restituido a su antigua condición de amateur por decisión unilateral del club una vez cerrado el libro de pases. Ello se realizaba cuando la presencia de un jugador era considerada indispensable para los cuadros de divisiones inferiores o como una forma de disminuir el presupuesto destinado al plantel profesional. Así, Talleres e Instituto reintegraron a la nómina de amateurs a un jugador cada uno, Belgrano a 8, Juniors a 15, Huracán a 18, Peñarol a 26 y Audax a 31 (de Palermo no se obtuvieron datos) (LCF, Boletín Oficial, 415, 03/05/1933). Completaban el plantel profesional todos aquellos jugadores que había incorporado cada entidad.

Cuando los pases no implicaban a jugadores inscriptos en la lista de 40, las negociaciones se hacían directamente con el futbolista, sin mediación entre los clubes. La gran mayoría de los pases, entonces, tuvo como epicentro a estas categorías menores, que perdieron sus principales figuras para que los clubes de primera reforzaran sus planteles superiores, diezmados por la partida de sus elementos principalmente a Buenos Aires o Rosario. En relación a ello, a pesar de que ahora debían pagar una prima por las transferencias, los clubes porteños y rosarinos siguieron enviando emisarios y negociando para incorporar a sus cuadros a las máximas figuras del fútbol cordobés. En esos casos, los pases tenían lugar solo cuando la suma ofrecida cuadrara ampliamente a las partes. Por ejemplo, por el pase del jugador Disandro, River pagó 8.000 pesos a Belgrano y acordó la disputa de un interprovincial en Córdoba (Los Principios, 10/01/1935, p. 9).

De igual manera, en esa época también comenzaba a producirse el fenómeno inverso, por el cual algunos clubes locales querían repatriar a esos jugadores que habían migrado. Cuando este no rendía en un club foráneo de acuerdo a las expectativas generadas, en general la entidad de origen era la primera en gestionar su regreso. Boero era pedido por Peñarol a Ferro, quien pretendía por el pase 700 pesos, es decir, lo que había pagado cuando se lo llevó (Los Principios, 21/05/1937, p. 10). A veces, se ofrecía el pase de otro como parte de pago. En las gestiones de Instituto por obtener a Benavídez, Tigre pedía una prima y la cesión de Aráoz, insider rojiblanco (Los Principios, 05/04/1933, p. 9).

En general, se trataba de un mercado deportivo que funcionaba a partir de una gran circulación y movilidad de jugadores en búsqueda de mejores condiciones. Diferentes cuestiones sopesaban en la elección que estos hacían del equipo para el que pretendían jugar, siempre y cuando tuvieran una oferta o pudieran solventar las limitaciones de los reglamentos y las reticencias de los directivos: la remuneración a percibir, el prestigio de empezar a intervenir en el círculo superior, la presencia de allegados en el club oferente o, en el caso de que lo fuera, la posibilidad de jugar en el equipo de sus predilecciones un aspirante al título.

Las modalidades de contratación del jugador profesional en el ámbito local

En la apertura del mercado de pases profesional, los jugadores de primera división e intermedia local tuvieron diferentes formas de percibir sus estipendios a raíz de su nueva relación contractual. Además de la prima correspondiente al pase, en el caso de que lo hubiera, la remuneración era personalizada y podía adquirir forma de viático o sueldo mensual o cobrarse por partido; asimismo, también podía ser por un porcentaje de las recaudaciones, por un monto fijo o de acuerdo a la categoría y la colocación del rival y el resultado obtenido.

La LCF llevaba un registro de firmas de jugadores (LCF, Libro de Registro de Firmas de Jugadores, 1933, f. 1; Los Principios, 19/04/1933, p. 9) donde se dejó constancia de 144 contratos suscriptos por algunos clubes (Belgrano, Peñarol, Juniors, Talleres, Córdoba Central y Sportivo Belgrano, Tiro y Gimnasia y San Isidro de San Francisco) con ciertos futbolistas. El primero fue registrado por Belgrano e implicaba al jugador Reynoso, que cobraba 40 pesos por partido, en lo que estaba incluido el gasto de 20 pesos que debía efectuar para trasladarse cada domingo a Córdoba, ya que no vivía en la ciudad. En ese documento se podía apreciar también que todos los integrantes del plantel profesional de Peñarol percibían un sueldo de 40 pesos mensuales. En el caso de Belgrano, muy similar al de Talleres, los jugadores cobraban solo por partido en el que actuaban: en primera división, contra Talleres, 30 pesos por ganar y 20 por empatar; contra Audax e Instituto 25 y 18 y contra los demás, 20 y 15 pesos respectivamente; por perder, 10 pesos. En Intermedia, contra equipos que se posicionaban en los 3 primeros puestos, 10 y 7, y en puestos inferiores 8 y 6 pesos respectivamente; por perder, siempre percibían 5 pesos. Todos los convenios eran por un año con opción a otro más a favor de la entidad, que muy raramente no era utilizado. Ya para la segunda temporada profesional, el club comenzó a implementar en algunos casos el arreglo en particular con cada jugador de una mensualidad: los sueldos oscilaban entre 70 y 140 pesos y se abonaban entre el día uno y cinco de cada mes; a veces, quienes recibían cifras más exiguas complementaban sus ingresos con retribuciones según el resultado de cada partido (20 y 10 pesos por ganar y empatar respectivamente). Incluso, había contemplaciones para quienes tuvieran problemas laborales: a Salvador Fernández se le abonaría 120 pesos mensuales, pero en el caso de reintegrarse al Banco de Córdoba o cualquier otro empleo, su retribución volvería a ser como la de los demás jugadores contratados por el club. Juniors, por su parte, firmaba contratos de un año de duración y la mayoría tenía una opción por dos más; todos los jugadores percibían un porcentaje del producido total de las recaudaciones (60, 50 y 40% de acuerdo al resultado obtenido), distribuidos en partes iguales por todos los que formaban el plantel. Finalmente, los equipos de la localidad de San Francisco incorporados a la LCF también pagaban de acuerdo al partido y el resultado, incrementando los fondos de viáticos para los encuentros a disputarse fuera de su ciudad.

En términos generales, la incertidumbre sobre los resultados económicos que daría el profesionalismo local influyó directamente en las diferentes modalidades de contratación de jugadores rentados y las condiciones estipuladas. En comparación con otros centros de mayor importancia en el país, las remuneraciones que percibían los futbolistas profesionales de la LCF eran muy precarias.

Además, la contratación de jugadores se complementaba con otros mecanismos más informales que contribuían a garantizar o negar la firma para un club. En las horas previas de la apertura del periodo de transferencias para la temporada oficial, los dirigentes de una entidad “guardaban” a jugadores que eran pretendidos por varios equipos para asegurarse su concurso. Fue el caso de Simón Cuellar, defensor de Nacional, que fue llevado a la casa de campo en Río Ceballos de un dirigente de Talleres y por la tarde fue trasladado a la ciudad para firmar por la entidad ferroviaria: “si tuve que alejarme de la ciudad, simulando un secuestro, ello se debe a las continuas molestias de que era objeto. Varios clubs me disputaban y a diario se me venían a hacer ofertas. Empero, los colores me tiraban” (La Voz del Interior, 11/02/1933, p. 12-13). En casos como este, las gestiones se agilizaban cuando el futbolista hacía manifiestas sus preferencias para incorporarse a alguna entidad en particular. Como se puede apreciar, la identificación afectiva con un club jugaba un papel importante en la orientación de un mercado deportivo que no hacía del interés económico su único móvil, aunque declarar las simpatías por la entidad que lo contrataba también podía servir para legitimar el nuevo vínculo y conseguir el aval de sus dirigentes, socios, aficionados y compañeros de equipo. A su vez, cuando se trataba de futbolistas del interior, se evitaba “ventilar” su nombre para que ningún otro se percatara de las virtudes de un jugador desconocido en el medio local y compitiera por su concurso.

En esas “jornadas de pases”, el local de la LCF se convertía en un escenario pintoresco de negociaciones y confrontaciones. Según cuentan las crónicas periodísticas, varios jugadores se llegaban a la sede y desde el exterior hacían ofertas a los compañeros o se ofrecían ellos mismos a los dirigentes; asistían a una especie de subasta pública a través de la que se entregaban al mejor postor. La secretaría de la Liga era la arena donde se concretaba la comercialización de los jugadores. La policía tenía que intervenir para hacer guardar el orden a los concurrentes que procuraban obtener la conformidad del pase. Además, el desorden se entendía también por el desconcierto en la cotización de los jugadores. Estos pedían sumas que algunos clubes no estaban dispuestos a pagar dado el estado de sus finanzas, por lo que las negociaciones podían abrirse a nuevos candidatos. Sin embargo, solo unos pocos pudieron obtener una buena prima, teniendo que conformarse la mayoría con quedarse donde estaban o aceptar ser transferidos sin alcanzar sus pretensiones iniciales.

Impugnaciones e innovaciones en el mercado de pases profesional

Tras la conformación del nuevo mercado de pases con la reglamentación del profesionalismo en 1933, cada año se iniciaba un nuevo periodo de transferencias y había que reemplazar a los que se iban o a los que se quería cambiar por no haber rendido como se esperaba. En el primer año del fútbol rentado, mientras se restringían las transferencias a los jugadores profesionales, todos los que pertenecían a entidades amateurs obtuvieron el pase libre con la sola obligación de parte de la institución a la que pasaban de pagar una prima de 5 pesos, de manera que estas instituciones carecieron de poder de decisión sobre sus jugadores. Ya en el segundo periodo profesional se mantenía lo del año anterior, pero se aumentaba el derecho de pase y se establecía que a ello lo pagarían los clubes y no los jugadores, como figuraba antes.^[6] En relación a los jugadores de divisiones inferiores de los clubes profesionales, a diferencia de los amateurs, el pase libre no contaba para ellos, ya que solo podían salir de la institución con su consentimiento.

Con estas medidas, la cantidad de transferencias realizadas fue menor, ya que pocos eran los jugadores que obtenían la conformidad de su club o las entidades que solicitaban la transferencia correspondiente a las entidades de divisiones inferiores (abonando la prima entre 100 y 150 pesos) y que accedían a los pedidos de los jugadores -que en gran parte eran muy superiores a lo que podían ofrecer los clubes-^[7] dada la crisis económica de la época. Sin embargo, los clubes profesionales seguían teniendo el poder de retener a sus valores de categorías menores y de “pescar” los de las amateurs, pudiendo negociarlos en otros centros deportivos, lo cual revelaba, a ojos de la prensa, el espíritu mercantilista que los movilizaba.

En representación de las instituciones amateurs, Lavalle presentó una protesta por este reglamento de pases denunciando el despojo que estaban sufriendo aquellos que no tenían delegación en el Consejo Directivo de la LCF: cualquier entidad con cierta cantidad de dinero podía, a su arbitrio, llevarse a los mejores jugadores de los de las divisiones inferiores, dejándolas sumidas en una constante mediocridad (Los Principios, 12/01/1934, p. 9; 20/01/1934, p. 9). Así, el mercado de pases establecía criterios que reforzaban la desigualdad económica y deportiva existente entre los clubes locales. Ante ello, algunas entidades se valieron de mecanismos externos al mercado para imponer condiciones sobre este. En efecto, Universitario, posicionado como uno de los referentes del amateurismo en Córdoba, era otro de los más afectados y utilizó otros medios a su alcance para prevenirse de tal situación y evitar negociar a sus jugadores. En la prensa se rumoreaba que el club “boicoteba a los profesionales de su once”, especialmente a los que eran estudiantes de medicina, asegurando que no iban a ser tenidos en cuenta para los cargos de practicantes, que serían adjudicados a quienes carecieran de todo tipo de recursos (Los Principios, 04/02/1934, p. 19; 10/02/1934, p. 9). A su vez, expulsó a algunos de sus jugadores socios acusándolos de falta de ética para conseguir el pase a otros clubes profesionales. Desde el club se entendía que la universidad formaba profesionales en rubros de diversa utilidad social, y concebir al fútbol como una carrera rentable los desviaba de ese fin superior (Los Principios, 13/06/1937, p. 13).

Ante las diferentes dificultades para contratar jugadores, clubes como Talleres, entre otros, iniciaban una política de austeridad puertas afuera y de revalorización de los recursos propios. Al respecto, organizaban campeonatos internos entre las divisiones inferiores del club como una forma de “descubrir” los cracks dentro de las mismas filas de la institución, sin tener que recurrir a elementos extraños y más costosos. También se ponía énfasis en la preparación de los equipos. En palabras del vocal del club, Domingo Dianda, el equipo realizó pocas adquisiciones, pero gracias a la disciplina y dedicación al entrenamiento que supo inculcar el entrenador Palomino, se pudo realizar una campaña brillante (Los Principios, 01/02/1934, p. 9).

Sin embargo, la dinámica del mercado no se detuvo y se reconfiguraba de acuerdo a las circunstancias. Aunque en menor medida, las transferencias de jugadores seguían su curso para cubrir un puesto en el que faltaban elementos de calidad, dejar ir a los que pretendían hacerlo o las circunstancias los obligaban y adquirir nuevos valores que realzaran el espectáculo. Un nuevo mecanismo comenzó a implementarse dentro de la lógica mercantil: como la mayoría de los clubes no disponía del capital necesario para realizar grandes contrataciones, empezó a convertirse en un modus operandi la concreción de préstamos de jugadores entre las instituciones. Se convenía una suma menor por un plazo determinado (generalmente seis meses o hasta la finalización del torneo vigente), con la opción de compra definitiva si las actuaciones satisfacían al nuevo equipo. El club prestamista, además de recibir un ingreso monetario, utilizaba este mecanismo como una vidriera para poder mostrar sus jugadores en un mercado más competitivo o para desprenderse temporalmente de un jugador que así lo solicitara o que estuviera en conflicto con la dirigencia, conservando el derecho del pase. Por ejemplo, en junio de 1935, Talleres consiguió el préstamo hasta final de año de Santiago Narvaja, procedente de Argentino de Rosario. La opción por la compra del pase era de 20.000 pesos, algo inaccesible para las instituciones locales (Los Principios, 11/06/1935, p. 9).

Este nuevo formato de transferencia no estuvo al resguardo de numerosos inconvenientes que suscitaban controversias entre las entidades. Algunos clubes utilizaban este recurso para seguir despojando a otros equipos de sus mejores jugadores. Palermo, que en 1939 estaba en segunda división, había prestado a los futbolistas Altamirano y Blando a Lavalle y Audax respectivamente (ambos en primera) y, una vez vencido el contrato, estos no querían devolvérselos, no obstante tener los contrapases firmados por las autoridades que correspondían al año anterior; buscaban sacar provecho de que los pedidos de pase estaban firmados por dirigentes ya caducos, pero tenían la fecha del año en vigencia (Los Principios, 12/05/1939, p. 9).

En cuanto a la venta de jugadores, algunos clubes renegaban de la partida de sus principales figuras porque podía perjudicar la calidad del espectáculo brindado, generar el malestar de los aficionados al ver cómo probablemente disminuían las posibilidades del equipo y mermar los ingresos por entradas. Al respecto, a pesar de que Central Córdoba de Rosario ofrecía 2 mil pesos y dos encuentros a beneficio de Peñarol por el pase de un jugador, ni este quería irse, ni el club venderlo (Los Principios, 20/04/1933, p. 9). Sin embargo, la posibilidad de transferirlos ante una oferta cuantiosa les servía también como una forma de saldar deudas adquiridas o capitalizarse e invertir en el desarrollo de su infraestructura. Peñarol pedía 15.000 pesos por dos jugadores que pretendía Huracán de la Capital Federal. Se especulaba que con ese ingreso podría comprar el field propio en Villa Cabrera, al que se le pudiera agregar un velódromo y una pista de carreras (Los Principios, 03/01/1934, p. 9).

En los clubes denominados chicos, como Palermo, parte de sus posibilidades de subsistencia dependían de esos traspasos, dado que tenían la oportunidad de disponer de ingresos como para asegurar la temporada venidera. Ante la potencialidad de un buen negocio, tasaban en precios altos a sus futbolistas. Dicho club se proponía vender al jugador Turienzo a Talleres por 3.000 pesos (500 para el jugador y el resto para la institución), pero como los albiazules no disponían de ese capital, terciaba Belgrano, que ofrecía 2.000 (Los Principios, 05/01/1934, p. 9; 10/01/1934, p. 9). Así, negociaban en diferentes frentes para obtener la mayor tajada posible de un pase.

Prácticas y estrategias de jugadores y dirigentes ante el profesionalismo

Una vez sancionado el profesionalismo, su proceso de estructuración en el fútbol local a lo largo de esta década estuvo marcado por la precariedad económica y la fragilidad de su aparato institucional. En ese marco, jugadores y dirigentes tuvieron que rearticular los vínculos que los unían y desarrollar diversas prácticas y estrategias para velar tanto por los propios intereses y necesidades, como por los de la entidad a la que defendían.

En la mayoría de los casos, desde la prensa se remarcaba que los jugadores del ámbito local no podían vivir solo del fútbol ya que el profesionalismo local “apenas llegaba a costear el desayuno” (Los Principios, 14/12/1935, p. 9). Si se analizan los montos -previamente mencionados- que percibían los futbolistas (que en general oscilaban entre los 30 y 70 pesos y muy excepcionalmente superaban los 100 pesos) (LCF, Libro de Registro de Firmas de Jugadores, 1933) en relación al costo de la canasta básica en esos años,[8] la gran mayoría no alcanzaba a cubrir sus necesidades diarias o lo hacía muy estrechamente, aunque siempre estaban expuestos al carácter irregular y discontinuo de las percepciones. Los jugadores tenían, entonces, sus ocupaciones particulares que conservaban aunque firmaran contratos profesionales en algún equipo. En general, la vida deportiva no les representaba más tiempo que el que le acarreaba dos o tres entrenamientos vespertinos durante la semana y el día del partido en el fin de semana. Por ello, la disposición de otro empleo era perfectamente compatible con el trabajo como futbolista rentado. A veces era el club mismo dentro de sus instalaciones^[9] o algún dirigente que fuera propietario de un comercio^[10] quienes ofrecían un puesto al jugador, generalmente donde no tuviera un gran derroche de energías. Así, muchos jugadores tenían conciencia de la volatilidad y caducidad de su condición profesional, por lo que, salvo excepciones, no lo preveían como único sustento, sino como una oportunidad de obtener ingresos extras en una actividad de entretenimiento. A algunos estudiantes les servía también para costearse sus estudios. Para otros que se hallaban en una situación económica más precaria y carecían de empleo, significaba la posibilidad de encontrar un medio de vida, por más efímero que fuera. Era el caso, entre otros, de A. Farías y M. Heredia, que pasaron de su institución de origen, Lavalle, a Instituto y de S. Cuello, que se fue de Nacional a Talleres “como una legítima ambición del elemento humilde de condiciones”, según se esgrimía en la prensa (La Voz del Interior, 10/08/1933, p. 14).

Por otra parte, las relaciones contractuales entre los dirigentes y los jugadores profesionales nunca fueron sencillas. A decir de Héctor Palomino (Frydenberg y Di Giano, 2000), entre ambos se discutía, no la existencia de un mercado deportivo, sino la posición dominante que ocupaban en el mismo, que permitía dictar sus estructuras o reglas de funcionamiento. Como ya se pudo apreciar, el principal foco de conflicto era la cláusula cerrojo instalada por los clubes que quitaba libertad de los jugadores. A su vez, ante la improvisación y arbitrariedad de muchas de las reglamentaciones profesionales, las rispideces fueron constantes en otros aspectos como el cumplimiento de los contratos o los montos y porcentajes a percibir, el rendimiento deportivo, los accidentes o enfermedades producidos en su ejercicio o las penas impuestas, entre otros.

En efecto, una de las frecuentes desavenencias se produjo en cuanto a las obligaciones estipuladas en el contrato entre ambas partes, sobre todo por el asunto de los accidentes deportivos. Un caso resonante fue el de un jugador de Juniors, Roberto Márquez, quien a través de una nota enviada al diario La Voz del Interior hizo pública la renuncia a su calidad de socio y jugador de la institución por las constantes desatenciones e incumplimiento de su contrato que venía sufriendo por parte de la subcomisión de fútbol, que a su entender ponía antipatías personales por delante de sus obligaciones reglamentarias. Entre otras acusaciones, esgrimía que se lo había obligado a jugar contra la intermedia de Belgrano convaleciente de un ataque al hígado. Alegaba que había compañeros que habían estado dos meses sin jugar por bajas condiciones e igual ganaban el porcentaje que les correspondía, pero cuando este no pudo hacerlo por dicha enfermedad, se le descontó íntegramente el pago y tuvo que pagarse personalmente los remedios (La Voz del Interior, 10/11/1933, p. 12). Como respuesta a los cargos que le habían formulado, el presidente de Juniors argumentó que una de las cláusulas de los contratos de los futbolistas con el club contemplaba que en caso de accidente en partidos o prácticas organizados por el club contratante, este debía proporcionar asistencia médica, sin perjuicio de abonar los emolumentos convenidos, como máximo hasta la terminación del presente contrato. Asimismo, en caso de enfermedad ajena al deporte y siempre que no se trate de venéreas o producidas a consecuencia del alcohol, el club pagaba la mitad de los emolumentos, durante el término de dos meses, reservándose el derecho de examen médico para la continuación o no. Los convenios estipulaban que el club se hacía cargo obligatoriamente de la atención de un jugador siempre y cuando la lesión se hubiera producido en un campo de juego. Al respecto, el presidente declaró que se le había descontado un porcentaje de los viáticos dado el carácter de su lesión, que deslindaba al club de toda responsabilidad, pero que igual se le acordaron medicamentos por cierto tiempo. Agregaba que, contra Belgrano, el futbolista había jugado por pedido propio, habiendo manifestado estar mejorado de su dolencia (La Voz del Interior, 10/11/1933, p. 12).

En otros casos, los causales que operaban como eje de conflictos entre jugadores y dirigentes surgían a partir de las discrepancias que generaban las condiciones contractuales ventajosas de un determinado jugador frente a las del resto del plantel, lo cual los impulsaba a pedir ser considerados de igual forma que aquel. En otros, las divergencias también se debían al escaso emolumento percibido por los futbolistas en los cotejos interprovinciales. Ambas polémicas se unieron en un solo reclamo para los players de Talleres hacia mediados del año 34, pero no derivaron en medidas de protesta (Los Principios, 12/07/1934, p. 17; 13/07/1934, p. 9).

También era frecuente el malestar de los jugadores ante la falta de pago o cuando no se cumplía con los montos pactados. A decir de Luis Monti, ex jugador de San Lorenzo de Almagro, eran recurrentes las irregularidades en el cumplimiento de los primeros contratos ya desde la época en que migraron los futbolistas del interior a Buenos Aires o Rosario. En algunos casos, por ejemplo, no se les daba el duplicado de los documentos firmados, por lo que los dirigentes podían romperlos si al cabo de cierto tiempo no estaban de acuerdo con el rendimiento del jugador; lo mismo cabía para la remuneración estipulada: no siempre recibían los montos acordados o, si lo hacían, era en cuotas o a crédito (La Voz del Interior, 09/07/1931, p. 8).

En el caso contrario, cuando los dirigentes estaban al día con las remuneraciones y cumplían con las comodidades y demás acuerdos con el plantel, reclamaban a los jugadores por sus actuaciones. En este sentido, la Comisión Directiva de Belgrano (que presumía de que los viáticos se pagaban puntualmente y en su totalidad) no estaba conforme con las actuaciones del equipo a pesar de que estaba entre las primeras posiciones del torneo y determinó que, después de cada encuentro, juzgaría y valoraría el desempeño personal de cada jugador y aplicaría las sanciones que estimara pertinentes, desde multas en dinero que serían descontados al efectuar los pagos hasta la exclusión de todo aquel que no hubiera demostrado suficiente capacidad y voluntad. Para justificar su requerimiento, los dirigentes sostenían que tanto ellos como los aficionados que concurrían a ver actuar al equipo tenían el derecho de que se les brindara un espectáculo bueno, en el que se derrochara entusiasmo y se conquistaran goles (Los Principios 11/08/1937, p. 9). Cuando la dirigencia de Instituto suspendió a tres de sus jugadores “por jugar con poca actitud” en un partido, el resto de los compañeros se negó a entrenar y para reintegrarse exigían el inmediato levantamiento del castigo. Ante ello, la presidencia dispuso la suspensión de todo el equipo como una forma de mantener la disciplina y coaccionarlos para que finalizaran con la medida de fuerza. Las medidas que tomó la comisión directiva del club implicaron la suspensión de cuatro jugadores por negarse a tomar parte de la sesión de entrenamientos y a otros dos por “irrespetuosos” (La Voz del Interior, 10/05/1935, p. 15; 11/05/1935, p. 15).

Como se puede observar, en tiempos de afianzamiento de la práctica y el espectáculo deportivo (con el crecimiento cuantitativo y la mayor especialización de roles entre los actores que participaban de este fenómeno, el auge asociativo, los avances en la normativización e institucionalización de sus estructuras, la sistematización y regularización de calendarios competitivos y la construcción de escenarios urbanos para contener a los espectadores), la organización del fútbol profesional estaba en ciernes y todavía algunas cuestiones quedaban supeditadas a la apreciación subjetiva, y a veces abusiva, de sus autoridades. Las cláusulas previamente pactadas eran unilateralmente alteradas a la luz de nuevas disposiciones que actuaban sobre el desempeño deportivo de los jugadores. Se hacían en nombre del espectáculo, entendido aquí por los dirigentes como un derecho en sí mismo extensible a todos los aficionados por el hecho de que pagaban por su disfrute, como si su mediación mercantilista los infundiera de nuevas prerrogativas. Los jugadores no permanecían pasivos ante lo que consideraban como arbitrariedades de quienes tenían el poder dirigencial y en ocasiones ensayaron respuestas al interior de las instituciones, en las que ejercían presión como un actor colectivo fundamental en la reproducción del espectáculo. Sin embargo, carecían de los instrumentos y los espacios legales que aunaran los intereses de colegas de diferentes entidades y les posibilitara canalizar su acción política, por lo que casi cualquier medida de fuerza era sancionada, quedando a merced de las autoridades. Los futbolistas recurrían generalmente a la intermediación de la LCF, solicitando que dicho ente fuera el único facultado para inhabilitarlos, ya que algunos clubes se tomaban esa atribución y los suspendían utilizando sus fueros internos.

En definitiva, a consideración de los propios jugadores, los convenios en vigencia en el fútbol profesional sancionados por los cuadros directivos trataban a los jugadores como “cosas” en poder de los clubes y creaban una enmarañada legislación que los ataba a ellos. Si bien eran contratados por un tiempo fijo, una vez finalizado el compromiso quedaban en poder de la entidad. Esta podía renovarles el contrato, otorgarles el pase o, si tuvieran problemas con sus dirigentes, mantenerlos en sus filas, pero impidiéndoles jugar, sin que el jugador tuviera derecho a protesta alguna.^[11] De esta manera, el profesionalismo se movía bajo una lógica de mercado que avanzaba sobre las subjetividades deportivas y negaba la libertad de acción en la decisión de su futuro. A modo de ejemplo, Renato Manzioli, jugador de Talleres hacia 1934, hizo declaraciones en un diario local para hacer pública su situación y captar el interés de dirigentes de otros clubes. En ellas decía no estar cómodo en la entidad porque lo culpaban de malos rendimientos y esperaba que se le concediera el permiso para actuar en Sportivo Belgrano de San Francisco, pero los dirigentes le negaron tal posibilidad y solo le otorgaron un descanso prudencial (La Voz del Interior, 22/06/1934, p. 14).

Además de esta intervención pública, los futbolistas utilizaron algunas otras acciones y estrategias para presionar a los dirigentes, conservar sus márgenes de decisión en relación a su trayecto deportivo e ir tras las mejores oportunidades que brindaba el medio o simplemente para disponer de libertad para practicar a su parecer un ejercicio recreativo que todavía concebían bajo una connotación lúdica, dentro de los marcos regulatorios del profesionalismo que condicionaban y limitaban su capacidad de acción. Un problema común que enfrentaba la práctica rentada era la firma de los jugadores por dos equipos diferentes al mismo tiempo. Generalmente sucedía cuando la rúbrica estaba registrada en alguna liga local y al querer pasar a un club de otra región ocultaban la información y firmaban como jugadores libres sin el consentimiento de las entidades a las que pertenecían por el temor de que estas les negaran el pase. En muchos casos, se los contrataba sin conocer las condiciones reales en las que se hallaban, lo que era susceptible de ser sancionado. Al respecto, algunos llegaban incluso hasta soslayar impedimentos legales o familiares para facilitar la concreción de un traspaso que consideraban conveniente a sus intereses. Así, Juan C. Heredia, que era menor de edad, falsificó la firma de su tutora para poder pasar de Talleres a Rosario Central (La Voz del Interior, 03/08/1940, p. 12; Los Principios, 08/08/1940, p. 9; 15/08/1940, p. 9).

Por otro lado, algunos futbolistas que jugaban en otras ligas rentadas y se habían quedado sin contratos, regresaban a clubes profesionales cordobeses a la espera de nuevas ofertas de Rosario o Buenos Aires. Otros que estaban actuando en ligas amateurs como la mendocina, desecharon un posible retorno y prefirieron quedarse en esas tierras. Uno de ellos había recibido una carta de un amigo que jugaba en Peñarol insinuándole para que regresara a incorporarse a alguno de los elencos profesionales de Córdoba, pero le contestó negativamente reportándole las buenas condiciones en que se hallaban, algo que el cronista que relataba los hechos certificaba: los cinco jugadores cordobeses ocupaban una casa para vivir, en donde se les daba la correspondiente pensión, poseían un empleo que les dejaba unos 140 pesos mensuales, de los que debían descontar solo pequeños gastos (Los Principios, 10/05/1933, p. 11). Como se puede apreciar, los jugadores también aprovecharon sus amistades y contactos para actuar como intermediarios de un club para lograr el pase de colegas. Entre ellos construyeron circuitos de información que les sirvieron a fines de elegir las mejores opciones dentro del abanico de posibilidades que ese nuevo escenario les abría.

En otros casos, los futbolistas locales aducían lesiones, enfermedades o problemas en el contrato para no presentarse a jugar y a los días aparecían haciéndolo para algún equipo de la campaña. De la misma manera, cuando el jugador quería trasladarse a otros medios por cuestiones materiales o de prestigio empleaba diferentes estrategias a su alcance para convencer a su club de dejarlo ir, ya sea negándose a formar parte del equipo, ausentándose a los entrenamientos y los partidos, cometiendo actos de indisciplina o yéndose voluntariamente a probar suerte a otros sitios. Eso sucedió con varios jugadores de Audax, que se fueron a Buenos Aires: Chane y Moreau a Racing, Cabrera y Jover a Atlanta y Sosa a Chacarita (Los Principios, 06/02/1935, p. 9). También, quienes estaban suspendidos por la LCF se iban a jugar a ligas del interior hasta cumplir la sanción, como en el caso de González, de Instituto, que lo hacía en Calchín (Los Principios, 21/05/1935, p. 9).

Asimismo, en diferentes ocasiones los jugadores que formaban el equipo selectivo de la LCF -cuya competencia todavía no había sido legislada por el desarrollo profesional- se dirigían hacia las autoridades de la entidad para que en los partidos de práctica se le abonaran los viáticos correspondientes y el medio día de jornada laboral que dejaban de cobrar, ya que nadie les reintegraba el dinero que perdían al faltar a sus obligaciones laborales. Para un partido contra Racing de Avellaneda a jugarse en agosto de 1936, estaba convocado el jugador de Instituto, Venancio Barría, pero se ausentó sin aviso ya que no se le hizo entrega de un dinero que había reclamado para jugar (Los Principios, 05/10/1936, p. 9). La dimensión lúdica o querer dispensarse libremente a una práctica lúdica.

En general, todos estos eran recursos que utilizaban los jugadores para obtener beneficios personales que consideraban arbitrariamente vedados en sus prestaciones a las instituciones, que los limitaban en su accionar. El análisis indiciario de cada uno de estos casos singulares que denotan tendencias generales ha tratado de revelar cómo, paulatinamente, jugadores y dirigentes fueron tomando consciencia de sus derechos y obligaciones en el ámbito profesional, pero la organización de la práctica rentada estaba llena de irregularidades y dejaba espacio a intercisos donde ambos actores negociaban o entraban en conflicto e intentaban acomodarse de acuerdo a sus necesidades para sacar provecho de su situación.

Conclusión

En pleno desarrollo del espectáculo deportivo, la reglamentación del fútbol rentado fue una estrategia de racionalización de los clubes para tener mayor control sobre los jugadores, encauzar su movilidad y obtener algún tipo de beneficio por su transferencia. Implicó la especialización de una práctica física en el marco de una mayor institucionalización de las estructuras federativas que regulaban el desarrollo del deporte y la incorporación de ciertos grupos como asalariados al naciente mercado laboral deportivo a través de contratos temporarios de locación de servicios. Al ofrecer sus servicios a un club a cambio de una remuneración, los futbolistas se transformaron en trabajadores. En un contexto marcado por la inestabilidad económica y laboral, para algunos significó un medio de vida o un ingreso complementario al de su puesto de trabajo, aunque el movimiento de capitales fue tan reducido a nivel local que casi excepcionalmente permitió el anhelo del ascenso social.

La LCF dispuso del monopolio en la configuración del marco normativo que regulaba al campo profesional del fútbol y en la definición de las condiciones y requisitos necesarios para que los futbolistas participaran de este. Las lógicas de acceso y reconocimiento se ampararon en saberes corporales que sufrían el filtro de la selección por mérito deportivo. Estos criterios operaron como valores fundamentales del ejercicio profesional, que la intervención del mercado convirtió en un bien de intercambio y comercialización.

Al ser definido por un compromiso contractual, el profesionalismo implicaba una situación fluctuante, ya que era un estado del que se entraba y salía sin mayores reparos estatutarios de acuerdo a los plazos estipulados. Los jugadores no siempre podían decidir su propio destino, sino que quedaban supeditados a la suerte de los clubes a los que pertenecían y a la voluntad y capacidad de negociarlos de las autoridades deportivas. Estos dejaron un escaso margen de acción a los jugadores al ejercer como propietarios de sus pases y restringir sus posibilidades de movilidad. Así, los jugadores sacrificaron algunas libertades y sus comportamientos adquirieron mayor regulación, lo que fue un nuevo elemento en el proceso de institucionalización de la vida social. A pesar de ello, los futbolistas experimentaron resistencias, negociaciones y complicidades frente a determinadas limitaciones de las estructuras, ya sea utilizando los recursos que estaban a su alcance para obtener algún beneficio de su situación o eligiendo entre las mejores opciones posibles de acuerdo a sus intereses. La inconsistencia o flexibilidad de las reglamentaciones les seguía ofreciendo diferentes posibilidades y matices en un escenario profesional atravesado por relaciones de desigualdad y dependencia entre jugadores y dirigentes.

En definitiva, en el marco de una mayor complejización de la vida social urbana cordobesa de los años treinta, el fútbol entró en una nueva fase del espectáculo, el cual implicaba, entre otras cosas, cierta especialización de sus actores y la evolución hacia nuevas dimensiones que institucionalizaban la mercantilización de sus estructuras. Como una de las tantas manifestaciones del proceso de modernización local y el modo en que los sujetos lo experimentaron, la profesionalización del fútbol significó cambios en sus vidas cotidianas, en sus relaciones dentro del campo, sus usos del tiempo libre y sus ritmos y espacios laborales.

Referencias

FREDERIC, S.; GRACIANO, O.; SOPRANO, G. 2010. El Estado argentino y las profesiones liberales, académicas y armadas. Rosario, Prohistoria, 600 p.

FRYDENBERG, J.; DI GIANO, R. 2000. El fútbol de la Argentina. Aproximaciones desde las ciencias sociales (V). Entrevista a Héctor Palomino. Revista Digital Efdeportes, 25. Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd25/palomino.htm. Acceso el: 22/09/2011.

GONZÁLEZ LEANDRI, R. 1999. Las profesiones. Entre la vocación y el interés corporativo. Fundamentos para su estudio histórico. Madrid, Catriel, 158 p.

ORTIZ BERGIA, M.J. 2009. De Caridades y Derechos. La construcción de políticas sociales en el interior argentino. Córdoba 1930-1943. Córdoba, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, 190 p.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA (AHMC). 1933. Documentos del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Córdoba. Tomo A-2-98, fs. 312-316.

ARCHIVO DE LA LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL (LCF). Boletín Oficial (1923-1934). Listado de Pases y Referees (1929-1932). Pases (1933-1935). Estatutos (1935). Libro de Registro de Firmas de Jugadores (1921-1943).

HEMEROTECA DE LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA. 1930-1940. La Voz del Interior. Córdoba.

HEMEROTECA DE LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA. 1930-1940. Los Principios. Córdoba.

Notas

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