América Latina ha vivido momentos históricos que concentran más reflexiones que otros. El de las dictaduras del Cono Sur es uno de ellos, las que fueron germinando no sólo con intenciones de entenderlas, sino con el propósito inicial de combatirlas y después exorcizarlas. Así, el pasado es revisitado una y otra vez para encontrar las respuestas que nos faltan, muchas veces de modo exacerbado a los ojos de forasteros.

Ese último cuestionamiento me sobresalta cada vez que procedo a su estudio. Las preguntas que me rondan giran en torno del dilema de ¿valdrá la pena dispensar esfuerzos para tratar de entender algo que ya ha sido tan examinado? ¿qué sentido epistemológico puede tener saber con exactitud el número de muertes y las circunstancias en que se produjeron? o ¿debemos continuar hurgando en un pasado del cual mucho ya sabemos o partir en busca de nuevos horizontes?

Mi respuesta, tal vez justificativa, ha sido la de que no solo es legítimo sino necesario continuar en la empresa, ya que la ciencia camina básicamente en torno de dos formas de acumulación. Aquella que se adquiere por extensión, es decir, por conocer cosas nuevas, y otra por saturación, la que se obtiene al concentrar muchos esfuerzos en conocer al extremo algo ya conocido. Es esta segunda opción que nos permite alcanzar los umbrales más altos del conocimiento, el que es fruto de la acción de sucesivas generaciones de intelectuales que comparten un mismo objeto y lo someten a una multiplicidad de perspectivas, el que va siendo desbastado pacientemente a lo largo del proceso, desnudando no sólo su epidermis sino el núcleo duro que ello se esconde.

Visto desde ese ángulo, que continuemos deteniéndonos sobre el problema de las dictaduras posibilitará alcanzar un raro objetivo, el de poder teorizar sobre el mismo, algo que parece natural en la ciencia, pero que no lo es si lo vemos desde una perspectiva periférica. América Latina padece de diversos complejos, el de Próspero quizás sea el que más aqueja a sus élites, inclusive las intelectuales, las que en contadas ocasiones han osado romperlo. Adeptos a modas extranjerizantes desde que nos constituimos en naciones hasta la actualidad, hemos sido más consumidores que productores de ideas, excepto en algunas ramas específicas, especialmente las artísticas.

En los medios académicos ello no es diferente; salvo en casos episódicos bien delimitados, nuestros marcos referenciales siempre han estado anclados en lo que nos era provisto desde afuera, en particular desde los grandes centros de pensamiento occidental, que nos dictaban sus designios, como bien observó de forma general Elias Palti (2007). De todos modos, pareciera ser éste uno de los extraños casos en los que, a fuerza de lidiar con un objeto particular, para así entenderlo con cada vez mayor precisión, hemos profundizado no sólo en el conocimiento empírico del mismo, sino puesto a prueba marcos metodológicos y teóricos cada vez con más y más autonomía.

Así me he propuesto en este ensayo realizar un breve ejercicio que permite atender a la convocatoria de un dossier tan amplio, como el de discurrir sobre los estudios latinoamericanos en un espacio de 30 años, aproximadamente, con foco en sus teorías, metodologías e historiografías, en este caso circunscripto al análisis de las dictaduras, las que lamentablemente tendrán que reducirse a sus aspectos centrales o que representan una nota distintiva, dado que el gran caudal acumulado en años y años de investigación no permite un análisis exhaustivo. De todos modos, creo que aun así representa una síntesis que sirve al objetivo de demostrar cómo no sólo se ha construido conocimiento propio en un campo específico, sino que el mismo también es útil, de modo general, para entender mejor otros problemas, otros tiempos y otros espacios.

Por tratarse de un ensayo, género que actualmente no es frecuente pero que en el pasado revistió de singular importancia, ya que permite salir de los cercos narrativos que los artículos de cuño academicista nos imponen, hilvanaremos el relato en torno de diferentes niveles de análisis que creo inseparables; a la par de hacer un estudio historiográfico, muchas veces de síntesis, el mismo estará mechado por opiniones de cariz personal y, cuando posible, de horizontes que se abren sobre el tema.

El enigma que devora

Los primeros en aproximarse a la problemática de la dictadura fueron algunos de los propios actores, que se vinculaban de diversas formas al proceso, y diversos politólogos, muchos de los cuales actuaban también en esa primera condición, urgidos por encontrar respuestas a los problemas que enfrentaban, muchos de ellos verdaderos desafíos, ya que las circunstancias contrastaban sobremanera con sus ideas preconcebidas.

Excepto para Argentina, que vivía una inestabilidad cíclica, y Brasil, que no llegó a rupturas formales pero que presentó coyunturas de alta tensión en diversos momentos de su historia desde la posguerra, los casos uruguayo, que se veía a sí mismo como la Suiza de las Américas, y chileno representaban el quiebre con una serie de tradiciones que se creían bien acendradas, lo que de alguna forma los desorientaba y acicateaba aún más para insistir en esa búsqueda por una solución que era apremiante, dado lo tenebroso de la coyuntura.

Pronto esos intereses se harían comunes a economistas y sociólogos, en particular debido a los efectos que tales eventos provocaron en sus campos, al promover reformas estructurales que mudaron las matrices existentes, con severas consecuencias, como la desindustrialización, el inicio del proceso de financierización y un nuevo patrón de acumulación, que impactarían en toda la escala social, con la desestructuración del tejido de la etapa substitutiva, cuyo principal efecto fue el de un aumento exponencial en la desigualdad y otros cambios desprendidos del nuevo estado.

Así los estudios se iniciaron cuando los regímenes dictatoriales recién comenzaban, es decir, que en los sesenta los procesos aún estaban en desarrollo y provocando consecuencias. La circunstancia de tener que trabajar con un objeto que aún está en curso es problemática per se, imaginemos cuán complicado se volvía desde el punto de vista político, ya que un diagnóstico preciso acerca de las intencionalidades, puntos fuertes y debilidades de tales regímenes era vital para poder entablar la lucha.

Inicialmente inseparables como objetos de la ciencia y la praxis política, muchos fueron los errores de apreciación que condujeron a desastrosas estrategias políticas, por lo que ajustar el lente era crucial. Al intentar establecer el diagnóstico, el primer gran problema que los intelectuales tuvieron que enfrentar por aquella época fue el de la naturaleza ontológica de los regímenes. Clasificar de modo preciso el tipo de autoritarismo al cual las dictaduras pertenecían era central, para poderlas dimensionar adecuadamente y combatirlas mejor.

Estos intelectuales intentaron encontrar respuestas primeramente en los marcos teóricos que habían sido construidos para estudiar fenómenos parecidos en el Viejo Continente. Siguiendo el rastro abierto por el descubrimiento del pensamiento de Antonio Gramsci en la región (Aricó, 2005) y más específicamente por el libro de Nicos Poulantzas, Fascisme et Dictature. La III' Internationale face au fascisme (1970), se concentraron en el cesarismo, bonapartismo, fascismo, franquismo y salazarismo (). Tarea nada fácil, debido a que tales tipologías habían sido acuñadas para realidades parecidas pero no homólogas, lo que generaba toda una serie de problemas para su adaptación a las realidades locales.

La discusión se diseminó por América Latina, con epicentro en México, puerto seguro de muchos exiliados latinoamericanos, como nos muestran las páginas de la revista Nueva Política, de efímera aparición en 1976, en la cual participaron el mexicano Leopoldo Zea, el ecuatoriano Agustín Cueva, el chileno Hugo Zemelman y el argentino Marcos Kaplan, entre los estudiosos más conocidos, y dos números consecutivos de la Revista Mexicana de Sociología, que publicó un dossier bajo el título “Socialismo y Fascismo en América Latina, hoy”, en 1977, en el cual colaboraron nuevamente Agustín Cueva, así como los brasileños Theotonio dos Santos y Fernando Henrique Cardoso, los argentinos Guillermo O’Donnell,Juan Carlos Portantiero, Lilianade Riz y Atilio Borón, el alemán pero chileno por opción Norbert Lechner, el mexicano Sergio Zermeño y los uruguayos Gerónimo de Sierra y Nelson Minello, sumándose a la polémica en otro número de 1979 el boliviano René Zavaleta Mercado. Ellos debatieron la naturaleza sociopolítica de los nuevos regímenes autoritarios que se extendían y afirmaban por una amplia y significativa región de nuestro subcontinente.

Los conceptos de “colonial-fascismo” propuesto por Helio Jaguaribe (1968) y de “fascismo dependiente” (1977) por dos Santos fueron, quizás, los que causaron mayores polémicas en tales discusiones, categorías con las cuales se pretendía recuperar la matriz europea a la vez que introducir un matiz autóctono, visiblemente influenciado por las ideas en boga que circulaban en la región, las que después de un tiempo fueron paulatinamente abandonadas, no obstante aún resuenen en algunos textos como los de Jorge Tapia Valdés (1980), Helgio Trindade (1982) u obras más contemporáneas, como la del chileno Carlos Huneeus (2000), por ejemplo.

En sintonía con cierto aire gramsciano también fue tomando cuerpo otra idea bastante fructífera, próxima al análisis del bonapartismo, cuando José Nun rumió de modo precoz, ya en 1966, la idea de que la crisis y los golpes de Estado eran producto de un empate hegemónico. Esas nociones fueron retomadas por Juan Carlos Portantiero, en 1973, quien reveló la incapacidad de la burguesía, los aparatos estatales y las fuerzas políticas para reorientar un modelo que daba señales de fatiga, lo que era potenciado por coyunturas específicas, llevando a los quiebres autoritarios. La versión también puede ser observada para otros casos nacionales, como en algunos trabajos de Francisco de Oliveira (2004), en lo que toca al Brasil, y de Luis Eduardo González (1993), en Uruguay, por ejemplo, pudiéndolo extender a Chile perfectamente, donde el socialismo llega al poder sin ser mayoría, dividiéndose la sociedad en más o menos tres tercios, con las fuerzas de derecha ocupando una de las puntas del espectro, un centro oscilante y la izquierda, profundamente escindida, en el otro extremo.

Concomitantemente, desde otro foco de pensamiento que reconocía en el español Juan Linz y en el estadunidense Alfred Stepan sus mentores, se difundía una nueva línea de debate igualmente fértil, que tendría predicamento en una serie de autores que buscaban respuestas más politológicas del fenómeno.

Linz colocaba sobre el tapete un factor importante, señalando que la desestabilización previa de los regímenes democráticos devenía en esencia de la incapacidad de los sectores de derecha para articular una propuesta y vencer pleitos electorales a través del voto, recurriendo a golpes de Estado como medio de alcanzar el poder, realizar las reformas estructurales que precisaban y frenar la radicalización en curso, lo que nos recuerda la tesis anterior de Nun; también observaba características particulares en estos regímenes, que los distinguían del totalitarismo. Tratando de pensar a partir del análisis del franquismo, remarca la forma en que se articularon en torno a un pluralismo limitado, sin ideología compleja y sin movilización política constante, entre otros atributos que los separan de los casos clásicos.

Ya el brasilianista Stepan se inspiraba en un enfoque institucionalista para sostener la primacía del actor militar, observando que, en contextos de crisis económica y política, las Fuerzas Armadas fuertemente ideologizadas abandonaban su patrón de funcionamiento previo, de carácter “moderador”, para intervenir directamente en el gobierno.

De sus interlocutores más próximos fue el argentino Guillermo O’Donnell aquél que abrió mayores polémicas cuando postuló su concepto de Estado burocrático-autoritario (1982). Poniendo al Estado y no el régimen político, en el centro de su reflexión, presentó las nuevas dictaduras como resultado de un arreglo institucional que respondía a las necesidades del capital internacionalizado que buscaba apoyo en las Fuerzas Armadas para proteger sus intereses amenazados y garantizar la dominación de clase.

La tesis fue extensamente discutida en un seminario, cuyos debates fueron recopilados por David Collier en 1979. De ellos destacamos el capítulo de Albert O. Hirschman (1979) que le cuestionaba a O’Donnell la falta de los determinantes económicos a la hora de analizar el fenómeno, recuperando así algo de las visiones más estructurales, que comenzaban a ralear a causa de la crisis del marxismo.

De todos modos, éstas no refluyeron totalmente. Por ejemplo, la obra monumental de René Dreifuss, defendida en Glasgow en 1980 y publicada en 1981, las coloca nuevamente en evidencia, demostrando con abundante documentación la participación de una amplia coalición, que incluye militares, capital nacional e internacional, cuadros tecnoburocráticos y miembros de la Iglesia en el proceso de desestabilización, derrumbe del gobierno, instalación y legitimación de la dictadura.

Esas visiones no pueden ser vistas como antagónicas, ya que su narrativa coincide con la observación de Nun y Linz, al desnudar el espiral de radicalización cuando la derecha no vio fructificar como deseaba sus ingentes esfuerzos para detener por medio del voto el avance de las fuerzas que defendían reformas estructurales. No obstante, las ideas recibieron críticas desde diversos frentes (Delgado, 2004), incluso como reducidas a un mero complot, ocurriendo su rehabilitación en épocas recientes, cuando por fuerza de la crisis del paradigma postmoderno las lecturas marxistas volvieron a tener cierto predicamento.

La tarea por determinar las causas de los golpes de Estado también estaba vinculada con opciones políticas y se espeja mucho en tales discusiones conceptuales. En un primer momento, que se extendió hasta los ochenta aproximadamente, primaron visiones estructuralistas del fenómeno, de raíz marxista, que buscaban hallar explicaciones en las condiciones económicas, fundamentalmente en el agotamiento del modelo substitutivo. La réplica a estas interpretaciones se dio con el deseo de comprender las coyunturas que desencadenaron los golpes, tendencia fuertemente marcada por la intención de dar autonomía a lo político, en particular vinculada a posiciones weberianas, las que subrayaban la incapacidad de las fuerzas en pugna para consolidar el proceso democrático, como la de Argelina Figueiredo (1993), por ejemplo. Por fin, otros análisis se trazaron como objetivo establecer un puente entre ambas, observando cómo lo económico y lo político se retroalimentaban, sin que necesariamente pudiésemos ver el predominio de uno sobre el otro, sino un conjunto de factores que trababan el sistema sin solución dentro de las reglas democráticas hasta el momento vigentes.

Como vemos, muchas de estas obras y perspectivas señalan claramente la confluencia de dos grandes segmentos, los militares y la sociedad civil, que participaron en diversos grados pero necesariamente del proceso, lo que poco a poco fue consolidando la idea de que los golpes y las dictaduras no fueron sólo eventos militares sino cívico-militares. Ese diagnóstico consta incluso en el propio prólogo del Ato Institucional n. I (Brasil, 1964, p. 11), para Brasil, lo que puede ser extendido a todos los otros casos, aunque en el argentino hubiera mayor predominio del sector castrense.

De todos modos, no es suficiente con admitir sin mayores análisis tal simbiosis y, en tal sentido, destaco un capítulo de Ricardo Sidicaro (2004) que, partiendo de la obra de Samuel P. Huntington (1992), realiza un meticuloso examen de la dinámica de alianzas que se establecieron en las diferentes dictaduras que tomaron el poder en Argentina, lo que ayuda a explicar no sólo los golpes de Estado, sino también diversos pasajes que se dieron en el curso de las mismas, ya que los grupos coaligados no eran homogéneos, manifestaban clivajes marcados y, debido a la extensión de los procesos, no siempre mantuvieron sus fuerzas en las mismas posiciones. De todos modos, aún conocemos bastante poco al respecto y resta mucho para entender las tensiones internas, siendo muy esclarecedoras las obras de João Roberto Martins Filho (1995), Verónica Valdivia Ortiz de Zárate (2003), Paula Canelo (2009) y Maud Chirio (2012) en el caso de las internas militares, que también se proyectaron en otros ámbitos, principalmente en el económico.

Esas lagunas existentes se explican en parte por la decadencia de las visiones estructuralistas, suplantadas por el giro postmoderno, en el que primaban otros postulados epistémicos, pasando a centrar el debate en torno de lo subjetivo y de las narrativas, lo que hizo perder fuerza a las explicaciones causales de viejo tipo, en mayor o menor medida, según los casos nacionales.

Retornando al análisis según el sesgo profesional y en sintonía con lo anteriormente expuesto, observamos que recién en una etapa posterior los historiadores por formación se aproximarían en masa a tal objeto. Ello se debía a que hasta entonces la Historia del Tiempo Presente no había alcanzado estatus científico, mucho menos por estas tierras, donde los estudios históricos tenían un tinte conservador, positivista si se quiere, incluso en sus vertientes marxistas, proclives a tratar temas de periodos anteriores. Contra asir las dictaduras contemporáneas como objeto de análisis pesaban argumentos tales como la necesidad de un distanciamiento con el pasado, la escasez de fuentes y el carácter discutible y subjetivo de los testimonios orales, que por momentos parecían ser los únicos recursos a los que echar mano.

De todos modos, el esfuerzo por validar ese tipo de recorte histórico y de fuentes redundó en una problematización general del campo, así como de todas las fuentes, en particular las escritas, antes insospechadas. A la vez, aumentaba la búsqueda de nuevos documentos y se colocaba en el orden del día la necesidad de renovar las preguntas que debemos plantear a documentos ya conocidos. Se abría así la posibilidad efectiva de estudiar temas complejos, en el que lo subjetivo podía intervenir en su elucidación, lo que será abordado más adelante.

La noche sin fin

El siguiente problema al que los actores políticos e intelectuales se enfrentaron fue el de la prolongación de las dictaduras, en especial debido a las dificultades que acarrea trabajar con objetos inconclusos, como se atestigua con el hecho de que tiraron por tierra las previsiones más optimistas, que, en base al caso argentino previo a 1966, auguraban un pasaje breve y la mayoría de los autores operaron políticamente con ese horizonte.

Cuando se hizo evidente que los regímenes autoritarios se prolongarían, los análisis pasaron a considerar tal hecho, ya fuera para intentar comprenderlos en una perspectiva de larga duración o para prevenir los efectos menos deseados, tanto en lo que toca a sus partidarios como a los que se le oponían. El principal miedo era el de que tales regímenes degenerasen en gobiernos personalistas y de características nacionalistas, lo que de hecho no era injustificado considerando que el propio gobierno del general Juan Domingo Perón había sido gestado por medio de un golpe de Estado y más adelante comprobado con el conflicto bélico del Atlántico Sur o el acuerdo atómico entre Brasil y Alemania.

Estas aflicciones nos muestran indicios acerca del cuidado que se tuvo en montar ese entramado jurídico, pero que aún precisa ser mejor explorado, en especial la participación que le cupo a destacados asesores estadunidenses e ideólogos de los regímenes, muchos de los cuales aún están bajo penumbras. Para tal finalidad y, previendo conflictos al interior de las administraciones, fue pensado un sistema que institucionalizaría el poder en manos de juntas de gobierno y ofrecería cierta alternancia en el poder, lo que fue obedecido en los casos brasileño y uruguayo, inicialmente en el caso argentino, pero contrariado en Chile, habiendo asumido el general Augusto Pinochet un poder más personalista.

Con el objetivo de entender la ampliación de esa brecha temporal, el politólogo argentino Marcelo Cavarozzi (1989) trazó una comparación de los diversos golpes de Estado que tuvieron lugar en Argentina tras 1955, llegando a la conclusión de que tales eventos no pertenecían a una misma matriz, advirtiendo que existía un quiebre evidente en la década de 1960. De esa forma, el golpe que había acontecido en aquella fecha se distanciaba de los que tuvieron lugar en 1966 y 1976, constatación que se expresaba básicamente en su intensidad represiva, que no sólo mudaba de grado, sino de naturaleza –ya que a partir de la década del sesenta no era suficiente con neutralizar los enemigos, sino que era preciso aniquilarlos– y de extensión, definida entonces por metas y no por plazos a cumplir. De alguna forma, ese recorte contextualiza mejor la secuencia de dictaduras argentinas, colocando las dos últimas en línea con la periodización del caso brasileño y, posteriormente, Chile y Uruguay, que cierran el conjunto perteneciente al Cono Sur, del que por momentos escapa Paraguay.

Las reservas con que fueron instaurados tales gobiernos obedecían a objetivos de largo plazo y no a caprichos coyunturales. El carácter fundacional de las dictaduras quedó más evidente cuando el régimen autoritario argentino abandonó el término Revolución, empleado tanto en su caso como en Brasil –noción que pasó a asociarse exclusivamente con las fuerzas de izquierda– y se autotituló “Proceso de Reorganización Nacional”, atributo que fue subrayado de forma prístina por el mismísimo régimen brasileño en el prólogo de su Ato Institucional n. I o la propuesta conocida como El Ladrillo[2], que se convertiría en piedra angular del régimen chileno. Sin embargo, los historiadores en general no han seguido esta huella y hasta se lo desconoce en muchos de sus aspectos.

Fue la obra de René Dreifuss (1981) una de las más contundentes en desnudar ese proyecto fundacional, incluso de factura anterior al propio golpe de Estado, lo que también salta a la vista en el caso chileno, abordado por Manuel Antonio Garretón en textos desde 1981, subrayando uno el de 1984, que realiza una singular ecuación, así como Luis Eduardo González (1993) para el uruguayo, en particular el período comprendido entre 1976 y 1980. La expresión fue apropiada por el argentino Ricardo Sidicaro (1996), quien realiza una síntesis para su caso nacional, juntando los dos términos de la ecuación como lo hiciera Garretón, al puntuar la dictadura como contrarrevolución y refundación, que dependen mutuamente.

Las dictaduras no fueron meros accidentes de curso, habían sido gestadas en el seno de la propia democracia, como nos muestran los trabajos de los uruguayos Luis Costa Bonino (1985, 1995) y Gabriel Bucheli (2008), entre otros, preocupados por entender las dictaduras en un proceso de larga gestación, en el que la propia democracia se corroe.

El caso brasileño resulta emblemático y nos sirve de ilustración. Allí las fuerzas de derecha actuaron en el sentido de proponer un programa alternativo al encarnado por las fuerzas que se nucleaban en torno al presidente João Goulart, llevado a ocupar tal posición por la renuncia del titular. Primero, lo intentaron por la vía del voto, después por la desestabilización lisa y llana, cuando aquella fracasó. Eso explica en parte el curso seguido por los grupos que actuaron, así como las divisiones existentes en su seno, las que se manifestaron en el hecho de que el golpe fuese detonado de manera anticipada por el general Olympio Mourão Filho y que luego su poder fuera solapado rápidamente por aquellos grupos que poseían mayor peso en el entramado social dominante.

Los proyectos de los sectores de derecha que intervinieron en los golpes y la inestabilidad política parten de mucho tiempo atrás, fueron gestados en tiempos democráticos, y se implementaron en parte durante las dictaduras, muchas veces colonizadas por las mismas fuerzas que los impulsaban, las que llegaron a protagonizar encarnizadas batallas para imponerlos internamente (Ramírez, 2015). Básicamente estos tendrán como norte introducir reformas económicas, sociales, políticas e ideológicas en sentido amplio, llegando a reformar la legislación y hasta las cartas magnas con intenciones de tornarlas permanentes, como fueron las de 1967 en Brasil y de 1980 en Chile, la primera a considerarse como de neta inspiración neoliberal y que representó un giro copernicano en tal sentido. De todos modos, no todas tuvieron los mismos resultados en tales implantaciones, dependiendo de ellos el éxito dictatorial (Ramírez, 2015).

Ni siquiera el propio segmento militar salió indemne, como nos muestra el hecho que fuera bajo la dictadura chilena la transformación de la Academia de Defensa Nacional en Academia Superior de Seguridad Nacional, ya en 1974, pasando a ser Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos en 1982. Lo que representa un progresivo cambio hacia una mayor profesionalización y apertura al medio civil.

Esto nos da pie para abordar otra de las grandes incertidumbres del periodo, marcada por el largo camino hacia la redemocratización, lo que pasaba inexorablemente por un periodo de transición. Ella era compartida por todos los actores involucrados, ya sea aquellos a los que pertenecían los cuadros de las dictaduras, como los que las combatían, incluso también concitó las atenciones de las fuerzas externas, preocupadas con los efectos nocivos que una prolongación excesiva podía provocar, tanto en las peligrosas degeneraciones de los regímenes, como por la posibilidad de reditar el proceso de radicalización que se había conseguido frenar o ahogar la posibilidad de reencauzar el sistema por la vía del voto abierto. Como nos muestran las presiones ejercidas por el gobierno de Kennedy, a través de su interlocutor, Samuel P. Huntington (s.d.), que visitó el país en 1973 con el propósito de indicar una salida, inicialmente negada por el régimen, pero que daría lugar a una distensión “lenta y gradual” un año después, a lo que se añadiría segura, para completar el slogan. En Argentina, la llegada de Carter al poder iniciaría el período de mayor tensión diplomática, cuyo ápice sería el envío de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, sólo superada posteriormente por la deflagración del conflicto de Malvinas, lo que alentaría a grupos opositores al régimen, que se vieron así respaldados desde el exterior.

En el campo académico, la empresa de pensar la transición fue emprendida por una legión de sociólogos, politólogos y hasta estudiosos de las relaciones internacionales, que se abocaron en imaginar el curso en que las penumbras de la larga noche dictatorial finalmente se disiparían. El diplomático Alain Rouquié publicó dos compilaciones, una en Argentina y otra en Brasil, tituladas ¿Cómo renacen las democracias? (Rouquié y Schvarzer, 1985; Rouquié et al., 1985), que se orientan en tal sentido. Esos libros eran resultantes de una colaboración formalizada en 1981 por el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA), vinculado a la Universidad de Buenos Aires, de Argentina; el Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (IDESP), de Brasil; y la Fondation Nationale des Sciences Polítiques (FNSP), de Francia. De esa forma, nuevamente notamos que el análisis histórico se vinculaba con la praxis política, incluso con figuras que después ganan destacada actuación en los círculos más altos del poder.

Tales intelectuales, que contribuyeron a nutrir la literatura conocida como “transitología”, buscaban un modelo a seguir y lo encontraron en el ejemplo español, sobre el cual algunos hasta se habían detenido en estudios. Así, las transiciones comenzaron a ser pensadas teniendo como norte el Pacto de la Moncloa, que había sido exitoso en la Península Ibérica, con lo cual de nuevo se refuerza la hipótesis por la predilección de modelos eurocéntricos.

Escogí ese episodio ya que, en su momento, ofreció una de las raras oportunidades que los cientistas sociales tuvieron para testear, en grandes escalas, hipótesis que no fuesen ex post. Al formularse en forma previa a los propios eventos no acomodaban sus explicaciones a un resultado conocido, lo que atentaría contra su potencial heurístico. De todos modos, como tales hipótesis guiaban políticamente parte de los actores involucrados, aun así dejan dudas sobre su significación, ya que muy bien la praxis podía ajustarse a la teoría, como bien nos muestran las compilaciones de Juan Carlos Portantiero, que con posterioridad llegó a escribir discursos para el presidente Raúl R. Alfonsín, y José Nun (1987), así como la de O’Donnell et al. (1986), que ejercieron gran influencia en el medio académico y político latinoamericano.

Clío empuña la balanza

Una vez recuperada la democracia, las preocupaciones se orientaron en otro sentido. Pensar en torno del propio estado y las consecuencias de la represión siempre estuvo presente en aquellos intelectuales que sufrían con el exilio, como nos revela el trabajo pionero del equipo regional formado en torno a la socióloga argentina Elizabeth Jelin y financiado por el Social Sciences Research Council (2002), que dio impulso a la investigación interdisciplinaria sobre las dictaduras y sus memorias. La preocupación académica, en ese nuevo contexto, se alió al clamor por juicio y castigo a quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad. Ese reclamo ganó las calles y también llegó a la justicia, legando una vasta y densa producción, incluso con muchas de esas obras convertidas en monumentos.

El grito ensordecedor de aquellos que por mucho tiempo habían sido callados fluía a borbotones. Diversos informes con aires oficiales salieron a la luz para dar cuenta del dolor y el trauma que las dictaduras habían provocado. En Brasil, entre 1979 y 1985, un grupo ecuménico encabezado por el cardenal Paulo Evaristo Arns, el rabino Henry Sobel y el pastor presbiteriano Jaime Wright condujo un gigantesco trabajo de compilación, publicando como resultado final el libro Brasil: nunca mais(Projeto Brasil: Nunca Mais, 1985).

Inmediatamente a recuperarse la democracia en Argentina, en las postrimerías de 1983, el presidente Raúl Alfonsín encomendó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) una tarea similar, la que, con el prestigioso escritor Ernesto Sábato al frente, publicó, en 1985, el libro Nunca Más, que no sólo se convirtió en documento oficial, sino que fue preludio del primer juicio a los mandantes de la represión –enjuiciamiento que tal vez tuvo lugar en Argentina como consecuencia de que fuera el único caso nacional en el que la transición se diera por implosión del régimen.

Desde el otro lado del Río de la Plata, al final de esa década, saldría a la luz el libro Uruguay: Nunca Más, escrito sobre la base de documentos testimoniales recopilados por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), en 1989. De alguna forma, esa fecha refleja el atraso provocado por la clausura de las pretensiones punitivas tras la sanción de la Ley de Caducidad, lo que sería refrendado democráticamente en diversas ocasiones.

El último país a tener una iniciativa semejante fue Chile, dilación que se debía tanto por ser el país donde la dictadura más perduró como por las mayores dificultades para escarbar en el pasado, debido a las cláusulas contra todo intento punitivo dejadas por el régimen como herencia. En 1990, durante el gobierno de Patricio Aylwin (fechar), se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por Raúl Rettig, motivo por el cual su informe es conocido bajo ese nombre (Comisión Rettig, 1991). Ese documento fue entregado oficialmente a inicios del siguiente año, pronunciándose sólo sobre aquellos que habían sido muertos por los agentes del Estado durante el período autoritario.

Si bien no eran obras historiográficas en sentido estricto, podemos considerarlas como tales de forma amplia, incluso porque dieron base a muchas de las narrativas y líneas que la academia seguiría posteriormente, con acceso a fuentes que difícilmente un historiador de campo podría disponer, acelerando el acúmulo de datos en proporciones gigantescas, que eran así colocados en parte a su disposición.

En este sentido podemos colocar como nota de gran repercusión el hallazgo fortuito alrededor de 1992 en la ciudad de Asunción de los documentos que pertenecían a la Operación Cóndor, después conocidos como Archivos del Terror, denominación que trasunta reminiscencias de cierta opción conceptual, sobre el cual se han publicado diversos libros (Nilson, 1998; Dinges, 2004, entre otros). Ellos confirman las tesis sostenidas por Luiz Alberto Moniz Bandeira (1973) y René Armand Dreifuss (1981) sobre el estrecho compromiso del capital externo y el gobierno de los Estados Unidos con los golpes de Estado y las dictaduras de la región, lo que también fue refrendado por la obra de Carlos Fico (2008), que consultara repositorios norteamericanos, y que llevara al propio Moniz Bandeira a incursionar en un ensayo sobre Chile desde una óptica similar (2008).

De todos modos, el camino en la búsqueda de fuentes y la condena al luctuoso pasado dictatorial no seguiría un camino lineal. Por causa de las fuertes reacciones que levantaron en el medio militar, cuyos miembros recuperaron algo de capacidad para frenar las pretensiones punitivas o de ahondar en la búsqueda de la verdad cuando la crisis económica provocara los primeros desencantos democráticos, esos esfuerzos entraron en estado letárgico en medios oficiales, atravesando un largo periodo en que los mismos pasaron a estar sustentados sólo en el medio civil. Finalmente fueran reactivados con la llegada al gobierno de mandatarios provenientes del campo de la izquierda, abriendo un segundo momento, el que tuvo un sesgo diferente, tanto por las circunstancias presentes en la sociedad civil como en los medios académicos.

En el caso de Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez encomendó en 1996 a un prestigioso triunvirato de historiadores de la Universidad de la República, integrado por José Pedro Barrán, Gerardo Caetano y Álvaro Rico, el desafío de investigar los casos de desaparición ocurridos durante la dictadura, grieta que no había sido obturada por la Ley de Caducidad, la cual declaraba prescripta la “pretensión punitiva del Estado”. Ante la tarea, el trío convocó un nutrido grupo de docentes y estudiantes universitarios. De ese modo, la experiencia se distanciaba de otras ocurridas en la región, pues ahora los saberes técnicos primaban sobre las banderas políticas, éticas y morales. Como resultado, fueron publicados cinco gruesos volúmenes sobre terrorismo de Estado y violaciones de los derechos humanos (Presidencia de la República, 2007). Quedó fuera de la obra toda una serie de informaciones que serían compiladas más adelante en otros tres tomos, en los cuales se historizaba el contexto represivo (Universidad de la República, 2009).

En Chile, la tarea de desentrañar la historia del pasado represivo continuó entre 1992 y 1996 mediante el accionar de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que sumó otras 899 víctimas de la dictadura a la nómina existente. Ya el presidente Ricardo Lagos encargó en 2003 a la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, presidida por Sergio Valech, ex-vicario de la Solidaridad, el registro identitario de los que habían sufrido privación de la libertad y tortura por razones políticas a manos de agentes del Estado o a su servicio durante la dictadura. Los resultados de esa investigación fueron publicados en un informe (Comisión Valech, 2004) que sirvió de base para conceder reparaciones a las víctimas. La presidenta Michelle Bachelet reeditó la iniciativa en 2009, nominando la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, presidida inicialmente también por Valech que, después de su fallecimiento en noviembre de 2010, fue sucedido por María Luisa Sepúlveda. Este emprendimiento permitió ampliar el número de víctimas reconocidas, en un trabajo que se prolongó hasta agosto de 2011 (Comisi. La nómina está ubicada en el sitio oficial del Ministerio del Interior; fue retirada en 2010 por iniciativa del presidente Sebastián Piñera, pero debió ser repuesta por la condena que suscitó en la opinión pública. Los testimonios completos serán desclasificados, o sea, pasarán al dominio público, después de 50 años, circunstancias que nos hablan de los límites y avatares que aún sufren los intentos por develar ese pasado.

De forma mucho más tardía en Brasil, la Comissão Nacional da Verdade fue creada en 2011 e instalada un año más tarde, en 2012, con la pretensión de investigar graves violaciones a los derechos humanos por agentes públicos en el país y el exterior entre 1946 y 1988, extensión temporal que nos alerta en cuanto a la diferencia existente respecto de las otras iniciativas, señalando que el proceso de construcción autoritaria se inicia ya en periodos de vigencia de la democracia formal. Esto se comprueba además en el tipo de trabajo y perspectivas de investigación establecidos. Inicialmente funcionó en torno de 13 grupos divididos por temáticas[3], que centralizaron las tareas emprendidas por un centenar de comisiones ya existentes o cuya creación fue incentivada por la medida. En cierta forma, el tipo de acción emprendida y los ejes priorizados estuvieron permeados por los debates que también ocurrían en los medios académicos; esto se observa en particular en la ambigüedad en la conceptualización, ora cívico-militar, por momentos restringida a lo puramente castrense, con entradas como género, iglesia, movimiento obrero, indígenas y militares perseguidos, que representan preocupaciones del campo intelectual pero tal vez no desde lo político.

Como se desprende claramente de los casos y en especial de las circunstancias, las comisiones y los documentos que éstas produjeron estuvieron inmersos en innumerables polémicas, las cuales no sólo partían de los sectores vinculados a los regímenes dictatoriales, sino también de los que habían sufrido la represión y que muchas veces se levantaron en protesta, en especial por restricciones a las investigaciones y por discordar con determinadas visiones ideológicas que les daban base. La “teoría de los dos demonios”[4] fue la que mayores críticas concitó. Esas circunstancias incidirían fuertemente en el debate historiográfico de la época.

Muchas fueron las luchas en torno de la memoria, de la reconstrucción histórica y de la recuperación de documentos, algunas de las cuales aún están siendo trabadas, como demuestran los juicios en curso en Argentina. En tal sentido, es posible observar cómo el oficio de historiar se involucra, casi inexorablemente, con imperativos políticos y lo difícil que es lidiar con lo subjetivo, el que, si bien está contenido en todo este proceso, aquí alcanza grandes y profundas magnitudes, ya que las dictaduras han afectado de modo substantivo generaciones enteras, directa o indirectamente, las que fueron relevándose en la posta para sacar a la luz hechos en proporciones nunca antes vistas, lo que difícilmente se pueda repetir. Así, la narrativa histórica se embadurna de subjetividad, a la que no debemos temer y que puede ser vista como aliada, después de marcar sus límites, con lo cual tornaremos nuestros análisis imbatibles, como expresara Walter Benjamin (1987).

La dificultad en encontrar documentación oficial, sea porque fue destruida, escondida o permanece sin desclasificar, desnuda más aún ese problema, ya que sirvió como disparador para que los historiadores recurriesen a un amplio herramental metodológico, incluso pidiendo en préstamo técnicas pensadas para analizar fenómenos parecidos en otras latitudes y para otros casos. La historia oral, con o sin mayúsculas, ganó proyección en tal coyuntura,

Generalmente direccionada para dar voz a las víctimas, también ha registrado algunos testimonios de los que ocupaban posiciones de poder, como nos muestra el trabajo pionero del Centro de Pesquisa e Documentação (CPDOC) de la Fundação Getúlio Vargas (FGV), labor que tiene cierto correlato en el Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo (CIDOC), alojado en la Universidad Finis Terrae. Tales acervos contienen preciosos testimonios de personalidades que formaron parte de los regímenes dictatoriales, la mayoría de los cuales aún han sido poco explotados; en especial los líderes del área económica permitirían estudiar cómo se expandió el neoliberalismo bajo los auspicios de los regímenes autoritarios.

Tales trabajos estimularon la investigación sobre las experiencias autoritarias. No obstante, han conducido a un estado de saturación, en el que poco se añade a lo conocido. Indudablemente meritorias, poco se consigue al publicar memorias en bruto, pues las fuentes no hablan por sí solas. Debemos interrogar, en el buen sentido, esos documentos. En ese punto me aproximo a la visión de Beatriz Sarlo (2005), quien cuestiona la legitimidad de los testimonios en la transmisión del pasado. Lejos de ser negativa, tal perspectiva no pretende anular esas fuentes, que no sólo pueden enriquecer enormemente el trabajo de los historiadores, sino estimular nuestro sentido crítico frente a ellas, ya que nos ayudan a mitigar el fetiche que desarrollamos por otros documentos, tomados aquí en sentido amplio, sean ellos orales o escritos, oficiales o no. Los historiadores, de modo general, deben preocuparse siempre con la crítica heurística de nuestras fuentes, relativas a cualquier período que trabajen.

Por ejemplo, en Brasil, el Inquérito Policial Militar (IPM) y el laudo del médico legista Harry Shibata fueron concluyentes en indicar el suicidio como causa mortis del periodista de filiación comunista Vladimir Herzog, asesinado tras tortura en 1975, pero las imágenes forjadas de su supuesto ahorcamiento y los relatos de los involucrados lo desmienten. Desmontar la farsa oficial de esa muerte no sólo tenía sentido histórico sino que también era una misión política y hasta moral. Además de la repercusión del caso, dado que se trataba de una figura de relieve, recordemos también que Herzog era judío y el rabino Henry Sobel, de destacada actuación en defensa de los Derechos Humanos, valientemente negó que fuera sepultado junto a los que habían atentado contra su propia vida y, según consta, practicó todos los ritos prescriptos a un muerto de su origen, lo que no estaría en consonancia caso hubiera sido considerado por la comunidad como un suicida. Posteriormente su acta de defunción también sería alterada en 2013, lo que nos habla de lo tardía e incompleta que ha sido la reparación histórica en este país.

Por ello no es de extrañar que las experiencias judiciales referentes a la búsqueda de la verdad histórica se hayan difundido al punto que historiadores y otros estudiosos de las ciencias sociales registraran actuación como peritos en diversas causas penales. A título de muestra menciono la participación del politólogo e historiador uruguayo Gerardo Caetano en el proceso promovido por el argentino Juan Gelman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de su hijo argentino, su nuera uruguaya y su nieta que permitió recuperar a esta última. También podemos mencionar el de la historiadora argentina Gabriela Águila, llamada a intervenir en una causa federal de la ciudad de Rosario, convocada por la relevancia de sus conocimientos derivados de su tesis de doctorado, publicada después como libro (2008), en el que desnuda la participación de la sociedad civil local. Esto nos muestra cómo la historia se convierte en referencia social, a la vez que la experiencia en la acción nutre los historiadores con perspectivas desde otros ángulos.

No obstante, estos ingentes esfuerzos terminaron tal vez por cargar demasiado las tintas en la variable represiva de las dictaduras, que, sin negar su importancia, son una de sus facetas y, en algunos casos o momentos, quizás no la más preponderante, como puede corresponder al caso brasileño, como bien lo señala Anthony Pereira (2009) en relación con los otros casos nacionales, en uno de los pocos estudios comparativos en sentido estricto.

De esta forma, fundado en ese sesgo analítico terminarían por crearse conceptos que han asumido la parte por el todo. Me refiero principalmente al de “terrorismo de Estado”, que se impuso en los años setenta y ochenta como forma de facilitar la denuncia internacional y colocar el acento en la dimensión que ganara la violencia extrema implementada por los Estados de la región. Esta categoría, acuñada para otros procesos históricos desde la Revolución Francesa, fue retomada en el espacio intelectual latinoamericano. Al respecto es ilustrativo el trabajo del abogado argentino Eduardo Luis Duhalde, cuya primera versión data de 1983; en ella lo concibe como un nuevo tipo de Estado de excepción que se estructura en torno a la doble faz de actuación que adquieren sus aparatos coercitivos: una cara pública, sometida a las leyes, y otra clandestina, al margen de la legalidad formal, basada en el terror y el crimen.

No se discute aquí su validez enunciativa, sino más bien su alcance, ya que la tendencia a pensar en un sistema de dominación vertical y monolítico por imposición del miedo y el terror ha llevado a un cierto desconocimiento de las facetas de construcción y gestión de estos regímenes, como el hecho de que muchos sectores desarrollaron una vida cotidiana al margen de ese estado y una diversidad de formas de apoyo a las dictaduras que no eran resultantes de la represión.

Además de ese, otro de los problemas que tal concepto deja en pie es el de identificar los Estados y momentos que pueden ser considerados como terroristas, dependiendo los niveles y grados de violencia. En Argentina, podría extenderse tal definición al tercer gobierno peronista, que inaugura la época represiva más dura, con la sanción de leyes que dieron justificación a la represión, la aparición de la lógica y el surgimiento de muchos de los grupos represivos ilegales, que actuaron promoviendo muertes y golpes policiales en plena vigencia de la democracia (Servetto, 2010), llegando a provocar un número de muertos superior al registrado por toda la dictadura brasileña. A la vez que nos coloca ante del dilema de qué categoría emplear cuando las dictaduras mudan en su intensidad o cesan en la represión, como acontece en Brasil, donde ello se concentra en torno de 1968 y no en sus años iniciales, menguando mucho a partir de 1974 y sobre todo tras la sanción de la Lei de Anistia en 1979.

Estos reparos llevaron a restringir un poco la extensión del concepto; algunos de sus partidarios prefieren la expresión “Estado de Seguridad Nacional”, categoría que se basa en el carácter excepcional de los regímenes fundados en la difusión de tal doctrina, a la que se supeditaba el corpus legislativo existente (Comblin, 1979; Tapia-Valdés, 1979; Maira, 1990). De todos modos, si bien da una cobertura mayor que la anterior, tampoco resuelve todos los problemas expuestos.

Por más represivas que hayan sido, las dictaduras no se resumen a ello, nunca se vieron a sí mismas como totalitarias, aunque hayan existido facciones minoritarias en su seno que lo buscaban como proyecto; incluso varias de ellas se postularon como defensoras de la democracia, a la que creían amenazada. Ello se ilustra muy bien en el prólogo del Ato Institucional N. I y en el hecho de que el caso brasileño continuara con un cierto juego electoral, basado en un pluralismo restricto, que no podemos interpretar como un mero barniz o una pantomima para dar legitimidad al régimen, sino más bien como un intento por reformular los fundamentos políticos del país, con una sucesión de leyes que, con avances y retrocesos, llevaron a su efectiva transformación.

Indudablemente los gobiernos dictatoriales se asentaron en una base represiva, en primera instancia, pero también supieron crear instrumentos de legitimación. Si bien no fueron consensuales en sentido estricto, no podemos desdeñarlos, de lo contrario no conseguiríamos explicar la popularidad que aún goza el régimen pinochetista y, en menor medida, la dictadura brasileña, por ejemplo.

Tampoco podemos subsumir la resistencia a alguna de sus formas más evidentes como la guerrilla o el exilio, las que, sin duda importantes, pueden ofrecernos una visión sesgada de un proceso que fue mucho más extenso y con prácticas más sutiles que provocaron efectos que aún no hemos dimensionado adecuadamente, muchas veces por estar presos de las coartadas de los relatos unilaterales (Ridenti, 2004).

De todos modos, es incuestionable el impulso que tal debate dio a la investigación interdisciplinaria sobre las dictaduras, abordando la memoria como problema histórico y espacio de disputas, que no sólo atraviesa y reconfigura cotidianamente nuestros objetos de investigación sino que también a nosotros mismos como intelectuales. Sin memorias, sin las luchas que ellas traban, sin sus sentidos cambiantes, sin la atención puesta en nuestras subjetividades como histórica y políticamente construidas, no habría reflexión posible sobre el pasado, no sólo referente a las dictaduras, sino en todo y cualquier objeto histórico.

Estelas y horizontes

Los años que marcaron los estertores del siglo XX y particularmente aquellos que inauguraron otro nuevo vinieron pletóricos de compilaciones que trataban de consolidar el largo camino recorrido a la vez que explorar sendas nuevas. De ella destaco particularmente tres, abocadas a casos nacionales (Tcach y Quiroga, 1996; Reis Filho et al., 2004; Marchesi et al., 2004), y otra que se pretende un poco más amplia (Fico et al., 2008 y Motta, 2015), las que son ejemplares en tal sentido, tanto por lo que está implícito como por lo que suscitan al análisis de la historia de la historiografía. Junto a Marina Franco hemos dirigido una obra aún en edición que procuró tener una visión amplia, en cuanto a los casos nacionales y esferas de acción, del proceso, la que a pesar de las intenciones originales también terminó por revelarse parcial.

Si bien podemos observar que la incompletitud de todo conocimiento es una constante, advertimos lagunas importantes y vicios de origen que persisten y que no pueden ser endosados a tal condición. A pesar de algunos esfuerzos de análisis sistémicos y comparativos, tales trabajos continúan siendo resultados parciales, sujetos a perspectivas que aún no incorporan matices necesarios, en general saturados en miradas desde puntos muy próximos. Con escasos estudios comparativos en sentido estricto (Tilly, 1991), disponiéndose así análisis que terminan obedeciendo mucho más a las lógicas de las academias que a aquellas que dicen al curso del proceso.

La temática de las dictaduras se presenta así como un fenómeno sin parangón para las ciencias sociales del Cono Sur. El hecho de no estar restricta a lo nacional posibilita la comparación, método poco practicado en nuestro medio y más usual en otras ciencias sociales, o un análisis transnacional, que resolvería algunos problemas de costos y restricciones del primero, al poder seguir trazos de forma más libre por entre tras fronteras, demostrando así que tales miradas no son incompatibles, pudiendo complementarse (Liu, 1999).

Ello podría inspirar e inspirarse en las academias de nuestros países hermanos, estableciendo un diálogo crítico. Como nos enseñó Jürgen Kocka (2003), esa mirada permite localizar asuntos y problemas que, de otra forma, serían posiblemente descuidados o ignorados; se presta para caracterizar los perfiles de los casos singulares, contrastándolos con otros, no sólo para mostrar semejanzas, sino también para deshacer falsas analogías, como planteara Marc Bloch (1976), y mostrar interacciones por encima de los límites espaciales (Liu, 1999), entre otras ventajas. Parece una verdad de Perogrullo, pero es notorio que las dictaduras obedecen a un tronco común, aunque con especificidades que no pueden ser menospreciadas en los grandes análisis, haciendo aquí una crítica al principio hologramático de Edgard Morin (2001), ya que considero en este caso el todo como superior a la yuxtaposición de las partes.

Igualmente, los abordajes desde diversas disciplinas son halagüeños, pero hasta el momento distan mucho de constituir una perspectiva interdisciplinaria o transdisciplinar. En su gran mayoría, por no seguir un método esos acercamientos ocurren de forma banal, es decir, sin una reflexión desde lo epistemológico en sentido estricto (Strathern, 2004, 2006;Weingart y Stehr, 2000).

En ese caso, basta un ejemplo comparativo para ilustrar los límites que aún aquejan esas dos perspectivas. La fuerza de los estudios militares en Brasil, que cuentan con una entidad de estudios específica, la Associação Brasileira de Estudos da Defesa (ABED), bien podría inspirar a otros colegas del Cono Sur a invertir en pesquisas en tal área, sumándose así a los esfuerzos por desentrañar sus dinámicas de Paula Canelo (2009), ya citada, Sabina Frederic (2013; Frederic y Soprano, 2010; Frederic et al., 2015), Daniel Mazzei (2002, 2012) y Germán Soprano (2016), para mencionar destacadas obras más recientes. En contrapartida, la fuerte tradición argentina en historia económica podría tener el mismo efecto, pero en dirección opuesta. El conocimiento existente del comportamiento del empresariado brasileño contrasta con aquél que tenemos acerca de los militares, el que muy bien puede darse en razón del destierro sufrido por la historia económica a favor del giro cultural, el cual acabó en líneas generales por sustituir un tipo de reduccionismo por otro, como señalara Emilia Viotti da Costa (1998).

La compatibilización de esos datos no es necesaria únicamente para llenar lagunas, sino que son imprescindibles para desentrañar las razones que motivaron los golpes de Estado, la forma como fueron llevados a cabo y el propio funcionamiento de los regímenes instaurados. Sabemos que tales golpes y las dictaduras tuvieron carácter cívico-militar, aunque con predominio de este último segmento; no obstante, hasta ahora las dinámicas de tales alianzas han sido poco estudiadas, mucho menos comparadas, siendo que esta última perspectiva ayudaría a explicar diferencias notorias entre los casos nacionales, que no saltan a la luz desde una óptica local.

Sólo más recientemente conseguimos ver cómo diferentes fracciones militares, empresariales y tecnocráticas se asociaron para llevarlos a cabo. No obstante, poco sabemos de las dinámicas que existieron al interior de los gobiernos autoritarios, a no ser durante sus picos más agudos, como el que se dio en torno a 1978 para todos los casos nacionales, conclusión a la que se llega desde una perspectiva comparativa respecto de un momento que constituye un divisor de aguas para los cuatro países en cuestión.

Estos datos nos revelan que la simbiosis entre militares y civiles no sólo fue vital para el éxito de los golpes de Estado sino también para que prosperasen determinadas políticas, en detrimento de otras, dentro de los regímenes autoritarios, lo que llevaría a enfrentamientos y cambios en tales alianzas. Sin embargo, hasta el momento sólo una parte de esa relación es conocida, generalmente la que se entabló entre algunos miembros de los grupos dominantes; se desconoce, en gran parte, cómo se dio la colaboración activa o la aceptación pasiva del resto de la sociedad. De todos modos, las estelas densas que tales discusiones nos han legado son un aliciente para encarar el horizonte con nuevos desafíos, que nos puede liberar del trauma político del pasado, como de nuestra sumisión epistemológica.

Referencias

ÁGUILA, G. 2008. La dictadura militar argentina: interpretaciones, problemas, debates. Páginas, .(1):9-27.

ARICÓ, J. 2005. La cola del diablo: itinerario de Gramsci en América Latina. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores Argentina, 229 p.

BENJAMIN, W. 1987. Discursos interrumpidos. Madrid, Taurus, 206 p.

BLOCH, M. 1976. El método comparativo en la historia. In: C.F. CARDOSO; H. PEREZ BRIGNOLI, Perspectivas de la historia contemporánea. México, Secretaría de Educación Pública, p. 23-33.

BORÓN, A. 1977. El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(2):481-528. https://doi.org/10.2307/3539775

BRASIL. 1964. Ato Institucional No I. Coleção de Leis do Brasil. Brasília, [s.n.], vol. 3, p. 3. Disponible em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/atoins/1960-1969/atoinstitucional-1-9-abril-1964-364977-publicacaooriginal-1-csr.html Acceso el: 21/12/2017.

BUCHELI, G. 2008. Rastreando los orígenes de la violencia política en el Uruguay de los 60. In: M. ESTEFANELL, Cuadernos de la historia reciente: Uruguay 1968-1985, n. 4. Montevideo, EBO.

CANELO, P. 2009. El proceso en su laberinto: La interna militar de Videla a Bignone. Buenos Aires, Prometeo, 248 p.

CARDOSO, F. H. 1977. Estado y proceso político en América Latina. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(2):357-387. https://doi.org/10.2307/3539770

CASTRO, S. de. 1992. Bases de la política económica del gobierno militar chileno. Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos, 193 p.

CAVAROZZI, M. 1989. Los ciclos políticos en la Argentina desde 1955. In: P. O’DONNELL; G. SCHMITTER; L. WHITEHEAD (comp.). Transiciones desde un gobierno autoritario: América Latina. Buenos Aires, Paidós, vol. 2, p. 37-78.

CHIRIO, M. 2012. A política nos quartéis: Revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro, Zahar, 264 p.

COLLIER, D. (ed.). 1979. The New Authoritarianism in Latin America. Princeton, Princeton University Press, 456 p.

COMBLIN, J. 1979. The Church and the National Security State. Maryknoll, Orbis Books, 236 p.

COMISIÓN RETTIG. 1991. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Disponible en: http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html http://www.gob.cl/informe-rettig/. Acceso el: 01/06/2017

COMISIÓN VALECH. 2004. Informe de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura. Disponible en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2017/01/informe.pdf. Acceso el: 01/06/2017.

COMISIÓN VALECH. 2011. Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Disponible en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2017/01/Informe2011.pdf. Acceso el: 01/06/2017

CONADEP. 1985. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre el Desaparecimiento de Personas. Buenos Aires, EUDEBA. Disponible en: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html Acceso el: 01/06/2017.

COSTA, E.V. da. 1998. Novos públicos, novas políticas, novas histórias: do reducionismo econômico ao reducionismo cultural: Em busca da dialética. Anos 90, .(10):7-22.

COSTA BONINO, L. 1985. La crisis de los partidos tradicionales y el movimiento revolucionario. Montevideo, EBO, 275 p.

COSTA BONINO, L. 1995. La crisis del sistema político uruguayo. Montevideo, FCU, 293 p.

CUEVA, A. 1977. La cuestión del fascismo. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(2):469-480. https://doi.org/10.2307/3539774

CUEVA, A. 1976. La fascistización de América Latina. Nueva Política, 1: 156-159.

DELGADO, L. de A.N.D. 2004. 1964: Temporalidades e interpretações. In: D.A. REIS FILHO; M. RIDENTI; R.P.S. MOTTA (org.),O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964-2004). Bauru, EDUSC, p. 15-28.

DINGES, J. 2004. Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. Santiago de Chile, Ediciones B., 432 p.

DREIFUSS, R.A. 1981. 1964: A conquista do Estado: Ação política, poder e golpe de classe. Petrópolis, Editora Vozes, 814 p.

DUHALDE, E.L. 1983. El estado terrorista argentino: Quince años después, una mirada crítica. Buenos Aires, Eudeba, 403 p.

FICO, C. 2008. O grande irmão: da operação Brother Sam aos anos de chumbo – o governo dos Estados Unidos e a ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 336 p.

FICO, C.; FERREIRA, M. de M.; ARAUJO, M.P.; QUADRAT, S.V. (org.). 2008. Ditadura e democracia na América Latina. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 396 p.

FIGUEIREDO, A.C. 1993. Democracia ou reformas? Alternativas democráticas à crise política – 1961-1964. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 201 p.

FRANCO, M. 2014. La “teoría de los dos demonios”, un símbolo de la posdictadura en la Argentina. A Contracorriente, 11(2):22-52.

FREDERIC, S. 2013. Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 433 p.

FREDERIC, S.; MASSON, L.; SOPRANO, G. 2015. Fuerzas Armadas en democracia: Percepciones de los militares argentinos sobre su reconocimiento. Rosario, Prohistoria, 178 p.

FREDERIC, S.; SOPRANO, G. 2010. La formación militar como formación moral: transmisión y adquisición de saberes teóricos y prácticos en las Fuerzas Armadas. In: S. FREDERIC; O. GRACIANO; G. SOPRANO (ed.), El Estado y las profesiones liberales, académicas y armadas. Rosario, Prohistoria, p. 387-420.

GARRETÓN, M.A. 1981.Transformación social y refundación política en el Cono Sur de América Latina. Revista en Teoría (abr.-jun.).

GARRETÓN, M.A. 1984. Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares del Cono Sur. Un balance. Revista AlternativaI, .:5-23.

GONZÁLEZ, L.E. 1993. Estructuras políticas y democracia en Uruguay. Montevideo, FCU, 257 p.

HIRSCHMAN, A.O. 1979. The Turn to Authoritarianism in Latin America and the Search for Its Economic Determinants. In: D. COLLIER (ed.), The New Authoritarianism in Latin America. Princeton, Princeton University Press, p. 61-98.

HUNEEUS, C. 2000. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile, Sudamericana, 670 p.

HUNTINGTON, S.P. [s.d.]. Approach to political decompression. Disponible en: http://www.arquivosdaditadura.com.br/documento/galeria/receita-samuel-huntington#pagina-1 Acceso el: 01/06/2017.

HUNTINGTON, S.P. 1992. El orden político en las sociedades en cambio. Buenos Aires, Paidós, 404 p.

JAGUARIBE, H. 1968, Brasil: estabilidade social pelo colonial-fascismo? In: C. FURTADO, Brasil. tempos modernos. Río de Janeiro, Paz e Terra, p. 26-73.

JELIN, E. 2002. Los trabajos de la memoria. Madrid, Siglo XXI de España Editores 156 p.

KAPLAN, K. 1976. Hacia un fascismo latinoamericano. Nueva Política, ..

KOCKA, J. 2003. Comparison and Beyond. History and Theory, 42(1):39-44. https://doi.org/10.1111/1468-2303.00228

LECHNER, N. 1977. La crisis del Estado en América Latina. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(2):389-426. https://doi.org/10.2307/3539771

LIU, L. 1999. Tokens of Exchange. The Problem of Translation in Global Circulations. Durham, Duke University Press, 464 p. https://doi.org/10.1215/9780822381129

MAIRA, L. 1990. El Estado de seguridad nacional en América Latina. In: P. GONZÁLEZ CASANOVA (coord.), El Estado en América Latina: Teoría y práctica. México, Siglo XXI Editores/Universidad de las Naciones Unidas, p. 108-130.

MARCHESI, A.; MARKARIAN, V.; RICO, Á.; YAFFÉ, J. (comp.). 2004. El presente de la dictadura: estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay. Montevideo, Trilce, 232 p.

MARTINS FILHO, J.R. 1995. O palácio e a caserna: A dinâmica militar das crises políticas na ditadura. São Carlos, Edufscar, 204 p.

MAZZEI, D. 2012. Bajo el poder de la caballería: El Ejército Argentino (1962-1973). Buenos Aires, Eudeba, 244 p.

MAZZEI, D. 2002. La misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la guerra sucia. Revista de Ciencias Sociales, 13:105-137.

MINELLO, N. 1977. Uruguay: la consolidación del Estado militar. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(2):575-594. https://doi.org/10.2307/3539778

MONIZ BANDEIRA, L.A. 1973. Presença dos Estados Unidos no Brasil (dois séculos de História). Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 686 p.

MONIZ BANDEIRA, L. 2008. Fórmula para el caos: La caída de Salvador Allende (1970-1973). Santiago de Chile, Editorial Debate, 640 p.

MORIN, E. 2001. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Gedisa, 176 p.

MOTTA, R.P.S (org.) 2015. Ditaduras Militares - Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 338 p.

NILSON, C.M. 1998. Operación Cóndor: Terrorismo de Estado en el cono Sur. Buenos Aires, Lholé-Lumen, 186 p.

NUN, J. 1966. América Latina: La crisis hegemónica y el golpe militar. Desarrollo Económico, VI(22/23):355-415. https://doi.org/10.2307/3465731

O’DONNELL, G. 1982. El Estado Burocrático Autoritario. Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 499 p.

O’DONNELL, G. 1977. Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático-autoritario. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(1):9-59. https://doi.org/10.2307/3539790

O’DONNELL, G.; SCHMITTER, P.C.; WHITEHEAD, L. 1986. Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 208 p.

OLIVEIRA, F. de. 2004 Ditadura militar e crescimento econômico: a redundância autoritária. In: D.A. REIS FILHO; M. RIDENTI; R.P.S. MOTTA (org.), O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964-2004). Bauru, EDUSC, p. 117-124.

PALTI, E. 2007. La nueva historia intelectual y sus repercusiones en América Latina. História Unisinos, 11(3):297-305.

PEREIRA, A.W. 2009. Ditadura e repressão: O autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no Chile e na Argentina. Petrópolis, Vozes, 336 p.

PORTANTIERO, J.C. 1973. Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual. In: O. BRAUN (comp.), El capitalismo argentino en crisis. Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, p. 73-117.

PORTANTIERO, J.C. 1977. Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(2):531-565. https://doi.org/10.2307/3539776

PORTANTIERO, J.C.; NUN, J. (comp). 1987. Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina. Buenos Aires, Puntosur, 418 p.

POULANTZAS, N. 1970. Fascisme et Dictature: La III' Internationalefaceaufascisme. París, Máspero, 326 p.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 2007. Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.848. Montevideo, IMPO, 5 tomos.

PROJETO BRASIL: NUNCA MAIS. 1985. Brasil: Nunca Mais. Petrópolis, Editora Vozes, 312 p.

RAMÍREZ, H. 2015. Reflexiones acerca de las Dictaduras del Cono Sur como proyectos refundacionales. Antíteses, .(15- esp.):132-159.

RAMÍREZ, H.; FRANCO, M. (dir.). Ditaduras no Cone Sul da América Latina: Um balanço historiográfico. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira [en edición].

REIS FILHO, D.A.; RIDENTI, M.; MOTTA, R.P.S. (org.). 2004. O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964-2004). Bauru, EDUSC, p. 117-124.

RIDENTI, M. 2004. Resistência e mistificação da resistência armada contra a ditadura: armadilhas para os pesquisadores. Communicare Revista de Pesquisa, .(2):117-124.

RIZ, L. de. 1977a. Algunos problemas teórico-metodológicos en el análisis sociológico y político de América Latina. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(1):157-171. https://doi.org/10.2307/3539793

RIZ, L. de. 1977b. Formas de Estado y desarrollo del capitalismo en América Latina. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(2):427-441. https://doi.org/10.2307/3539772

ROUQUIÉ, A.; SCHVARZER, J. (comps.). 1985. ¿Cómo renacen las democracias? Buenos Aires, Emecé Editores, 312 p.

ROUQUIÉ, A.; LAMOUNIER, B.; SCHVARZER, J. (orgs.). 1985. Como renascem as democracias. São Paulo, Brasiliense, 237 p.

SANTOS, T. 1977. Socialismo y fascismo en América Latina Hoy. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(l):173-190. https://doi.org/10.2307/3539794

SARLO, B. 2005. Tiempo pasado: Cultura de la memoria y giro subjetivo: Una discusión. Buenos Aires, Siglo XXI, 168 p.

SERPAJ. 1989. Uruguay:Nunca Más: informe sobre la violación a los derechos humanos (1972-1985). Montevideo, Serpaj, 442 p.

SERVETTO, A. 2010. 73/76: El gobierno peronista contra las “provincias montoneras”. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 281 p.

SIDICARO, R. 2004. Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el “Proceso” en perspectiva comparada. In: A. PUCCIARELLI (coord.), Empresarios, tecnócratas y militares: La trama corporativa de la última dictadura. Buenos Aires, Siglo XXI, p. 53-96.

SIDICARO, R. 1996. El régimen autoritario de 1976: Refundación frustrada y contrarrevolución exitosa. In: C. TCACH; H. QUIROGA, A veinte años del golpe: Con memoria democrática. Rosario, Homo Sapiens, p. 9- 26.

SIERRA, G. de. 1977. Introducción al estudio de las condiciones de ascenso de las dictaduras: el caso uruguayo. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(2):567-574. https://doi.org/10.2307/3539777

SOPRANO, G. 2016. Culturas militares na Argentina do século XIX ao início do século XXI. In: S.K. MATHIAS; D.G. ZIRKER (org.), Militares e democracia: estudos sobre identidade militar. São Paulo, Editora Unesp Cultura Acadêmica, p. 29-66.

STRATHERN, M. 2004. Commons and Borderlands: Working Papers on Interdisciplinarity, Accountability, and the Flow of Knowledge. Oxon, Sean Kingston Publishing, 120 p.

STRATHERN, M. 2006. A Community of Critics? Thoughts on New Knowledge. Journal of the Royal Anthropological Institute, 12(1):191-209. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2006.00287.x

TAPIA-VALDÉS, J. 1980. Neo militarismo y fascismo. Nueva Sociedad, 50:156-174.

TAPIA-VALDÉS, J. 1979. La doctrina de la seguridad nacional y el rol político de las fuerzas armadas. Rotterdam: Instituto para el Nuevo Chile, 45 p.

TCACH C.; QUIROGA H. 1996, A veinte años del golpe: Con memoria democrática. Rosario, Homo Sapiens, 167 p.

TILLY, C. 1991. Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes. Madrid, Alianza Editorial, 208 p.

TRINDADE, H. 1982. El tema del fascismo en América Latina. Revista de Estudios Políticos, 30:111-141.

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. 2009. Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985). Montevideo, Universidad de la República, 3 tomos.

VALDIVIA ORTÍZ DE ZÁRATE, V. 2003. El golpe después del golpe: Leigh vs Pinochet (1960-1980). Santiago de Chile, Lom, 259 p.

WEINGART, P.; STEHR, N. 2000. Practising Interdisciplinarity. Toronto, University of Toronto Press, 294 p.

ZAVALETA MERCADO, R. 1976. Nota sobre fascismo, dictadura y coyuntura de disolución. Revista Mexicana de Sociología, XLI(1):75-85.

ZEA, L. 1976 Fascismo dependiente en Latinoamérica. Nueva Política, 1.

ZEMELMAN, H. 1976. Acerca del fascismo en América Latina. Nueva Política, ..

ZERMEÑO, S. 1977. Estado y sociedad en el capitalismo tardío. Revista Mexicana de Sociología, XXXIX(1):61-117. https://doi.org/10.2307/3539791

Notas