Introducción

Desde hace un tiempo la problemática que afecta a los refugiados a nivel mundial se ha tomado las agendas públicas en la mayoría de los estados republicanos y organismos internacionales; al mismo tiempo, ha derivado en un tema controversial de política interna en varios países. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su informe sobre tendencias globales, enfatiza que

[…] en el 2015, en promedio 24 personas por minuto, se vieron obligadas a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su país o en otros países. Unos 12,4 millones de personas se convirtieron en nuevos desplazados por los conflictos o la persecución en 2015 (ACNUR, 2016).

Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que el refugio formó parte de las preocupaciones de los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), ACNUR y el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), como consecuencia de los nuevos conflictos que surgieron en el contexto del reordenamiento político tras la Segunda Guerra Mundial. En el cono sur de América Latina, el refugio se intensificó de manera dramática en las décadas de 1960 y 1970, con la instalación de las dictaduras militares, lo que significó un masivo desplazamiento de personas de un país a otro.

Es el caso particular de los refugiados brasileños que llegaron a Chile a partir de la caída del presidente João Goulart en 1964: al iniciarse la dictadura militar chilena de 1973, por su condición de refugiados se vieron obligados a un nuevo desplazamiento.

Efectivamente, después de 1964, Chile, al igual que otros países, se convirtió en lugar de acogida para miembros de la generación joven que abandonó Brasil hacia fines de la década de 1960 (Schneider, 2011). Para este estudio trabajamos con documentos que se encuentran en los informes emanados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Organización de los Estados Americanos (OEA), ACNUR y documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) del gobierno militar correspondientes principalmente a 1973 y 1975.

Durante el periodo de estudio (1973-1975), se estimaba que en Chile había unos 13.000 refugiados (Frenz, 2006), la mayoría provenientes de países latinoamericanos que se encontraban bajo dictaduras militares como Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay.

Durante la Unidad Popular llegaron miles de extranjeros a Chile escapando de las dictaduras de sus países. Helmut Frenz, el obispo luterano y presidente de la Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados, describe Chile entre 1970 y 1973 como una “isla de refugio” en el continente (Smith, 2013, p. 19).

Junto a estos refugiados se encontraba también un número significativo de otros latinoamericanos que se avecindaron en el país constituyéndose en un voluntariado de apoyo al gobierno de la Unidad Popular. Producido el golpe militar de 1973, una parte de estos ciudadanos vieron afectadas sus condiciones de vida y su calidad de refugiados, quedando sujetos a las disposiciones que provenían del gobierno de facto (CIDH, 1974).

Desconociendo las obligaciones internacionales sobre el refugio, la dictadura actuó con extremada dureza frente a estos extranjeros que, no obstante su condición, fueron igualmente apresados y enviados a recintos de detención. Así también da cuenta en su informe la CIDH: “Se han verificado las muertes de aproximadamente 25 extranjeros durante los actos de violencia que acompañaron al cambio de Gobierno, y 32 otros extranjeros han desaparecido. Es probable que algunos de estos desaparecidos hayan muerto” (CIDH, 1974).

Si bien los refugiados brasileños llegaron hacia fines de la década de 1960 y, preferentemente, durante el gobierno del presidente Salvador Allende (Schneider, 2011), la investigación pone el foco en los primeros años de la dictadura militar, 1973-1975. En este lapso, cuando los actos represivos de la dictadura se hacen sentir con mayor fuerza, los refugiados brasileños en Chile fueron mayoritariamente reubicados –categoría empleada por las agencias internacionales involucradas para referirse a esta condición– en un segundo país de asilo, operando, así, el doble refugio.

De este modo, a partir de este estudio aspiramos a contribuir a la reconstrucción histórica del refugio brasileño durante una de las etapas más traumáticas de la historia reciente de Chile, examinando el proceso del doble refugio, categoría en la que entraron aquellos extranjeros que, habiendo adquirido la calidad de refugiados, frente al nuevo escenario político, debieron nuevamente desplazarse. Más aún, cuando incluso algunos poseedores de esta condición ya habían sido refugiados anteriormente en otro país.

El trabajo se sustenta en una documentación primaria de particular interés, constituida principalmente por los salvoconductos emitidos por el MINREL de Chile durante los primeros años de la dictadura. Este procedimiento, si bien releva parte de la institucionalidad señalando los organismos que participaron en el proceso de repatriación o doble refugio, se focaliza esencialmente en torno a una sistematización de datos que permitan una mayor visibilización de los refugiados brasileños en Chile, señalando en detalle el número total oficialmente declarado, la sede que los acogió y el país de destino, configurando para muchos un nuevo lugar de refugio.

Antecedentes históricos y jurídicos del refugio

Es a partir de los años 60 que el pensamiento latinoamericano entra en una fase de alerta y renovación. Eduardo Devés no se inhibe en señalar el estado precario del desenvolvimiento intelectual chileno y latinoamericano hasta esa década. La explicación fundamental radicaría en que sus bases no tenían la preparación suficiente para esbozar y pensar el mundo en sus diferentes territorialidades y, más aún, generar redes internacionales con sólido sustento teórico (Devés, 2006).

Los contactos entre la comunidad científica latinoamericana habían comenzado antes de la avalancha de las dictaduras conosureñas. Con toda certeza la fundación de dos centros de estudios, FLACSO en 1957 y CLACSO en 1967, había impulsado fuertemente el desarrollo de las ciencias sociales con especial mirada hacia y desde los países de la región (Stavenhagen, 2014; Bayle, 2015; Franco, 2017).

El trabajo al alero de FLACSO que venían realizando los investigadores y profesores brasileños, entre ellos Fernando Henrique Cardoso, en razón del golpe militar de 1964, se trasladó a Santiago de Chile (Stavenhagen, 2014).

Tal como lo plantea Eduardo Devés, fue desde Chile que se habían forjado y coordinado redes de intelectuales económico-sociales, antes de los 70. Es más, algunos núcleos en estrecha colaboración con extranjeros residentes en el país. Para ello contaron con la colaboración de organismos internacionales y, por cierto, del Estado chileno. Trabajo mancomunado que se diluye con los acontecimientos del 73. Este suceso produjo una hecatombe en el mundo intelectual al desarticular los grupos de trabajo, el cierre de los centros de pensamiento, la emigración y el exilio; todo unido a la incertidumbre futura y el desmoronamiento de dos décadas de esfuerzo por aglutinar intelectuales y forjar un pensamiento desde la región latinoamericana. Este hecho también impactó a los extranjeros residentes en el país para quienes Chile dejaba de ser un lugar grato para vivir y una plaza que ofrecía las mejores condiciones para las realizaciones del pensamiento (Devés, 2006; Stavenhagen, 2014).

No obstante la serie de vicisitudes que los refugiados y otros extranjeros que se radicaron en el país debieron afrontar, en opinión del profesor Devés, estudioso del mundo de las ideas, de término al penoso episodio señalando que “la intelectualidad de izquierda y centro logró luego del 73 una exitosísima inserción internacional, como no lo ha logrado nunca otra intelectualidad latinoamericana” (Devés, 2006, p. 17.)

Los estudios realizados por la historia política reciente han permitido, junto a una expansión de los aspectos metodológicos, epistémicos y de cruces disciplinares, un aumento exponencial de las investigaciones históricas de los últimos 40 años. Tras el evidente silencio de los primeros años posteriores al golpe de Estado de 1973 en Chile y las reflexiones en torno a la derrota, las temáticas relativas a la defensa del derecho a la vida o la producción instalada entre la resistencia y la supervivencia fueron absolutamente esperables y necesarias.

En tal escenario de emergencia, la voz principal fue la vinculada a los organismos de derechos humanos y la presencia sin contrapeso de los relatos testimoniales. Estos últimos comenzaron a narrar las experiencias vividas en el contexto del golpe de Estado elaborando la vivencia traumática, potenciando el influjo a la continuidad de la lucha y asumiendo el rescate de lo perdido y reprimido (Da Silva, 2002; Todorov, 2013). Sólo con posterioridad se abrió paso el abordaje académico de ese momento histórico en sus múltiples dimensiones y, entre ellas, el refugio.

A nivel internacional y desde hace varias décadas, la problemática sobre los refugiados ha sido abordada en distintas publicaciones académicas. Paul Weiss (1954) y Andrew Shacknove (1985) enfatizan el rol de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 como uno de los instrumentos más importantes a nivel internacional de protección y no discriminación de los refugiados. Por otra parte, Göran Melander (1981) releva la importancia del funcionamiento de ACNUR, siendo esta entidad la principal encargada de prestar servicios básicos y asistencia a los refugiados.

En Chile, los artículos acerca de la expulsión de los refugiados son escasos, siendo abordados preferentemente a partir de estudios que tratan más bien la temática desde la perspectiva de los derechos humanos. Tal es el caso del texto La represión en Chile, que dedica un capítulo al exilio indicando destinos y, al mismo tiempo, aportando información somera sobre la situación del refugio en el contexto de la dictadura (Orellana Vargas, 2008). Asimismo, destacan aquellos que resaltan la labor de organismos nacionales e internacionales durante el periodo en cuestión (Garcés y Nicholls, 2005), enfatizando el papel desempeñado por FASIC. Más cercanos a nuestro estudio están los trabajos de Bastías (2014) y de Smith (2013), quienes se centran fundamentalmente en las instituciones que operaron en torno al exilio y refugio, abordando el amparo de los chilenos y, colateralmente, el de los extranjeros.

En la misma línea, se han publicado trabajos que, aunque centrados en el exilio desde los primeros años de dictadura, destacando aspectos como la detención, tortura y prisión política previa al exilio, también abordan el refugio y la problemática de los extranjeros en Chile (Sáez, 2013; Yankelevich, 2016; Sznajder y Roniger, 2013).

El nuevo o doble refugio, como concepto explicativo de un fenómeno de naturaleza política vinculado a un problema humanitario, carece de estudios específicos que evidencien las experiencias y trayectorias de aquellos que debieron enfrentarse a esta condición.

La historia del refugio y la creación de organizaciones y convenciones para entregar un marco de ayuda y colaboración a los refugiados se puede rastrear en los orígenes del siglo XX, lo que posibilita analizar su evolución a lo largo del tiempo. Después del fin de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones reconoció la existencia y estatus de los refugiados, creando un marco de protección para ellos, mediante una serie de acuerdos que regularon, durante esas décadas, tal condición. “El debate sobre hasta qué punto una organización puede proteger y ayudar a los refugiados y seguir siendo apolítica no era nuevo, pues ya se había suscitado incluso durante el período de la Sociedad de Naciones” (ACNUR, 2000, p. 23).

En el año 1947 y en el marco del establecimiento de nuevas instituciones internacionales como la ONU (1945), se fundó la Organización Internacional para los Refugiados, en tanto en 1949 se creó la Oficina de ACNUR, institución que se dedicó y dedica a la tarea de apoyar a los refugiados en el mundo, basándose en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 (Whiteker, 2008). El 28 de julio de 1951, se adoptó en Ginebra la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), que entró en vigencia el 22 de abril de 1954 y que establecía una definición de refugiado como aquella persona que,

[…] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (ONU/ACNUR, 1951).

Por otra parte, se indicaba expresamente a los países concurrentes la obligación de no discriminar por motivos de raza, religión o país de origen, así como también la ayuda básica y condiciones al menos iguales a las que tenían los extranjeros en el país de origen, como también derechos civiles, libertad de movimiento o pensamiento y derechos sociales como el trabajo, salud o vivienda.

En 1967, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados ratificó la definición sobre los refugiados y desechó “las restricciones geográficas y temporales que existían en la Convención de 1951” (Whiteker, 2008, p. 243), pensada especialmente para aquellas personas refugiadas debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

Otros acuerdos o tratados posteriores permiten adaptar la acepción a realidades regionales o locales, o a contextos históricos nuevos como el caso de las dictaduras militares en América Latina, lo que se plasmó en la Declaración de Cartagena de 1984, proponiendo que se consideren

[…] también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público (Declaración de Cartagena, 1984).

Tanto la Convención de 1951 como el Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena de 1984 establecieron las condiciones para el rechazo o aceptación del refugio, así como el cese de dicha condición. Se trata de un marco legal que posibilita la protección de un Estado distinto al propio para una persona o grupo de personas.

ACNUR también reconoce como refugiado a aquella persona que “huyó de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva a los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” (ACNUR, 2016).

En el caso de Chile, que siempre había sido un país respetuoso de la normativa internacional, las disposiciones de la dictadura del General Augusto Pinochet, contenidas en la Ley de Extranjería de 1975, detonaron un nuevo panorama restrictivo, que reguló de manera estricta “el ingreso al país, la residencia, la permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsión y el control de los extranjeros” (Decreto Ley Nº 1094, 1975), incluidos en este grupo los refugiados y asilados. Esta norma fue actualizada por el Decreto Supremo Nº 597, del año 1984, que reglamentó expresamente la situación del refugio, señalando al Ministerio de Relaciones Exteriores como responsable de calificar los antecedentes de cada caso.

El Decreto Supremo N.º 597 reconoció que “para conceder asilo político se deberán considerar en todo caso, las Convenciones Internacionales que sobre la materia haya suscrito el Gobierno de Chile” (Decreto 597, 1984), es decir, la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. Los solicitantes de refugio que hubiesen entrado irregularmente al país podrían ser sometidos al control y vigilancia del gobierno o ser detenidos por un plazo de quince días. Como lo han reconocido algunos estudiosos, estos decretos se basaron, fundamentalmente, en concepciones como la seguridad nacional, selectividad, control, criminalización de la población extranjera y un nacionalismo exacerbado (Callejas Ramírez y Jauregui, 2011).

En el año 2010 se publicó la Ley Nº 20.430 en torno a “Disposiciones sobre Protección de Refugiados”, que permitió regularizar la solicitud de la condición de refugiado, adaptándose a los documentos internacionales sobre protección de refugiados a nivel mundial.

La nueva normativa garantizó la protección de estas personas, cambiando las formas de proceder y comprender la situación de los refugiados, desde el principio del reconocimiento de sus derechos, más que desde la política restrictiva de la dictadura.

El doble refugio: brasileños en Chile

El gobierno del presidente de Brasil João Goulart (1961-1964), había transcurrido en un contexto de fuerte organización de campesinos, estudiantes y trabajadores. Su administración contó con un importante apoyo popular sostenido por “los partidos de izquierda, los movimientos sociales de la ciudad y del campo, los sectores de las Fuerzas Armadas – especialmente de la Marina y del Ejército – y de la Iglesia Católica” (Ramírez, 2012, p. 257). Los grupos dominantes, especialmente del mundo rural y de la burguesía, la alta oficialidad del Ejército y el clero consideraron al presidente Goulart como un peligro, especialmente por su apoyo al proceso de reforma agraria y ampliación de derechos sociales y políticos, contemplados en las “reformas de base”, un programa que incluía nacionalización de empresas, reforma tributaria y Estatuto para el trabajador rural, entre otros temas (Wasserman, 2010).

En 1964, un golpe de Estado en Brasil derrocó al presidente Goulart, instalando en el poder a una Junta Militar. La revuelta del Ejército se inició la noche del 31 de marzo, y al día siguiente el Congreso se negó a darle su apoyo, destituyéndolo el 2 de abril. Las Fuerzas Armadas ocuparon las principales ciudades del país, y el 15 de abril el general Humberto de Alencar Castelo Branco fue designado presidente, dando inicio a una dictadura autodenominada “Movimiento Revolucionario” (Carvalho y Da Silva Catela, 1964 in Skidmore, 1988).

Aunque esta intervención castrense expresaba procesos estructurales e institucionales de larga data, así como características específicas de las Fuerzas Armadas (Skidmore, 1988), existe consenso en reconocer el vínculo entre esta dictadura cívico-militar y la Doctrina de Seguridad Nacional (Rivas Nieto, 2008). El contexto de la Guerra Fría promovió la guerra contra la amenaza interna representada por el comunismo y el socialismo. Desde ese momento se priorizó “la lucha contra el ‘enemigo interno’ y ante el peligro de ‘subversión comunista’, las fuerzas armadas del continente se prepararon para la guerra contrarrevolucionaria. La seguridad nacional sustituyó a la defensa nacional” (Rouquié y Suffern , 1997, p. 291).

La represión adquirió inmediatamente la forma de una guerra total que abarcó la economía, las relaciones laborales y las libertades políticas, ilegalizándose las organizaciones de izquierda y controlando los medios de comunicación mediante la inmediata censura de prensa. Suspendida la Constitución, se instaló un régimen de control social al interior del país.

Abrieron una nueva época, a partir de la cual hizo entrada una estrategia de integración militar de carácter internacional (caracterizada ejemplarmente en el Cono Sur por la llamada Operación Cóndor), que tuvo por objeto erradicar de la Región no sólo el campo político y cultural de la izquierda (el comunismo, el utopismo revolucionario, la conciencia crítica, la atmósfera intelectual a través de la cual se nutrieron los partidos políticos de la revolución) sino, principalmente, a los sujetos portadores de dicha cultura: su militancia (Victoriano, 2010).

Según la Comissão Nacional da Verdade, entre “1964 e 1985, 243 pessoas foram vítimas de desaparecimento forçado, ou seja, mais da metade das 434 vítimas fatais da ditadura” (CNV, 2014, p. 500), además de 188 ejecuciones sumarias, a las que se agregaron las torturas en un contexto sistemático de absoluta impunidad. La Comisión identificó la existencia de centros de detención y tortura, así como la colaboración de civiles y empresas en la persecución y espionaje a los opositores. En este contexto destacados intelectuales y políticos se vieron obligadas a salir del país (Schneider, 2011).

Durante este periodo salieron al exilio entre 10 mil y 15 mil ciudadanos brasileños (Sznajder y Roniger, 2013), la mayor parte de ellos “para se exilar em países como Portugal, EUA, México, Argélia, Itália, Suécia e, principalmente, Chile e França” (Da Cruz, 2012, p. 116). De acuerdo a Villanueva (2014), habría que incluir también a Uruguay, país que gozó de un régimen democrático hasta junio de 1973.

Este proceso de destierro contempló dos momentos históricos. Uno que se produjo luego del golpe al presidente Goulart, que determinó la salida de la primera generación del exilio. Entre las características que presentó esta población fue que mayoritariamente “eran hombres de edad madura, clase media, intelectualizados, con formación académica y fuertemente politizados. Uruguay y Chile fueron para esta primera generación los destinos más importantes” (Villanueva, 2014, p. 7). Otro momento se dio a partir de 1968, posterior a la proclamación del decreto Acto Institucional Nº 5 (AI-5), que suprimió libertades sindicales y políticas. En esta etapa, comenzaron a ser expulsados de Brasil una segunda generación de exiliados. Este grupo estuvo constituido por jóvenes militantes que salieron después de 1969, muchos de ellos integrantes de organizaciones de resistencia armada. “En términos generales, la segunda ola de exilados se compuso de activistas que eran más radicales en sus posiciones políticas […] Muchos de estos exilados habían activado en el movimiento estudiantil y refrendado las ideas revolucionarias y la lucha armada” (Roniger, 2015, p. 167).

Fue así como, desde el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva hasta el gobierno del presidente Salvador Allende, un grupo importante de brasileños, muchos de ellos profesionales y académicos, arribaron a Chile escapando de la dictadura cívico-militar, convirtiéndose algunos en activos colaboradores del gobierno de la Unidad Popular. Otros, principalmente trabajadores, no se habrían acostumbrado a Chile, permaneciendo breve período, pues no sólo hallaron problemas de subsistencia, sino que fueron objeto de maltrato y segregación (Roniger, 2015, p. 168). La salida espontánea y en diferentes momentos de estos ciudadanos no fue contemplada en este estudio, dada su dispersión.

Se estima que alrededor de 4 mil brasileños se habrían instalado en Chile tras el golpe militar contra el presidente João Goulart, entre ellos reconocidos intelectuales que inclusive participaron activamente en la vida política, cultural y académica del país durante el gobierno de Eduardo Frei y posteriormente como “asesores del gobierno de Salvador Allende y como facultativos en universidades y en centros de investigación internacionales. Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro, y Paulo Freire fueron algunas de las personalidades” (Bastías, 2013, p. 33). Varios de ellos jugaron un papel relevante en el ámbito político e intelectual al interior de distintos proyectos educativos y de pensamiento.

Ilustrativo es el caso de José Serra, quien luego de pasar por la embajada de Bolivia en Río de Janeiro y por Francia se radicó en Chile, “donde se casó y tuvo dos hijas y ejerció como profesor miembro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). […] En Santiago fue también asesor del equipo económico de Allende en 1973, mientras en Brasil se consolidaba la dictadura” (La Información, 2014).

Entre estos intelectuales se encontraba, también, Theotonio Dos Santos, uno de los autores adscrito a la teoría de la dependencia, quien, encontrándose en Chile al momento del golpe de 1973, se asiló en la embajada de Panamá en Chile (MINREL, 1975) y, posteriormente, se refugió en México. Entre sus recuerdos de este periodo señala que salió “entre fines de marzo y abril de 1966 de Brasil, con un grupo de amigos que ayudaba a sacar la gente del país, y me consiguieron un espacio en Chile. Después, con la dinámica de la Unidad Popular la emigración hacia Chile fue muy fuerte” (Vidal, 2013).

Similares fueron los casos de Fernando Henrique Cardoso, quien llegó a ser director del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), también Paulo Freire y Vania Bambirra, que tuvieron el estatus de refugiados. Mientras unos abandonaron el país antes de 1970, como ocurrió con Paulo Freire, quienes se quedaron, pasaron a ser sospechosos y perseguidos tras el golpe militar de 1973. Algunos fueron detenidos y conducidos al Estadio Nacional, campo deportivo que albergó a muchos, mientras que otros tantos debieron asilarse en embajadas o buscar protección en casas de amigos y conocidos, al menos hasta la llegada de la acción oficial de ACNUR. El brasileño Enio Bucchioni recuerda haber sido torturado estando detenido en el Estadio Chile junto a Dirceu Mesías. “Después de eso, ambos fueron enviados al Estadio Nacional […]. Permanecieron meses allí, aunque se encontraron sólo una vez” (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 2015).

Con el establecimiento de ACNUR se comenzó una tarea de apoyo a quienes se encontraban solicitando refugio, o que ya ostentaban dicha condición jurídica. En observaciones generales presentadas por la Comisión de Derechos Humanos se señalaba que, por informaciones que habían sido recogidas, un significativo número de refugiados políticos “fueron objeto de malos tratos. Algunos aparecieron muertos, pero no se podría afirmar, sin una investigación a fondo, si esas muertes fueron el resultado de refriegas con el ejército o el resultado de fusilamientos” (CIDH, 1974).

Frente al nuevo gobierno, la CIDH envió a Chile a su Secretario Ejecutivo Luis Reque, para recoger antecedentes sobre las denuncias contra los derechos de un grupo de ciudadanos (CIDH, 1974). A partir del informe realizado en aquella visita se generaron una serie de comunicados entre el presidente de la Comisión y autoridades del gobierno de la Junta Militar, entre las que destaca la correspondencia con el Vicealmirante Ismael Huerta Díaz, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en ese momento (CIDH, 1974). Esta y otras comunicaciones muestran la labor de la Comisión encargada por la OEA y de otros organismos como ACNUR y el Comité Nacional para Ayuda a los Refugiados (CONAR).

En el primer informe, Reque había llamado la atención por cuatro ciudadanos brasileños detenidos y con paradero desconocido. Ante esta y otras situaciones de abuso, el día 24 de octubre de 1973, desde Cali, Colombia, la Comisión solicitaba al Gobierno de Chile una pronta respuesta sobre este asunto. “La Comisión que tengo el honor de presidir ha recibido en el día de ayer, durante las sesiones que viene celebrando en Cali (Colombia), el informe preparado por su Secretario Ejecutivo” (CIDH, 1974). Continuaba la denuncia, requiriendo al Gobierno para que entregara información acerca de los ciudadanos brasileños, que hasta la fecha se encontraban desaparecidos:

Luis Carlos de Almeida, brasileño, profesor de la Universidad Técnica del Estado, que fue detenido y luego habría desaparecido. Tulio Quintiliano, brasileño, ingeniero, detenido y conducido al Estadio Nacional y luego al Regimiento Tacna, desaparecido después. Roberto Metzer, brasileño, funcionario de FLACSO, detenido el 12 de octubre y llevado al Estadio Nacional, luego desaparecido. Antonio José Barros, brasileño, arrestado y luego desaparecido (CIDH, 1974).

Esta solicitud tuvo respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores el día 26 de junio de 1974. En ella el Vicealmirante Huerta entregaba un reporte donde afirmaba que estos detenidos estaban fuera del país.

Luis Carlos de Almeida. Brasileño. Se asiló en la Embajada de Suecia. Viajó con fecha 16 de noviembre de 1973, con destino a Estocolmo. Roberto Metzer Thomas. Brasileño. Fue expulsado del país y viajó, por intermedio del C.I.M.E., a Suiza con fecha 7 de noviembre de 1973. Antonio José Barros. Brasileño. Fue expulsado del país y viajó por intermedio del C.I.M.E., a Suiza con fecha 3 de enero de 1974 (CIDH, 1974).

A pesar de la información oficial entregada por el Ministerio no se logró establecer el paradero de alguna de estas personas. Luis Carlos de Almeida se encuentra desaparecido luego de estar detenido en el Estadio Nacional (Comissão da Verdade, 2014). Lo mismo sucedió con Tulio Quintiliano Cardoso, quien, al igual que otros ciudadanos, sigue en condición de desaparecido (Informe Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996; CIDH, 1974).)

La esposa de Quintiliano, Narcisa Verri Whitaker, quien había salido de Brasil el año 1970 asilándose en Chile, tras la desaparición de su marido, solicitó salida, a través de la embajada de Suecia (MINREL, 1975) En entrevistas con Denise Rollemberg, recuerda parte de su estadía en Chile, la desaparición de su marido el día del golpe de 1973 y el asilo en la Embajada (Rollemberg, 1995).

Otra suerte corrió José Serra, quien, en entrevista realizada el año 2014, rememora su historia como dirigente político brasileño que debió salir luego del golpe de Estado en su país y la forma en que colaboró activamente con el gobierno de la Unidad Popular. Al igual que muchos otros compatriotas suyos, debió nuevamente buscar refugio en otro país. Como “un exiliado al cuadrado, se define el dirigente político opositor brasileño José Serra, de 72 años…” (La Información, 2014). El testimonio de Serra aporta uno de los registros más interesantes que existe acerca del doble exilio.

En los informes de salvoconductos entregados por el Ministerio del Exterior de 1973-1975, también se encuentran otros casos de este nuevo refugio, entre los que se cuenta a Viania Bambirra, intelectual marxista, una de las propulsoras de la Teoría de la Dependencia y crítica del subdesarrollo periférico, quien se exilió en Chile, participando en el Centro de Estudios Socio Económicos (CESO), organismo que asesoró e influyó en el programa de la Unidad Popular. Luego del golpe, se asiló en la embajada de Panamá en Chile, para salir posteriormente a México, como se lee en el informe de Salvoconducto (MINREL, 1975). También se registra al economista y sociólogo Rui Mauro Marini, quien trabajó en la Universidad de Chile, en investigaciones ligadas a la Teoría de la Dependencia. Buscó en una primera instancia, como muchos otros, asilo en la embajada de Panamá para luego acogerse a las condiciones de refugio en ese país (MINREL, 1975).

Del mismo modo, se debe mencionar a los proscritos por el gobierno militar, entre los que se figuraba Roberto Metzger, funcionario de FLACSO, quien, luego de ser detenido, torturado y conducido al Estado Nacional, fue expulsado de Chile obteniendo la protección de CIME. Metzger fue uno de los que salió desde Chile a Panamá (MINREL, 1975). Este organismo se encargó de todos los casos de expulsión y de quienes debían abandonar el país por orden de las autoridades, entre los que se encontraban 58 ciudadanos brasileños. CIME también facilitó la salida de otros expulsados brasileños como Dirceu Mesías y Enio Bucchioni, ambos protegidos por esta asociación internacional y enviados a Suecia.

Estos registros constituyen un valioso fragmento de la historicidad de estos hombres y mujeres que, enfrentados a la coyuntura, fueron apresados, desaparecidos, asilados, refugiados y/o expulsados de Chile por el régimen militar.

ACNUR, CONAR y representaciones diplomáticas de Argentina, Panamá, Suecia, México, Bélgica, entre otros, tuvieron un papel preponderante al coincidir en otorgar un trato especial a los ciudadanos brasileños y otros extranjeros que se encontraban en Chile. Ambos organismos crearon, por ejemplo. una serie de recintos para acogerlos antes de su salida del país. CONAR logró instalar seis casas de refugiados a partir de los fondos entregados por Naciones Unidas. Estos lugares de amparo gozaron casi de la misma inviolabilidad que las embajadas. Según el Decreto N.º 1308, “el Gobierno de Chile se reservaba el derecho de pedir la entrega de individuos que estén en las casas de refugiados, en caso de tener cargos específicos contra ellos. El Gobierno había ejercido este derecho sólo en tres casos” (CIDH, 1974).

Una de estas casas de refugio se situó en los alrededores de la ciudad de Santiago en el poblado de Padre Hurtado. Al respecto, el secretario ejecutivo de la CIDH Luis Reque señalaba en su informe del 15 de octubre a la Comisión Interamericana que junto con Samuel Nalegach Pons de ACNUR había visitado este Centro, donde se había habilitado hospedaje para 120 personas. En este lugar originalmente funcionaba una escuela de CEPAL. Reque señaló sobre su visita que los servicios básicos estaban en buen estado y que había 120 refugiados, entre los que se encontraban ciudadanos brasileños y de otros países latinoamericanos (Reque, 1974).

A pesar de las condiciones existentes en el país, los esfuerzos desplegados por estas organizaciones permitieron que muchos refugiados pudieran salir de Chile. Los representantes de ACNUR “merecen elogio por la manera eficaz en que se han organizado, con la cooperación del Gobierno de Chile y la creación y actuación del Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados, para alcanzar ese resultado” (CIDH, 1974).

Ligado a lo anterior y con base en los salvoconductos del MINREL del gobierno militar, nos fue posible hacer una revisión pormenorizada de los refugiados brasileños en Chile.

Efectivamente, en julio de 1975, el MINREL distribuyó en todos los puestos fronterizos y distintos departamentos de gobierno como Ministerio de Defensa, y muy particularmente a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y otras instituciones del Estado, un documento oficial donde aparecían los salvoconductos entregados a chilenos y extranjeros entre 1973 y julio de 1975 (MINREL, 1975). En esta fuente, fue posible obtener la nómina de los salvoconductos de las personas a quienes se les otorgó la salida del país durante este periodo.

Esos salvoconductos informados por las autoridades presentan como principales categorías de salida a refugiados, asilados, expulsados y de cortesía. Se consideró como asilados a todos aquellos que se albergaron en embajadas, siendo asumida su protección en conjunto con ACNUR. Por su parte, los refugiados fueron acogidos por CONAR, organismo dirigido por el pastor luterano Helmut Frenz y creado en octubre de 1973 (Frenz, 2006). El gobierno militar autorizó a CONAR para funcionar por un periodo de tres meses; sin embargo, frente a la problemática de los refugiados se amplió su plazo hasta que se lograra solucionar por completo el refugio de cada uno de ellos.

Protección a los refugiados y asilados brasileños en Chile 1973-1975

Con la información relevada, es decir el número de salvoconductos, hemos logrado establecer la cantidad de refugiados brasileños, de manera tal que nos ha permitido sopesar las características de este conjunto.

De acuerdo a los registros entregados por el Ministerio de Exterior, entre 1973 y 1975, de un total de 8.526 salvoconductos concedidos a ciudadanos chilenos y extranjeros, 644 correspondieron a personas de nacionalidad brasileña. En otro informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala a los refugiados brasileños con un total de 688 salidas (CIDH, 1974); es posible que esta diferencia se deba a repeticiones de nombres en datos oficiales y en consideración de aquellos que salieron por la frontera, sin dejar registros oficiales. De los 644 brasileños, se observa la predominancia de hombres respecto de mujeres, con un 67% y 33%, respectivamente. Esta tendencia fue similar para los ciudadanos de otras nacionalidades que obtuvieron estos permisos. Sin embargo, no es menor el número de mujeres acogidas a la condición de refugio.

En las fuentes revisadas se divide a los ciudadanos brasileños de acuerdo a distintas categorías de protección. Son considerados asilados a aquellos ciudadanos y ciudadanas brasileños que, estando en Chile al momento del golpe militar, solicitaron amparo en distintas embajadas. Esta condición de protección fue requerida tanto por personas que se encontraban con anterioridad en calidad de refugiado en el país como por todos quienes consideraron que estaban en peligro por su apoyo al gobierno del presidente Salvador Allende.

Otra de las categorías a considerar es la de refugiado propiamente tal, condición que se concedió a todas aquellas personas brasileñas y de otras nacionalidades que se encontraban amparadas por las leyes de refugio internacional y que, en el nuevo contexto político, solicitaron una nueva protección jurídica, siendo reconocidas y salvaguardadas directamente por CONAR, instancia que se encargó de sacarlas de Chile y conducirlas a un nuevo país de refugio.

También se debe considerar a los que se sindicaban en los registros con las categorías de: deben abandonar y expulsados. En ambos casos, se trató de personas que no fueron reconocidas como ciudadanos refugiados, ni como asilados. En estos casos fue CIME el que mayoritariamente se encargó de su salida. Además, se registra la condición de cortesía, otorgada a familiares de quienes obtuvieron la salida, principalmente, menores de edad.

Como se apreciará en el siguiente cuadro, el MINREL no distingue si entre los asilados, expulsados y los que deben abandonar había ciudadanos que previamente estaban en condición de refugio en el país; por lo tanto, esto nos lleva a considerar en el cuadro las otras características observadas.

Cuadro 1.

Condición de protección otorgada a brasileños en Chile por sexo: 1973-1975.

Chart 1. Protection status granted to Brazilian nationals in Chile according to gender: 1973-1975.

Nota: Elaboración propia. Ministerio de Relaciones Exteriores 1973-1975. Archivo FASIC.

En el cuadro N.º 1, se distingue el predominio de la condición de asilados sobre la calidad de refugiados y de las otras categorías. Es probable que esta situación se haya debido a la urgencia de la protección, encontrando en las entidades diplomáticas que albergaron a los asilados una pronta respuesta ante la contingencia política y la amenaza a sus vidas. La cifra de los que solicitaron la salida por cortesía respondería a la mínima presencia de solicitudes de menores de edad. En tanto el grupo brasileño pertenecía, en gran medida, a personas que apoyaban al gobierno de la Unidad Popular, se solidarizando con el proyecto socialista o bien habían escapado de la dictadura brasileña.

Gráfico 1.
Salvoconductos entregados a brasileños en Chile por sexo. 1973-1975.

Graph 1. Safe-conducts issued to Brazilians in Chile according to gender: 1973-1975.

La información entregada comprueba que, en cada una de las categorías, los hombres fueron los que solicitaron mayoritariamente protección, excepto las llamadas salidas de cortesía, donde hubo más mujeres.

La siguiente información también hace referencia a la sede o lugar donde buscaron protección los ciudadanos brasileños durante los primeros años del “golpe”. Además de las casas de acogida de CONAR, es significativo el número que recurrió a diferentes delegaciones diplomáticos establecidas en el país.

Cuadro 2.

Sedes de asilo y refugio brasileño en Chile: 1973-1975.

Chart 2. Asylum and refuge sites for Brazilians in Chile: 1973-1975.

Nota: Elaboración propia. Ministerio de Relaciones Exteriores 1973-1975. Archivo FASIC.

De los brasileños que se encontraban en Chile y que solicitaron protección, se identifica en los registros que, aproximadamente, 323 estaban en condición de asilo, seguidos por 206 refugiados. Cabe reiterar que, en el primer caso, se buscó a las representaciones diplomáticas de distintos países como lugar de resguardo, siendo las delegaciones de Argentina, Panamá, Suecia y México las que acogieron la mayor parte de estas solicitudes.

En cuanto a los refugiados, estos fueron acogidos exclusivamente por CONAR. Así, de los 644 ciudadanos brasileños declarados en estos salvoconductos, 206 tenían esta categoría. Ellos, al igual que un sector de los asilados en embajadas, fueron parte de los que debieron asumir un doble refugio.

Si se asumen datos totales de la condición de asilo, se observa que cerca de 270 personas buscaron protección en embajadas de América Latina como Panamá, Argentina, México, Venezuela, Colombia y Honduras, desplazando a las sedes diplomáticas europeas, que tuvieron su mayor representación en Suecia con 25 y Bélgica con 10 asilados.

La institución que entrega protección a los refugiados, fuera CONAR o las embajadas, debía proveer un lugar de destino para cada una de estas mujeres u hombres. En el cuadro N.º 3 se observa el destino preferencial por continente.

Cuadro 3.

Destino o nuevo refugio de brasileños asilados y refugiados en Chile: 1973-1975.

Chart 3. Destination or “new refuge” for Brazilians under refugee/asylum status in Chile: 1973-1975.

Nota: Elaboración propia. Ministerio de Relaciones Exteriores 1973-1975. Archivo FASIC.

Si se considera el total de refugiados y asilados, el lugar de destino predominante es a países de América, superando al 65% de opciones. El porcentaje restante se dirigió a naciones europeas. Esta tendencia se modifica si se separa a los refugiados protegidos por CONAR y a los asilados en embajadas, puesto que, en el primer caso, el organismo internacional privilegió la salida hacia países europeos, a diferencia de los otros que se reubicaron o tuvieron un doble refugio en América.

Cuadro 4.

Destino en América de brasileños asilados y refugiados en Chile entre 1973-1975.

Chart 4. Destination in the Americas of Brazilians under refugee/asylum status in Chile 1973-1975.

Nota: Elaboración propia. Ministerio de Relaciones Exteriores 1973-1975. Archivo FASIC.

En América, el destino de estos refugiados y asilados se repartió preferentemente entre Centro América y el Caribe, con 152 registros, y América del Sur, con 128. Para los refugiados que salieron por CONAR se conservó esta tendencia, a diferencia de los que salieron a través de las embajadas, registrando el mismo número de salidas a países de Centro América como a los de América del Sur.

En específico, el lugar de destino principal, tanto de aquellos que tuvieron la categoría de asilados cuanto la de refugiados, fueron países latinoamericanos como Argentina, Panamá y México con 119, 108 y 44 acogidos, respectivamente. Fuera de América Latina, destaca Canadá, que brindó acogida a 23 desterrados.

Evidentemente, países democráticos y con gobiernos civiles fueron los que acogieron una significativa cantidad de refugiados brasileños que salieron de Chile. La excepción fue Panamá, segunda nación de destino de este refugio, que tenía un gobierno militar al mando del General Omar Torrijos. Su periodo se caracterizó por su cercanía con los sectores populares y por la promoción de la igualdad social (Rouquié y Suffern, 1997). Esta situación explicaría la recepción de refugiados en su territorio.

Sobre su llegada a Panamá, Rui Marini señaló: “Depois de uma recepção formal e um pouco tensa, no aeroporto da cidade do Panamá, presentes Omar Torrijos e Manuel Noriega, os asilados fomos transferidos para duas pequenas cidades do interior, Chitré e Las Tablas, cabendo ao meu grupo esta última” (Memoria Rui Marini).

Con la radicación de los refugiados en su nuevo país de acogida, concluye el periplo de ciudadanos brasileños, quienes, en consonancia con los valores democráticos, una vez que abandonaron su país encontraron en Chile un lugar donde la utopía socialista era posible. Sin embargo, el corto tiempo de la “vía chilena al socialismo” concluyó abruptamente como para hacer realidad proyectos que se traían desde Brasil y que fueron acogidos en este nuevo país. Las circunstancias llevaron, entonces, a que este grupo iniciara nuevamente la diáspora que los llevaría a otros destinos para dar cauce a sus proyectos de vida.

Conclusiones

El refugio brasileño en Chile es un fragmento traumático de la historia latinoamericana, periodo de golpes de Estado y de dictaduras militares que significaron desplazamientos forzados masivos en gran parte del territorio. En este proceso, hay que reconocer que, sin la participación de organizaciones como ACNUR, CONAR y FASIC, muchos de estos refugiados no habrían podido lograr sobrevivir a la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.

Al observar los salvoconductos y los informes de la ONU, se puede constatar que algunos de los refugiados brasileños que debieron partir a otros países de América Latina, como Chile, se encontraron nuevamente con otro golpe militar, que sellaría sus vidas con un nuevo desplazamiento, un nuevo refugio (Sznajder y Roniger, 2013).

Para muchos la problemática del refugio se agotó solo en el reconocimiento de la existencia del mismo; sin embargo, a medida que han pasado los años, el interés por estas temáticas ha tomado un nuevo impulso. Reconociendo los avances de la última década, a nuestro juicio, aún se carece de un registro pormenorizado y análisis específico de estos desplazamientos forzados que permita observar casos particulares. Deuda que en este artículo se salda parcialmente.

Tanto la representación descriptiva como gráfica aportada en este artículo permiten rescatar la historicidad del refugio brasileño, su peso cuantitativo, género, condición de refugio y sus destinos finales, así como la reedición de la experiencia de vivir por segunda o tercera vez en la condición límite de lo que hemos denominado el “doble refugio”.

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Notas de autor