1. Introducción

El estudio de la construcción del Estado en América Latina postindependencia sigue siendo uno de los temas preferidos por la nueva historia política, en especial la preocupación por saber cómo se fueron organizando políticamente estas sociedades y cómo las elites y sus entornos partidistas se abocaron a la tarea de implementar un nuevo orden, a imagen y semejanza del republicanismo que previamente se había estado desarrollando en las antiguas trece colonias británicas de Norteamérica y en la Francia posterior a la revolución de 1789. En este ambiente de creación política, las ideas ejes del republicanismo –la libertad, el gobierno de las leyes y las virtudes cívicas– sirvieron de guía para estas nacientes repúblicas (Annino, 1995, p. 25-30; Carmagnani, 1994, p. 44-45; Chiaramonte, 1982, p. 54; Vázquez, 1995, p. 33).

Pasar de esos ideales abstractos –sin duda, para la mayoría de la población– a la aplicación práctica fue un verdadero desafío para las elites, aplicación que asumió formas distintas en cada territorio ahora libre de España según la idiosincrasia e intereses locales. En cada lugar, el proceso político, que buscaba la conformación de un nuevo orden, estuvo caracterizado por la violencia que se expresaba en recurrentes motines y asonadas llevadas a cabo tanto por conservadores como por liberales (Ávila, 2010, p. 125). No obstante, e independientemente del tipo de gobierno que aspiraban los actores políticos, el carácter, naturaleza y alcance de la ciudadanía fue un punto de permanente conflicto, una ciudadanía que estaba pensada principalmente sobre la base de criterios económicos. De hecho y durante largas décadas, el carácter censitario de las votaciones y las condiciones sociales de las personas marcaron la pauta de quienes debían ser ciudadanos en la mayoría de los países (Sábato, 1997, p. 12, 13). La idea de crear una república moderna con una comunidad política integrada por ciudadanos iguales en derechos y deberes parecía aún lejana, más aún la posibilidad de que todos pudiesen participar, independientemente de su color de piel.

Ahondando en el hecho de que la construcción del estado republicano y la ciudadanía fue distinta en cada país, resulta también relevante señalar que –incluso dentro de un mismo país– la construcción fue divergente, llena de tensiones y conflictos. La lucha por la defensa de lo regional frente a las aspiraciones centralistas marcó una ruta que se expresó en torno a las diferencias entre un centro capitalino y una periferia rural y provincial (Illanes, 2003, p.225-227); lucha que, además, debiera ser entendida no solo como una defensa de intereses económicos de parte de las elites de aquellos espacios geo-históricos regionales, sino también como una defensa emocional de un territorio que les otorgaba sentido de pertenencia (Carmagnani, 1994, p. 50).

En este contexto de la creación de una ciudadanía desde los espacios regionales, el estudio de las vicisitudes vividas –como resultado de dicho proceso– en Combarbalá, un pequeño pueblo minero del norte de Chile, nos permite adentrarnos en la realidad política de este pueblo remoto y apartado de Santiago y analizar cómo su elite recibió las ideas republicanas que les presentaba el nuevo orden, situación repetida en otros lugares de Hispanoamérica en aquellos instantes (Metcalf, 1992, p. 24-25; Tío, 2001, p. 85-89). La opción por un análisis focalizado de este espacio local se justifica por varias razones: primero, porque permite mostrar la historicidad de estos lugares, sus proyectos y aspiraciones en momentos de construcción del Estado nacional; segundo, porque la observación de este rincón de la república ayuda a comprender lo que podríamos definir como el rayo esencial del orden republicano que se estaba construyendo (orden, justicia, inclusión política, respeto a los derechos y la educación republicana, entre otros puntos); y tercero, porque, de esta forma, se puede esquivar la tradicional visión centralista, uniformadora y generalizadora de una historiografía clásica que sigue reconociendo la fuerza del centro capitalino (Veliz, 1980, p. 12; Villalobos, 1988, p. 112-113).

La pregunta por la constitución de la ciudadanía indudablemente se relaciona también con la dimensión de lo social en cuanto a la ubicación y el rol que desempeñan sus habitantes en el contexto de la estructura de la sociedad de Combarbalá. Ello porque –y es lógico pensarlo de esa manera para esta época de estudio– no todos los grupos o sujetos sociales participaron (y si es que participaron) de modo semejante en la construcción del orden republicano y en el dominio de los “derechos ciudadanos”. Por tanto, este aspecto nos obliga a centrar la mirada en la sociedad primero y desmenuzar analíticamente dicho orden social. En segundo término, nos concentraremos en el estudio de los sujetos de la elite de la villa, sujetos que, como se ha estudiado para otras partes de Hispanoamérica, eran los dueños del poder político local, de los recursos económicos e incluso de las vidas de campesinos y mineros (Balmori, 1990, p. 25-27; Cavieres, 1993, p. 12-18; Chiaramonte, 1991, p. 30).

2. Un pueblo como muchos en América

Los inicios de la villa de Combarbalá son inciertos como sucede con la mayoría de los pequeños pueblos y aldeas de buena parte del territorio chileno. Más allá de la formalidad oficial de su fundación en 1789, resulta difícil precisar una fecha de ocupación del espacio circundante, aunque se sabe que previo a la llegada de los españoles la cultura diaguita y de los molles vivían en el lugar. Como resultado de la llegada de los españoles provenientes desde el virreinato del Perú, esas culturas indígenas fueron las primeras en territorio chileno de ser dominadas, absorbidas y amestizadas por los españoles. Con todo, y con un crecimiento demográfico lento pero constante, hacia fines del siglo XVIII tenemos una población compuesta principalmente de “españoles” y otras personas provenientes de localidades cercanas, como La Serena y Coquimbo, las que tendieron a ubicarse en planicies y quebradas circundantes, estimulados por la minería del oro, plata, azogue, cobre y hierro (Guarda, 1978, p. 102; CG, vol. 33, pieza 30, fjs. 379-382v). Ya, hacia mediados del siglo XIX y como resultado del desarrollo de la actividad minera, la población se había incrementado notablemente llegando a quintuplicarse (Pérez, 2010, p. 57-60).

Figura 1.
Combarbalá, región de Coquimbo.

Figure 1. Combarbalá, Coquimbo region.

Fuente: Enrique Espinoza, Jeografía descriptiva de la república de Chile, Imprenta i Encuadernación Barcelona, Santiago, 1897, mapa N° 11. Source: Enrique Espinoza, Jeografía descriptiva de la república de Chile, Imprenta i Encuadernación Barcelona, Santiago, 1897, map no. 11.

El estímulo minero, al igual como acontecía en otras localidades de Hispanoamérica, trajo también consigo el aliciente financiero y la actividad comercial, sobre todo el tráfico de pastas de plata que se necesitaba al otro lado de la cordillera de los Andes, en las comarcas del Río de la Plata (Palomeque, 2006, p. 257). Llegada la época de verano, recuas de mulas cruzaban los pasos cordilleranos a cargo de una tropilla de arrieros que, de regreso, volvían con productos agrícolas, principalmente yerba mate (Lacoste et al., 2014, p. 45-46; CG, vol. 147, fjs. 223-226). La actividad dependía del financiamiento de algún gran comerciante, minero o terrateniente de la zona central de Chile, los que viendo las posibilidades del negocio fungían como habilitadores de la minería, así como también de estos arrieros de origen principalmente mestizo, personajes que se transformaron en el sujeto social típico de la zona (CG, vol. 881, pieza 2, fjs. 9-16v). El comerciante inversionista, grande o mediano, era especialmente necesario en Combarbalá, ya sea como “aviador” de pequeños extractores de mineral, o como contratista de arriería. El empresario José Tomás Urmeneta, un hombre de negocios de origen vasco de trascendencia nacional en Chile, tenía pequeñas inversiones en las cercanías de Combarbalá, en las minas cupríferas del Negro y Parral. En estas desarrollaría mayores trabajos a partir de 1884, pero las había adquirido y hecho funcionar varias décadas antes, en la época que nos ocupa (Vicuña, 1883, p. 222; Nazer, 1994, p. 125-128). Por otro lado, tenemos el caso del británico Guillermo Gahs, vecino residente en la villa, como un ejemplo de esto, aunque no era propiamente un comerciante de los metales o pastas, sino que un almacenero que además actuaba como prestamista a los mineros en el pueblo (NC, vol. 2, fjs. 57-57v.). Esta necesidad se daba en Combarbalá quizás más que en cualquier otro pueblo o asiento minero del interior del “norte chico” chileno. Al estar la villa ubicada a 50 leguas del puerto de Coquimbo, los costos de transacción para la actividad exportadora hacia 1840 eran de los más elevados en la región, con un promedio de 16 reales por la carga transportada (Gay, 1862, p. 235). Junto con la distancia referida y lo accidentado de los caminos, unas 4.000 mulas se calculaban para transportar el promedio anual de 37.000 quintales de cobre extraídos entre Combarbalá, Petorca e Illapel (Godoy, 2012, p. 77).

En Combarbalá la extracción de pastas y la producción de metales fue desarrollada principalmente por la inversión extranjera (o externa). El horno de reverbero, introducido por Carlos Lambert en la década del treinta en la villa, es un ejemplo de la presencia británica en la minería de Combarbalá. Además, entre las décadas de 1820 y 1830, se produce un auge en la importancia de estas explotaciones, debido a una imparable apertura de la economía chilena (y especialmente de esta región) al mercado global, cuestión que no iba a decaer sino hasta la década de 1870, ya en los preámbulos de la Guerra del Pacífico (Nazer, 1993, p. 86; Ortega, 2005, p. 59-76). Por lo que las condiciones económicas derivadas de la producción local que se exportaba, principalmente la minera, configuraron un cuadro de estabilidad hacia mediados de siglo en la villa. Así, en 1833, se contaban en el pueblo 11 hornos comunes, que eran alimentados por la materia prima de 26 minas de cobre en su jurisdicción (Rees, 2016, p. 183). Conocemos de estos yacimientos la mina del cerro San Lorenzo, la de La Culebra, la del Parral, que ya hemos mencionado, la de Santa Gertrudis, todas de cobre sulfúreo, y la de Cárcamo con cobre, plomo y oro (Domeyko, 1860, p. 373-379). Probablemente la más importante de estas minas era la de Los Sapos, de donde se sacaban cobre y plata, que estaba “casi a la vista del pueblo” (10 km al norte) y que, según recordaba Benjamín Vicuña Mackenna, “en pocos años labró sin esfuerzos i casi sin hornos, la cuantiosa fortuna de los Varas” (Vicuña, 1883, p. 368).

El reconocimiento como villa en 1789 significó para Combarbalá tener su cabildo propio y con ello lograr su autonomía respecto de la ciudad cabecera de La Serena (Espinoza, 1897, p. 153); aspiración que respondía al clamor de sus vecinos pudientes tal como aconteció en otras partes de América (Fregoso, 2007, p. 290-292; CG, vol. 520, pieza 5, fjs. 72-162v.) y que, además, debe ser entendida en el contexto del significado protoliberal de las reformas borbónicas, como lo señaló Horst Pietschmann en su interesante estudio para México y en donde precisa la relevancia política de las reformas económicas impulsadas por los borbones a fines del siglo XVIII (Pietschmann, 1991, p. 174). Sin embargo, e independientemente de este impulso liberal, la villa en las primeras décadas del siglo XIX no era tan atrayente para la gente de la zona, en comparación con el eje La Serena-Coquimbo, o el puerto del Huasco. Esto debido a su pobreza material circundante, su aislamiento en los cerros del interior, y donde sus edificios más emblemáticos consistían en la presencia de una modesta capilla ubicada en la plaza central, la que era mantenida por dos familias de la clase dominante local (Amenábar y Varas), la fábrica de aguardiente y el molino de propiedad de Francisco Toro, y las tres pulperías que vendían y fiaban mercaderías de abarrotes (CG, vol. 18, pieza 17, fjs. 204-424). La inexistencia de una casa “consistorial” para las reuniones del cabildo completaba dicho cuadro, situación que obligaba a la elite local a sesionar en casa del alcalde o en la del gobernador de turno (GC, vol. 1, fjs. 35-36.).

Una imagen más detallada se obtiene del censo de 1854, contabilizándose en su planta urbana 387 viviendas: 125 fueron registradas como casa y el resto señalados como ranchos y cuartos, que era la vivienda de los pobres (Salinas, 2005, p. 11-15). Para entonces ya se había construido una cárcel como también el cuartel de la Guardia Cívica. Se sumaban, además, a los molinos ya existentes, otros dos ubicados en los extremos norte y sur de la villa; una fundición de metales de cobre llamada Arrayán, ubicada en el sector de Ramadilla y que daba trabajo a 76 personas, hombres, mujeres y, en algunos casos, a familias completas. En la fundición, establecida durante la primera mitad de los años treinta, una suerte de división del trabajo por género separaba a los varones que se encargaban de las labores de fundición, transporte de metales y de jornalero respecto de las mujeres, ocupadas en el servicio doméstico, cocinando, lavando y remendando ropa (IC, vol. 304, fjs. 35-43). Su dueño, el comerciante José del Carmen Llos, apoyado en su mayordomo José Chavarría, dirigía personalmente las faenas de los hornos y las máquinas. Pese al dominio sobre el establecimiento, Llos mantenía una deuda de capital con el mismo Chavarría y sobre todo con Santiago Varas, miembro de la poderosa familia de terratenientes, por lo que buena parte de las ganancias iban para este último, mientras que Chavarría hacía las veces de su representante en terreno, en las faenas (NC, vol. 1, fjs. 25-26). Por otra parte, durante las primeras décadas del siglo, en las afueras de la villa existieron seis grandes chacras o propiedades agrícolas, donde se cultivaban frutas y hortalizas que se vendían a la población local.

Cuando comienza a surgir el Estado chileno independiente, durante un complejo proceso político y guerra contra la monarquía española, la villa de Combarbalá y toda su jurisdicción eran claramente marginales. Prácticamente solo existía como un espacio perdido, casi aislado, ideal como lugar de relegación de los enemigos políticos durante el primer período revolucionario o como un pueblo –como tantas otras localidades– utilizado para el reclutamiento de tropas “patriotas”. En ese contexto, y desde la perspectiva política de la presencia del naciente Estado en la villa, un funcionario rendía directamente cuentas al intendente de lo que pasaba en el lugar. A partir de la década de 1820, este era un teniente gobernador, como autoridad política local, uno de los cinco tenientes gobernadores de la Provincia de Coquimbo. Junto a su misión de gobierno, se encargaba además de recaudar impuestos. La villa también contaba con una oficina de recaudación de impuestos dependiente del Ministerio de Hacienda ubicado en Santiago. Respecto al orden público existía un “cuerpo de serenos” que fungió como cuerpo policial durante esta primera mitad del siglo (Bernedo et al., 2014, p. 123-127; López, 2016, p. 189; Palma, 2016, p. 509). Todo este despliegue estatal estaba acompañado de un encargado de la oficina de correos, que hacia 1854 tenía declarado una entrada por concepto de impuestos de 79 pesos, modesta cifra que da cuenta de la relativa utilización del servicio, en un pueblo donde pocos escribían y leían. De hecho, la documentación oficial declaraba la existencia de una escuela pública con 54 alumnos, que en época de faenas mineras bajaba su número llegando incluso a cerrar por “falta de niños” (Memoria, 1842, p. 48). Época aciaga, sin duda, para el único preceptor del pueblo que, aunque ganaba 300 pesos anuales, vivía la contrastante realidad de una educación republicana. Esta, mientras propugnaba la instrucción escolar, en el caso de la población de Combarbalá se topaba con la necesidad familiar del trabajo de todos sus componentes, incluyendo los más pequeños.

3. La estructura laboral

Los datos censales de 1854 nos entregan un panorama de la estructura laboral de la población de la villa, así como también permiten adentrarnos en los oficios, condiciones de vida, nivel de ingresos y grados de dependencia de sus habitantes; en suma, otorgan indicadores de la situación económica del lugar. Además, conocer el mundo del trabajo nos ayuda a entender mejor el peso de cada una de las actividades productivas de Combarbalá y, por otro lado, nos aproxima a una idea respecto del nivel de participación de la población en la vida económica.

Hacia mediados de siglo la población total de la villa era de unas 2.646 personas. De ellas, el 35,7% (945 habitantes) correspondía a la población económicamente activa y que fluctuaba en un rango de edades que iban de los 10 a los 70 años. La ocupación masculina con más frecuencia declarada era la de jornalero (130 personas), personaje que en el censo se le menciona también con el término de jornal, equiparable al peón-gañán (trabajador no calificado del ámbito rural) del valle central. El jornal, mano de obra principal en la zona durante buena parte del siglo XIX, corresponde a la de un trabajador no calificado, libre de desempeñarse en distintas faenas mineras pero, a la vez, con mucha inestabilidad y bajos salarios; en otras palabras, los jornaleros recibían un salario “de preso”, equivalente a 5 pesos mensuales, que les garantizaba por lo menos poder comer alguna vez en el día para no desfallecer de hambre (Quiroz, 2012, p. 94; Salazar, 2000, p. 154).

La segunda ocupación en importancia era la de “minero” (117 personas), compuesta mayoritariamente de varones que vivían en “casas” o “ranchos” ubicados en la periferia de la villa. El concepto minero englobaba a grandes y pequeños mineros, es decir, desde el propietario de un trapiche o mina, pasando por el modesto dueño de un pequeño retazo de terreno, hasta el minero asalariado. Es probable también que muchos de los referidos como “jornaleros” hayan participado en las labores mineras o en faenas relacionadas a estas, como el trabajo en fundiciones y trapiches. La importancia de la actividad minera se advierte, además, por un conjunto de oficios declarados por los habitantes de la villa y sus inmediaciones: los “barreteros”, encargados de cavar hoyos en los piques y zanjas, separando las rocas con un chuzo; el “apir”, que transportaba las rocas en una especie de mochila o capacho sobre su espalda; los canteros o “chancadores”, que manipulaban la roca separada; los “fundidores”, el “oficial de horno”, los “trenzadores”, “tabarteros”, el “calderero” y el “tratador”, que trabajaban en la Fundición del Arrayán ubicada en la parte norte de la villa (IC, vol. 304, fjs. 1-70).

En lo que podríamos denominar la “planta urbana”, la ocupación más importante era la de comerciante. Veintiocho personas –todos hombres salvo cinco casos, una mujer soltera y cuatro esposas de comerciantes– declaraban ganarse la vida en el comercio, que se ubicaba sobre todo en la parte sur de la villa. En la realidad, una parte de la casa familiar se utilizaba para almacén. Vivir en casa y no en rancho, como lo hacía el jornalero o la lavandera, marcaba la distancia social de las personas (Salinas, 2005, p. 27). Muchas mujeres trabajaban en esas casas de los comerciantes, desempeñando principalmente labores de costureras, cocineras y lavanderas. El censo al respecto presenta la cifra de 112 mujeres costureras, 85 “tejenderas” de hilos y lanas, 56 “hilanderas”, 45 cocineras y 37 lavanderas. Esta realidad muestra la participación laboral de las mujeres en el “espacio privado”, mujeres provenientes de estratos populares que complementaban con su trabajo el salario familiar, traído por sus maridos en el trabajo pesado en la minería y la agricultura (Valdés, 2012, p. 434).

Por último, del censo también se desprende la actividad agrícola de los habitantes de la villa, donde 56 personas declararon ser “labradores” y 48 “agricultores”. Se entendía por “agricultor” a toda persona dedicada a la actividad agraria, fuese propietario (grande o pequeño), arrendatario o un inquilino (Cochut, 1860, p. 14-27). También en este grupo los arrieros (47 personas) aparecen como personajes claves, por la relevancia de la actividad que conectaba el mundo minero y campesino. Este mundo agrario se entiende, en el caso de Combarbalá, como el resultado de un polo de desarrollo minero que estimuló la economía agraria, situación que no es extraña para otras realidades de América Latina donde la minería impulsó el cultivo que alimentaba a mineros y trapicheros (Assadourian, 1982, p. 14; Brading, 2015, p. 233; Contreras, 1987, p. 43-44).

4. La propiedad de la tierra

De las actividades productivas que se deducen del panorama laboral de la villa, un factor complementario y condicionante de la economía local estaba relacionado con la tenencia de la tierra, fundamental para el desarrollo de la minería y la agricultura. Es lógico pensar que quien era propietario de la tierra, en mayor o menor medida, controlaba una parte de esta producción o, al menos, recibía algún rédito de dichas actividades. Según consta de la información levantada a petición del visitador español José Antonio de Areche en 1780, la villa y su partido presentaban ya una fisonomía agraria donde la gran propiedad predominaba. De hecho, en las inmediaciones del sitio del pueblo estaba la hacienda del Quintal que, según descripciones, contaba “con ganados mayores y menores, molino de pan y viña, ésta se llama considerable respecto de las demás haciendas y tierras [...]”. El informe de Areche señalaba, además, que en todos los fundos se cortaba madera de algarrobos, se explotaban vetas de plata y oro y principalmente se cultivaba trigo que era vendido en pequeñas cantidades tanto dentro como fuera de Combarbalá. Por otra parte, en el sector de Cogotí –un valle que en la época representaba el “granero de Combarbalá”– se destacaba que “[...] la mayor parte se reduce a la hacienda de viñas y estancia de Doña Xaviera Martín [en realidad es Marín], viuda de don Fernando Varas, y otros pedacillos de tierras de algunos pobres”. Tanto los molinos de pan, trapiche para metales y viñas de Cogotí –cercanas al pequeño río homónimo– pertenecían a la hacienda de los Varas-Marín. Fuera de los límites de esta hacienda, campesinos pobres vivían “como arrendatarios […] agregados a esta hacienda principal” (De Solano, 1994, p. 206).

Figura 2
Cogotí, localidad de Combarbalá 1837.

Figure 2. Cogotí, town of Combarbalá 1837.

Fuente: Grabado en Claudio Gay, Atlas de la historia física y política de Chile, Tomo I, en la Imprenta de E. Thunot, París, 1854, lámina N° 54). Fuente: Reproduced in Claudio Gay, Atlas de la historia física y política de Chile, , Volume I, Printing House of E. Thunot, Paris, 1854, plate no. 54).

Los Varas eran oriundos de La Serena. Fernando Varas Aguirre –el dueño de las haciendas y esposo de la citada Javiera Marín– era un destacado vecino de aquella ciudad, ocupando los cargos de Fiel Ejecutor y Regidor entre los años 1764 y 1785 respectivamente(CG, vol. 799, pieza 23, fjs. 84-93). Sabemos que en el siglo XIX siguieron siendo grandes propietarios en el sector de Cogotí gracias a la estrategia familiar de donar las tierras al hijo mayor, Juan Nicolás Varas, y después a su otro hermano Juan de Dios Varas. Hacia 1825, según el testamento del heredero Juan Isidro Varas, la hacienda contaba con la casa patronal, oficinas de administración, granero, trapiche “para moler” metales y otros “cuartos”. Allí y sin hijos, vivía junto a su esposa (su sobrina) Mercedes Varas (NC, vol. 1, fjs. 10-13v.). La estrategia del matrimonio interfamiliar era una costumbre común en las elites con el fin de mantener indivisa la propiedad rural (Balmori et al., 1990, p. 26).

El catastro agrícola de predios rústicos –que comenzó a hacerse por orden del gobierno central a fines de 1832– muestra que los Varas siguieron detentando el dominio de estas propiedades, así como también se observa una nueva estrategia familiar exogámica, abriéndose a relaciones de parentesco con otras familias importantes de la zona como los Solar y Recabarren. Los Solar originalmente eran una familia de mercaderes –comercializadores de metal en barra o pastas–, activos desde la época colonial y con conexiones hacia el norte (Arica) y el sur (Santiago-Valparaíso), así como con Buenos Aires (Méndez, 2009, p. 209-210). El catastro evidencia la existencia de 83 propietarios en el partido, donde los más importantes eran Santiago Varas, Miguel Varas, José Antonio Varas y Manuel Varas, que se repartían la gran propiedad en Cogotí, junto a las viudas Trinidad Recabarren –emparentada con la familia Varas– y Damiana Sierra (CM, vol. 3.718, fjs. 18-19). En el resto del partido, los terratenientes importantes eran Jacinto Vargas, José María del Solar –también familiar de los Varas y parlamentario durante la década de 1830–, Bruno Umanzor, Francisco Toro (miembro del municipio) y Gregorio Cortés y Monroy, este último miembro de una importante familia serenense. En suma, entre fines de la década de 1780 y la consolidación del orden republicano conservador –y de la gran producción minera en la localidad hacia 1830, los catastros agrícolas no muestran grandes cambios en la propiedad de la tierra, siendo la familia de los Varas –y otras emparentadas con ellos como los Vargas o Solar– los que mantuvieron su posición hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX.

Las contribuciones que pagaban solamente estos grandes propietarios –cuyos fundos eran iguales o superiores a una tasación de 200 pesos– sumaban 302 pesos anuales, es decir, el 74,2% del total de fundos del partido de Combarbalá (DGE, vol. 3, s.f.). Hacia 1852 varios de estos personajes (o sus familias) seguían detentando buena parte de la propiedad de la tierra como, por ejemplo, los Varas en la zona de Cogotí y los Vargas en la hacienda de “Valle hermoso y Ramadilla”. De todas maneras, el cuadro de los terratenientes para esa época había cambiado, emergiendo personajes como Tomás Lizondo –miembro del municipio local–, los Vargas de Valle hermoso, los Naveda en el sector de Pama, Manuel Varas Solar, Feliciano Cuadros, José Antonio Varas, Miguel Varas Solar, Romualdo Varas Recabarren, José María del Solar y Bruno Umanzor en el sector de “Chañaral alto”, y Pedro Cortés Monroy en su hacienda de “el Durazno” (MH, vol. 237, fj. 82).

El cuadro se completaba con familias de medianos propietarios, los que, a través de la compra de tierras, fueron cambiando su realidad social desde fines de la Colonia, pasando de ser sujetos urbanos y destacados comerciantes de la villa a dueños de la tierra. El proceso es similar al vivido en otras localidades de Chile e Hispanoamérica en cuanto a que el prestigio y el dinero obtenido como comerciantes les permitió acceder a la tierra y a los cargos del cabildo. Algunos de estos nuevos propietarios provenían de fuera de la villa y entre ellos se contaban también extranjeros dedicados al comercio y la minería. Así, vemos, por ejemplo, al militar Francisco Campos Guzmán, quien era natural de Santiago y que fue nombrado durante el gobierno de Manuel Bulnes como gobernador de Combarbalá. Los registros lo muestran siendo dueño de una estancia de valor mediano, calculado en 100 pesos de rédito anual, en el sector de “Ramadilla”; allí vivía junto a sus hermanos de ocupación comerciantes, Ignacio y Ambrosio, y su esposa, Luisa Jiliberto, perteneciente a una antigua familia local, como veremos más adelante (MH, vol. 237, fj. 82).

La fisonomía social y económica se completaba con otros medianos propietarios que fueron adquiriendo importancia en la villa, como resultado del desarrollo de sus ocupaciones urbanas, principalmente como comerciantes: Rafael Ledesma, dueño de un predio cerca de Ramadilla; José Gallardo y su hermano Nicolás, en Cogotí; el cabildante y pulpero Hilario Jiliberto y su hermano José del Carmen, dueños de los predios “Las Higueras” y “La oyada”; Manuel Castañón, también cabildante, que poseía el predio de “La Vega”; Apolinario Lillo, cabildante y comerciante dueño de “El bajo”; Jacinto Zuares, propietario de “Los Romeros”. Este grupo medio o medio-alto se completaba con tres extranjeros: el comerciante francés Felipe Betelin, avecindado en la villa y casado con la coquimbana Carmen Castellanos, dueño de la propiedad “San Felipe” y que poseía una tienda en la villa (NC, vol. 2, fjs. 14-15); el británico José Guillermo Osben, dueño de una oficina minera y de hornos de reverbero; y Guillermo Gahs (o Garth), un inglés agricultor y minero, dueño de un predio en Cogotí. Todos ellos pagaban entre 25 y 70 pesos de renta anual por sus fundos (Ducoing y Pacull, 2017, p. 77-96). Todos ellos – propietarios, empresarios y funcionarios– llegaron a tener una participación electoral activa como ciudadanos habilitados para votar durante las décadas de 1840 y 1850 (SCL, tomo XXXIII, p. 25-27.) Un caso aparte respecto de la propiedad de la tierra lo representaron los Osorio. No eran grandes propietarios, pero sí estaban dedicados a las labores de minería, principalmente a la comercialización del cobre por parte de Pedro Juan Osorio –hijo del trapichero de Aconcagua Blas Osorio–, quien fue diputado por Combarbalá en dos ocasiones (1822 y 1825) y desempeñó otros cargos provinciales, que le permitieron a esta familia ser importante en la villa en las décadas siguientes (Méndez, 2009, p. 234-235).

La documentación de la propiedad territorial en el partido de Combarbalá muestra el lento proceso de concentración de esta durante la primera mitad del siglo XIX. De las 83 propiedades que fueron registradas en 1832, hacia 1853 existían solo 71; dos de estas propiedades pertenecían al mismo dueño, lo que evidencia a importantes familias monopolizando la tierra, entre ellas, los Varas, los Solar, Vargas y Cortés Monroy. Sin embargo y junto a este proceso de acaparamiento, se advierte también como, desde la década de 1830, nuevos sujetos sociales comenzaron a adquirir tierra mediante remates, como aclara el acta de la asamblea municipal que señala:

Que siendo una de sus primeras obligaciones atender a la tranquilidad pública y buena armonía en el vecindario que se había perturbado de un modo que parecía difícil que se conciliasen los ánimos por motivo de los remates de los fundos rurales de propios que estaba decretado tuvo a bien suspender estos [...] (GC, vol. 1, f. 36v.).

Una futura indagación sobre la propiedad territorial sobre todo a partir de 1830 podría revelar de forma completa este proceso, confirmando la hipótesis del proceso de dispersión y fragmentación de la gran propiedad rural. Lo que sí podemos concluir aquí, para los efectos de este escrito, es que durante la primera parte del siglo XIX el poder de algunas familias siempre estuvo presente en la villa, de manera directa o indirecta. Pero ello derivaba, entre otras causas, de la posesión de las tierras, aspecto que condicionaba las actividades productivas y, por ende, a la mayoría de los habitantes de Combarbalá.

Se desarrolló entonces una dependencia desde el punto de vista económico, que afectaba a todos los otros planos de la vida, y que creemos que configuró por consecuencia un “patronazgo”, usado por estos terratenientes para el dominio político y en los cuales participó también esa suerte de grupo “medio” de los comerciantes más importantes de la villa, en una línea similar a otros casos latinoamericanos. Esto representó la verdadera cara del “liberalismo” republicano, caracterizada por sus límites frente a los modelos teóricos de la modernidad del siglo XIX, y marcada por una realidad social donde la exclusión política era formal y estaba naturalizada, existía en lo concreto una ausencia cotidiana de la presencia del Estado central. La exclusión política y su naturalización es la razón por la cual tampoco surgían motivos de conflictos, en el devenir de la comunidad local (Graham, 2016, p. 169-170; Garavaglia, 2009, p. 81).

5. Ciudadanización, centralismo y municipio local

El proceso de conformación de la ciudadanía en las localidades pequeñas y apartadas de los centros de decisión política sigue siendo motivo de preocupación de los historiadores políticos regionales, sobre todo si definimos ciudadanía como una condición en que viven “los individuos pertenecientes a una comunidad política sujetos a una serie de derechos y deberes dentro de dicha comunidad” (Rodríguez Magda, 2008, p. 253). En el caso de la comunidad de la villa de Combarbalá resulta fundamental entender cómo sus elites se vincularon con el proyecto modernizador que las elites centrales, ubicadas principalmente en Santiago, propiciaban para el país durante estas primeras décadas. En este sentido y con una autonomía limitada, el desarrollo local quedó estando supeditado a las directrices y decisiones emanadas desde el centro.

Por una parte y como en tiempos de la Colonia, la burocracia de la villa siguió siendo seleccionada por las autoridades de Santiago. Basados en el pacto implícito de las elites procentralistas triunfantes en 1830, gobernadores y delegados locales eran directamente designados por el presidente de la República, quien, en virtud de sus facultades, buscaba a sujetos de confianza entre sus familiares, amigos y camarillas de partido. De alguna manera, el ocupar los puestos de la burocracia local por miembros de la elite local y sus camarillas significaba la garantía de la mantención de los privilegios gozados por larga data. No obstante, también significó la molestia de los liberales más exaltados que no veían con buenos ojos esos cargos en manos de foráneos. Ese aspecto, así como también el atraso local, fueron motivos de las tensiones que cada cierto tiempo se manifestaban en la villa; en otras palabras, una clara expresión del descontento regional al centralismo. De hecho, las guerras civiles de 1851 y 1859 en el norte chileno fueron resultantes del descontento a esas decisiones y colusión de las elites procentralista, así como también por prácticas relacionadas al clientelismo, nepotismo y amiguismo.

Las decisiones tomadas en base a la amistad y la confianza abarcaron también en las designaciones de los comandantes de milicias locales. Las milicias cívicas cumplieron un papel vital en la defensa del centralismo chileno. Se sabe que, durante la época colonial y en cada lugar donde existía cabildo, las milicias siempre estuvieron preparándose para eventuales conflictos relacionados con el paso de barcos piratas o asedio de los indígenas a las ciudades españolas. Como ello jamás sucedió por situarse la frontera a la altura de la ciudad de Concepción en el sur y que separó a españoles de mapuches, en el siglo XVIII las milicias periódicamente se mostraban en público en los desfiles en honor al gobernador general o cuando llegaba la noticia del nacimiento de un príncipe en España. En el llamado Campo de Marte, espacio donde realizaban sus ejercicios y escaramuzas, los cívicos practicaban el arte de la guerra casi de manera lúdica.

Sin embargo, en el siglo XIX, la situación cambió por el nuevo escenario político posindependencia. En adelante los sucesivos gobiernos tendieron a instrumentalizarla políticamente para la mantención del orden liberal centralista y conservador, lo que conllevaba la represión de todos aquellos sujetos liberales más exaltados. Así y a cargo de un comandante, generalmente un miembro de la elite local o foráneo, estas milicias fueron las primeras en acudir a sofocar las revueltas de esos grupos exaltados, en especial cuando en 1851 la familia Gallo alzó la bandera del regionalismo y puso en jaque el orden liberal conservador. El ejército profesional llegó después.

Sin embargo, el rol más significativo de estas milicias fue en torno al proceso de creación de ciudadanía y las consiguientes elecciones. El problema de la elite chilena fue el relativo a quien sería llamado ciudadano y que requisitos debían cumplirse para aquello. ¿La ciudadanía sería para todos los grupos sociales como teóricamente lo habían pensado los filósofos de la ilustración y del liberalismo o solo para aquellos que mostraban ciertos atributos de “virtud”?; en otras palabras, el dilema de la igualdad política y social puesta a prueba frente a los miedos de una elite que, ante todo, le importaba más la mantención de sus privilegios. El sistema de sufragio censitario fue la solución. Así los requisitos para ser ciudadano y ocupar puestos en el Congreso o municipios quedaban establecidos en el artículo octavo de la Constitución de 1833 que señalaba:

Son ciudadanos activos con derecho de sufragio los chilenos que habiendo cumplido veinticinco a los, si son solteros, y veintiuno, si son casados, y sabiendo leer y escribir tengan alguno de los siguientes requisitos:

1. Una propiedad inmoble, o un capital invertido en alguna especie de giro o industria. El valor de la propiedad inmoble, o del capital, se fijará para cada provincia de diez en diez años por una ley especial.

2. El ejercicio de una industria o arte, o el goce de algún empelo, renta o usufructo, cuyos emolumentos o productos guarden proporción con la propiedad inmoble, o capital de que habla en el número anterior (Valencia, 1986, p. 174).

Con estas condiciones, el sistema político era no para la elite sino también excluyente en términos sociales por cuanto no podían ser ciudadanos los sirvientes y especialmente aquellos hombres que no sabían leer y escribir, es decir, más del 90% de la población considerada por los censos como analfabeta.

En este contexto político-electoral, las milicias locales de la villa de Combarbalá jugaban un rol importante en los actos electorales para elegir presidentes, diputados y senadores, así como también a los miembros de los municipios. Los comandantes de los cívicos –parte integrante de una red que se iniciaba desde el Poder Ejecutivo y, en las localidades, con los intendentes y delegados–- debían cuidar que las elecciones fueran favorables para la elite centralista garantizando el triunfo de los candidatos oficiales. Así, recibida la orden desde Santiago, intendente, delegado y el comandante de milicias intervenían directamente en las elecciones. Era habitual la práctica de marcar los votos que cada soldado llevaba al momento de sufragar. La cuenta debía coincidir con el total proyectado, que incluía los votos conseguidos a través del soborno y cohecho.

Estas prácticas no eran vistas por la elite como corruptas, pues, para la época, no existía tal percepción. Al contrario, eran vistas como algo normal. Un estudio reciente para México demuestra que las elites usaban estas triquiñuelas con el fin de garantizar la mantención y continuidad en el poder (Gantus, 2016, p. 38-40). Los casos de Combarbalá eran un reflejo de una práctica que se repetía durante casi todo el siglo XIX en las localidades chilenas; indica también que la llamada excepcionalidad del país dentro del concierto latinoamericano –construcción de este imaginario por los historiadores liberales de fines del siglo que tendieron en sus trabajos a ensalzar el liberalismo como modelo y la fundación del Estado nacional– no fue tal y que debiera volver a ser revisado.

En estas explicaciones sobre la dependencia respecto del centralismo santiaguino, la justicia también fue motivo de tensiones. Según la teoría liberal, el poder judicial era autónomo respecto de los otros dos poderes. Se suponía que esa era la forma de evitar la arbitrariedad y la tiranía. Pero en la localidad, los jueces –al igual que las autoridades políticas– no eran elegidos por sus méritos y sabiduría sino designados por el presidente de la República. En base a una terna que se le presentaba, el presidente elegía a sus jueces, verdaderos hombres de confianza del mandatario que, más que cumplir con los roles propios de su cargo judicial, se abocaba a la mantención del orden y defender los intereses de las familias de las elites centralistas.

Resulta interesante conocer las formas usadas por esas familias en el medio local para mantenerse en el poder. La cooptación de jueces y autoridades llegadas desde Santiago marcan estrategias que, mediante matrimonios y compadrazgo por conveniencia, conformaron una vasta red familiar. Pero ello fue el resultado del pacto de los hombres de bien que propiciaban el centralismo. El sistema solo podía mantenerse en la medida que las elites locales compuestas de este pequeño grupo de familias notables se le garantizara la mantención de sus privilegios como, por ejemplo, exenciones tributarias en la explotación minera, libre del pago de impuestos en la compra de tierras y la ocupación de los cargos en los municipios. Exenciones económicas, matrimonios ventajosos y puestos políticos les garantizaran el poder local en la villa, así como también les dieran la tranquilidad de que el proyecto del orden conservador los apoyaría en sus decisiones locales: en la explotación minera que mostró en adelante su cara y ritmo productivo voraz y, en términos sociales, la permanencia de sentimientos y comportamientos señoriales. Así, las principales víctimas de este nuevo orden fueron los pobres, que no solo fueron ignorados y excluidos en la vida política formal, sino también debieron experimentar en adelante un evidente proceso de disciplinamiento social.

Mientras las decisiones que tomaban las autoridades centrales en Combarbalá dependían de la venia de Santiago, los miembros de la elite de Combarbalá lograron que sus prerrogativas e intereses del gobierno local se mantuvieran intactas. El municipio fue el órgano político administrativo que veló por las soluciones de las cuestiones más directas y cotidianas de la villa, situación que no difería mayormente de lo que ocurría en otros pueblos de Chile y de América Latina: era parte de la cultura política de la época y de la creencia posindependencia del retorno de la soberanía a los pueblos que, desde el primer instante, adhirieron a las disposiciones que desde Santiago llegaban en representación de la “nación” (Cavieres, 2012, p. 28-31; Collier, 2005, p. 28-31). No obstante, la nación que se construía aún era débil y en Combarbalá se notaba por la resistencia a esas autoridades extrañas a su cultura nortina; una cultura que comprendía costumbres, fiestas y lenguajes diferentes a lo que se expresaba en el centro. Era una cultura minera, de esfuerzo y de carencias en medio de un mundo de cerros y de desiertos. Así, inventar y crear la nación en Combarbalá, como plantea en su libro Annino, costó más de lo que se pensaba y, cuando se logró, significó ignorar la idiosincrasia del lugar (Annino, 2003, p. 12).

En ese contexto y dentro de las primeras actividades políticas formales, las preocupaciones inmediatas de la elite fue la construcción del edificio del cabildo con el fin de evitar la suspicacia que provocaba la reunión en casa de algún cabildante o en la residencia del gobernador local. Además, y para el buen funcionamiento, se dieron a la tarea de reglamentar la obligatoriedad de las reuniones los días primero de cada mes, así como también ordenar las cuentas de la villa creando el cargo de procurador. El nuevo orden local consideraba también el establecimiento de reglas y protocolos para el buen funcionamiento de la cárcel, de la construcción de obras públicas y, en especial, de la futura organización de los procesos electorales (GC, vol. 1, f. 36.).

Durante el periodo de estudio, la vida política local no estuvo ajena del impacto que irradiaba la política nacional y que se expresaba en una lucha febril entre lo liberal y lo conservador. En Combarbalá la disputa nacional traería consigo la división del grupo elitista entre el bando minoritario que apoyaba las decisiones del poder central santiaguino y aquel que defendía los intereses locales. Así, mientras el triunfo de Portales y del conservadurismo marcaba al país en la década del treinta, en Combarbalá las aspiraciones liberales, lideradas por las familias de la elite minera y comerciante principalmente, se parapetaban defendiendo sus intereses locales y vecinales (Illanes, 2003, p. 56-71).

La discusión liberal y/o conservadurismo se tiñó en la expresión política semántica entre centralismo y/o autonomía provincial que se dio entre los representantes del municipio local y el representante del gobierno central: el intendente; instituciones y sujetos que a cada instante defendían sus competencias jurisdiccionales. Conflictos por la dictación de precios y tarifas, por el control de las calles y de policía, por los márgenes y límites de las localidades son algunos temas que muestran el largo historial de tensiones entre ellos y que el municipio en su memoria recordaba que tradicionalmente siempre habían formado parte de sus obligaciones.

Un punto de roce que nos sirve de ejemplo y profundizar mayormente esta rivalidad dice relación con el tema de la intervención electoral del Ejecutivo que mencionamos en otra parte de este trabajo. Elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales mantuvieron en alerta a la elite de Combarbalá, que veían en ellas la mano del centralismo –a través del fraude, el clientelismo y la cooptación de individuos locales– que quería impedir los derechos ciudadanos de la localidad. En sus miradas, el fraude era la exteriorización de la avidez del centro santiaguino; así, en 1830 por ejemplo, con motivo de las elecciones para presidente, el municipio acusaba la intervención del intendente José María Benavente y del gobernador y hacendado Miguel Varas y Solar, en los sufragios, evento viciado por “fraudes e ilegalidades [al igual] que las que se cometieron en las calificaciones i elecciones anteriores [...]”. El reclamo agregaba que, cual si fuesen agentes del gobierno, los vocales de mesa –un comerciante connotado (Apolinario Lillo), el cura del pueblo y un tal Francisco Macaya– habían actuado adulterando los votos, llevándose las urnas a sus casas y cambiando las papeletas de los votantes (SCL, tomo XX, p. 152).

Ahondando en el ejemplo de Combarbalá, la denuncia de los municipales muestra no solo la intervención irregular del Ejecutivo, sino también el despliegue de la maquinación electoral montada por el gobernador, el cura, los notables conservadores y el comandante de la milicia local; así, se dice que el

[...] partido de la casa del gobernador [...] que velaba solo por sus intereses o ideas, y los imponía de manera indebida”, del cura que “nada ignoraba [...] y estaba íntimamente unido con todos ellos i a todas horas se comunicaban; pero, a todo se mostró insensible […]; nuestro santo cura, hasta entonces tan tolerante, fulminó excomunión mayor reservada así contra el que votase pasquines [contrarios a ellos], quien como el cura se declara sin embozo por un partido de opiniones en política, i llega a valerse de excomuniones sin duda para santificarlo, aterrar i condenar el opuesto [...] (SCL, tomo XX , p. 152).

Concluía la denuncia pidiendo que en adelante la mesa de votaciones debía estar en un lugar público y no en la casa del cura porque:

Después que han esparcido a los pobres que es ir contra la Iglesia, votar contra el parecer del cura, al hacerlo, verlo en su casa, en su mesa [de votación] i oír su voz de presidente [de la mesa]; todo esto les impone, i no tienen libertad para votar libremente [...] (SCL, tomo XX, p. 1521).

Una década después, las denuncias por irregularidades en eventos electorales en Combarbalá continuaron, como lo demuestra el oficio de los municipales al ministro del Interior, Ramón Luis Irarrázaval, que señalaba que

las votaciones de Combarbalá han adolecido de vicios insanables. Todo induce a creer que se ha hecho una suplantación de votos i actas […] Además de que […] en el segundo día de la elección para presidente estaba sin cerradura la puerta del cuarto donde se hizo i se hallaba la caja en que estaban los sufragios de los ciudadanos [...]. (SCL, tomo XX, p. 53).

En la realidad electoral chilena y, en el caso específico, de Combarbalá, la intervención de miembros del Ejecutivo en los asuntos electorales, indistintamente del color político y del gobierno de turno al que pertenecieran, formaba parte de la cultura política nacional en el siglo XIX; un tipo de comportamiento político evidentemente reclamado por los perdedores del momento electoral, pero, después de todo, aceptado y practicado por todos los actores políticos. Esta situación muestra una realidad y un sistema político en formación, lejano aún del ideal democrático moderno, participativo y competitivo. Resulta casi imposible negar la fuerza de los bandos liderados por familias tradicionales que resistían la trasformación electoral y la ampliación de sus padrones a otros sectores sociales, aspectos que llegarían recién en el último tercio del siglo por efecto de la presión de esos sectores postergados.

En esta organización de la republica a nivel local, un tema clave para entender la nueva forma de la ciudadanía era el atingente a la representación política en instancias superiores como el Congreso nacional. El problema se suscitó con el triunfo conservador que en 1831 impuso la vuelta al Antiguo Régimen donde, aparte de crear una nueva Constitución política, imponía a las autoridades –intendentes y gobernadores– que en adelante dirigirían las provincias. Con ello, se rompía con la práctica democrática de los pueblos de escoger a sus representantes. Como de costumbre, el municipio asumió la defensa de los intereses locales reclamando el derecho de nombrar a las autoridades; la agitación de la elite llegó a tal nivel que desde Santiago para aplacar la molestia local escribieron:

[...] tranquilícense ustedes i estén ciertos que el gobernador que suscribe (llegaría más adelante), solo quiere el mejor orden i conservación de la ley, i que jamás dará un paso que sea contra estos principios y contra la ley (SCL, tomo XX, 157).

Sin embargo, el orden conservador y el peso de las armas pudieron más que las aspiraciones locales. En adelante y durante el siglo XIX, los cargos de gobernador, por ejemplo, fueron ocupados por sujetos en su mayoría foráneos que desconocían los problemas de la localidad. Por ello y como respuesta, también el siglo XIX se llenó de reclamos y descontento de las provincias ante el centralismo santiaguino. En 1839, por ejemplo, el vecino municipal de Combarbalá José Agustín Martínez le escribió al intendente de Coquimbo, Francisco de Borja Irarrázaval, que no colaboraría en la comisión del catastro agrícola encargada del cobro del impuesto por contribuciones prediales. Según él, el cobro debía ser discutido previamente por una “Junta departamental” conformada por los vecinos y no por una “Junta central” que desconocía la vida agraria, los problemas de la zona y, sobre todo, la cantidad a pagar. Así, señalaba:

Que la ley faculta a la Junta Central para hacer modificaciones, como lo expresa la de 1837, en el artículo 9; pero aun esas modificaciones debió hacerlas en vista de los estados que le pasa la departamental i demás datos que tuviere; mas, ella ha procedido en contradicción a los estados que se le pasaron i sin ningunos otros datos que merezcan fe (SCL, tomo XX, 271).

6. Conclusiones

La construcción de la ciudadanía en un espacio local, periférico y alejado de las grandes ciudades a comienzos del siglo XIX no estuvo exenta de la conflictividad propia que originaban tales procesos. La pugna entre el poder local y el poder central instalado en Santiago, la defensa de los intereses locales por parte de la elite de Combarbalá, las resistencias a la imposición de medidas y autoridades ajenas a la idiosincrasia local muestran las dificultades que el nuevo orden republicano tuvo que enfrentar. Mientras el Estado central avanzaba implacable en sus aspiraciones y proyecto político de construir y consolidar la nación, las grandes familias locales, apegadas aún a sentimientos y comportamientos políticos tradicionales, seguían resistiendo las imposiciones del nuevo orden.

En el terreno de la lucha política-electoral, las elites buscaron siempre forzar la lucha a favor de los intereses locales y de sus familias, en espacios que muchas veces estaban aislados o postergados, desde el punto de vista de los recursos, por el gobierno central. El pacto centralista de 1830 y las localidades se cumplió a medias por la dictadura de la llamada “paz portaliana”, basado en otorgarles a las grandes familias la conservación de sus privilegios con el respaldo del autoritarismo armado. La fragilidad del pacto quedó en evidencia décadas después cuando dos revoluciones civiles, la de 1851 y 1859, evidenciaran nuevamente el malestar regional ante un Estado con pies de barro, que a la primera ocasión se tambaleaba. Esa es parte de la historia del centralismo chileno.

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