Introducción

Este artículo tiene la intención de adentrarse en el análisis y valoración del accionar económico de las órdenes regulares en el espacio rural cubano en los siglos XVIII y XIX, aspecto importante para poder comprender y, a la vez, revelar una parte de la impronta de las órdenes religiosas en la sociedad insular.

El estudio de la economía eclesiástica es clave para entender la naturaleza estructural de las diferentes órdenes que se establecieron en el país. Se trata de vislumbrar las dinámicas económicas desplegadas por estas órdenes en el espacio rural y como ello sirvió para obtener cuantiosos recursos que sirvieron de sustento a la economía conventual y a la vertebración social e institucional de las órdenes en la Isla. Esta institucionalización, que cobra cuerpo desde finales del siglo XVII al siglo XVIII, será una consecuencia directa del crecimiento económico y demográfico de la sociedad criolla.

La hipótesis que nos planteamos con este trabajo es que, a la par de los sectores coloniales vinculados a la explotación comercial de los rubros agrícolas en Cuba, las órdenes religiosas desarrollaron sus estrategias de participación activa en la vida económica de la colonia, ya sea de manera directa, a partir del fomento de ingenios y haciendas ganaderas, o de forma indirecta, mediante el arriendo de sus mejores tierras para el establecimiento de vegas de tabaco y medianas y pequeñas estancias agrícolas, demostrando sus capacidades para insertarse de manera exitosa en las nuevas circunstancias de la colonia.

De manera general, este es un tema que ha sido ampliamente tratado por la historiografía latinoamericana, pero en menor medida por la cubana, la cual a su vez presenta un desbalance que ha privilegiado los estudios sobre la Iglesia Católica y las órdenes religiosas en la región habanera, con insuficiente tratamiento sobre los aspectos que están relacionados con las bases económicas sobre las cuales se sustentó la vertebración institucional y social de la Iglesia Católica en Cuba, particularmente de las órdenes religiosas.

En América Latina resultan imprescindibles las obras de las historiadoras mexicanas de la Universidad Autónoma de México Gisela Von Wobeser y María del Pilar Martínez López Cano, cuyos trabajos y compilaciones La formación de la hacienda en la época colonial e Iglesia, estado y economía. Siglos XVI al XIX, sobre el crédito eclesiástico, las capellanías y las propiedades de las órdenes religiosas en Nueva España durante los siglos XVI, XVII y XVIII, son reveladores y constituyen bases metodológicas e historiográficas esenciales para cualquier estudio de esta naturaleza.

Profusa resulta la cantidad de artículos que han tratado el tema de las órdenes religiosas en el entramado económico de América Latina. Pioneros en este sentido resultan los trabajos de los historiadores Hermes Tovar Pinzón y James Denson Riley, sobre las empresas agrarias jesuitas en México, compilados ambos en 1975 por Enrique Florescano en el volumen Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina.

De manera general hay un camino historiográfico transitado por la producción latinoamericana y de otras regiones sobre el tema, al cual la historiografía cubana apenas se ha incorporado.

En el caso específico cubano, meritorias por los enfoques pioneros propuestos resultan las investigaciones de los historiadores Pedro Pruna Goodgal, Eduardo Torres Cuevas, Edelberto Leiva Lajara, Mercedes García Rodríguez y Rigoberto Segreo Ricardo. Todos han desbrozado el camino a posteriores estudios sobre la Iglesia Católica en Cuba, con perspectivas que van desde el aporte de personalidades religiosas importantes a nuestro proceso identitario y cultural hasta los efectos de la desamortización en la Isla en la primera mitad del siglo XIX. Obras como la Historia de la Iglesia Católica en Cuba. La Iglesia en las patrias de los criollos (1516-1789), de los mencionados Eduardo Torres Cuevas y Edelberto Leiva Lajara, Misticismos y capitales. La Compañía de Jesús en la economía habanera del siglo XVIII, de Mercedes García, realizan un acercamiento interesante a los aspectos económicos de los jesuitas en los marcos de la economía colonial habanera, u otras como Conventos y secularización en el siglo XIX cubano, De Compostela a Espada. Vicisitudes de la Iglesia Católica en Cuba e Iglesia en los orígenes de la cultura cubana, del historiador Rigoberto Segreo Ricardo, las cuales representan un esfuerzo intelectual por establecer una visión de conjunto a nivel nacional sobre las vicisitudes de la institución a lo largo de tres siglos.

Recientemente se han incorporado a esta línea historiográfica algunas tesis de pregrado y posgrado, con resultados apreciables, como es el caso de Adriam Camacho Domínguez, quien defendiera su tesis doctoral Entre enfermos, azúcar y esclavos: un estudio de los padres betlemitas en Cuba (1704-1842), parcialmente publicada en revistas y obras generales.

Cada una de estas propuestas investigativas, no obstante sus importantes aportes, carece en sentido general de una visión del conjunto nacional, al concentrarse en su mayoría en marcos territoriales específicos. En este sentido, se pretende realizar un acercamiento global que incorpore al análisis económico de las órdenes religiosas otras regiones soslayadas por la historiografía y que posibilitará una visión con mayores elementos que revelen y ponderen mejor su papel a escala insular.

Establecimiento y expansión de las órdenes religiosas en Cuba

El proceso de institucionalización de los conventos en Cuba como parte de la consolidación de la Iglesia Católica revistió gran importancia para los objetivos de las órdenes regulares en la Isla.

Los dos primeros siglos fueron lentos en cuanto a fundación de conventos se refiere. En informe remitido a Madrid en 1609, el gobernador del momento, Gaspar Ruiz de Pereda, relaciona seis conventos establecidos a lo largo del país; tres en La Habana y tres en la llamada tierra adentro. Los de la ciudad capital pertenecían uno a la Orden de los Franciscanos, otro a los dominicos, y el tercero era de los agustinos. Santiago y Bayamo se compartieron los tres conventos restantes, dos de los franciscanos y uno de la Orden de La Merced (Segreo, 1998, p. 266).

En las décadas siguientes del siglo XVII se establecieron dos órdenes más, ambas en La Habana. Las hermanas de Santa Clara, quienes lo hicieron en 1644, y la orden menor de Santa Catalina en 1698.

La paulatina inserción de los conventos a la sociedad criolla cubana, en sus dos primeras centurias, responde a la propia dinámica acompasada de nuestra evolución colonial. Esto no es casual; las bases económicas y culturales de la Isla quedaron establecidas precisamente en estos dos siglos, y fueron los franciscanos los que llevaron la delantera al lograr la fundación de tres conventos y extenderse hacia las principales villas.

El siglo XVIII será definitivo en la consolidación de la institucionalización en la Isla. Las órdenes religiosas incrementaron su presencia, amparadas en las transformaciones económicas y en la estabilidad lograda por la colonia caribeña.

Nuevas órdenes como los betlemitas o belemitas, los jesuitas y capuchinos lograron imbricarse de manera permanente e inteligente en las relaciones sociales y económicas coloniales. La fundación de conventos con las características que tuvieron los claustros betlemitas y jesuitas admite la solidez económica colonial, su capacidad crediticia para solventar la elevada carga de estos monasterios y, al mismo tiempo, la consolidación de un prestigio amparado en una imagen de colonia en expansión y crecimiento económico.

A diferencia de las centurias anteriores, cuando a Cuba llegaron órdenes que, exceptuando la de los dominicos, asumieron como gran principio de sus fuentes económicas los réditos logrados a partir de las capellanías, el siglo XVIII es el de los conventos de las grandes propiedades agrarias y urbanas. Aunque el carácter rentista se mantiene, el empuje del azúcar condicionará parte de la dinámica económica asumida por los regulares jesuitas y betlemitas.

Los conventos erigidos durante el XVIII fueron 16. La red conventual, al sumársele los diez de épocas anteriores, llegó a tener 26 monasterios, de ellos 23 masculinos. Concentrados 13 en la capital colonial y diseminados el resto por las villas y ciudades de Camagüey, Trinidad, Santi Espíritus y las mencionadas de Santiago de Cuba y Bayamo (Segreo, 1998, p. 266).

Cada uno de estos conventos funcionaba como una unidad religiosa y económica autónoma con amplias prerrogativas jurídicas sobre sus enclaustrados. Sus miembros se encontraban casi exentos de la jurisdicción civil. Los intentos del Concilio de Trento por disminuir dichas exenciones fueron infructuosos, en el caso español y americano. La férrea oposición del clero generó, durante el siglo XVII, una relajación de las disposiciones tridentinas, con la anuencia solapada del estado español. Eran tantas las exenciones de los regulares, a principio del siglo XIX en España, que apenas se podía administrar justicia (Fuente y Gómez, 1880, p. 235).

La fundación del convento se realizaba casi siempre con la contribución de uno o más ricos vecinos de la villa. Posterior a este impulso inicial importante, en tanto representó la base de la economía y las acumulaciones de las riquezas de los enclaustrados, la estabilidad económica del mismo dependía de las donaciones que debían realizarse para poder acceder como hermanas o hermanos de fe.

Resultan esclarecedoras al respecto las grandes dádivas ofrecidas por los condes de Casa Bayona a los dominicos en el siglo XVIII. José Bayona y Chacón estipuló una cláusula en su testamento redactado en 1757, en la cual declaraba que su título condal y las dos haciendas que lo sustentaban quedarían en manos de los religiosos mencionados, en caso de no existir descendencia directa que pudiese ostentarlo.

Las haciendas quedaron gravadas en 30 000 pesos a favor de los padres, y el ingenio San Miguel del Rosario, uno de los más productivos de la época, quedaría en manos de la esposa del conde hasta su fallecimiento, luego pasaría de inmediato a manos de los predicadores.

Los padres predicadores no podían asumir el título de nobleza, razón que los impulsó a negociar con otra rama menor de los Bayona la trasmisión del título, previo pago al contado de 30 000 pesos y de otros 40 000 que quedaron especificados en el testamento de María Tersa Chacón, viuda del conde de Casa Bayona, redactado en 1780. Los dominicos recibirían en total, de manos de los condes y teniendo en cuenta la tasación realizada del ingenio, 288 117 pesos, cifra considerable (Leiva, 2007, p. 72-73).

En el caso específico del monacato femenino, las candidatas a tomar los hábitos debían sufragar, según los estatutos de cada orden religiosa, una determinada cantidad de dinero para poder entrar a la institución.

Entre donativos y arrendatarios. La dinámica económica de los regulares en el espacio rural cubano

Las bases constituyentes de las propiedades conventuales en Cuba y de forma general en el resto de Iberoamérica quedaban instituidas en el mismo instante fundacional. El establecimiento permanente de una de estas órdenes no era una cuestión de menguados recursos. Cuantiosos fueron los recursos librados por la sociedad criolla para tales menesteres, sobre todo en lo que respecta a propiedades rurales.

Los beneficios de contar con órdenes como las de San Juan o los betlemitas eran inobjetables, dado el carácter y los principios hospitalarios que tuvieron. Los dominicos se habían especializado en la educación y contaban al llegar a Cuba con una amplia experiencia en la fundación de universidades en América. Su permanencia en cualquier lugar garantizaba, en gran medida, el surgimiento de una institución de estudios superiores en la Isla.[3]

Desde las disposiciones de Enrique II en Toro en 1371 y la de los propios Reyes Católicos en Toledo en 1480, las propiedades conventuales quedaron resguardadas de cualquier tipo de expropiación. Estas cédulas garantizaban la adquisición y disfrute, por parte de las congregaciones, de todos los bienes a ellas donados. Ni siquiera los reyes podían intervenir en dichas propiedades a no ser por causas mayores, como la guerra, pero debían reintegrar dichos bienes una vez concluida la contienda, así lo confirmó, en la Ley promulgada en Burgos en 1409, Juan II de Castilla.

Durante la consolidación de la conquista americana y en posteriores siglos, se implementaron para las nuevas tierras leyes semejantes, de total garantía para los regulares y sus propiedades, con amplias autonomías en sus asuntos religiosos y terrenales (Simpson, 1984, p. 331-333).

Los recursos erogados para las fundaciones conventuales provinieron en su mayor de los caudales del rico patriciado criollo, que reafirmaba de esta manera la tradición hispana. La construcción y mantenimiento del convento de Santa Clara requirió de 12 366 pesos para la edificación y 33 919 ducados para las dotes de las primeras monjas. La dote de 2 000 ducados primero y 5 000 ducados después, establecida como regla para ser admitida en el claustro de las clarisas, lo convirtieron en el más opulento de la colonia (Arrate, 1964, p. 192).

Algo semejante sucedió con los belemitas. Para poder radicarse en Cuba, los regulares de esta orden recaudaron 40 000 pesos, numerario que fue empleado en la adquisición de camas y el edificio y convento donde quedó situado el hospital por ellos regenteado. Al obispo Compostela se debió la mayor parte del dinero empleado (Arrate, 1964, p. 208).

Tras numerosos años de intento fallido por organizar un colegio en La Habana, los jesuitas lograron la anuencia real en diciembre de 1721, gracias, sobre todo, a la donación realizada por el presbítero Gregorio Díaz Argel, del Hato de Puercos Gordos, con una extensión de más de 2 000 caballerías de tierras, valorado en 40 000 pesos y cuyas rentas anuales se calculaban entre los 4 000 y los 5 000 pesos (García, 2000, p. 47).

Estos voluntarios y piadosos obsequios garantizaron y fueron la fuente más segura para la economía de los conventos.

No sólo fueron los conventos de La Habana los que consiguieron estos elevados donativos. En Bayamo se logró, gracias a las gestiones del obispo Jerónimo Valdés, erigir un convento de dominicos, amparado en los bienes destinados a mandas pías no realizadas, por el rico vecino de Santiago, Francisco Parada, quien, en testamento rubricado en 1571, destinó, a los efectos, tierras, ganados y esclavos, todo valuado en ese momento en 60 000 pesos. Según cómputos posteriores de funcionarios del estado, las tierras legadas ascendían a 5 500 caballerías, unos 738 kilómetros cuadrados (Marrero, 1973, p. 77).

De un inventario realizado en 1731 a las propiedades de Parada, pudo extraerse interesantes datos que ayudan a comprender el verdadero alcance de la vasta propiedad de los dominicos de Bayamo. Según este informe, los predios rurales eran siete y sobresalían por su importancia el Hato de Yara y la Hacienda de Arroyo Hondo, seguidas de cerca por el Hato de Gua y las Haciendas de Jibacoa y Canagán. En total, las tierras fueron valoradas en 50 800 pesos, y cálculos aproximados del resto de las posesiones realizadas por este investigador arrojan un monto total de todas las propiedades de 67 687 pesos.

En la segunda mitad del siglo XVIII y principio del XIX, el convento destinaría parte de estas tierras de Yara, Gua y Jibacoa a fomentar numerosas vegas de tabaco, algo que se practicó también por sus congéneres de La Habana en el siglo XVII y XVIII. Estas vegas serían arrendadas a campesinos de la zona en réditos que oscilaron entre los 5 y los 25 pesos anuales (AIGA, 1837, legajo 375, expediente 6).

Esta avalancha de caudales, sin duda, convirtieron a estos conventos –no a todos, algunas órdenes se caracterizaron por su desnudez material como fue el caso de los capuchinos– en grandes propietarios de tierras, bienes urbanos, capellanías, incluso de ingenios. Los bienes así recepcionados contribuyeron a aumentar el patrimonio de los regulares, mediante la realización de operaciones financieras y comerciales, prohibida por las propias Leyes de Indias.

Si bien es cierto que los donativos continuaron siendo fuente esencial para los conventos, la propia realidad colonial habanera, en su dinámica más activa y de magnitud, incitó a una política económica que se inclinó por un cabal aprovechamiento de las coyunturas económicas vividas por Cuba, en especial la del siglo XVIII. La especulación desatada con la tierra en ese siglo fue una de las características asumidas por los regulares, propietarios de grandes terrenos, enclavados en lugares estratégicos para la agricultura comercial.

La primera medida adoptada fue la demolición de parte de los Hatos y Corrales para la venta o el fomento de unidades azucareras o ganaderas. Esta es la razón por la cual los belemitas desmontan su corral de Baracoa, en fecha tan temprana como 1730, en cuyas tierras se fomentarían después dos ingenios del convento, el San Juan Nepomuceno y Nuestra Señora de Belén.[4] En ese mismo paraje de Baracoa establecieron los betlemitas dos potreros y un sitio de labor.

La Compañía de Jesús también procedió a demoler el corral de San Agustín de Pita, propiedad en común con Antonio de Zayas, en 1732; las dimensiones del corral eran apreciables, llegaba hasta las 219 caballerías y 166 cordeles (Marrero, 1973, p. 178).

Los betlemitas no solo desmontaron el corral de Baracoa y vendieron parte de las tierras, de igual forma realizaron operaciones de compra de varias haciendas ganaderas y algunas propiedades más pequeñas, adquiridas casi en su totalidad en la segunda mitad del siglo XVIII.

La primera gran operación de este tipo se efectuó en el año 1729, cuando se adquirieron las Haciendas de Río Hondo, Yaguanal, La Leña, La Yagua y Pinalillo. El resto de las compras se ejecutaron a partir de 1757, con la obtención de la Hacienda de Santa Rosa; la de San Antonio del Guarral lo fue en 1758; la importante Hacienda Castillas, de más de 2 000 caballerías de extensión, pasó a manos de los religiosos en 1759, y las posesiones de San Pedro de Roblán y de Santiago se vincularon en 1763. Las Haciendas Juan Martín y San José de Cabobilla se adquirieron en 1788 y 1798 respectivamente. La última escritura comercial corresponde a la estancia de Tamarindo, efectuada en el año de 1818 (AIGA, 1838, leg. 1101, exp. 37).

El valor en que fueron tasadas estas propiedades agrarias llegó cercano a los 200 000 pesos, si bien hay que aclarar que esta tasación se basó en los precios de escritura en que fueron adquiridas por los religiosos en el siglo XVIII y no se estimó el incremento del costo de la tierra, lo cual quiere decir que su avalúo era muy superior en la centuria decimonónica. Las rentas que les brindaban a los betlemitas se remontaban hasta los 24 870 pesos anuales.

La cabaña ganadera encontrada por los funcionarios durante el proceso de desamortización en 1838 alcanzaba los 15 249 ejemplares mayores, menores y de tiro o carga; de ellos el ganado mayor acumuló 10 111 reses, los cerdos sumaban 4 560, y los animales de tiro y carga, 578.

Las notas dejadas por los interventores del convento en los informes remitidos al conde de Villanueva en el año 1838 argumentan a favor de la amplia riqueza agraria de los belemitas y las propuestas concretas sobre cómo proceder con las mismas:

Según nos han dicho personas que conocen las estancias de esta y otras tierras, ascenderán a un mil las caballerías útiles para vegas, potreros y a tres mil las de sabanas. Nosotros opinamos por vender al contado las reses […] y subdividir los terrenos en pequeñas porciones que ofrezcan más fácil realizar: o en el caso de no hallarse venta directa verificarla a censo que al 5p% valorando las primeras en 400 pr caballería, y en 50 las últimas, darán una renta anual de 23 500 pesos (AIGA, 1838, leg. 1101, exp. 37).

Otra de las órdenes poseedoras de grandes latifundios fue la de Santo Domingo, en especial los claustros de La Habana y el ya referido de Bayamo.

Los padres predicadores de San Juan de Letrán comenzaron a fomentar su base económica agraria desde el siglo XVII, cuando comparecen ante el cabildo habanero en más de una ocasión solicitando mercedes de tierras para su convento. Entre 1635 y 1679, los priores del San Juan solicitan varios sitios, estancias y pedazos de tierras colindantes a la ciudad, en las comarcas de la Chorrera, Vedado y Sabana del Tunal (Leiva, 2007, p. 78).

Las posesiones de los regulares habaneros abarcaban la extensión de 2 356 caballerías sólo en la jurisdicción de San Cristóbal, Pinar del Río; agrupadas en nueve grandes haciendas nombradas Santa Cruz de Los Pinos con 421 caballerías, Matamoros con 300 caballerías, Limones con 310 caballerías, Sierra de Linares con 250 caballerías, San Bartolomé con 150, La Palma, de 120 caballerías, y Sabanilla y Sitio de Herrera, con 204 y 180 caballerías, respectivamente (Pérez, 1963, p. 47).

Las cinco primeras, en 1814, poseían una cabaña de 1 400 reses, 4 220 cerdos y 112 bestias, con una explotación de carácter extensivo en general de 3,3 cabezas de ganado por caballería, índice muy ínfimo, correspondiente al típico carácter terrateniente y de subexplotación presentes en estos fundos ganaderos (Segreo, 1998, p. 9).

Estas haciendas se encontraban en estado de arriendo a miembros de la oligarquía local, quienes cada año entregaban de conjunto a los regulares 13 929 pesos. Entre los mayores arrendatarios se encontraba Buenaventura Pérez, con pagos importantes por la cuantía de 7 120 pesos por las Haciendas de Santa Cruz de Los Pinos, Matamoros, Rangel y una estancia de una caballería de tierra, ubicada en el partido de San Juan. Otros importantes clientes de los dominicos lo fueron Don Ignacio Rodríguez, a quien se le había alquilado por 1 000 pesos las Haciendas de Sabanilla y Limones, y Doña Josefina Pita, que entregaba por el predio nombrado Sitio de Herrera 1 400 pesos. Es curioso el arriendo al Dr. Tomás Romay, nuestro primer gran hombre de ciencia, de una estancia en 125 pesos anuales.

Es a su vez interesante el hecho de que los precios de los arriendos fueran tan provechosos para los arrendatarios, en momentos en que el precio de la tierra se había duplicado y hasta triplicado en comparación con décadas anteriores. El pago realizado por Buenaventura Pérez fue apenas de 6 pesos por caballería, mientras que Don Ignacio Rodríguez, apenas llegaba a los 2 pesos por caballería. Esta situación está relacionada, como se ha observado, con la baja productividad de las haciendas y al hecho de encontrarse la ganadería cubana asediada por los tasajos importados del continente. Siempre quedarán algunas dudas, teniendo presente que el momento histórico vivido por Cuba para estas décadas era de crecimiento económico e impulso azucarero.

Considero que los emolumentos por concepto de réditos sufragados por los susodichos señores, atendiendo a la subexplotación ya mencionada, no justifican del todo los exiguos precios aportados, máxime si los sectores de poder habaneros vinculados a la agricultura comercial desataron la geofagia en las jurisdicciones occidentales para estos años.

Otras de las propiedades de los dominicos sí fueron explotadas de manera eficiente y proporcionaron, en comparación con los fundos ganaderos, mejores rentas. Es el caso de las estancias diseminadas por los partidos de Santiago, Quemado, San Juan y en los terrenos demolidos de un ingenio nombrado San Miguel del Rosario. En conjunto, constituían 55 caballerías de excelente calidad, repartidas en 29 estancias de entre 1 y 2 caballerías. Hacia 1822 los réditos aportados al convento por su arrendamiento brindaban 5 817 pesos anuales, mientras la tasación de las tierras se fijó en 114 875 pesos. Una de las propiedades, el llamado Tejar de Jaimanita de 9 caballerías, concentraba la mayor cuantía, con cerca de 40 000 pesos (AIGA, 1822, leg. 508, exp. 26278).

La peculiaridad arrendataria de los regulares se manifestó en los conventos llamados de tierra adentro; tal fue el caso de los dominicos de Bayamo, uno de los monasterios más importantes de la zona oriental. Este convento, como ya mencionamos, poseyó grandes extensiones rurales. Cuando se procedió a inventariar por la Intendencia de Hacienda las propiedades en 1841, se descubrió la fragmentación que habían sufrido las siete haciendas y hatos legados por Parada. En total se le contaron 31 haciendas, 160 vegas de tabaco, 13 corrales y 15 terrenos sueltos de varios tamaños, todos con una extensión aproximada de 2 083 caballerías como mínimo, de tierras de buena calidad. Los réditos devengados por estos extensos terrenos sumaban 11 720 pesos anuales.

La mayor cuantía les correspondía a las haciendas, depositarias de una cabaña ganadera que comprendía las 6 651 reses, 280 cerdos y 164 bestias de carga y tiro y aportadoras de 7 992 pesos y 7 reales de los réditos; los terrenos sueltos les seguían en importancia con 2 227 pesos y 4 reales del total y –finalmente– las vegas brindaban un aporte de 898 pesos anuales.

La rentabilidad de estas haciendas era positiva y satisfactoria, si las entendemos como propiedades extensas, cuyas características económicas en nada difieren de la propiedad rural terrateniente y si son analizadas como un conjunto y no de manera separada.

Los precios, según la documentación de archivo, de la masa ganadera oscilaron para el Bayamo de entonces, en el caso de las reses y las bestias de carga y tiro, entre 8 y 12 reales; para los cerdos se mantuvo entre 4 y 5 reales como mucho. A partir de estos precios, se puede llegar a un valor aproximado de toda la cabaña de las 31 haciendas, ascendente a 8 693 pesos (AIGA, 1822, leg. 508, exp. 26278).

El fomento en Cuba del tabaco ha quedado indisolublemente ligado a la Iglesia, que permitió su proliferación en sus posesiones rurales. El beneficio económico obtenido por los conventos de esta relación con los vegueros fue el impulso rector que los indujo a declararse en contra del estanco del tabaco a inicios del siglo XVIII. Para el labrador canario o de otra parte de España llegado al país con la intencionalidad de encontrar un mejor horizonte económico, fue importante a su vez encontrar un espacio donde poder desempeñarse como agente económico activo, con réditos sobre la tierra que favorecieron una cierta comodidad en el marco colonial cubano. Los conventos facilitaron este espacio, y no es casualidad que los vegueríos se extendieran de manera tan rápida por sus tierras.

En Bayamo, los dominicos le proporcionaron sus mejores predios rurales de Yara, Jibacoa y Gua a los cultivadores de tabaco, y así, donde en 1731 no existían vegas, ya se contaban en número de 160 los fundos dedicados a su cultivo y comercialización en 1841, produciéndose un salto insuperable 13 años después, al contabilizarse, en las mismas jurisdicciones, 488 vegas, para un crecimiento de más de un 300 % (Ibarra, 2007, p. 45).

Esta fabulosa riqueza rural de los predicadores sirvió como fuente de manejos ocultos, realizados por los regulares antes de ser intervenidos. La certeza de que sus propiedades serían secularizadas dos años antes de proceder el estado a realizar la operación, gracias, en su mayor parte, al conde de Villanueva y otros funcionarios, les compró a los religiosos el tiempo necesario para la venta a censo de gran parte de las haciendas situadas en Pinar del Río. La operación fue realizada por el prior del convento de La Habana, fray Remigio Cernada, quien admitió la venta de 1 050 caballerías en 1835 a razón de 450 o 500 pesos por caballería, según la calidad.

La tormenta desvinculadora del Trienio Liberal no llegó a tocar con fuerza al convento de La Habana, que no fue intervenido en ese momento (Segreo, 1998, p. 22-24).

Las haciendas repartidas, según el informe del prior, sumaban 1 852 caballerías si nos ajustamos a los datos cotejados por el historiador Juan Pérez de la Riva. El prior nos refiere que “se repartieron en efecto las Haciendas de Santa Cruz de Los Pinos, Rangel, Matamoros, San Bartolomé, Limones y la Sierra Linares, las que dieron un total de 1 050 caballerías” (Segreo, 1998, p. 32).

Al parecer, fray Cernada se olvidó de relacionar 802 caballerías de tierras o estas extensiones de terrenos fueron más tarde vendidas. Los capitales a censo por una venta de esta magnitud, y asumiendo los propios precios descritos por Cernada, debieron ascender a un monto oscilante entre 833 400 pesos y 926 000 pesos.

Los conventos fueron arteros en el manejo de sus asuntos económicos, perspicaces en aprovecharse de las situaciones favorables a sus intereses temporales y rentistas por naturaleza.

La actitud emprendedora de los jesuitas, por ejemplo, los hizo adentrarse en la producción y la comercialización del azúcar con tanta e incluso mejor efectividad que el resto de los propietarios seculares. Los propios religiosos se encargaron, mediante el contrato de mayorales y administradores, de dirigir la distribución del trabajo, la producción y la comercialización de sus ingenios.

Los betlemitas, quizás no con la misma efectividad que sus congéneres ignacianos, se destacaron por su emprendedora construcción de ingenios. Tres fueron las propiedades fomentadas por estos en la región habanera y de Santiago de Cuba. Los ingenios habaneros nombrados, San Juan Nepomuceno y Nuestra Señora de Belén, fueron construidos en los terrenos demolidos del Corral de Baracoa, propiedad así mismo de los propios religiosos. El rendimiento de las fábricas al parecer no era muy bueno para 1838; esto se infiere por los comentarios realizados por los encargados de la tasación. A los ingenios les costaba mucho hacerle frente a la refacción, y, para la fecha señalada, el conjunto de 112 caballerías sobre las que se encontraban situados se hallaban en franco agotamiento productivo. Las ganancias de ambos no rebasaron los 10 000 pesos para ese momento (AIGA, 1821, leg. 881, exp. 29710).[5]

A pesar de las dificultades señaladas, el precio que las dos propiedades lograron alcanzar llegó a la cifra de 1,2 millones de pesos en conjunto. Este elevado precio arroja alguna luz sobre las dimensiones de las fábricas, habilitadas con tres trapiches y cuatro juegos de pailas y con el resto de los enseres propios de un ingenio (AIGA, 1838c, leg. 1101, exp. 37).

No mejor fortuna –al parecer– corrió el ingenio Jutinicú, construido por los belemitas santiagueros. Su construcción constituye una muestra fehaciente de la ya comentada emprendedora actitud económica de los regulares. Su promotor fue el prior del convento, fray Antonio Del Rosario, quien empleó dinero, tomado a interés para su erección. En su momento de esplendor fue considerado como uno de los más grandes de la parte oriental del país.

Este mediano ingenio contó con 106 caballerías, distribuidas en 18 cañaverales, y, aunque en 1838 se le contaban 156 esclavos, el historiador santiaguero José María Callejas le adjudicó 300 en 1823 y una producción de 17 000 @ en momentos de buenos rendimientos. Las tierras montuosas alcanzaban las 84 caballerías y las tierras sembradas la componían las 22 caballerías restantes. Los medios productivos estaban compuestos por dos trapiches, casa de pailas con siete de estos artefactos, alambique, 10 carretas y almacén con la casa de purga (Callejas, 1911, p. 44-45).

El rendimiento productivo del Jutinicú era de 772 @ por caballería, bajo, según las consideraciones de los hacendados cubanos, quienes en 1797 estimaban que un ingenio promedio como este debía rendir 2 000 @ por caballería (Moreno, 1964, p. 246).

La productividad esclava en el ingenio, en 1821, era de 75 @ por esclavo, si asumiéramos en 224 la dotación completa, repartida por sexo y edad en 117 hombres, 66 mujeres y de ellos 11 niños, cifra que se asemeja a la de los ingenios de la Compañía de Jesús, 55 años antes, inferior como es presumible a la de los ingenios occidentales. El ingenio fue secularizado posteriormente y considerado su valor en 213 274 pesos con 6 reales (AIGA, 1840, leg. 373, exp. 12).

Todo este fervor azucarero requirió de numerosas compras realizadas por los betlemitas de mano de obra esclava para sus ingenios. Como mínimo se realizaron 40 operaciones de compra de esclavos, los libros de cuentas registran 684 africanos adquiridos por el convento de La Habana. La mayor operación de tráfico se realizó con la compra de 216 africanos, por los cuales se pagaron a la Real Hacienda 35 285 pesos (AIGA, 1837, leg. 375, exp. 6).

La ganancia determina. Un caso de especulación de la tierra en Cuba

Los regulares en Cuba y en general en América fueron dotados de amplias prerrogativas jurídicas, heredadas muchas de ellas del antiguo derecho español. Aunque es menester decir que, de manera directa unas veces e indirecta otras, el Patronato Indiano se ejerció sobre estas congregaciones, en especial, durante el siglo XVIII.

Amparados en estas posibilidades jurídicas realizaron negocios especulativos que les proporcionaron enormes beneficios económicos. Algunas órdenes demostraron capacidad y habilidades sobradas en materia de manejos financieros y económicos. La fama de los jesuitas como buenos y emprendedores empresarios podía hacerse extensiva a los seguidores de San Francisco, Santo Domingo y hasta las clarisas.

La prevaricación y la evasión al fisco fueron predominantes en la mejor transacción jamás realizada por convento alguno en la etapa colonial. Nos referimos a las especulaciones realizadas alrededor del Corral de Matanzas, perteneciente al convento de Santa Clara y que fuera sustraído a estas regulares para la fundación en 1693 de la ciudad del mismo nombre.

La cuestión inicia con la necesidad de establecer una fortaleza militar en la Bahía de Matanza, lugar visitado de forma continua por corsarios y piratas de todas las nacionalidades. El proyecto contemplaba a su vez la construcción de una villa que estaría enclavada en la mejor sección de la bahía. El Corral de Matanzas se ubicaba en este lado donde se aconsejaba la erección de la ciudad. La decisión tomada por el gobierno metropolitano fue la de expropiar, previo pago de su valor, dicho corral. La tasación arrojó la cuantía de 8 000 ducados, unos 11 000 pesos de ese momento (Marrero, 1977, p. 158).

Como solía suceder en cuestiones de dinero, la corona no había sufragado el importe acordado con las clarisas, para inicios del siglo XVIII. Una vez terminado el conflicto por el trono español, la nueva dinastía de origen francés decidió poner orden en su casa imperial. El rey Felipe V expide entonces una Real Cédula en 1713 que tenía como finalidad legitimar, mediante el principio de la composición, la ilegal explotación de la tierra en América y se ordenaba la venta de tierras realengas (Marrero, 1977, p. 158).

En el caso cubano, encomendó en 1720 al juez responsable de la denuncia y la venta de los realengos, Mateo Luis de Florencia, de liberar sobre la nueva entrada fiscal por este concepto los emolumentos necesarios para el pago de la deuda, y los intereses acumulados durante los años transcurridos, por la adquisición del Corral de Matanzas; crecidos hasta los 17 050 pesos (Marrero, 1977, p. 152).

La autorización aceptaba la fiscalización del asunto por el mayordomo del convento de Santa Clara. Los manejos turbios entre el mayordomo Juan Manuel Acosta y los jueces encargados de velar por el interés del estado se iniciaron desde este mismo instante. Juan Manuel Acosta intervino de continuo como juez y parte y su decisión influía en la determinación de quien se adjudicaba cual realengo.

Las imposiciones fiscales fueron objeto de fraude y muchas fueron a parar a las arcas de las regulares y de los funcionarios implicados, sin quedar registradas. El convento, para sostener el lucrativo negocio, les pagaba a los jueces la cuarta parte de lo cobrado. Fue tal el peculado que el contador de la Intendencia de Hacienda, Joseph Antonio Gelabert, en misiva escrita el 24 de noviembre de 1741 a un amigo expresaba que

Era hecho constante la colusión del mayordomo del monasterio de Santa Clara con el fiscal asesor de la Real Hacienda y denunciante de tierras realengas, so calor de hacerse el pago del crédito que debe cubrirse, no solo en gravísimo perjuicio irreparable al Rey, sino más perjudicial a los hacendados, pues sobre lo cierto o incierto de las denuncias se suscitaban innumerables pleitos (Marrero, 1977, p. 153).

Según cifras oficiales remitidas desde Cuba, fueron 52 los realengos vendidos entre 1731 y 1747. El capital final destinado para el saldo de la deuda terminó en los 44 835 pesos con 1 real, cuatro veces el valor inicial. Para tener una idea de cuán lucrativo resultó este negocio para las clarisas, es necesario remitirse a lo expresado por el cabildo de Matanzas en 1731, quienes expedían a Madrid una protesta formal por el elevado costo del Corral de Matanzas y alegaban que “dichas tierras tenían cuatro leguas de amplitud, de las cuales sólo una era de provecho y su real precio era de 800 pesos” (Marrero, 1977, p. 154).

Años después, Gelabert notificaba a la corona que el referido corral sólo valía 3 200 pesos y que, aun después de haber sido demolido para labranzas, esta cantidad apenas se había duplicado.

Conclusiones

Las órdenes religiosas en Cuba desarrollaron una labor económica y comercial importante durante los siglos XVIII y XIX, tras varias centurias de lento asentamiento y posterior crecimiento fundacional y económico. El contexto de crecimiento de la plantación y otros cultivos comerciales cómo el tabaco propició que las órdenes religiosas desarrollaran sus propios proyectos económicos a partir de las donaciones obtenidas de los sectores criollos de la sociedad colonial.

Es decir, las fuentes de ingresos de las órdenes religiosas con los cuales desarrollaron su estrategia agraria provenían de la población insular y tuvieron un amplio sentido popular que abarcó a todos los estratos de la sociedad, pero con un peso apreciable de las oligarquías criollas. Esta particularidad es lo que permite argumentar que las órdenes en esta etapa tuvieron un carácter criollo, que las acercó a los intereses de los sectores tanto oligárquicos como populares de nuestra sociedad, aunque el peso económico de los primeros permitió la mayor parte de la acumulación de las propiedades y de los capitales. Esta relación confluyente, con matices muchos más dinámicos de lo que suponemos, permitió consolidar las estructuras económicas de las órdenes en nuestra Isla.

Por otra parte, la institucionalización económica de los religiosos en Cuba en la etapa temprana de la sociedad colonial contribuyó a consolidar, en un momento importante de nuestra historia, los componentes de la cultura del criollo y logra alcanzar su máxima expresión en el siglo XVIII, cuando consiguen no sólo las órdenes religiosas sino de manera general la Iglesia Católica su mayor vertebración económica y la alianza católico-criolla se encuentra en su cenit.

Durante el siglo XVIII las órdenes religiosas vieron incrementar sus entradas, y hubo un proceso de acumulación que estuvo amparado en las transformaciones que sufrió la economía y las políticas coloniales implementadas por los Borbones en sus posesiones ultramarinas. Es el siglo de los obispos Morell, Hechavarría y Oses, precursores de un pensamiento diferente y hasta cierto modo trasgresor que encontraron las pulsaciones de una sociedad en proceso de transformación identitaria.

En sentido general, las órdenes religiosas desplegaron en el espacio rural cubano una dinámica que partió desde la explotación directa de ingenios o haciendas y propiedades agrícolas hasta el arrendamiento de medianas y pequeñas extensiones de tierras dedicadas en su mayor parte al tabaco y a la ganadería.

En este proceso de explotación efectiva y dinámico del espacio rural cubano descollaron los jesuitas, belemitas y dominicos, con un indiscutible hegemonismo en el emprendimiento por parte de los jesuitas, hasta su proceso de expulsión en 1767. Los belemitas y dominicos, quienes seguían los pasos de los jesuitas desde el siglo XVIII, ocuparon en términos económicos los espacios dejados por la Compañía de Jesús, fomentando con éxito la explotación azucarera, tabacalera y ganadera. Sin embargo, para el siglo XIX algunas de estas actividades económicas, cómo es el caso de la actividad azucarera, presentaban algunas dificultades para los belemitas. En tanto, los dominicos continuaron fomentando la expansión tabacalera en zonas donde anteriormente era escasa esta actividad, como es el caso de la región de Bayamo en el oriente cubano.

Este proceso de emprendimiento rural propició el asentamiento de sectores campesinos canarios y criollos, en los fundos agrícolas dedicados a la producción de tabaco, lo cual permite entender la posición de los conventos habaneros a favor de los reclamos de este sector durante las revueltas de inicio del siglo XVIII.

Referencias

ARRATE, J. 1964. Llave del Nuevo Mundo, antemural de las Indias Occidentales. La Habana, Biblioteca Nacional de Cuba, 278 p.

CALLEJAS, J. 1911. Historia de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, Imprenta La Universal, 178 p.

FLORESCANO, E. 1975. Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina. México, Editorial Siglo XXI Editores, 667 p.

FUENTE, V.; GÓMEZ, F. 1880. Lecciones de Disciplina Eclesiástica. Madrid, Imprenta de Alejandro Gómez, 525 p.

GARCÍA, M. 2000. Misticismo capitales: La Compañía de Jesús en la economía habanera del siglo XVIII. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 208 p.

GARCÍA, M. 2010. Entre haciendas y plantaciones: La refacción azucarera en La Habana en el siglo XVIII. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 358 p.

IBARRA, J. 2007. Patria, etnia y nación. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 338 p.

LEIVA, E. 2007. La orden dominica en La Habana: Convento y sociedad (1578-1842). La Habana, Editorial Boloña, 270 p.

MARTÍNEZ LÓPEZ CANO, M.1995. Iglesia, Estado y economía: Siglos XVI al XIX. México, Editorial UNAM, 310 p.

MARRERO, L. 1973. Cuba: economía y sociedad. Tomo I. Barcelona, Editorial Playor, S.A. 426 p.

MARRERO, L. 1977. Cuba: economía y sociedad. Tomo IV. Barcelona, Editorial Playor, S.A. 471 p.

MORENO, M. 1964. El ingenio: El complejo económico-social cubano del azúcar (1760-1860). La Habana, Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, 346 p.

PÉREZ, J. 1963. Correspondencia reservada del Capitán General don Miguel Tacón (1834-1836). La Habana, Biblioteca Nacional José Martí, 334 p.

PRUNA GOODGALL, P. 1991. Los Jesuitas en Cuba hasta 1767. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 123 p.

SEGREO, R. 2000. De Compostela a Espada: Vicisitudes de la Iglesia Católica en Cuba. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 167 p.

SEGREO, R. 1998. Convento y secularización en el siglo XIX cubano. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 67 p.

SIMPSON, R. 1984. La educación superior en Cuba bajo el colonialismo español. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 314 p.

VON WOBESER, G. 1983. La formación de la hacienda en la época colonial, México, Editorial UNAM, 221 p.

Fuentes primaria

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. FONDO INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA (AIGA). 1821. Expediente mandado instruir por esta excelentísima corporación sobre las fincas urbanas y rústicas de los conventos suprimidos que están a cargo del crédito público, leg. 881, exp. 29710.

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. FONDO INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA (AIGA). 1822. Informe remitido al obispo por el Superior del Convento de Santo Domingo de La Habana, leg. 508, exp. 26278.

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. FONDO INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA (AIGA). 1837. Inventario de los bienes muebles, raíces, títulos de propiedad y demás efectos pertenecientes al convento de Belemitas de La Habana, leg. 375, exp. 6.

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. FONDO INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA (AIGA). 1838. Notas de las fincas pertenecientes a los conventos de Santo Domingo, la Merced y Nuestra Señora de Belén de esta ciudad, leg. 1101, exp. 37.

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. FONDO INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA (AIGA). 1840. Informe sobre los conventos suprimidos de la Isla de Cuba leg. 373, exp. 12.

Notas