Introducción

El artículo tiene por objetivo analizar en forma crítica la acción desarrollada por el movimiento sindical contra la dictadura cívico-militar liderada por el general Pinochet entre los años 1973-1990. Sostenemos que el sindicalismo, entendido como un conjunto heterogéneo de organizaciones representativas de los trabajadores, desarrollado en distintos niveles de estructura organizacional y ramas productivas, planteó un desafío colectivo a la dictadura, constituyéndose en uno de los principales referentes opositores y contribuyendo decisivamente a su término en conjunto con otros movimientos sociales y los partidos políticos.

El papel sindical en la acción opositora ha sido escasamente considerado por los estudios sobre ella, más bien, tiende a ser subsumido dentro de la actividad de los partidos políticos (Huneeus, 2000; Ortega, 1992) o como un reflejo laboral de la lucha desarrollada por las organizaciones opositoras, que se encontraban imposibilitadas de ejercer abiertamente la oposición contra la dictadura (Moulian, 1997). En este sentido, la particularidad del actor sindical como un ente autónomo fue cuestionada por sectores de la sociología, influidos por la obra de Alain Touraine, quien cuestionaba la existencia de actores sociales puros en América Latina, agregando que las movilizaciones de los pobladores correspondían a acciones inorgánicas de sectores disfuncionales, que aspiraban a integrarse al sistema (Touraine, 1987).

De este modo, la sociología chilena de fines de los '70 y comienzos de los '80 fue tributaria de la obra de Touraine, y en consecuencia analizó la acción sindical bajo el concepto de crisis, término que se explica en tanto comparación con el periodo pre golpe de Estado como en cuanto a las consecuencias de los efectos económico-sociales de la aplicación del modelo neoliberal a partir del año 1975 con las políticas impulsadas por los “Chicago Boys” (Campero y Valenzuela, 1984). Este punto ha sido abordado por Dasten Julián, quien plantea que el concepto de crisis correspondería a una interpretación de la realidad sindical de aquel momento, que sería utilizada para justificar la situación de debilidad del movimiento sindical chileno en la posdictadura (2014). A partir de lo afirmado por Julián, planteamos que el concepto de crisis tiene un sentido operacional, que ayuda a comprender una etapa específica del sindicalismo chileno, que involucraría tanto un cambio como una situación desfavorable; de este modo, el movimiento sindical durante la dictadura habría experimentado un proceso de transición que involucró transformaciones en sus orientaciones como en sus bases de sustentación.

Por lo tanto, los estudios sobre la trayectoria sindical del periodo no se pueden comprender sin los cambios de tendencias en las ciencias sociales y las características de la coyuntura, que irán influyendo en los énfasis de las investigaciones. De este modo, los primeros estudios sobre el movimiento sindical durante la dictadura se enfocaron en analizar los efectos del neoliberalismo en el mundo del trabajo, especialmente después de la imposición del Plan Laboral que vino a consolidar un modelo de mercado de las relaciones laborales (Ruiz-Tagle, 1985). Por lo tanto, desde un análisis de larga duración, se puede hablar de un “antes y un después” con relación a la evolución del sindicalismo y vinculación con el Plan Laboral, el cual sigue constituyendo, en cuanto fundamento de la relación laboral, su principal soporte, habiéndose afianzado con las sucesivas reformas ejecutadas en el periodo democrático (Aravena y Núñez, 2011; Frank, 2000; Zapata, 2004).

Entonces, se puede señalar que en paralelo a la ejecución del Plan Laboral surgieron una serie de trabajos desde la sociología laboral que tuvieron por objetivo analizar los cambios en el mundo del trabajo provocados por la aplicación de la nueva normativa laboral (Frías, 1988; Campero y Valenzuela, 1984; Ruiz-Tagle, 1985, Falabella, 1986). En general, estos autores describieron los efectos negativos del Plan Laboral en el mundo del trabajo y analizaron los cambios en las orientaciones sindicales y la cultura obrera. En ese sentido, Frías y Ruiz-Tagle destacaron que, al centrarse la acción sindical a nivel de la empresa, se produciría una reactivación del sindicalismo de base y el desarrollo de nuevas líneas de acción sindical basadas en la valoración de la democracia, la concertación social y la autonomía. Planteamientos cercanos se encuentran en Campero y Cortázar, quienes identificaron tres grandes tendencias dentro del sindicalismo: una de carácter clásico, basada en un discurso clasista y confrontacional ligada a sectores de izquierda; otra respondería a una tendencia de carácter consociativo, proclive a la concertación con sectores empresariales y dispuesta a moderar las demandas de cambio en un escenario de transición a la democracia y por último se encontraría una tendencia ligada a un sindicalismo de carácter corporativista, representativo de grandes empresas vinculadas a los sectores más modernos y dinámicos de la economía (1985 y 1988). Esta interpretación tendría una intencionalidad política respecto a la búsqueda de validación en el futuro democrático de la tendencia consociativa frente a la de carácter clasista o tradicional, puesto que sería defendida por la Central Unitaria de Trabajadores en los primeros años de la posdictadura (Araya, 2015).

Posteriormente, los estudios de la sociología del trabajo sobre el sindicalismo en la dictadura apuntaron a explicar los cambios en las orientaciones de política sindical, destacando Campero, quien modificó el concepto de crisis del sindicalismo para interpretarlo como un proceso de adaptación al nuevo modelo económico de puertas afuera (1993 y 1998).

Ahora bien, a pesar de la importante cantidad de trabajos y enfoques señalados para comprender la acción sindical, destaca la escasez de trabajos historiográficos respecto a la trayectoria del movimiento sindical durante la dictadura militar y los gobiernos democráticos o referidos a organizaciones sindicales. Al respecto se encuentra una reciente revisión bibliográfica realizada por Ángela Vergara, quien da cuenta de la escasez de trabajos referidos sobre los sindicatos durante el periodo dictatorial, pero también reconociendo las perspectivas que abre el estudio sobre las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en sectores productivos específicos (2018). No obstante, en los últimos años encontramos una serie de trabajos que han estudiado la acción desarrollada por algunas organizaciones sindicales (Araya, 2014 y 2015; Candina, 2013; Matamoros, 2017) o la política sindical de la dictadura (Álvarez, 2010 y 2012).

Ahora bien, la escasa producción historiográfica sobre el papel del movimiento sindical en la lucha por la recuperación de la democracia y su posterior inserción en los gobiernos democráticos se explicaría porque el interés de los estudios se concentró en el movimiento de pobladores o de organizaciones de DD.HH., quedando relegado a un segundo plano el estudio del movimiento sindical. Este fenómeno obedecería también al relevo del concepto de trabajo como categoría analítica en las ciencias sociales y al balance crítico que se ha hecho en forma mayoritaria desde las ciencias sociales sobre la relevancia del movimiento sindical en el Chile actual (Gaudichaud y Osorio, 2016), valoraciones que no obstante se centran en la CUT, organización que sólo representa a una fracción de los trabajadores organizados, no dando cuenta de una realidad más dinámica y compleja.

Así, proponemos que la comprensión de la trayectoria del sindicalismo durante la dictadura implica discutir las interpretaciones dominantes hasta el momento relativas a la crisis del movimiento sindical en el periodo y plantear desde una perspectiva de continuidad y cambio los diferentes efectos de la acción sindical según el nivel de organización e inserción en las áreas de la economía.

La dictadura. Represión y refundación como dos caras de la misma moneda

Como señalábamos anteriormente, el concepto de crisis ha servido para caracterizar el movimiento sindical durante el periodo dictatorial, concepto que adquiriría validez al dar cuenta de la comparación con el periodo anterior de la Unidad Popular, donde el sindicalismo alcanzó su plenitud como actor político y social. Esta situación se explica por la histórica vinculación entre la acción de los sindicatos y los partidos de izquierda marxista (Barría, 1971;Angell, 1974). Esta relación permitió a los sindicatos conquistar espacios de influencia y poder en el Estado, el cual a su vez cumplió un rol mediador en el conflicto laboral, garantizando los derechos de los trabajadores. Este vínculo ayudó al crecimiento sostenido de la afiliación sindical, llegando a un porcentaje de afiliación superior al 30% de la fuerza de trabajo ocupada en el año 1973. Sin embargo, esta alza no significó necesariamente un fortalecimiento de la actividad sindical en la totalidad de los sectores productivos, puesto que la heterogeneidad de aquellos se expresó en la variabilidad de la afiliación sindical según la rama productiva. Además, de acuerdo a las estadísticas oficiales, el número promedio de socios de los sindicatos fue decreciendo con el tiempo, situación que se debería también a la extensión del sindicalismo en la pequeña y mediana empresa y al paso de muchos obreros a la calidad de empleados, quienes contaban con sus propios sindicatos según la normativa vigente, existente desde 1931.

Sin embargo, estos mismos lazos fueron un arma de doble filo porque el movimiento sindical perdió autonomía ante los partidos políticos, quedando en una situación de dependencia que evidenciaba su debilidad orgánica. Durante la Unidad Popular, la polarización que afectó a los distintos sectores políticos también se expresó con fuerza en el movimiento sindical, el cual se dividió entre partidarios y opositores a la Unidad Popular, y, dentro de esta última, las diferencias entre los llamados “reformistas” y “ultras” representados en comunistas y socialistas, respectivamente, contribuyeron aún más a la división de la Central Única de Trabajadores (Gaudichaud, 2004 y 2016). Por lo tanto, al momento de destruirse el sistema democrático chileno, el sindicalismo se encontró preso de sus contradicciones y debilitado políticamente por sus divisiones internas, debiendo soportar duros años de prueba con la llegada de las FF.AA. al poder.

El golpe de Estado y la consiguiente política represiva tuvo efectos devastadores para el movimiento sindical. La CUT fue prohibida, se suspendió la actividad sindical, y las directivas fueron intervenidas por los militares. Muchos dirigentes fueron asesinados, exiliados o encarcelados, numerosas organizaciones dejaron de funcionar o entraron en receso, mientras que otras conservaron una actividad limitada tanto por las nuevas disposiciones legales como por el miedo a la represión.

El cambio de la política del Estado desorientó a los dirigentes sindicales, porque aquel dejó su tradicional rol como mediador, asumiendo una clara posición pro empresarial, interesado en devolver la iniciativa económica a los privados. La propia política de ajuste económico implicó la quiebra de empresas y el despido de trabajadores, por lo que el creciente desempleo actuó como un freno a una posible acción de protesta ante las exoneraciones.

Los dirigentes sindicales partidarios del gobierno o al menos con una posición favorable de colaboración hacia las nuevas autoridades, como fue el caso de dirigentes demócrata cristianos y radicales, defendieron la dictadura ante la OIT y buscaron crear algún tipo de coordinación sindical, que cubriera el lugar de la proscrita CUT. A pesar de la represión sufrida por numerosas organizaciones sindicales, algunos dirigentes intentaron abrir canales de diálogo con las autoridades, teniendo una buena recepción en los oficiales de la Fuerza Aérea que estaban a cargo del Ministerio del Trabajo (Álvarez, 2010). Sin embargo, estos primeros contactos fueron infructuosos porque las nuevas autoridades rápidamente respaldaron los planteamientos de los neoliberales, quienes fueron hostiles a los sindicatos, posición que llevó a la oposición sindical a descartar cualquier tipo de colaboración con la dictadura.

Ahora bien, la política antisindical de la dictadura no se comprende en su real magnitud, sino se vincula con la imposición del modelo neoliberal como fundamento de la política económica. Inicialmente dubitativos en materia de economía, los generales se convencieron de las bondades del neoliberalismo por la capacidad de persuasión de los “Chicago Boys” el emblemático equipo de economistas neoliberales formados en la Universidad de Chicago. Imbuidos de un acervo técnico, los “Chicagos”, liderados por Sergio de Castro, convencieron a Pinochet y sus oficiales de la necesidad de realizar una política de shock para dar un giro en 360° a la política económica, para dejar, según ellos, 40 años de estatismo y recuperar la libertad económica como eje de la acción del gobierno (Vergara, 1985; Gárate, 2012).

Así, con el pleno respaldo del general Pinochet, los “Chicago Boys” aplicaron una política de shock, “el ladrillazo” a partir de mayo del año 1975, iniciando el giro definitivo del país hacia un modelo neoliberal. Esta política se caracterizó por la disminución del gasto fiscal, la apertura al comercio exterior mediante una baja de los aranceles, la liberalización del mercado financiero y la privatización de las empresas estatales, entre otras medidas que tuvieron un fuerte coste social, traducido en el aumento de los niveles de pobreza y de desempleo, producto de la quiebra de numerosas industrias.

Por otro lado, los índices macroeconómicos comenzaron a experimentar una mejora desde el año 1977 en adelante, entre ellas, la reducción de la inflación, máxima meta de las autoridades, de tal modo que se comenzó a hablar por parte de los propagandistas de la dictadura del milagro chileno. Sin embargo, este nuevo Chile, con vocación hacia el libre comercio, experimentó una serie de transformaciones en su estructura productiva porque las actividades económicas donde no había ventajas comparativas perdieron relevancia, como el caso de la industria textil, favoreciéndose la importación masiva de bienes, con grave quebranto de las empresas y por ende del empleo, el que afectó especialmente a los trabajadores industriales. Ramas económicas como el comercio, finanzas y servicios adquirieron primacía sobre las áreas productivas vinculadas a la producción de bienes, como la industria, evidenciándose un cambio en los porcentajes de población ocupada y en el aporte al PIB de las distintas áreas (Martínez y Tironi, 1987). Por otra parte, el factor fundamental del crecimiento fue el crédito externo, el que fluyó en grandes cantidades al país, con bajas tasas de interés y ayudado también por un tipo de cambio fijo, donde el dólar a 39 pesos se convirtió en el símbolo de la política económica de los Chicago Boys. Así, los niveles de consumo de productos suntuarios se elevaron al mismo tiempo que se producía una masiva entrada de productos importados que sentaron las bases de la sociedad de consumo actualmente existente en Chile.

Ante este nuevo escenario socioeconómico, ¿Cómo reaccionó el movimiento sindical?, ¿qué herramientas empleó para enfrentar un gobierno radicalmente contrario a sus intereses, a su proyecto histórico?. El sindicalismo sufrió los efectos de la política terrorista de la dictadura y de la política económica que alteró las bases históricas de sustentación del movimiento obrero. Así, los dirigentes sobrevivientes buscaron conservar un mínimo nivel de acción y organización, en muchos casos, con el auxilio de la Iglesia Católica o de organizaciones internacionales. Desde un sector de la democracia cristiana con pasado de participación en la CUT, se apoyó la convergencia con dirigentes sindicales de izquierda; fruto de este acuerdo surgirá la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), organismo que dio sus primeros pasos hacia 1975. La CNS defendió el proyecto histórico del sindicalismo de unidad de la clase obrera en una sola central que acogiese a las distintas corrientes político-sindicales. En paralelo otro grupo de dirigentes vinculados al ala conservadora de la democracia cristiana conformaron el llamado Grupo de los Diez, el cual pasó a la oposición, una vez que los Chicago Boys comenzaron a aplicar su política económica sin concesiones.

Ahora bien, la acción de estos grupos habría correspondido a una acción de tipo superestructural, considerando las difíciles condiciones para desarrollar la acción sindical en la dictadura. Un ejemplo de ello son los escasos datos relativos a huelgas en estos años, aunque algunos testimonios mencionan acciones reivindicativas en el año 1974, y recién en 1977 se detectan acciones de protesta en el mineral de El Teniente, la siderúrgica Huachipato y otras empresas. Al respecto, los estudios de Frías y Campero sostienen que se produjo una fase de reactivación de la acción sindical, conclusión que es compartida por el ex dirigente Luis Fuentealba, quien sostiene que la CNS desarrolló una activa política de organización de sindicatos, surgiendo nuevos dirigentes, en lo que ha llamado un “sindicalismo de hecho”. Por otro lado, Sergio Troncoso, dirigente de la construcción, señala que en las obras la acción de los dirigentes se veía dificultada por la paulatina entronización de valores asociados al consumo, paradigma de la economía neoliberal.

Así, el movimiento sindical se tuvo que replantear la política hacia el Estado, convertido en un formidable adversario, hacia los partidos políticos y encontrar una línea de acción frente a un modelo de desarrollo que descartaba de plano la industrialización. En este sentido, los dirigentes de los grupos sindicales intentaron presentar sus demandas a las autoridades mediante el mecanismo de las cartas y las declaraciones públicas, acción derivada del antiguo carácter mediador del Estado; sin embargo, la respuesta fue el cuestionamiento a su representatividad, por lo que sus peticiones no fueron consideradas. Por otra parte, la situación de proscripción de los partidos de izquierda impidió la colaboración efectiva con los sindicatos, aunque militantes de izquierda ocuparon cargos en federaciones y confederaciones, participación que permitió la continuidad del proyecto histórico del sindicalismo, cuestionado por sectores vinculados a la democracia cristiana que defendieron la existencia de centrales ideológicas, postulado con que se identificó el Grupo de los Diez, quienes expresaban un fuerte antimarxismo, derivado de sus vínculos con el sindicalismo norteamericano y la rivalidad sostenida con la izquierda durante la Unidad Popular.

No obstante estas diferencias, el sindicalismo en su conjunto enfrentó un nuevo desafío, que puso en cuestionamiento su propia existencia como actor social, la entrada en vigor del Plan Laboral de 1979.

La lucha continúa, el sindicalismo contra el Plan Laboral

Transcurridos cerca de seis años de gobierno dictatorial y más de cuatro de plena vigencia del neoliberalismo como fundamento de la política económica, se impuso la necesidad de armonizar aquel con la legislación laboral. En razón de ello, fue designado ministro del Trabajo el economista José Piñera. El nuevo ministro creó el Plan Laboral, conjunto de normas que liberalizaron las relaciones entre capital y trabajo, radicando la acción sindical en el ámbito exclusivo de la empresa y quebrando el poder de los sindicatos al restringir el derecho a huelga y negociación colectiva. De este modo, se buscó desarrollar un sindicalismo de tipo economicista y con directivas sindicales dóciles, adaptadas al modelo neoliberal y desideologizadas.

La respuesta del movimiento sindical ante la nueva normativa fue de un rotundo rechazo por la supresión de derechos cuya conquista había implicado años de lucha y muertes. Sin embargo, el escenario había cambiado para el movimiento sindical; paradojalmente, se abrieron posibilidades de una revitalización de su accionar, aprovechando la propia normativa legal. En efecto, los sindicatos se vieron obligados a renovar sus directivas y estatutos, generando una revitalización de la acción sindical a nivel de base, recibiendo la asesoría de federaciones y confederaciones de sus ramas respectivas y también de profesionales vinculados a ONG (Bastías, 2012). Este trabajo en conjunto favoreció la acción sindical, donde, de acuerdo con la información emanada de fuentes como Páginas Sindicales, el boletín Solidaridad de la Vicaría de la Solidaridad, los informes de la Pastoral Obrera, Chile Sindical o los boletines de diversas organizaciones sindicales nacionales o locales, se detecta un creciente activismo sindical, que desafía abiertamente la legalidad laboral y elabora análisis sobre el impacto del modelo económico neoliberal, calificándolo como capitalismo autoritario. En este sentido, los discursos de los dirigentes apuntaron a la conservación del sentido de clase del sindicalismo y a la reiteración de la lucha por la democracia, especialmente cuando se aprobó de forma fraudulenta la Constitución de 1980, norma que institucionalizó el nuevo modelo de democracia y sociedad.

Entonces, el movimiento sindical se convirtió en uno de los más relevantes focos de la oposición a la dictadura. El rechazo al nuevo modelo fue uniendo a las distintas organizaciones, las cuales se sintieron nuevamente agredidas con el cambio del sistema de pensiones, que terminó el tradicional sistema de reparto, reemplazándolo por uno de capitalización individual. La unidad fue una de las mayores demandas de las bases, unidad en la acción que fue compartida tanto por la CNS como por el antiguo Grupo de los Diez, reconvertido desde 1981 en la Unión Democrática de Trabajadores (UDT). Uno de los máximos dirigentes de esta última organización, el líder de los empleados fiscales Tucapel Jiménez, fue asesinado por los servicios de seguridad de la dictadura a fines de febrero de 1982, por sus intentos de articular la totalidad de la oposición sindical. Este grave hecho golpeó al movimiento sindical, pero no logró detener el trabajo de las organizaciones, las que desde los estratos más excluidos de la sociedad civil fueron levantando nuevas formas de organización y participación, generando una situación de acumulación de fuerzas, que necesitaba de un hecho catalizador para estallar y dar rienda del descontento, de la rabia contenida en diez años de autoritarismo. De este modo, se produjo de acuerdo a Tarrow un cambio en la estructura de oportunidades políticas que favoreció la acción de la oposición, al poner en cuestión la legitimidad del modelo con el estallido de la crisis económica en el año 1982 (Tarrow, 2004).

En pocos meses, las quiebras de empresas se aceleraron, el nivel de endeudamiento de los bancos se hizo insostenible mientras que la devaluación del dólar provocó el endeudamiento de miles de familias de todos los sectores sociales. La grave situación económica estimuló el desarrollo de importantes huelgas como las de MADECO y la construcción de las obras de la central hidroeléctrica Colbún Machicura, acciones que desafiaron la legalidad laboral y entregaron lecciones al movimiento sindical porque, como señaló el editorial del boletín de una organización sindical,

quizás si en estos años los trabajadores hemos debido aprender de nuevo algo fundamental: QUE LA UNIDAD Y LA ORGANIZACION SON ARMAS INSUSTITUIBLES. Que la solidaridad y acción de conjunto de la clase obrera, expresada en un poderoso y combativo movimiento sindical, son imprescindibles en la defensa de nuestros intereses (Unidad Sindical, 1983).

Por lo tanto, el texto asumió la urgencia de la unidad para enfrentar la crisis global del régimen y la necesidad de una mayor organización para sostener el esfuerzo reivindicativo desplegado hasta ese momento. Este mensaje halló respuesta en la población, la cual apoyó

en forma espontánea el llamado a la jornada de protesta del 11 de mayo de 1983, realizado por parte de la Confederación de Trabajadores del Cobre, organización que conservaba un peso importante en el escenario nacional por el papel del mineral en una economía en crisis. La movilización fue un éxito, descolocando al gobierno y a la propia oposición; después de 10 años, se había roto el receso político y el movimiento sindical iniciaba una nueva etapa en su lucha por la recuperación de la democracia.

En definitiva, a pesar de la aplicación de las políticas neoliberales, el movimiento sindical conservó su vigencia como actor social. Sin embargo, el estallido del ciclo de protestas (1983-1986) le depararía nuevos desafíos, en especial, articular una sola voz como representante de los trabajadores ante el resto de la oposición, es decir, consolidar un lugar en el nuevo escenario político chileno.

Sindicalismo y protestas. “Llegó el momento de decir basta”

El estallido del ciclo de protestas modificó el escenario político de forma abrupta, al sacar a la superficie el lento y silencioso trabajo de numerosas organizaciones que ayudaron a la recomposición del tejido social. El movimiento sindical conservó el poder de convocatoria, al incentivar con el llamado a las protestas la movilización de amplios sectores contrarios a la dictadura, representados mayoritariamente por jóvenes de los sectores pobladores, una de las principales víctimas de la crisis económica de comienzos de los 80. Ahora bien, las protestas no implicaron la paralización de las empresas, por el temor de los trabajadores a perder el empleo, aunque estos participaron de las protestas en sus barrios, llegando algunos dirigentes sindicales a ser líderes de sus poblaciones.

Después del éxito de la primera protesta, los grupos sindicales acordaron unirse en el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), presidido por el dirigente del cobre, el demócrata cristiano Rodolfo Seguel. El Comando, como se le conoció coloquialmente, se convirtió en el principal referente de la oposición sindical, posición que conquistó por su relación con los partidos políticos y la relevancia mediática de algunos de sus dirigentes, como fue el caso de Seguel o de Manuel Bustos. El CNT fue en realidad una instancia de coordinación sindical, careciendo de la estructura de una organización más consolidada como la CNS, grupo que se convirtió en su principal sustento orgánico y programático, puesto que muchas de las iniciativas o propuestas que emanaban en una primera instancia de la CNS después fueron adoptadas por el CNT. Por lo tanto, en el Comando convivieron dirigentes de distintas tendencias ideológicas, que iban del ultraizquierdista MIR a la Democracia Cristiana, pluralidad que no impidió la puesta en común de objetivos, siendo el principal la recuperación de la democracia.

El Comando impulsó la movilización social como la principal herramienta para terminar con la dictadura, instrumento que a la vez permitía ampliar la convocatoria a diversos sectores de la oposición, superando el encuadre que suponía el invitar solamente a los trabajadores sindicalizados. Además, mediante esta estrategia, se lograba eludir el problema de la división de la oposición política, apoyando los llamados a la unidad de todas las fuerzas opositoras a la dictadura. Así, el CNT expresó que

tenemos autoridad moral para reiterar nuestro llamado a los partidos políticos a que alcancen un acuerdo mínimo para enfrentar la transición y la reconstrucción democrática. Los instamos a que -por ahora- no privilegien sus particulares criterios ideológicos y programáticos, y hacerlos con los intereses de la mayoría de los chilenos. Es el país como nación el que está en peligro (Comando Nacional de Trabajadores, 1985)

Por lo tanto, el Comando evidenció la urgencia de terminar con la dictadura, responsable de la crisis a la que estaba sometido el país, tarea que a la vez no estaría siendo asumida por los partidos políticos, de modo que el sindicalismo buscó presionar a los dirigentes opositores para alcanzar un acuerdo mínimo para dar sostenibilidad a la lucha antidictatorial.

El CNT dentro de su proceso de desarrollo interno impulsó la formación de los comandos regionales y la coordinación con las federaciones y confederaciones. Así, contradiciendo los análisis de los estudios sobre el sindicalismo en la dictadura que enfatizan las dificultades existentes para desarrollar la acción sindical, se detecta una movilización sindical más compleja y heterogénea, de la cual el CNT correspondería a una última instancia superior de coordinación que requería de una mayor organicidad para tener una mayor eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.

Así, podemos observar que en la región de Valparaíso, con un importante pasado industrial, se conformó un comando comunal y regional de trabajadores, los cuales tuvieron sus propios desafíos en vinculación a las tareas nacionales. De este modo, un editorial de Valparaíso Sindical criticó las vacilaciones y falta de unidad de los dirigentes sindicales para plantear alternativas claras para salir de la dictadura, defendiendo la realización de un paro nacional[3]. En paralelo, los esfuerzos de los dirigentes locales estuvieron enfocados en otorgar una mejor estructura orgánica al comando regional de trabajadores, incorporando a nuevos sectores bajo el concepto de concertación social, entendida como herramienta de lucha contra la dictadura.

Otra iniciativa sindical relevante en la lucha contra la dictadura fue la protagonizada por la Federación de Sindicatos de Maipú (FESIMA), organización de tipo territorial que aglutinó a sindicatos de un tradicional barrio industrial de Santiago, desarrollando acciones de coordinación con otros sectores y orientando a los trabajadores en el proceso de adaptación del Plan Laboral. FESIMA defendió un proyecto sindical basado en la unidad y la autonomía ante los patrones, el gobierno y los partidos políticos, afirmando:

[…] esto no significa que estemos contra ellos. Tenemos misiones distintas, deberes diferentes y debemos respetarnos mutuamente. Ello no impide que los trabajadores puedan pertenecer a éstos. Pero en la organización sindical, lo que debe prevalecer son las necesidades y objetivos de los trabajadores (FESIMA, Orientaciones y líneas de trabajo de Fesima, p. 5-6).

Por lo tanto, se defendía una posición de independencia ante los partidos políticos, cuestión fundamental para evitar los errores del pasado y conservar la unidad en la base de los trabajadores.

Otra forma de expresión sindical estuvo representada por las organizaciones intermedias como federaciones y confederaciones. Aquí fue relevante la acción desarrollada por la Confederación de Trabajadores de la Construcción, vinculada estrechamente a la izquierda. De acuerdo al boletín La Voz de la Contru, la organización impulsó pliegos o petitorios por obras, la restauración del tarifado nacional y la unidad sindical mediante la participación en la CNS y el CNT. En este último punto, la Confederación criticó la posición que defendía la existencia de centrales ideológicas porque “ello es simplemente confundir a los sindicatos con los partidos y no entender que al sindicato se llega en la búsqueda de un instrumento que defienda los intereses más directos de los trabajadores y no en la búsqueda de un modelo determinado de sociedad” (La Voz de la Contru, 1985, CUT: 32 años de lucha y vigencia en la mente y espíritu de los trabajadores chilenos).

Por lo tanto, a través de la acción de diferentes organizaciones, se evidencia una constante iniciativa del movimiento sindical para enfrentar la dictadura, en que se combinaron demandas específicas junto a líneas generales que buscaban unificar la lucha por la democracia, expresada en el concepto de concertación social. De este modo, las diferentes organizaciones sindicales se decidieron a participar en un espacio conjunto de participación sociopolítica, la Asamblea de la Civilidad, la cual se conformó en marzo de 1986, año que sería considerado decisivo para terminar con la dictadura.

La Asamblea, con liderazgos provenientes especialmente de los sectores medios, buscó terminar con la dictadura con una acción ascendente de masas que obligase a las FF.AA. a negociar con independencia de Pinochet. Sin embargo, la falta de alternativas a la política represiva del dictador y la negativa a modificar en cualquier aspecto el trazado institucional contenido en la Constitución de 1980 provocaron la división de la Asamblea, a pesar del éxito conseguido con sus acciones de protestas, como fue la movilización del 2 y 3 de julio de 1986, acción que quedó marcada por el caso quemados, donde una patrulla militar quemó vivos a dos jóvenes, sobreviviendo uno de ellos, Carmen Gloria Quintana, rostro emblemático de las víctimas de la dictadura.

El sindicalismo tampoco estuvo ajeno a esas divergencias, especialmente por las diferencias entre comunistas y demócratas cristianos respecto al uso de la violencia como arma política, las cuales, si bien no significaron la división del CNT, sí dan cuenta de las diferentes opciones de salida de la dictadura que defendieron los sindicatos. Así, en un editorial de La Voz de la Contru, en el ciclo de las protestas se planteó:

[…] la coincidencia de la inmensa mayoría en objetivos sustanciales, como la salida o derrota de Pinochet [...] va a ser posible elevando aún más la movilización social, diseñando un plan de desarrollo de múltiples luchas del pueblo y que se perfile una hipótesis de enfrentamientos victoriosos (La Voz de la Contru, 1985, Editorial “Movilización y concertación”, p. 3).

Así, de acuerdo al editorial, se expresaba la estrategia de todas las formas de lucha defendida por el Partido Comunista, la cual no descartaba en última instancia la lucha armada (Álvarez, 2011). Además, el mismo editorial planteó la existencia de dos tipos de oposición, una social y otra política, las cuales debían converger en los organismos de conducción opositores, como reflejo de la realidad, postura relevante, porque daría cuenta de la problemática de la reconstrucción de la articulación entre lo político y lo social, en que las organizaciones opositoras serían una síntesis entre estos dos polos de la realidad.

Ahora bien, el desgaste de las protestas, unido al frustrado proyecto de internación de armas de Carrizal Bajo y el intento fracasado de ajusticiamiento de Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hechos que tuvieron como consecuencia la declaración del Estado de Sitio a partir del 8 de septiembre de 1986, condujeron al sindicalismo, por una parte, a descartar cualquier salida de la dictadura que implicase el uso de la violencia y, por la otra, reafirmar el objetivo de fortalecer sus procesos de organización interna, convirtiéndose en un objetivo, en el corto plazo, la unidad sindical.

Así, tanto el CNT como la CNS apostaron por la recuperación de la unidad sindical mediante la reconstitución de la CUT. Así, en diversas asambleas, estas organizaciones fueron preparando el camino a la nueva central, discutiendo también las que deberían ser las bases del sindicalismo cuando se reinstaurase la democracia. El Comando realizó un intenso trabajo programático en su primera Conferencia Nacional, en la cual, mediante un trabajo por comisiones, se estudiaron diversas temáticas atingentes al mundo del trabajo, estableciéndose conceptos como autonomía, sindicalismo sociopolítico, nuevo sindicalismo o concertación social, los cuales se discutieron, destacando el llamado a ampliar la convocatoria sindical. Por otra parte, el Comando planteó como tarea para el movimiento sindical su participación en una futura institucionalidad, donde tendría una relación de autonomía frente al Estado, los partidos políticos y los gobiernos de turno.

La CNS impulsó el proceso constituyente de una nueva central al presentar unos principios orientadores cuyas bases debían recoger la herencia del histórico sindicalismo de clase junto a una adecuación a los cambios experimentados por el país por los efectos del modelo neoliberal. Así propuso en lo sustancial:

Una declaración de principios que recoja lo mejor de la tradición, los valores y métodos de lucha desarrollados por la Clase Trabajadora Chilena, mediante su historia por alcanzar una sociedad solidaria, libre de la Explotación Capitalista; Democrática, Pluralista y Unitaria, amplia y Solidaria en el plano Interno y abierta en sus relaciones Internacionales a todas las expresiones del Movimiento Sindical Mundial (Coordinadora Nacional Sindical, Propuesta de la Coordinadora Nacional Sindical a la asamblea a efectuarse los días 26-27 y 28 de junio de 1987 para la constitución de la nueva central unitaria de los trabajadores).

De este modo, la propuesta de la CNS se entroncaba con la raíz anticapitalista del sindicalismo chileno aunque sin mencionar abiertamente su vinculación con algún tipo de proyecto político cercano al socialismo. En ese sentido, la declaración apuntó a un equilibrio entre las posiciones cercanas a la democracia cristiana más progresista y las posturas defendidas por el Partido Comunista.

La coyuntura política había cambiado desde el llamado “año decisivo” de 1986, que finalmente resultó definitivo, no en el sentido contemplado por la oposición como el año del fin de la dictadura, sino como el año en que la dictadura logró sostenerse y defender con éxito el itinerario constitucional (Arriagada, 1998). Los partidarios de la dictadura recuperaron la iniciativa, impulsando la dictación de las leyes políticas de registro electoral, partidos políticos, votaciones populares y escrutinios, entre otras normativas, que fueron configurando el nuevo marco jurídico en el cual habrían de situarse los movimientos sociales, entre ellos el sindical. La oposición política poco a poco fue reconociendo la inevitabilidad del plebiscito, adaptando sus líneas directrices a una posición de combate de la dictadura dentro de la legalidad pinochetista.

Entre las fuerzas políticas que moderaron su acción estuvo la Democracia Cristiana, partido que bajo la presidencia del antiguo dirigente Patricio Aylwin se abrió a participar en la institucionalidad pinochetista para poder derrotarla en el plebiscito sucesorio contemplado para el año 1988. Este cambio fue relevante, por la influencia de este partido en el movimiento sindical, el cual observó con preocupación el nuevo escenario político que implicó una pérdida de apoyo a las convocatorias de protestas.

Esta diferencia de planteamientos entre el Comando y sectores de la oposición moderada cobra relevancia también por la doble militancia político-sindical de muchos dirigentes. Si bien, el movimiento sindical defendió su autonomía como movimiento social, los estrechos lazos con los partidos de la oposición influyeron en sus orientaciones y en la elaboración de las plataformas programáticas, aspecto donde tuvieron relevancia las asesorías de técnicos y académicos vinculados a las ONG. En ese sentido, la CNS realizó un importante esfuerzo organizativo, el cual debía replicarse posteriormente en el CNT, al ser la primera, el pilar o base del Comando. Una de las últimas acciones de protesta que convocó el CNT fue la del 7 de octubre de 1987, iniciativa que tuvo un dispar resultado, pues no contó con el apoyo entusiasta de los partidos políticos, especialmente del sector moderado, orientado a fortalecer la vía electoral, por lo que estimaba que los llamados a las protestas atemorizaban a los sectores medios, al concentrarse las protestas en las periferias, donde cobraban protagonismo los hechos de violencia, que a la vez eran sobredimensionados por la prensa partidaria de la dictadura.

En paralelo al apoyo a la movilización social, la mayoría del sindicalismo opositor acogió el llamado del CNT de iniciar un proceso constituyente que confluyese en una central unitaria. Sin embargo, el sector moderado del sindicalismo demócrata cristiano representado en la Central Democrática de Trabajadores rechazó la convocatoria del Comando, reafirmando su posición favorable a las centrales ideológicas y la negativa a colaborar con la izquierda marxista. A pesar de esta oposición, la mayoría de las federaciones y confederaciones adhirieron a la convocatoria del Comando, conformándose un comité organizador con una representación pluralista, que decidió los criterios de elección de los delegados y las propuestas programáticas a discutir en los sindicatos bases.

Uno de los aspectos más polémicos fue el relativo a la discusión sobre la definición de la nueva central como una organización clasista. Este término había sido compartido tradicionalmente por el sindicalismo chileno, hecho que daba también cuenta de la hegemonía marxista en el sindicalismo chileno. Sin embargo, los 15 años de dictadura habían generado cambios en la correlación de fuerzas al interior del movimiento sindical; la Democracia Cristiana controlaba gran parte de las federaciones y confederaciones y presidía tanto el Comando como la CNS, sus dirigentes como Bustos y Seguel eran reconocidos como figuras públicas a nivel nacional e internacional. En cambio, la izquierda se encontraba en una posición desmejorada producto de la represión y los cambios en la estructura productiva que habían afectado a los sectores de donde la izquierda sindical extraía su fuerza; sin embargo, los comunistas conservaron su fuerza en la construcción, el metal y la minería, mientras que los socialistas en sus distintas fracciones tenían representación en amplios sectores de trabajadores como gráficos, panificadores y el cobre.

Por lo tanto, teniendo presente el balance de fuerzas, la discusión fue compleja para determinar los principios de la nueva central. Los comunistas defendieron una definición clasista de la central, planteamiento que fue rechazado por los demócratas cristianos por evocar épocas pasadas donde el sindicalismo había sido instrumentalizado por intereses partidistas. En el fondo, detrás de las diferencias de principios entre la izquierda y el centro demócrata cristiano, estaba en disputa la hegemonía del mundo sindical, asunto clave considerando la coyuntura política plebiscitaria y la posibilidad de interlocución real con los gremios empresariales.

Finalmente, los planteamientos unitarios se concretaron con la constitución de la Central Unitaria de Trabajadores en agosto de 1988. La nueva central recuperó la vieja sigla CUT, pero, al definirse como unitaria, reconoció la existencia de otras organizaciones sindicales de carácter nacional. La CUT se definió además como una organización democrática, representativa, pluralista, autónoma y humanista, heredera de las tradiciones del sindicalismo clásico y a la vez representativa de los grandes intereses populares a través de una amplia plataforma de lucha y declaración de principios que recogió una serie de demandas que se dirigían a exigir una democracia política y social. Por lo tanto, la nueva CUT emergió con un programa consensuado, que, si bien dejó de lado el clasismo, incluyó una serie de demandas históricas del sindicalismo opositor, conformando un proyecto político de carácter nacional. La dirección de la central tuvo un componente pluralista, con mayoría demócrata cristiana, seguida de distintas fracciones socialistas, y en tercer lugar el Partido Comunista, cambio significativo respecto a la anterior CUT, donde los comunistas habían sido la fuerza mayoritaria.

El proceso de reconstitución de la CUT contó con la adhesión y participación de la gran mayoría de las federaciones, confederaciones y sindicatos nacionales. Al respecto, el dirigente del Sindicato Nacional Telefónico Miguel Vera señaló: “[…] esperamos que esta organización represente legítimamente los intereses de los trabajadores y luche por recuperar lo perdido”[4], mientras que para el presidente de la Confederación Minera Moisés Labraña la fundación de la CUT implicó un desafío a la dictadura, teniendo como gran tarea “ponerse a la cabeza de las luchas de nuestro pueblo [...] pone sus grandes reivindicaciones nacionales en el escenario de las luchas sociales y políticas y para abrir paso a la democracia en nuestro país”[5].

Por lo tanto, la nueva central asumió sus funciones en medio de altas expectativas y en un contexto electoral determinado por la campaña del NO a Pinochet en el plebiscito sucesorio fijado para el 5 de octubre de 1988. La gran mayoría de la oposición política, con excepción del Partido Comunista, se unió en la Concertación de Partidos por el NO, donde el eje de poder se concentraba entre demócratas cristianos y socialistas. De este modo, los equilibrios de poder en la CUT reflejaron las alianzas políticas, hecho que influyó en la opción de la central de sumarse activamente a la campaña por el NO al igual que sus organizaciones afiliadas. De este modo, el movimiento sindical fue parte fundamental en la heterogénea alianza político-social que derrotó a Pinochet en el plebiscito, obligando a la dictadura a cumplir su propia legalidad, la cual contemplaba elecciones presidenciales en caso de la derrota del SÍ al candidato del régimen.

La nueva coyuntura política encontró a un movimiento sindical en alza[6]. Por una parte, la CUT, a pesar de algunos problemas en la instalación de sus sedes provinciales, logró establecer una relación privilegiada con la coalición opositora, que llevó como candidato presidencial al demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien compartía militancia con el líder de la CUT Manuel Bustos. Por otra parte, diversas organizaciones sindicales entregaron su apoyo a los candidatos al parlamento de la oposición, incluyéndose entre ellos a algunos dirigentes sindicales, quienes se presentaron como candidatos con el objetivo de poder influir de mejor manera en el futuro parlamento.

Este breve periodo transcurrido entre el triunfo del NO y la asunción al mando del nuevo gobierno democrático en marzo de 1990, lo consideramos clave para el devenir del movimiento sindical. En efecto, el liderazgo de la CUT se abrió a dialogar con las organizaciones empresariales un nuevo marco de relaciones laborales mientras que las futuras autoridades plantearon un programa de gobierno que enfatizaba la construcción de un orden social que garantizase el éxito del proceso de transición. Así, a pesar de los problemas que había experimentado el sindicalismo durante la dictadura, había recuperado un potencial de movilización que fue observado con preocupación por la oposición política, la cual enarboló un discurso de temor a la regresión autoritaria, el cual habría influido en las directrices de la CUT.

Por otra parte, la central elaboró una propuesta de transición a la democracia, la cual se presentó a los partidos de la Concertación en abril de 1989. Esta propuesta representó una síntesis de las reivindicaciones del movimiento sindical, entre las cuales destacaban la supresión del Plan Laboral y la adaptación del Código del Trabajo a las normas de la OIT. Sin embargo, uno de sus planteamientos más relevantes fue el reconocimiento de la complejidad del proceso transicional, señalando:

Estamos conscientes de las restricciones que deberá enfrentar el sistema democrático que surja al término de la dictadura de Pinochet. Sabemos que su estabilidad estará permanentemente amenazada. Es claro que la tarea común que deberemos asumir todos los chilenos tendrá la envergadura de una verdadera refundación de la república (Central Unitaria de Trabajadores, 1989, p. 4).

Por lo tanto, la central asumió en forma implícita una moderación de sus demandas, contrariando las altas expectativas de cambio en que creyeron muchas de sus organizaciones afiliadas. De este modo, al contrario de las interpretaciones que sostienen el control de los partidos políticos respecto a las definiciones de las orientaciones sindicales, sostenemos que cabe matizarlas y centrar el análisis en las dinámicas internas, donde los diagnósticos sobre la realidad política podrían variar del pesimismo a una sobrevaloración de la fuerza interna de acuerdo a las opiniones de los propios dirigentes sindicales.

Así, el resultado favorable a las fuerzas democráticas en las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 abrió un nuevo escenario político, en que la gran mayoría del movimiento sindical tuvo la esperanza de que, con el retorno de la democracia, se abrirían paso los cambios en su realidad concreta, que significasen una mejora en la calidad de sus vidas. Sin embargo, el peso del legado autoritario, expresado en instituciones como los “enclaves autoritarios”, alterarían estas expectativas y la ilusión dio paso a la decepción, generándose las bases de los problemas que enfrentarían las organizaciones sindicales en el Chile de la postdictadura

Conclusiones

La trayectoria del movimiento sindical chileno durante la dictadura cívico-militar ha sido analizada como una constante dialéctica entre reacción y acción frente a las políticas represivas de la propia dictadura. En ese sentido, varios autores han sostenido el concepto de crisis para analizar el desarrollo del sindicalismo en el periodo, concepto que apuntaría a su pérdida de relevancia como actor social y político, además de tener escasa capacidad de adaptación a los cambios provocados por la aplicación del modelo neoliberal. Sin embargo, tal interpretación cabe matizarla, puesto que el movimiento sindical presentó rasgos de vitalidad o dinamismo que lo llevaron a convertirse en uno de los principales referentes de la oposición a la dictadura.

La posición militante del sindicalismo implicó el desarrollo de un tejido sindical complejo y heterogéneo, donde confluyeron partidos políticos, ONG, la Iglesia Católica y otras organizaciones sociales. Esta confluencia de intereses otorgó al movimiento sindical una importante capacidad de convocatoria, que lo llevó a liderar el proceso de protestas y defender la unidad de la oposición sin exclusiones. Sin embargo, esta misma diversidad dificultó su consolidación como movimiento social, teniendo un potencial que fue reconocido y a la vez temido por los partidos de la oposición.

La fuerza de la oposición sindical influyó en el triunfo de la opción NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y a la vez determinó el estilo de negociaciones que se entablaron entre la oposición política y el sindicalismo para construir una propuesta de transición a la democracia. En ese sentido, sostenemos que el movimiento sindical, en especial su órgano máximo de representación, la CUT, habría moderado su potencial movilizador en favor de asegurar la continuidad del nuevo gobierno democrático. Esta opción, fruto de un diagnóstico pesimista, fue criticada posteriormente, como un acto de simple subordinación a los partidos políticos; sin embargo, si no se comprende la coyuntura política en que se gestó aquella, volvemos a situarnos en las interpretaciones que se basan en factores externos, desconociendo el rol de las dinámicas internas en las definiciones de la política sindical. De esta manera, si consideramos la complejidad de las trayectorias sindicales, podremos comprender, en su real magnitud, la relevancia del movimiento sindical en la lucha contra la dictadura.

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Notas