Introducción

El principal objetivo de este texto es analizar el papel desarrollado por empresarios particulares, la mayoría de ellos extranjeros, en la puesta en marcha del proceso modernizador del sistema de abastecimiento de agua en la ciudad de Iquique entre mediados del siglo XIX e inicios del XX, y cómo se procuró revertir esta situación para contrarrestar los efectos sociales y políticos que conllevó la monopolización del servicio a manos de la Tarapacá Water Works Company Ltd.

Como en otros países americanos y europeos, la “conquista del agua”[4] fue un proceso que duró varias décadas y exigió importantes inversiones, y donde cada municipio optó por encontrar soluciones acordes a sus necesidades y contexto. En líneas generales, las primeras empresas de abastecimiento en Chile fueron de carácter privado y obtuvieron las concesiones otorgadas por los municipios bajo ciertas condiciones de explotación y por un tiempo determinado. El municipio siguió siendo el propietario del agua, el último responsable de su gestión y actuó como ente regulador e intermediario entre la empresa y los usuarios.

Esto fue así durante las primeras décadas de la segunda mitad del XIX, pero es importante señalar que, a partir de las décadas de 1870 y 1880, algunos municipios comenzaron a crear sus propias empresas que pasaron a convivir con las privadas. Esto es así para el caso de Iquique (Castro, 2001, 2004, 2005 y 2010) y Valparaíso (Simón y Sánchez, 2018), donde esta convivencia no estuvo exenta de conflictos. En dichos desencuentros comenzó a dirimir el gobierno central (Simón y Noria, 2017), y en ocasiones fueron implicados los gobiernos extranjeros, a través de sus servicios consulares, porque los dueños de una buena parte de estas empresas eran foráneos (Castro, 2001). Para evitar este intervencionismo, los gobiernos locales, como el de Concepción, comenzaron a exigir por contrato que las empresas tuvieran su sede social en la propia ciudad, aunque después transfirieran el capital fuera del país[5].

La conflictividad derivada del abastecimiento del recurso comenzó a verse reflejada en la prensa y en los discursos y memorias presidenciales, donde la discusión en torno a lo público y lo privado ocupó la centralidad del debate junto con la condición monopólica del servicio. Los municipios se vieron abocados a reaccionar y a recuperar las concesiones otorgadas a las empresas una vez finalizados los plazos o, incluso, a través de la compra de las acciones antes de su vencimiento.

En 1888 el presidente José Manuel Balmaceda, previendo que el abastecimiento de agua potable sería un factor relevante para la modernización a la que aspiraba, sobre todo en el ámbito urbano que adquiría ribetes de un crecimiento acelerado no visto antes, señaló en su discurso ante el Congreso Nacional:

Hay tres medios que influirán directamente en el saneamiento de nuestras poblaciones urbanas. El primero consiste en la dotación de agua potable en todas las ciudades que no la tienen; el segundo sería la construcción de desagües, que sirvan convenientemente a las necesidades de las poblaciones, pero construidos en conformidad a las más severas reglas de higiene, tercero, la reglamentación de las condiciones higiénicas, y que deben cumplirse en las construcciones urbanas y muy principalmente en las destinadas a habitaciones de obreros… (El pasado Republicano en Chile, 1899, p. 265).

Los alcances de esta apreciación tan rotunda se sustentaron en el perfil de Balmaceda, quién no solo llegó a ser conocido como el presidente de las obras públicas, sino, además, como el primer mandatario chileno en preocuparse por el abastecimiento del agua potable como un derecho social y una herramienta ineludible de desarrollo. De hecho, él mismo invirtió en la construcción del Canal de las Mercedes destinado a dotar de agua a Valparaíso.

No obstante este énfasis, uno de los obstáculos con los que se encontró para cumplir su objetivo de modernizar las ciudades fue la falta de capital en los municipios para emprender obras de este tipo, y por ello no dudó en señalar, en el ya mencionado discurso ante el Congreso Nacional, que el inconveniente mayor que se debía enfrentar era el hecho de que la ley de municipalidades que se había aprobado recientemente era incompleta, pues a las reparticiones edilicias no se les había concedido los “medios de procurar los recursos necesarios para llenar sus fines constitucionales y legítimos” (El pasado Republicano en Chile, 1899, p. 266).

De este modo, lo que estuvo detrás de sus palabras fue la constatación de que hacia fines del siglo XIX las iniciativas para mejorar el saneamiento y la dotación de agua a las ciudades había recaído no solo en la iniciativa privada, sino que, además, había contado con escasa presencia de chilenos. En efecto, entre los primeros empresarios que a mediados del siglo XIX arriesgaron su capital en un negocio cuyos beneficios eran inciertos, hubo una cantidad importante de extranjeros, muchos de los cuales constituyeron sociedades con capital foráneo e, incluso, algunas de ellas se radicaron fuera del país.

Este hecho implicó que en Chile el negocio del agua se orientó principalmente a satisfacer los intereses empresariales sobre los sociales, traduciéndose en un sistema de distribución desigual que privilegió a los que podían pagar por el servicio, además de centrar su giro comercial en requerimientos no destinados al consumo de las personas, tales como el caso de Josué Waddington, que habilitó una planta, apenas despuntó la república, pensada exclusivamente para los requerimientos de riego de su hacienda San Isidro en Quillota, o la tubería habilitada en la década de 1840 por William Wheelwrigth, entre la quebrada de San Agustín y Valparaíso, para abastecer los navíos de la Pacific Steam Navigation Company de su propiedad (Simón y Noria, 2017). Al respecto, Benjamín Vicuña Mackenna (1887, p. 112-113) relata que no eran pocos los “maliciosos huasos” que, cuando salían de Valparaíso, señalaban que la calidad del agua utilizada para los trenes era mucho mejor que la destinada al consumo humano porque las máquinas eran “muy delicadas de estómago”.

A partir del análisis exhaustivo de la documentación histórica albergada en los fondos de Intendencia de Tarapacá, Judicial y Notarial de Iquique, Ministerios de Industria y Obras Públicas e Interior de Chile, Ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores del Perú, así como los debates de las sesiones de la Cámara de Diputados, la prensa local e impresos, en estas páginas analizaremos cómo se produjo la transformación del sistema de abastecimiento en Iquique e identificaremos tres fases en su evolución: un primer período en el que primó el abastecimiento a partir del procesamiento del agua de mar y el acarreo por medio de buques cisterna desde Arica (1840-1860); seguido de un segundo momento en el que se comenzó a explotar el agua proveniente de la cordillera y a transportarla por medio de cañerías (1870-1900); para llegar a una fase final en la que se optó por la expropiación de las aguas del oasis de Pica para, por primera vez, tener un servicio fiscal de abastecimiento de agua potable. Esta última fase estuvo protagonizada por un intenso conflicto relacionado con la gestión del recurso y el inicio de las demandas ciudadanas a favor de una estatización del servicio como reacción al monopolio ejercido de facto por la Tarapacá Water Works, empresa privada de capital extranjero.

El contexto territorial, demográfico y temporal

El caso que aquí nos ocupa, Iquique, el segundo puerto en importancia del país después de Valparaíso hacia fines del siglo XIX y ubicado en el extremo norte del país[6], experimentó un contexto parecido al de otras ciudades en su proceso modernizador, pero vio intensificados los inconvenientes sociales a debida cuenta que estaba ubicado en la costa del desierto más árido del planeta, el de Atacama. Iquique emergió a fines del siglo XVIII como un lugar funcional para embarcar la plata del yacimiento de Huantajaya y el guano de las covaderas aledañas, teniendo por largo tiempo una lánguida existencia. Recién hacia las décadas de 1830-1860, a raíz de la activación de la minería del salitre, comenzó a adquirir una fisonomía urbana, proceso que se incrementó vertiginosamente en las décadas de 1870-1910 como resultado de la gran expansión de esta actividad extractiva[7]. De este modo, comenzaron a llegar a sus muelles los trenes que transportaban el llamado oro blanco, riqueza no sólo extraída por un contingente de trabajadores cada vez más numeroso, sino además generadora de una dinámica comercial nunca antes vista en estos desérticos parajes, al punto de conllevar un acelerado crecimiento demográfico que, inevitablemente, demandó cada vez con mayor intensidad el tener a disponibilidad un recurso escaso y vital como el agua, el que además fue disputado por las faenas mineras y los trenes[8]. Bajo estas condiciones, el aumento poblacional fue exponencial, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 1
Población de Iquique entre 1814 y 1920

Fuentes: Recuento de población de Tarapacá hacia 1814, AHL.MRREEP, TAP-001, s/f; Díaz, Galdames y Ruz, 2009, p. 44; Libro de actuaciones para la matrícula de propietarios de bienes raíces de Tarapacá, 1845, AGNP.AHMH, Registro 309, f. 97-111; Ruz, Díaz y Galdames, 2008, p. 31; Resumen del Censo General de habitantes del Perú hecho en 1876, 1878, p. 773; Paz Soldán, 1877, p. 740; Memoria presentada al Supremo Gobierno por la Comisión Central del Censo de 1907, 1908, p. 41; Dirección General de Estadísticas, 1925, p. 4.

Año	Población
1814	300
1827	474
1845	797
1866	3.249
1876	11.717
1895	54.740
1907	44.948
1920	42.886

Este crecimiento vino a dificultar enormemente el abastecimiento de agua en tanto las condiciones de la oferta fueron bastante limitadas. El no contar con fuentes surtidoras naturales de agua en sus inmediaciones obligó a tener que traerla desde lugares alejados, asumiendo sus residentes tanto un elevado costo de compra-venta como un escaso volumen disponible, además de una persistente mala calidad en su condición de líquido apto para el consumo humano (Billinghurst, 1887; El abastecimiento de agua potable de Iquique. Nuevas consideraciones, 1888; Martínez, 1893). En efecto, Iquique literalmente se emplazó, al tener el rol de un muelle-puerto aledaño y funcional a los requerimientos del yacimiento de plata de Huantajaya primero y de las primeras paradas salitreras después, en un lugar nada propicio de la costa de la provincia de Tarapacá considerando que los cursos superficiales de agua de régimen endorreico más cercanos estaban a una distancia promedio de, al menos, 60 kilómetros hacia el oriente y los de régimen exorreicos a más de 150 kilómetros tanto hacia el sur (río Loa) como al norte (río Tiliviche-Tana). De este modo, el rasgo endorreico-arreico del sistema hídrico de la zona donde se emplazó Iquique como muelle-puerto minero y comercial provocó desde un comienzo que se viera sometido a una frágil articulación entre la viabilidad de sostener el asentamiento urbano y las estrategias de aprovisionamiento, al punto que el puerto fue identificado como “una de las moradas más artificiales del hombre en las costas del Pacífico”, donde, eso sí, todo se podía comprar con dinero, incluso el agua (Rusell, 2011 [1890], p. 114 y 121).

Efectivamente, la ubicación de la ciudad de Iquique no pudo ser más desafortunada en cuanto a posibilidades de aprovisionamiento de agua, pero los principales problemas de abastecimiento no fueron producto únicamente de las condiciones geográficas y climatológicas adversas, sino adicionalmente por las maquinaciones de uno de los principales empresarios, John Thomas North, por eliminar a todos sus potenciales competidores y especular con el precio del agua. Esta actitud mercantilista fue el detonante para que se incrementara la presión a favor de la municipalización del servicio, no obstante, el amplio poder empresarial impidió durante décadas que esto fuera posible.

Como veremos a continuación, esta situación (aumento exponencial de la demanda en un contexto de escasez en la oferta) fue utilizada para sacar enormes réditos comerciales por parte de aquellos empresarios que se aventuraron a ingresar al negocio del agua. En un principio, dicho negocio se centró en la desalación del agua de mar y en el transporte por medio de navíos hasta el puerto de Iquique. Más tarde, en una segunda fase, se emprendió la puesta en marcha de variadas iniciativas que buscaron habilitar una enorme tubería que transportara el agua desde las vertientes del interior (serranas y cordilleranas) hasta la populosa ciudad. Finalmente, ya en el siglo XX, se comenzó a demandar el fin de la especulación en torno al agua potable y se comenzó a solicitar que el servicio pasara a manos estatales con la esperanza de que, por una parte, aumentara la calidad y cantidad de líquido y, por otra, se abaratara el precio en aras del bienestar ciudadano y, de este modo, evitar una crisis mayor; cuestión que se concretó parcialmente con el decreto emitido en 1912 que facultó la expropiación de las aguas de Chintaguay, pertenecientes a los campesinos del Valle de Quisma, para abastecer bajo administración fiscal a los residentes de Iquique, cuestión que ocurrió parcialmente, ya que benefició principalmente a los más pudientes, al tenderse las cañerías por las calles principales, a partir de mediados de la década de 1920 (Castro, 2010). En las tres fases encontraremos la sombra de Thomas North, empresario británico que se instaló en la región y que tuvo una participación activa tanto en el negocio del agua potable como en el del salitre, siendo por ello el mayor catalizador de conflictos, especialmente por imprimirle a sus giros comerciales un sesgo monopólico.

Buques cisternas, desalinizadoras y agua de Pica: una larga historia de abastecimiento

El explosivo crecimiento demográfico y comercial del puerto de Iquique como resultado de la expansión de la industria salitrera, que lo llevó a transformarse en el principal puerto de embarque de este fertilizante salino a partir de mediados del siglo XIX, aceleró e incrementó una serie de inconvenientes, entre ellos el concerniente al abastecimiento de agua, demarcando por largo tiempo la precariedad de su habitabilidad a debida cuenta que estaba emplazado en medio de una zona en extremo desértica.

Como señalábamos con anterioridad, el suministro de agua potable tempranamente se convirtió en un negocio bastante rentable a cargo de empresarios privados, los que no dudaron en embarcarse en este giro comercial a debida cuenta que tenían, por una parte, un mercado consumidor cautivo y en crecimiento y, por otra, un estado que no solo no estaba en condiciones de asumir este servicio, sino que tampoco tenía interés alguno en hacerse cargo[9], característica que más tarde trajo consigo secuelas en orden a una demanda por un servicio público administrado estatalmente, al amparo del alero municipal, por sobre el de tipo privado, poniendo en tensión a los municipios, las empresas y los consumidores.

Los primeros registros nos señalan que los requerimientos de Iquique fueron parcialmente satisfechos con agua que se comenzó a sacar desde los pozos ubicados en el pueblo de La Tirana, ubicado a 74 kilómetros, mediante porteo mular (Billinghurst, 1887, p. 79-80; Ugarte Yávar, 1904, p. 89-90). Este aprovisionamiento, sin embargo, rápidamente dejó de ser satisfactorio, lo que obligó a priorizar el suministro desde el vecino puerto de Pisagua ubicado en las inmediaciones de la desembocadura del río Tiliviche-Tana, 160 kilómetros al norte. Así, entre los años 1830 a 1850 se hicieron cotidianas las descargas de agua en barcos como El Cometa, de propiedad del empresario Manuel Flores, que tenía una capacidad de 9.000 galones, y de las embarcaciones El Morín y El Brillante, que podían cargar 2.700 y 3.600 galones respectivamente, ambas pertenecientes a Mariano Cabezas (Ugarte, 1904, p. 90; Billinghurst, 1887, p. 80).

No obstante la regularidad de este suministro, nunca fue visto como una solución tanto por la mala calidad del agua, debido a su alta salinidad, como por el alto precio que se pagaba por ella. En este contexto, se activó paralamente el abastecimiento desde Arica a pesar que estaba a más de 300 kilómetros de distancia hacia el norte. Los mismos barcos que llevaban guano y salitre tarapaqueño a los valles ariqueños de Azapa y Lluta, al regresar comenzaron a portear agua hacia Iquique, Pisagua y las caletas guaneras. Para 1830 ejecutaban este circuito la goleta Toro, de 20 toneladas, el pailebotSoberbio, de igual capacidad, y las goletas Dolores y Mora, de 50 toneladas cada una (Billinghurst, 1887, p. 80). En 1845, el empresario Alejandro Riveros, a raíz de la importancia que adquirió este giro comercial, intentó reemplazar estas embarcaciones con un buque cisterna, El Acuario, que hizo construir específicamente para este fin con una capacidad de 20.000 galones; sin embargo, solo pudo realizar tres viajes a Iquique al no estar bien diseñado su casco, lo que provocó su hundimiento (Billinghurst, 1887, p. 80).

El término abrupto de la iniciativa empresarial de Riveros por la falla constructiva del buque cisterna que mandó a construir, y la instalación de las primeras desalinizadoras en Iquique hacia 1840, hicieron que el negocio del porteo de agua desde Arica declinara por largo tiempo. Recién hacia inicios de la década de 1870 retomó un renovado impulso por la alta demanda de agua potable que se generó por el precipitado crecimiento de la población y el comercio de los puertos de Tarapacá impulsado por la consolidación del ciclo expansivo de la minería del salitre. Así, el 25 de junio de 1873, Jorge Nugent reinauguró, mediante la formación de la Empresa de Agua de Arica en el puerto del Callao, con un capital inicial de 500.000 soles, la comercialización del agua ariqueña, la que comenzó a extraer de los pozos habilitados en el sector de la Chimba a partir de una concesión por cinco años que le otorgó el 24 de mayo de 1873 la Municipalidad de Arica a cambio de un canon equivalente a 4.000 soles anuales (Billinghurst, 1887, p. 88-92). Esta compañía funcionó ininterrumpidamente hasta 1878, año en que finalizó su giro comercial y todos sus bienes pasaron a constituir la Compañía de Agua de Tarapacá (Castro, 2001, p. 98-99), la que a su vez fue arrendada el 18 de mayo de 1878 por Thomas North (Juan Thomas North contra Samuel Peak por cobro de pesos, AJI, leg. 770, pza. 10, Iquique 20/11/1880, f. 25-29v), el mismo que tras la guerra entre Chile, Perú y Bolivia (1879-1883) se convirtió en el “rey del salitre” y en el empresario más importante del negocio del agua tarapaqueño, al punto de convertir este giro comercial en un monopolio a su favor[10].

Instaladas las autoridades chilenas tras la ocupación militar de Iquique a fines de 1879, y ante la necesidad de regularizar el abastecimiento de agua, a mediados de 1880 se reinició el porteo comercial de agua potable a cargo de la Compañía de Agua de Tarapacá (La Voz Chilena, Iquique 29/7/1880). Indistintamente se ocuparon para este porteo la goleta San Carlos y los vapores Iquique, Princesa Louise, Grimanesa y María Luisa que, con capacidades de 260 a 270 toneladas, llevaron a cabo un sostenido tráfico de, al menos, una vez a la semana. A partir de 1885, este transporte marítimo se incrementó con el vapor Juanita de 361 toneladas (Billinghurst, 1887, p. 88-89; El Veintiuno de Mayo, Iquique 8/11/1880, 20/11/1880, 21/12/1883, 12/4/1885 y 8/4/1886; La Voz Chilena, Iquique 30/1/1881; El Tarapacá, Iquique 9/10/1884 y 24/10/1884).

La continuidad y regularidad de este abastecimiento, la oferta de una tarifa más estable de 4 centavos el decalitro (unos 2 centavos el galón) y el ser este precio el más bajo del mercado (La Voz Chilena, Iquique 15/10/1880; La Industria, Iquique 19/11/1882 y 17/12/1882; El Veintiuno de Mayo, Iquique 19/11/1882, 15/2/1882 y 24/2/1883) permitieron a la Compañía de Agua de Tarapacá competir durante toda la década de 1880 con las destiladoras de agua de mar. Junto con el agua de Arica, a mediados de la década de 1870 se comenzó a llevar hacia Iquique, sobre todo en momentos de emergencia, agua desde el pueblo de Pozo Almonte por medio de una cañería que unía estas dos localidades y que era propiedad de la Compañía Salitrera Barrenechea[11]. Hacia 1888 todavía la ciudad contaba con este recurso, pasando por la tubería aproximadamente 250.000 galones mensuales (Informe sobre el agua de Pozo Almonte del Superintendente de Ferrocarril al Jefe Político de Tarapacá, AIT, vol. 23, Iquique 31/3/1888, s/f).

El aprovisionar de agua a Iquique desde Pisagua, Arica y Pozo Almonte entró en crisis hacia la última década del siglo XIX. La caída de los márgenes de rentabilidad, los avances tecnológicos para desalinizar agua de mar a un costo más económico[12] y el no poder satisfacer las exigencias de un centro urbano que había crecido vertiginosamente desde los años 1860 determinaron que el porteo marítimo dejara de ser útil y eficiente. En adelante se privilegió el consumo del líquido destilado y el intentar entubar recursos hídricos situados en diferentes puntos de la cordillera y el oasis de Pica. De este modo, el abastecimiento de agua mediante las desalinizadoras describió una de las etapas más características y relevantes tanto para la vida y subsistencia de quienes habitaban los puertos salitreros y las caletas guaneras de la provincia de Tarapacá, como para satisfacer los crecientes requerimientos ferroviarios y del sistema shanks de elaboración de salitre.

Si bien la presencia de establecimientos condensadores de agua de mar fue persistente durante toda la segunda mitad del siglo XIX, su funcionamiento no estuvo exento de altibajos. La mayoría dejaba de desalinizar agua a los tres o cuatro años de ser implementados, siendo las causas de ello no solo los aspectos meramente comerciales, sino también los recurrentes incendios, como el que afectó al establecimiento de José Vargas el 26 de diciembre de 1885, y los fenómenos naturales, como los terremotos y maremotos de agosto de 1868 y mayo de 1877 (Billinghurst, 1887, p. 83 y 118; Ugarte, 1904, p. 90). El que al poco tiempo que se paralizaba una destiladora surgía otra que la reemplazaba hizo de esta actividad un giro comercial muy activo y llamativo para los inversionistas al haber retornos económicos bastantes rápidos asociados, como ya hemos mencionado, a un mercado consumidor estable y cautivo. El promedio de establecimientos que funcionaron anualmente en Iquique giró en torno a las cuatro o cinco máquinas, no todas de la misma envergadura y capacidad de producción. Algunas destinadas a responder preferentemente la demanda de los ferrocarriles y oficinas salitreras y otras, las más pequeñas, a las necesidades de consumo doméstico.

Después de la primera destiladora establecida en Iquique por Bernardo Digoy el año 1840, el empresario Manuel Flores habilitó la segunda condensadora en 1844. La tercera, de propiedad de Manuel Baltasar de la Fuente, entró en actividad en 1845. El año 1848 Guillermo Llona implementó la cuarta máquina, agregándose con posterioridad, hasta 1868, los establecimientos de Jorge Smith, Pedro Bargman y Enrique Dünschede (Billinghurst, 1887, p. 81). Entre 1868 y 1877 se instalaron doce desalinizadoras, entre ellas las de Herrera Hermanos, Keating y Crosier, Agustín Orriola, Manuel Marín Pérez, Barrenechea, Watson, Serdio Hermanos, El Morro, la de la Empresa del Ferrocarril Iquique-Pisagua y la de la Fundición de Tarapacá (Billinghurst, 1887, p. 82).

En 1883 Dixon Provand creó la Compañía Proveedora de Agua que, haciendo uso de una autorización del gobierno chileno fechada el 16 de marzo de 1880, puso en funcionamiento un novedoso sistema de destilación llamado caldero Root[13], el mismo que poco tiempo después aplicó también en el puerto de Valparaíso (Simón y Sánchez, 2018, p. 203). A través de este caldero, Provand llegó a producir 40.000 decalitros diarios de agua, es decir, el doble de la cantidad de líquido que obtenían hasta ese momento las cinco desalinizadoras que había en la ciudad (El abastecimiento de agua potable de Iquique. Nuevas consideraciones, 1888, p. 9). Esta mayor eficiencia hizo que el valor de este producto cayera en algo más de un 50% en menos de un mes, provocando la desaparición de casi todas las resacadoras al verse imposibilitadas de competir comercialmente; sólo siguió funcionando la de Thomas North, quien desarrolló una ingeniosa estrategia para anular a su competidor al introducir ilegalmente el mecanismo en su propia desalinizadora para aumentar la producción y provocar una sobreoferta de proporciones que hizo caer drásticamente la rentabilidad de este giro comercial[14]. Temiendo los socios de Provand una quiebra, decidieron en 1885 arrendarle a North su establecimiento por cinco años. Desde esta posición, North se benefició tanto de la concesión que le había sido otorgada a Provand, como de la oportunidad de comprar 157 acciones de la compañía a un precio muy bajo, pasando a ser el socio mayoritario. En 1886 adquirió la totalidad de la empresa (Castro, 2001, p. 99-100).

Entre los años 1840 y 1887, las desalinizadoras produjeron agua de manera sostenida y creciente, regularidad que solo fue interrumpida algunos meses del año 1879 por causa del inicio de la guerra entre Chile y Perú y Bolivia que involucró la ocupación de Iquique por parte de las fuerzas militares chilenas. De los 180 galones diarios de agua resacada elaborados por la primera desalinizadora instalada en Iquique, treinta y cinco años más tarde (1876-1877) se alcanzó un promedio de 5.900 galones por día, es decir, unos 2.150.000 galones anuales. Esta curva se acentuó significativamente a comienzos de 1879, llegándose a registrar un incremento del 3.200% solventado en la elaboración de 200.000 galones diarios, o sea, 76 millones de galones por año. Entre 1884 y 1885, las cuatro destiladoras que funcionaban en la ciudad proveían 20.000 decalitros diarios, alrededor de 44.000 galones[15], índice que se mantuvo en el bienio 1886-1887. Si bien en este último lapso no hubo un incremento relevante desde el punto de vista de la producción neta de agua de mar filtrada, sí existió un aumento de la capacidad instalada al ser sólo dos los establecimientos, el Molino Deva y la Compañía Proveedora de Agua, los que dieron satisfacción a las necesidades de los iquiqueños (Billinghurst, 1887, p. 118-119). A partir de 1889, el agua condensada fue paulatina y progresivamente reemplazada por la que se comenzó a traer por cañería desde el oasis de Pica.

En efecto, acotadas las posibilidades de expansión estructural de las desalinizadoras y del porteo de agua desde Arica y Pisagua, hacia fines del siglo XIX creció el interés por implementar una aducción hacia Iquique. Tempranamente, en el año 1880, Jorge Portes intentó crear una Empresa de Agua Natural mediante el tendido de una cañería hacia Iquique desde un punto de captación en la cordillera que nunca definió (La Voz Chilena, Iquique 10/8/1880). En enero de 1883, Manuel Gallinato Padin solicitó una concesión para extraer agua de una vertiente ubicada en la quebrada de Pazos con el propósito de llevarla, mediante una tubería, hacia el pueblo de La Noria e Iquique (Oficio del Jefe Político de Tarapacá al Ministro del Interior, AMI, vol. 1104-b, Iquique 19/1/1883, s/f). Esta petición fue aceptada por parte del Ministerio del Interior en abril de ese mismo año a condición de que entregara agua sin costo a los establecimientos fiscales y los buques de la Armada (Otorgamiento de concesiones, AMI, vol. 1104-b, Santiago 18/4/1883, s/f). En esta misma fecha y decreto, también se acogió el planteamiento de Antonio Solari Millas para instalar una red entre la caleta de Chucumata y el puerto de Iquique a partir de un pozo de agua dulce que había descubierto entre las ensenadas de Pacta y Tintero (Otorgamiento de concesiones, AMI, vol. 1104-b, Santiago 18/4/1883, s/f). Durante 1886, Andrés Laiseca presentó un proyecto para levantar un ducto desde una vertiente que estaba ubicada en Bajo Molle. Por último, en 1887 Carlos Wuth pidió una concesión por diez años para tender una cañería desde cierta captación que pensaba prospectar en la zona precordillerana (Informe de la Comisión de Agua Potable a la Municipalidad de Iquique, AMI, vol. 1510, Iquique 23/7/1888, f. 96-98; Informe complementario de la Comisión de Agua Potable, AMI, vol. 1510, Iquique 23/8/1888, f. 101).

La aducción hasta Iquique, la Tarapacá Water Works y el monopolio de Thomas North

Si bien el interés empresarial por dotar de agua a Iquique y otras localidades de la provincia de Tarapacá mediante una aducción se intensificó bajo la administación chilena, la idea de implementar un servicio de este tipo venía desde los inicios de la década de 1870, cuando aún este territorio pertenecía soberanamente al Perú, a causa de la explosión demográfica que hizo preveer que las modalidades de abatecimiento utilizadas hasta ese momento iban hacia una crisis segura. Así, el gobierno peruano, el 15 de mayo de 1871, autorizó al empresario Federico Torrico para que realizara prospecciones tendientes a establecer un proyecto técnica y económicamente factible, las que arrojaron como resultado principal que las vertientes del oasis de Pica daban “la mejor clase de agua, y son a la vez las que se hallan más inmediatas al puerto de Iquique” (Billinghurst, 1887, p. 143).

Estas conclusiones resultaron ser muy auspiciosas para las autoridades iquiqueñas de la época, quienes no tardaron en incentivar la presentación de propuestas en este sentido[16]. El 16 de mayo de 1872 se dio curso oficial al llamado público para ejecutar la aducción desde Pica a Iquique, consultando el financiamiento del proyecto mediante el remate de algunas oficinas salitreras fiscales. Se presentaron a este concurso dos propuestas, la de Rafael Canevaro, que consideró un presupuesto de 1.748.674 soles, y la del propio Federico Torrico, que pretendía unir las vertientes piqueñas de Comiña y Santa Cruz por medio de una galería. Se adjudicó la realización del proyecto este último en virtud de una resolución del gobierno peruano emitida el 3 de enero de 1873 (Billinghurst, 1887, p. 144). Este contrato estableció, en su punto cuarto, que el adjudicante estaba obligado a proveer al puerto de Iquique una dotación mínima de 15 litros por segundo al día, lo que equivalía a 129.600 decalitros diarios. Por falta de fondos fiscales, al no realizarse el contemplado remate de las salitreras, este contrato caducó el 18 de agosto de 1875 (Billinghurst, 1887, p. 157).

El fracaso de esta primera tentativa no desmoronó las expectativas de las autoridades iquiqueñas por ocupar el agua de Pica. Tanto fue así que, el 10 de noviembre de 1875, se implementó con rapidez un segundo proyecto mediante un convenio entre el ingeniero Jorge F. Cole y el Consejo del Distrito de Iquique. Este acuerdo comprometía a Cole, por una parte, a utilizar capital propio o bien organizar una sociedad y, por otra, a producir 300.000 galones diarios tanto para abastecer a la población como para extinguir gratuitamente los constantes incendios que ocurrían en la ciudad. Esta gestión finalmente no se pudo llevar a cabo por la oposición que ejerció Thomas North a través de la Empresa de Agua de Arica y porque además Jorge Cole no pudo conseguir los socios inversionistas en Londres. El Consejo Provincial dio por finiquitado este contrato en junio de 1878 (Billinghurst, 1887, p. 158-159).

El inicio de la guerra a fines de 1879 postergó toda iniciativa hasta el año 1882 cuando, normalizado el quehacer y asentada la administración chilena, el empresario escocés Thomas Hart, que había estado relacionado comercialmente con Federico Torrico, solicitó al gobierno chileno autorización para tender una aducción desde los manantiales de Pica hasta Iquique, petición que fue aprobada por el Ministerio del Interior el 18 de agosto de ese mismo año (Decreto del Ministerio del Interior, AIT, vol. 29, Santiago 18/8/1882, f. 120-120v). Teniendo muy presente Hart lo relevante que resultaba para viabilizar su propuesta el conseguir financiamiento en Escocia e Inglaterra por medio de la formación de una sociedad, un mes después de que se le otorgó la concesión procedió a solicitar a las nuevas autoridades que se fijara el precio máximo a cobrar por el agua en moneda de plata y no en papel (Decreto del Ministerio del Interior, AIT, vol. 29, Santiago 28/9/1882, f. 147-147v). El 28 de septiembre de 1882 se le respondió positivamente a su requerimiento, estableciéndose el valor del metro cúbico en $2 moneda de plata[17], además de especificarse que debía obligatoriamente “dar gratuitamente y para siempre toda el agua necesaria para el consumo en Iquique de las oficinas públicas, fiscales, municipales, de las escuelas, establecimientos de beneficencia y cuarteles, y de los buques de la Armada” (La Industria, Iquique 10/10/1882; Decreto del Ministerio del Interior, AIT, vol. 29, Santiago 28/9/1882, f. 147v). No pudiendo este empresario concretar la sociedad en el plazo estimado, su iniciativa de entubar el agua piqueña quedó paralizada.

A pesar del fracaso de la iniciativa de Hart, no tardaron en aparecer nuevas propuestas, dejando en evidencia el interés empresarial por el negocio del agua. La primera de ellas, impulsada por el empresario argentino Severo Isasmendi, se materializó en abril de 1883 cuando le pidió formalmente al jefe político de Tarapacá autorización para sondear y explotar la vertiente de La Calera a cambio de la entrega gratuita de ocho mil litros diarios de agua a las oficinas municipales de Iquique[18]. Esta petición fue aprobada por el Ministerio del Interior el 18 de abril de 1883, sin embargo, al no poder implementar la sociedad comercial, su propuesta no siguió su curso (Otorgamiento de concesiones, AMI, vol. 1104-b, Santiago 18/4/1883, s/f). La segunda, en tanto, fue la de Emilio Gutiérrez, quién propuso a las autoridades administrativas de Tarapacá tender una cañería desde las vertientes de Pica. Si bien esta idea fue informada el 9 de mayo de 1883 favorablemente por el jefe político, sobre todo tomando en cuenta que era una opción complementaria a la de Isasmendi y con menos complejidades técnicas respecto a la que había manifestado Hart en 1882, tampoco logró concretarse por razones financieras (Informe remitido al ministro del Interior sobre el proyecto de agua potable para Iquique de Emilio Gutiérrez, AIT, vol. 65, Iquique 9/5/1883, s/f).

A fines de 1884 Thomas Hart retomó su idea de entubar el agua de Pica, abortada dos años antes a causa de North. Como resultado de esta reactivación se le aprobó, el 23 de enero de 1885, una nueva concesión a partir del reconocimiento de los derechos que había adquirido en 1882 (Oficio de la Municipalidad de Iquique al ministro del Interior, AMI, vol. 1510, Iquique 21/8/1888, f. 106v; Causa de J. Arturo Hidalgo contra la Compañía de Agua por incumplimiento de contrato, NAJI, vol. 47, Copiador de Sentencias Civiles, f. 104v; Billinghurst, 1887, p. 163). En marzo de 1885 llegó a Iquique acompañado del ingeniero J. Parker, donde se juntaron con el ingeniero Guillermo Sterling, que venía desde Tacna, y, en conjunto, levantaron planos e hicieron estudios de costos en terreno por casi dos meses (Oficio de la Municipalidad de Iquique al ministro del Interior, AMI, vol. 1510, Iquique 21/8/1888, f. 108). En 1886 regresó a Escocia y creó en la ciudad de Glasgow laIquique Water Company con un capital nominal de 350.000 libras esterlinas, dejando la mayoría de las acciones a la venta (Blakemore, 1977, p. 69). Paralelamente, el 21 de enero de ese mismo año, el ingeniero John Inckwell practicó los primeros trabajos de nivelación con el objeto de comenzar a tender las cañerías y el 9 de febrero el Congreso lo autorizó a cobrar 2 centavos el decalitro de agua (Oficio de la Municipalidad de Iquique al ministro del Interior, AMI, vol. 1510, Iquique 21/8/1888, f. 106v-108v). A pesar de este avance, una nueva y decidida intervención de Thomas North, que incluyó una campaña de desprestigio en la prensa local, hizo que el proyecto fracasara definitivamente (Castro, 2001, p. 8-10).

A mediados de 1886 la J. Gildemeister y Cía., empresa conformada por Juan y Heinrich Gildemeister, ciudadanos alemanes residentes en Lima y en Iquique respectivamente (Calle, 2013, p. 350), solicitó privilegios exclusivos para realizar pozos artesianos en la pampa del Tamarugal, en una área cercana a Pica, con el objeto de dotar a Iquique de agua potable. Esta solicitud, si bien fue aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados el 17 de julio de 1886, no logró su aceptación definitiva en el Senado (Informe del Senado al intendente de Tarapacá sobre solicitud de Gildemeister y Cía., AIT, vol. 36, Santiago 12/8/1886, s/f; Informe de la Comisión de Agua Potable a la Municipalidad de Iquique, AMI, vol. 1510, Iquique 23/7/1888, f. 100-101). Contra ella operó con efectividad la oposición de Andrés Laiseca y Thomas Hart, además de las gestiones de la Municipalidad de Iquique y la Intendencia de Tarapacá que la informaron negativamente a los senadores, ya que apostaban a la mayor seguridad que le ofrecía la oferta de Hart. De este modo, la guerra de intereses entre empresarios volvió a jugar en contra de los de la ciudad, siendo esta vez Thomas Hart quien, como hiciera antes North con él, no tuvo reparos en desprestigiar la propuesta que fue finalmente desestimada (Oficio de la Municipalidad de Iquique al Ministerio del Interior, AMI, vol. 1510, Iquique 1888, f. 106v).

Los anhelos de los iquiqueños por tener agua piqueña se materializaron finalmente el 9 de octubre de 1888 cuando el gobierno le concedió permiso a la Tarapacá Water Works, una empresa creada para este fin por Thomas North, para llevar a cabo el tendido de cañerías y otras obras afines entre el oasis de Pica e Iquique, concretándose de este modo el anhelado monopolio buscado por este empresario inglés. El 12 de enero de 1889 la Municipalidad de Iquique estableció el cobro máximo del decalitro de agua en 1,5 centavos, y el 31 del mismo mes autorizó a la compañía el uso de las calles, plazas y terrenos a fin de implementar la red de distribución en la ciudad (Causa de J. Arturo Hidalgo contra la Compañía de Agua por incumplimiento de contrato, ANAJI, vol. 47, Copiador de Sentencias Civiles, f. 105; Acta Sesión Extraordinaria, CDSE, Santiago 9/10/1916; Salas Lavaqui, 1908, p. 78). Finalmente, en agosto de 1890, un sector de la población, la más pudiente, comenzó a consumir la dulce agua piqueña (Memoria Administrativa de la Intendencia de Tarapacá, AMI, vol. 1599, Iquique 1890, f. 93-94).

A pesar que el consumo del agua de Pica se hizo realidad a través de la Tarapacá Water Works, su alto costo para la mayoría de la población, especialmente para los sectores populares, y lo limitado de su oferta hizo que la presentación de nuevas alternativas de aprovisionamiento siguiera siendo válida en la búsqueda de una solución integral al problema del abastecimiento para Iquique. En este contexto, el 15 de febrero de 1889 el empresario Nemesio Cancho pidió la entrega en concesión de 400 hectáreas baldías de la pampa del Tamarugal para buscar, mediante pozos, las corrientes subterráneas de agua que venían desde la zona de Pica. Si bien esta propuesta fue aceptada por las autoridades competentes, la restricción que se le impuso de no poder negarse a la instalación por parte de terceros de cañerías superficiales o subterráneas en dicho terreno, llevó a Cancho a desestimar indefinidamente la ejecución de su plan (Solicitud de Nemesio Cancho, AIT, vol. 157, Iquique 15/2/1889, f. 24-25).

A fines del 1889, tres empresarios, Máximo Urízar, Eleuterio Dañin y Manuel Vidaurre del Río, solicitaron al gobierno una concesión a perpetuidad de las aguas de la laguna del Huasco, situada al interior de Pica, con el propósito de utilizarlas en irrigación y provisión para Iquique (Informe solicitud de concesión, AIT, vol. 157, Iquique 1889, s/f). Este requerimiento fue favorablemente informado por el intendente Ramón Yávar, pero el hecho de que no se les otorgaran ni la exclusividad ni la perpetuidad, y además se le impusiera un límite de dos años para el inicio de obras para evitar la caducidad automática del contrato, los llevó a abortar el proyecto (Informe solicitud de concesión, AIT, vol. 157, Iquique 1889, s/f). Finalmente, un último intento empresarial por ocupar los recursos hídricos del oasis de Pica para abastecer a Iquique y compertirle a la Tarapacá Water Works, que ya no pertenecía a Thomas North, fue el que formalizó Rodolfo Formas a inicios del siglo XX destinado a captar las aguas de El Salto en el valle de Quisma[19]. Si bien este planteamiento fue aceptado por el Ministerio de Obras Públicas el 26 de octubre de 1903, un informe del Ministerio del Interior que decía relación a un uso fiscal de este recurso hizo que se caducara arbitrariamente la concesión el 26 de junio de 1905 (Decreto 2350 del Ministerio de Obras Públicas, AIT, vol. 492, Santiago 26/10/1903, s/f; Decreto 1751 del Ministerio de Obras Públicas, AIT, vol. 532, Santiago 26/6/1905, s/f).

La demanda de agua mediante un proyecto estatal

Tras este largo y azaroso derrotero por abastecer de agua a Iquique, lo que hubo fue un persistente conflicto político-social que, a medida que transcurrió el siglo XIX, se asentó en la demanda de los iquiqueños por terminar con la modalidad empresarial privada e implementar un servicio público controlado por el Estado, cuestión que se consolidó en las primeras décadas del siglo XX.

En efecto, la escasez y la inequidad en la distribución, por una parte, y la mala calidad como el alto precio, por otra, contribuyeron a un caldo de cultivo que no dejó de ebullir hasta que en 1912 se decretó el abastecimiento estatal, no importando el alto costo que tuvieron que pagar los dueños del agua expropiada: los campesinos del valle de Quisma (Castro, 2010). La prensa local canalizó esta persistente queja de lo ineficiente y costosa que era la modalidad de abastecimiento por medio de intermediadores, los aguadores, del agua desalinizada, las que llegaron a incrementar el precio del galón hasta en un 50% sobre el del agua destilada que se vendía al por mayor[20], sin dejar de mencionar que el líquido entubado era un lujo para los sectores más precarizados. “¡Agua, agua, agua!” se exigió tajantemente a fines de 1880, mencionando de modo alarmante que si por las “calles centrales apenas pasa un aguador al día” era de imaginarse lo que padecían en los “suburbios en donde el calor es infernal tanto por la clase inferior de los edificios, [como] por el suelo medanoso y pulverulento” (La Voz Chilena, Iquique 27/11/1880). Estos mismos conceptos, que asociaban la carencia de líquido potabilizado a la especulación de los aguadores, no tardaron en ser reiterados en los años venideros. Según el diario La Industria (Iquique 16/9/1882), “ahogarse o sofocarse” era el dilema que tenían los iquiqueños, una condición que obligaba irremediablemente, de acuerdo al periódico El Veintiuno de Mayo (Iquique 19/11/1882), a pagar los caprichos comerciales de los aguadores y, sobre todo, del “abuso que cometen los dueños de las máquinas destiladoras, llevando el precio del agua a un grado tal que para el pobre ha llegado a ser un artículo de lujo” (La Industria, Iquique 19/11/1882).

Los alcances acumulativos de las vicisitudes por acceder al agua llevaron a la prensa a plantear por primera vez en las postrimerías de 1894 la necesidad de implementar el abastecimiento a cargo de una entidad estatal, específicamente la “conveniencia de traer por cuenta municipal el agua abundante y barata” (La Patria, Iquique 7/12/1894). En estos términos, el mencionado periódico se hizo eco de la tensión social que comenzó a generar la situación de tener que esperar largos años por una mejora en este servicio básico, más aún en una ciudad asentada en pleno desierto[21].

En la década de 1890, el tema de discusión no solo se enfocó en los aguadores, sino que también se comenzó a tomar en cuenta el accionar monopólico y los elevados precios de la empresa creada por Thomas North que abastecía a Iquique con agua del oasis de Pica. En este sentido, las denuncias comenzaron a hacerse de manera sistemática, puesto que la Tarapacá Water Works, tras adquirir la empresa de Tomas Hart constituida en Glasgow, la Iquique Water Company, en 1889 consiguió un nuevo contrato con la Municipalidad que le permitió fijar los precios, a pesar de que originariamente, según la concesión realizada a la empresa de Hart en 1885, este derecho era exclusivo de la presidencia de la república y quedaba sujeto a las fluctuaciones del mercado, por lo que se revisaba cada seis meses. Así, la Tarapacá Water Works llegó a cobrar hasta 10 y 12 pesos el metro cúbico a los barcos ubicados en la bahía; 3 centavos por decalitro en la ciudad y 2 pesos con 20 centavos por metro cúbico en la Pampa, siendo este el precio más caro del agua si lo comparamos, por ejemplo, con los 70 centavos que costaba el metro cúbico en Antofagasta (Gutiérrez, 1903, p. 35-36).

La posibilidad de que este servicio hiciera bajar los precios y permitiera a todos los iquiqueños acceder a este vital recurso prontamente quedó descartada, añadiendo un elemento que terminó por desatar algunos síntomas de violencia social en torno a las demandas de los más pobres. De hecho, los aguadores de Iquique no sólo tuvieron que resistir durante largo tiempo constantes agresiones e insultos por parte de la población a la que le vendían el agua, sino que, además, se vieron obligados muchas veces a cobrar una menor tarifa para evitar ser golpeados y tener que aceptar la usurpación de su líquida mercancía[22].

El rango de tema social de esta problemática quedó muy claro cuando en el año 1903 el Partido Obrero Mancomunal expresó su especial preocupación por este asunto al plantear, en su programa político, la consecución de un aprovisionamiento de agua potable aceptando la propuesta del ingeniero Valentín Martínez de ocupar los acuíferos de Yabricoya (El Obrero Mancomunal, Año 1, Nº 1, Iquique 19/2/1903). Igualmente cuando el Gremio de Lancheros y Fleteros de Iquique señaló, a través de un memorial dirigido al ministro del Interior y entregado a la Comisión Parlamentaria en 1904, la necesidad que había de contar con un abastecimiento municipal dado que la participación de particulares se acotaba en las crecidas rentas a costa de un líquido extremadamente caro y de mala calidad (Memorial del Gremio de Lancheros y Fleteros de Iquique dirigido al Ministro del Interior, 1908, p. 587). Poco tiempo después, en 1906, el Congreso emitió la ley N° 1835, por medio de la cual se autorizó al presidente de la República a intervenir en el mejoramiento del abastecimiento de diversas ciudades chilenas, entre ellas, Iquique (Congreso Nacional, 1906).

El evidente alcance social de este tema hizo que a comienzos del siglo XX existiera una opinión pública bastante consolidada y consensuada respecto a superar el sistema privado de abastecimiento de agua potable, especialmente porque los iquiqueños tenían muy claro que la empresa inglesa era incapaz de surtir a la mayoría de la población o de beneficiar a los más pobres con un precio económico. De hecho, en 1910 los sectores populares de la ciudad pagaban el doble a pesar que bebian escasos 5 litros diarios en comparación a los 100 litros consumidos por los más pudientes y, por si fuera poco todo lo anterior, apenas un 26% del líquido generado por esta compañía era destinado de modo directo a los requerimientos domésticos, siendo el volumen restante derivado a los ferrocarriles y las faenas industriales en las oficinas salitreras (Datos sobre el consumo de agua potable de Iquique oficiados al ministro de Obras Públicas, ITAR, vol. 5, Ministerio de Relaciones Exteriores 1910-1911, Iquique 1910, s/f). Por ello, no debe extrañar que a comienzos de 1913 en uno de los periódicos más importantes se afirmara tajantemente que la “única solución que debemos sacar de esto [la escasez constante], es la de que cada vez se haga más necesario dotar a Iquique de agua abundantísima, buena y barata” (El Tarapacá, Iquique 31/1/1913).

Buena, abundante y barata fueron los conceptos que comenzaron a circular por las calles de Iquique como en las páginas de sus periódicos. Según un informe de la Dirección de Obras Públicas, para 1913, la parte servida por la cañería de la Tarapacá Water Company apenas representaba un 17% de la ciudad, quedando el restante 83% desamparado y carente de un adecuado abastecimiento (Informe de la Dirección General de Obras Públicas, AMIOP, vol. 2408, Santiago 1913, s/f).

La aprobación a mediados de 1913 de la propuesta pública para dotar a Iquique de agua potable estatal vino a representar para la mayoría de los iquiqueños el “comienzo del triunfo”. Una grata nueva que envolvía en su determinación una futura comodidad, la del “suspirado abaratamiento” del líquido bebestible. Parecía que, al fin, las incansables demandas daban sus primeros frutos, permitiéndole a la prensa el borboteo de numerosos adjetivos para describir la alegría. Fue el caso de los comentarios publicados en El Nacional y El Tarapacá a mediados de 1913. En el primero, se dijo que mediante esta medida pronto se podría palpar “los óptimos frutos de tan grandiosa obra de beneficio común para la ciudad”, especialmente “un menor precio del agua potable” posibilitando con ello “a las diversas clases sociales, especialmente la obrera” recibir “como el maná bíblico la llegada del agua fiscal [por] tanto tiempo esperada” (El Nacional, Iquique 18/6/1913). En el segundo, en tanto, se señaló que un “triunfo bien digno de celebrarse” iba a ser el día en que llegara a Iquique “la primera gota de agua fiscal barata y más que barata, abundante” (El Tarapacá, Iquique 18/6/1913).

A pesar de lo tajante de estas expresiones, la materialización de un servicio estatal de agua potable aún tenía rangos importantes de incertidumbre. Después de todo, la ciudad de Iquique todavía no contaba con este tipo de servicio, en consecuencia, estaba pendiente una resolución definitiva. En este sentido, el curso que tomaron los acontecimientos en los años posteriores dio la razón a aquellos que no les satisfizo esta medida y que exigieron una actitud estatal más decidida. Precisamente, el hecho de que los residentes de este puerto salitrero asumieran rápidamente que este servicio no lo tendrían en el corto plazo a pesar de la aprobación de la propuesta por parte de la Dirección de Obras Públicas, acentuó la balanza hacia una crítica más dura. De este modo, la presión no se dejó esperar, llegando incluso a la propia capital del país a través del diario más influyente:

La comparación de entradas que proporcionan al Estado las provincias salitreras con los gastos que en ellas se hacen para la mantención de los servicios administrativos, deja la impresión que en realidad no se puede atender como sería de desear la comodidad, seguridad y bienestar de los habitantes de esa sección de nuestro territorio, y si de la impresión general se pasa a los detalles, asombra ver que todavía están las poblaciones sufriendo sed por la falta de agua potable abundante y barata, soportando las más crueles epidemias por la falta de servicios higiénicos y en general llevando una vida muy difícil. [...] Mientras millones pasan por las arcas fiscales y se invierten en gran parte en el sostenimiento de un tren fastuoso de empleados y proveedores que hacen su agosto, las provincias del Norte carecen hasta de lo necesario (El Mercurio, Santiago 30/12/1913).

Si bien los cuestionamientos en este lapso mantuvieron los sentimientos de abandono y desigualdad, el acento se puso en pedir que se terminara con rapidez lo que se había comenzado, como igualmente en discutir los aspectos técnicos de las decisiones tomadas por las reparticiones ministeriales. Fue en este momento cuando la comunidad provincial, tanto como sus autoridades, optaron por ocupar sin concesión las aguas de las vertientes de Chintaguay, ubicadas en el valle de Quisma aledaño al oasis de Pica, para llevarlas a Iquique; una posición que se remarcó al presentar distintas y constantes inconveniencias las prospecciones en la pampa del Tamarugal. En adelante, es decir, a partir de 1914, la opinión pública iquiqueña ya no pidió más que los recursos hídricos potabilizados se captaran en la zona cordillerana.

Hacia fines de la década de 1910 el proyecto estatal se encontraba bastante entrampado en su ejecución y no se tenía certeza de cuándo Iquique vería correr en sus calles el agua potable prometida. La escasez de este recurso seguía siendo parte de la vida cotidiana de los iquiqueños, tanto como el elevado precio que se tenía que pagar para conseguirlo. Como ya no existían elementos mediatizadores que moderaran las opiniones, los ataques no se dejaron esperar. En agosto de 1918 de manera furibunda se indicó que la “ciudad no tiene agua potable proporcionada por el Estado, porque el Gobierno no ha pensado nunca en suministrarle este elemento esencial para la vida” (El Nacional, Iquique 26/8/1918). Pero no sólo la prensa local manifestó esta molestia, también los reclamos se cobijaron en el Congreso. El 25 de agosto de 1918, la intervención del diputado balmacedista Anselmo Blanlot Holley no dejó de sorprender a sus pares, a pesar que lo medular de su intervención ya se había manifestado con anterioridad en otras instancias tanto en Santiago como en la provincia de Tarapacá:

En el puerto de Iquique, por donde salen las tres cuartas partes de la riqueza con la cual se han construido palacios, escuelas, cárceles, ferrocarriles, se han abierto caminos y proporcionado un relativo bienestar a todo el resto del país, carece de servicios que para todo pueblo culto son indispensables (Acta Sesión Ordinaria, CDSO, Santiago 25/8/1918).

Dos años más tarde, a debida cuenta que la situación poco había cambiado e Iquique seguía esperando el agua potable bajo una empresa administrada estatalmente, se reiteraron estos conceptos en el diario más influyente de la ciudad:

La base de la salud pública, se puede decir, está en el agua buena, abundante y barata, que no se venda a precio de oro, como hoy sucede, para que se pueda usar en Iquique y en la pampa también como elemento de higiene para el baño que impone todo hábito de conservación individual. Es verdad que ya están aquí los materiales y que se construyen en la falda del cerro poderosos estanques surtidores, pero aún falta aprobar las propuestas próximas a abrirse en Santiago y que si encuentran tropiezos retrasarían una vez más la terminación de las obras que parecen estar condenadas a una cuarentena interminable. Aquí bebemos agua, ¡cuál si fuera un elemento importado!, pagándola en relación al cambio, más claro: se paga a precio de oro. Y esto no puede ser, no debe continuar así, porque el viejo sistema se está trocando en odioso e irritante (El Tarapacá, Iquique 13/11/1920).

No obstante que hacia el año 1924 Iquique comenzó a surtirse de agua potable fiscal, esta prestación no logró revertir con rapidez algunos de los problemas estructurales que presentó el abastecimiento desde el siglo XIX: la carestía y elevados precios. En efecto, a pesar de que el volumen de agua disponible en la ciudad aumentó, la cantidad bajada por el servicio estatal desde las vertientes del valle de Quisma rápidamente se hizo insuficiente a causa del incremento vertiginoso de la demanda. En consecuencia, la escasez disminuyó, pero no desapareció. Lo anterior influyó para que el nivel de las tarifas siguiera siendo alto, la causa principal de que este elemento continuara constituyendo un artículo privativo para vastos sectores. En este ámbito, se acotó una de las principales peticiones emanadas del Congreso de Cámaras de Comercio del Norte realizado en 1934:

El precio del agua en las provincias del norte debe estar al alcance de todos los recursos, por ser un elemento básico de la vida. Para resolver el problema que afecta a estas provincias se sugiere que los servicios de agua potable sean propiedad del Estado (La Defensa de Tarapacá, Iquique 17/11/1934, p. 10).

La ausencia de soluciones integrales hizo, a medida que transcurrió el tiempo, que la opinión pública de Iquique tomara muy poco en cuenta el lugar donde se extrajera el agua como los posibles efectos sociales derivados de esta acción. Una espera demasiado larga redundó, finalmente, en una escasa asertividad a planteamientos más estratégicos y de largo alcance en esta materia. Tras una larga lucha por tener un mejor servicio de agua potable, los iquiqueños terminaron por aferrarse a lo único que veían como alternativa concreta: los acuíferos de Chintaguay del valle de Quisma en el oasis de Pica. La solución coyuntural, en consecuencia, terminó por imponerse.

Monopolio, alza de precios y baja cobertura: la conflictiva interacción entre la Municipalidad de Iquique y la empresa de agua de North

Si bien la Tarapacá Water Works hizo realidad el anhelo de los iquiqueños por contar con el agua del oasis de Pica, rápidamente la relación de esta empresa con el Municipio de Iquique se tornó en extremo difícil por el ejercicio monopólico que ejerció North sobre este negocio, provocando un incremento arbitrario del precio de venta y una restringida cobertura. De hecho, la compañía de North, en 14 años de funcionamiento, obtuvo ganancias por 24 millones de pesos vendiendo el metro cúbico de agua muy caro, en 2 pesos y más en promedio (El agua potable de Iquique y el proyecto de transacción entre el Fisco i The Tarapaca Water Company Limited, 1905, p. 12). De este modo, el evidente alcance social de este tema hizo que a comienzos del siglo XX existiera una opinión pública bastante consolidada y consensuada respecto a superar el sistema privado de abastecimiento de agua potable, especialmente porque los iquiqueños estaban muy claros que la empresa inglesa era, por un lado, incapaz de surtir a la mayoría de la población y, por otro, no le interesaba en lo más minimo bajar el precio de venta del agua en beneficio de los habitantes de Iquique. Como lo describiera certeramente el doctor Juan Noé a comienzos de marzo de 1913, el estado de la higiene de Iquique comparado “con el de las grandes ciudades del sur [era] lastimoso” tanto por las “calles sucias, sin empedrado o pavimentación firme y fácil de lavar, con plagas de mosca” como por tener “un servicio de agua potable que es lo más deficiente por lo caro y restringido” (El Tarapacá, Iquique 7/3/1913).

La creación de la Tarapacá Water Works fue producto de una estrategia empresarial que buscó la concentración absoluta de la captación, distribución y venta de agua, y este propósito no tardó en reflejarse. El incremento sostenido del valor del agua vendida por esta empresa durante su primer año de funcionamiento fue el detonante del quiebre entre las autoridades municipales, el público consumidor y North, y, esta vez, el conflicto caló hondo. Así lo expresó una inserción periodística de fines de 1894, referida a la propuesta del empresario Manuel Rojas para traer agua desde la zona de Yabricoya, al afirmar que “estamos seguros que si la compañía [de Rojas] alzara el precio del agua a diez centavos, el pueblo entero se allanaría a pagar este precio con tal de que concluyera para siempre un monopolio tan odioso, trayendo por cuenta municipal el agua abundante y barata” (La Patria, Iquique 7/12/1894).

Este resquemor ni siquiera se acabó con la sorpresiva muerte de North el 5 de mayo de 1896. Desaparecido el obstáculo principal, se hizo más factible materializar la idea de un abastecimiento estatal de agua potable en la provincia, posición que ganó terreno entre las autoridades municipales y la opinión pública al no poder concretarse el diseño de utilizar capitales privados chilenos para frenar a la compañía inglesa. Por ello, no debe extrañar que el mismo año de su fallecimiento la Municipalidad de Iquique, al amparo de una administración no proclive a los intereses de la Tarapacá Water Works, procedió a reclamar por los altos precios por ella cobrados, como asimismo apelar ante las autoridades nacionales por la pronta realización de las obras de abastecimiento de agua potable estatal, administrada municipalmente, para la ciudad (El Tarapacá, Iquique 20/6/1902 y 31/1/1913; Acta Sesión Extraordinaria, CDSE, Santiago 9/10/1916). Este hecho marcó el comienzo de una tensa convivencia entre la compañía inglesa y el municipio iquiqueño que perduró por más de dos décadas.

Más allá de los altibajos de las fricciones ocurridas entre ambas partes, el inicio del nuevo siglo dio cuenta de la arremetida final contra la Tarapacá Water Works por parte de la Municipalidad de Iquique. En 1903 el municipio llevó a cabo un juicio contra la mencionada compañía inglesa por cobros indebidos aduciendo incumplimiento del mandato establecido en la concesión otorgada en 1888 de suministrar agua de manera gratuita a las distintas oficinas estatales y municipales de la ciudad (Acta Sesión Extraordinaria, CDSE, Santiago 9/10/1916). Por cierto que este acuerdo, firmado el 12 de enero de 1889, no estuvo exento de críticas, sobre todo porque la Empresa inglesa terminó haciendo “caso omiso de las disposiciones de la ley, esto es, con abierta y descarada infracción del artículo 62 de la ley de12 de septiembre de 1887” (Gutiérrez, 1903, p. 10), es decir, no cumplió con la obligación de entregar agua gratuita a la Municipalidad y otras oficinas fiscales de Iquique. Si bien esta demanda hacia la Tarapacá Water Works terminó rápidamente, el hecho que fuera en base a un frágil acuerdo entre las partes no aminoró ni puso fin al conflicto (Castro, 2010, p. 89).

En 1908, estando vigente la débil avenencia judicial del año anterior, la Municipalidad justificó ante la Comisión Consultiva las fundadas razones que tenía su afán de lograr un servicio estatal de agua potable bajo su administración:

Desde los primeros albores del progreso de la floreciente Iquique, encontramos diseñada una lucha desigual entre la filantropía de los gobernantes y la especulación de un hombre afortunado. Aunque es triste decirlo, ese estado de cosas reina aún y el pueblo de Iquique, obligado a pagar un precio exorbitante el agua indispensable para la bebida y usos domésticos, no puede gozar de las ventajas de una dotación abundante y a bajo precio que la salubridad y la higiene reclaman […], lo ideal sería que todos los servicios de agua potable se prestaran por la Administración Pública en condiciones correctas y sin lucro (Salas Lavaqui, 1908, p. 221).

El 11 de junio de 1907, el consistorio iquiqueño volvió a arremeter, esta vez declarando cesada la concesión otorgada en 1888 a la Tarapacá Water Works a causa de que esta compañía no había renovado esta garantía dentro de los plazos fijados en las disposiciones reglamentarias establecidas originalmente en el contrato en cuestión. Si bien esta resolución municipal se entendió como una medida de presión respaldada legalmente, rápidamente se diluyó al considerarse, de acuerdo a los indicios entregados por la misma empresa inglesa de agua potable, que con esta acción se ponía en serio riesgo el abastecimiento existente hasta ese momento en la ciudad (Salas Lavaqui, 1908, p. 221).

En el mes de octubre de 1908, reculando su decisión de congelar el atosigamiento a la proveedora inglesa de agua potable, la repartición municipal acordó finiquitar la autorización que le había entregado el 31 de enero de 1889 para que ocupara indefinidamente las calles de Iquique con el objeto de implementar el servicio de abastecimiento domiciliario por medio de cañerías (El Pueblo Obrero, Iquique 27/10/1908), pero al igual que las acciones anteriores no quedó en nada por la amenaza de desabastecimiento.

A comienzos del año 1912, nuevamente la alcaldía emprendió acciones contra la Tarapacá Water Works, exigiendo esta vez el cabal cumplimiento del contrato de concesión aprobado en 1888 y firmado el 12 de enero de 1889, que había establecido un valor máximo del agua en 1,50 centavos el metro cúbico, so pena de aplicarle una multa de $40 por cada cobro que hubiese sobrepasado este valor desde 1908 hacia adelante, también por el arriendo de medidores a razón de un precio superior a 0,50 centavos mensuales, y por cada negativa a instalar este servicio donde existía cañería matriz (El Tarapacá, Iquique 3/1/1912, 7/1/1912)[23].

Dado el evidente objetivo de estas medidas, la compañía interpelada apeló formalmente contra esta resolución dejando entrever, subrepticiamente, la larga deuda de la administración municipal por concepto de consumos de agua no cancelados desde hacía bastantes años y que no era posible de adscribir a los beneficios estipulados en las concesiones vigentes (El Tarapacá, Iquique 10/2/1912). Esta maniobra le permitió, al igual que en las anteriores arremetidas en su contra, que la Municipalidad de Iquique, temiendo una demanda por un alto valor por concepto de deudas impagas, decidiera suspender temporalmente la aplicación de la disposición señalada. Este débito municipal se convirtió en la principal arma de defensa que utilizó la Tarapacá Water Works ante esta conflictiva y larga coexistencia con la entidad edilicia.

Si bien entre los años 1912 y 1913 se extendieron los instrumentos legales para dotar de agua potable fiscal a Iquique desde las vertientes de Chintaguay, esta “batalla” contra la compañía inglesa siguió latente por un largo tiempo, exacerbando las presiones públicas para poner fin a este servicio privado. El hecho de que el proyecto estatal iniciado en 1912 no se concretara en el corto plazo obligó a las partes a llegar a un acuerdo, el cual se llevó a cabo el 5 de agosto de 1918 (El Tarapacá, Iquique 6/8/1918). Para la Municipalidad, este arreglo significó normalizar un abastecimiento mínimo hasta que se terminaran las obras de la aducción fiscal, cuestión que ocurrió en 1924. Para la Tarapacá Water Works, en tanto, su conveniencia radicó en seguir funcionando sin dificultades durante un extenso período. Esta fue la última referencia de una larga y dificultosa coexistencia heredada a partir de los afanes monopólicos de Thomas North.

Conclusiones

El abastecerse de agua potable fue, desde un inicio, una verdadera odisea para los habitantes de Iquique por no tener fuentes surtidoras cercanas donde obtenerla, cuestión agravada por la condición desértica donde estaba emplazada esta ciudad portuaria. A esto se sumó la desidia recurrente de las autoridades gubernamentales (peruanas primero y chilenas más tarde) por buscar una solución a su amparo, además del déficit estructural que se generó por el explosivo crecimiento demográfico y comercial impulsado por la expansión de la minería del salitre a partir de mediados del siglo XIX. Este escenario hizo que el rol empresarial, tanto en el porteo de agua desde Arica y Pisagua como en la habilitación de plantas desalinizadoras de agua de mar, fuera determinante. Sin embargo, el hecho de estar el abastecimiento de agua bajo manos privadas provocó tres inconvenientes centrales: 1) la competencia desleal por lograr una proporción mayor de un negocio muy lucrativo al tener un mercado cautivo; 2) la total ausencia de consideraciones sociales reflejadas en el alto valor de venta y el privilegiar el abastecimiento demandado por los trenes y las faenas mineras; 3) habilitar un sistema de distribución muy desigual entre ricos y pobres. Esto provocó que, hacia fines del periodo decimonónico, la opinión pública exigiera un servicio estatal, más aún tomando en cuenta el monopolio que llegó a tener John Thomas North en el negocio del agua, además del salitre, acentuando en extremo la preponderancia de la rentabilidad comercial por sobre la equidad en el acceso y la calidad. De este modo, el conflicto entre la Municipalidad de Iquique y la Tarapacá Water Works pasó a ser el factor dominante respecto a la modernización del sistema de abastecimiento de agua potable para Iquique, y la imagen del empresario inglés catalizó el rechazo de los iquiqueños por la gestión empresarial en el rubro. Un entorno al que se sumó la figura del presidente Balmaceda y su idea del rol municipal en la modernización de las ciudades.

En efecto, si en 1888 Balmaceda había abogado por una distribución de atribuciones y recursos para las municipalidades más acordes con sus obligaciones que, a su juicio, colaboraría en el desarrollo de la higiene y la salubridad de las ciudades, como veíamos al principio de este artículo, un año antes, en su discurso ante el Congreso, había recomendado que se procurara la nacionalización de las empresas extranjeras como una medida para equilibrar la balanza de las exportaciones y las importaciones del país (El pasado Republicano en Chile, 1899, p. 228). Podemos imaginar la inquietud que estas declaraciones generaron entre el empresariado extranjero radicado en Chile. Uno de los que se dio por aludido fue precisamente Thomas North, y si bien recibió señales de apaciguamiento cuando ambos se reunieron en 1889 en la oficina salitrera Agua Santa, donde Balmaceda le aseguró que las inversiones extranjeras seguían siendo bienvenidas y “que deseaba dar toda clase de facilidades para la introducción del capital extranjero para el desarrollo de los recursos del país” (Russell, 2011 [1890], p. 75), no sabemos si esto lo tranquilizó, aunque si nos consta que, por una parte, liquidó su empresa de agua y, por otra, si bien no dejó de invertir en el salitre, desde la distancia (Londres), financió la defenestración de Balmaceda (Castro, 2001, p. 97).

Por actitudes como la de North que, como hemos visto, no dudó en agotar todas las posibilidades que le permitieran evitar la concreción de propuestas empresariales que le generaran competencia[24], es que en la opinión pública tarapaqueña la iniciativa privada de abastecimiento de agua potable perdió apoyo y, en contrapartida, tomó un fuerte impulso el secundar el llamado del presidente Balmaceda a nacionalizar el agua. De este modo, que estuviera en manos del capital extranjero o nacional fue indiferente en esta discusión. Lo que realmente se pretendió fue que el servicio de abastecimiento de agua potable pasara al control del Estado, con la esperanza de que la administración fiscal de la empresa de agua potable procuraría dotar a toda la población por igual, sin pretender hacer un negociado con ello. No obstante, la realidad no fue así y el agua siguió siendo un bien escaso y altamente costoso, condiciones que perduran hasta la actualidad.

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Notas

Notas de autor