Introducción

De acuerdo con Carbonell (2010), la mejor protección que pueden recibir las personas y grupos de atención prioritaria consiste en su resguardo constitucional frente a toda acción que la vulnere. En este sentido, la Constitución del Ecuador, con el objetivo de garantizar sus derechos establece que este grupo de personas “recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado” (Constitución Política del Ecuador, 2008, Artículo 35) y que, en caso de encontrarse en alguna situación de riesgo, “El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad” (Constitución Política del Ecuador, 2008, Artículo 36).

En especial, la defensa de los derechos de los grupos de atención prioritaria cobra aún mayor relevancia si se toma en consideración que, dentro de este grupo, Human Rights Watch (HRW) (2020), una de las principales organizaciones no gubernamentales en favor de los derechos humanos, señala que, cada año, millones de personas mayores sufren violaciones de sus derechos, que van desde la discriminación y la exclusión social y política, hasta los abusos en los centros de enfermería, la negligencia en entornos humanitarios y la negación y el racionamiento de la atención médica. Además, afirma que la mayoría de estos abusos quedan indocumentados y los perpetradores permanecen impunes (Human Rights Watch, 2020).

En tal sentido, además de los riesgos directos para los adultos mayores causados por su mayor vulnerabilidad, existen varios riesgos latentes o indirectos para su salud y bienestar que emanan de factores socioculturales y demográficos (D’cruz & Banerjee, 2020). Así, por ejemplo, de manera general, la marginación de los adultos mayores oscila entre el 55 y el 70% en todo el mundo (Walsh et al., 2019). Por su parte, en Ecuador, de acuerdo con la última encuesta sobre Salud, Bienestar del Adulto Mayor, el 14,9% de los adultos mayores se encuentran en situación de negligencia y abandono y un 23,5% en situación de indigencia (Freire, 2010).

Sobre esto, D’cruz y Banerjee (2020) sostienen que la exclusión social de los adultos mayores siempre es relativa a la sociedad normativa o mayoritaria. De esta forma, los autores consideran que este grupo de personas son identificadas como el otro y deshumanizadas. Así mismo, señalan que las estructuras sociales como los hogares de ancianos y las clínicas geriátricas, al tiempo que les brindan servicios especializados, también han contribuido a su segregación de la población general. A esto, a su vez, habría que sumarle el hecho de que el proceso de exclusión social también priva a los adultos mayores de su agencia, autonomía e independencia y las decisiones se toman en su nombre.

El proceso de multidimensionalidad y la hipótesis del estrés minoritario implican que a menudo hay múltiples factores que contribuyen a la exclusión social de este grupo de atención prioritaria. Además, los factores tienen un efecto acumulativo y un impacto longitudinal sobre su salud y bienestar. Según D’cruz y Banerjee (2020), existen, por lo menos, seis dominios de exclusión social identificados, a saber: i) vecindario y comunidad, ii) relaciones sociales, iii) servicios, comodidades y movilidad, iv) recursos materiales y financieros, v) aspectos socioculturales y vi) participación cívica.

Con relación a este debate, Fulchiron (2017) enfatiza que el régimen jurídico enfocado en los adultos mayores vulnerables no solo debería plantearse para proteger el ejercicio de sus derechos, sino que, además, en caso de necesidad, restringir en cierta medida su ejercicio para protegerlos de mejor manera.

Ahora bien, a tenor de las preocupaciones señaladas por HRW, desde la academia, la temática de la vulneración de los derechos de los adultos mayores también ha sido una de las mayores preocupaciones abordadas en la literatura de los últimos años. En este contexto, en Europa y Asia, varios estudios se han enfocado en comprender las experiencias de las personas mayores dentro de un marco que evidencia un proceso de estereotipos y discriminación sistemáticos y cómo estas prácticas podrían brindar elementos que permitan mejorar las políticas para aumentar la prevención, la promoción de su salud y su inclusión social (Doron et al., 2018; Frączkiewicz-Wronka et al., 2019; Love & Lynch, 2018; Mondal & Dubey, 2020; Yang et al., 2018).

Por otra parte, para el caso latinoamericano, distintas publicaciones han centrado su análisis en factores que contribuyen a la vulneración de los derechos de los adultos mayores y algunas dimensiones de esta problemática. Así, por ejemplo, existen investigaciones que señalan que, dentro de este grupo de atención prioritaria, existen personas que no pueden percibir la violencia de la que son víctimas, no pueden defenderse y/o no pueden acceder a la justicia, corroborando así que los autores del delito quedan impunes (Lafferriere, 2020; Marchiori, 2017).

Además, otros estudios han analizado elementos que restringen su autonomía e inclusión y los mantienen en situaciones de riesgo. Así, por ejemplo, Ivo y Farias (2017) señalan que la mala calidad del espacio construido en espacios urbanos en Brasil limita su movilidad, mientras que Ortega González (2018) argumenta que, en Chile, la presencia de distintas expresiones de maltrato hacia este grupo poblacional continúa incrementando la reproducción de desigualdades que las instituciones públicas no han podido mitigar. Por ello, varias investigaciones sugieren que la inclusión de convenios con instituciones privadas y la construcción de nuevos programas de políticas públicas son elementos necesarios para poder dispensar con mayor eficacia las garantías constitucionales de los adultos mayores (Cunil-Grau & Leyton, 2018; Ovalle Favela, 2016; Yarce et al., 2017).

Por su parte, dentro del contexto ecuatoriano, si bien la academia también se ha sumado a dilucidar las problemáticas existentes para las personas mayores en el país, la mayoría de las investigaciones se han orientado en temas de salud (como, por ejemplo, González Terán, 2018; Rodríguez et al., 2018; entre otros) y existe una infrarrepresentación en el aspecto concreto sobre el análisis de sus derechos (González et al., 2016; Vera López, 2016). De esta forma, el presente artículo pretende contribuir a llenar este vacío en la literatura, a través de un estudio de caso realizado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador) y, para ello, se plantea las siguientes interrogantes: ¿en qué medida se contemplan las garantías constitucionales de los adultos mayores por parte de las autoridades públicas en esta provincia? ¿cuáles son las necesidades de este grupo de atención prioritaria y cuál ha sido la reacción para cubrirlas por parte de las instituciones públicas y privadas? Y, por último, ¿cuál es la percepción de este grupo etario con respecto a la atención que reciben a nivel familiar, social y gubernamental?

METODOLOGÍA

Para responder a las preguntas establecidas, se diseñó una investigación de campo. Se adoptó una metodología mixta, con un nivel de profundidad exploratorio para la parte cualitativa y descriptivo para la cuantitativa.

Para la recolección de la información se emplearon técnicas de muestreo multietapa en las que, en la primera etapa, se eligió a funcionarios de distintas instituciones públicas y de una organización no gubernamental mediante una técnica de selección intencional no probabilística (tabla 1). El objetivo detrás de la elección de esta técnica de muestreo en particular fue abordar el propósito específico de esta investigación, es decir, brindar la misma oportunidad a distintos actores para analizar el contexto que experimentan los adultos mayores de esta provincia. Con ellos se realizaron entrevistas no estructuradas acerca de las acciones que desarrollan sus instituciones ante la situación que experimenta este grupo de atención prioritaria en la provincia.

En la segunda etapa, se desarrollaron dos encuestas cerradas. En la primera, el marco muestral se diseñó teniendo en cuenta ciertas características sociodemográficas de la población como la edad, personas de 30 años en adelante y el lugar de residencia, únicamente residentes de los dos cantones que conforman esta provincia: Santo Domingo y la Concordia.

Para determinar el número de encuestados se realizó un muestreo probabilístico aleatorio e intencional, utilizando una calculadora muestral en línea (www.surveymonkey.com/mp/sample-siza-calculator/), con un 95% de nivel de confianza y un margen de error del 7% —considerado un porcentaje aceptable para los estudios con encuestas (Salkind, 2010)— con los datos disponibles en el Censo de población y vivienda de 2010. En total, la población identificada, tomando en consideración las características mencionadas, fue de 140.531 habitantes. De esta manera, se eligió una muestra de 196 personas (tabla 2), teniendo en cuenta la disponibilidad de los encuestados según las características requeridas de la población y las limitaciones de tiempo.

Los datos se recopilaron a través de cuestionarios, donde se pidió primero a los encuestados aleatoriamente seleccionados (n=160) que respondieran si conocían sobre casos abandonos de adultos mayores, el procedimiento para denunciar este tipo de hechos, si tenían familiares o amigos en instituciones para adultos mayores y el tipo de ayuda que les brindaban. La segunda encuesta se la realizó con los adultos mayores escogidos intencionalmente (n=36). A ellos se les preguntó si contaban con apoyo del gobierno, el tipo de ayuda gubernamental que recibían, el nivel de satisfacción con los servicios de salud que les otorgan, y si han sido víctimas de abuso dentro del entorno familiar, social y/o institucional.

Finalmente, las entrevistas fueron transcritas en un documento de Microsoft Word y, posteriormente, analizadas de manera inductiva, a través de un proceso de codificación línea por línea con Atlas.ti 7. De esta forma, los códigos que surgieron del análisis de las entrevistas, finalmente, se categorizaron en tres temas clave: 1) garantías constitucionales, 2) necesidades del adulto mayor y 3) atención institucional. Por su parte, los datos cuantitativos se codificaron en Excel, luego se analizaron mediante distribución de frecuencias y porcentajes y los resultados fueron representados en tablas.

RESULTADOS

Contemplando las garantías constitucionales de los adultos mayores

De acuerdo con la Secretaria técnica del Consejo Cantonal de la protección de los derechos de Santo Domingo, de manera general, las instituciones provinciales encargadas de precautelar los derechos del adulto mayor y, en particular, su institución, han procurado desarrollar las acciones necesarias para poder cumplir con los mandatos constitucionales sobre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria (capítulo tercero) señalados en la sección primera que se refiere específicamente a este grupo etario.

En este sentido, la funcionaria señaló que este organismo realiza todas las acciones necesarias para que se respeten las leyes que amparan al adulto mayor y enfatiza que quien lo incumpla debe ser castigador porque, según sus palabras, “sin castigo no hay justicia” (entrevista, mayo 2020). Al respecto, señala que el artículo 36 de la Constitución determina que los adultos mayores deben recibir atención prioritaria y protección contra la violencia.

Por otra parte, los testimonios de la Directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de Santo Domingo y la Analista de atención y servicios para la población adulta mayor de esta misma institución concuerdan con que, si bien la Constitución prescribe que el Estado tiene que garantizar sus derechos (artículo 37), a su vez, es importante tomar en consideración que estas personas también deben, según se establece en el artículo 36, recibir “atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”.

Necesidades del adulto mayor y atención institucional en Santo Domingo de los Tsáchilas

Al respecto, la entrevista con la Directora de la Casa Hogar Santa Ana y San Joaquín permitió notar que la labor social que realiza esta institución privada ha posibilitado que, desde hace varios años, este grupo etario reciba, en parte, la atención que se garantiza en la Constitución. Al respecto, ella enfatizó que “se debe respetar los derechos del adulto mayor, denunciar los casos de abandono, pero también acompañarlos y apoyarlos para que sepan que no están desamparados” (entrevista, mayo 2020).

Sobre este último aspecto, tanto en Santo Domingo como en La Concordia, las Secretarias técnicas de la protección de los derechos enfatizaron que mantienen como su preocupación principal cumplir con lo que manda la Constitución en el artículo 3, cuando establece que el Estado debe establecer políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores que tengan en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales y que, en este misma disposición, en el numeral 9, indica que el Estado debe tomar medidas para una “Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental”. Concretamente, según sus testimonios, sus instituciones procuran cumplir con este mandato atendiendo, pero también desarrollando acciones que permitan mitigar las denuncias que receptan que, en promedio, durante los últimos años, oscilan entre 6 y 8 mensuales, principalmente, por demandas de las trasferencias monetarias no contributivas que por ley les corresponden a estas personas—como, por ejemplo, el Bono de Desarrollo Humano o la pensión para adultos mayores—, por maltrato y/o por abandono.

Por otra parte, la Directora distrital y la Analista de atención y servicios para la población adulta mayor del MIES y la Secretaria técnica del Consejo Cantonal de la Protección de los derechos de la Concordia manifiestan que, además de las demandas por garantías constitucionales o acciones institucionales concretas, mantener un entorno familiar armónico también cumple un rol importante para asegurar la calidad de vida de los adultos mayores. De hecho, durante las entrevistas, una de las funcionarias sostuvo que la familia es el primer eslabón de responsabilidad de la cadena de protección de los adultos mayores, seguida por la sociedad y las instituciones del Estado. Adicional a esto, el punto de vista de otra burócrata complementa esto al mencionar que “los familiares y el entorno que rodea al adulto mayor son importantes para su desarrollo” (entrevista, mayo 2020).

Sin embargo, como mencionan las funcionarias del MIES, en varias ocasiones esto no sucede. Por ello, ante los casos de maltrato o abandono, durante los últimos años, esta institución ha implementado el proyecto “Mis Mejores Años”[2], a través del cual han podido reinsertar adultos mayores a sus familias y mantener un seguimiento adecuado de sus condiciones por parte de trabajadores sociales. Así mismo, señalaron que mantienen acciones mancomunadas con otras instituciones, como el Ministerio de Salud, quienes contribuyen para abastecer con medicamentos a los centros gerontológicos donde se alberga a este grupo de atención prioritaria y, como enfatizó el funcionario del Centro Gerontológico de Santo Domingo que entrevistamos, para brindar la atención necesaria y tener un control adecuado de su salud.

Análisis cuantitativo de la realidad de los adultos mayores en Santo Domingo de los Tsáchilas

Como se observa en la tabla 3, más de la mitad de los encuestados (51%) reportaron que conocían casos de abandono de adultos mayores en sus cantones, no obstante, un porcentaje elevado de ellos (61%) desconocían el procedimiento para denunciar este tipo de casos. Además, a pesar de que un alto número de los encuestados conocía sobre estos sucesos de abandono, el 52% reportó que no tenía amigos y/o familiares pertenecientes a este grupo etario que estuvieran albergados en instituciones públicas o privadas.

Sin embargo, la mayoría de las personas (95%) afirmó que ayudaba a algún adulto mayor. Entre las principales formas de contribución o ayuda que les brindan se destacan la económica (36%), la alimentación (19%) y, otros tipos (19%) como, por ejemplo, la afectiva o la moral. Por otra parte, a pesar del contexto de abandono que experimenta este grupo de atención prioritaria, apenas un 6% ha ofrecido hospedarlos en sus viviendas.

Por otra parte, desde la perspectiva de los adultos mayores encuestados, el análisis de los datos presentados en la tabla 4 permite evidenciar que casi la totalidad (95%) recibe apoyo del gobierno, principalmente, económico (72%) y, en menor medida, en materia de salud (22%), sobre la cual el 95% de los partícipes manifestó estar satisfecho, y vivienda (6%).

Con respecto al maltrato o discriminación se encontró un hecho particular: el 55% señaló que, generalmente, se encuentran expuestos a estos hechos en entornos sociales, seguidos de maltratos dentro del núcleo familiar (29%).

Discusión

En la presente investigación se analizó el estado de los derechos de los adultos mayores en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas como resultado de la relación familiar, social e institucional público-privado. Los hallazgos demuestran que, contrario a la amplia documentación acerca de la vulneración de los derechos de las personas pertenecientes a este grupo etario en entornos institucionales, tanto privados como públicos (por ejemplo, Adams, 2012; Mondal & Dubey, 2020; Organización Mundial de la Salud, 2020; Supromin & Choonhakhlai, 2017), en el caso de esta provincia, sus derechos son violentados, principalmente, en entornos sociales y familiares.

De esta forma, en consonancia con estudios anteriores (Machado, 2019a, 2019b; Viteri Chiriboga et al., 2018), los resultados corroboran que el contexto de vulnerabilidad de este grupo de atención prioritaria en Ecuador surge como corolario de factores de riesgo relacionales, especialmente cuando existen casos de antecedentes de relaciones familiares disfuncionales, y socioculturales, debido al debilitamiento de la sensibilización de la sociedad.

Por otra parte, la evidencia presentada en este artículo sugiere que las instituciones públicas y privadas encargadas de velar por el cuidado de estas personas han ejecutado programas o prestan sus servicios de manera oportuna y con resultados positivos, lo que ha permitido garantizar sus derechos constitucionales. Así, en general, estos hallazgos permiten contribuir al debate que señala que los esfuerzos institucionales público-privados que tienen objetivos en común, como el amparo de los derechos e intereses de las personas mayores, así como la cooperación entre este tipo de actores son factores clave para conseguirlo (Kohutis, 2016; Supromin & Choonhakhlai, 2017).

Ahora bien, a pesar de los descubrimientos realizados en esta investigación, este artículo no está exento de limitaciones. En este sentido, en primer lugar, cabe señalar que, aun cuando las entrevistas con los funcionarios públicos y privados permitieron observar que el discurso institucional, así como sus acciones realizadas para tutelar las garantías constitucionales de los ancianos en esta provincia parecen concordar e incluso demuestran que algunos programas públicos desarrollados, como el caso de la misión “Mis Mejores Años”, han sido exitosos, por otro lado, este estudio no los ha tomado en consideración para una valoración de sus efectos. Por ello, las futuras pesquisas deberían evaluar los resultados cualitativos y cuantitativos de este y otros programas similares a nivel provincial y nacional para demostrar si los discursos institucionales coinciden con la realidad de este grupo de personas.

En este segundo lugar, a pesar de que el análisis cuantitativo de las percepciones de los adultos mayores ha puesto en evidencia los principales factores de riesgo que vulneran los derechos de este grupo etario, la muestra empleada no es estadísticamente representativa del total de la población adulta mayor de Santo Domingo de los Tsáchilas. Por ello, estimamos que la ampliación de la muestra podría ayudar a corroborar los hallazgos encontrados y llegar a conclusiones más generalizables.

Sin embargo, pese a las limitaciones señaladas, considero que las implicaciones prácticas de esta investigación son importantes. En efecto, los resultados obtenidos sobre los factores que vulneran los derechos de los adultos mayores en esta provincia pueden servir para sentar las bases de un programa público enfocado en los aspectos y las dinámicas familiares y sociales como los principales métodos de solución de esta problemática. En este sentido, concuerdo con la línea de pensamiento de Adams (2012) cuando señala que la visibilidad de esta problemática es el primer escalón para poder distinguir, manejar y prevenir su aparición, pero que, más allá de las soluciones legislativas o las sanciones que se puedan imponer, la responsabilidad de poder garantizar el cumplimiento de los derechos que la ley les otorga es social e involucra a todas las personas que están relacionadas directa o indirectamente con ellos.

Conclusiones

El estudio sobre el estado de los derechos constitucionales y la realidad que viven los adultos mayores en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas revela el grado de vulnerabilidad al que están expuestos, especialmente, dentro del entorno social y familiar. Así mismo, la percepción de este grupo poblacional devela que la ayuda que han recibido desde los organismos públicos ha sido importante para poder sobrellevar la realidad a la que están expuestos.

Además, dentro de las intervenciones que al parecer han tenido una incidencia positiva para garantizar los derechos y el bienestar de estas personas hay que destacar, por un lado, las gestiones de las instituciones públicas de la provincia, puesto que han procurado cumplir a cabalidad con los mandatos constitucionales y ejecutar de la mejor manera las políticas gubernamentales, como la misión “Mis Mejores Años”; y, por otro lado, el apoyo de las instituciones privadas, como la Casa Hogar Santa Ana y San Joaquín, para acompañar y apoyar estas labores, así como para demostrar que la cooperación y la participación de todos los actores sociales es necesaria para lograr atenuar las dificultades por la que atraviesan los adultos mayores en los entornos socioculturales y familiares de esta provincia.

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Notas

Notas de autor