Para hablar de paz y reconciliación es fundamental la comprensión de estos conceptos. Lederach (2016) establece la importancia y la vitalidad de crear diálogos y procesos articuladores entre aquellos que alguna vez fueron actores del conflicto y aquellos que, por la razón y ocasión del conflicto, fueron víctimas de este proceso; tal como es el caso de Colombia, en donde el conflicto ha sido bastante extenso; según Álvarez (2009) se ubica en los años sesenta y ha tenido gran impacto en la población civil. Como queda establecido en el Registro Único de Victimas (RUV) (2018) hay un total de 8.731.105 víctimas a causa del conflicto armado. Es importante señalar que este solo incluye a las víctimas desde el año de 1985, ya que se establece mediante la ley 1448 de 2011, quien incluye a las víctimas a partir de este año. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UA- RIV) (2017) se han generado más de 17 millones de hechos victimizantes, de acuerdo con los datos registrados ante las entidades estatales.

El papel de la sociedad es encontrar canales de comunicación que permitan la articulación entre lo que algún día fue, lo que hoy es y lo que se sueña que sea; en términos de Lederach (2016) y otros autores como Maoz (2000), Rettberg y Ugarriza (2016), es la posibilidad de imaginar un escenario distinto basado en la paz; para ello se deben generar espacios y la construcción en conjunto del sueño, pero ante todo empezar a construir desde los cimientos sociales de base para que se haga realidad.

Ahora bien, esta imaginación colectiva hacia la paz, que emerge desde las comunidades, requiere no solo la necesidad imperiosa de establecer canales de comunicación, sino que obliga a todos los participantes de las comunidades, a los diferentes medios de comunicación, a las entidades y organizaciones étnico-territoriales a un compromiso y desarrollo constante de estos procesos; para lo cual se requiere abrir nuevos escenarios de comunicación, generar lugares de interlocución, donde se escuchen diferentes voces, donde se pueda participar, opinar, construir diálogos a la libertad de las consideraciones que, durante muchos años, han sido olvidadas en el afán de callar a los que fueron víctimas, que vivieron en sus propios territorios escenarios de conflicto y que hoy establecen la viabilidad en la búsqueda de soluciones pacíficas y de reconfigurar una verdadera paz.

Retomando los conceptos, Lederach (2016) menciona unos criterios claros, mediante los cuales se distingue el posconflicto y el concepto de posacuerdo; este último definido como las relaciones existentes, tanto económicas, sociales e incluso de carácter educativo, que se establecen justo en los momentos posteriores a los acuerdos de paz firmados entre los grupos o los actores armados; sin embargo, no se establecen como un posconflicto hasta que se estructure todo un desarrollo para la búsqueda de la “paz positiva” del estado mismo, donde se garantice el pleno disfrute y goce de los derechos y exista la plena seguridad de no repetición de los hechos victimizantes. Es importante señalar que quien introduce los conceptos de paz positiva y paz negativa es Galtung (1999), en su libro Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución.

Siguiendo estos conceptos, el Gobierno Nacional, en la búsqueda de la paz estable y duradera para todo el territorio nacional, debe generar las condiciones para configurar una nueva sociedad; para esto, el Estado colombiano, como el próximo paso a los acuerdos de La Habana, estableció proyectos de desarrollo para todo el país, las participaciones comunitarias y las vinculaciones con las diferentes organizaciones en la búsqueda de las garantías a todos y cada uno de los actores en la salida negociada al conflicto, teniendo como base la justicia transicional (Alto Comisionado para la Paz, 2016).

Uno de los puntos críticos del acuerdo firmado en La Habana tiene relación con el numeral cinco, donde se le dio prioridad a las víctimas y específicamente a la verdad como medio para la reconciliación nacional (“La reparación integral: un compromiso para la construcción de la paz estable y duradera”, 2016). Este punto es importante en el proceso del presente texto por dos razones; la primera, al establecer el puente en el cual se encontraran las partes, los actores y la sociedad civil, esclareciendo para ello la verdad del conflicto, para lo cual se vuelve vital la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición (en adelante CEV) (República de Colombia, 2017). La segunda tiene incidencia en las acciones de las narrativas y escuchas activas a las que está obligada la sociedad colombiana con las comunidades, para entablar procesos sensibles de reconciliación social.

En la búsqueda de la verdad y el acompañamiento que harán desde la CEV no se puede dejar de lado la responsabilidad que le atañe a los medios de comunicación; se debe pretender la no continuidad de la polarización en relación con el posacuerdo y la búsqueda del posconflicto; en este punto toma relevancia la investigación realizada por López-López (2017), donde estipula que los medios de comunicación juegan un papel vital y fundamental a la hora de mantener vivo o latente en la conciencia colectiva de los ciudadanos colombianos el conflicto armado, pues su lenguaje, legitimidad y posicionamiento de la guerra, o los acuerdos, construyen verdades sólidas para el imaginario social que da cuenta de la cultura y, por ende, de la verdad misma en los territorios.

Durante los últimos meses se ha construido un lenguaje desafiante y polarizante desde los medios de comunicación, donde se dejan ver las futuras campañas políticas y cómo, en medio de las siguientes elecciones, se ponen de manifiesto el apoyo o rechazo al proceso de los acuerdos de paz en La Habana, y los actuales en Quito. No puede ser que las posiciones a discutir en los temas relacionados en las próximas elecciones lleven al Estado a la idea de retroceder el paso más significativo que se ha logrado para el fin del conflicto; evidentemente, pasa por el hecho que quienes no ponen las víctimas son las que deciden por aquellas que realmente se encuentran de frente con los actos macabros de la guerra.

Asimismo, Cortés, López-López, Pérez y Pineda-Marin (2016) demuestran cómo uno de los principales medios de comunicación del país manipula y utiliza un lenguaje que deslegitima algunos actores y, en consecuencia, le da legitimidad a otros; además, violenta o coloca en posición de buenos y malos a unos actores frente a otros. Este punto es vital para entender lo que sucede, teniendo en cuenta una condición fundamental que se relaciona con el ruido o molestia que genera el término “héroe” para designar a los integrantes del ejército colombiano como uno de los grandes defensores de los derechos humanos, pues estos han sido victimarios en el pacífico chocoano, especialmente entre las comunidades indígenas de este territorio.

Por lo tanto, en aras de la construcción de paz es necesario comprender que en este proceso de conflicto todos los actores jugaron un papel trascendental, todos y cada uno de ellos fueron, en su momento, generadores de violencia; por consiguiente, todos y cada uno de ellos son responsables de las condiciones actuales en las que vive el país. Se requieren escenarios donde la verdad sea el eje transversal en razón de las víctimas que son el sentido de este proceso de recuperación de memoria histórica para el país, y que estas tengan el papel fundamental, porque a través de ellas reconfiguraremos los significados y los significantes de lo que es entablar una relación social.

Siguiendo entonces con los procesos de reconciliación, es importante señalar la postura de Bar-Tal (2015), quien establece que las relaciones socioculturales son el eje fundamental para la recuperación de los miembros en la sociedad, es decir, que las creencias sobre los antiguos adversarios y las posiciones sociohistóricas, que han mantenido las diferencias entre los grupos que alguna vez fueron actores violentos, deben cambiarse por creencias que inmiscuyan de manera constructiva en el campo social a quienes desean ser reincorporados.

Para empezar, es importante la reevaluación del proceso de solución de conflictos donde se incorporen cada vez más los antiguos agentes violentos y faciliten su reincorporación a la vida social; Bar-tal (2015) establece que es importante crear un cambio en las creencias sociales y es fundamental la configuración de un nuevo objetivo donde se legitime al oponente, pero también donde se construya una nueva imagen positiva de lo que la misma condición social necesita para no convertirlo en un conflicto intratable.

En ese sentido, en las investigaciones desarrolladas sobre los conflictos en Oriente, Europa del Este y parte del conflicto en Irlanda del Norte, se determinó que cuando los problemas de larga duración se establecen en las creencias y se convierten en realidades sociales, donde el acto violento se legitima, es posible pasar a los “conflictos intratables”, pues la exposición al odio y la incapacidad de ver al otro como un legítimo oponente se sustenta en la posición de “eliminar al otro”, pase lo que pase, pero sobre todo que la carga emocional de odio y rencor permanezca en las siguientes generaciones, que construyen el escenario perfecto para los conflictos intratables. Siguiendo esta lógica, y con la visión crítica de la realidad del conflicto colombiano, que parecía llevar esta ruta, la firma de los acuerdos en La Habana y la mesa activa en Quito dieron otra posibilidad a la salida negociada y pacífica de tantos años de miedo y terror en las comunidades más afectadas; enhorabuena, se abren los espacios de conversación y diálogos en pro de la reconciliación (Bar-tal, 2015, 2016 y Bar-Tal y Antebi, 1992).

Retomando la posición de Lederach (2007), la reconciliación es entonces un escenario donde se busca, fundamentalmente, que las tradiciones políticas internacionales pasen un discurso más social de carácter nacional; pero, principalmente, que se llegue a la posibilidad de una articulación con los discursos comunitarios de carácter local. Se requiere, a su vez, la posibilidad de dar un espacio donde se encuentren la verdad, el perdón y la resignificación de las acciones que en algún momento fueron las que ocasionaron o generaron el dolor y el trauma en torno a las comunidades.

Lederach (2016), en el texto La imaginación moral, establece la idea que para asimilar el proceso de paz es fundamental que las comunidades comiencen a imaginar un nuevo sentido, a restructurar un nuevo orden, a configurar unas nuevas maneras de interacción social, a darse unos nuevos espacios; y aunque es complejo, no solamente por la historicidad del conflicto armado colombiano, sino también por las complejidades, entendidas como los traumas profundos, sin dejar de lado las masacres, las diferentes violaciones de derechos que fueron de carácter de lesa humanidad que dejaron dolores y aún siguen latentes en la memoria de los colombianos, esas reconsideraciones y esas posibilidades de abordaje de la paz necesitan ser significadas; como dice Bar-Tal (2015), no se trata entonces de perdonar ni de olvidar, se trata de recordar un nuevo significado y un nuevo significante, un significado que emerge de las comunidades en torno a los conflictos y una significación social que lleva a creer que la paz es un proceso que a todos y a cada uno les interesa en la justa medida en que no desea repetir los actos que en algún momento ocasionaron tal daño social.

Es por esto que, para hablar de reconciliación, se deben generar espacios donde las comunidades hablen y cuenten, a través de los diferentes investigadores, lo que viene ocurriendo o lo que viene tramitándose entre las comunidades, y en donde ellos y cada uno de los pequeños grupos sociales comiencen a entenderse con esta nueva oportunidad del posconflicto colombiano.

SOBRE EL CHOCÓ

Es fundamental conocer algunos datos básicos del departamento del Chocó; primero, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el año 2014 la economía en Colombia subió en un 4,4% en relación con el 2013; empero, uno de los departamentos con menor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) fue el Chocó, el cual tuvo una disminución del -2,1% con respecto al año anterior (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016).

Según la participación por ramas de actividad económica en el PIB de Chocó para 2014, las más representativas fueron extracción de minerales metalíferos con 15,9% y que tuvo una disminución de 22,1%; seguida de administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria que aportó 15,5% y disminuyó en 5,4% con respecto el periodo anterior. De igual manera, las siguientes ramas tuvieron una participación destacada, educación de no mercado (13,9%), hoteles, restaurantes, bares y similares (8,3%) y silvicultura, extracción de madera y actividades conexas (7,4%) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016).

La ciudad con mayor desempleo en el año 2015 fue Quibdó, con el 15,1% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016).

En Quibdó, para 2015, según ramas de actividad, la población ocupada se distribuyó en comercio, hoteles y restaurantes (33,1 %), seguido de servicios comunales, sociales y personales (30,6%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (13,3%) (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016).

El Chocó es considerado el sexto departamento con mayor incidencia de acciones bélicas o de conflicto armado. Según los datos registrados por el RUV (2017), en el departamento del Chocó hay 172.824 víctimas, lo cual se divide en 166.679 víctimas del conflicto armado y 6.145 víctimas de sentencias. En el municipio de Quibdó, específicamente, se encuentran registradas 69.475, de las cuales 67.941 son a causa del conflicto armado y 1.534 por sentencia.

El departamento del Chocó tiene casi menos de la mitad de habitantes que los cinco departamentos superiores a él en número de víctimas, y haciendo un balance en términos estadísticos es el departamento con el 44,47% de incidencia en su población; eso es una situación bastante compleja, queriendo decir que casi la mitad del departamento ha vivido hechos victimizantes en relación con el conflicto armado, donde se han dejado traumas en todas sus instancias, siendo la ciudad de Quibdó donde se reúnen y se convocan la gran mayoría de las víctimas que han llegado allí por diferentes situaciones, ya sea buscando ayuda social en carácter de desplazamiento forzado o de protección en caso de amenaza, pero también en los diferentes municipios como Riosucio y Bahía Solano, donde se ha evidenciado un profundo desarrollo del conflicto armado (Registro Único de Víctimas, 2017 y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2017).

El departamento del Chocó cuenta con aproximadamente 500.000 habitantes; eso involucra a menos de un millón, si lo comparamos con el departamento de Antioquia que cuenta con aproximadamente 6,5 millones de habitantes, y si establecemos que en el departamento de Antioquia solo el 18% de la población ha vivido en situaciones de conflicto, mientras que en el departamento del Chocó ha sufrido casi el 50%.

SUBREGISTROS DE PACIPAZ

Algo muy particular tiene el departamento del Chocó que hace que el conflicto se intensifique. La primera es la salida hacia el océano Pacifico y el Caribe; la segunda la cercanía con el vecino país de Panamá, y la tercera las grandes zonas selváticas profundas que existen en el departamento y que permiten que los diferentes grupos armados se puedan movilizar en torno a ellas con cierta facilidad; históricamente, dicho territorio ha sido asediado por diferentes actores, lo cual se muestra en la siguiente tabla.

De acuerdo con la investigación realizada desde el proyecto Pacipaz, y el informe de sistematización, los grupos paramilitares son el primer actor generador de hechos contra las personas y las comunidades. El 38,8% del total de los hechos victimizantes ubican a los grupos paramilitares en el trauma mismo de las comunidades.

Por su lado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son el segundo grupo de presencia y mayor ejecutor de actos victimizantes en el departamento, con un accionar del 19,38% y con presencia en las mismas regiones que los grupos paramilitares, dejando ver las confrontaciones y las luchas por los controles territoriales en estas subregiones del departamento que llevaron al aumento de las víctimas por razones del conflicto.

De acuerdo con el reporte de la sistematización en el departamento del Chocó, realizada por Beltrán (2017), la fuerza pública es el tercer agente más victimizante en el proceso del conflicto armado, con un reporte del 12,47% de los hechos y un total de 224 hechos victimizantes a lo largo del territorio chocoano; de la misma manera, con incidencia en los territorios en donde hacían presencia tanto las FARC como los grupos paramilitares. Lo que llama poderosamente la atención es que tienen más acciones asociadas al conflicto que las mismas fuerzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se reportan con el 5,51%.

Es evidente el transitar de los actores armados en el departamento en los treinta años de presencia del conflicto en el territorio, dejando ver la influencia en las zonas ribereñas, principalmente donde se agrupa el proceso mercantil de la región y donde se hace control local sobre las subregiones, por el ingreso de las personas e insumos de producción agrícola de cada municipio. Sin embargo, la ubicación también favoreció el control de la producción de drogas y tránsito de tropas, de acuerdo con el reporte de la investigación (Beltrán, 2017).

El municipio de Quibdó, por tratarse de la capital del departamento del Chocó, se convierte en un punto estratégico para recibir a quienes han sufrido el flagelo del conflicto armado interno en las diferentes subregiones de este; muchos llegan a la capital en busca de ayuda por parte de organizaciones estatales o de algunas de las ONG que contribuyan a mejorar las condiciones de vida; sin embargo, se enfrentan constantemente a situaciones que vulneran la integridad física y moral, teniendo en cuenta la situación de orden público que aqueja la capital, encontrando casos como el de la Zona Norte o el barrio Uribe Vélez, donde actores armados hacen presencia y el Estado no tiene control territorial (Beltrán y Montoya, 2019).

De igual manera, municipios como Riosucio han reportado a la Comisión Vida Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó (COVIJUPA) constantes hostigamientos por parte de las FARC, antes del Proceso de Paz, y actualmente por el ELN, que viene tomando posicionamiento en las zonas que han dejado las FARC y asumiendo control territorial, político e incluso militar en estos espacios.

Ahora bien, se hizo un mapeo del desarrollo del conflicto en el contexto del departamento del Chocó, demostrando los principales lugares de incidencia y las condiciones en las que se han focalizado las zonas de participación de los grupos armados.

En la figura anterior se muestran los diferentes actores armados, desde la región del San Juan, cercana al departamento de Caldas, hasta la subregión de Bajo Atrato, en donde los principales actores son las fuerzas armadas del país y las FARC. Hay mayor cantidad de subregistros en las organizaciones étnico-territoriales, en concordancia con los enfrentamientos.

También se observa una menor intensidad en la subregión de Baudó, donde se destaca el ELN como principal actor armado y quien está tomando control en los espacios de presencia histórica de las FARC.

Se resaltan específicamente la subregión de la Costa Pacífica, donde es evidente el interés o las cercanías al vecino país de Panamá; incluso, se pudo evidenciar un reporte de amenaza por parte de la fuerza militar de Panamá, quienes lograron un proceso de desplazamiento de varias familias que, de acuerdo con los registros, volvieron a sus lugares de orígenes dos semanas después. En esta zona del departamento es donde menos reportes de procesos se han realizado, quizá por la distancia y la ausencia de canales de comunicación más eficientes que permitan tener mayor conocimiento de los hechos. Un factor importante en la subregión de la Costa Pacífica es el control sobre la salida de drogas y armas antes de llegar a Panamá, lo cual permite el control sobre el contrabando que llega a Buenaventura y a Turbo.

Pero, sobre todo, donde se ha intensificado con mayor fuerza la violencia es en la subregión del Bajo Atrato y del Darién. En esta zona del departamento se ha presentado bastante influencia, a partir de la cercanía con el Urabá antioqueño, la zona del Golfo del Atrato y todo el control territorial que se hace a través del río Atrato. Todo esto se hace más favorable para los grupos armados por las condiciones topográficas del departamento, ya que más del 70% de ingreso a la región, según datos del DANE, se realiza a través de los diferentes ríos, los cuales permiten la articulación de las comunidades y el encuentro con otros espacios. En lo relacionado al control de dichos ríos se nota el interés de los diferentes actores armados para saber cuáles son las personas que se movilizan a través de estos, así como la salida e ingreso de armas y la producción y comercialización de los cultivos ilícitos.

No se pueden olvidar las masacres en los municipios de Riosucio, ocurridas en el año 1999, por hombres del bloque Elmer Cárdenas, quienes entraron a la vereda Vista Hermosa y se llevaron por la fuerza a diecinueve campesinos quienes, un par de días después, aparecieron asesinados cerca de las zonas de la cabecera municipal. Y tampoco se puede olvidar la masacre de Bojayá, en donde los enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares ocasionaron la muerte, con un cilindro bomba, de más de setenta personas que se refugiaban en la iglesia de la comunidad. No se hará énfasis en estos procesos porque tomaría más tiempo del permitido, pero no se pueden olvidar ni pasar a la siguiente página de la historia como si nunca hubiesen ocurrido.

El departamento del Chocó no solo resalta por su alto nivel de victimización, sino también por su alta necesidad de salir de este proceso; victimización que no solo transita por los actores violentos, ya que uno de los puntos más críticos para el departamento es la ausencia del Estado nacional, pues es el departamento con el mayor nivel de desempleo y más alto nivel de pobreza, de acuerdo con datos del DANE, a tal punto que se tuvo que hacer un paro cívico departamental para llamar la atención del Gobierno Nacional y poder garantizar inversión, en las condiciones mínimas, para el ejercicio de los derechos que el resto del país disfruta ya, como son las vías interdepartamentales pavimentadas y hospitales de segundo nivel que resuelvan las complejidades mínimas que requieren los habitantes y estos no tengan que tomar vuelos a otras ciudades para procedimientos menores que podrían ser atendidos en cualquier hospital departamental en el resto del país.

Con todas las problemáticas que vive el Chocó, y a pesar de ellas, en la anterior consulta popular, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, le preguntaron a los colombianos si apoyaban los acuerdos en La Habana. El departamento del Chocó votó mayoritariamente que Sí, con una cifra de 79,76 %, y solamente un 20,23% votó que No. Si se tiene en cuenta que la gran población del departamento es víctima, también allí se evidencia el interés de salir de esta condición y terminar de una buena vez el conflicto armado. Aun es más significativo que en Bojayá, donde la masacre del 2002 dejó a más de setenta personas muertas y toda una población víctima, la votación por el Sí fue de 95,78% y por el No de 4,21%, dejando con total claridad que son las víctimas las más interesadas en darle fin a la guerra y en comenzar una nueva etapa social para el país y los territorios (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). Por último, para cerrar este tema, es interesante ver como en ciudades donde no ha tenido presencia la guerra de manera directa con las FARC la votación por el no fue mayoritaria; siendo uno de los casos más destacados el dado en Medellín, donde el 62,97% votó por el No y solo el 37,02% por el Sí, de acuerdo con los reportes de la Registraduría.

En este sentido, es indispensable comenzar a entender qué es lo que ocurre alrededor de las propias comunidades, las percepciones y los entornos comunitarios en el tema del posconflicto o posacuerdo.

CÓMO VEN EL POSACUERDO LAS COMUNIDADES

El estudio realizado por Beltrán, Reyes, Cañizales y Montoya (2017), desde un análisis de percepción de los acuerdos entre una comunidad indígena cercana a Quibdó (Comunidad indígena del 21) y un asentamiento de desplazados del municipio de Quibdó (Ciudadela Mía), permitió analizar lo que ocurre en la zona rural y urbana del municipio, en dos aspectos fundamentales; por una parte, la influencia que toman los medios de comunicación frente a la percepción de los Acuerdos de Paz e implementación de los mismos; por otra, la idea que se tiene al interior de las comunidades frente a la esperanza de construir la paz en la región.

La investigación fue realizada durante el primer semestre del año 2017 y se hizo como estudio comparativo, no para dar un verdadero valor de significancia estadística entre las poblaciones, si no con el fin de establecer visiones y percepciones en medio de criterios de afrontamiento al conflicto y las percepciones que se tienen en relación con el posible acuerdo final que llevaría a la paz en los territorios, y principalmente con las comunidades víctimas.

Las comunidades fueron elegidas de manera directa por los investigadores, buscando establecer homogeneidad a la hora de evaluar los resultados. Para esta presentación se tomaron los datos relevantes con respecto a las características de la muestra y los resultados en relación con la percepción del acuerdo y la posible terminación del conflicto.

Es importante señalar que ambas comunidades entrevistadas corresponden a personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado; lo segundo, es que en ambas comunidades se vivió el desplazamiento por más de una ocasión, es decir, que durante la vida en el departamento han sido obligados a dejar sus territorios varias veces; estos dos aspectos se tomaron en cuenta como criterios de inclusión, lo que permite un análisis desde las experiencias que han vivido de forma particular. En el caso de la comunidad asentada en la Ciudadela Mía han sido desplazados de diferentes municipios del departamento, y por cumplimiento de la ordenanza departamental, con apoyo del Gobierno Nacional, se construyeron estas unidades residenciales en donde fueron ubicados después de varios destierros por parte de los diferentes actores.

Por su parte, la Comunidad indígena del 21 ha sido desplazada en más de cinco ocasiones de su resguardo; en tres de ellas terminaron en Quibdó, solicitando apoyo al gobierno estatal, y en las otras dos habían construido un espacio de resguardo al interior de la comunidad. En las últimas instancias, como fortalecimiento comunitario, decidieron que no iban a salir más desplazados hacia Quibdó, sino que se iban a desplazar en uno de sus puntos de encuentro al interior de la comunidad y que allí se resguardarían y se protegerían, todos viviendo en una misma choza. Este proceso trajo consigo una protección de sus miembros y habitantes, sin embargo, por las razones del conflicto, tres de sus líderes perdieron la vida en unas minas antipersonales dentro del territorio del resguardo mientras recogían los cultivos.

Es necesario narrar dos situaciones en esta comunidad: la primera es la intervención de una ONG europea (no se dicen los nombres por respeto a la entidad y por solicitud del mismo resguardo, y no se hace necesario aclarar de que país para no generar ningún tipo de molestia) que pretendía establecer la música como un proceso de recuperación social. Lo increíble de este proceso no es que hayan querido encontrar la música o el arte como un escenario que facilitara la articulación con la paz, y la recuperación de las tradiciones de los pueblos, sino que trajeron consigo instrumentos que no correspondían con la realidad de la comunidad; es decir, contrabajos, guitarras eléctricas, bajos y una batería. ¿Que podría esperar una ONG internacional que hiciera la comunidad con estos instrumentos? Es increíble pensar que se puede revictimizar a una comunidad haciendo este tipo de ejercicios, porque evidentemente ellos no tienen la capacidad de comprender estos insumos, no hacen parte de su realidad y mucho menos de sus tradiciones. Actualmente, los instrumentos se encuentran en la comunidad sin ningún tipo de utilidad. Incluso, el bombo de la batería fue usado para crear mayor iluminación en el centro de reuniones de la comunidad.

El otro punto importante tuvo que ver con la evaluación que hizo la ONG, en donde estableció que 36 familias habitaban 18 casas construidas; la conclusión de ese proceso fue enviar ayuda con materiales para la construcción del resto de las viviendas, así les llegaron por lo menos cincuenta bultos de cemento y por lo menos unos doscientos ladrillos, elementos que por desconocimiento de la ONG no pueden ser usados por las comunidades pues en sus ritos tradicionales ancestrales el cemento es para los animales, y las casas deben estar separadas del piso por madera; por lo tanto, el material se perdió entre la maleza y las casas que ya estaban construidas.

Retomando la investigación de Beltrán, Reyes, Cañizales y Montoya (2017), en la consulta que se hizo con la comunidad esta manifestó poco conocimiento frente a los acuerdos de paz alcanzados en La Habana; hecho que puede explicarse de una manera muy simple: la comunidad indígena ve poca o ninguna televisión y tiene un muy bajo acercamiento con los medios de comunicación, ya que este se limita a las reuniones mensuales con los líderes de las comunidades vecinas y, en muchas ocasiones, los que participan de estas reuniones no socializan los temas tratados.

Llama la atención el desconocimiento de los acuerdos por parte de la comunidad en dos sentidos; el primero de lo que se debería hacer con las diferentes comunidades y con los diferentes territorios donde la televisión es el medio de interlocución, es decir, se necesita bajar la información y volver a insertar en el proceso de diálogo a las comunidades de una forma más específica, más directa, para facilitarles todo el proceso de incorporación y para que comprendan cuáles son los alcances de los acuerdos y cómo se verán reflejados en los territorios rurales, que es justamente donde se libraban los enfrentamientos y las acciones bélicas. El segundo sentido se encamina hacia la visión que tienen del posacuerdo, que evidentemente estará sesgado por la falta de información; pero lo que realmente llamó la atención al grupo de investigadores fue al momento de hacer las preguntas sobre ¿cómo ven el futuro de la comunidad sin las FARC en los territorios? y ¿cómo perciben la paz en las comunidades?

Estas preguntas llevaron a momentos de silencio, principalmente por parte de las mujeres de la comunidad ya que ellas hablan poco español y los esposos ayudaban con la traducción de las preguntas. Cuando se preguntaba por las FARC ellas fruncían el ceño. Lo impactante ocurre cuando son ellos los que cuentan que las mujeres de su comunidad han sido víctimas del ejército nacional, ya que este, en varias ocasiones, ha abusado sexualmente de ellas; incluso, tuvieron que cambiar las actividades tradicionales y ancestrales para no exponerlas a futuras violaciones. Estas acciones llevan consigo dos implicaciones: primero, la imposibilidad de poner los denuncios, por tratarse de delitos de la fuerza pública que entraban a procesos de investigación militar. Se hizo acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo para que nuevamente se hicieran los reportes. Las investigaciones están en trámite. Este tipo de hechos victimizantes logran dejar en evidencia lo que ocurre con las comunidades mismas, estableciendo que el conflicto es extenso y delicado. La segunda implicación es la recuperación de la verdad, y establece que no puede ser una, y que debe ser trabajada directamente con las comunidades, en los territorios, con el aporte de las diferentes universidades e investigadores en la recuperación de la misma. No existe un único actor, por lo tanto, no pueden existir unas únicas víctimas. Realidades como la de este grupo indígena deben contarse por centenares en el territorio nacional, y el olvido estatal puede llevar a la falsa creencia de que la única verdad es aquella que termine escribiendo la CEV; este error hace que no se construya una verdad completa sino a medias. Para la construcción de la verdad se deben tener en cuenta otras perspectivas.

En la Ciudadela Mía fue importante la significación que se encontró en la investigación, porque demostró que ellos sí estaban conscientes de los acuerdos en La Habana; sin embargo, a pesar de que no los habían leído, ni tenían mucho conocimiento, se evidenció un mayor interés y una mayor consideración frente a la posibilidad de la paz estable y duradera. Las respuestas de este grupo se centraron más en el dolor que sienten de ser tratados de manera discriminada por ser víctimas, como si tuvieran la culpa de lo que les ocurrió. Describen los diferentes ataques de los barrios aledaños y de las constantes agresiones verbales que señalan a los habitantes de la ciudadela. No se alcanza a comprender entonces si la publicidad que hizo el Estado en el momento de la entrega de los espacios habitacionales creó esa significación en torno a los vecinos, pero lo que sí es preocupante, y denota alto interés, es, ¿qué tan preparados estamos para recibir a los desmovilizados en los territorios, en los barrios y en las zonas comunales?

Con solo tener como vecinos a unas comunidades que vienen desplazadas de diferentes regiones del mismo departamento, que son municipios aledaños, se crean acciones discriminatorias y se crean imaginarios sociales (Beltrán, Chaverra, Mosquera e Hinestroza, 2017) en torno a quiénes son y cómo serán las actitudes en medio de las comunidades. Es difícil imaginar esta situación con los desmovilizados, en la búsqueda de la resignificación de vivir en sociedad. Acciones como el miedo a que se vuelvan ladrones o comiencen a crear bandas armadas en los barrios, generando angustia y control territorial, sigue siendo, de acuerdo con esta investigación, la idea más simbólica sobre la reubicación de los desmovilizados y, de manera asombrosa, se piensa igual con las víctimas desplazadas.

Por su parte, los habitantes de la comunidad de la Ciudadela Mía consideran que frente a la idea de paz se sienten aún un poco dubitativos, teniendo en cuenta que no saben con certeza si las FARC no volverán a las armas. Los discursos continuos del expresidente y la posición cada vez más polarizada, que refuerzan constantemente los medios de comunicación, aumentan la falta de credibilidad ante la paz, pero la desean y están convencidos de que es la mejor manera de salir del conflicto.

CONCLUSIONES

Los principales retos de la sociedad colombiana se centran en el proceso de reconciliación y construcción de paz; a raíz del acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC el país se adentró en el proceso de posacuerdo, lo que permitirá, desde los esfuerzos mancomunados, obtener como resultado el posconflicto, entendiendo este como el fin del conflicto armado interno, no con el perdón y el olvido sino con la resignificación a partir de la memoria, donde todas las comunidades deben y puedan narrar sus hechos, contar sus experiencias y, a pesar de que sea una misma historia, basada en un conflicto armado, donde cada una de las comunidades signifique sus vivencias de una forma particular. No es la misma historia la de Bojayá que la del Salado o la de Trujillo, en el Valle; cada una de ellas generó un trauma distinto, unos dolores particulares y, por lo tanto, se deben tramitar desde la conciencia colectiva para ser aceptadas en la consciencia individual. La verdad se puede construir desde la significancia subjetiva; y suponer que hay una única verdad de los hechos victimizantes que han ocurrido en el conflicto armado sería un limitante frente al sueño de construir la paz.

Es importante volver a contar las historias, que sean escuchadas y, sobre todo, no olvidadas, para que cada comunidad sienta que hace parte de la recuperación del tejido social, donde sus derechos, narrativas y verdades faciliten el vivir con ese trauma; un trauma que tiene que volverse a resignificar. La resignificación también implica que los hijos de aquellos que fueron agredidos, los hijos de las víctimas, no sigan acumulando el odio, donde el deseo de venganza se desdibuje por fin del imaginario social y se permitan unos procesos de reconciliación basados en la idea de que todos tenemos un mejor futuro; que no basta soñarlo, hay que empezar a construirlo.

El Estado tiene la tarea más compleja en el proceso de posacuerdo, puesto que deberá invertir recursos económicos para recuperar los daños que han sido ocasionados por el conflicto armado, no solo en el imperioso afán de recuperar las instituciones, las cuales están deslegitimadas en las comunidades, sino de crear la fe y la esperanza en las personas, que los hechos no se repetirán, no porque se retiren los actores sino porque las condiciones sociales no volverán a permitir que los colombianos sean tratados en condiciones indignas. Construir no solo para recuperar, también se requiere invertir para crear espacios e instancias donde cada ciudadano recupere el pleno uso y goce de sus derechos. No es una tarea sencilla, pero tampoco imposible.

Referencias

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