Introducción

El conflicto armado en Colombia, en las últimas cinco décadas, ha afectado drásticamente la manera en que el país enfrenta la política y proyecta su economía, y la forma como se relacionan los ciudadanos entre sí. A su paso, han quedado más de ocho millones de víctimas (RUV, 2016). El Gobierno Nacional, en respuesta a los infortunados hechos, decidió activar acciones estratégicas que incluyan procesos de reparación, reintegración y desmovilización, con el objetivo de “generar cambios significativos en la vida de quienes han sido golpeados por los efectos de la guerra” (Villanueva, Tamayo, Galindo, Diaz y Castillo, 2015).

La guerra en Colombia impacta a las familias y comunidades enteras, no solo por la vulneración de sus derechos, si no por las pérdidas materiales; consecuencia de ello son los duelos no resueltos y las secuelas en el bienestar físico y mental de las poblaciones más afectadas (Villanueva, Tamayo, Galindo, Diaz y Castillo, 2015).

Respecto a los procesos de reparación, son escasos los estudios en el departamento del Tolima, lo que justifica este trabajo investigativo, puesto que se trata de un departamento crucial en toda la historia de la violencia en el país. La idea es reconocer los efectos y los resultados de los procesos de reparación psicosocial ordenados por la ley 1448 (República de Colombia, 2011). Esta investigación encuentra una distancia entre lo que presenta el Estado y las percepciones de las víctimas en relación con la reparación y la restitución de sus derechos, distancia que indica que la reparación proporcionada por el Estado a las localidades afectadas no cumple con las expectativas de las víctimas (Rebolledo y Rondón, 2010).

El presente trabajo investigativo permitió recopilar y analizar discursos y opiniones de las víctimas y sus consideraciones sobre las implicaciones producidas por los procesos de reparación ofrecidos por el Estado; además de las consecuencias de la guerra en la memoria de quienes han sido separados de sus hogares, que han perdido familiares y han sido vulnerados en sus derechos. Los episodios violentos han dejado huellas profundas en la memoria de las víctimas, han producido traumas psicológicos en ellas y han afectado su estructura mental. En este contexto, es urgente desarrollar un conocimiento sobre su conformación conceptual, en torno a las realidades y la consolidación de ideas de referencia en aquellos que han vivido el flagelo de la guerra.

Las afectaciones sociales y psicológicas ocasionadas por el conflicto armado en Colombia se observan en todo el país (Domenach, Laborit, Joxe, Galtung, Klineberg, Halloran, Shupilov, Poklewski-Koziell, Khan, Spitz, Mertens y Boulding, 1981). El Estado diseñó estrategias de apoyo respecto a la restitución y el restablecimiento de los derechos de las víctimas (UARIV, 2012). No obstante, la realidad psicosocial de estas, en el departamento del Tolima, pone sobre la mesa el tema de la reparación integral y destaca las necesidades de las poblaciones, según los relatos de las víctimas. El resultado de las expresiones de las comunidades conforma una memoria que manifiesta la percepción que las víctimas tienen sobre los procesos de reparación, su desarrollo, sus bondades y sus desaciertos (Arévalo, 2010). En esta memoria, un tema que aparece con insistencia son los resultados de la ley 1448, que ordena la reparación integral de las víctimas. Esta memoria es la puerta de entrada para explorar las percepciones de quienes se benefician de un programa para su reparación integral (Beristain, 2008).

Para algunos, las estrategias del Estado de mejora en la reparación y la restitución de derechos en el posconflicto exige cuantiosas inversiones, acentúa las pérdidas materiales, resalta el desarraigo y solo favorece a unos pocos (Arévalo, 2010). Sin embargo, se puede argumentar, a partir de los relatos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que la secuela más grande queda en las mentes de las víctimas, pues han vivido de cerca el flagelo de la guerra, lo que afecta su noción de la realidad, instaura ideas de muerte, venganza, tiranía y recelo, e influye en sus habilidades sociales, su apertura a nuevas ideas y su asertividad en la comunicación como efectos de un trauma psíquico (Arévalo, 2010).

Ahora bien, en un país que vive en la actualidad vientos de “paz”, surge, entre los colombianos y sobre todo entre las víctimas, la incertidumbre sobre el proceso llevado a cabo en La Habana, Cuba, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un actor de masacres, tomas, secuestros, violaciones de derechos y un sinnúmero de acciones desencadenantes de trauma (Arévalo, 2010). En ese contexto, el país guarda el sinsabor de una guerra que ha dejado una huella profunda y encarga al Estado la tarea de subsanar las heridas emocionales, sociales y materiales que han quedado en el pueblo colombiano (Arias, 2015).

En Colombia, los antecedentes históricos inmediatos del conflicto armado datan de 1964, cuando el dictador Gustavo Rojas Pinilla concede una amnistía a los grupos alzados en armas, que se habían consolidado bajo el amparo de los partidos liberal y conservador. El primer gran estudio sobre la violencia en Colombia fue el libro titulado La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, de monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna (1962), que revela un panorama que en su momento contradecía las representaciones que el Frente Nacional quería aclimatar sobre la violencia de los años precedentes, desde 1948 (Valencia, 2012). El escándalo que suscitó este libro indica los fuertes intereses de los partidos en ocultar los hechos que ponían al descubierto una realidad muy compleja, pues señala los pormenores de la participación de estos en la Violencia.

Pero esta violencia de los años cincuenta tiene antecedentes que se remontan al final del siglo XIX y, aún más allá, a las múltiples guerras en el país durante ese siglo (Sánchez y Meertens, 2002), especialmente a partir de la Constitución Neogranadina, que constituyó el federalismo, eliminó la esclavitud y estableció el sufragio para todos los hombres mayores de 21 años, entre otras medidas de corte liberal, pero especialmente instauró la libertad religiosa, separó la iglesia del Estado y le retiró la personalidad jurídica a la Iglesia católica. Estas disposiciones constitucionales provocaron la reacción violenta de los gamonales y, especialmente, de la propia Iglesia, que empezó a azuzar desde los púlpitos la guerra contra los liberales (Gómez, Meza y Reyes, 2017), proceso que culminó con la Regeneración, cuyo principal fruto fue la Constitución de 1886, el retiro del reconocimiento como partido político al Partido Liberal y la Guerra de los Mil Días (1999-1902) (Morales-Benítez, 1998).

Darío Fajardo (2015) indica que en los años veinte del siglo pasado se enfrentaron dos proyectos de sociedad: el primero se basó en la consolidación de la propiedad de la tierra y el segundo en el desarrollo industrial y de una sólida clase media rural. Ambos modelos se enfrentaron durante todo el siglo XX, representados por los dos partidos tradicionales. Desde la segunda década del siglo pasado se desataron expropiaciones y desalojos de tierras de los campesinos, que provocaron reacciones violentas de estos como respuesta a los atropellos (Giraldo, 2015 y Molano, 1978). Sergio de Zubiría Samper (2015) resalta el levantamiento del indígena Manuel Quintín Lame durante el gobierno de José Vicente Concha (1914-1918), para reivindicar el derecho a la tierra de los pueblos indígenas.

Antes del 9 de abril de 1948, cuando asesinaron al líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, se extendían por el país las guerrillas conservadoras, que se apropiaban de los predios de los campesinos. Entre estas guerrillas, patrocinadas por personajes centrales del partido que deseaban ampliar sus propiedades en el campo, se destacan las de los llamados “pájaros”, en el Valle del CAUCA especialmente, y los “chulavitas” en Boyacá y Cundinamarca, con personajes como el Cóndor y el Siete Colores.

Ante esa avalancha de invasiones conservadoras surgieron, en muchos lugares, las cuadrillas liberales de autodefensas campesinas, que tenían antecedentes de defensa de los territorios y que conformaron guerrillas liberales, integradas en su mayoría por bandoleros ligados a las comunidades (Hobsbawm, 2002). Entre los bandoleros liberales se destacan Guadalupe Salcedo, en los Llanos Orientales, Pedro Brincos, Desquite, Chispas y Sa grenegra, en el Tolima (Gómez, Meza y Reyes, 2017).

Poco después, se conformaron las llamadas repúblicas independientes, como la de Marquetalia, en el municipio de Planadas en el Tolima, con el liderazgo de Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, y Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, fundadores posteriormente, ya en el Frente Nacional, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Gómez, Meza y Reyes, 2017, p. 45).

Los movimientos armados de autodefensas campesinas se formaron en el centro del país, por el fracaso de la Reforma Agraria de 1936 (Prado, 2009). A partir de 1948 se reintegran los movimientos liberales de autodefensas campesinas, que ocuparon especialmente varios municipios del sur del departamento del Tolima, con una presencia mayor en el municipio de Planadas. Las características geográficas de este territorio les permitió a los guerrilleros comunicarse fácilmente con el centro del país (Arias y González, 2015).

Después de la fundación de las FARC, en 1954, se organizaron otros grupos armados por el influjo de la Revolución china, que culmina el 1.° de octubre de 1949, después de una larga guerra popular que dio origen en Colombia al Ejército Popular de Liberación (EPL), y por la Revolución cubana, cuya celebración se realiza en ese país el 1.° de enero de 1959, cuando Castro entra triunfante en La Habana después de un movimiento de guerrillas, lo que origina en Colombia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1965 (“Violencia y grupos armados: país actual”, 2006). Cada uno de estos grupos adoptó la ideología y las estrategias militares de las revoluciones que los inspiraban. En esta forma, las FARC, en relación con el Partido Comunista y la Revolución rusa, adoptó el modelo del Frente Popular, que había sido impulsado en España por la Tercera Internacional Comunista. El EPL adoptó la consigna de Guerra Popular Prolongada de la Revolución china y el ELN el modelo foquista de guerrillas de la Revolución cubana.

Años después, a raíz de lo que consideraron un fraude electoral, mediante el cual Misael Pastrana Borrero venció al exdictador Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones de 1970, surgió el Movimiento 19 de abril, o M-19, que salió a la luz pública el 17 de enero de 1974, cuando robaron la espada de Bolívar con la consigna “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”. Este fue un movimiento por la democracia, que infiltró la Alianza Nacional Popular (ANAPO), movimiento fundado por Rojas Pinilla (Pardo, 2013).

Como reacción ante el auge de las guerrillas en los años ochenta, se despliega una estrategia contrainsurgente originada en la ideología anticomunista de muchos militares de la fuerza pública, el narcotráfico que había penetrado muchos sectores del Estado, la corrupción y el clientelismo, con influjos de Estados Unidos y Francia. Esta estrategia es lo que se llamó el paramilitarismo (Velásquez, 2007), que ha tenido varias expresiones, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los llamados grupos paramilitares y las Bandas Criminales (BACRIM). En una entrevista que le hizo Alejandro Reyes (2009), académico de la Universidad Nacional, a Carlos Castaño, entonces jefe de las AUC, Castaño explica que ellos no son paramilitares porque son un ejército pagado por los ganaderos para defenderse de las guerrillas, puesto que el Ejército Nacional no bastaba por sí solo para hacerlo. Por eso, dice el comandante de las AUC, son autodefensas. Y agrega que los paramilitares son grupos como La Terraza, que tienen que hacer el “trabajo sucio”, cosa que a ellos no les corresponde sino en contadas ocasiones, cuando el Ejército Nacional se los pide. El paramilitarismo surge, pues, como una estrategia del Estado para “formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que consideraran sus enemigos” (Velásquez, 2007, p. 137). En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se legalizaron los bienes de estos grupos (Velásquez, 2007).

Es preciso resaltar que, como en los años veinte, entre los grupos armados en Colombia aún persiste, en el agro colombiano, el modelo de control de tierras, mientras que en las ciudades prevalece el modelo de desarrollo industrial. En el campo, son grupos armados que, en sus zonas, han impuesto su autoridad por encima del Estado, de modo que hay muchos lugares del país en los que la presencia del Estado es muy débil y lo que impera es un régimen militar de los grupos alzados en armas (Comisión Habana, 2015).

La duración y los alcances de la guerra en Colombia han obligado al Gobierno Nacional a buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo, como el que se adelantó en La Habana, durante cuatro años con las FARC, y que hoy se procesa en Ecuador con el ELN. Estos diálogos, que han demostrado su eficacia, tienen enemigos acérrimos so pretexto de que no puede haber paz con impunidad para los delincuentes. No obstante, el proceso continúa no solo por el objetivo de firmar un acuerdo, sino por los retos que implican estos acuerdos para las políticas públicas (Arias y González, 2015).

En Colombia, la violencia social y política es asumida internacionalmente como el “uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, persona grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2014). Este tipo de definiciones, de los organismos internacionales, un poco mecánica, se refiere a un fenómeno cultural, puesto que parte de un espíritu de sometimiento en el que se impone la obediencia (Coddou, Kunstmann, Maturana, Méndez y Montenegro, 1997). Esto significa que la violencia no es un hecho natural, sino que se aprende en el mundo relacional de la cultura.

Por ser un fenómeno cultural, la violencia adquiere rasgos particulares en cada espacio social donde ocurre y en cada manifestación particular, como violencia familiar, violencia política o violencia escolar, de modo que las condiciones, las víctimas y los espacios en los que transcurre son distintos. La violencia sociopolítica implica “todos los ataques colectivos dentro de una comunidad política, contra el régimen y sus actores, incluyendo tanto a los grupos políticos competidores como a los titulares y a sus políticas” (entrevista personal).

Según Carlos Sluzki (1994), se suele hacer referencia a los efectos catastróficos de un acto violento en el ámbito físico o emocional, ocasionado por aquellos que tienen alguna responsabilidad de proteger la ciudadanía. Esto significa que este tipo de violencia ocurre cuando el Estado, representado por sus agentes, hace caso omiso a la protección de los ciudadanos y participa en actos violentos contra las comunidades. Por supuesto, cuando es el Estado quien agrede a la población causa un desconcierto atroz, porque los que esperan protección se sienten violentados por quienes deben protegerlos (Domenach, Laborit, Joxe, Galtung, Klineberg, Halloran, Shupilov, Poklewski-Koziell, Khan, Spitz, Mertens y Boulding, 1981). La violencia propinada por el Estado es, quizás, más grave que cualquier otra, porque desvirtúa la democracia ante los ciudadanos que esperan ser protegidos y, en lugar de esto, son agredidos.

La violencia tiene efectos psicosociales profundos y ocasiona en la mentalidad de las víctimas traumas asociados a represión y la sublimación por la resistencia o la tolerancia a los abusos y los actos violentos (Valencia, 2012). Los gobiernos colombianos no han asumido su responsabilidad democrática de defender los derechos de todos los ciudadanos, lo que se manifiesta en un hecho tan simple como que la mayor cantidad de acciones de tutela se ponen contra el mismo Estado, o contra sus delegados por concesión, como son las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Félix José Amarista (2008) encuentra que este tipo de conducta se reproduce gracias a los determinantes de la violencia, puesto que se entra en un círculo violento expansivo. Uno de esos determinantes es la desigualdad social, que es el origen de la violencia política, que es suscitada por el poder y es reproducida por quienes la padecen. La inequidad social, que proviene de la desigualdad económica, se reproduce en un círculo expansivo (Domenach, Laborit, Joxe, Galtung, Klineberg, Halloran, Shupilov, Poklewski-Koziell, Khan, Spitz, Mertens y Boulding, 1981).

Como síntesis de más de seis décadas de violencia en Colombia, es fácil deducir que la mayoría de la población ha sido víctima del conflicto armado, o lo ha sido algún pariente cercano. Esta situación generalizada de victimización de la población obliga a revisar las acciones legislativas que se han adelantado respecto a este tema y, sobre todo, los efectos psicológicos y culturales que hacen, por ejemplo, que la población se oponga a un plebiscito por la paz o que se adscriba a los movimientos más corruptos y más violentos. En este sentido, es preciso buscar los relatos que permitan expresar las vivencias de las personas (Molho, 1992), con el fin de encontrar las formas en que la violencia ha creado en el país una cultura y una psicología que, como observaba Erich Fromm (2009), respecto a la Alemania nazi, le teme a la libertad y opta por quien promete defender al pueblo de los agresores violentos por medio de la violencia.

La violencia crea una cultura de víctimas y victimarios, como ideas fijas que se enquistan en una memoria que no logra tramitar el tiempo, porque el pasado se instala en el horizonte como una pesadilla en la que siempre se debe esperar lo peor. La violencia cierra la cultura, puesto que no hay posibilidad de abrirse a lo otro, porque todo otro es agresivo. La violencia niega la posibilidad de la democracia, porque ningún poder propio ha podido romper con el poder ajeno y absoluto que se cierne sobre una población victimizada durante toda la vida.

En este contexto, la presente investigación adopta un enfoque inscrito en la psicología social, para abordar el punto de engranaje entre una sociedad que vive la violencia históricamente y las personas que han estado, en esa sociedad, bajo el miedo y la desesperanza (Martín-Baró, Barco y De la Corte, 1983). El problema, por supuesto, es abrir las posibilidades de romper el círculo de la violencia para llegar a la esperanza.

Metodología

Se trata de una investigación cualitativa que aborda la interacción entre las estructuras de las personas con las estructuras de la sociedad y la cultura (Martín-Baró, Barco y De la Corte, 1983). Mediante un trabajo transdisciplinar, se analizó el discurso de los relatos recogidos sobre las vivencias de los participantes, a través de grupos de discusión y entrevistas en profundidad.

El proceso investigativo se realizó en varias fases, que fueron, en primer lugar, un trabajo teórico para definir la orientación del estudio y la recolección de la información, a partir de fichas sociodemográficas, y un trabajo de campo, en el que se hicieron entrevistas semiestructuradas y se establecieron grupos de discusión. En este punto se indagó sobre el proceso de reparación, lo que estableció una línea de comprensión teórica relacional, hasta llegar a los cinco componentes establecidos por la ley y que se presentan en el proceso de reparación: rehabilitación, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y restitución.

Se trabajó con una muestra intencional de 240 personas, víctimas del conflicto armado, residentes en los municipios del Tolima: Ibagué, Coyaima, Totarco, Dinde y Prado. Se analizó la información mediante matrices descriptivas, método que permitió avanzar en la interpretación de la información de forma interactiva, hasta llegar a la construcción de categorías que ayudaron a construir los resultados de la investigación. Los discursos fueron asumidos en forma sintética, en un orden teórico que dio paso a una interpretación final, mediante una crítica interdisciplinaria (Hernández y Zamora, 2013). En este trabajo crítico se detectaron categorías emergentes en el discurso de los participantes, lo que abrió la posibilidad de una comprensión de todos los que participaron en el proceso, investigadores y colaboradores. La interpretación se realizó mediante un análisis de coherencia de la codificación teórica. Cada relato se trabajó de manera independiente, de modo que las categorías emergentes se obtuvieron de acuerdo con los espacios en los que se desarrolla la historia. Este ejercicio ayudó a que las narraciones acopiadas tuvieran mayores posibilidades de comparación. Además, el análisis intertextual fue una actividad en la que se pudieron comprender los temas que se repetían en las narraciones y se obtuvieron mediante la utilización de las categorías y los escenarios.

DISCUSIÓN

La reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia es objeto de estudio de varias disciplinas que se empeñan en encontrar vías de acompañamiento de las víctimas, con el propósito de restablecer sus derechos. En psicología, el interés se ha centrado en las afectaciones psicológicas y emocionales de quienes vivieron y padecieron la guerra.

Las víctimas de los municipios en los que se trabajó consideran que los responsables de la reparación son el Estado, las guerrillas y los paramilitares, y argumentan que esta responsabilidad se sustenta en la Ley de Víctimas (República de Colombia, 2011), que define las responsabilidades del Estado y de los perpetradores para resarcir los daños ocasionados a las comunidades y a las personas. Los participantes expresaron su sensación de abandono y de impotencia sobre la forma en que se han adelantado los procesos de reparación, y sienten que el Estado ha perdido toda credibilidad, porque consideran que no ha cumplido lo que promete la ley. Según Marina Sáenz (2010), el incumplimiento en la reparación ordenada por la ley afecta a las personas vulnerables y las somete a su revictimización.

Según la Ley de Víctimas (República de Colombia, 2011), el Estado está en la obligación de tomar medidas para garantizar la no repetición de los hechos de violencia sobre las comunidades y las personas. Estas medidas deben incluir “la desmovilización, el desmantelamiento de los grupos armados, las sanciones a los responsables y las medidas para proteger a quienes están más expuestos” (entrevista personal). Dicha apreciación se manifiesta en las víctimas del municipio de Prado (Alcaldía de Prado-Tolima, 2016), quienes consideran que la no repetición es algo muy difícil de lograr, puesto que la intervención del Estado no garantiza la seguridad de que los grupos armados sean sacados de su territorio. Esta percepción deriva de una historia en que las promesas del Estado han sido incumplidas, lo que coincide con la apreciación de Villa, Londoño y Barrera (2015); las características del país y las limitaciones institucionales obstaculizan la reparación.

Otro aspecto que inquieta a las víctimas, respecto a la garantía de no repetición, se refiere al proceso de paz, pues si los miembros de las FARC no cumplen con lo acordado en La Habana pueden volver a atacar a la población del municipio. Opinión que se basa en informaciones de los medios de comunicación respecto a un posible incumplimiento de las FARC sobre los acuerdos de paz (Wallace, 2014). Los participantes llaman la atención sobre la tarea de la sociedad colombiana sobre la aceptación de la desmovilización, desarme e integración a la vida civil de los miembros de las FARC (Arias, 2015). Saben que para las víctimas será difícil aceptar esa desmovilización, pues “no van a estar de acuerdo con los beneficios y las ayudas que esa gente va a recibir del Estado, cuando fueron tan crueles con la comunidad” (entrevista personal).

Para los participantes, la satisfacción de las compensaciones depende de que puedan tener dignidad, puesto que puede ser un asunto que también conduzca a la revictimización, por el dolor y el sufrimiento vivido nuevamente por las víctimas (Villa, Londoño y Barrera, 2015).

Los participantes de todos los municipios se encuentran insatisfechos con los trámites administrativos, porque tienen la sensación de que asuntos como la vivienda y la salud requieren muchas vueltas para que sean efectivas; además, reclaman que el Estado debe atender la reparación de las víctimas en estos aspectos si quiere remediar los daños que el conflicto les causó (Rebolledo y Rondón, 2010) y que sus acciones no sigan vulnerando los derechos de la población. Al respecto, Estrada, Ripoll y Rodríguez (2010) sostienen que el lenguaje utilizado por las instituciones puede ser entendido de distintas maneras por las víctimas que esperan la reparación estipulada en la ley, de modo que la información que reciben no sea clara porque los funcionarios utilizan términos técnicos que producen una victimización secundaria.

Los participantes de varios municipios dicen que se les han aplazado las ayudas. Consideran que la indemnización “significa una caridad” (Villa, 2013), pues lo que reciben son ayudas que se les dan con buenas intenciones, pero no porque tienen derechos a ellas ni porque los obliga la ley. Por esto, no sienten plena satisfacción: “800.000 pesos, ¿pa’ qué? Pa’ comidita, pa’l mercado, pa’l arriendo” (entrevista personal).

Estas sensaciones de las víctimas hacen pensar que las indemnizaciones son un requisito de la reparación, pues el Estado debe garantizar los derechos de las víctimas (Villa, Londoño y Barrera, 2015). Por supuesto, tiene significados contradictorios en la cultura si no se presentan junto a otros beneficios más allá de lo económico. Un ejemplo de este tipo es referenciado por Jaramillo (2011), cuando habla de las comunidades indígenas, para quienes la compensación es la medida de reparación asumida por el Estado, lo que ha provocado modificaciones en la forma de entender económicamente el entorno. Por esto, el Estado deberá evaluar los procesos y los medios para reparar a las víctimas. Según los participantes, en el municipio de Prado lo económico no sustituye el daño emocional que recibieron, pues es más importante el acompañamiento psicológico: “yo creo que en estos momentos hay cosas que, ni siquiera así el Estado nos dé una casa, nos dé una compensación económica, nunca llegarían a llenar ese espacio, ese vacío que quedó en las comunidades” (entrevista personal).

Según los relatos, las víctimas no están conformes con los montos otorgados por el gobierno y consideran que la forma más apropiada de reparación sería la entrega de una vivienda. Según la ley 1448, en contraste con lo que dicen los participantes de Prado, “nada de lo que perdieron ha sido restituido”, pues no consideran suficientes las ayudas, porque perdieron mucho más de lo que han recibido. Esto indica un problema en la aplicación de la ley.

Los relatos de los participantes hacen visible la falla de la UARIV sobre la verificación de si alguien es víctima o no, lo que aumenta la desconfianza de quienes realmente han sufrido el conflicto. Según el Registro Único de Víctimas (RUV) (2016), esta imprecisión se ha presentado en varias regiones del país, porque hay personas que se hacen pasar por víctimas para obtener las ayudas del Estado.

Respecto a la reparación psicológica, según la Ley de Víctimas (República de Colombia, 2011) varios participantes manifestaron que no han recibido una ayuda suficiente en los municipios, y quienes habían empezado una terapia tuvieron que suspenderla porque el programa terminó en sus localidades. Actualmente, la percepción de las víctimas no es unánime respecto a haber recibido un acompañamiento psicológico adecuado, pues algunos consideran que ya no es necesaria la atención psicológica, en cambio, la mayoría cree en la necesidad de esta ayuda para aliviar el dolor de haber perdido a sus familiares.

Según Villa (2013), el apoyo psicosocial a las víctimas de la guerra permite superar las condiciones personales, de modo que este proceso debe ser integral, y el desarrollo que ha tenido hasta el momento ha sido muy pequeño, ya que la discontinuidad aumenta la dificultad para enfrentar el duelo, la incertidumbre y el dolor.

Ante la ausencia de atención psicológica, los participantes piensan que se debe fortalecer el acompañamiento profesional en esta área, para sanar sus heridas y sentir que pueden superar su sufrimiento y abrirse paso en la vida. Segura (2010) afirma que el miedo y la rabia provocados por los actos violentos son apenas el detonante de las dificultades emocionales de las víctimas, porque llegan a un lugar en el que no conocen a nadie, lo que produce inseguridad, incertidumbre ante el futuro y miedo de empezar una nueva vida en un espacio desconocido, lo que reclama un acompañamiento psicológico profundo. Sin embargo, como se observa en los participantes de esta investigación, el Estado no tiene la capacidad para atender las solicitudes de atención en salud psicológica, de modo que la reparación no mejora la realidad de las víctimas (Villa, Londoño y Barrera, 2015).

En la investigación se observó que los intereses planteados fueron ampliados por los participantes que luchan por recuperar lo que les fue arrebatado, especialmente en su vida emocional. Para ellos, la memoria, desde la perspectiva del Estado, implica revivir el dolor causado por la violencia, y por eso prefieren no hablar de eso en su proceso de reparación. Jaramillo (2010) considera que la memoria “impacta positivamente la salud mental” de las víctimas, puesto que permite ayudar a sanar las heridas, siempre y cuando se trate de una memoria ejemplar, porque es la memoria literal la que ancla al pasado y la que impide tramitar el dolor (Todorov, 2000). Por su parte, Villa (2013) sostiene que la reparación mediante la memoria incluye historias del sufrimiento que peritan reconocer la dignidad y la resistencia.

En síntesis, las víctimas le otorgan un significado propio a la reparación ordenada por la ley 1448 y consideran que es ineficaz. No obstante, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) (2017) destaca que en Colombia se ha puesto en marcha una ley para atender y reparar a las víctimas del conflicto armado. Esta fue estructurada para superar el enfoque de la indemnización económica como único mecanismo de reparación, e incluye otras medidas como la rehabilitación psicosocial, el otorgamiento de viviendas dignas, la construcción de memoria y la solidaridad con las víctimas. De todas formas, en esta investigación se encontró que el cumplimiento de esta ley, después de cinco años de haber sido expedida, es aún pobre. Se observó que las víctimas están insatisfechas con los resultados, pues el Estado no les ayuda a superar los niveles de pobreza y marginalidad en que viven.

CONCLUSIONES

El Estado sostiene que sus acciones de reparación al daño de las víctimas y las estrategias de rehabilitación son cada vez mejores, y que el país se acerca más a la paz y a la reconstrucción de un Estado Social de Derecho. Sin embargo, los significados que les otorgan las víctimas a las acciones del Estado y a las construcciones sociales, hechas por ellas, distan de la apreciación institucional, porque sienten que aún sigue latente la incertidumbre y la vulneración de sus derechos ciudadanos. Los municipios del Tolima, en los cuales se trabajó, si bien reciben diferentes tipos de apoyo cuentan con una cantidad grande de víctimas que piensan que su situación es precaria, lo que indica la ineficacia de los programas de reparación.

La violación de los derechos de las víctimas se expresa en sus relatos, todavía anclados en el dolor de la guerra. Pese a los intentos de reparación de los daños que causó el conflicto armado, el proceso de reconstrucción psicosocial es pobre, pues las heridas han dejado huellas profundas en la memoria, de modo que el trauma sigue y no es tratado por los servicios de atención del Estado, por lo tanto, las víctimas recaen en sus dramas internos.

Las reparaciones psicosociales, dirigidas a las víctimas, y los intentos de restablecimiento de derechos, instaurados por el Estado, suscitan incertidumbre y falsas esperanzas sobre las ayudas, condición asociada a la desesperanza, que hace que los significados de vida, la resiliencia, la salud mental y el bienestar sean utopías y alejen a las víctimas de una prospectiva positiva sobre el proceso de paz en el país. Es preciso hacer seguimiento al cumplimiento de la ley 1448, puesto que el nivel de satisfacción encontrado es bajo en las localidades, situación que requiere una veeduría, pues en lugar de orientar las acciones de reparación a una estrategia de reconstrucción, que permita la confianza, la seguridad y favorezca las víctimas, se limitan a acciones inconclusas, en muchas ocasiones, y a la reparación económica sin consultarles a los implicados y sin hacer un seguimiento y un acompañamiento para asesorar a las víctimas. En ese sentido, se resaltan los significados y las percepciones de las víctimas que aluden que el Estado presenta un argumento de mejorías, respaldo, sanación y apoyo, mientras que las víctimas se encuentran insatisfechas por la ejecución de la ley. Los argumentos de las víctimas se refieren a la realidad vivenciada respecto a los argumentos del Estado, en su afán por alcanzar la paz a toda costa, de una manera superficial.

El conflicto armado interno ha propiciado una crisis humanitaria, puesto que afecta a las personas víctimas que sufren y alimentan una memoria de lo que tuvieron y que nunca volverán a tener, de sus familiares muertos, del desarraigo y el despojo de sus bienes y del abandono de sus tierras. Las acciones del Estado no son efectivas; los plazos, la precariedad de las ayudas y la escasa asesoría psicosocial se debe a condiciones políticas que no permiten el flujo adecuado de recursos para acciones de reparación suficientes. Las secuelas emocionales producidas por el conflicto armado indican el impacto psíquico en las estructuras de personalidad de las víctimas, cuando las vivencias de muchos años fueren el asesinato, el secuestro, la extorsión, las violaciones, las masacres y el desplazamiento. Estos actos de violencia son la causa real de los traumas que desencadenan trastornos de ansiedad, estrés postraumático e inseguridad, entre otras crisis personales, condiciones que indican factores de interés en relación con la salud mental de quienes vivieron las atrocidades de la guerra.

Referencias

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Notas