Introducción

Actualmente Colombia atraviesa un momento coyuntural e histórico, debido a la firma de los Acuerdos de Paz suscritos entre uno de los grandes actores del conflicto armado interno como lo son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional. Uno de los grandes retos de este momento histórico es la generación de estabilidad en el Estado de Derecho y el imperio de la ley (Rule of Law) a partir de la resolución pacífica de los conflictos sociales y no de la tradicional coacción legal. Consecuentemente, existe una gran responsabilidad en manos de la sociedad civil, consistente en no olvidar las experiencias vividas, luego del proceso de desmovilización, desarme y reintegración de las autodefensas o grupos paramilitares en 2005. En ese sentido, es necesario que se planteen estrategias que no permitan la repetición de errores que condicionen el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (en adelante DDR) a adelantar con las FARC.

Uno de los posibles efectos que más se teme es la mutación del conflicto interno, específicamente en relación con los miembros de las FARC, y una posible conversión al crimen organizado, como sucedió con el surgimiento de las “bandas criminales emergentes” (en adelante Bacrim), luego del desarme de los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es apenas evidente que asumir los costos de la justicia transicional y el proceso de DDR para obtener un aumento del crimen organizado perturba las finalidades que inspiran estos mecanismos y encarece el costo de transacción que debe asumir el Estado colombiano por reafirmar sus instituciones.

Por lo anterior, el presente trabajo constituye un análisis sobre los aspectos básicos de los procesos de DDR y algunas de las particularidades dadas en el caso de las AUC y ahora en el de las FARC; resaltando los aspectos negativos que conllevaron a la constitución de las Bacrim en el proceso con las AUC, con el fin de que sean tenidos en cuenta en los esfuerzos y estrategias futuras frente a las FARC, una vez acontezca su reintegración en la sociedad civil colombiana.

La presente investigación es de naturaleza sociojurídica, en tanto la formulación y resolución del problema que la orienta tiene una visión interdisciplinar y no solo sobre fenómenos normativo-jurídicos. Su enfoque es cualitativo y por ello las principales técnicas empleadas son la recolección y análisis documental. De ello, también se infiere que las fuentes empleadas son secundarias.

El objetivo primordial del trabajo es el análisis comparativo de los procesos de DDR adelantados con las AUC y el que actualmente se ejecuta con las FARC. Para poder desarrollar dicho análisis, en primera medida se realizará un examen del contexto del conflicto colombiano y el fin de las acciones bélicas, esto es, los procesos de DDR. Posteriormente, se plantearán algunas generalidades sobre las Bacrim, y cómo estas son producto de algunas inconsistencias en el proceso de DDR específicamente del caso de las AUC, y finalmente se plantearán los posibles resultados que traiga el proceso de DDR frente a las FARC, desde lo planteado para la dejación de las armas en el texto del Acuerdo de Paz suscrito con el Gobierno colombiano y que actualmente se encuentra en implementación.

Discusión

El contexto del conflicto colombiano y el fin de las acciones bélicas

Mucho se ha escrito sobre la crudeza del conflicto armado interno colombiano y no es para menos. En efecto, su duración de más de medio siglo, aunado a las particularidades que reviste, plantea la necesidad de ponerle punto final, especialmente cuando el enfrentamiento en el campo militar si bien ha rendido frutos, al mismo tiempo ha significado altos costos para la población civil y en general para el tejido social (Trejos, 2016). Algunas de esas particularidades, que también están asociadas a la duración de los enfrentamientos, residen en los posibles intereses económicos que hoy implica la guerra para algunos actores:

(…) la teoría económica del conflicto, para sostener que el conflicto armado colombiano es el triste resultado de la acción local de actores armados y no armados, que se adaptaron a la supervivencia con elevados niveles de incertidumbre, poca solidaridad y ausencia de normas que regulen las relaciones entre los individuos. Estos autores sostienen que las guerrillas nacieron en contextos de injusticia y violencia, pero esconden fines primordialmente económicos, de ahí que se beneficien más de la guerra que de la paz. (Trejos, 2013, p. 62)

Si bien no es posible atribuirle la extensión del conflicto interno colombiano en el territorio y el tiempo, exclusivamente a meros intereses económicos, en tanto varias de las razones estructurales del mismo como la debilidad de construcción de la nación colombiana y su relación con la institucionalidad estatal o el modelo de desarrollo híper-elitizado y de espaldas a los sectores populares y campesinos son complejas y determinantes (Uribe, 2013), no puede ocultarse que el narcotráfico y las distintas formas de financiación de naturaleza ilegal constituyen una motivación para continuar las acciones bélicas. Ahora, los intereses económicos no son solo de los actores ilegales, pues la industria de la guerra asociada al Estado también genera intereses que suelen entrar en pugna cuando se amenaza su sostenibilidad como en cualquier otra actividad productiva.

Todo lo anterior encuentra ejemplo en los lineamientos del Plan Colombia, que condensa la idea de lucha contrainsurgente y la lucha contra las drogas, identificando el factor financiación y los intereses que este produce como un “alargador” de las acciones bélicas. Sin embargo, el abordaje hecho por este programa parte desde una perspectiva sesgada pues considera al narcotráfico como la esencia de los enfrentamientos ignorando las verdaderas causas estructurales y reduciéndolo, ya que la aparición del narcotráfico como modelo de financiación es un factor sobreviniente que incursionó casi dos décadas después del inicio de los enfrentamientos y no una causa estructural, así como tampoco fue practicado sólo por los grupos insurgentes sino también por los grupos de autodefensa:

the Colombian armed conflict began in the 1960s and, after a long period in hibernation during which its growth was precarious and limited to a few rural areas, especially colonisation zones at the frontiers of agricultural expansion, the rebel groups (FARC, ELN and illegal self-defence forces specifically) began a process of accelerated growth in the 1980s. This numerical growth and territorial expansion, as well as a significant increase in their capacity for military action, was linked to their new economic prosperity. This prosperity came from the exploitation of legal and illegal exports, without directly participating in them and thus without incurring the direct costs of military activity. (Díaz y Sánchez, 2004, p.21)

Lo más peligroso de la extensión de duración y cobertura del conflicto, en donde el narcotráfico y los intereses económicos explican solo una parte, es que se conjuga con algunos otros que tienen efectos devastadores en la sociedad, como por ejemplo la asimetría del conflicto, entendiendo este concepto como la diferencia entre medios materiales y combatientes de los intervinientes, que comúnmente llevan a la inclusión de la población civil como afectada; o la no convencionalidad de la confrontación armada, derivada del uso de la guerra de guerrillas como táctica operativa principal, sin contar con el uso indiscriminado de explosivos y de minas antipersonas que, teniendo en cuenta el alto grado de participación involuntaria de la población civil, termina haciendo más daño a quienes no están envueltos en la disputa (Trejos, 2013).

No siendo poco lo que se ha referido hasta el momento, las facciones que históricamente se han enfrentado son tanto antisistémicas como prosistémicas (Uprimny y Saffon, 2008), es decir, además de existir grupos insurgentes que van contra el orden constitucional y la estructura política dominante, como las guerrillas del Ejército de Liberación (ELN) y las FARC, también se presentaron grupos paramilitares, los cuales tienen como principal objetivo la defensa y justicia privada, casi siempre impulsada por intereses económicos, en el caso colombiano las llamadas AUC, que de alguna forma comparten finalidad con la Fuerza Pública. A todo esto debe sumársele la influencia y penetración del narcotráfico y la dinámica de los carteles de la droga, no solo como mecanismo de financiación, sino también como laboratorio de organización criminal de estos grupos que los acercó cada vez más a la delincuencia organizada y los alejó de ideologías. Frente a ello, es oportuno mencionar que tales conocimientos provienen de toda la incursión urbana de los carteles en la década de los 80, resaltándose la práctica de cooptar las instituciones, lo cual fue bien aprendido y aplicado por los paramilitares como lo demuestra el fenómeno parapolítico.

Como puede observarse a prima facie, el conflicto armado colombiano por su caracterización ha traído nefastas consecuencias históricas a la sociedad colombiana, quizás una de las más relevantes es el hecho que la sociedad colombiana ha empezado a construirse desde el ejercicio de la violencia y actualmente la percibe como algo aceptable y normal:

(…) en Colombia, los altos niveles de violencia con fines políticos están lejos de desintegrar o fracturar profundamente la estabilidad social o institucional, ya que la sociedad en general ha logrado soportar la violencia en niveles superiores a los aceptados en contextos sociales europeos, normalmente pacíficos. La sociedad colombiana se ha adaptado a la violencia que contra ella se ejerce, absorbiéndola e integrándola a sus estructuras, pasando de este modo a ser una variable activa de su ordenamiento social. (Trejos, 2012, p. 50)

El proceso de DDR y la construcción de paz

Las justificaciones para dejar atrás el conflicto, como ha quedado evidenciado, abundan, pero el camino hasta la consecución de una convivencia pacífica no se agota en la disposición estatal y de los actores o el uso del discurso de la paz, sino que requiere enfrentarse a los procesos de justicia transicional que sean adecuados para el medio específico. En ese contexto, es oportuno mencionar que la finalización de un conflicto armado interno en cualquier Estado si no es producida por la dinámica beligerante debe tener en cuenta la importancia de la desarticulación de la capacidad armada de las partes en disputa, especialmente de aquellas que no corresponden a la Fuerza Pública a quien se le atribuye el monopolio legítimo de las mismas. Es aquí cuando cobra importancia hablar de DDR como estrategia de construcción de paz. Cabe resaltar que la acepción DDR y lo que ella implica es de reciente popularización inclusive en el contexto internacional¹, pero con ocasión de sus aportes y utilidad se han generado importantes desarrollos que actualmente lo ubican como un punto de discusión necesario en la aplicación de marcos de justicia transicional (Fundación Ideas para la Paz, 2014).

La DDR es un proceso que implica no solo la neutralización de la capacidad armada de las estructuras beligerantes, esto es, el mero desarme, también lleva implícito el deber de desarticular la organización mediante la cual se ejerce la violencia y, lo que podría tenerse como más importante, la asistencia a los excombatientes² para que inicialmente se reinserten y a largo plazo se reintegren a la vida civil, procurando que este proceso sea lo menos traumático posible y en un contexto en el que pueda procurarse que no se reincida en actividades beligerantes e inclusive delictivas. Según el IEGAP (2013):

(…) hoy, la ONU, define el DDR como el proceso de “remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro de los combatientes de estructuras militares, y la asistencia a estos para reintegrarse social y económicamente en la sociedad mediante formas de vida civiles”. También lo describe como “un proceso complejo con dimensiones políticas, militares, de seguridad, humanitarias y socioeconómicas” cuya finalidad última es “encarar los desafíos de seguridad del postconflicto que resultan de dejar a los excombatientes sin medios de subsistencia o redes de apoyo, diferentes a los de sus excompañeros, durante el crítico periodo de transición del conflicto a la paz y el desarrollo”. Más adelante, acota que “aunque gran parte del DDR se centra en excombatientes los principales beneficiarios deberían ser en últimas una comunidad más amplia”. (p.13)

Siguiendo a las Naciones Unidas, se entiende que el DDR ocurre en distintas fases. En el orden que lo indica su nombre: la primera fase de desarme corresponde a la documentación del material de guerra y su adecuada disposición, esto equivale a la neutralización logística del grupo armado. La segunda fase es la desmovilización y tiene que ver con el desmantelamiento de la organización armada, lo que implica normalmente su concentración y eventual procesamiento en donde se neutraliza la capacidad operativa. La fase de desmovilización, a su vez, contiene una transición llamada reinserción, que es la ayuda o asistencia que se les brinda a los excombatientes para afrontar la próxima fase: la reintegración. La reinserción es de carácter temporal y con ella se busca que se cubran las necesidades básicas de los desmovilizados para que a largo plazo, y con la participación de la comunidad, los combatientes puedan adquirir nuevamente un estatus civil (Escola de Cultura de Pau, 2011).

Ahora, si bien parecen haber desarrollos y consensos importantes sobre lo que significa el proceso de DDR, ello no implica que tales desarrollos se hayan obtenido de forma pacífica. Aún más, la aparición de los llamados Estándares Integrados para el Desarme, Desmovilización y Reintegración, de la ONU, proviene de una serie de fracasos en la implementación de esta estrategia (IEGAP, 2013). Inclusive, Colombia ha participado en la discusión con la Contribución de Cartagena al DDR (CCDDR/2009) (Fundación Ideas para la Paz, 2014), con aportes tan interesantes como el de un enfoque menos militarista del proceso.

Lo cierto es que la existencia de los procesos de DDR o su implementación, e incluso la existencia de estándares, no representan o aseguran su éxito. Para el contexto del caso colombiano, podemos iniciar por revisar el antecedente del proceso de DDR de las AUC, con la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. Tal como afirma Uprimny (2012), la Ley de Justicia y Paz (en adelante LJP) es la muestra de cómo un Estado se apropia y contextualiza las herramientas de justicia transicional, por lo que es normal que existan discusiones sobre posible impunidad y los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, especialmente cuando en la desmovilización y desarme se cometieron varias omisiones, una de ellas referida a la existencia de un número de combatientes residuales bastante alto, es decir, integrantes de las autodefensas que no ingresaron a los mecanismos que la ley contempló:

(…) esta residualidad de la LJP ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos. Ahora bien, en principio es razonable que sólo un número limitado de paramilitares entren al proceso más complejo de la LJP que al trámite simplificado del indulto, pues no sólo muchos combatientes rasos pudieron no tener involucramiento en crímenes atroces sino además debido a la capacidad limitada del sistema judicial. El problema serio ha sido que las autoridades prácticamente no realizaron ninguna labor de verificación, siquiera mínima, sobre esos paramilitares rasos, con lo cual no sólo el Estado colombiano desaprovechó una fuente de información valiosa sobre la dinámica del paramilitarismo sino que, además, es muy posible que un buen número de esos combatientes haya tenido responsabilidades muy serias en crímenes atroces. (Uprimny, 2012, p. 76)

Las críticas que se ciernen sobre esta ley no son las únicas, pero sí resultan importantes. De un lado, se observa que la LJP y sus inconvenientes en relación con el DDR es solo una muestra de lo complejo que pueden ser ese tipo de procesos en Colombia, que frecuentemente se ven ligados a asuntos burocráticos o a trampas asistencialistas que terminan perjudicando la finalidad intrínseca de la herramienta:

(…) así, lo que en un inicio puede nombrarse de manera sencilla como DDR, para el caso colombiano, claramente evidencia su complejidad. Son rutas diversas y a veces hasta contradictorias, en las cuales las excepciones son constantes; inscritas en un conflicto armado vigente, acuden cada vez con más frecuencia a criterios de favorabilidad. En muchos casos, hacen parte de la resolución de dejar atrás la contienda bélica y de explorar nuevas posibilidades vitales, pero también están acompañadas de ofrecimientos y prebendas, de cobros y pagos, que no están exentos de su articulación con venganzas y retaliaciones y hasta de dobles pertenencias, a la legalidad y a la ilegalidad. (ODDR, 2011, p. 8)

Incluso, en el caso del cese de hostilidades con las FARC, aún quedarían actores del conflicto que usan la plataforma de la violencia política. De otro lado, y como es expuesto por un informe de la Escola de Cultura de Pau (2011), son varias las enseñanzas y los fracasos de los procesos de DDR en Colombia, pero resaltan aquellos derivados de la LJP que tienen que ver con la violación del cese de hostilidades, la presencia de datos irregulares en cuanto a los combatientes desmovilizados, la modificación y exageración del número de combatientes, la excesiva duración de la desmovilización por etapas y por último la formación de nuevos grupos paramilitares y bandas criminales. Está visto que es necesario entender y aprender de los fracasos de los procesos de DDR ya existentes, especialmente cuando la mayoría de los errores son del contexto, la formulación y la planeación de las herramientas (Escola de Cultura de Pau, 2011).

Por tal motivo, analizaremos algunas características de las Bacrim como el principal resultado de los escollos de los procesos de DDR en nuestro país, de cara a un eventual proceso de ese tipo con los acuerdos de paz negociados en La Habana con la guerrilla de las FARC.

Las Bacrim: un fracaso de los procesos de DDR

Las Bacrim se han venido catalogando como una nueva forma de manifestación del paramilitarismo, con estructuras, modus operandi y características propias, que las condicionan dependiendo, por ejemplo, del lugar donde se originan, pero que, en resumidas cuentas, conservan la estructura del sistema paramilitar de las AUC. Los sectores sociales, académicos, políticos y económicos, se dividen en opiniones a favor y en contra de esta tesis, otros más moderados en sus consideraciones toman un partido más centrado. El objeto de este apartado es descubrir cuáles son las particularidades de las Bacrim, y cuál es su situación dentro del crimen organizado en Colombia, así como su nexo con el proceso de DDR adelantado respecto de las AUC.

El surgimiento de las Bacrim tiene lugar presumiblemente con el fin del proceso de desmovilización paramilitar, aunque aquí es donde se genera la polémica, al tratar de determinar si las Bacrim son la misma organización paramilitar de las AUC o si, por el contrario, son una nueva modalidad de violencia organizada en las urbes, donde se identificó su presencia, primeramente.

a la par con el fin del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia, en 2006 las autoridades iniciaron el monitoreo de las acciones de grupos que eran considerados o bien reductos de los grupos desmovilizados, o estructuras armadas que nunca se desmovilizaron dentro del proceso que se adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o grupos de desmovilizados que se habían rearmado como nuevos grupos, aprovechando el vacío de poder dejado por los paramilitares en las regiones donde tenían presencia. (Prieto, 2013, p. 1)

Ahora, como ya se indicó, hay sectores que consideran que nada tiene que ver con las desaparecidas AUC, puesto que no es un móvil político lo que, como organización, motiva a las Bacrim.

Si se busca establecer un punto de quiebre en la dinámica reciente de las denominadas bacrim, definidas oficialmente por la policía como “estructuras de crimen organizado, especializadas en narcotráfico, [que] poseen niveles de hostilidad, vinculados a rentas ilícitas y con alcance nacional y trasnacional [pero] carecen de ideología política y contrainsurgente (…) su propósito es el control de la cadena productiva del narcotráfico”. (Pérez y Montoya, 2013, p. 20)

Se debe por demás tener en cuenta que, incluso el término ‘autodefensa’ que suele relacionarse con paramilitarismo, de manera indiscriminada, no es precisamente lo mismo, ya que para algunos sectores de la academia no son conceptos que se correspondan por cuanto el término ‘autodefensa’ se refiere por su carácter ofensivo y sus dinámicas de control y expansión territorial ligadas a intereses económicos particulares, materializados en la prelación de los mercados ilegales y la captura de las rentas locales por medio de violencia, los asemejan más a organizaciones mafiosas o a ejércitos privados (Trejos, 2016).

Pero si se realiza un contraste entre lo que se entiende por ‘Bacrim’ y ‘autodefensa’, a partir de la noción antes anotada, se puede deducir que tienen grandes semejanzas, así como con la definición de paramilitarismo o neoparamilitarismo, como se ha propuesto que se denomine a las Bacrim por parte de quienes insisten en la continuidad de los fenómenos. Inclusive, los principales defensores de la distinción entre un fenómeno y otro, que son las fuerzas de seguridad del Estado, no son ajenas a ciertos elementos que demuestran la posibilidad de continuidad.

Romero y Arias (2011) señalan cuatro elementos que permiten hablar de este enlace, a pesar de que no exista el componente de lucha ideológica política. El primero es la presencia del narcotráfico y la persistencia de las relaciones estratégicas de las AUC con ciertas estructuras del tráfico de drogas, lo que garantiza su financiación. En segundo lugar, señalan que los actuales jefes de los grupos denominados ‘Bacrim’ proceden de la organización de las AUC donde eran mandos medios o bajos, y que han capitalizado todas las relaciones e incidencias de ese grupo. El tercer elemento se refiere al nivel de cooptación de las instituciones y las representaciones políticas locales, en donde las AUC tenían una presencia importante y que coincidían con los territorios donde las rentas de las actividades ilegales eran más viables y elevadas. El último elemento, pero no menos importante, es la división de intereses entre las élites locales y sus contextos políticos y el contexto político del Gobierno nacional. Recapitulando, podemos considerar que las Bacrim se caracterizan por ser:

(i) un fenómeno de crimen organizado representado (ii) organizaciones criminales construidas alrededor del narcotráfico y otras fuentes de financiación (legales e ilegales - como la minería, la micro-extorsión o el micro-tráfico), (iii) desligadas teóricamente de las lógicas del conflicto armado en términos jurídicos y militares (no aplicación del Derecho Internacional Humanitario), (iv) de bajo perfil, urbanas, con estructuras en su mayoría no militares pero con capacidad para administrar territorios y ejercer amplio control social en lo local, (v) con capacidad para realizar alianzas transitorias con grupos guerrilleros en el nivel nacional y con carteles y redes criminales a nivel internacional, (vi) infiltrar instituciones y corromper miembros de fuerza pública y funcionarios públicos, y (vii) responsables de un número significativo de masacres, homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y hechos de reclutamiento forzado de menores, entre otros hechos delictivos. (Prieto, 2014, p. 185)

Así como afirma Massé (2015), resulta totalmente evidente la conexión entre uno y otro fenómeno, además de resultar claro que la conformación de estos grupos de crimen organizado tiene gestación en los reductos de la desmovilización de las AUC por el tipo de herencia del cual hacen gala. Antes se mencionaron algunos de esos legados, pero también puede señalarse que:

(…) las continuidades son obvias. La herencia paramilitar de las “Bacrim” ha sido bien estudiada: estructuras, modus operandi, ubicación geográfica, uso de las mismas rutas de narcotráfico, prolongación de sus actividades por parte de familiares, segundos y terceros mandos que no se desmovilizaron y/o de otros que se desmovilizaron y posteriormente se re-movilizaron. No todo es idéntico, pero la filiación de esas estructuras con los grupos anteriores, a la vez que era clara y reconocida, no generaba mucha polémica. (Massé, 2015, p.19)

Claro está, según este autor, las Bacrim sí han perdido su esencia paramilitar debido a que los cabecillas y altos mandos que antes integraban esas organizaciones fueron capturados o dados de baja. Los integrantes de las Bacrim son nuevos miembros, y en ese sentido ha cambiado la naturaleza de dichas organizaciones, así ya no son grupos contrainsurgentes. Segundo, en esencia ya no son grupos paramilitares, y finalmente ya no se relacionan con la Fuerza Pública de la manera en que lo hacían los grupos paramilitares, es decir, ya no establecen las mismas relaciones con políticos y actores económicos. A pesar de tales consideraciones, la evolución reciente ha demostrado que solo se ha perdido la conexidad en aspectos ideológicos pero que las estructuras y su organización, incluso en algunos mandos medios o bajos, se ha mantenido. Por tanto, aunque ya no comparten intereses con la Fuerza Pública, que en buena medida era lo que les daba el rótulo de paramilitar, siguen actuando como ejércitos privados al servicio del tráfico de drogas entre otras actividades ilícitas que les resulten rentables y con el esquema tradicional que funcionaron los grupos paramilitares en el país.

Inicialmente este desprendimiento de la dinámica del conflicto (que implica la sustracción de los supuestos del Derecho Internacional Humanitario -DIH-) mostraba a las Bacrim más vulnerables a las fuerzas de seguridad del Estado, sin embargo la dinámica de estas en las urbes se ha caracterizado por ejercer actividades como extorsiones a negocios y residencias, asesinatos selectivos, desalojos forzados, amenazas de muertes, distribución de panfletos, acciones dirigidas a aterrorizar, desplazamiento intraurbano, masacres, disputas por control territorial, principalmente en ciudades como Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Cali, Buenaventura, Bogotá, entre otras (Pérez y Montoya, 2013), convirtiéndose en un creciente desafío de seguridad con mayor visibilidad por desarrollarse en buena medida en las ciudades.

Según datos de la Policía Nacional, en Colombia hay presencia de:

(…) bandas criminales en once departamentos: Chocó, Córdoba, Antioquia, Vichada, Meta, Guaviare, Cesar, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Santander. Según esta fuente, las bandas criminales estarían distribuidas en cuatro estructuras que mantienen constante presencia y control, a saber, Urabeños, Rastrojos y dos bandas disidentes del ERPAC: Bloque Meta y Libertadores del Vichada. En total estas cuatro bacrim sumarían cerca de 2.900 integrantes de los cuales 1.023 habrían sido capturados durante el período 2012-2013. (Pérez y Montoya, 2013, p. 28)

Sin embargo, esta información no alcanza a estimar, por ejemplo, la presencia e influencia de estas bandas en otras zonas del Caribe colombiano donde las AUC tenían una presencia significativa.

Del análisis de estos datos, es claro que las Bacrim son un actor importante en la configuración de la seguridad regional. Su accionar, se observa, tiene grandes impactos en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales de las distintas regiones del país, pues su influencia se destaca en todo el territorio nacional. El narcotráfico es la principal actividad delictiva desarrollada por estas organizaciones, y aunque su presencia suele resaltarse en el contexto de la ciudad, no se puede negar que en el ámbito rural también se encuentra representada en la suerte de la población.

Aunque los esfuerzos estatales sí se evidencian, la proliferación de las actividades delictivas sigue en aumento, en especial en aquellas zonas en donde había una importante presencia paramilitar, pues existe una herencia paramilitar innegable en la naturaleza de estas organizaciones. Por lo tanto, las estrategias correctivas del Estado en materia de seguridad deben apuntar por atacar la actividad del narcotráfico, de donde surge el principal financiamiento de las Bacrim, con el fin de que la seguridad de las regiones fuertemente influenciadas mejore.

Ahora, ¿cómo podemos explicar que esa herencia y relación entre las Bacrim y las extintas AUC se deriva de una mala experiencia o irregularidades en el proceso de DDR? A continuación, aportaremos algunos argumentos dirigidos a mostrar que las características esenciales de estos grupos, y su relación con las AUC, tienen conexión con ciertas carencias de lo que significó la LJP como evento de DDR.

Como balance del proceso de DDR de las AUC, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2015), elaboró un informe titulado Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC, en el cual recuperaron las enseñanzas que dejaba ese proceso en particular después de 10 años de acontecido. En él se analizan de manera precisa y detallada la relación entre los procesos de DDR, en especial el de las AUC, y sus aportes a la construcción de paz, así como sus consecuencias menos positivas, abordando el fenómeno Bacrim. Cabe destacar de dicho informe la reseña de las fallas más importantes en el proceso de DDR de las AUC, que según uno de sus autores (Verdad Abierta, 2015) consisten en:

• Uno de los mayores problemas residió en la ausencia de la transparencia entre las partes, pues por un lado las AUC incrementaron de forma ficticia el número de combatientes, y de otro lado porque el Gobierno no tenía una ruta ni una política pública clara en relación con los futuros excombatientes.

• Así mismo, las desmovilizaciones se efectuaron en un tiempo extremadamente amplio, generando incertidumbre y permitiendo que algunas estructuras no desmovilizadas se desplazaran a regiones donde ya había operado la desmovilización, un mal manejo de las armas de fuego entre los grupos y la incursión en hechos de victimización durante el proceso. Este último aspecto resulta particularmente grave pues se señala que:

• Al respecto, el informe cita cifras de la Comisión Colombiana de Juristas, que indican que 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas por grupos de autodefensas durante el proceso de negociación y desmovilización, pese a que estuvo condicionado a un cese de hostilidades. (Verdad Abierta, 2015)

• Otro de los errores de gran peso fue la deficiencia en las medidas de atención para las víctimas y las comunidades donde actuaron los paramilitares frente a las ventajas negociadas para los excombatientes. El problema no reside tanto en la concesión de beneficios para los desmovilizados como en la asimetría frente a las medidas para satisfacer a las víctimas, quienes desde 2006 hasta 2011, año de expedición de la Ley de Victimas, no contaron con medidas eficientes para su atención.

• Tampoco se evitó el rearme, en parte por los errores enunciados en precedencia, con lo que no solo se siguió afectando la tranquilidad de la población civil, la ocurrencia de nuevos hechos victimizantes, sino también el riesgo para los excombatientes que pretendían reintegrarse y que terminaron siendo ultimados o desaparecidos. Esto no solo contribuyó enormemente a que se desincentivara la desmovilización (que recordemos se produjo de manera progresiva y no simultánea y en un periodo de tiempo amplio) sino que además impactó negativamente en el porcentaje de reincidencia en las actividades ilegales.

Las anteriores consideraciones, contrastadas con las percepciones sobre el origen de las Bacrim y sus características, nos ofrecen mayor claridad sobre la incidencia de los errores en el proceso de DDR sobre el rearme y la constitución de grupos posdesmovilización. La naturaleza de los problemas presentados tiene que ver con el manejo de las armas, la concentración de los combatientes y la organización, logística y tiempo de las desmovilizaciones. Aún más allá del momento de la desmovilización y el desarme, el proceso con las AUC adoleció también de estrategias que llevaran de la reinserción a la reintegración, no obstante este problema normalmente se invisibiliza en tanto las otras dificultades son las que en mayor medida facilitaron la formación de las Bacrim, pero tanto unas como otras son esenciales para la sostenibilidad de los proyectos de DDR.

Finalmente, un último inconveniente que también fue determinante para las condiciones actuales reside en las relaciones de las AUC con el narcotráfico y su inclusión soterrada en el proceso. En tanto las negociaciones se efectuaron sin transparencia y así se mantuvo el proceso, se presentó como un espacio que algunos jefes narcotraficantes pretendían utilizar para evadir la justicia. Esta interacción facilitó que los combatientes no desmovilizados, reemplazados por falsos combatientes, con armas no recolectadas tuvieran acceso al manejo del negocio de la droga, poder en ese contexto y logística para emprender el negocio sin ningún vínculo con la lucha contrainsurgente: en pocas palabras, la descripción del surgimiento de las Bacrim:

(…) en la negociación con las AUC casi no existió claridad sobre las estructuras que realmente existían y se produjeron creaciones, recomposiciones, confrontaciones armadas entre las estructuras, negociaciones de poder e incluso las llamadas “venta de franquicias” que se atribuye a narcotraficantes que ingresaron en calidad de jefes y voceros en el curso de la negociación con el gobierno. No existió realmente un período de concentración previa sino la llegada pocos días previos al acto de desarme y desmovilización. Incluso, aunque formalmente se preveían al menos tres semanas de concentración de los efectivos, con frecuencia no sucedió así. Esta situación sumada a las desmovilizaciones progresivas facilitó la duplicación de los efectivos reales, acompañada de los hechos denunciados de vinculaciones irregulares. (Verdad Abierta, 2015, s.p)

Habiendo analizado lo que puede considerarse una de las principales consecuencias negativas y no deseadas del DDR, se analizarán algunas perspectivas y enseñanzas del DDR en Colombia y el próximo proceso a surtirse con las FARC.

Perspectivas de un proceso de DDR para el postacuerdo con las FARC: ¿Acecha el fantasma de las Bacrim?

El presente acápite constituye una lectura conjunta de las posiciones planteadas hasta el momento, en relación con proyecciones políticas sobre la implementación de los acuerdos de La Habana que buscan un cese de actividades hostiles con la guerrilla de las FARC y los posibles riesgos para un proceso de DDR, teniendo presente la lectura de las disposiciones establecidas en el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y las experiencias que en términos de DDR se han presentado en Colombia.

Como en casi todo, Colombia ha presentado un contexto único de convivencia entre programas y procesos de DDR y el conflicto del cual pretenden desligarse, lo que no ha permitido que la transición que se espera ocurra en esos espacios sea efectiva. Esa coexistencia no en todos los casos ha pretendido la construcción de paz o el cese del conflicto, de hecho en el caso de los programas permanentes de desmovilización se utilizó como herramienta estratégica para obtener información del enemigo a cambio de las garantías de la reinserción, sin que contara mucho el deseo de regresar a la vida civil. Esta forma de ver el proceso de DDR produjo incontables daños en el imaginario colectivo, pues durante años se mantuvieron programas de indulto individual con condicionantes relativos a la colaboración con la Fuerza Pública y la ventaja estratégica en la guerra, lo que naturalmente no permite enfocarse en la paz y la reintegración (CNMH, 2015).

Las experiencias también indican que es necesario cada vez más pensar en estrategias para acercar a los excombatientes a la vida civil y que ello es importante para el éxito de los procesos. En el mismo sentido, es preciso que se brinden las suficientes garantías y protección estatal, pues ya aconteció (caso M-19 -Movimiento 19 de Abril- y EPL -Ejército Popular de Liberación-, inclusive con algunos colaboradores de las AUC) que este abandono combinado con el conflicto que persistía llevó a la intolerancia y la violencia sociopolítica, con el penoso resultado de una cuantiosa cifra de homicidios y desapariciones que negaron la esencia de la reintegración en especial en entornos rurales donde el conflicto fue más crudo. Los eventos afrontados con el M-19 y el EPL y algunas otras fracciones guerrilleras así lo demuestran y además muestran que no todas las enseñanzas de la experiencia anterior son malas, pues de lo logrado con esos grupos pueden sacarse en limpio, como avances, los impactos de transformación política que dejaron los procesos de DDR, que tienen con la Asamblea Nacional Constituyente su máximo esplendor.

Aterrizando a nuestro debate específico, la primera aproximación se hará desde el informe elaborado por la fundación Insight Crime (2016), institución dedicada al estudio del crimen organizado en la región a partir de hechos noticiosos de impacto. Desde el documento titulado “FARC: paz y posible criminalización”, es posible extraer algunos de los rasgos del contexto y posibles riesgos más importantes para el caso de las FARC: en un primer momento la preocupación más importante proviene de una posible fragmentación de la estructura de ese grupo armado bien sea que haya ocurrido antes de la firma de los acuerdos o de forma posterior. Es bien sabido que una organización armada tan grande como esta puede enfrentar problemas de unidad, especialmente cuando su distribución geográfica en el país ya es un factor de desunión importante, no obstante, se evidencia que con los ceses al fuego bilaterales la mayoría de los frentes se acoge a las decisiones de su Secretariado (representantes de su Estado mayor). La fragmentación posterior a los acuerdos es también improbable dado que lo dispuesto en el acuerdo es la concentración de las fuerzas en espacios diseñados para ello, lo que es estratégicamente importante para la guerrilla misma como para el proceso de DDR.

No obstante existen algunos riesgos más importantes, según ese informe, que deben tenerse en cuenta de manera urgente: el primero de ellos tiene que ver con el narcotráfico y lo atractivo que representa para el combatiente raso, que en muchos casos no posee la formación ideológica suficiente o que pertenece a las filas del grupo, por la perpetuación sinsentido que actualmente tiene el mismo. Junto a ello se encuentra la baja de los líderes u objetivos estratégicos, en tanto su ausencia debilita el control y las características del reclutamiento que cada vez más carecerá de jerarquía y estructura, favoreciendo la aparición de nuevos líderes sin filiación ideológica y más cercanos a la criminalidad organizada que se asemeja a las Bacrim; como hemos visto, estos riesgos también fueron patentes en el caso de las AUC y en ese momento fueron desatendidos. Como riesgos contextuales también se presentan las reacciones ante la oportunidad de encausar a las FARC como un partido político que reclame sus exigencias en un plano democrático no violento, pues se han levantado objeciones desde sectores políticos que no evalúan la importancia de la transición para sustraer algunos de los fundamentos ideológicos del grupo armado y que han creado un ambiente de intolerancia frente a la necesidad de que se produzca una reintegración política.

En torno a la planeación y formulación de una eventual política de DDR, el documento considera como un problema la gran cantidad de combatientes con los que se está lidiando, lo que implicara esfuerzos del Estado para documentar apropiadamente a esta población y evitar los llamados soldados fantasma³ que se presentaron en el caso de las Bacrim. De igual manera, uno de los riesgos más importantes al que alude el informe tiene que ver con lo irregular de los procesos de DDR en Colombia y su vinculación a intereses económicos y asistencialistas, donde no existe tolerancia a la frustración y la mayoría de veces la ineficacia de las ayudas pecuniarias puede conducir a los excombatientes a la escena criminal.

Por último, y aunque en menor instancia, este estudio menciona que también debe contarse como riesgo la polarización que la sociedad civil presenta ante la posibilidad de la reintegración de los combatientes de las FARC, lo que genera desconfianza y escepticismo ante la posibilidad de adquirir un status cívico por completo.

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera contiene en diversos apartados el programa dispuesto a seguir para el proceso de DDR (Alto Comisionado para la Paz, 2016). En el punto tercero, o de fin del conflicto, se disponen las definiciones más importantes y las reglas a seguir para el desarme y la desmovilización, y además se contemplan los programas de reinserción y reintegración de los excombatientes. En los acápites de implementación también se disponen elementos logísticos para la aplicación y ejecución del proceso de DDR, además de contener el documento unos protocolos adicionales, en los cuales consta el cronograma y la proyección de los aspectos administrativos.

En materia de desarme y desmovilización se contemplan las líneas generales del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas, que consiste en la terminación de las acciones bélicas, las cuales ya han operado de manera previa a la firma del acuerdo, y la movilización hacia los dispositivos de terreno para la concentración de combatientes y entrega de armas, con sus respectivas reglas y medidas de seguridad. También, se propone la creación de un Mecanismo de Monitoreo y Verificación compuesto por el Gobierno, las FARC y un componente internacional que presidirá dicho ente.

Luego del procedimiento de dejación de armas se tiene prevista la reincorporación de los combatientes en dos niveles: una reincorporación política y una económica y social, que estará coordinada por el Consejo Nacional de Reincorporación a crearse con la implementación del acuerdo, y que dependerá de un diagnóstico de las necesidades y condiciones de los excombatientes.

Si se ponen en perspectiva, las experiencias de Colombia en DDR (específicamente la de las AUC) y los riesgos o peligros que la opinión pública percibe del proceso a adelantarse con las FARC, con lo que contiene el nuevo acuerdo debe reconocerse que la ruta para el proceso de DDR y su cronograma es clara y el tiempo que dispone para su ejecución es razonable. Uno de los logros que contiene, además, es que se contempla hacer el proceso de manera simultánea para todos los combatientes y con un mecanismo de verificación que no solo incluye a las partes sino también a un componente internacional, esto ayudaría en gran medida a evitar el desplazamiento de combatientes entre zonas así como la posibilidad de transgredir el cese al fuego, sin contar con que la disposición de las armas y su recogida se encuentra delegada al componente internacional y según estándares internacionales, además de incluir la participación de las FARC en la tarea de desminado y erradicación de otro tipo de armas y explosivos no convencionales. Se ha precisado, también, que los excombatientes serán censados y que ello también será determinante para establecer de qué forma serán reintegrados. Por último, también es de resaltar la participación de las víctimas en el acuerdo y que tienen un punto propio dentro del documento, además de la participación que tuvieron en la discusión y construcción del mismo. Es necesario recordar que debe propenderse por la asimetría entre los beneficios para uno y otro estamento para evitar frustraciones en la sociedad civil.

A pesar de los avances significativos en planeación y regulación del DDR, existen riesgos que persisten y no tienen que ver con lo revisado inicialmente pues el acuerdo ha respondido efectivamente a esos planteamientos. Los riesgos más allá de la presencia de narcotraficantes en el proceso, cubierto por la presencia del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, o el temor a que se fragmenten las tropas o se rearmen tiene que ver con la resistencia generada en la refrendación de los acuerdos por parte de algunos sectores políticos y la incidencia de ellos en la sociedad civil. El peligro que ello representa es que la reintegración no es un proceso que solo deba adelantarse de cara a los excombatientes, sino también a nivel comunitario, y si se presenta rechazo o estigmatización es posible que se presente reincidencia, en tanto se acerca más al individuo a sus antiguas redes relacionadas con la vida de guerra que con los entornos cívicos que pretende.

De lo analizado debe destacarse que los posibles riesgos pueden ser tratados oportunamente pues existen algunas ventajas derivadas de las experiencias anteriores y de la diferencia de contextos y grupos en cuestión: aunque las FARC no son el último actor del conflicto, se han iniciado acercamientos positivos con el otro gran actor antisistémico que es la guerrilla del ELN, lo que favorece el decrecimiento de las acciones bélicas que pudieran resultar espacios de vuelta a las armas. De igual forma, puede concluirse de la formación de las Bacrim que es importante la estructura de poder y su cooptación del Estado formulada por los paramilitares, aspecto que no puede predicarse de las FARC, pero que se pone en duda al observar que en algunos territorios el narcotráfico fue un espacio de encuentro y alianza para todos estos actores. Por último, se tiene que el panorama de las Bacrim, su historia, evolución y características, está ligado al control de áreas y estrategias del negocio de la droga, que pueden ser obtenidas en los acuerdos de cese de actividades como parte del proceso de desmovilización y prevenir que tales escenarios se ocupen con grupos criminales emergentes.

Conclusiones

Existen muchos factores de riesgo que permiten decir que es posible que alguno de los combatientes de las FARC, una vez adelantado el proceso de DDR, entre al crimen organizado, a pesar de que el acuerdo responde a muchas de las preocupaciones provenientes especialmente del contexto de surgimiento de las Bacrim. Ello se debe a que existen vínculos que unen los intereses de las AUC con los de las FARC como el narcotráfico, especialmente en lo atractivo que resulta para muchos soldados rasos y a la resistencia que existe a la presencia de los excombatientes de las FARC en la vida civil, siendo que el crimen organizado es una forma de seguir viviendo como lo hacían desde hace algún tiempo. De todas formas, la ejecución del proceso de DDR modifica el abordaje sobre el uso de la violencia como herramienta política, lo que produce modificaciones en los escenarios de aplicación del DIH, pero sobra decir que no es la forma de combatir a estas personas lo que interesa en un contexto de construcción de paz sino su verdadera reintegración y la capacidad de dialogar desde los valores de la sociedad democrática.

Ahora, aunque el narcotráfico es el mayor miedo y riesgo que pueda pensarse, producto del proceso de DDR de las FARC, muchos de los errores que llevaron a la conformación de las Bacrim relacionados con este flagelo tuvieron que ver con el tema de planeación en el DDR y respecto de la reintegración de los actores de las AUC a la vida civil. Por ello, las estrategias de planeación empleadas son tan importantes, pero también lo resultan el contexto y las políticas permanentes de paz que involucren a todos los sectores y que propendan por beneficiar también a las víctimas y a los más vulnerables. En ese sentido, debe estarse atento a la revisión y construcción continua del proceso de DDR de los miembros de las FARC, pues no pueden desconocerse las experiencias aprendidas, y por el contrario se deben tener en cuenta para que el proceso de DDR pueda ser efectivo y acorde a la legalidad.

Referencias

Alto Comisionado para la Paz. (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-112016NuevoAcuerdoFinal.pdf.

CNMH. (2015). Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC. Recuperado de https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/desmovilizacionDesarmeReintegracion/desmovilizacion-yreintegracion-paramilitar.pdf.

Díaz, A. M. y Sánchez, F. (2004). A Geography of Illicit Crops (Coca Leaf) and Armed Conflict in Colombia. Crisis States Programme. Working paper, (47), 1-70.

Escola de Cultura de Pau. (2011). Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes. Recuperado de http://escolapau.uab.es/img/qcp/introduccion_ddr.pdf.

Fundación Ideas para la Paz. (2014). Fin del conflicto: Desarme, Desmovilización y Reintegración - DDR. Recuperado de http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/534dd40668414.pdf.

IEGAP (Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos). (2013). Desarme, Desmovilización y Reintegración, DDR: Una introducción para Colombia. Cuaderno de análisis 1/13. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada.

Insight Crime. (2016). FARC, paz y posible criminalización. Recuperado de http://es.insightcrime.org/investigaciones/farc-paz-y-posible-criminalizacion.

Massé, F. (2015). Transformaciones recientes y perspectivas de las “BACRIM”. En: Vargas, A. y García, V. (Eds.) Seguridad y defensa en la transición de la guerra a la paz: reflexiones y perspectivas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

ODDR (Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración). (2011). Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), La complejidad de los procesos en Colombia. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Pérez, B. y Montoya, C. (2013). Las Bacrim después de 2013. ¿Pronóstico reservado? Bogotá, Colombia: Fundación Paz y Reconciliación.

Prieto, C. A. (2013). Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia. FES SEGURIDAD, 2, 1-19.

Prieto, C. A. (2014). Bandas Criminales en Colombia: ¿Amenaza a la seguridad regional? Opera, 12.

Romero, M. y Arias, A. (2011). A diez años del inicio del Plan Colombia: Los herederos de las AUC, la geografía del narcotráfico y la amenaza de nuevos Carteles. Arcanos, 16, 4-27.

Trejos, L. F. (2012). La violencia política como elemento transversal en la configuración del Estado Colombiano. Persona y Sociedad, XXVI(3), 33-52.

Trejos, L. F. (2013). Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado. Revista Enfoques, XI(18), 55-75.

Trejos, L. F. (2016). Hipótesis explicativas de la derrota estratégica de la insurgencia armada en el Caribe colombiano: los casos de las FARC-EP y el ELN. Revista de Derecho, 45, 346-377.

Uprimny, R. (2012). El marco jurídico de la desmovilización militar en Colombia. Revista Eunomía, 2, 64-85.

Uprimny, R. y Saffon, M. P. (2008). Usos y abusos de la justicia transicional en Colombia. Anuario de Derechos Humanos, (4), 165-195.

Uribe, M. (2013). Razón Pública. Recuperado de http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3700-ipor-que-ha-durado-tanto-la-guerra-encolombia.html.

Verdad Abierta. (08 de noviembre de 2015). Las amargas lecciones que dejó la desmovilización de las AUC - Especial ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz? Verdad Abierta. Recuperado de http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/10-anos-de-justicia-y-paz/6061-lasamargas-lecciones-que-dejo-la-desmovilizacion-de-las-auc.

Notas