Hablemos de violencia mal nombrada

Una tarde cualquiera un grupo de estudiantes que están en la cafetería de su universidad charlan acerca de lo complicado que se ha vuelto viajar a ciudades como Pereira o Armenia, dada la constante presencia de habitantes de la calle como efecto colateral del desalojo que se llevó a cabo el año pasado en el Bronx de Bogotá. La dificultad, apunta uno de ellos, es que esas ciudades se llenaron de ‘desechables’ después de lo del Bronx y ahora no hay por dónde pasar sin que alguno se atraviese pidiendo monedas o robando cuando no se las dan. A esta afirmación otra estudiante responde: -o mejor sería que se haga una limpieza social para terminar de una vez con el problema y que las ciudades vuelvan a ser seguras-.

La última afirmación suena perfectamente normal y aceptable en cualquier calle o barrio, hasta en un ambiente académico como una universidad, pero no lo es en absoluto. El informe Limpieza social. Una violencia mal nombrada presentado por Carlos Mario Perea, como resultado de la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional (IEPRI) muestra el gran error en el que ha caído la sociedad colombiana al ignorar y guardar silencio, en la mayoría de los casos, o en ocasiones ver con buenos ojos una práctica que en términos jurídicos debería ser catalogada como crimen de lesa humanidad. La limpieza social, que para el autor del estudio es responsable de un muy alto porcentaje de las muertes presentadas en las localidades de Bogotá, donde se llevó a cabo el estudio, resulta ser un acto que no se tiende a estigmatizar dado que posee una dinámica sencilla: hay en el barrio personas que por sus características, oficios o creencias no entran en el rango de aceptabilidad de la mayoría de habitantes de ese sector, entonces un vecino que hace las veces de líder, conforma un equipo compuesto por los vecinos que comparten la misma postura frente a esa situación y plantean para remediarlo un plan de acción; dicho plan generalmente consiste en que una vez que la noche llegue, aprovechando la oscuridad que provee, el equipo, provisto de armas de dudosa procedencia, sale a ‘cazar’ a quienes conforman la lista de no aceptables. Tal lista tiene como base que justifica el acto posterior el que los individuos que figuran ahí son considerados como gente que no aporta al progreso del barrio o de la localidad.

El hecho de que esta práctica se presente como la consecuencia de la falta de intervención o de la escasa presencia de la fuerza pública en los sectores con más alto índice de delincuencia, es lo que la legitima y promueve, puesto que según los testimonios que ofrecen quienes la realizan, citados en el informe, argumentan a su favor que solamente hay dos posibilidades; se trata de salvar el barrio al limpiarlo o dejar que se hunda en más y más delincuencia y pobreza, de ahí que no se trate de un acto susceptible de reproche. Así, bajo esa perspectiva, la figura del asesino se entiende como la del héroe que se encarga de mantener el orden y la seguridad en la localidad, pero para el autor, este aspecto, el del asentimiento sumiso y silencioso, es el que más ayuda en la continuidad de esta forma de exterminio, porque en lo que respecta a la ley eso es lo que es: una forma de matanza sistematizada, un acto que se asemeja mucho a la matanza que se cometió en la Segunda Guerra Mundial contra la población judía; un auto otorgamiento del poder de decisión acerca de la vida o muerte que un grupo determinado ejerce sobre los que, a su parecer, no cumplen con los parámetros para seguir conservando su estatus de ciudadano, vecino, familiar o ser humano en última instancia. Los parámetros que se incumplen y que causan la aparición del nombre del sujeto en la lista van desde dedicarse a un oficio carente de aceptación como la prostitución o el robo, pasando por la pertenencia a una identidad sexual que no va en consonancia con lo que dicta la mayoría como la homosexualidad o transexualidad, hasta la adhesión a un partido político que contradice una vez más a lo que cree la mayoría. El detalle de que se trate de defender los intereses de la mayoría hace que incluso los que no estén de acuerdo guarden silencio y acepten la práctica por temor a represalias.

El informe es uno de los más completos hasta el momento en tratar esta problemática, ya que denuncia la poca atención que la academia le ha prestado, aumentando con esto la aceptación nacional de una práctica que ha cobrado la vida de miles de habitantes que tienen los mismos derechos y deberes que quienes los asesinan. Ahora bien, la aceptación de la comunidad en general, como la que muestra la estudiante en la charla universitaria, no viene sólo de lo que sucede en los barrios cuando al amanecer la luz deja ver los cuerpos de los que cayeron la noche anterior, sino que se trata de un entramado de impunidad que muy difícilmente los familiares de uno de esos nombres tachados de la lista, podrán superar para encontrar la reparación que legalmente merecen. La principal falencia del sistema judicial y en consecuencia la mayor prueba a superar por parte de las familias de las víctimas, es el que en el código civil colombiano esta práctica no esté tipificada como delito, es decir, si alguien muere como víctima de una jornada de limpieza social, no se podrá asentar este hecho en los registros como la causa de muerte ya que al no estar tipificada como delito punible en su totalidad, los familiares tendrán que conseguir las pruebas para demostrar que alguien perpetró el asesinato y como se trata de un acto que se llevó a cabo en grupo, les resultará más que difícil dar con el autor principal del crimen. Eso sin contar con la escasa diligencia que muestra el sistema judicial para esclarecer el caso y procesar a los culpables, que deviene en la nula confianza en la rama judicial como impartidora de justicia por parte de los familiares de las víctimas. El autor afirma que aun suponiendo que las pruebas sean conseguidas; que se haya logrado identificar y retener al agresor, en la audiencia de imputación de cargos él figurará como autor de homicidio en primer grado mas no como “ejecutor de limpieza social” y el delito será tratado como uno más de los que se denuncian en las tantas oficinas de la Policía Nacional o de la Sijín. En otras palabras, la limpieza social como tal no figura como un delito y por eso quienes la practican piensan que se trata de un bien que hacen a su comunidad al argumentar que la fuerza pública se ha olvidado del sector donde viven y eso amerita tomarse la justicia por cuenta propia. Esta falla acompañada de la participación, en algunos casos, según se tiene evidencia en el informe, de la fuerza pública, incrementa aún más la orfandad de justicia para las víctimas.

La investigación arroja cifras que, de ser tenidas en cuenta por los estamentos políticos encargados de velar por la seguridad de todos los habitantes del país, sin importar qué hagan, qué sean o en qué crean, mejoraría notablemente su calidad de vida. Sin embargo, esta modalidad de violencia ha sido relegada a un segundo plano, porque en el contexto colombiano hay modalidades de violencia que por su impacto merecen -de manera errónea- más atención que la mal nombrada limpieza social. Es por esto que trabajos investigativos como este deben ser estudiados en su totalidad en los colegios y universidades o servir como fuente de consulta en las casas de acción comunal para la denuncia a tiempo de la conformación del equipo de vecinos dispuestos a matar en la mitad de la noche. Aunque si bien es cierto que virus como el narcotráfico, la delincuencia común, las guerrillas y el paramilitarismo que tanto aquejan al país hacen ver la limpieza social como una posible cura, lo cierto es que no lo es. No hay ningún motivo que legitime el asesinato de una persona, por más razones que se den referentes a cómo vivía su vida y cómo eso contrariaba los preceptos de la mayoría. Así, un asesinato es un acto horrible tanto si se trata de alguien que es tenido como una persona de bien como de una persona que por una u otra razón se dedicaba por ejemplo a robar. El autor es enfático en afirmar que este fenómeno necesita ser visibilizado, es necesario que las voces de quienes piden justicia para las víctimas sean escuchadas y se encuentre la reparación pertinente a cada caso. Si se visibiliza puede ser que menos estudiantes en alguna charla universitaria propongan una limpieza como solución para poder viajar a ciudades como Pereira o Armenia.

Referencias

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). Limpieza social. Una violencia mal nombrada. Bogotá, Colombia: CNMH - IEPRI.

Notas