Conflictos socioambientales ocasionados por el cultivo de palma aceitera: el caso de María La Baja en Montes De María[1]

Socio-Environmental Conflicts caused Oil Palm Farming. The Case of María La Baja in Montes De María-Colombia

El presente texto tiene como objetivo principal analizar un conflicto socioambiental a través de un estudio de caso específico, el cual gira en torno a la instauración de la palma aceitera como proyecto productivo a gran escala en el municipio de María La Baja, en la región de Montes de María. De tal modo, se describirá cómo ha sido el proceso de implementación de este modelo agroindustrial al interior de este municipio, explorando las consecuencias económicas, sociales y territoriales que enfrentan las comunidades que residen en este espacio geográfico; así como las estrategias de resistencia frente a estas lógicas capitalistas por parte de las comunidades sociales. Todo lo anterior se abordará bajo un marco interpretativo que se enfoca en el estudio de los conflictos ambientales; lo que permite comprender cómo han sido las condiciones estructurales que han ayudado a la configuración de tales procesos agroindustriales en la región.

En un primer momento se exhibirá el marco teórico que soportará este estudio. En este caso se describirá qué se entiende por un conflicto social de carácter ambiental, algunas nociones sobre justicia distributiva, racismo ambiental, el metabolismo social y sus implicaciones en el territorio; así como la concepción de racionalidad económica y la dualidad de desnaturalización de la naturaleza/naturalización de la mercantilización de la naturaleza.

En un segundo momento se describirán aquellos aspectos principales que permitirán comprender la manera como se implementó el proyecto de la palma aceitera en el territorio a investigar. Lo anterior implicará cuestionar sobre la lógica de la palma aceitera como elemento constitutivo del paradigma neoextractivista; luego se abordarán las lógicas de poder que se generan a partir de una territorialización agroindustrial en Montes de María, y finalmente se hará énfasis sobre lo que sucede al interior del municipio en relación con la palma aceitera.

De acuerdo con Homer-Dixon (1994), un conflicto social de carácter ambiental comúnmente se configura en aquellas sociedades que se caracterizan por ser pobres y marginadas, las cuales tienen poca capacidad de amortiguarse tanto para la escasez ambiental como para las crisis sociales. Tales condiciones contribuyen a la constitución de una relación directa entre violencia y escasez ambiental, conflicto que se potencializa en aquellos espacios geográficos donde reside población con escasos recursos; lo que genera no sólo una marginación social (crecimiento/desplazamiento de la población, acceso desigual a los recursos naturales, desigualdad social, etc.) a través de parámetros de afectación ecológica y ambiental (deterioro ecológico, escasez de recursos, prácticas agrícolas no sustentables, etc.), sino también marginación a partir de la noción de una justicia distributiva.

Para John Rawls (1986), la justicia distributiva hace referencia a una asignación que no necesariamente coincide con el paradigma de un igualitarismo estricto[2] que, al desarrollar dinámicas de desigualdad, el efecto de la justicia distributiva hace que los menos aventajados al interior de una sociedad resulten, en términos materiales, en una mejor situación de la que estarían si se afrontaran a una situación de igualitarismo estricto. De este modo, se realiza una distribución de bienes y servicios entre los miembros de la sociedad en un momento específico, determinando la aceptabilidad de las condiciones resultantes.

A partir de lo anterior, se abordará el término de justicia no sólo a través de la noción del reconocimiento o bajo las lógicas de la distribución de bienes; sino a través de las dinámicas de participación y el desarrollo de capacidades que los individuos pueden generar al interior de la sociedad. De este modo, el término de justicia se constituye como una herramienta básica que permite que la sociedad pueda acceder a diversos escenarios tanto sociales, económicos, políticos y culturales que ayuden a confrontar las múltiples lógicas de desigualdad presentes en una sociedad (Schlosberg, 2007).

Teniendo en cuenta lo anterior, se quiere dar dos pequeñas precisiones: la primera de ellas es que, al hablar sobre justicia distributiva, no se cae en un reduccionismo material, sino que se ingresa en el campo de lo simbólico y lo intangible. En este caso, lo social, lo cultural y lo simbólico hacen parte fundamental de la noción de distribución al interior del término de justicia; y dicha noción holística del concepto puede hacer frente a las diferentes relaciones de dominación y opresión que se tejen e institucionalizan en cualquier tipo de sociedad (Schlosberg, 2007). Una segunda apreciación gira en torno a que el conflicto ambiental dado por la justicia distributiva no puede verse únicamente bajo una perspectiva negativa; sino que este puede tener aspectos positivos para la sociedad. En este caso, al enfrentarse al problema de escasez, puede generarse una concientización en la sociedad que permita el aumento de demandas o la pugna por un cambio institucional (Homer-Dixon, 1994).

Por otra parte, según Bullard (1995), el problema de racismo ambiental hace referencia a las condiciones problemáticas que se relacionan directamente con las zonas donde se ubican geográficamente sociedades marginales (etnia, color, estratos socioeconómicos, etc.). Es decir, esta problemática se vincula directamente con un problema de inequidad económica y ambiental, en lugares geográficos estratégicamente seleccionados para la implementación de lógicas capitalistas. Bajo esta perspectiva, se pone en duda la institucionalización de un medio ambiente justo y sostenible donde existan prácticas que satisfagan las necesidades humanas sin necesidad de sacrificar la integridad ecológica de la tierra ni atentar contra los derechos sociales y territoriales de determinados grupos sociales.

Ligado a lo anterior, se pone también en duda aquellas apreciaciones de la sustentabilidad económica debido a los impactos ambientales en determinadas regiones donde se implementan acciones capitalistas y neoliberales. En este caso, Martínez-Alier (2004) propone considerar aquellos indicadores o índices fijos de (in)sustentabilidad que examinan la economía en términos de un “metabolismo ambiental”. Un metabolismo social que cada vez más consume materias primas debido a las lógicas del crecimiento social y económico a nivel mundial; las cuales, debido a sus lógicas de configuración y consumo, generan dinámicas desiguales en el escenario de lo económico, lo político y lo social.

Esta noción de metabolismo ambiental de Martínez-Alier (2004) se relaciona fuertemente con la de la racionalidad económica de Leff (2005), la cual hace referencia al continuum del progreso económico que, al conjugarse con las actuales dinámicas de globalización, genera afectaciones en el mundo natural. Es decir, todo lo relacionado con aquellas cuestiones económicas sobre lo natural, donde las externalidades del metabolismo contemporáneo han llevado a la naturaleza hasta su límite.

Es desde esta racionalidad económica donde se están generando lógicas de homogenización en los patrones de producción y consumo, los cuales atentan contra la sustentabilidad a nivel tanto local como regional y global, y se fundamentan en las prácticas de diversidad ecológica y cultural. De este modo, la naturaleza se va convirtiendo en un “capital natural”, en nuevas formas de valorización económica; lo que genera un paradigma racional-económico, nuevas geopolíticas donde se desnaturaliza la naturaleza al insertarla en discursos de (in)sustentabilidad ecológica que la convierten en una figura mercantil para las lógicas del capital global. Bajo este marco interpretativo de la racionalidad económica, se establecen dos procesos diferentes, pero a la vez complementarios: la desnaturalización de la naturaleza y la naturalización de la mercantilización de la naturaleza (Leff, 2005).

A partir de lo anterior, tanto en Martínez-Alier (2004) como en Leff (2005) se abre un estudio sobre las dinámicas de distribución (muy similar a las apreciaciones sobre la justicia distributiva), donde no solo se tiene en cuenta el aspecto económico, sino también el componente ecológico, resaltando las valoraciones y asignaciones de los recursos naturales y servicios ambientales al interior de las sociedades, especialmente en aquellas que están en vía de desarrollo. De este modo, Martínez-Alier (2004) propone tener en cuenta en cualquier análisis en torno a los conflictos distributivos ecológicos la toma de decisiones al interior de aquellos contextos donde se presentan los conflictos socioambientales. Es decir, analizar tanto los valores inconmensurables (cuestiones que no se pueden medir en términos económicos) e incertidumbres irresolubles que pueden conllevar la implementación de una economía capitalista al interior de un territorio determinado.

Así se podrían comprender los patrones de uso de los recursos no sólo a través de un análisis de la implementación de una economía capitalista, sino desde las diferentes relaciones de poder y de distribución de ingresos presentes al interior de un mismo territorio. De esta manera se puede entender una distribución ecológica desigual, donde las relaciones de poder pueden ser cambiantes dependiendo del fortalecimiento institucional y social.

Para concluir, se desea aclarar que todas estas nuevas configuraciones geopolíticas que despiertan nuevas formas económicas y ecológicas de lo ambiental y lo social, se manifiestan en el territorio donde se van politizando los espacios en función de una revalorización donde se habita (Leff, 2005). Un ejemplo de un territorio politizado que se ha conformado como un espacio geopolítico importante es el municipio de María La Baja en la región de Montes de María. Un municipio que durante las últimas décadas está luchando contra la propagación de grandes extensiones de palma aceitera en su territorio.

Desde hace algunas décadas, el paradigma neoextractivista en América Latina se ha caracterizado por interdependencias entre procesos de transformación tanto nacional como global. Al interior de este paradigma se podrían insertar las dinámicas agroindustriales que giran en torno a la demanda global por materias primas y agrícolas, y que están sujetas a la configuración de precios en el mercado global.

La producción de agrocombustibles en América Latina ha aumentado a partir de la implementación de grandes producciones de monocultivos de caña de azúcar, soya y palmas aceiteras. Este modelo trae consigo la transformación del territorio históricamente construido en las regiones, en espacios socio-productivos que dependen no sólo del mercado internacional, sino de las políticas nacionales y de la volatilidad de los precios.

Gudynas (2009) argumenta que el modelo de desarrollo neoextractivista ha tenido impactos importantes sobre el territorio en aquellas zonas que han permanecido en situaciones de marginalidad en relación al avance del capital; logrando imponer, al mismo tiempo, una nueva geografía a partir de prácticas extractivistas o la producción agroindustrial. Este es el caso del municipio de María La Baja, en la región de Montes de María. Una región que en las últimas décadas ha estado en una situación de vulnerabilidad económica, política y social, debido a condiciones estructurales como la violencia, la pobreza y la ausencia estatal.

El aceite de la palma se produce principalmente en grandes monocultivos, y su ciclo de vida gira en torno a los 25 a 30 años. Es decir, su implementación está vinculada a la transformación del territorio a largo plazo, donde se configuran nuevas lógicas sobre el control y uso de la tierra a partir de la institucionalización de los derechos de la propiedad privada (Peluso y Lund, 2011).

A partir de la implementación de actividades agroindustriales, en este caso la palma aceitera, se crean nuevas lógicas de la naturaleza que se configuran en función de una valorización capitalista y de nuevas localidades que, a su vez, alteran y generan nuevas representaciones y estructuras territoriales. De este modo, dichas prácticas en un territorio se podrían catalogar como un conflicto ambiental o como un conflicto sobre el uso de la tierra a partir de lo descrito por Bebbington (2007) ya que estos:

Son también conflictos sobre la producción del territorio; sobre qué tipo de relación entre sociedad y ambiente debería predominar en un territorio; sobre cómo estos territorios deberían ser gobernados y por quiénes; sobre el significado que estos espacios deberían tener; y sobre los tipos de lazos que estos territorios deberían tener con otros (Bebbington, 2007, p. 33).

Ubicada al interior de una de las 6 grandes regiones que componen la geografía colombiana (el Caribe), los Montes de María están compuestos por 15 municipios pertenecientes a 2 departamentos diferentes. En el departamento de Bolívar se encuentran los municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano; mientras que los municipios de Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Tolúviejo y Corozal se ubican en el departamento de Sucre[3]. 396.000 hectáreas (3.960 kms2) es el área total de los municipios correspondientes al departamento de Bolívar, mientras que 284.800 hectáreas (2.848 kms2) hacen parte de los municipios de Sucre (Rodríguez, 2016). Con lo anterior, el área geográfica total que comprende este territorio es de 680.800 has (6.808 kms2).

Esta región estuvo marcada por las dinámicas de violencia que se configuraron en su interior. La presencia de múltiples actores armados al margen de la ley generó grandes olas de desplazamiento forzado, debido a los ataques y masacres a la población. A partir de lo anterior, se fueron desarrollando dinámicas de abandono y despojo de tierras en la región; en los municipios de Montes de María que corresponden al departamento de Sucre se identificaron 4.172 has en Ovejas y 3.018 has en San Onofre, con un total de 7.190 has; mientras que en los municipios correspondientes a Bolívar se abandonaron 71.862 has, donde se destacan los municipios de El Carmen de Bolívar con 54.312 has, San Jacinto con 4.758 has, Zambrano con 3.713 has y San Juan Nepomuceno con 2.683 has (Reyes, 2009).

En referencia al municipio de María La Baja, se deben resaltar las grandes violaciones a los derechos humanos que hubo durante los últimos años. Este municipio es sociodemográficamente afrodescendiente, donde más del 90% de la población se autodenomina como población negra. De acuerdo con Victorino (2011), para el 2010, después de la etapa de consolidación del paramilitarismo, se registraron 17.680 personas desplazadas al interior de este municipio; un número significativo al tener en cuenta que María La Baja contaba para ese entonces con un poco más de 45.000 habitantes.

A raíz de este fuerte proceso de desplazamiento forzado, se observan impactos considerables en el uso y acceso de tierras rurales en el municipio de María La Baja. De acuerdo con el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), en este municipio fueron abandonadas 21.785 has de las 54.700 has que tiene. Tal dinámica de abandono de tierras permitió la legalización y normalización de despojo territorial a partir de procedimientos administrativos y judiciales. Esto incidió en la concentración de tierras justamente en la época cuando se evidencia mayor desplazamiento y abandono de tierras por parte de la población campesina del municipio.

Asimismo, se evidencia una relación entre las compras masivas de tierras y la época de la violencia en la región. Tierras que actualmente se dedican a la instauración de proyectos agroindustriales, como es el caso de la compra por parte de la “Corporación Amigos de los Montes de María”, una agrupación de empresarios antioqueños que ha comprado aproximadamente más de 60.000 has durante los últimos años (León, 2009). Compras de tierras que, a pesar de haber sido hechas bajo un contexto de desplazamiento y violencia sistemática, gozan de una figura aparentemente legal inscritas mediante procedimientos definidos por autoridades públicas.

De acuerdo con la CEPAL (2007), las grandes extensiones de tierra destinadas a la producción de cultivos energéticos generan cambios significativos tanto en la estructura productiva agrícola, como en la concentración de la producción, la tenencia de la tierra, la configuración social e institucional a partir de la aparición de nuevos actores y poderes. Los anteriores procesos de transformación territorial en los medios de producción y en la estructura económica rural, se evidencian en la incursión de la palma aceitera en al municipio de María La Baja.

De acuerdo con Fedepalma (2011), para inicios de la segunda década del presente milenio, en las áreas rurales de Colombia existían aproximadamente unas 427.368 has. Cultivadas de palma de aceite. De este monto, 124.340 hectáreas se registraban en la zona norte del país, representando el 29,1% del total sembrado de palmas a nivel nacional (Páez-Redondo, Blanco-Muñoz y Ospino-Castro, 2013).

La palma aceitera llega al territorio montemariano en 1998, cuando los distritos de riego de la región se enfrentaban a una profunda crisis resumida en un descenso en la producción del arroz y plátano, lo que generó una bancarrota generalizada por la subutilización de los suelos y el endeudamiento tras un largo periodo de cultivos fallidos (Aguilera, 2013). Para aquel entontes, en María La Baja se insertó la palma aceitera a través de la Hacienda Las Flores [4], donde se acordó la implementación de un plan piloto para sembrar, en asociación con los campesinos, 100 hectáreas de palma (Rivera, 2011).

Durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), se evidenció un fuerte apoyo a este proyecto agroindustrial a través de los Planes Nacionales de Desarrollo (en materia rural y agrícola), donde se incentivó la siembra de cultivos para producir combustibles de origen vegetal, privilegiando la caña de azúcar y la palma de caite para el biodisel (INDEPAZ, 2013). Lo anterior se puede evidenciar en la extensión dedicada a la producción de palma de aceite en María La Baja entre el 2001 y el 2012, cuando se identifica un aumento del 1.358%, pasando de un total de 570 hectáreas en el 2001 a 8.310 hectáreas en el 2012 (Secretaría de Agricultura, 2012).

De este modo, entre el 1998 y el 2015 se consolidó la industria palmera en María La Baja a través de las llamadas alianzas productivas. De esta manera se fundamenta la expansión empresarial del cultivo de la palma aceitera a través de la integración de la economía campesina al desarrollo industrial. En este caso, los agricultores regionales disponían de la tierra y la mano de obra, y el empresariado respaldaba la financiación del proyecto (Ávila, 2015).

Según INDEPAZ (2013), en el 2009 el 30% de las plantaciones de palma en María La Baja se encontraban bajo la figura de alianzas productivas. Tal figura permitió la configuración de una concentración de la tierra y de relaciones asimétricas entre los propietarios de la tierra y los empresarios. Según este informe, el área sembrada de los pequeños productores ha disminuido en un 40%, en relación con el área de los medianos productores, que ha reducido en un 80%; mientras que para los grandes productores se ha incrementado en un 98%.

Es así como se puede evidenciar un cambio en la tenencia y uso del suelo en María La Baja. Un territorio en donde, antes de la incursión de la palma de aceite, el 59,7% de los predios se dedicaban a la producción de cultivos agrícolas, mientras que el 38,7% se utilizaba para actividades ganaderas y un 1,6% para producción/conservación de bosques y rastrojos. De este modo, entre el 2001 y el 2012, se estima la sustitución de aproximadamente 4.961 hectáreas de cultivos agrícolas que fueron destinadas a la producción de palma de aceite en este municipio (Herrera y Cumplido, 2015).

En el territorio se han configurado unas lógicas de resistencia frente a las dinámicas de despojo y acaparamiento de tierras por parte de la industria palmicultora en María La Baja. La comunidad de San José del Playón, la cual está articulada a la Mesa de Interlocución y Concertación de los Montes de María, entra en un proyecto de debate y construcción de nuevas formas de desarrollo rural desde las bases campesinas, apostándole al fortalecimiento de la agricultura familiar, la producción diversificada de alimentos y la implementación de sistemas agroecológicos (Ávila, 2015).

Es importante tener en cuenta las diferentes figuras de protección y ordenamiento territorial que se quieren establecer en Montes de María por parte de las comunidades étnico-rurales, y que servirían como estrategias de control y resistencia a la apertura de la frontera agrícola para la implementación de grandes cultivos de palma aceitera en la región. Lo anterior hace referencia a los títulos colectivos para las comunidades negras (dos títulos colectivos en el municipio de San Jacinto liderados por el Consejo Comunitario de Paraíso y el consejo Comunitario de San Cristóbal) y las zonas de reserva campesina para los campesinos (dos polígonos geográficos que abarcan la mayoría del territorio de la región) que se han querido implementar en las áreas rurales de Montes de María durante los últimos años.

El Decreto 1745 de 1995 le brinda a las comunidades afrodescendientes en Colombia, acceder a territorios específicos que deben contar con: una ocupación ancestral de tales tierras, tener una historia común de poblamiento, que la población afrodescendiente esté residiendo en baldíos nacionales o reservados por el Estado, ya sea en propiedad pública con o sin derechos de uso y disfrute colectivo; que tengan tierras de propiedad particular u otras formas de propiedad, que exista un autorreconocimeinto como comunidad negra y que esté liderado bajo el proceso organizativo de un consejo comunitario.

Por su parte, la Ley 160 de 1994 en el Artículo 80 presenta a las Zonas de Reserva Campesina como una figura “para el ordenamiento territorial, social y cultural de la propiedad, para la estabilización y consolidación de la economía campesina”. Del mismo modo, el Artículo 1 del Decreto 1777 de 1996 asegura que los ámbitos de aplicación de esta figura son “áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad de los predios rurales”.

Dadas las características jurídicas y normativas para su aplicabilidad en el territorio, tanto los títulos colectivos como la zona de reserva campesina que se quieren establecer en Montes de María, podrían incidir en las lógicas territoriales y geográficas de la región ya que, al considerarse como figuras de conservación territorial, ecológica, social y cultural, le harían frente a la expansión del cultivo de palma aceitera.

A partir de lo anteriormente descrito, se podría considerar que el proyecto de implementación a gran escala de la palma aceitera en el municipio de María La Baja, en la región de Montes de María, es un claro reflejo de un conflicto social con carácter ambiental. Se argumenta lo anterior porque se evidencia una potencialización de tales conflictos en espacios geográficos donde reside población con escasos recursos y que, al mismo tiempo, generan dinámicas de marginación social a través de lógicas de afectación ecológica y ambiental (Homer-Dixon, 1994).

En este caso se observa un claro ejemplo de una desigual distribución ambiental (Schlosberg, 2007) no sólo en términos de adquisición y acaparamiento del bien material, que en este caso se expresa bajo las lógicas de la tierra; sino que también se ve afectada toda la estructura social y agrícola que históricamente se ha construido en el territorio. Por lo tanto, se están viendo afectada todas las prácticas sociales de soberanía y cultura agrícola de las comunidades de este municipio, al ser fragmentadas por la implementación de este modelo neoliberal de la palma aceitera.

A partir de lo anterior, se pueden catalogar las prácticas neoextractivistas de la palma aceitera en el territorio como resultado de un “metabolismo ambiental”, el cual depende de las lógicas de consumo dadas por las dinámicas sociales y económicas a nivel mundial (Martínez-Alier, 2004). Dicho “metabolismo ambiental” genera prácticas de homogenización en los patrones de producción y consumo, atentando contra las lógicas de sustentabilidad en la región, como es el caso de la vulnerabilidad existente en el escenario de la soberanía alimentaria de la región; ya que han disminuido los sembradíos y productos para el pancoger y para poder realizar intercambios alimenticios.

De este modo, el territorio de María La Baja paulatinamente se ha ido convirtiendo en un “capital natural”, donde la tierra se ha configurado como un elemento de valor meramente económico, donde se expresa una nueva racionalidad económica y geopolítica que desnaturaliza la naturaleza para poder insertarla a las lógicas del capital global (Leff, 2005). Es decir, está primando en este municipio una mercantilización de la naturaleza al implementar de una manera voraz, la siembra indiscriminada de la palma aceitera, sin tener en cuenta las consecuencias no sólo ambientales en el territorio, sino las sociales y culturales.

Del mismo modo, también se evidencia en el caso de la palma aceitera en el municipio de María La Baja un claro proceso de racismo ambiental (Bullard, 1995); ya que se identifican problemáticas de acaparamiento y despojo territorial a través de dinámicas de la violencia para el acaparamiento de tierras y la implementación de proyectos neoextractivistas, no sólo en zonas rurales de Colombia donde históricamente se ha caracterizado por la ausencia del Estado; sino porque también se observa que tales proyectos se implementan en territorios donde residen comunidades étnicas, en este caso, poblaciones afrodescendientes.

A pesar de que esta población es una minoría étnica y que históricamente se ha caracterizado por estar en condiciones de marginalidad social, política y económica por parte del Estado nacional colombiano, se observa un despertar y una concientización por parte de estas comunidades en torno a las afectaciones de la palma aceitera en el territorio (Homer-Dixon, 1994). Ejemplo de ello son los procesos organizativos conformados para hacerle frente a la expansión de la frontera agrícola para la siembra de más cultivos de palma del municipio. Es decir, se puede resaltar este aspecto positivo en torno a un conflicto ambiental dado por dinámicas de (in)justicia distributiva.