RELACIONES ENTRE EL EJÉRCITO Y LA POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE COLONIA – URUGUAY (1860-1909)

Relações entre o Exército e a Polícia no Departamento de Colônia – Uruguai (1860-1909)

Relationship between the Army and the Police in the Department of Colonia – Uruguay (1860-1909)

Sebastián Rivero Scirgalea dazetmaldoror@gmail.com

Centro Regional de Profesores del Suroeste, Uruguay

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En la historiografía uruguaya los estudios acerca del Ejército y la Policía se hallan en ciernes. No se ha indagado, asimismo, en sus relaciones, bastante estrechas a lo largo del siglo XIX, al punto que se puede establecer un continuum ejército-policía. Si bien es cierto que desde la década de 1870 comienza la separación entre Ejército, Policía y Justicia, en el caso de las dos primeras la misma será sobre todo nominal, manteniéndose un solapamiento de prácticas hasta finales de siglo. Atendiendo a estas ausencias y considerando dichas vinculaciones, nos proponemos efectuar un estudio exploratorio de la temática, abarcando dos perspectivas de análisis: la incorporación de militares a la Jefatura Política y de Policía del Departamento de Colonia, viendo sus trayectorias, desde un enfoque con carácter prosopográfico y biográfico; y por otra parte, comprender los vínculos, armoniosos o tensos, entre el Ejército y la Policía como organizaciones diferenciadas en el espacio departamental.

El Departamento de Colonia, cabe señalar, constituye un caso atípico en el Uruguay, presentando desde la segunda mitad del mil ochocientos un proceso de modernización rural, con la instalación de “estancias-empresas” y colonias agrícolas, que impactó en su estructura económica, social y poblacional. La Jefatura Política, ordenando de manera más eficiente y menos caudillesca¹ el Departamento, sin duda se vio condicionada en su accionar por esta circunstancia. Consideramos pertinente, por eso, enfocar el estudio de las relaciones entre Ejército y Policía en este particular ámbito regional.

El texto se dividirá en cinco apartados: 1) Un estado de situación sobre el Ejército, Policía y Justicia en el Río de la Plata, marcando sus vínculos, durante el siglo XIX. 2) Los procesos de construcción, encuadrados en el devenir del Estado-Nación, de las fuerzas militares y policiales en el Uruguay a lo largo del siglo, con sus relaciones e imbricaciones. 3) Una breve caracterización del Departamento de Colonia durante la segunda mitad del mil ochocientos, señalando aspectos económicos y sociales, además de visualizar como se fue planteando la centralización del poder político en su territorio. 4) Un abordaje de tipo prosopográfico y biográfico sobre los jefes políticos con trayectoria militar en el Departamento, en el período 1860-1909. Elegimos estas fechas, dado que la primera marca el proceso de afirmación del partido colorado en el país y el Departamento, copando al Ejército y la Jefatura; mientras que la segunda, implica la aparición en el Uruguay de las intendencias, limitando las grandes cuotas de poder dadas con anterioridad a la Jefatura Política y de Policía. 5) Un análisis de las relaciones entre Ejército y Policía como agrupaciones específicas, recalando en el accionar de sus actores.

Sospechamos, siendo un tópico a abordar, que fue el partido político, el Colorado, más que el Estado, el que pautó el continuum entre Ejército y Policía. Está será una hipótesis de trabajo a desarrollar a lo largo del artículo.

Las fuentes que utilizaremos serán los archivos policiales, presentes en el Archivo Regional de Colonia, prensa periódica de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Uruguay, y literatura de carácter biográfico. Las fuentes, tal vez un tanto fragmentarias y dispersas, sin duda incidirán en el carácter exploratorio y de esbozo presentado por el texto. Su cualidad pionera, a nivel local, pero también, uruguayo, podrá disculpar, dentro de lo excusable, estas precariedades.

Reflexiona Hélene L’Heuillet, en base a una afirmación de Lépine, que: “La policía no puede, como el ejército, librar batalla. El orden civil y el orden militar no se confunden.” (L’HEUILLET, 2010, p. 106). Este pensamiento, desde el siglo XX y para la actualidad, se ha vuelto perfectamente razonable y casi un lugar común. Para el siglo XIX, y haciendo foco en el Río de la Plata, el mismo no resultaría tal. Una amplia zona gris, de indefinición o imbricación, abarcó las prácticas relacionadas con Ejército, Policía e incluso Justicia. Las dos primeras, por ejemplo, según tendremos ocasión de ver, se movieron bajo un vasto rótulo de “fuerzas de guerra” o “fuerzas represivas”, a la par poco formales y profesionalizadas.

Los estudios sobre el Ejército y la Policía en el Río de la Plata comenzaron en la década de 1980 con la apertura a la democracia. El tema policial, por cierto, quedó un tanto rezagado en relación al interés despertado por la institución castrense, fruto del pasado recientísimo. En los mismos, como destaca Galeano (2007), la policía quedó supeditada a las investigaciones sobre las FF. AA (Fuerzas Armadas). Los diferentes tiempos y propuestas teóricas en torno a las investigaciones sobre el Ejército y la Policía, se vuelven más complejos para el abordaje del siglo XIX, antes que estas instituciones se especializaran y profesionalizaran. Recientes estudios, no obstante, intentan dar cuenta de la interrelación entre funciones militares y policiales para el mil ochocientos. Con todo, antes de la década de 1870, lo que existe en el espacio rioplatense son unas imprecisas y multiformes fuerzas de batalla y de control. Conviene empezar por definirlas un poco mejor.

En primera instancia cabe señalar que las actividades políticas y guerreras, según postulan Zubizarreta y Rabinovich, en los momentos de conflicto llegan a anular “toda posibilidad de distinguir netamente lo político de lo militar.” Desde las guerras de independencia las fuerzas militares sufren un proceso de politización, planteándose a su vez, una militarización de la política. Para los actores del momento, como muestran sus “historias de vida”, el “tránsito entre las funciones militares y las políticas fue siempre bidireccional y extremadamente fluido.” (ZUBIZARRETA; RABINOVICH, 2014, p. 1-22). Asimismo, los ejércitos de la primera mitad del siglo XIX, sean proto-nacionales o revolucionarios, se entienden mejor como “fuerzas de guerra”, en contraposición a los modernos ejércitos institucionales y burocráticos. Al respecto, apunta Eduardo Zimmermann refiriéndose a los estudios de Raúl Fradkin, Silvia Ratto y Juan Carlos Garavaglia, que, a propósito de los vínculos entre fuerzas militares y los procesos de construcción estatal, cabe considerar de modo diferente a un Estado “que se va construyendo sobre ‘zonas grises’ de estatidad, sobre redes de relaciones personales más que sobre el avance de la racionalización weberiana moderna.” (ZIMMERMANN, 2012, p. 185-204).

El fenómeno de las Guardias Nacionales, por su parte, ilustra bien estas ambivalencias. En el Río de la Plata, al igual que en otros lugares de Hispanoamérica, convivieron las milicias cívicas, formadas por ciudadanos, junto con los ejércitos regulares, evidenciando diferentes maneras de reclutamiento como de organización militar. Con antecedentes en las milicias coloniales e independentistas, la Guardia Nacional, en el ámbito rioplatense, moduló la imagen del “ciudadano en armas”. La “dimensión cívica y patriótica del servicio militar”, que englobaba a todos los ciudadanos, afirma Flavia J. Macías, reformuló la “percepción existente en torno al servicio de armas en el Ejército de Línea”, integrado por “delincuentes”, “vagos y mal entretenidos”, que servían a modo de castigo o condena (MACIAS, 2003, p. 137-151). En las construcciones estatales de las Provincias Unidas, luego Argentina, y de Uruguay, operaron estas disímiles fuerzas de guerra.

Para analizar los vínculos entre Ejército y Policía, advirtiendo que las prácticas y organizaciones militares y policiales, además de las judiciales, no estaban concebidas y estructuradas al modo actual, con sus relativas especializaciones, es útil centrarnos en la figura de los jueces de paz. En la campaña de Buenos Aires, durante la primera mitad del siglo XIX, los jueces de paz “lo fueron todo”, al asumir funciones de comisario de campaña, reuniendo atribuciones judiciales, policiales, políticas y militares. (IBAÑEZ FROCHAM, 1938, p. 183). Asimismo, refiere Alejandra Rico, la policía en Argentina antes de su formalización a fines del siglo XIX, estuvo tanto “militarizada”, aspecto que destaca sobre todo una historiografía más tradicional, como “milicianizada”. La autora subraya el papel de “policías, soldados y vecinos”, sobre todo de “vecinos en la campaña cumpliendo con su servicio miliciano y por ende con funciones policiales”. Por lo tanto, se debe “relativizar aquella imagen de que la policía esta militarizada desde sus inicios, puesto que esta tan milicianizada como militarizada.” (RICO, 2008).

Estas últimas apreciaciones muestran un universo por demás complejo, todavía por explorar, entre las fuerzas de guerra y represivas, devenidas luego Ejército y Policía, en el Río de la Plata durante el siglo XIX. Prácticas militares, policiales y judiciales, condicionadas por pervivencias hispánicas, resemantizadas por concepciones republicanas y liberales, marcaron el tornasol de atribuciones que recayeron sobre los actores estatales del momento. En un plano más general es dable apuntar que las concepciones y accionares acerca de la construcción estatal, con sus indefiniciones, dadas por un amplio horizonte de posibilidades y disputas, conllevaron una gama fluctuante de alternativas para el anclaje de la cosa pública. Por eso, insistimos, debemos percibir mejor como los sujetos modelaron a las funciones y no las funciones, en perspectiva weberiana, a los sujetos.

La literatura, de carácter académico, referida al Ejército y la Policía en Uruguay es poco numerosa e incipiente. Con todo y aún contando con materiales fragmentarios, intentaremos dar un esbozo de sus trayectorias y vínculos.

Un texto pionero constituye el abordaje de Carlos Real de Azúa (1969) sobre Ejército y política en el Uruguay. En la etapa de las guerras de independencia, según el autor, surgió un continuo “civil-agrario-militar” que tendió a borrar los límites entre “ejército oficial” y “ejércitos particulares”. El fenómeno caudillista y la aparición de los divisas o partidos - Colorado y Blanco - a partir de 1836, además de un Estado por demás endeble, prolongaron esta situación, volviéndola casi endémica para todo el siglo XIX. Al Ejército de línea, por otra parte, le resultó difícil reclutar sus tropas, obtenidas, sobre todo, por levas compulsivas, siendo alto el índice de deserciones.

El contrapeso al Ejército regular, dado estos problemas de reclutamiento, lo posibilitó la Guardia Nacional, reglamentada en 1835.² Desde la década de 1850 estas fuerzas de guerra se partidizaron. “Si el ejército era colorado, las guardias nacionales montevideanas y litoraleñas fueron regularmente blancas”, sostiene Real de Azúa. Sin embargo, la Guardia Nacional terminó bordeando la “inconcreción de la utopía”, cobrando paulatina relevancia el Ejército regular. (REAL DE AZUA, 1969, p. 5-29). Esta organización militar ciudadana, vale aclarar, es todavía un campo inexplorado en la historiografía uruguaya.

Será con la emergencia de un Estado “moderno”, cuando la institución castrense “monopolice y racionalice la violencia”, que puede comenzar a visualizarse la afirmación de un Ejército regular oficial. Esto ocurrirá en los años de 1875 a 1886, en la etapa que la historiografía uruguaya ha denominado, precisamente, como “Militarismo”. Durante este lapso, sostiene Selva López Chirico, se planteó la “imposición del modo de producción capitalista por la vía reaccionaria ‘prusiana’”. Con el coronel Lorenzo Latorre, propulsor del “Militarismo”, se “consolida en el Uruguay la oligarquía más sólida.” (LOPEZ CHIRICO, 1985, p. 30-31). La intervención previa en la Guerra del Paraguay produjo el pasaje a primer plano del Ejército de línea, partidizado hacia la divisa colorada por el general Venancio Flores.

De manera simultánea a este pasaje comienza su profesionalización. Además de la mejora en el armamento, con fusiles y carabinas Remington³, surge una ideología propiamente militar, donde pesan principios como los de orden, jerarquía, disciplina y patria, entre otros, que cimenta un “espíritu de cuerpo.” (LOPEZ CHIRICO, 1985, p. 34). Real de Azúa, sin embargo, se ha referido a esta etapa como un “militarismo mínimo”, ya que los militares no asumieron los “roles político-administrativos decisivos”, gobernando con un “cuantioso elemento civil colaboracionista”, faltando “a lo largo de todo el período el ingrediente típico de un sistema militarista que importa la imposición a toda la sociedad de los valores militares y la movilización consiguiente de ella hacia fines de agresión.” (REAL DE AZUA, 1969, p. 5-29). Y agrega al respecto José C. Williman: “se intenta conservar las formas, a veces exteriores, de la vida institucional, y aún buscar el fundamento de la legitimidad en los actos electorales, por cierto, ni peores ni mejores que la mayoría de los que les precedieron y sucedieron.” (WILLIMAN, 1998, p. 115).

La transición al Civilismo (1886-1898), en un proceso ya iniciado por el general Máximo Santos, hará que el Ejército se subordine al Partido Colorado, el cual mantiene las riendas del gobierno. Por ese motivo, hasta la segunda mitad del siglo XX, se puede hablar de una “coloradización” de las FF. AA, en que los mandos del Ejército se supeditan a los sectores dirigentes civiles del partido.

La profesionalización del Ejército de línea se consolida en la presidencia de Santos, con la sanción del Código Militar (1884) y la creación del Colegio Militar (1885), antecedente directo de la Escuela Militar. Se incrementó, además, el personal de tropa, jefes y oficiales - el personal activo un 62% y los pasivos un 38% -, elevándose los sueldos.

El grupo militar, en razón de todos estos precedentes, alcanzó una relevancia hasta entonces desconocida y obligó al resto de la sociedad a mirarlo con receloso respeto. Ya no era la montonera de Flores que regresaba de la guerra del Paraguay en tumulto vocinglero, los uniformes confundidos, con su carga poco honrosa de trofeos y prisioneros para las estancias brasileñas del norte del país. Ahora el ejército se mostraba disciplinado y en orden; también estaba en todas partes, a todas las horas del día: había crecido en número y adelantado en organización; se exhibía orgulloso ante la sociedad y concitaba públicos aprobatorios cada vez que formaba o salía a maniobras. (CASAL, 1992, p. 73-88).

Pese a esta profesionalización, los castigos prolongaban pautas coloniales: los oficiales de mayor graduación eran deportados o dados de baja, mientras que la tropa, por delitos menores, sufría castigos corporales que podían llegar hasta la amputación de un miembro. (VAZQUEZ FRANCO, 1992).

La historia de la Policía decimonónica ha sido escrita, especialmente, por funcionarios en actividad o retirados, siendo, por tanto, de tipo institucional (DUFFAU, 2018). Los pocos trabajos con pretensiones académicas, englobando también la prisión, el crimen y la justicia, son los de Alpini, Duffau, Fessler y Bardazano, entre algunos otros (ALPINI, 2017, 2018; DUFFAU, 2014; FESSLER, 2012; BARDAZANO, 2015).

Acerca del devenir policial durante el siglo XIX afirma Duffau:

[…] lejos estuvo la Policía oriental de constituir una fuerza homogénea y difícil resulta analizar su historia como una mera sucesión de acontecimientos que derivaron en la formación de un cuerpo estable y, por consiguiente, punto de llegada de una entelequia llamada Estado oriental. (DUFFAU, 2016).

En agosto de 1829 se crearon por ley las Jefaturas Políticas y de Policía, consagrándose esta institución en la Constitución de 1830, en sus artículos 118 a 121 (CORREA HORS, 1998). Los Jefes Políticos y de Policía eran nombrados en los departamentos de la República por el Poder Ejecutivo, teniendo enormes cuotas de poder y la chance de incidir en los actos eleccionarios. Las juntas económicas administrativas, organismos vecinales de carácter municipal, encargadas de proteger los derechos individuales, se encontraron muchas veces sometidas a su influjo. Que la jefatura cumpliera también tareas municipales generó disputas con la junta. Ambas, en la Constitución de la República, tenían prerrogativas amplias y poco específicas.

Las rivalidades entre Ejército y Policía, opina Duffau, “dificultaron la centralización de la capacidad coactiva capaz de mantener el orden interno en manos de un único actor.” (DUFFAU, 2016). En 1838, por ejemplo, el presidente Fructuoso Rivera suprimió las policías del interior uruguayo, confiriéndole la seguridad rural al Ejército de línea. Juan Francisco Giró durante su mandato presidencial (1852-1853) propuso que los cargos jerárquicos a nivel policial fueran ocupados por militares. Una ley de 1854, finalmente, estipuló que la condición de militar no era inhabilitante para ser Jefe Político y de Policía.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX la policía irá abandonando ciertas tareas comunitarias o municipales, que antes desempeñaron los cabildos coloniales, y adoptando otras de seguridad interna. En la década de 1870 ocurrieron significativas transformaciones en la Policía Nacional. El 6 de julio de 1874 se promulgó la ley N° 1217 que la reorganizó. El personal policial departamental quedó conformado por el Jefe Político, tenientes con la denominación de subdelegados, comisarios, subcomisarios, vigilantes y un cuerpo de guardias civiles, que reemplazaron a los antiguos celadores. Las secciones rurales se compondrían de un comisario, un vigilante 1°, un vigilante 2° y doce guardias civiles. En las ciudades “cabeza de departamento” el número de guardias civiles se incrementaría a los veinte. Se dispuso, asimismo, la creación de cárceles departamentales de detención. En 1876, según un proyecto propuesto por la Asociación Rural, se organizó la Policía rural (VICTORIA RODRIGUEZ, 2007).

La policía tendió a “militarizarse”, no solo por la incorporación de militares y armamentos de origen militar, sino por la colaboración con el Ejército de línea para funciones represivas o de combate. En la etapa de Latorre y Santos, incluso, el Ejército llegó a suplantar a la Policía en la vigilancia diaria de Montevideo. Asimismo, hubo intentos por sustituir a los agentes policiales por soldados de línea (ALPINI, 2018). Durante las revoluciones blancas de 1897 y 1904⁴ se formaron desde el gobierno batallones policiales y la policía de Montevideo, por medio de la leva, reclutó a jóvenes con destino a las guardias nacionales.⁵

Será en el siglo XX entonces, con la centralización definitiva del Estado y los gobiernos batllistas, que el Ejército y la Policía delimitarán sus funciones. Implicará, asimismo, la profesionalización de la institución policial, proceso que el Ejército ya había cumplido con anterioridad.⁶

La temprana colonización portuguesa, y luego española, en la región de Colonia, Banda Oriental, desde fines del siglo XVII, no solo tendrá consecuencias poblacionales y económicas en su posterior desarrollo, sino que conllevará la emergencia de ámbitos de dominación estatal. Cuando la Colonia del Sacramento pase a control hispano en 1777, sus pobladores, en las posteriores instancias revolucionarias, sostiene Riverós Tula, se inclinarán por los “gobiernos de orden” (RIVEROS TULA, 1959, p. 220-221).

Destaca Guido Quintela (2019) la conformación entre 1827 y 1830 de una administración de justicia y policía. Acorde con la situación del momento, se mezclaron las prácticas judiciales y policiales, además de las militares. Ocurrió asimismo un desacople entre las autoridades locales y las provinciales.

En 1830 con la aprobación del texto constitucional, según referimos, se crea la Jefatura Política y de Policía, siendo nombrado como jerarca Francisco Ignacio Rodríguez. Lo sucederán en el puesto Isidoro Rodríguez (1832-1833) y el militar Ignacio Barrios, ambos patricios locales (SUAREZ LEMOS, 2014; VADELL, 1930 a y b). La autoridad estatal se estableció con relativo éxito en el Departamento, siendo positivamente apreciada por los contemporáneos. Los jefes políticos locales, a diferencia de otras zonas del Uruguay, tendieron a respetar al gobierno central, con sede en Montevideo, presentando pocas o nulas características caudillescas. Sin embargo, se gozó de ciertos márgenes de autonomía. El Jefe de Policía de Montevideo, Francisco Lecocq, en 1856, sostenía que los jefes políticos del interior del país actuaban “sin el acuerdo diario del gobierno” (ALPINI, 2018, p. 265).

A partir de la dictadura de Venancio Flores (1865-1868) el Departamento de Colonia fue dominado por el Partido Colorado. La jefatura, por lo tanto, y hasta el siglo XX, sufrió un proceso de “coloradización”, ligando de esta manera a la Policía con el partido gobernante.

Advirtamos que no se debe percibir este proceso de construcción estatal, de la colonia a la república, de modo teleológico, sino más bien como sedimentaciones de prácticas y concepciones que son luego reajustadas. En ese punto, como ya se mencionó, el espacio y los actores locales matizaron las directivas de los gobiernos centrales.

Significativos cambios sociales y económicos se producirán en la segunda mitad del siglo XIX. Los mismos serán apoyados por la autoridad estatal, en casos de modo directo por el Jefe Político.

Desde la década de 1860 se establecen colonos suizos y valdenses. En 1885 existían once colonias agrícolas en el Departamento. La población, por su parte, pasó de 13.169 habitantes en 1860 a 27.051 en 1880; el número de extranjeros también creció: de un 27,5% en 1860 a 34% en 1880. El aumento demográfico y el desarrollo de un paisaje colónico incidieron en la distribución territorial. En 1908 la superficie promedio de los predios rurales era de 175 hectáreas - 391 ha era el promedio del país -, lo que muestra el predominio de las propiedades medianas. Una clase media urbana y rural, con una fuerte base inmigratoria, marcó el tejido social departamental.

En paralelo se produjo la modernización del agro: revolución lanar, agricultura y agroindustria. Estancieros extranjeros, sobre todo ingleses, instalaron “estancias-empresas” y se dedicaron a la cría del lanar desde 1860. El número de ovinos aumentó desde unas cincuenta mil ovejas en 1852 a cerca de un millón y medio en 1875. El cultivo del trigo, asimismo, trepó de 7.211 fanegas en 1857 a unas 756.047 fanegas en 1894, el año de mayor producción. El surgimiento de la agroindustria fue potenciado con el funcionamiento de molinos, queserías y bodegas. Esta modernización agraria, desarrolló el capitalismo a nivel local, insertando a su vez a la zona en el comercio regional y mundial. Numerosas exportaciones se hicieron directamente a Europa (RIVERO SCIRGALEA, 2015).

Desde la década de 1870, por la aparición de un “mercado de tierras”, se dieron diversos conflictos territoriales entre ocupantes y nuevos propietarios. En los mismos se solicitó el concurso tanto de la policía como del ejército. Pueden citarse al respecto dos casos. En 1874 la empresa colonizadora “La Cosmopolita” compró unas tierras en el Rincón de la Virgen, próximo a la villa del Rosario, poblado por antiguos habitantes, ocupantes o con una titulación dudosa. A los dos años se comienzan a mensurar los terrenos, provocando la oposición y posterior rebelión armada de los pobladores. Al resultar insuficiente la Policía de la subdelegación de Rosario, el gobierno mandó un escuadrón de caballería y un batallón de infantería a las órdenes del coronel Farias y de los mayores Beltrán y Máximo Santos. Los rebeldes, armados de viejas lanzas, fueron masacrados (BARCON OLESA, 1902; RIVERO SCIRGALEA, 2015).

En 1881, María S. de Suffern, solicita por medio del poder judicial el concurso de la fuerza pública, para desalojar a la sucesión Santuchos, antiguos poseedores, de los campos de su difunto marido, en la zona de San Luis.⁷ No obstante, algunos herederos Santuchos, protegidos por la autoridad policial local, se negaban a abandonar el campo, episodio que fue denunciado ante el juzgado.⁸

Exceptuando estos casos, siendo en extremo violento el ocurrido en el Rincón de la Virgen, estancieros y agricultores respaldaron el accionar de la jefatura, dándose cierto clima de concordia entre la Policía y la sociedad civil. Las gestiones de los jefes políticos que veremos a continuación no tuvieron, por lo tanto, mayores complicaciones.

La prosopografía es una técnica desarrollada en Francia, Alemania e Inglaterra desde comienzos del siglo XX, que busca construir “biografías colectivas” en base a rasgos comunes de un grupo. Reflexiona Marcela Ferrari que pese a sus “riesgos y limitaciones”, es un instrumento idóneo para el “abordaje de historias regionales” (FERRARI, 2010, p. 529-550). Otro punto a tener en cuenta es la “tensión entre biografía y relato histórico”, o de cómo el género biográfico, con sus diversas variantes a través del tiempo, puede contribuir al análisis histórico (BRUNO, 2012, p. 155-162).

En el presente texto apelaremos a la prosopografía de manera laxa, empleando sobre todo reconstrucciones biográficas⁹ de los militares vinculados a la jefatura. Para esta tarea nos servirá especialmente el libro del ex jerarca Carlos Suárez Lemos (2014), acerca de la Jefatura Política y de Policía del Departamento de Colonia. Complementaremos el mismo con material biográfico, de archivo e incluso de tipo necrológico.

Antes de comenzar es útil efectuar una comparación. En el Departamento de Florida, creado en 1856, desde su fundación hasta 1923 pasaron alrededor de 34 Jefes Políticos y de Policía, siendo militares unos 12 (35 %) (SOLE OBALDIA, 2019). En Soriano, por su parte, en los años de 1860 a 1907 de unos 31 jerarcas, 9 (29 %) hicieron carrera en el Ejército (GALAGORRI; SANTOS PIREZ, 1998). En el Departamento de Colonia en el período estudiado (1860-1909) de cerca de 24 Jefes Políticos y de Policía, unos 16 (67 %) fueron militares.

Damos a continuación, una nómina de los jefes políticos militares en Colonia.

Fuentes: Suárez Lemos, Carlos, Una Jefatura Política en Tierra de Charrúas. Colonia del Sacramento, Montevideo, 2014. Archivo Regional Colonia. Archivos Policiales.

Puede conjeturarse que esta preponderancia de los jefes políticos militares, en relación a los otros departamentos, se deba a que las élites locales eran dispersas y endebles, necesitándose desde el gobierno central figuras fuertes y de fidelidad probada al partido gobernante, siendo los miembros del Ejército los más idóneos. Las elites de Florida y Soriano, en contrario, tenían mayor fortaleza, imponiendo a sus candidatos, tanto civiles como militares, para este puesto.

De la gran mayoría de coroneles tan solo algunos ascendieron a puestos superiores: Moreno, Possolo, Carámbula, Clark y Obregón, Bernassa y Jerez y Mendoza y Duran. En cuanto a su preparación profesional, sin duda el mejor formado fue Bernassa y Jerez, como tendremos ocasión de ver. Aunque el texto constitucional precisaba que los jefes políticos elegidos debían ser vecinos de sus departamentos, muy pocos fueron oriundos de Colonia, pudiendo citarse a Moreno, Arroyo y Vera.

Ofrecemos las biografías de cinco de los mismos, para así percibir de manera específica las vinculaciones entre Ejército y Policía a lo largo de sus trayectos vitales.

La actuación de Moreno¹⁰ y Arroyo¹¹ se desplegó a nivel local y nacional, interviniendo en las guerras civiles, el primero adscripto al bando blanco y el segundo al colorado. Ambos estuvieron al frente de la Jefatura Política coloniense en varias ocasiones, alternando su desempeño con la participación en conflictos armados. Integraron ejércitos preprofesionales, donde aún los límites entre tropas estatales y particulares resultaban borrosos. No obstante, su ejercicio del poder no fue de tipo caudillesco, sino que dependió del gobierno central. En el caso de Arroyo, al coincidir el dominio caudillesco con el estatal durante la dictadura de Flores, esta subordinación no ofreció mayores problemas. Los dos, finalmente, contaron con el apoyo de los grupos dominantes, comerciantes y estancieros, a nivel local. Desde la prensa se reconocía: “El sistema político y administrativo planteado por el Sr. Moreno ha dado por resultado hacer efectivo el principio de unión, sin cuya hermosa base social no hay poder ni progreso posible.”¹²

Una situación diversa fue la de Carámbula¹³ y Bernassa y Jerez¹⁴, insertos en un Ejército ya organizado, aunque el peso del Partido Colorado no dejó de estar presente. El desempeño al frente de la Jefatura Política coloniense fue bastante episódico en el curso de sus carreras. Militares con una formación profesional, ascendieron gracias a sus méritos y a sus vínculos dentro del Partido Colorado. Esto se hizo sobre todo visible al comenzar el siglo XX, durante los gobiernos batllistas. En ambos puede señalarse este pasaje, dentro del Partido Colorado, desde los apoyos santistas a los batllistas.

Andrés Vera, con carrera militar, aunque no tan brillante como éstas anteriores, y asociado al Partido Colorado, tendrá la particularidad de ir ascendiendo lentamente dentro de las jerarquías de la jefatura política local.¹⁵

Además del jefe político, otros cargos, como los de subdelegado, comisario o vigilante, fueron ocupados por militares. En 1881 algunos funcionarios presentan reclamos por haberes impagos, perteneciendo varios de los mismos al Ejército. José María Arroyo, por ejemplo, se presenta como Capitán de Ejército y ex comisario; mientras que Juan Susanich aparece como “Sub Teniente del Ejército de la República y actualmente vigilante 2° de la 1ª Sección de Policía Urbana del Departamento”. Figuran, asimismo: Manuel Patiño - “Sargento Mayor Gdo. del Ejército de la República y ex - Sub-Delegado de la 3ª Sección del Departamento de la Colonia y 1ª Sección”; Esteban Vera -“capitán de caballería de Línea” y comisario de la 4ª Sección en campaña; Brigido Vera -“teniente 1° de Caballería de Línea y actualmente Comisario de Policía en la 2ª Sección de este Departamento”; Andrés A. Vera -“Sargento Mayor de Caballería de línea y actualmente comisario de la Sección de ‘El Pichinango’”; y León Carámbula -“Sargento Mayor Gdo del Ejército y actualmente Sub-Delegado de la 4ª Sección”.¹⁶

Por la necrológica del coronel Juan C. Monzalvo, aparecida en el periódico El Departamento en mayo de 1908, conocemos su trayectoria vital y de servicio, resaltando su pasaje por el Ejército y la Policía locales.¹⁷

La Jefatura Política de Colonia contó con numerosos miembros del Ejército. Varios desenvolvieron sus carreras tanto en uno como en otro medio. En otros casos el pasaje por la jefatura constituyó un simple capítulo, de una trayectoria mayor consagrada al servicio de las armas. Las indefiniciones en relación al Ejército y, sobre todo, la Policía, volvían frecuentes y poco problemáticos estos pasajes. Se puede hablar entonces de una Policía “militarizada” por la integración de su personal.

Carecemos de documentación abundante y continua para ofrecer un desarrollo completo de la Policía y el Ejército en el Departamento de Colonia. Con todo, en base a los materiales disponibles, trataremos de ilustrar un panorama lo más abarcador posible. En 1830 se crea la Jefatura Política y de Policía, la cual es reformada, al igual que en el resto del Uruguay, en 1874. En cuanto al Ejército, no existió un batallón fijo hasta el siglo XX. En 1907 operaba la Compañía de Infantería n° 2 y en 1919 el Batallón de Infantería n° 7, siendo recién en 1930 que se establece con carácter permanente el Batallón de Infantería n° 11, actual Batallón “Oriental” de Infantería Mecanizado n° 4 (BATALLLÓN ORIENTAL, 2010). Para el siglo XIX se destaca la presencia de tropas móviles, lo que quizás reforzó el carácter “militarizado” de la Policía. La misma, por supuesto, no siempre pudo tener un impacto similar al de un cuerpo de Ejército, para así enfrentarse a conflictos armados o revueltas. Sirvan dos ejemplos: en 1870, en medio de la Revolución de las Lanzas, el comandante nacionalista José Álvarez, al mando de una pequeña partida, entró al pueblo de Carmelo y dispersó al piquete de Policía al mando del comisario, sargento mayor, Eustaquio Silvano Orquera, que lo defendía; en la navidad de 1888 los hijos del Jefe Político José M. Neves, asesinaron en el muelle de pasajeros a dos vecinos, provocando este hecho la indignación popular y la necesidad de convocar a los marines del barco estadounidense USS Tallaposa para restablecer el orden (CARASSALE y SALORIO, s/a; ARTIGAS MARIÑO, 1991; FROGONI, 2009).

Es útil dar algunas cifras para tener una perspectiva de las fuerzas del Ejército y la Policía en el Departamento. Si bien no contamos con datos del Ejército de línea, si los tenemos en relación a la Guardia Nacional. En 1860, comprendiendo cuadros veteranos, infantería y caballería, abarcando jefes, oficiales y tropa, eran 1.305. El total para el país era de 16.778.¹⁸ Las fuerzas colonienses representaban un 8% del total nacional. En relación a la población del Departamento de Colonia - 13.349 habitantes - eran un 10%. Puede suponerse que estas cifras para otros años se mantuvieron relativamente constantes. Estas fuerzas, por sus características, solo se convocaban en situaciones de emergencia, siendo luego prontamente licenciadas.¹⁹

La Jefatura Política y de Policía, comprendiendo las secciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, para 1876 tenía un personal de 134 hombres (SUAREZ LEMOS, 2014); en las listas de revista de marzo y abril de 1876 se cuentan unos 173 hombres.²⁰ La población departamental para el período 1876-77 puede calcularse en unos 24 mil habitantes (ACEVEDO, 1934), significando la fuerza policial entre un 0,5 y un 0,7 %. Según resulta evidente, las quejas por la escasez de personal se hicieron sentir. El subdelegado de Rosario, Manuel Patiño, en marzo de 1876, reclamará a jefatura por la dotación de más guardias civiles.²¹ La falta de fuerzas de línea permanentes en relación al Ejército, además de unos efectivos policiales tan magros, hicieron que el control sobre el espacio departamental resultara en varias ocasiones en extremo dificultoso. Los casos arriba citados pueden dar cuenta de ello.

Al igual que en el resto del país, la jefatura coloniense colaboró con el Ejército en la realización de las levas. Numerosos contraventores, como forma de castigo, fueron derivados al Ejército de línea. Víctor Cazeres, o Caseras, apresado por haber amenazado con degollar a su madre, fue destinado al Batallón 4° de Cazadores. La madre reclamó por su hijo, siendo liberado.²² En febrero de ese año (1877), se destinó al guardia civil Justiniano Escobar, por ebrio e “incorregible”, a la Compañía del 4° de línea.²³ Al 4° de Cazadores se destina también a Gregorio Villegas por “abigeato y por ser un vago”.²⁴

Que el Batallón 4° de Cazadores se compusiera de personas con antecedentes delictivos, hizo que desde el mismo se produjeran robos. En abril de 1879 se denuncia a jefatura que dos soldados de la Compañía asaltaron a un marino inglés, del buque de guerra Ship Garnet, de paso por Colonia del Sacramento. El robo ocurrió a la altura de la batería de San Pedro, mientras el marino recorría prostíbulos, siéndole arrebatados un reloj y un anillo, ambos de oro, cuatro o cinco pesos plata y una navaja de corte. Los soldados, interrogados, negaron el hecho.²⁵ No obstante, en ciertos períodos, todo tipo de personas fueron enroladas por el sistema de la leva. En Carmelo, a comienzos del siglo XX, se recordaba que, en 1883, durante la administración de Carámbula, “no se tuvo en cuenta la condición social y la honestidad de las personas”, siendo víctimas del sistema “jóvenes distinguidos, honrados labradores e individuos de vida equívoca” (CARASSALE y SALORIO, s/a).

Desde la jefatura surgieron dudas acerca de cómo tratar a los miembros del ejército en funciones policiales. El subdelegado de la 3ª Sección (Carmelo), Servando N. Pereyra, consultó al Jefe Político Máximo Blanco, en mayo de 1876, sobre la manera de proceder con los jefes u oficiales de línea que cometieran faltas. Blanco en la ocasión respondió: “Conteste que los Gefes de línea ú oficiales, que cometan faltas policiales ú Civiles, se hayan [sic] en las mismas condiciones de cualquier ciudadano” y por tanto deben someterse “con arreglo a la ley”.²⁶

Otros vínculos entre la Policía y el Ejército se dieron en cuanto al armamento, siendo éste enviado desde el Ministerio de Guerra y Marina. Así, a fines de 1880, se solicitaron 30 carabinas Remington.²⁷ Otro tipo de relación se vislumbró en algunos miembros de la sociedad civil. Desde la prensa opositora, en 1881, durante la gestión Carámbula, se comparó los castigos en jefatura con los de un cuartel. Se menciona que “á estilo de campamento se estaquea bárbaramente”, en referencia a un ciudadano que sufrió esta pena.²⁸

Durante las guerras civiles, Policía y Ejército actuaron de consuno en su defensa del partido de gobierno, el Colorado. En instancias de paz podían surgir discrepancias. Existieron recelos entre los policías y los soldados, siendo común que se produjeran peleas en pulperías y bares. En octubre de 1876 el periódico de Carmelo La Libertad, denunció una pelea ocurrida en un establecimiento de baile entre la Policía de campaña e infantes. Lo relatado por el periódico, según el subdelegado Pereyra, es “bastante exagerado”, sin embargo, los autores del escándalo resultaron castigados “conforme á sus culpas.”²⁹ En febrero de 1909 el periódico La Colonia informó que varios soldados de la compañía de infantería n° 2, en “estado de ebriedad”, promovieron un escándalo en el comercio de José Etchemendy. Cuando llegó el subcomisario Carballo con fuerzas policiales, resultó agredido por los soldados, teniendo que hacer fuego para someterlos. Desde el medio de prensa se expuso: “Se hace necesario que la jefatura y el comandante Acuña […] se pongan de acuerdo á fin de evitar la repetición de estos casos que […] comprometen inútilmente con resultados desagradables, la autoridad de los encargados de guardar el orden.”³⁰

Pese a la “militarización” de la Policía surgieron conflictos entre miembros del Ejército y la Policía. Tal vez la competencia por el dominio del espacio público (en los casos anteriores, de tipo recreativo) hayan alentado estos choques.

Para el siglo XIX rioplatense, puede considerarse el comentario de Hélene L’Heuillet, en base a Norbert Elias, de que en la sociedad tradicional “menos diferenciada”, hay “más cabida para el ejército que para la policía” y que ambos “no están distinguidos” (L’HEUILLET, 2010, p. 177). Si bien esta afirmación puede resultar aceptable en rasgos generales, debemos tomar al respecto algunos recaudos. El Uruguay y sobre todo el Departamento de Colonia, en las décadas finales del siglo XIX, experimenta un importante proceso de modernización o de inserción en el capitalismo mundial, que hace que no pueda hablarse de una sociedad “tradicional” tout court. Los avatares de la política y de la construcción del Estado-nación, sin duda influyeron en estos solapamientos entre fuerzas militares y policiales, haciendo que en ocasiones no pudieran distinguirse. Las guerras civiles, especialmente desde el partido gobernante, llevaron a que hombres e instituciones quedaran subordinados a una finalidad guerrera.

Las biografías de algunos jefes políticos de Colonia muestran estas carreras complementarias en el Ejército y la Policía, pero en todo caso, subsumidas en una fidelidad mayor al Partido Colorado, el cual se impuso en el Departamento desde la década de 1860, manteniendo su preeminencia. Para estos hombres, en buena parte de sus vidas, primó el ser colorados sobre su adscripción al poder castrense o al policial. Sus ascensos, como bien puede comprobarse, dependieron del partido y de sus vínculos personales, con líderes como Santos o Batlle y Ordóñez.

En el Departamento de Colonia, la jefatura, por integración y prácticas, tendió a ser “militarizada”. ¿Esto se debió a la falta de batallones permanentes? ¿O también, como en otras partes del país, incidió que se la destinara al combate de la delincuencia rural? Ambas hipótesis pueden tener su parte de verdad y merecen ser mejor examinadas.

Lo que puede señalarse sin lugar a dudas es que Ejército y Policía representaron un continuum en Colonia, siendo el mismo posibilitado y respaldado por el predominio del Partido Colorado. Este control y disciplina militar-policial, según trasciende de las trayectorias vitales reseñadas, fue bien visto por los estancieros y comerciantes locales, en cuanto aseguró un clima de orden y tranquilidad. Estos hombres, partícipes de una sociedad que se iba modernizando, no le reclamaron a estas fuerzas una diferenciación de funciones, mientras pudieran cumplir con su cometido.

En el siglo XX, con la creación de las intendencias en 1909, la jefatura pierde algunas de sus tareas municipales. Después de la revolución blanca de 1910, asimismo, la Policía en todo el país sufrirá un proceso de “desmilitarización”. Esto hará que el continuum policial-militar, constante a lo largo del mil ochocientos, llegue a su quiebra.