INTRODUCCIÓN

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al salario mínimo o básico como “el precio mínimo de remuneración que un empleador está obligado a pagar a su trabajador por el trabajo realizado durante un periodo determinado de tiempo, sin perjuicio a ser rebajado ni en virtud de un contrato colectivo o un acuerdo individual”. La finalidad del salario mínimo es proteger a los trabajadores de los salarios de precariedad y de la explotación laboral. En la actualidad, casi todos los países del mundo han implementado una política de salario mínimo o básico legal y Ecuador, donde la desigualdad salarial ha sido un problema grave históricamente (Acosta, 2001; Messina y Silva, 2019), no ha querido quedarse atrás.

En una economía de libre mercado, lo ideal es que los salarios se fijen mediante la ley de la oferta y la demanda con el fin de evitar distorsiones en los precios de mercado, pues resulta difícil valorar en la misma cuantía un trabajo que requiere más esfuerzo físico que mental y viceversa, especialmente cuando el salario mínimo se fija en un nivel superior a la productividad marginal del trabajo (Krugman et al., 2008). Sin embargo, bajo esta misma premisa los salarios también pueden estar por debajo de la productividad marginal, lo que provocaría dos problemas: de desempleo voluntario, ya que las expectativas de salarios altos no se cumplirían; y de pobreza, porque los trabajadores no podrían cubrir sus necesidades básicas. Esto lleva a los gobiernos a diseñar programas de ayudas sociales como subsidios y subvenciones de bienes y servicios para los sectores más vulnerables de la sociedad ya que de no hacerlo, el costo social sería muy elevado (Groisman, 2013; Adams, 2019).

La idea de establecer un salario mínimo por ley está en el supuesto de que éste asegura no solo el acceso a la adquisición de bienes y servicios más básicos para trabajador y su familia, pero también el progreso social y económico de los individuos (Morariu, 2016). Pero una ley de salario mínimo también puede dificultar los aumentos progresivos de los sueldos y la equiparación salarial siempre será a la baja porque las empresas reducirían sus expectativas de contratar más trabajadores, o remunerar con salarios más altos a trabajadores poco productivos por lo que la tasa de retorno o ganancias para ellos disminuiría (Cahuc y Laroque, 2014).

Considerando que el mercado laboral ecuatoriano es vulnerable, con una alta tasa de informalidad o empleo no adecuado (Del Valle, 2009; Villacís y Reis, 2016) y unos salarios por debajo de los valores de la canasta básica según información estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la política de salario mínimo ha sido preponderante en los últimos años para controlar e incluso disminuir los niveles de pobreza y desigualdad, así como la informalidad del empleo en el país. De hecho, en el año 2009 el Gobierno presenta el Plan Nacional para el Buen Vivir elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y uno de sus objetivos es el establecimiento de remuneraciones justas sin discriminación alguna (Senplades, 2009). Según los datos del INEC, la desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente GINI, entre los años 2010 y 2015 se ha reducido en aproximadamente 4 puntos y los indicadores macroeconómicos han mejorado notablemente. De acuerdo a estudios realizados por Wong (2019) y Tamayo et al. (2018), esto se debe, entre otras cosas, a la política de salario básico establecida por el Gobierno Central.

En este contexto, el cantón Santa Ana de la provincia de Manabí es uno de los que presenta mayor nivel de pobreza a nivel nacional, según datos del Censo del 2010 del INEC, con aproximadamente el 85% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Cabe señalar que la población económicamente activa (PEA) del cantón está empleada, en su mayoría, en actividades del sector agropecuario. De acuerdo a Weller (2016) y otros autores, los salarios en el sector agropecuario son más bajos que en otros sectores lo que hace más difícil la disminución de la brecha de pobreza y desigualdad, sin embargo, se ha hecho avances importantes en los últimos años, por lo que resulta interesante realizar esta investigación, para estimar los posibles efectos que ha podido tener la política de salario básico en el nivel de vida de los habitantes de un cantón donde la informalidad del empleo es alta. Considerando que en Ecuador no existe un índice que mida la calidad de vida o el nivel socioeconómico de una población a niveles desagregados, se ha tomado el nivel de pobreza del cantón como variable controlada, siendo el salario básico la variable predictora. Según la teoría económica, a menores niveles de pobreza, mejor calidad de vida de los habitantes, por lo que el uso de esta variable estaría justificado.

El objetivo de esta investigación es proporcionar, mediante un análisis estadístico, evidencia sobre los efectos de los incrementos salariales por ley sobre el nivel socioeconómico de los habitantes del cantón Santa Ana. En vista que la ley de salario básico se aplica en todo el territorio nacional, los diversos estudios realizados sobre los impactos en el nivel de vida de los habitantes describen una realidad nacional y existe poca evidencia a nivel cantonal. Si bien es cierto la información estadística a nivel provincial o cantonal no es abundante, en los últimos años se han hecho esfuerzos por tener información relevante actualizada tanto en el Instituto de Estadísticas y Censos como en el Banco Central del Ecuador. El periodo de análisis es 2007-2017 y se utilizarán pruebas estadísticas paramétricas para estimar la correlación entre las variables del estudio.

El salario básico en el Ecuador

En Ecuador, el “salario mínimo” es también llamado “salario básico” y el nombre legal es “Salario Básico Unificado (SBU)” y es la retribución económica mínima que debe recibir una persona por parte de su empleador por su trabajo realizado. La Constitución de la República del año 2008 ampara el establecimiento de una remuneración justa y digna (Art. 328) y el Código del Trabajo (Art. 81) concreta que “los sueldos y salarios se estipulan libremente, pero en ningún caso pueden será inferiores a los mínimos legales.” El monto del salario básico es fijado por el Estado, luego de llegar a un acuerdo común por las partes a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Pero, en caso de desacuerdos, es el Ministerio de Trabajo el ente encargado de fijar el monto del salario mínimo.

Históricamente, las luchas por el establecimiento de salarios dignos han sido constantes en el Ecuador. Fue durante la quinta presidencia de Velasco Ibarra entre 1968 y 1972 que se establece lo que sería la primera legislación sobre un salario mínimo, el cual se reguló en 600 sucres (Largo y Rodas, 2013). A partir de ese momento se crean varias remuneraciones, bonificaciones y compensaciones a los trabajadores que, según la ley, debían pagarse adicionalmente al salario básico mensual. En la década de 1990, debido a la inestabilidad económica y política que atravesaba el país, el salario mínimo se tornó muy volátil y fue perdiendo poder adquisitivo. Aquí se rompe el paradigma sobre la relación entre el salario y la inflación, donde un incremento del salario mínimo significa un incremento en la inflación, pues en el caso de Ecuador sucedió lo contrario, ya que los salarios bajaban y mientras que la inflación subía.

Cuando Ecuador adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial , el mercado laboral y la distribución del ingreso se vieron muy perjudicados (Paredes, 2017) ya que el sueldo dolarizado bajó la capacidad de compra de los ecuatorianos, lo que provocó que la pobreza por ingreso y consumo aumentara aproximadamente al 60% en el año 2000. El salario básico por hora de trabajo fue de aproximadamente 0.57 centavos de dólar ese mismo año (91 dólares mensuales), la tasa de desempleo se ubicó en el 12% y la inflación fue del 96%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Banco Central del Ecuador. Con la dolarización, Ecuador pudo contrarrestar algunos de los problemas macroeconómicos derivados de la Crisis Financiera de 1999 y no sufrió una grave recesión económica tal como se esperaba, pero el costo social fue elevado.

En los años siguientes el país regresaría a una relativa estabilidad política, económica y social y se establece el Plan Nacional de Desarrollo o para el Buen Vivir como un nuevo proyecto de crecimiento y desarrollo económico y social cuyo objetivo principal es la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad en el país mediante una mejor distribución de los recursos financieros (Art. 280). Para lograr tales objetivos se establece, entre otras cosas, la implementación de salarios mínimos dignos que permitan la eliminación de cualquier forma de explotación y precarización laboral y así mejorar la productividad del trabajo (Senplades, 2009). Por tanto, es el Ministerio de Trabajo el ente legal que establece el salario básico anualmente. Para ello, hace un análisis técnico y social basado en el “valor actual” de la canasta básica o vital, la inflación proyectada para el año y el crecimiento económico del país.

Actualmente, el salario mínimo o básico en Ecuador es uno de los más altos de la región lo que no solo ha mejorado relativamente el nivel de vida de los ecuatorianos, pero también ha derivado en otro problema: la entrada de población económicamente activa de los países vecinos, quienes abaratan de la mano de obra, así como el crecimiento del empleo informal y el aumento del desempleo (Zurita et al., 2017). Por otro lado, los empresarios no siempre están dispuestos a acogerse a una política de salario mínimo, lo que pone en peligro los objetivos de crecimiento y desarrollo económico del país. Además, en los últimos años la tasa de crecimiento del salario ha ido decreciendo, lo que significa que, si bien en términos nominales el salario básico aumenta, su ritmo de aumento ha ido en descenso.

La Tabla 1 muestra información sobre la evolución del salario básico y la inflación en Ecuador, durante el periodo 1987-2000. La Tabla 2 muestra la tasa de crecimiento del SBU dolarizado desde el año 2001 hasta el año 2017, mientras que la Tabla 3 muestra la información de un grupo de países de América Latina con salario básico reglamentado.

Tabla 1. Salarios e inflación en Ecuador entre 1987-2000

Tabla 2. Salarios en Ecuador a partir de la dolarización

Tabla 3. Salario mínimo mensual en algunos países de América Latina, 2019

Aspectos socioeconómicos de Santa Ana

De acuerdo al Censo del año 2010 efectuado por el INEC, Santa Ana tiene una población de 47,385 habitantes, que equivale al 3.5% de los habitantes totales de la provincia de Manabí. El 50.8% de los habitantes son hombres y el 49.2% son mujeres. El 79.6% de la población vive en la zona rural y el 20.4% en la zona urbana. Debido a su condición de ruralidad, la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza. Según datos del Censo del año 2001, aproximadamente el 93% de la población era pobre mientras que en el año 2010 bajó al 85%. El Gráfico 1 muestra la tendencia del nivel de pobreza del cantón en el periodo de estudio.

Gráfico 1. Evolución de la pobreza en Santa Ana (2007-2017)

La Población Económicamente Activa (PEA) de Santa Ana corresponde al 41.2% del total de los habitantes. La mayor parte de esta PEA se emplea en actividades agrícolas y ganaderas con cerca del 61.6%. El comercio al por mayor y menor es la segunda actividad que más PEA emplea, con alrededor del 10.7%. El gran predominio de los campos de cultivo incide enormemente en el porcentaje de personas dedicadas a la agricultura. La PEA del área urbana (47,72%) es mayor que la del área rural (39,44%). Sin embargo, es el sector rural quien cuenta con una mayor población ocupada con un 95,60 % frente a un 90,47 % del sector urbano. En términos generales, la mayor parte de la población en edad de trabajar es económicamente inactiva, es decir se dedica a los quehaceres domésticos, son estudiantes, jubilados, rentistas, etc. En cuanto al desempleo, el 5,67 % de la PEA no tiene un trabajo.

Respecto a la producción, de acuerdo a la información disponible en el Banco Central del Ecuador, el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) el que aporta mayor valor a la economía de Santa Ana, representando aproximadamente el 25% del Valor Agregado Bruto (VAB) del año 2017, seguido de las actividades de Enseñanza con el 18.49%, el transporte y comunicaciones con el 14.61 y el comercio con el 13.78%.

Debido a la condición de ruralidad del cantón, el acceso a los servicios públicos de agua potable y alcantarillado es muy limitado. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014 realizada por el INEC, solo el 40.77% del cantón está conectado a la red pública de agua potable. En términos de alcantarillado, el 61% de la zona urbana está conectada a este servicio básico, mientras que el 1.48% de la zona rural tiene alcantarillado sanitario. En la zona rural, la forma en que los pobladores realizan la descarga del agua residual es mediante los pozos ciegos y sépticos (47.62% y 35.22%, respectivamente).

Tal como se señaló previamente, el nivel de pobreza en el cantón Santa Ana es uno de los más altos a nivel provincial y nacional y, debido a la carencia de información estadística de tipo económico y social más detallada y más prolongada en el tiempo para el cantón, resulta bastante dificultoso realizar un análisis más profundo, detallado y objetivo sobre los impactos o efectos que ha tenido cualquier decisión de tipo gubernamental sobre la productividad, el crecimiento y desarrollo de este y el resto de cantones del país. Al hacer una exploración sobre las variables macroeconómicas y sociales de Santa Ana, es evidente que se trata de un cantón con muchas necesidades por cubrir y con mucho potencial para explotar.

METODOLOGÍA

En 1958, William Phillips planteó la existencia de una relación inversa entre los salarios y el desempleo, sugiriendo que, a medida que los salarios aumentan la tasa de desempleo disminuye, dado que las personas en edad de trabajar encontrarán incentivos reales para sacrificar su tiempo de ocio u otras actividades no remuneradas a cambio de un trabajo remunerado que les permita no solo cubrir sus necesidades básicas sino llevar un nivel de vida adecuado. Pero si los salarios son bajos, las personas no estarán dispuestas a trabajar, por lo tanto, el desempleo aumentará. Este es uno de los motivos por el que muchos países han decidido implementar una política de salario mínimo o básico.

Esta investigación aplica el método analítico correlacional. Para ello se ha realizado una recopilación de información bibliográfica sobre las teorías del salario básico y su efecto en la economía de un país, así también se ha recopilado información estadística sobre las variables objeto de estudio en fuentes oficiales para proceder al análisis estadístico de correlación. De modo que las variables utilizadas son el salario básico unificado (SBU) que se aplica a nivel nacional y la tasa de pobreza de Santa Ana. Se justifica el uso del nivel de pobreza como una variable “proxy” o aproximada del nivel socioeconómico de una población, dado que Santa Ana no cuenta con un indicador que mida o estime el nivel socioeconómico de sus habitantes.

La teoría económica sugiere que una disminución de la tasa de pobreza en una población significa que las personas han logrado salir de dicha condición y han mejorado su calidad de vida en el aspecto económico y social. Por lo que la hipótesis planteada es que un aumento del salario básico a nivel nacional ha afectado inversamente la tasa de pobreza en el cantón Santa Ana durante el periodo 2007 – 2017. Por tanto, la correlación esperada entre las dos variables es inversa, es decir, a medida que aumenta el salario básico, disminuye la tasa de pobreza en el cantón. La Tabla 4 muestra los datos de las dos variables objeto de estudio.

Tabla 4. Variables utilizadas en el estudio

El método a utilizar para estimar la correlación entre las dos variables objeto de estudio es el análisis de la covarianza lineal, también conocido como ANCOVA. El uso de este método nos permite aproximar una relación lineal entre dos variables, donde una variable respuesta o Y se relaciona con una variable X, también denominada covariable. El análisis de covarianza sirve para ajustar la variable respuesta por el efecto de la covariable. ANCOVA es una combinación entre el análisis de la varianza y el análisis de regresión.

La variable respuesta Y es la tasa de pobreza del cantón Santa Ana elaborada por el INEC y las proyecciones realizadas en base a los Censos de Población y Vivienda de los años 2001 y 2010, del Censo Económico del año 2010 y de la Encuesta de Condiciones de Vida del 2015. Esta variable mide el porcentaje de personas que no puede satisfacer sus necesidades más básicas: alimentación, estudios, vivienda, agua potable, alcantarillado, salud, vestimentas, ya sea por falta de trabajo o porque el que tienen es precario. La medición de la pobreza es muy complicada porque hay que tener en cuenta el contexto de la población. Tal como se especificó previamente, esta variable es una aproximada del nivel socioeconómico de los habitantes de Santa Ana. La información está en términos porcentuales y es una serie temporal que va del año 2007 al año 2017.

La covariable X es el salario básico unificado (SBU), que es el estipendio mensual que debe pagar el empleador al trabajador en general en virtud de un contrato de trabajo y está establecido por el Ministerio de Trabajo. Es un indicador macroeconómico y está tomado en dólares corrientes y es una serie temporal que va del año 2007 al año 2017.

El modelo con un solo factor y una covariable que se asume tienen una relación lineal es de la forma:

Para cuando i = 1,…,a y es la j-ésima observación del tratamiento j = 1,…,n es el i-ésimo nivel del tratamiento

donde

y_ij es la variable respuesta;

X_ij es la medida de la covariable; X es la media de la variable X;

μ es el valor medio global;

α_i es el efecto del nivel i-ésimo;

β es el coeficiente de regresión que relaciona la variable Y con la covariable X;

ε_ij es el error aleatorio.

Se asume que son independientes entre sí. De modo que las sumas de las covarianzas definen la

covarianza de X y Y. Por tanto, tenemos las siguientes notaciones:

donde

SCT es la suma de cuadrados del tratamiento y SCE es la suma de cuadrados del error.

Para medir la fuerza de correlación lineal entre las dos variables se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, que mide el grado de relación de dos variables siempre que ambas sean cuantitativas y continuas.

RESULTADOS

La Tabla 5 muestra los resultados de la aplicación del análisis de la covarianza y de correlación de Pearson. El resultado de la covarianza es negativo, lo que implica una relación decreciente entre las dos variables, es decir, a medida que aumenta el salario básico la pobreza tiende a disminuir. Esto es coherente con las teorías sobre el salario básico previamente planteadas, que sugieren que los incrementos salariales incentivan la búsqueda de empleo lo que ayuda a las personas a salir de su condición de pobreza. El coeficiente de correlación de Pearson confirma la existencia de una fuerte correlación negativa entre las dos variables de estudio.

Si bien es cierto que la mayoría de las personas ocupadas del cantón Santa Ana trabajan en actividades del sector primario de la economía, donde no se gana específicamente un salario básico mensual, es posible que los efectos del SBU no solo se den de forma directa, pero también de forma indirecta, pues existen familias donde al menos un miembro del hogar puede estar trabajando en actividades del sector comercio u otros sectores más formalizados donde sí se recibe un sueldo básico.

Tabla 5. Resultados del análisis de covarianza y correlación de Pearson

DISCUSION

Reyes y López (2016) señalan que la relación entre el salario y la pobreza todavía y el rol que puede llegar a jugar el salario en la medición de la pobreza de un país no se ha estudiado de manera extensa dentro de la literatura por tanto existe un campo de estudio novedoso en este apartado. Indican, además, que la literatura que aborda el salario como factor de reducción de la pobreza se lo ha hecho desde el punto de vista de la literatura de la historia económica, mas no desde el punto de vista social o económico.

Por su parte, Atkinson et al. (2017), en su estudio sobre los impactos de las reformas tributarias y del salario mínimo sobre la pobreza y desigualdad en el Reino Unido, encontraron que los incrementos salariales han tenido un impacto moderado sobre las otras dos variables, en tanto que las reformas impositivas han logrado tener un mayor efecto positivo sobre la reducción de la pobreza e inequidad.

Para Gindling (2018), un aumento del salario mínimo puede reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo, de acuerdo al estudio realizado sobre los impactos del salario mínimo en la pobreza en estos países. El autor indica que, de hecho, existe la posibilidad de que un aumento del salario básico en el sector formal tenga un efecto positivo sobre el sector informal, quienes también verían aumentar sus ingresos, por tanto, la pobreza tiende a reducir. Sin embargo, estos efectos positivos solo son posibles dadas ciertas características del mercado laboral de los países.

CONCLUSIONES

El propósito de este trabajo ha sido analizar el efecto que ha tenido los incrementos del salario básico unificado en el Ecuador sobre el nivel socioeconómico de los habitantes del cantón Santa Ana de la provincia de Manabí, durante el periodo 2007 – 2017. Para la realización de este trabajo fueron considerados los fundamentos teóricos de las variables objeto de estudio, identificando al salario básico unificado como la remuneración o sueldo mínimo que se le paga a una persona por un trabajo realizado en un periodo de tiempo determinado, de tal manera que con estos ingresos pueda cubrir sus necesidades básicas y la de su familia. Ya que Santa Ana no cuenta con un indicador que mida el nivel socioeconómico de sus habitantes o su calidad de vida, se utilizó la tasa de pobreza del cantón como una variable “proxy” del nivel socioeconómico. Para encontrar tal efecto del salario básico unificado (SBU) sobre el nivel socioeconómico (tasa de pobreza) fue necesario aplicar un análisis de covarianza ANCOVA, que reúne características del análisis de la varianza y del análisis de regresión lineal. Se optó por este método de análisis porque el número de observaciones no era suficiente para utilizar un método como el de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Los resultados obtenidos son coherentes con la teoría, que sugiere que el aumento de los salarios, incluido el salario básico, son positivos para mejorar el nivel de vida de los individuos, ya que con mejores ingresos son capaces de suplir sus necesidades básicas y las de sus familias. En este caso, al usar la tasa de pobreza como variable respuesta, la relación esperada era negativa entre el aumento de los salarios y la pobreza. El coeficiente de correlación de Pearson muestra la existencia de una correlación bastante fuerte entre las dos variables objeto de estudio. Ecuador es un país que ha tenido un ingreso per cápita promedio por debajo de los niveles de muchos países de América Latina con una legislación de salario básico, pero en los últimos años se hizo esfuerzos para mejorar esta situación y el país cuenta con un salario básico que lo coloca en los primeros lugares de la región y se ha logrado reducir la pobreza y desigualdad. Sin embargo, los efectos positivos pueden quedar velados por los altos niveles de empleo informal que existe en el país.

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