Autogestión en el GAD Parroquial Rural de Membrillo-Ecuador: un análisis de gestión financiera

El presupuesto público es el medio por el cual el Estado espera la buena intermediación en el abastecimiento de servicios de calidad, eficientes y esforzados. Se debe tratar de mejorar las posibilidades. Estas actividades ayudan a las personas a alcanzar la prosperidad y reducir la pobreza, contribuyendo al desarrollo de los ciudadanos. Por tanto, los presupuestos se preparan sobre la base de las normas presupuestarias, las restricciones económicas y financieras establecidas por todo Estado, así como los cálculos de diversas variables y parámetros económicos en la población, las variaciones en las autogestiones (petróleo, inflación e impuestos, etc.). La composición de los gastos refleja los objetivos de la política de todo gobierno en respuesta a sus funciones básicas de asignación de recursos, distribución del ingreso y estabilidad económica, que a menudo se definen en los planes de desarrollo que se presentan para la mejora económica de la sociedad (Melo et ál., 2022). La perspectiva de la entidad gubernamental de la zona rural está ligada al desarrollo de la población, por lo cual, se considera que la alternativa más óptima, es que se genere nuevas fuentes financiamientos mediante la prestación de sus servicios. El mismo que nace del presupuesto asignado por las fuentes de financiamiento de todo país.

Según Pinedo et ál., (2021), “el proceso presupuestario no cuenta con los mecanismos necesarios para cumple con los deseos de la población y lo expresado en el plan de desarrollo, y es común encontrar que un presupuesto de Estado completamente ejecutado no logra las metas establecidas en el plan.” (p. 13527). De igual forma, Arciniegas y Carlosama (2019) nivelaron que, el problema de los GADs es que no cuentan con los capitales suficientes para cubrir todas las necesidades de la comunidad y la sociedad, por lo que el análisis de los informes anuales y la evaluación de los resultados del presupuesto 2017 y 2018 reflejaron las falencias en la ejecución del proyecto.

Por consiguiente, lo más importante en la administración pública es que “el engranaje estratégico funcione proporcionalmente, ya que así, la localidad se vuelve más competitiva en calidad de vida, con servicios públicos modernos y eficientes” (Vegas-Meléndez, 2017, p. 12). Es preciso decir que, los GADs están comprometidos en el desarrollo social de un país pese a que se enfrenten las limitaciones del presupuesto asignado por el Estado. Por tanto, el ejercicio de la gestión de recursos gubernamentales es incierto ante la solución de problemas que presenta la población.

En el caso de Ecuador, el presupuesto público circula basado en la autogestión, involucra en todo los ámbitos al funcionario público, puesto que, la Constitución de la República de Ecuador (2008), en la sección segunda de Administración Pública en el artículo 227 sustenta, “la Administración Pública es un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”, que respalda el funcionamiento público y sostenimiento del uso eficiente del presupuesto que beneficia a la población.

De igual manera, la Constitución en el capítulo V de los recursos económicos, Art.- 270 expresa que “los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad”. Así mismo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010) en su Art.- 2, objetivo, letra b) “la profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población”. Por tanto, es preciso indicar que su función o existencia radica en mejorar la estabilidad de la sociedad y, que su ejecución nace del presupuesto público, es decir, la administración pública dentro del territorio involucra a la sociedad, sus necesidades y la autonomía que tiene la entidad gubernamental para ejecutar sus recursos frente al problema social.

Prácticamente, el presupuesto público de las entidades gubernamentales del área rural, es financiado en gran medida por la Banca Central, ya que, su finalidad como es facilitar el proceso de inversión social y económica de un área, por ende, al fuente de financiamiento solventa la ejecución de los proyectos como principios de autogestión, aunque siga siendo insuficiente, “gestiona los ingresos, gastos y financiamientos de estos rubros, dependiendo de la operatividad de los sectores que administra el Estado” (Álvarez-Sanango et ál., 2020, p. 190). En la misma línea, Rodríguez-Medina et ál., (2005), “los presupuestos son los fundamentos en que se sustenta la gestión presupuestaria para la toma de decisiones acertadas” ¿(p. 108). Pues, “todo presupuesto, está vinculado a la cantidad de recursos económicos que se estiman necesarios para hacer frente a cualquier gasto” (Sánchez-Agila et ál., 2019, p. 33). En conclusión, el presupuesto público influye en toda ejecución financiera para producir una estabilidad económica social en las entidades públicas, fuente que desde su línea se ha trasformado en una disyuntiva llamada “escaso o insuficiente”.

La administración pública desde la autogestión

La autogestión es todo proceso ejecutado en la función pública para encabezar el bienestar social y desarrollo económico. González et ál., (2021) expone que, el autogobierno tiene una dimensión social, y las unidades de producción que pueden lograr el desarrollo local autogobernado, por ello, se puede apreciar que, en el nuevo paradigma del concepto de autogestión del conocimiento y su realización, se abandona la recesión de la disciplina, que actúa como contenedor.

En otros términos, a que la entidad gubernamental beneficie al área de los habitantes no solo sustenta la administración pública, sino más bien, que la sociedad sea económicamente activa, porque con la ejecución de presupuestos en obras y demás servicios permiten el acceso a la producción agrícola y artesanal, tanto así, que como entidad del Estado desarrollaría la parte humanística hacia una población. El presupuesto es una herramienta del gobierno que promueve la rendición de cuentas y la eficiencia, no solo un vínculo con la asignación de recursos y el control de gastos. Por otra parte, la complejidad de la actividad del Estado está determinada por las reiteradas limitaciones en este ámbito: limitaciones de recursos, necesidades cada vez más diversas, presiones de grupos poderosos, trámites burocráticos y fortalecimiento de la ciudadanía (Donoso et ál., 2021). Es decir, su asignación fortalece la calidad de estabilidad social dentro de un régimen de gobierno.

Según Sosa-Castro et ál., (2018), “la dependencia financieros es tratada recurrentemente en la literatura, debido al impacto de fenómenos en la formulación de políticas económicas, la localización eficiente de activos, y el desarrollo de estrategias de diversificación y cobertura del riesgo” (p. 75). Dado que la estabilidad social se plantea como delimitaciones básicas para su función, para que puedan desarrollar sobre ellos la fluctuación ideológica reproductiva en el sistema económico y desarrollo local.

Otros autores puntualizan que el Estado debe de;

a) garantizar los derechos de sus ciudadanos en su territorio, en lugar de depender de grupos económicos y agentes de capital privados o mixtos, nacionales o transnacionales; (b) garantizar la igualdad de oportunidades basada en el trabajo y los ingresos; c) todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, libertades y oportunidades, mientras que los recursos económicos, sociales y políticos se concentran desproporcionadamente en manos de unos pocos. (Barbosa-Ramírez et ál., 2014).

Aunque la autosuficiencia financiera, es más exigente, debido a la demanda de los costos operativos y los costos financieros de todo el capital, esto podrían ser cubiertos con ingresos propuestos por alguna entidad. Así, la aplicación del principio devengado permite la protección y control de las instituciones públicas para que garantice la información y la transparencia de sus registros contables. A su vez, las instituciones públicas se miden en relación al alcance de su misión, visión y objetivos, sobre los cuales las entidades públicas deben brindar información que permita la evaluación y seguimiento de los procesos económicos y de gestión (Erazo et ál., 2020). Sin embargo, la descentralización requiere de autonomía financiera, porque esperar que las autoridades locales satisfagan las necesidades de sus comunidades sin sus propios recursos para cubrir el gasto público en sus circunscripciones, pasa por un proceso limitante y poco asertivo para controlar de manera progresiva este hecho.

El cual, tiene que estar asesorado con un análisis financiero, ya que, son expresados por la eficiencia, solvencia, rendimiento, liquidez, endeudamiento, y la rentabilidad que posee la entidad, los análisis financieros se encuentran basados en cantidades concretas debido a la inflación la misma que se proporciona por la información veraz, actual, financiera y precisa (Marcillo-Cedeño et ál., 2021). Aunque, “las juntas parroquiales como unidad mínima de organización territorial intervienen de manera continua en la gestión pública y el desarrollo local, con mayor o menor poder representan cada momento político o económico del Ecuador” (Vélez- Pincay et ál., 2019, p. 27). A partir de allí, es posible discutir prácticas importantes y/o problemáticas, como es la emancipación en el adestramiento de sus funciones y la asignación de los recursos.

Por ello, cuando se habla de autogestión de los servicios públicos, es importante integrar aspectos como la participación, la visión, la capacidad de decisión y la presencia de problemas comunes en términos de satisfacción. Es totalmente posible discutir el autogobierno con prácticas relevantes y/o problemas teóricamente planteados. En todo caso, el concepto la autogestión no es una función independiente, pero se asocia al régimen público en la ejecución de los recursos desde la disposición de la Ley, prácticamente esta le da la autoridad para generarse o ejecutarse bajo marco legal de planificación, gestión, promoción y vigilancia. En la guarnición legal en la administración pública de las direcciones parroquiales de Ecuador el Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial; 2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos, y; En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones (Const. 2008).

Es totalmente coherente y relacionado con la naturaleza colectiva y las relaciones sociales que se tejen en torno a ella, es decir, la autogestión comienza cuando la sociedad paga sus impuestos y otros servicios que son adquiridos mediante la función pública. Esto fortalece al recurso asignado por la Banca Central. El preámbulo de esta Ley apertura a la implementación de planificaciones en la administración parroquial, concebidos y diseñados para condicionar servicios muy diferentes a la realidad social, porque pese a que tienen la autoridad para generar prospectos que permita la perfección de la gestión en los recursos, existen contradicciones de autogestión en las formas de servicios que se podrían entregar.

La calidad, eficiencia y eficacia

Los GADs asumen el reto de dar servicios que acompañan la intimación de los ingresos presupuestarios. En otras palabras, “la calidad, eficiencia y eficacia son analizadas desde diferentes perspectivas, pero con énfasis en la adecuada utilización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos” (Calvo-Rojas et ál., 2018, p. 96). Además, se puede generalizar que “son la exitosa obtención del logro tenido en mira, ya que implicarían costos y beneficios, desventajas y ventajas, pérdidas y utilidades, inconveniencia y comodidad dentro de la administración pública con autonomía en la autogestión” (Sacristán, 2016, p. 125). Por lo cual, la calidad formula la estabilidad social, porque radica en asumir el objetivo de su atención permanente y rigurosa, para que al mismo tiempo se procure ostentar la eficiencia y eficacia de toda entidad gubernamental rural, es decir, las tres se cumplen cuando las necesidades son terminadas o mejoradas. Los ejes de la administración para la función pública determinan que:

Calidad de vida

La calidad de vida está directamente relacionada con la prosperidad, que ha sido durante mucho tiempo un tema en el desarrollo social, económico y cultural- Se encontró que la calidad de vida urbana puede ser entendida por cualidades externas, un nivel de vida que satisfaga sus necesidades, cualidades internas y el bienestar en la ciudad, el estilo de vida urbano y el replanteamiento de la conexión entre sociedad y naturaleza. La percepción incide en la calidad de vida de la sociedad. Asimismo, su conocimiento es importante para el desarrollo de medidas psicoeducativas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la ciudad (García y Malvaceda, 2022).

Esta pasa a ser el progreso económico mediante la actividad de un Gobierno autónomo. Es decir, dentro de una ciudad o parroquia el presupuesto público cubre las necesidades sociales.

Eficacia

La eficacia crea la capacidad de formular lo que la entidad proyecta. De allí que, la gobernabilidad a partir de la eficacia se vuelve un sistema social donde la condición de Estado es un requisito esencial para la subsistencia de la dictadura y la búsqueda continua de sus intereses, pues su propósito es mantener cierto grado de legitimidad proporcionado principalmente por el proceso. Como resultado, las comunidades más vulnerables no se desarrollan si no sostienen que todo proceso administrativo se haga con este indicativo (Vélez et ál., 2019).

Eficiencia

Esto significa que existe una buena correlación entre los efectos alcanzados y el costo de los recursos utilizados. De aquí, la existencia de una administración pública eficiente brinda las garantías necesarias para proteger los derechos individuales de la sociedad que asegura el desarrollo social. Seguidamente, los servicios prestados por el Estado deben de garantizar el bienestar general y garantizar la realización de los derechos de los ciudadanos (Barragán, 2022). Pues, es el fin de todo proyecto, recursos y planificación.

Con base en lo expuesto, las entidades gubernamentales se ven obligadas a cumplir sus objetivos, pese a que los ingresos dado por la Banca Central es insuficiente para cubrir todos los proyectos de la zona rural. Además, aunque tengan la independencia de lo que dictamina la Ley por la falta de recaudación de impuestos, reducción del presupuesto o reformas en las decisiones de Gobierno dentro de los servicios prestados.

Agregado a lo anterior, la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, capítulo III en las Atribuciones, Competencias, Rendición de Cuentas y Control Social, Art.- 4 literal g quien determina, “evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones que se emprendan en el sector, llevados a cabo por los habitantes de la circunscripción territorial o por organizaciones que en ella trabajen, así como llevar un registro de los mismos para que exista un desarrollo equilibrado y equitativo de la parroquia”. Pues, las entidades gubernamentales, generadoras de servicios y vinculadora de la productividad económica, podrán asesorar a una población activa si sus recursos son eficientemente y eficazmente asumidos.

El escrito parte de la administración ejecutada por el GAD Parroquial Rural de Membrillo perteneciente al cantón Bolívar de la provincia de Manabí-Ecuador. Para el cumplimiento del objetivo diagnosticar la ejecución presupuestaria del GAD Parroquial Rural de Membrillo periodo 2014-2017 se utilizó información recabada mediante los métodos inductivo, deductivo y analítico. Para tal efecto, fue preciso la aplicación del análisis de las cédulas presupuestarias en los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017 mediante la aplicación de fórmulas que dieron los resultados de los datos estadísticos para el proceso del análisis y discusión.

Para mejor comprensión, es preciso revisar el estudio “gestión administrativa en el GAD parroquial rural de Membrillo periodo 2014 – 2017”, ejecutada en el año 2019.

Los resultados investigados desglosan la ejecución presupuestaria del GAD Parroquial Rural de Membrillo, periodo 2014 2017, a través del indicador de gestión, el cual desprende la eficiencia, eficacia y calidad de la administración pública. En las instituciones los proyectos suelen ser llevados a cabo por el presidente y su cúpula de personal que buscan cumplir los objetivos con base en la asignación del Gobierno Central. Las características fundamentales, en la mayoría de las veces delimitadas por el tiempo y el costo, tienen como objetivo de la sociedad económica y productivo, por cuanto, facilita la evaluación del desempeño de las actividades.

En la tabla 1 se observa que la dependencia financiera del GAD Parroquial Rural de Membrillo, en el periodo de estudio 2014 - 2017 se visualiza que el año 2015 existió la mayor dependencia financiera con un porcentaje del 81,44 %, ante las transferencias, donaciones corrientes y capital recibidas, lo que conjuga que para este año la administración de la entidad de Membrillo generó mejoras en las necesidades que situó la comunidad. Sin embargo, los años referenciados determinan que este porcentaje ha disminuido hasta el año 2017 con el 60,11 % en las dependencias financieras, de modo que refleja un ajuste significativo en las transferencias y un movimiento masivo en la autogestión del GAD.

En la tabla 2 se visualiza que para la toma de decisiones el GAD Parroquial Rural de Membrillo en el segundo año obtuvo el 18,56 % de capacidad financiera. Lo que atribuye que la entidad gubernamental, depende financieramente del 81,44 % de la transferencia y donación gubernamental, lo que acusa que, si el Gobierno Central no accede con las Transferencias, la entidad no tendría capacidad financiera para su funcionamiento. Es decir, el GAD Parroquial Rural de Membrillo al no generar suficiente ingreso, no podrá cumplir con lo planificado en beneficio de la sociedad. En tal virtud, en los últimos años el aumento fue significativo, colocando al año 2017 con una capacidad financiera del 39,89 %, de modo que para la toma de decisiones ha tenido un mayor enfoque de gestión.

En la tabla 3 se observa que, a diferencia del año inicial, el GAD Parroquial Rural de Membrillo en el año 2015, tuvo variación en las transferencias y donaciones corrientes con un ingreso inferior a los gastos corrientes, lo cual le permitió realizar autogestión en sus ingresos, dejando una solvencia financiera del 0,85. Para el año siguiente este valor mejoró, ya que las transferencias y donaciones fueron superiores a los gastos corrientes, permitiéndole obtener una solvencia financiera del 1,12 sin la disposición de las rentas de inversiones. No obstante, en el año 2017 el ingreso corriente sostuvo un déficit similar al año 2015, reflejando una solvencia financiera de 0,93.

La tabla 4 afirma que el GAD Parroquial Rural de Membrillo con el ingreso de las rentas, inversiones y multas, tuvo la capacidad de cubrir el 0,001 de los gastos corrientes del año 2016, lo que referencia que el ingreso que obtiene la entidad a través de la gestión es bajo, que no le permite solventar todos los gastos corrientes. Algo similar se presenta en el año 2015, la solvencia financiera fue del 0,004, siendo un valor mínimo en la gestión de la entidad.

La dependencia financiera se debe a las transferencias que reciben del gobierno central, a través del cual administran los requerimientos de la sociedad, lo que implica un crecimiento en el ámbito económico y social. Estos retornos financieros tienen proyectos que generan nuevos ingresos y a su vez aumentar la autogestión. Sin embargo, nunca es suficiente para la instrucción frente a una sociedad tan exigente y competitiva.

Lamentablemente, en realidad, hay una falla que no es propia de la descentralización, sino de la sociedad, ya que se enfrenta a la corrupción, porque es innegable que este problema también ha estado sumido a que estos recursos disminuyan considerablemente y que no se hagan los proyectos públicos, como resultado los recursos no sirven ni garantizan una mayor independencia económica de las instituciones que afectan directamente a la institución y a la sociedad, ya que dificulta el desarrollo de ambas (Zapata-Cabrera et ál., 2022). Por lo cual, se forma un efecto negativo que se presenta en todo esquema administrativo, es decir, donde exista recursos siempre está presente la controversia de la corrupción y las limitaciones de gobernanza.

En la misma línea, la secuela de la descentralización es la eventual transferencia de poder, junto con recursos financieros, materiales y talentos ubicados dentro del gobierno parroquial. La descentralización también define la descentralización de los poderes políticos, económicos y administrativos que se vinculan dentro de las decisiones públicas. Por medio de la autonomía financiera, en cambio, se entiende que estos gobiernos realicen sus propias actividades normativas para lograr, en resultado, los recursos económicos destinados a solucionar los problemas de los ciudadanos.

En secuencia, la solvencia financiera en las instituciones permite el mantenimiento de sus funciones, por ello, para obtener más ingresos y asentar así su autonomía económica, las autoridades administrativas primero deben elegir la forma más adecuada de invertir en el futuro, aunque muchas veces optan por los beneficios a través de la deuda pública y los ingresos por beneficios. Desde el punto de vista de los costos, es importante que el marco de cuentas públicas del GAD del municipio ofrezca un marco de integración gradual, para no limitar el desempeño de sus funciones en el marco de constitucional.

Al mismo tiempo, la alternativa en el gasto permanente (recurrente) sería recortar más decididamente este gasto, lo que apoyaría la reducción del déficit primario, de forma que la deuda no tenga que aumentar para cubrir o predecir la reducción de tiempo determinada por el estudio para lograr la utilidad primaria deseada (Hidalgo et ál., 2022). La solvencia financiera del GAD Parroquial no es suficiente para mantenerse dentro de sus funciones administrativas y es cada vez más imposible que pueda cumplir con las necesidades de la sociedad.

Finalmente, la autosuficiencia financiera, se manifiesta en la asignación eficiente de los recursos, más allá de la autonomía de gestión y desarrollo local. Estos aspectos son de hecho los que tienen tendencia a la descentralización, especialmente en la medida en que apuntan a adecuar el trabajo de gobierno a las especificidades de los lugares y lo que los caracteriza de su población. Cabe decir, que la entidad ha ido en decadencia, por ello seguirán dependiendo casi totalmente de los recursos asignados, más aún si la Ley no les da la autonomía de hacer autogestión, pese a ser importante dentro de la administración pública.

Las transferencias percibidas en las entidades de gobiernos en desarrollo de Ecuador desde el Gobierno Central para la ejecución de objetivos, son insuficientes, proyectan el desarrollo social y económico del país en la medida de un presupuesto limitado, el cual en la ejecución de nuevos proyectos que generen ingresos por autonomía es casi nulo, lo que determina decadencia en la autosuficiencia financiera. De esta forma, el sumario de las existencias gubernamentales desarrolla la asignación de la Banca Central con herramientas de gestión pública que busquen la eficiencia y eficacia que promuevan el desarrollo social mediante la optimización de costos y gastos, condicionalmente las entidades gubernamentales de las zonas rurales próximamente no se podrán solventar pese a recibir estos ingresos.

Las asignaciones de la entidad gubernamental de la zona rural de Membrillo, es escaso, pese a que tiene la potestad de generar otros ingresos y cubrir los gatos corrientes, siguen siendo insuficientes, de tal modo que, no puede depender exclusivamente de las transferencias y dones corrientes. De aquí, el sistema obsoleto “la entidad pública no tiene autosuficiencia financiera y no podrá solventar los proyectos de la población”, para que el bien público sea base en los nuevos ingresos por gestión. A partir de esta contextualización se deja abierta la discusión de la reforma constitucional a favor de generar nuevos ingresos mediante la autogestión. Los planes territoriales pueden sentar las bases que aborden políticas sostenibles, la promoción del desarrollo económico local, infraestructura y, en última instancia, la consolidación del fortalecimiento institucional, la determinación e implementación específicas de la economía utilizando las zonas funcionales del plan de descentralización para mejorar la administración de los recursos.

Pese a que la autogestión está muy alejada de lo permitido para la institución, el índice de autonomía financiera mejoraría. Hasta la actualidad, los proyectos ejecutados son considerados en desarrollo, debido al bajo índice de gestión administrativa que la entidad gubernamental ha ejercido dentro de la zona, puesto que en su alcance de autonomía financiera esta sobre la media. En efecto, si las entidades mejoran la capacidad de solventar las deudas a corto plazo, habría nuevo ingreso, lo necesario para que la economía de la población se estabilice; lo óptimo es que los GADs sustenten sus propios recursos.

Como en todo proceso administrativo, los cambios deben realizarse de manera gradual y planificada, eligiendo adecuadamente los centros donde se pueden aplicar, recordando que se trata de cambios en la gestión de las unidades estructurales individuales y de los presupuestos intrínsecos para la observancia de lo propuesto ante la finalidad de determinar la relación entre metas, resultados, costos y la participación activa de los directivos en sus organizaciones, aumentando así, la eficacia y eficiencia pública.