Presentación: crisis y conflicto en una sociedad fronteriza¹

A partir de la reconstrucción y análisis de un evento de protesta, sucedido en un municipio misionero² de la costa argentina del río Uruguay (frontera con Brasil), proponemos algunas reflexiones sobre gestión de “ilegalismos” (Foucault, 2006) en el contexto de pandemia, por el virus Sars-Cov-2 (COVID-19). El evento, aludido localmente como “el tractorazo”, fue protagonizado por un heterogéneo colectivo de productores agrarios que el 15 de septiembre del 2020 se autoconvocó y llevó adelante una asamblea multitudinaria en el cruce de acceso al municipio, movilizando alrededor de 200 vehículos de gran porte (tractores, cosechadoras, entre otro tipo de maquinaria agrícola). Teniendo en cuenta que este suceso imprimió otra temporalidad a la vida cotidiana de la colonia, y que para la mayoría de sus protagonistas - incluso para observadores más distanciados - fue experimentado como una situación de crisis, recuperamos el concepto de “drama social” - en el sentido desarrollado por Turner (1974) - y destacamos su potencial heurístico para iluminar aspectos significativos del caso aquí considerado.

La jornada de protesta se configuró en torno al descontento generalizado de amplios sectores de la población frente al accionar de la Prefectura Naval Argentina. Esta fuerza federal con presencia operativa en la zona, desde los últimos tres años, entre sus variadas competencias controla el tráfico transfronterizo y, especialmente, el contrabando de granos que se ha expandido en la zona, tornándose uno de los ejes relevantes de la política federal de seguridad en Argentina³. El malestar fue in crescendo tras una serie de procedimientos que implicó: por un lado, el allanamiento a la propiedad de un pequeño productor local (acusado del delito de contrabando de soja) y, por otro, la realización de operativos de control y fiscalización en ruta sobre tractores que circulaban sin la documentación de propiedad correspondiente, dado que un altísimo porcentaje de los vehículos había sido adquirido de segunda mano en Brasil e “importado” de manera clandestina, evadiendo las cargas fiscales.

En este contexto, la incautación de un tractor produjo la inesperada reacción de un grupo de productores que, en solidaridad con el propietario, decidieron recuperar el vehículo, desafiando de manera directa a los agentes de la fuerza de seguridad. El conflicto quedó así planteado y fue el detonante para la movilización agraria que congregó a productores de los municipios y parajes aledaños para la realización de una marcha y asamblea popular el 15 de septiembre de 2020, en la que se requirió la presencia de autoridades municipales, provinciales, legisladores nacionales y el máximo Jefe de la Prefectura con asiento en la Provincia, para buscar una solución al conflicto. Ésta, finalmente, se plasmó en la implementación a término del Registro Especial de Maquinaria Agrícola con el que se “blanqueó” y habilitó la circulación de los vehículos a nivel municipal.

Como argumentaremos, el caso presenta aristas significativas que nos llevan a prestar atención a las narrativas de legitimación, en un contexto particular atravesado por las medidas sanitarias adoptadas frente a la emergencia de la pandemia⁴. Durante el trabajo de campo pudimos dialogar con algunos de los protagonistas de esta historia, cuyos relatos explicitan el reconocimiento de un conjunto de prácticas “fuera de la ley” que tienen lugar en los pasos fronterizos, pero que, según las moralidades compartidas por los pobladores de frontera, muchas de ellas, al ser constitutivas de las transacciones económicas más cotidianas, no son percibidas como delitos o contrabando en los términos de la legislación vigente. En cambio, transacciones translocales de cierto tipo y volumen de mercancías, sí son calificadas de este modo. Hemos encuadrado este tipo de prácticas bajo el concepto de “ilegalismos” que reúne todas las acciones prohibidas por ley pero que, sin embargo, al ser susceptibles a formas específicas de gestión, pueden escapar a los efectos de la legislación (procesos y puniciones) o configurarse como delincuencias (Foucault, 2014).

A partir de este estudio intentamos elucidar que en el marco de una crisis social, como fase liminal y momento inminente de cambio, se produjo el desplazamiento de sentido que transforma a un ilegalismo - concebido positivamente desde la perspectiva local - como una causa de demanda de reconocimiento al estado. En otros términos, fue necesario el desarrollo de un proceso político que emergió como un “drama social” para que la maquinaria adquirida informalmente fuera validada a través de un mecanismo oficial de excepción. Esto es lo que se pudo observar con la creación del ya referido Registro Especial, que tras su implementación operó como un dispositivo de legibilidad y clasificación ad hoc.

Por último, nos interesa señalar que la noción de “drama social” (Turner, 1974), nos permite enfatizar el hecho de que el proceso de conflicto entrañaba, asimismo, una crisis moral cuando, en una sociedad donde distintas formas de ilegalismos son parte constitutiva de su dinámica económica, pequeños productores fueron expuestos a una política punitiva que dejaba fuera de su alcance a los grandes acopiadores e intermediarios dedicados al tráfico de soja a gran escala. Para poder resolver tal proceso de crisis se llegó a configurar una situación excepcional que posibilitó dramatizar las tensiones sociales en las que se reproduce la población que habita la frontera internacional. Más aún, el estudio de esta experiencia colectiva desde el enfoque dramatúrgico, nos lleva a sugerir que la población movilizada se configuró circunstancialmente como una communitas (en el marco de la asamblea popular), evocando la capacidad de trabajo y el sacrificio de los productores como valores integradores y que, en el contexto de lucha, indefectiblemente aparecían asociados a la defensa de sus tractores y de la maquinaria agrícola como símbolos dominantes (Turner, 1980).

Antes de presentar la crónica del proceso y las narrativas que aluden al drama, es preciso contextualizar y caracterizar la singularidad del caso en el marco del desarrollo de una tradición movimentista que ha recurrido a los “tractorazos” como metodología de lucha agraria en la provincia de Misiones para, luego, describir la dinámica del flujo transfronterizo y, por último, interpretar el evento a la luz de las formulaciones teóricas adoptadas.

Los “tractorazos” y el desarrollo de una tradición movimentista agraria

Entre lo/as autores/as que han venido indagando sobre problemáticas rurales y territoriales en Misiones, centrados particularmente en la cuestión yerbatera, el tractorazo del 2002 fue un evento muy visitado y aludido por los/as analistas. Se trató de la segunda movilización masiva (la primera se realizó en junio del 2001, y se mantuvo durante 17 días) organizada para exigir el establecimiento de una nueva instancia institucional de regulación del mercado y la adopción de criterios más favorables en la esfera de la comercialización de la producción primaria para los pequeños y medianos productores familiares capitalizados (Ramírez, 2011; Gortari, 2007). Esta tuvo lugar en un contexto particular donde:

El impacto de la desregulación de la producción de yerba mate en la década de 1990, [...] implicó no sólo una fuerte caída de los precios de la materia prima sino, fundamentalmente, la consolidación de nuevos esquemas productivos dentro del complejo yerbatero que favorecieron a los grandes productores y las grandes empresas integradas. Ello estableció una nueva posición de poder para los actores empresariales, quienes no tuvieron mayores inconvenientes para acomodarse en el nuevo escenario de regulación, surgido luego de la creación del INYM en 2002 (Ramírez, 2011, p. 17-18).

En el escenario de crisis económica, política y social que marcó el cambio de siglo, el Congreso Nacional aprobó la ley de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) (Ley 25.564) en febrero de 2002. Sin embargo, las demoras en su reglamentación acrecentaron el descontento de los productores, quienes llevaron adelante distintas medidas de fuerza - contando en un principio con el apoyo del sector de cosecheros/as y otras organizaciones sociales -, entre las cuales el prolongado acampe y “tractorazo” en la ciudad de Posadas fue la más contundente y se extendió desde fines del mes de mayo a junio, frente a la Casa de Gobierno⁵.

Pese a la creación del ente regulador, fuertes críticas comenzaron a enunciarse respecto a su funcionamiento interno y a los déficits en la instancia de fiscalización. Así fue que, frente a una cadena de fracasos en la fijación del precio de la materia prima (el que se venía estableciendo mediante laudos del gobierno nacional), las organizaciones yerbateras emergentes continuaron impulsando sus demandas a través de distintas acciones. En 2007, los productores nuevamente se manifestaron durante seis meses en la capital provincial, impulsando la creación de un mercado consignatario de la materia prima⁶. Si bien, la movilización fue más débil a nivel numérico (Ramírez, 2011), tuvo momentos de notoria intensidad. A modo de protesta por no haber sido recibidos en la Legislatura Provincial, los productores movilizaron algunos tractores que llegaron a estacionarse en la explanada del edificio durante el desarrollo de una sesión parlamentaria, que pasó a cuarto intermedio para que algunos legisladores se acercasen a dialogar con los manifestantes (El Territorio, 05 jul. 2007).

Nos interesa señalar que, en las protestas yerbateras, no ha sido un hecho fortuito el empleo de tractores y otro tipo de maquinaria agrícola, dado que las franjas capitalizadas de la producción familiar yerbatera - en los mejores ciclos de cosecha - pudieron alcanzar mayores índices de tecnificación, en contraste, por ejemplo, con el sector de productores familiares minifundistas vinculados al complejo agroindustrial tabacalero. A pesar de esta marcada diferenciación, debemos observar que Colonia Estrella se ubica en el departamento de 25 de Mayo y concentra, junto a otros municipios costeros, el mayor número de explotaciones tabacaleras (Baranger, 2007). Por la ubicación privilegiada del departamento, muchos de estos tabacaleros pudieron adquirir máquinas y tractores (en su mayoría de segunda mano) gestionando su compra y traslado desde el otro lado del río al margen de los controles aduaneros.

Si, como afirma Ramírez (2010), los sucesivos Tractorazos (de 2001, 2002 y 2007) representaron un cambio en la estrategia de acción y en los repertorios de protesta, también posibilitaron el desplazamiento de los productores “del silencio de las chacras del interior de Misiones para hacerse visibles, exhibir así sus herramientas de trabajo y su pobreza en un espacio público de la capital provincial, en un espacio de otros” (Ramírez, 2010, p. 160). Cabe mencionar que este tipo de movilización tiene su origen en las históricas jornadas de protesta impulsadas por el Movimiento Agrario Misionero en la primera mitad de los años 1970, y fue actualizado luego al calor de las protestas yerbateras que se sucedieron a fines del S. XX y en la primera década del S. XXI (Rodríguez, 2013).

Teniendo en cuenta el desarrollo histórico de una tradición movimentista en Misiones, configurada en torno a la continuidad de ciertos valores y moralidades que suelen ser evocados en las distintas coyunturas - según lo sugiere Ramírez (2010) -, cabe dejar planteado el interrogante acerca de la presencia o no de algunos de estos valores en el caso aquí considerado y en qué medida, en función de las específicas demandas impulsadas, se conjugaron otros recursos simbólicos produciendo un repertorio de significación alterno. Por cuestiones de espacio, y porque su abordaje excede los objetivos de este estudio, dejamos apenas enunciado el problema. En cambio, constituye una tarea central presentar algunas consideraciones sobre la dinámica fronteriza para comprender aspectos del acentuado proceso de diferenciación social que se viene desarrollando en el espacio local.

Imagen 1:
Tractorazo y movilización
Fonte: Archivo privado de M. K. (15 sep. 2020).

Gestión de ilegalismos y dinámicas comerciales transfronterizas en zonas de intensa acumulación

El municipio de Colonia Estrella se ubica en el Departamento de 25 de Mayo, sobre la zona costera del río Uruguay que limita con la República Federativa del Brasil. Funciona como centro político-administrativo e integra otros dos núcleos poblacionales de relativa importancia (distantes a 23 y 30 km, respectivamente), y también a un conjunto de Parajes con menor densidad demográfica. Es un municipio eminentemente rural donde la producción se basa principalmente en el cultivo de tabaco, ananá y productos frutihortícolas. En los últimos años se ha impulsado la conformación de una cuenca lechera que favorece la producción de quesos, de la mano de la expansión de la ganadería bovina y, paralelamente a este proceso - que se ha conjugado con la caída de los precios del tabaco -, muchos productores han decidido destinar algunas hectáreas de tierra al cultivo de maíz y soja. La producción local se dan en pequeña escala, pero son los intermediarios y algunos pocos acopiadores quienes “sacan” la producción hacia Brasil: “hay colonos que tienen dos hectáreas y siembran soja y maíz, cosechan, venden a uno más grande, y el grande lleva” (Funcionario municipal, Entrevista, 21 jun. 2021).

Su ubicación geográfica históricamente ha favorecido un flujo muy dinámico de intercambio transfronterizo, de personas y distintos tipos de mercancías que ingresan al país, como insumos (semillas y fertilizantes), herramientas y maquinarias agrícolas. En sentido contrario, hacia Brasil se envía parte de la producción de granos cultivada localmente, pero en los últimos dos años Colonia Estrella y otras localidades costeras se han constituido en las vías de fuga por donde pasan cargamentos de mayor envergadura, y por fuera de los controles aduaneros, de soja, maíz, y en menor volumen alpiste y girasol, que se producen originalmente en otras provincias. Asimismo, articuladas y superpuestas a este continuo flujo, continúan muy activas las rutas que fueron trazadas con antelación para el transporte de sustancias ilegalizadas como el cannabis.

Atendiendo a esta concentración de intercambios - que se mantuvo incluso durante la implementación estricta de las medidas sanitarias y el cierre de los pasos fronterizos - es necesario destacar el importante estímulo que significó la constitución de los mercados brasileños, considerando ciertos nichos de la provincia de Misiones y región transfronteriza, como parte de lo que Robinson (2013) delimitó como “Zona Específica de Intensa Acumulación” (ZEIA). Este concepto remite a espacios físicos donde se localiza y expande el capital transnacional a partir de “palancas de empuje de la acumulación extraordinaria de capital que se presentan en diversas regiones del mundo y se concretizan en diferentes formas” (Talledo Sanchéz; Camacho Lomelí; Sandoval Palacios, 2020, p. 9).

Una de las formas locales que reconocemos es el movimiento de mercancías sin registro aduanero. Quienes se dedican al transporte no declarado ante los reguladores fiscales son denominados “chiveros” en la jerga local (Diez y Carísimo Otero, 2012) y contrabandistas en la jerga estatal. Pero, el tráfico a gran escala requiere de una gestión y organización logística más diferenciada en la que participan distintos agentes⁷: a) los acopiadores y empresarios locales y/o extralocales que financian la operación disponen de depósitos para cuidar la mercadería, realizan los acuerdos necesarios con funcionarios de distintos rangos para evadir los controles en las rutas⁸, a lo que se suma - según nos comentaba un productor - la creación de “cooperativas clandestinas” (una de ellas dedicada a procesar aceite); b) transportistas, conductores de camiones y de las embarcaciones que surcan el río, y; c) trabajadores informales, contratados a destajo. Las personas de este último grupo, en su mayoría, son jóvenes de entre 15 y 30 años, cobran por fraccionar, embolsar y “hombrear” las cargas que suelen ser preparadas de distintas formas para su transporte, generalmente en galpones, estratégicamente ubicados, de propiedad de los acopiadores locales.

El transporte transfronterizo se realiza en embarcaciones de distinto porte, preferentemente en canoas y, usualmente, en horarios nocturnos para evadir los controles y la mirada de posibles observadores. Si el jornal retribuido en el trabajo agrícola ronda los 1000 pesos, el jornal percibido por “chivear” o participar en las distintas tareas de logística que demanda el tráfico transfronterizo se estima en 2.500 a 3.000 pesos. Uno de nuestros interlocutores nos comentó que alrededor de 300 personas participan como fuerza de trabajo de manera intermitente y, en algunos casos, como una alternativa que se combina con otras fuentes de ingreso.

Por el intenso flujo de camiones de carga pesada que ha atravesado la jurisdicción de Colonia Estrella se resintió la infraestructura del puente de acceso al municipio que, en el transcurso del primer semestre del 2021, tuvo que ser reparado por la Dirección Provincial de Vialidad. La carga excesiva (que, según estimaciones, duplicaba su capacidad de soporte de 30 mil kilos) fue debilitando gradualmente la estructura que presentaba riesgo de derrumbe. En consecuencia, el intendente solicitó al organismo provincial que se instale una balanza para controlar el “sobrepeso de carga”, pero obtuvo una respuesta negativa. Como era de esperar, también suscitó la reacción de un grupo de “compradores locales” que adquieren los granos de las provincias productoras, controlan el tráfico e insertan el producto en el mercado brasileño. Para sortear el sistema de control impositivo provincial y los controles en ruta a cargo de las fuerzas federales, muchos pobladores suponen que estos intermediarios o acopiadores locales concertan acuerdos con agentes y funcionarios tanto de la ex Dirección General de Rentas (hoy convertida en Agencia Tributaria Misiones) como con agentes de distintas fuerzas de seguridad⁹.

Las interpretaciones “nativas” acerca de cómo se realiza el tráfico (categoría normativa empleada por la perspectiva estatal), refieren al transporte de carga con sobrepeso como una práctica que requiere entablar negociaciones con agentes clave del sistema para (des)habilitar los distintos tipos de controles en ruta y conseguir así atravesar la frontera con el volumen excedente. Al respecto un interlocutor comentaba: “El beneficio para el tipo que deja entrar es el sobrepeso, porque te cobra tanto por tantas toneladas, pero se trae el doble” (Funcionario municipal, Entrevista, 21 jun. 2021). Entonces, se infiere que se exporta legalmente una parte, mientras que otro volumen importante se comercializa sin registrar. El sistema tributario contempla la inscripción de contribuyentes vinculados a la producción de granos y sus productos derivados, pero no fiscaliza in situ la actividad de los compradores ni los emprendimientos donde se realizaría el procesamiento o la elaboración de la materia prima.

Esta modalidad difiere de la que se logró desarrollar para el caso de la producción tabacalera. Cuando los precios eran más favorables del otro lado del río y el tabaco era la principal producción de la zona, algunos acopiadores también colocaban este producto en el mercado brasileño. Siendo una producción sobre la que el estado argentino ha establecido algunas regulaciones a partir de la constitución del Fondo Especial de Tabaco (FET), es importante señalar que para poder percibir parte de la renta generada por el FET (la que es transferida a los plantadores en concepto de “retorno” y “caja verde”), el productor debe estar registrado. Estos acopiadores podían estar registrados, pero no plantaban el volumen del producto que entregaban a las empresas; en cambio compraban la producción a los más pequeños plantadores: “compraban mil kilos, dos mil, le anticipaban el fertilizante... por tantos kilos de tabaco, o si no tenían la plata se iban en época de que el colono tenía su tabaco ya enfardado y compraban. Ellos vendían a la empresa, la ganancia de ellos era el retorno y caja verde” (Funcionario municipal, Entrevista, 21 jun. 2021). Por ello es que, mediante la gestión de un diputado provincial por el Partido Agrario y Social y la demanda impulsada por la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), se logró establecer por ley el cupo de hasta 15.000 kg, como medida límite para acceder al cobro de la caja verde.

Sumadas a la baja renta que representa la actividad tabacalera, estas restricciones han venido desalentando la producción y el acopio con fines de especulación en los últimos años, situación que, a su vez, ha dado lugar a la paulatina expansión de la actividad sojera. Por su parte, quienes aún dedican parte de su tierra al cultivo del tabaco mantienen su registro, pero es una percepción ampliamente compartida que lo hacen “solo por mantener la obra social”.

Ya hemos señalado que, aun en el contexto de pandemia y con el cierre de los pasos migratorios y aduaneros oficiales, el flujo transfronterizo mantuvo su continuidad, si bien se redujo. En efecto, el proceso inflacionario actual que aqueja a la economía argentina ha estimulado el intercambio comercial de la producción agrícola producida a nivel local. Hemos referido más arriba, que Colonia Estrella se ha establecido como una cuenca lechera y esta actividad se vincula al crecimiento de la producción de ganado bovino, cuya carne en pie o faenada también es colocada en el mercado brasileño de manera informal, evadiendo los controles sanitarios y aduaneros.

Asimismo, algunos de estos empresarios locales, han importado tractores o maquinaria agrícola para venderla a compradores de otras provincias. A nivel local se presupone que, para que ello sea posible, se recurre a la falsificación de las documentaciones requeridas. El conocimiento de la existencia de tales ilegalismos por parte de la población local se extiende vox populi con mayor o menor grado de información. Aunque la gran mayoría participa del intercambio transfronterizo informal, hay divergencia de criterios en cuanto a lo que puede considerarse una práctica (i)legítima o (i)legal. Respecto a la importación irregular de tractores y maquinaria agrícola, esta operación es aceptada cuando la realiza un productor para trabajar y mejorar la producción en su chacra, por ello expresiones como “nadie se va a enriquecer con un tractorcito de ese que es para trabajar” (Productor autoconvocado 1, Registro en audio de la asamblea, 15 sep. 2020); “nuestros viejos [padres] nos criaron trabajando con buey, hoy nuestra riqueza es un tractor, esa es nuestra riqueza hoy” (Productor autoconvocado 6, Registro en audio de la asamblea, 15 sep. 2020), fueron los argumentos más enfatizados por los colonos que participaron de la movilización realizada el 15 de septiembre de 2020.

Atendiendo a la organización, volumen y dinámica del flujo comercial, podemos pensar que el negocio de la soja para poder funcionar a gran escala viene asociado al intercambio de “mercancías políticas”. Esta noción, elaborada por Michel Misse, refiere a cierto tipo de mercancía que circula en el ámbito de mercados informales, donde prevalecen medios alternativos de regulación: se trata de “bienes y servicios codificados de seguridad, protección y garantías de confianza en las transacciones, que conflictúan con la soberanía de las regulaciones estatales”. En tal mercado, “los intercambios combinan específicamente dimensiones políticas y dimensiones económicas, de tal modo que un recurso (o un costo) político sea metamorfoseado en valor económico y cálculo monetario” (Misse, 2002, p. 3; 5, traducción propia). Los valores disputados dependen de evaluaciones estratégicas de poder, de una correlación de fuerzas específica y de evaluaciones estrictamente políticas. Si, como afirma el autor (2002, p. 5), en una economía de la corrupción lo específico “es el hecho de que el recurso político para producir o para ofrecer es expropiado del Estado y privatizado por el agente de su oferta” esa privatización puede concretarse de diferentes formas: el tráfico de influencias, prebendas, coacciones, favorecimientos, manipulaciones, evasiones, sobornos o abiertas extorsiones; que para el caso que nos ocupa son prácticas frecuentes por parte de un grupo reducido de agentes estatales, intermediarios y empresarios locales.

En el contexto de relaciones que analizamos, además de estas formas de gestión de diversos ilegalismos, también se observa la privatización del espacio público; esto es, la zona costera o fundos ribereños sobre los que rige una restricción al dominio de los particulares según el denominado “camino de sirga”. Según nuestros interlocutores, algunos de estos acopiadores y exportadores locales han comprado varias chacras en los márgenes del río, las han cercado, además de colocar un portón, por lo que Prefectura no puede ingresar. Similares restricciones para el acceso a las propiedades se establecen sobre los caminos vecinales.

De este modo, las dinámicas descritas ponen de relieve cuáles son algunos de los desafíos, así como las tensiones que la muy reciente presencia y actuación de la Prefectura Naval genera en este espacio de frontera. Para aproximarnos comprensivamente al evento del tractorazo, debemos considerar el malestar y crisis moral que las tareas de control desarrolladas por Prefectura suscitaron en la sociedad referida.

Teniendo en cuenta la diferenciación socio-económica que se establece por la actividad productiva y comercial, es que los pequeños productores procuraron participar - con notorias desventajas - de la renta que genera la comercialización de granos en el mercado del país vecino. Cuando el fenómeno del contrabando a gran escala se instaló como problema en la opinión y agenda pública, mayor fue la presión sobre las agencias de seguridad que debían intervenir con cierta urgencia para afirmar la soberanía de un estado que se configura en los márgenes (Das; Poole, 2008; Renoldi; Álvarez; Maldonado Aranda, 2017), reduciendo los índices delictuales y los niveles de evasión al fisco. Fue entonces cuando los pequeños y medianos productores se convirtieron en el foco de los operativos y controles de la Prefectura.

El tractorazo a la luz de los enfoques dramatúrgicos: drama social y performance

La situación de conflicto suscitada entre los colonos y la Prefectura Naval puso de manifiesto las tensiones preexistentes que fueron creciendo a la par de los controles rutinarios sobre la circulación y el estado dominial de los tractores. Las personas entrevistadas recordaron al menos tres episodios u ocurrencias que abonaron el terreno para la realización del tractorazo.

En julio de 2020 agentes de Prefectura realizaron un allanamiento en la casa de uno de los hijos de Ronaldo (un productor de 46 años, nacido y muy conocido en la Colonia, entrevistado el 21 de julio de 2021)¹⁰. Éste nos relató que, luego de una jornada de trabajo, él y su hijo se encontraban en la “casita cerca del río” cuando se sorprendieron al ver a cuatro prefecturianos ingresando a la propiedad. Ambos se asustaron porque se encontraban pescando en una embarcación y para evitar que secuestren el motor se escabulleron de los agentes.

Una vez que llegaron refuerzos, los agentes (13 en número, aproximadamente) allanaron la propiedad e incautaron el tractor, una camioneta y unos fardos de soja que la familia había producido en su chacra y se encontraban almacenados en el galpón. Según este relato, el procedimiento presentó no pocas irregularidades administrativas y también arbitrariedades. Por ello, antes de que se haya recibido la orden del Juez interviniente, con un grupo de vecinos que tomaron conocimiento del hecho, pudieron recuperar el tractor. Además, debieron contratar los servicios de un representante legal para realizar las presentaciones ante la justicia y poder recuperar los bienes que habían sido incautados.

Estos episodios fueron abonando el malestar entre los trabajadores rurales, quienes comenzaron a reclamar por la arbitrariedad de los controles y procedimientos, ya que los camiones cargados con grandes cantidades de granos nunca eran secuestrados y sí los pequeños cargamentos de la producción local. El Jefe Comunal en conocimiento de los sucesos, intentó persuadir a los prefectuarianos:

cómo van a venir a incautar un tractor acá, en la colonia, siendo que allá están pasando día y noche... por ejemplo soja, no? Entonces yo dije: vayan y hagan su trabajo, pero vayan naveguen el río Uruguay, nadie les va a decir que no; pero dejen a los colonos trabajar en la chacra, déjenlos circular con su máquina agrícola... vayan a hacer su trabajo que Uds. no están haciendo (C. G., Entrevista, 21 jul. 2021).

A esta situación se sumó otra ocurrida en el mes de septiembre del mismo año, cuando la Prefectura se enfocó en el control de la documentación de los tractores circulantes. Se trata de vehículos adquiridos de segunda mano (modelos 1980-1990) que los brasileños venden a los colonos argentinos a mitad de precio de lo que se oferta en nuestro país. Los tractores pasan a través del río en embarcaciones muy precarias y la gran mayoría se utiliza para laborar en la Colonia Estrella, otros parajes y municipios vecinos. Los controles de las fuerzas de seguridad lo advierten y salvo excepciones interrumpen el “pase” de estos vehículos¹¹, pero reforzaron el control y comenzaron restringir la circulación de tractores que, al no contar con la documentación correspondiente, habilitan su incautación. Un procedimiento de este tipo recayó sobre un vecino que circulaba por una ruta provincial y ésta fue la última ocurrencia. Otra vez, un grupo de productores (entre ellos Ronaldo) recuperó el tractor¹² y dio a conocer el hecho al intendente para convocar de inmediato a una movilización masiva.

El intendente medió en esta situación y contuvo a los vecinos, solicitándoles que aguarden hasta el día lunes, fecha en la que se esperaba la concreción de una audiencia con el Gobernador. Se dispuso así a defender los intereses de los productores, quienes afirmaban que la incautación era un mecanismo de expropiación de herramientas de trabajo, que no deberían ser consideradas en el marco de las prácticas de narcotráfico (mercado en el que sí justifican la intervención policial y de las fuerzas federales). Así lo relató el Alcalde:

Y los prefecturianos no son gente de acá ni son provinciales, vinieron de otra provincia y no conocen la realidad, y empezaron a chocar fuertemente contra los productores y... ponele, que tenían información que pasó un tractor “X” anoche y salían como locos a cazar ese tractor ¿no? y a veces podían agarrar ese tractor como otro. Decían: “no, pasó un tractor amarillo Valmet”, y todos los Valmet son amarillos!; y van y encuentran en la zona cercana un Valmet en la calle y ya... “Ud. pasó un tractor anoche?!... a ver la documentación”, y [la persona] no la tenía, obviamente que no la tenía. [...] Entonces uno no podía justificar y ahí ya tenía problema. Entonces fue... la tercer ocurrencia esa cuando me llamaron, y bueno fui allá y ya habíamos hablado con Prefectura antes: que acá en la zona hay muuuchas máquinas agrícolas viejas, usadas, que se traen [de Brasil], pero es para el trabajo de la gente de la chacra. Entonces les había explicado la situación, pero no querían saber mucho. Ellos decían que ese era el trabajo de ellos. Y ahí la última [ocurrencia] fue esa, fue sobre la ruta, de un productor [lo nombra por su apellido] - fue acá cerquita nomás que lo secuestraron - y ahí decí que también los productores se animaron a sacar nuevamente el tractor. Un operativo riesgoso porque Prefectura está armada (C. G., Entrevista, 21 jun. 2021).

Mientras el Jefe Comunal intentaba buscar los apoyos de los funcionarios provinciales, los productores se fueron autoconvocando y movilizaron a más de 200 tractores con sus dueños decididos a llegar hasta las últimas consecuencias. Continuando con su relato, el intendente nos comentaba: “a la vuelta yo veía que iba a perder la batalla, el gobernador no me estaba dando una respuesta y las papas estaban quemando. El miércoles íbamos a ir todos a Santa Rita! y ahí sí íbamos a invadir a Prefectura, seguro” (C. G., Entrevista, 21 jun. 2021).

Luego de las gestiones en Posadas (el día martes) el intendente se contactó con sus pares de Alba Posse, 25 de Mayo y El Soberbio para ponerlos al tanto de la situación y tratar de encontrar una solución conjunta al conflicto. Finalmente, en el viaje de regreso recibió una llamada del Gobernador, quien expresó su preocupación y le informó que estaban evaluando una posible solución. Al llegar a la Colonia se reunió con los autoconvocados.

Al anochecer se dio por iniciada la asamblea, el Gobernador le comunicó al intendente que el Jefe de la fuerza naval concurriría al lugar, aunque en principio se mantuvo reacio a reunirse con los productores. Mientras tanto, intervino un diputado nacional y presidente del Partido Agrario y Social (partido por el cual fue electo el intendente de Col. Estrella), quien se reunió con el Jefe de Prefectura y se trasladaron al lugar previsto para el encuentro.

En la asamblea la autoridad de la fuerza naval expresó que: “la orden dada por la superioridad es respetar el trabajo, reconocer el trabajo; que no es intención de la prefectura venir a afectar la actividad que desarrollan Uds. en esta jurisdicción” y se comprometió a “no perseguir al productor que trabaja” (Registro en audio de la asamblea, 15 sep. 2020). Cabe mencionar que, habiendo tomado conocimiento de los sucesos, la entonces Ministra de Seguridad ordenó al Jefe de Prefectura que respondan a la demanda planteada (Diario Clarín, 16 sep. 2020). De lo contrario los manifestantes cumplirían la “amenaza” de “invadir” la sede de dicha fuerza naval (ubicada en la localidad más cercana), a través de una movilización masiva que convocaría a productores de toda la jurisdicción departamental. Además de lograr este compromiso, la salida burocrática resultó en la implementación de un Registro Municipal de Maquinaria Agrícola (con vigencia a término para la inscripción hasta diciembre de 2020), a propuesta del intendente y acompañada por los demás funcionarios de distintos rangos, pese a que su instrumentación contravenía a otras normas nacionales de mayor alcance.

Imagen 2:
Asamblea de productores (Col. Estrella, 15 sep. 2020)
Fonte: Archivo privado de M. K. (15 sep. 2020).

Imagen 3:
Oradores de la asamblea (Col. Estrella, 15 sep. 2020)
Fonte: Archivo privado de M. K. (15 sep. 2020).

Luego de esta sucinta reconstrucción de los hechos recuperamos la noción acuñada por Víctor Turner para especificar, a continuación, cómo la empleamos en el presente estudio. El drama social, según este autor, refiere a “episodios públicos de irrupción tensional” y constituye una unidad procesual de una especie particular (diferenciada de otra unidad denominada “empresa social”), que puede ser aislable y susceptible de descripción minuciosa. “Son unidades de procesos inarmónicos o a-armónicos, que surgen en situaciones de conflicto” (Turner, 1974, p. 14). En este abordaje, la producción social de una communitas tiene lugar en una de las etapas del drama social¹³. En el drama,

aunque se realizan elecciones de medios y fines y se define la afiliación social, el énfasis se deposita en la lealtad y la obligación, tanto como en el interés, por lo que el curso de los sucesos puede adquirir un carácter trágico. [...] El conflicto parece colocar aspectos fundamentales de la sociedad, normalmente cubiertos por los hábitos y las costumbres del intercambio cotidiano, en una prominencia estremecedora. La gente tiene que tomar partido en términos de imperativos morales y constricciones profundamente arraigadas, a menudo en contra de sus propias preferencias personales (Turner, 1974, p. 11-12).

Pensar con la noción de drama social nos permite iluminar aspectos de la crisis y el conflicto, y distinguir cuatro fases de un proceso de acción pública - cada una de ellas con sus propias formas de discurso, estilos y lenguajes no verbales - que se despliegan en un continuum temporal que, a su vez, establece una discontinuidad en la vida cotidiana. Siguiendo a Da Matta (2002) y a Peirano (2006), es posible emplear las formulaciones antropológicas sobre el ritual como abordaje o instrumental para el análisis de eventos en general¹⁴. Si atendemos al curso de la acción y las narrativas producidas durante el evento de protesta bajo análisis, observamos que hay una prevalencia de un conjunto de prácticas que podemos calificar como performáticas (Alexander, 2006)¹⁵ más que de prácticas ritualizadas, a excepción del momento de la movilización de los vehículos que nos recuerda a la forma “procesión” presente en el carnaval y el desfile militar estudiados por Da Matta (2002) en el contexto brasileño.

De acuerdo con Alexander (2005, p. 19, énfasis nuestro), la “performance cultural es el proceso social mediante el cual los actores, individualmente o en conjunto, exhiben para otros el significado de su situación social”. Para que ello sea posible, un conjunto de elementos aparece conjugados o ensamblados y determinan la naturaleza de la actuación: a) un sistema de representaciones colectivas; 2) actores; 3) observadores/ audiencia; 4) medios de producción simbólica; 5) escena perdida; 6) poder social (Alexander, 2006).

Volviendo al caso analizado, observamos que con la recuperación de los tractores como “reacción moralizadora”¹⁶ y la convocatoria espontánea a la movilización, tomó fuerza una narrativa “beligerante” constitutiva de las acciones de protesta y como forma de interpelación a la autoridad estatal. En la perspectiva de los protagonistas se trataba de una reacción defensiva contra la hostilidad planteada por Prefectura; un “choque”, una “batalla” que podía implicar “derramamiento de sangre” si los productores llegasen a cumplir la amenaza de “invadir a Prefectura”. Dicha narrativa logró difundirse aun en el relato periodístico de un medio nacional, donde se aludió a una “tregua” para referir a los acuerdos o compromisos obtenidos por los manifestantes al término de la asamblea (Diario Clarín, 16 sep. 2020).

En un contexto donde el intenso flujo de intercambio transfronterizo (a distintas escalas), convierte a prácticamente todos los pobladores en contrabandistas o “chiveros”, el sujeto colectivo representado y sacralizado en el drama - por oposición y complementariedad - fue el del productor, el colono. A los ojos de la audiencia (interna y externa), únicamente esta figura aparecía como legítima a la hora de reclamar y/o defender su derecho a circular y trabajar con los tractores “importados” (y otras máquinas de gran porte), soslayando o rehuyendo otras formas de clasificación derivadas de la práctica del intercambio informal en el que la gran mayoría participa. Como advierte Alexander (2005, p. 42), “En los dramas sociales, los actores a menudo y de hecho, ocupan el rol social que actúan, pero su habilidad para seguir ocupando este rol está siempre en duda, y su legitimidad sometida a observación crítica”. Por ello una efectiva performance requiere de una adecuada re-fusión (del actor y el rol público que asume, del actor con el texto y de la performance y la audiencia) produciendo así la identificación, autenticidad y legitimidad buscada. Es entonces cuando la performance se convierte en una pragmática de la acción simbólica, generando nuevos textos, registros o marcas, susceptibles de conformar memorias colectivas.

Así, la asamblea fue el momento catártico donde la proyección de las emociones revistió de expresividad a los argumentos y permitió comunicarlos convincentemente. Podemos imaginarnos que en la movilización comenzó a prefigurarse la communitas, alcanzando su climax durante la asamblea.

A lo largo de este proceso la narrativa beligerante se combinó con otros discursos que rememoraban el sacrificio y el trabajo de los productores, a la vez que los involucrados establecieron una clara distinción moral con aquellos otros actores que debían, según ellos, ser objeto de las políticas de control y del procesamiento judicial. Para ilustrar lo antes dicho, transcribimos parcialmente algunos de los discursos que fueron enunciados durante la asamblea¹⁷:

Te digo jefe [se refiere al Jefe de Prefectura presente en la asamblea], yo era el primero - el sábado, cuando agarraron a mi vecino acá con el tractor - yo era el primero que estaba acá y dije “no vamos a dejar llevar el tractor porque yo sé cuánto mi vecino transpira, lo que yo transpiré toda mi vida...” y hoy, hoy, prefectura me destruyó mi vida. […] Pero con todo respeto, prefectura trató a mi gurí, a mi familia, peor que a un traficante! trataron peor que a un traficante (Productor autoconvocado 1, Registro en audio de la asamblea, 15 sep. 2020).

Esa es la realidad: si nosotros tenemos que comprar acá un tractor, va a haber el 10% de tractores acá, nomás. Y el 10% de producción en el municipio. Y no es solo Colonia Estrella, es Alba Pose, 25 de mayo [“si, toda la zona costera”, agrega otra persona], El Soberbio, toda la zona costera, toda se defiende así (Productor autoconvocado 2, Registro en audio de la asamblea, 15 sep. 2020).

No estamos contra la prefeitura [sic], peleando contra la prefeitura. Nosotros hace 20 años que estamos acá instalados, laburando... ellos - no sé si no me equivoco - hace 3 años que están instalados acá en nuestro municipio. […] respetamos el trabajo de ellos, pero tenemos que explicar la persecución que ellos hacen, he... tenemos que explicar a la gente la persecución (Productor autoconvocado 3, Registro en audio de la asamblea, 15 sep. 2020).

Así que nosotros queríamos ver si se solucionaba el tema, con un escrito o algo, para ver si solucionamos. Porque yo veo que cada “choque” que nosotros vamos a tener, cada vez va a ser peor! cada vez va a ser peor. La autoridad contra los productor [sic]. Por eso yo veo todas las caras de esos productor, todos preocupados porque cada vez va a ser peor el choque. Por eso mismo, si es para quedar una semana acá hasta que tengamos un resultado de afuera, vamos quedá. Vamo!!... ¿vamo a quedá o no gente?!! [arenga al público que responde entusiasmado] Dale vamo a quedá! [sic].

[Más adelante, agrega]… señor, Ud. hace bien el trabajo [dirigiéndose al jefe de Prefectura] nosotros somos productores hace 20 años, 30 años; nuestros viejos criaron a nosotros trabajando con buey, hoy nuestra riqueza es un tractor, esa es nuestra riqueza hoy. Es o no es?!! [pregunta al público que responde enfáticamente] Yo... yo llego a llorar si veo a una autoridad llevando un tractorcito.

[…] dijeron que la prefeitura [sic] hace control pero no están haciendo control… Vienen y primero piden... papel, ¿papel de dónde?!! [se oyen risas entre el público] papel de dónde?!... decime! van a arrancar el documento y van a llevar a nosotros con documento y todo. Papel no hay, no existe.

[Finalizando su exposición]…Yo quiero que Uds. entren, en tiempo de producir soja, que cada colono está arrancando los tronquitos de media hectárea para plantar su soja, que acá es una gran cosa porque no quieren joder más con tabaco (Productor autoconvocado 4, Registro en audio de la asamblea, 15 sep. 2020).

A partir de esta descripción, podemos coincidir con Alexander (2005, p. 37-38) que “Es la actuación dramática la que crea la conciencia y la configuración de los problemas sociales. Los dramas sociales, en otras palabras, buscan simultáneamente crear problemas sociales y resolverlos”.

Notas conclusivas sobre el proceso de atribución de sentido

Tras el análisis desarrollado podemos concluir que se trata de una sociedad que acepta y ha incorporado en lo cotidiano un conjunto de ilegalismos económicos que la situación de frontera habilita. A propósito de ello, existe un generalizado reconocimiento y consentimiento sobre estos, pero para los pobladores de frontera no todos ellos pueden ser calificados de la misma manera como delitos o contrabando. En este sentido, sugerimos que la acción de protesta calificada por los propios participantes como el “tractorazo” dramatiza ese aspecto de la dinámica social. Pero, también, sugerimos que lo que fue presentado como un conflicto entre la comunidad y la autoridad estatal, subrepticiamente minimizaba las diferenciaciones y tensiones en su interior: que los pequeños productores y trabajadores agropecuarios sufrían las medidas de control y en algún caso la punición legal que, según ellos, debería recaer sobre los intermediarios dedicados al transporte y comercialización transfronteriza a gran escala. Medidas que, sin embargo, pueden ser evadidas porque éstos últimos mantienen ciertos arreglos con agencias del gobierno provincial e incluso con funcionarios de las agencias de seguridad, dada la progresiva acumulación de poder económico y la producción de diversos tipos de “mercancías políticas” (Misse, 2002).

Imagen 4:
Reivindicaciones
Fonte: Archivo privado de M. K. (15 sep. 2020).

Más allá de esta tensión, mediante una aproximación etnográfica al caso, fue posible advertir que, según cómo se valorizan y se legitiman, las prácticas de comercio informal e ilegal son susceptibles de obtener el reconocimiento oficial como prácticas de excepción. De aquí que, si el drama pudo configurarse en base a circunstancias extraordinarias, la forma de resolución o reparación adoptada no podría ser sino ad hoc o sui generis. El universo de sentidos movilizado por el drama permitió poner en suspenso la operatoria legal a través de un singular modo de gestión de los ilegalismos en un espacio público en el que se reconoce, por un periodo determinado, una práctica prohibida como posible. La circunscripción estuvo dada por el Registro Especial de vehículos usados provenientes de Brasil. En otras palabras, el drama social fue el proceso constitutivo de la forma específica que en Colonia Estrella adoptó la gestión de los ilegalismos descritos.

Otro aspecto que no puede ser soslayado es la forma en que se reconceptualiza la noción de “ciudadanía” en los márgenes. En tal sentido, intentamos reconstruir el proceso por el que una relativamente pequeña sociedad rural, al experimentar una fase de creciente diferenciación social, logró constituirse en una communitas para presionar y disputar a la autoridad central (representada por las agencias de seguridad federales) la soberanía sobre un territorio donde los mecanismos de control son laxos (con relación al intenso flujo que lo caracteriza) y donde el estado se redefine constantemente, como destacan Das y Poole (2008). Si, por un lado, observamos la expansión de la securitización en Colonia Estrella; por otro, los pobladores elaboran una “idea de estado” por la cual este es percibido como ajeno sino contrario a las necesidades de los productores agrarios, al destacar la ausencia de políticas de fomento o de programas de créditos estatales para la compra de vehículos de gran porte (como sí, según enfatizan, los tiene Brasil)¹⁸. Esta redefinición del estado por parte de los productores se produce al experimentarlo como un agente que en vez de promover su inserción al mercado, por el contrario los expulsa o margina. Desde esta perspectiva, nuestros interlocutores justificaban la adquisición y “pase” de tractores desde el Brasil (entre otros tipos de bienes e insumos) como una práctica legítima y una forma de ejercicio de su soberanía económica desde los márgenes.

Por último, cabe destacar el proceso de significación que convirtió al tractor en símbolo dominante para celebrar los valores axiomáticos de la lucha por el reconocimiento estatal de lo que es percibido localmente como un derecho (de circulación en la jurisdicción municipal y de usufructo de las herramientas de trabajo agrícola). Al mismo tiempo puso en valor el trabajo, el sacrificio y la dignidad de los productores (cualquiera sea su estatus) que reproducen su existencia aun recurriendo con frecuencia a distintas formas de ilegalismos económicos, y asumiendo los riesgos de ellos derivados. De este modo, podemos afirmar con Turner (1980, p. 48) que en Colonia Estrella todas “las contradicciones de la humana vida social, contradicciones entre sociedad e individuo, o entre grupos, se condensan y se unifican en una sola representación, los símbolos dominantes”.

En perspectiva, el impacto del evento trascendió el escenario de lo político. Al cumplirse un año del épico “tractorazo”, el 15 de septiembre de 2021 se instituyó la 1º Fiesta del Tractor: “En reconocimiento al productor del municipio por su incansable lucha en mejora de sus condiciones de trabajo y defensa de sus herramientas” (según lo anunciaba el spot institucional de difusión del evento). En el marco de aquella fiesta¹⁹ se organizó una competencia de trilla con obstáculos y, durante el acto protocolar, se consagró el “monumento al tractor” como un símbolo de lucha, en el emplazamiento donde los productores se habían congregado. Ya referimos la importancia atribuida a estos vehículos en los “tractorazos yerbateros”, pero podemos decir que en este singular municipio del Alto Uruguay adquirió otro valor. Precisamente por ello, la competencia de tractores fue la principal atracción del evento conmemorativo que asumió la forma de una celebración agonística.

Al respecto, resulta importante mencionar estas acciones porque a los fines del análisis antropológico consideramos interesante interrogarnos sobre las formas en que el drama descripto podrá ser reelaborado e integrado en los procesos de memoria colectiva. Podemos esperar que la reedición de la fiesta nos ofrezca un escenario posible, así como la emergencia de una nueva crisis y un nuevo drama.

Fuentes

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PRODUCTOR AUTOCONVOCADO 2. Registro de áudio de la asamblea. Colonia Estrella, 15 sep. 2020.

PRODUCTOR AUTOCONVOCADO 3. Registro de áudio de la asamblea. Colonia Estrella, 15 sep. 2020.

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Notas