Introducción

La vida cotidiana en América Latina está impregnada de ejemplos en donde los ciudadanos tienen que navegar entre dos mundos para satisfacer sus necesidades de trabajo, reproducción y recreación. Uno de estos mundos es el legal, formal y otro informal, que a su vez tiene derivados en actividades ilícitas; el primero tiene reglas relativamente explícitas, pero ineficiente y está plagado de corrupción, mientras que el otro no tiene reglas ni costumbres regulares o rutinizadas, pero se impone en una suerte de incertidumbre duradera.

En ese mundo informal, varias organizaciones ilícitas de diverso carácter y escala han adquirido una capacidad de mercado notoria para proporcionar productos y servicios, determinando la vida cotidiana de vecindarios y de porciones enteras de ciudades como Medellín, Lima, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Caracas, Monterrey, la Ciudad de México o algunas ciudades de la Frontera norte de México como Juárez. Son forjadoras de un orden criminal.

Algunas organizaciones se concentran en el tráfico de drogas ilícitas mientras que otras combinan sus actividades y otorgan bienes y servicios forzosos como la protección, (que es una forma velada de extorsión). Estas asociaciones ejercen diversas prácticas predatorias en contra de los pobladores, tales como la venta forzada de protección o de mercancías robadas, piratas o de contrabando o el homicidio. En consecuencia, la región observó la emergencia de ciudades violentas y las tasas de homicidios más altas del mundo (CONCHA et al. 2019; BRICEÑO, 2015; AUYERO, et al., 2015; DAVIS, 2016). Varias de estas organizaciones operan dentro de la escala local, urbana y se dedican al 1) Tráfico de drogas ilícitas; 2) robo de autos; 3) robo de transporte y/o en el transporte contra usuarios; 4) “protección”, extorsión^[1] y Secuestro; 5) Piratería y contrabando; 6) fraude y préstamos forzosos; 7) tráfico de migrantes, sexual, prostitución y tráfico humano; 8) Tráfico y ventas de armas. Su presencia es notoria en varios mercados (Tepito en la Ciudad de México, shopping 25 de marzo en Sao Paulo). Algunos servicios públicos son operados por estas agrupaciones como el agua; el transporte público, la distribución de gas, la televisión por cable o la seguridad. En algunas situaciones controlan los servicios de salud y a las escuelas del barrio. En otros casos ofrecen servicios de protección social para presos (SEELKE, 2016, p. 3 en Centro América) y sus familiares, como el Primeiro Comando da Capital, PCC (MANSO; DIAS, 2018).

Campo minado

Estas organizaciones han desarrollado una amplia extensión de actividades económicas, sociales y han llegado a integrarse en varios niveles de gobierno. También han afectado la participación ciudadana, la representación y la manera como los ciudadanos se relacionan tanto con esos grupos, como con los gobiernos representativos, lo que genera distorsiones en la confianza, la legitimidad de los gobiernos y el acatamiento de las normas democráticas. Algunos grupos ofrecen mecanismos de resolución de disputas, sobre todo en vecindarios donde la policía no es confiable o no hay acceso a los servicios de justicia; entonces los pobladores terminan por acudir con los jefes de esas facciones para resolver conflictos y agravios, lo que ha generado una práctica de justicia fuera del Estado (SOUSA, 2004; y MANSO; DIAS, 2018). Todos deben obedecer esos grupos, desde los residentes de favelas hasta los de vecindarios más ricos. Están obligados a respetarlos y cumplir, pagar la doble tributación. Son súbditos de un orden violento, no de un régimen de leyes, un arreglo de poder estatal convencional.

Las consecuencias del estado de cosas descrito representan un “orden” producido por la dinámica entre actores legales e ilegales, con varios repertorios de acción y estrategias para gobernarla. Una gobernanza diferente a la descrita en la literatura.

El crimen transnacional ha evolucionado de manera vertiginosa tanto local como globalmente, no solo por el irresistible incremento de los delitos comunes, sino porque el mercado y las organizaciones ilícitas se han expandido desmesuradamente en escala transnacional. Hay un mercado de la violencia (ELWERT, 2018) o de actividades ilícitas global. Muchas de las actividades ilícitas tienen lugar en territorios concretos, pero son parte de cadenas de transacción global, en la medida que las redes bancarias, de comunicación y transferencias y transporte se agilizan. Varias organizaciones armadas no estatales tienen un control parcial de actividades en ciudades medias y en metrópolis en África, América Latina, Asia y Europa (DASQUE, 2008, pp. 60, 80) y están acompañadas de formas de violencia cruenta. En algunos territorios varias bandas operan simultáneamente, a veces en disputa, otras veces en asociación con la coalición gobernante.

Otras asociaciones se especializan en delitos específicos, como los flujos migratorios y los sistemas de transporte en aduanas. Algunas han llegado a incursionar en los negocios de deportes y entretenimiento. Todas han irrumpido en las sociedades y en los gobiernos en donde influencian, negocian, corrompen o controlan a sus gobernantes y explotan a sus pobladores. Financian candidatos y partidos, pueden vetar a quien se les oponga o interrumpir la carrera de un gobernante y algunos han llegado ser electos. Llegan a controlar los votantes de manera clientelar. Es un arreglo institucional diferente al de la política democrática representativa. Es la nueva sociabilidad violenta (MACHADO, 2004, p. 55).

Estos actores están ensayando diferentes relaciones con las fuerzas coercitivas de los Estados (policías, militares, ministerios públicos y otros gobernantes). Sus incursiones incluyen un amplio rango de acciones desde la mutua evasión, hacia la corrupción, la complicidad, la intimidación, la coexistencia conflictiva, la confrontación (guerra) o la simbiosis (DASQUE, 2008, p. 60), o la adquisición completa (compra) de corporaciones de policía para someterlos bajo su mando, como es el caso de México.

De acuerdo con Adorno y Salla (2007, p.9), la emergencia de esta forma de Criminalidad no puede separarse de las condiciones y tendencias que han trasformado nuestras sociedades desde los años ochenta con los cambios y la implementación de políticas neoliberales, que acompañaron la globalización económica y el debilitamiento de los Estados nacionales. Los gobiernos promovieron la desregulación de los mercados, sobre todo del financiero. Esto alteró las fronteras nacionales; incremento los flujos de capital volátil; creó espacios de actividades ilícitas nuevas; disminuyó los controles institucionales y la capacidad de combatir el crimen (ALVARADO, 2019, p. 61).

Los ciudadanos y los gobernantes de varias regiones del país están bajo ataque sistemático de diversos actores ilícitos en el orden nacional o internacional. En algunos casos atacan a los gobiernos o a los ciudadanos para intentar controlarlos, como ha sucedido en Rio de Janeiro y Sao Paulo en 2006 y luego de nuevo en 2016. También ha ocurrido en El Salvador en 2012, o en Monterey con Matamoros, en México en 2012. En otras ocasiones pactan convenios de “paz” en ciudades o territorios enteros (como en El Salvador en 2012 y en 2016, con treguas de distintas modalidades entre las bandas y los gobiernos, o de manera tácita, como en Sao Paulo en 2006). En otros casos hay estados de confrontación con el Estado (guerras, como ocurrió en México entre 2007 y 2018 entre el Estado y entre los grupos ilícitos). Una consecuencia es clara. Sus gobiernos y ciudades carecen del monopolio de fuerza coercitiva para gobernar e imponerse legal y legítimamente contra estos grupos. Este tipo de “equilibrios” de poder de facto producen una gobernanza no democrática e inestable en todas las escalas, desde las circunscritas a barrios o comunidades (bandas), hasta las transnacionales. No es un “orden” regulado ni creado bajo las instituciones y reglas de los Estados liberales y democráticos latinoamericanos. Por el contrario, lo erosiona.

Nos proponemos revisar las interpretaciones producidas sobre estos temas y planteamos una nueva definición más abarcadora. Metodológicamente, el trabajo se concentra en una revisión sistemática de la literatura sobre Crimen Organizado (CO) y en un número pequeño de casos comparados por el autor, que son Brasil, Colombia y México; no obstante, agrega casos de Perú, El Salvador, Paraguay para documentar y comprender mejor los rasgos organizacionales. El artículo toma en consideración los casos más afines y típicos, pero trata cubrir al máximo las diferencias entre asociaciones ilícitas. Su propósito es integrar los procesos complejos de un orden que genera reglas en estas agrupaciones.

Las interpretaciones del crimen organizado. Evidencia, alcances, y límites.

El estudio de las organizaciones criminales (OC) armadas es un área mayor en las ciencias sociales, aun cuando todavía no alcanza a comprender de manera completa su vertiginoso desenvolvimiento, sus nuevas áreas de actividad, su cobertura territorial y su complejidad burocrática y política.

Ahora discutiremos el concepto de Crimen Organizado (CO) y veremos en qué medida cubre la diversidad, la variedad de asociaciones que hemos venido planteando y qué aspectos merecen revisarse. Después ofreceremos una descripción lo más completa posible de estas organizaciones violentas y proporcionaremos una tipología de lo que son, sus dimensiones y alcances.

Diversos autores y organismos internacionales han tratado de forjar una definición mínima de crimen organizado CO. La mayoría de ellos utiliza idea convencional de: “Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos […] con miras a obtener un beneficio…” (Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado, UNODC, 2004). Según Chabat “…hay un consenso en que éste tiene al menos las siguientes características: (1) son “actividades criminales en una forma planeada con la perspectiva de obtener un beneficio; (2) una división del trabajo jerárquica de tipo empresarial y continua …; (3) el uso de violencia e intimidación …; (4) …influencia sobre, o la corrupción de varios funcionarios electos y nombrados u otros pilares de control social y líderes de opinión ...” (CHABAT, 2010, p. 4). Subraya que el crimen organizado es una actividad no ideológica, no posee fines políticos, y que tiene una membresía restringida sobre una base de confianza étnica, geográfica o familiar. (IDEM). Otros autores formulan una noción muy similar (BRICEÑO et. al. 2015, p. 21. FLORES, 2013, p.71, agrega la impunidad).

Como lo mostraremos a continuación hay muchas y diversas configuraciones de las OC que incluyen esas dimensiones, pero también otros rasgos no considerados previamente. El concepto termina con una extensión de sentido muy amplia y una intención ambigua, que no agrupa bien todas las organizaciones.

Comencemos por las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) y luego haremos una descripción de muchas otras agrupaciones con base en su origen, sus propósitos, el tipo de actividades ilícitas, sus incursiones políticas y su relación con la sociedad. Describiremos pandillas transnacionales, milicias, paramilitares, autodefensas, guerrillas y grupos insurgentes, mafias y redes criminales de corrupción.

Las OTD son las más analizadas (DURÁN, 2019, en prensa). Practican una actividad ilícita global que incluye cultivación, manufactura, distribución y venta de sustancias prohibidas, como la cocaína, la marihuana, opio (y pasta de opio), la heroína, las drogas sintéticas y sus precursores y derivados. Estas fueron inmediatamente asociadas a la idea de CO. La meta de las primeras empresas criminales fue participar en alguna parte de la cadena productiva de las drogas ilícitas, pero se han ido diversificando, entre otras cosas, por la política de combate de los gobiernos, por el incremento de la competencia, la reducción relativa de las ganancias y otros temas como la evolución de las propias corporaciones.

La cocaína envuelve un mundo económico complejo y global con consecuencias políticas y sociales sorprendentes. Brasil es un territorio para el tráfico de cocaína hacia otras regiones del mundo, y a la vez cuenta con un millón de consumidores. (UNODC, 2015; LEEDS, 1996, p.48). Pero no solo eso. La economía de la cocaína permite conseguir fondos y equilibrar las fuerzas político militares en países tan lejanos como Mali, porque el tráfico proporciona dinero a todos los grupos, a las facciones militares y a las milicias, entre otras cosas para comprar armas (ANTIL, 2012, pp.314-15).

Las OTD de Colombia han evolucionado de manera compleja desde la formación de las primeras organizaciones lideradas por personajes como Pablo Escobar o el cártel de Cali, hacia formas de menor escala y con dominio de las mexicanas. Otra historia de las OTD proviene de Brasil, con el Comando Vermelho (CV) de Rio de Janeiro y luego con su antagonista, el Primeiro Comando da Capital, PCC (MANSO; DIAS, 2018, p.11).

Las nuevas OTD son más sofisticadas que las originarias, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG; la Familia Michoacana; los Caballeros Templarios. Y luego están los Zetas como un capítulo particular en la cruenta lucha entre organizaciones, pero sobre todo porque reflejan una nueva forma de organización y de integración de diversas actividades ilícitas, como la extorsión, el robo de combustible y la piratería. Los Zetas surgen de la división del Cártel del Golfo, que contrató a este grupo de desertores del ejército mexicano (los gafes) y que fue separándose hasta crear una corporación trasnacional, con un conjunto paralelo de empresas en varios países (CORREA, 2017) cada vez más violentas.

Podemos continuar con las bandas de barrios y de las favelas, como en Rio de Janeiro (SOUSA, 2004), o la Mara en ciudades de Centroamérica (RODGERS, 2017; CRUZ et al., 2017 y MORA; CEBALLOS; PÉREZ, 2018), hacia corporaciones urbanas de redes (ARIAS, 2017, pp.246-247) para Brasil. Briceño y Camardiel para Caracas (2015, pp.15-24), o más sofisticadas y centralizadas, como el Comando Vermelho, CV o el PCC, en varias urbes de Brasil (DIAS et al., 2012 y MANSO; DIAS, 2018). En Colombia operan paramilitares, algunos agrupados en las Autodefensas Unidas (ROMERO, 2007), como otro conjunto de grupos dedicados a actividades militares, entre ellos las Bandas Criminales (BACRIM o los Combos, como La Cordillera en Pereira (MARTÍNEZ, 2017), o las guerrillas urbanas Bolivarianas, las milicias populares del ELN y otros grupos que llaman residuales (de miembros o ex combatientes del ELN); las guerrillas en Cali, o grupos que inicialmente fueron cobradores extorsivos y mafias (la oficina de Envigado en Medellín) (ROZEMA, 2007, pp. 535-536). Hay estudios sobre formas de auto-organización comunitaria (autodefensas) para combatir otros grupos ilícitos y a los gobiernos que no protegen o se coluden con el crimen en México (MALDONADO, 2010; FUENTES, 2015). Otro fenómeno son las cada vez más notorias “milicias” en ciudades de Brasil (CANO; DUARTE, 2012). Las nuevas firmas tienen arreglos corporativos, como los Zetas (CORREA, 2017 y AGUAYO, 2019). O también las organizaciones Guerrilleras que se dedican al tráfico, la extorsión, el lavado de dinero y tiene una doble cara, política y criminal. El ELN es una de ellas.

Los paramilitares son otro tipo de organización criminal vasto y diverso. Son estructuras predatorias de formación muy similares y próximas a los militares en entrenamiento, reclutamiento, organización, uso armas y estrategias de combate. Tienen unidades de comando y control similares a las militares o a las guerrillas más consolidadas, con alguna vinculación histórica con los viejos conflictos civiles o las dictaduras militares (contrainsurgentes) que luego devinieron en nuevos grupos insurgentes. En este sentido muchos parecen ser leales al Estado o a una coalición política en lucha por consolidarse, no buscan su destrucción. Suelen apoyar grupos de la élite política y a veces hasta corporaciones transnacionales (CORREA, 2017). En ocasiones funcionan como estructuras armadas paralelas o clandestinas del estado (MCSHERRY, 2005, p. 6), pero no son parte del Estado, tienen una clara autonomía y pueden crear sus propias agendas criminales, aunque tengan vínculos y algunos de sus miembros hayan sido parte del Estado, y actúen como apoyo a la inteligencia militar en conflictos y utilicen instrumentos de coerción terror y tortura contra los pobladores o sus enemigos para apoyar otras operaciones estatales. A veces surgen para promover a grupos políticos, como ocurrió con el pacto de Santa Fe del Ralito, un pacto entre miembros del gobierno y varios paramilitares agrupados bajo las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con el propósito de crear un nuevo pacto social para la paz. Fue acompañado por miembros de la clase política y de la iglesia católica y fue popularmente conocido como la parapolítica. El pacto era el reconocimiento de una extensa actividad de varias agrupaciones paramilitares que firmaron un pacto con el gobierno colombiano (ROMERO, 2007, pp. 8, 43, 363, 365) Sus propósitos combinan beneficios políticos con fines de lucro (derrotar a las guerrillas, apoyar a otro grupo políticos, reprimir ciertos grupos insurgentes, permitir –apoyar el ascenso de un grupo político). Por lo general tienen una ideología de conservadora (anticomunista). En la mayoría de las ocasiones tienen algunos vínculos con el gobierno, con los militares o las policías. Sus armas son bastante sofisticadas. Casi todos cuentan con financiamiento regular o reciben subsidios indirectos (la mayoría de las veces ilícitos), más allá de la captura de rentas por pillaje de guerra. Su membrecía es concertada.

Otras formaciones paramilitares nos ofrecen contrapuntos. Desde 2013, se han observado en el estado de Michoacán, México, grupos armados de pueblos y comunidades que se autodenominaron “autodefensas” (FUENTES, 2015). Son organizaciones de civiles armados, articulados bajo el liderazgo de figuras carismáticas con alguna identidad y reivindicación comunitaria, y que inicialmente pretendían defender su patrimonio, la integridad personal y familiar. La gran mayoría no estaban supeditados a la autoridad civil o comunitaria aun cuando algunos surgieron de ellas. De allí que expertos la definan como defensa comunitaria, (FUENTES, 2018, p. 21). El tamaño y número de seguidores es muy diverso, aún más que los paramilitares de Colombia y su reclutamiento y financiamiento es muy variable. En sus inicios eran financiadas por las comunidades; luego solicitaron apoyo del gobierno. Sus armas son muy variadas. Algunos tienen entrenamiento militar. Muchas comenzaron luchando contra otras organizaciones ilícitas en la región, pero otras más resultaron tener parentesco con ellas, de manera tal que meses después de “defender al pueblo” exigieron apoyo financiero compulsivo a las comunidades, la práctica del favor extorsivo, una suerte de solidaridad negativa (DÍAZ, 2019) o predatoria.

Otro tipo de organización limítrofe es la llamada milicia que comenzó a tomar relevancia en Rio de Janeiro desde el año 2006. El término describía grupos de agentes armados del estado (policías, bomberos, agentes penitenciarios) que controlaron comunidades y favelas y ofrecieron protección a cambio de un pago de los residentes o los comerciantes. Estos grupos lucraron con el nuevo control monopolístico de diversas actividades ejercidas como la venta de gas, el transporte “alternativo” o el servicio de TV por cable (CANO; DUARTE, 2012, p.12). Al principio, los vecinos toleraban a la milicia. El entonces prefecto de la ciudad los definió como “autodefensas comunitarias”. Pero Misse las asocia con los grupos de exterminio de la dictadura brasileña (MISSE, 2011, p. 13. Citado en CANO; DUARTE, 2012, p. 12). Cano y Duarte proponen que la milicia contiene cinco rasgos 1) Dominio territorial y de populaciones de áreas reducidas (por parte de grupos armados irregulares); 2) Alguna coacción contra los moradores y los comerciantes. 3) Motivación de lucro individual; 4) Un discurso de legitimación relativo a la liberación del tráfico y la instauración de un orden “protector” y 5) La participación pública de agentes armados del Estado en el comando de las milicias (Ibid, p.15).

Otra forma de organización local y regional la representan las bandas o pandillas, que no son parte de las OC, con algunas notables excepciones. Por lo general son agrupaciones de origen barrial, territorial de jóvenes entre 12 y 24 años, que incorporan a sus miembros de manera compulsiva y con ritos violentos. Por lo general tienen un nombre y sentido de identidad (con la vestimenta, los tatuajes) y procesos de socialización complejos (RODGERS, 2017, p. 649). Muchas de ellas practican robos y asaltos comunes, pequeños, pero otras cometen vandalismo, extorsión y otros delitos ‘serios’ como narcotráfico, asesinatos, violaciones o tráfico de armas. Hay dos casos relevantes y en permanente confrontación para Norteamérica que son las Maras. Una es la Mara 18 y otra la Mara Salvatrucha o MS-13, creadas en Los Ángeles, California (grupos de protección contra otras pandillas), durante los años en que los centroamericanos se refugiaron allá para protegerse de la guerra en El Salvador. Cuando regresaron entablaron conexiones transnacionales duraderas (RODGERS, 2017). La Mara cuenta con hasta 85 mil agremiados distribuidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (SEELKE, 2016, p. 2-3). Es la principal generadora de la violencia en las calles y en las prisiones y se organiza en “clicas”. Se han convertido en una amenaza contra la población y los gobiernos y estos han intentado clasificarlas como terroristas. La presencia y evolución de estas asociaciones muestra una ruta particular de desarrollo de organizaciones criminales que hoy día es subcontratada por otros grupos como los Zetas. Según Rodgers, las pandillas se tornaron predatorias trasnacionales cuando comenzaron se volvieron narcotraficantes (RODGERS, 2017, p. 650)

Mención particular merece el PCC, por su propia historia, así como hace más obvias las dificultades de utilizar el término de CO. De acuerdo con Manso y Dias (2018, p. 11 y ss.). Surgido desde las cárceles de Sao Paulo como mecanismo de protección de los presos contra abusos de las autoridades y para controlar la violencia en su interior, esta facción creció para convertirse en una de las más impresionantes organizaciones de tráfico de droga, de contrabando de cigarros y de control de juegos (Ibid, p.15) en Brasil y con fuerte presencia en Paraguay. Ha sido sistemáticamente antagónica con las autoridades (particularmente contra sus “enemigos”, las policías brasileñas y los guardias de las prisiones) y con muchas otras bandas (como el CV) de forma tal que se ha convertido en fuerza forjadora de un nuevo orden coercitivo paraestatal en la región; es una agencia reguladora del crimen (idem, 2018, p.119). Una idea similar estás en VOLKOV, 2002, para Rusia). Tiene un programa y una clara jerarquía interna con códigos de conducta, planes de acción y procedimientos de justicia interna, mecanismos de reclutamiento (bautizos), reglas de afiliación, así como una red de apoyo económico y social a sus integrantes y sus familias afuera de las prisiones (idem). Tiene un sistema de contabilidad de sus activos escrito que, establece su código, son usados por la estructura burocrática para defender sus afiliados (ídem, p.12). Este Partido do Crime está basado en las llamadas células o “sintonias” en cada prisión y en barrios pobres de una decena de ciudades brasileñas que forman “colectivos decisorios” en ámbitos regional, estatal, nacional e internacional (Ibíd., p.14). Cada unidad tiene un representante de facción para conducir negocios y servir de referencia en la resolución de conflictos (idem). Es prácticamente la única asociación que tiene un mecanismo de comunicación abierto para sus agremiados a través de los “Salves” y el uso general de WhatsApp y cuenta con una inmensa cantidad de miembros (casi 30 mil). Las instancias máximas de PCC están en Sao Paulo: “a Sintonia Geral Final (SGF), el Resumo disciplinar, formadas por un grupo selecto de presos (Ibídem). Es interesante notar que la relación entre esas sintonías es de “colegialidad” reflexión y debate conjunto. Pero otras decisiones como una ejecución o el ataque al gobierno vienen de la última instancia.

Antes de terminar esta sección, hay que tomar en cuenta la presencia de organizaciones guerrilleras y terroristas. Algunas OTD han utilizado tácticas terroristas y tienen comunicación en el mercado negro (como La Familia Michoacana lo hizo en Morelia, Michoacán, contra la población, o los Zetas en Monterrey cuando los incendiaron un casino y matar a 52 personas en 2011 como represalia contra el dueño por no pagar la extorsión, o en 2010 con la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas). Sus tácticas para dominar poblaciones y territorios, para intimidar al estado o a otros grupos y aterrorizar a la población semejan las de organizaciones terroristas. Pero otras no lo han hecho. Hay ciertamente algunas organizaciones clasificadas como terroristas, como Sendero Luminoso en Perú en los años ochenta y hasta principios de los noventa. El Ejército de Liberación Nacional colombiano, ELN, también ha sido calificado como asociación terrorista por varios gobiernos, y opera varios negocios ilícitos, como el contrabando (de gasolina), de drogas, de armas y la captura de recursos gubernamentales. Las FARC no encajan totalmente en la misma definición y sus acciones recientes las llevado a negociar pactos de paz e incorporación política.

Para completar esta descripción y tipología, otras estrategias ilícitas organizadas provienen del mundo de los negocios corporativos y de altas esferas del gobierno, que incluye redes de empresas de la construcción, energía, dirigentes de partidos políticos, gobernadores estatales, alcaldes, miembros de los congresos y del poder judicial. Las estrategias están anudadas bajo esquemas de corrupción y varias otras formas de transgresión a la democracia mediante financiamiento ilícito de campañas. Una constelación de estos escándalos ha sido revelada con el caso de Lava Jato de Brasil, en donde un consorcio de empresas a la cabeza de las cuales está Odebrecht, ha producido la mayor crisis política de varios países, comenzando con Brasil, pero se extiende a Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, Argentina y México. En El Perú, cuatro ex Presidentes de la Republica están bajo investigación (Ollanta Umala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuszynski) y uno de ellos se suicidó en abril pasado (Alan García) para evitar ser procesado. En Colombia han realizado averiguaciones sobre financiamiento a congresistas y al ex Presidente M. Santos. En Argentina se han presentado acusaciones a miembros del gabinete de Cristina Kirchner; en El Salvador en contra del ex Presidente Funes; en Panamá contra Jorge Martinelli; en Ecuador contra el ex-Vice-Presidente Jorge Glas y en México hay averiguaciones sobre algunos ministros del gabinete de Peña. Varios gobernadores han sido procesados en nuestros países por corrupción, tráfico de bienes ilícitos o por coludirse con organizaciones criminales. Así tenemos los casos de Félix Moreno C. del Callao, Perú, por aceptar sobornos de Odebrecht.

La inmensa estrategia transnacional muestra la articulación entre empresarios criminales con políticos corruptos, que conciertan grandes obras públicas para beneficio corporativo y personal. Capturaron los gobiernos para monopolizar los negocios. Es ruta es una forma de actividad criminal organizada no armada.

Finalmente podemos incluir otra serie de mafias que resultan de la combinación entre una coalición política corrupta y una OTD. Así ocurrió en Tamaulipas con un conjunto de gobernadores del PRI y el Cártel del Golfo y continuó con los Zetas, que además integraba miembros de policías locales y federales. Varios ex gobernadores están siendo investigados o procesados por estar directamente involucrados con asociaciones criminales (sobre todo Tomás Yarrington, ex gobernador de 1999 a 2005 en Tamaulipas, por tráfico de influencias, lavado de dinero, desvío de fondos y colusión con los Zetas y el Cártel del Golfo. El autor ha documentado 16 casos de gobernadores procesados en México, en El Perú y en Brasil ver también DAMMERT, 2018 y FLORES, 2009, p.71).^[2] Pero también encontramos casos en Brasil, como el de Sergio Cabral Filho, de Rio de Janeiro, procesado desde 2014 por crear un esquema amplio de corrupción, lavado de dinero, licitaciones ilícitas, con la participación de un grupo político local.

Para ofrecer una síntesis y una tipología, exponemos la siguiente figura.

Figura 1
Organizaciones ilícitas armadas y no armadas operando en diferentes territorios de Latinoamérica

Como apreciará el lector, la figura cubre nueve tipos de organización criminal que son relativamente diferentes en sus propósitos; tienen distinta escala, forma, actividad, continuidad, número de miembros, capacidad de fuego y financiera. Todas pretenden obtener algún beneficio para sus agremiados; utilizan los mismos recursos; comparten varios rasgos de organizaciones del crimen que afectan la economía (regional e internacional), a las estructuras políticas y las sociedades donde asientan sus acciones predatorias y combaten. La gran mayoría son organizaciones armadas y utilizan la violencia de formas explícita. Algunas son organizaciones de origen “barrial” con ligas familiares, vecinales, cercanas, que utilizan la confianza interpersonal para facilitar las transacciones (o la cohesión o el capital social para sustentar la eficacia de sus prácticas); o carcelarias, mientras que otras requieren grados crecientes de organización, división y jerarquía en las operaciones, planeación, gerencia y ejecución a través de una elaborada organización del trabajo (interno). Algunas son centralizadas, otras son federaciones, o redes o franquicias.

Sus arreglos institucionales son heterogéneos entre sí; algunas incursionan en el ámbito gubernamental y electoral; además influyen en los partidos, los sindicatos y controlan grupos de ciudadanos (han creado nuevas formas de control político (ALVARADO, 2019, p. 61).

Hacia una definición sociológica comprensiva de las organizaciones criminales.

Las definiciones de crimen organizado han sido aplicadas para interpretar y explicar la existencia, prácticas y relaciones de grupos criminales con el estado. Pero los propósitos por los cuales surgen, las formas de organización, la gerencia, la organización interna, las relaciones con la población y con el estado que rebasan dicha categoría. Hoy se discute si generan una forma de gobernanza.

La categoría de CO no permite esclarecer por qué surgen, cuál es su origen, las formas de operación y las relaciones que entablan en el mercado ilícito. En las páginas anteriores mostramos como no hay una sola ruta ni origen de las organizaciones criminales trasnacionales; no todas empezaron en el tráfico de drogas ilícitas o como las mafias europeas. Su estructura interna es diferente y las rutas de “evolución” son distintas a lo que dice la literatura criminal o la de tráfico de drogas.

Muchas tienen origen externo a las actividades económicas de las regiones en donde operan, mientras que otras han surgido apoyadas por los moradores para protegerse de otras formas predatorias de extorsión y amenaza a su seguridad, como las autodefensas.

A partir de aquí el presente artículo propone que la economía ilícita comprende hoy numerosas actividades ilegales (productivas, extractivas y servicios). No es una economía integrada, pero está densificada; existen vínculos entre diversas actividades ilícitas y también interfaces con la economía formal. Ambas estructuran la conducta de las personas, sus rutinas, espacios, percepciones y producen sentidos; legitima las acciones y genera vínculos sencillos entre las personas y las actividades.

Qué es una organización criminal

Es una organización continuada de un individuo o grupo de individuos que pretenden para sí (ilegalmente) la adquisición de rentas (licitas e ilícitas) de la economía y del Estado, así como obtener poder de mercado y poder político para desarrollar sus actividades. Son organizaciones conscientemente construidas, sofisticadas en la gerencia, dirección o liderazgo, que llamo empresario criminal. Sus propósitos pueden ser múltiples y no alineados, tales como el beneficio de sus miembros mediante la ganancia o también mediante esquemas de protección (como las organizaciones de presos o de autodefensa). La mayoría de estas firmas no tiene una doctrina o una ideología, pero esta no es una categoría excluyente. Como lo mostramos en el caso del PCC existe un código escrito público de los propósitos y formas de actuación, de la jerarquía; las guerrillas tienen también propósitos ideológicos aun cuando a veces los medios para obtenerlos (la violencia y las acciones criminales) terminan por subsumirlos. Su organización interna de carácter continuado tiende a ser colectiva, con reglas y jerarquía para la división de tareas. Utilizan la violencia ostensiva o la amenaza de la violencia como mecanismo de intimidación, control, captura de personas, grupos, mercados o instituciones (así como la corrupción, colusión o desaparición de miembros del estado o la sociedad). Su afiliación es masiva. El Estado es una institución necesaria para desempeñar sus actividades. Los fines políticos son parte central de sus propósitos. El PCC marca con nitidez que el Estado es el enemigo del grupo. La membresía es muy variable y existen formas de selección complejos (hasta por esquemas de subcontratación).

Cuadro 1
Dimensiones de las OC

1ª. Propósitos: incluyen la búsqueda de protección, de lucro y de poder político; algunas cuentan con doctrinas explícitas; otras con reglas y ceremoniales informales.

2ª. La gerencia. Hoy día la gran mayoría de las OC tienen dirección colectiva y son dirigidas por empresarios criminales o de la violencia, que surgieron de este proceso de incremento de la complejidad y la burocratización y que tiene considerable influencia económica y política.

3ª. Estructura interna. La división de tareas y jerarquías tiene principios burocráticos; Puede ser centralizada, una federación, o sistema de redes. Tiene una estructura laboral extensa con gerentes, empleados, contadores, abogados, trabajadores; tiene mecanismos de reclutamiento y membrecía. Su tamaño es apreciable.

4ª. Finanzas. Extenso modelo de administración de rentas, contabilidad, pagos. Algunas cuentas abiertas (PCC).

5ª. Cobertura territorial y de mercado: Algunas son supra-urbanas y otras transnacionales (Zetas, CJNG); algunas tienen dedicación exclusiva a una mercancía; otras diversifican e integran productos. Utilizan la violencia armada como mecanismo de posicionamiento territorial y de mercado, con la excepción de Odebrecht.

6ª. Relaciones con el estado y sus agentes. Es una meta de toda agrupación. Por parte del estado, hay estrategias de política pública y otras de grupos políticos.

7ª. Relaciones con la sociedad. Se mueven en un eje de protección-predación. Puede tener base territorial, gremial, estar enraizada en las comunidades o en redes clientelares.

8a. Relaciones entre ellas. Puede ser de confrontación, colusión, subcontratación, o complementariedad. Algunas usan el tráfico de drogas y productos ilícitos como “medio” para realizar ciertos fines; Hay ligas con organizaciones terroristas, como el Estado Islámico, Hezbollah o varias guerrillas insurgentes en África.

9ª. Gobernanza. Puede ser centralizada, franquicia o federación. La jerarquía superior es clandestina. Al interior de la organización criminal puede haber desde células base o grupos o comandos o clicas; varios están integrados como corporación, con juntas directivas; con gerencias; algunos tienen procesos de decisión colectiva.

10. Otros aspectos. Incluye manejo del ambiente geopolítico y organizacional (estados, orden internacional legal y criminal).

Una interpretación de las nuevas organizaciones. Reflexión final

A partir de este enunciado podemos plantear algunas reflexiones a manera de hipótesis, que explican el origen y la tipología de ellas. La primera es sobre la organización industrial de la empresa criminal, como respuesta a las presiones del mercado (ilegal) y de la presión del Estado. La segunda refiere al surgimiento de un nuevo tipo de dirigente, el empresario criminal o empresario de la violencia con fuerte inserción en las élites económicas y políticas. Hay un desarrollo de un espíritu del emprendedor en las acciones ilegales que incluye actitudes, creencias y prácticas de orden económico y político, que son parte de un ethos criminal. Algunos cuentan con propensión a relaciones sociales más extensas y a ejercer cierto liderazgo carismático. En tercer lugar, los empresarios del crimen buscan involucrarse en la política. Los vínculos con las autoridades son necesarios para la protección de los negocios. En cuarto lugar, hay un proceso de burocratización, por el desarrollo de la competencia y crecimiento del negocio. Hipotéticamente, la complejidad de estas firmas criminales está en función no solo de su ingreso o su clandestinidad, sino sobre todo del grado de integración, extensión territorial, número de afiliados, jerarquías y actividades ilícitas. Un resumen de sus dimensiones se encuentra en el cuadro 1.

El trabajo permite entender que todas son organizaciones complejas y compiten en un ambiente donde no existe el monopolio de la violencia coercitiva de los estados. Tienen relaciones entrelazadas en la estructura política de varios estados, no sólo de uno.

Ahora bien ¿Qué factores propiciaron el desarrollo de las organizaciones criminales? Por supuesto, las condiciones nacionales son importantes (ADORNO, 2013, pp. 421-422), como también lo es el tipo de desarrollo urbano desigual y segregado. En ciertos países hubo otras condiciones políticas e incluso naturales (la cocaína en Colombia o el opio en México). Pero algunas condiciones políticas deben ser examinadas. Romero propone que la limitada democratización de Colombia abrió el camino a la paramilitarización y la continuación de las guerras (ROMERO, 2007, p.363) y permitió la expansión del narcotráfico. Es probable que los procesos de democratización estén parcialmente afectados por la criminalidad.

No todo el crimen surge por la desigualdad, por la desestructuración económica tan profunda que vivió la región, o por la falta cohesión social o la ineficacia colectiva, sino también por la ambición económica de crear y acumular riqueza o por la necesidad de protección. Estas son las dos motivaciones más afines a todos los tipos criminales de hoy. Por este motivo surgieron los nuevos empresarios con sus enormes burocracias, armadas, violentas.

En todo caso, en contraste con las teorías y conceptualizaciones de CO y de la democracia queremos la narrativa del trabajo muestra que estamos ante una metamorfosis mayor de las instituciones, porque no se ha logrado la consolidación de las democracias, porque no existe el monopolio de la violencia por parte del Estado. Y no se creó un Estado de derecho (con las excepciones de Chile y Uruguay). Pero tampoco hay una prueba de que el crimen sea una causa de su colapso sino su erosión.

Para apoyar nuestra propuesta, nos basamos en las teorías de la organización industrial como también la de las organizaciones complejas. De la teoría de la organización industrial rescatamos la idea del surgimiento de la firma criminal; es una manera como las asociaciones ilícitas resolvieron su ingreso al mercado, para obtener poder de mercado, enfrentando los desafíos de la información incompleta, la falta de cooperación, las dificultades para hacer cumplir los contratos, costos de monitoreo, de transporte y los altos costos de transacción y la necesaria evasión de la punición estatal. En este sentido tuvieron que diseñar estrategias y utilizar la violencia, sobre todo para mantenerse dentro del mercado muy competido (ver ALVARADO, 2012 y BERGMAN, 2016, p. 49). Cuando se conjugan estos factores, aparecen los incentivos para usar recursos no lícitos, así como la violencia como recurso de control de los actores del Estado o los enemigos (especialmente cuando el costo de co0meter ilícitos es bajo por la alta impunidad y la corrupción gubernamental).

En este sentido, además de la independencia de la variable del crimen organizado, la crisis actual tiene componentes institucionales de gobernanza, esto es, por los arreglos organizacionales entre sociedad, el mercado y el poder.

Por otra parte, estas agrupaciones se han tornado complejas en su organización interna, en su interacción, su retroalimentación entre distintos momentos y sectores de una organización y su interacción con el ambiente. La mayoría de asociaciones superan a los individuos que las crearon, están en procesos de burocratización. Las direcciones hacia las cuales han llegado no son lineares; más bien contingentes, con mucha incertidumbre. Por esta razón hay tantas versiones y adaptaciones de formas organizativas para un tema como el tráfico de drogas. Procuran controlar la incertidumbre ambiental, reducir el riesgo de castigo y crecer, lo cual no siempre es posible. Por estas razones combinan redes existentes y estructuradas para agregarlas y aplicarlas a nuevas formas de acción. Ahora bien, prácticamente ninguna ha logrado procesos de rutinización o de institucionalización de sus prácticas como reguladoras del crimen. Algo incipiente ocurre en Brasil con el PCC, pero esto manifiesta que no tienen el control del mercado ni de la organización coercitiva de las sociedades.

En todo caso consideramos que la categoría propuesta de organizaciones criminales es un avance frente a la de CO porque reconsidera sus principales dimensiones y agrega otras que comprenden y explican mejor las nuevas compañías.

Referencias

ADORNO, Sergio. (2013), “Democracy in Progress in Contemporary Brazil: Corruption, Organized Crime, Violence and New Paths to the Rule of Law”. International Journal of Criminology and Sociology, no.2, pp.409-425.

ADORNO, Sergio; SALLA, Fernando. (2007), “Criminalidade organizada nas prisões e os ataques do PCC”. Estudos Avançados, vol. 21, no.61, pp.7-29.

AGUAYO, Sergio. (2019), Zetas. México: Ediciones La jornada.

ALVARADO, Arturo. (2019), .Violencia política y electoral en las elecciones de 2018”. Alteridades, vol. 29, no. 57, pp. 59-73.

ALVARADO, Arturo. (2012), El tamaño del infierno. Un estudio sobre la criminalidad en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. México: El Colegio de México.

ARIAS, Enrique Desmond. (2017), Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. New York: Cambridge University Press.

ANTIL, Alain. (2012), “Trafic de cocaïne au Sahel”, Études, vol. 417, no. 10, pp. 307-316.

AUYERO, Javier; BOURGOIS, Philippe; SCHEPER- HUGHES, Nancy. (Eds.). (2015), Violence at the urban margins. Oxford: Oxford University Press.

BARBOZA, Karem. (2017), “Moreno solo reportó gastos por S/1,4 millones en campaña del 2014”, en línea: https://elcomercio.pe/politica/moreno-reporto-gastos-s-1-4-millones-campana-2014-noticia-479640.

BERGMAN, Marcelo. (2016), Drogas, narcotráfico y poder en América Latina. Argentina: Fondo de Cultura Económica.

BRICEÑO-LEÓN, Roberto; CAMARDIEL, Alberto. (2015), Delito organizado. Mercados ilegales y democracia en Venezuela. Caracas: Alfa.

CANO, Ignacio; DUARTE, Thais. (coords.). (2012), No sapatinho: a evolução das milícias no Rio de Janeiro [2008-2011]. Rio de Janeiro: Laboratório de Análises da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Heinrich Böll.

CHABAT, Jorge. (2010), “El Estado y el crimen organizado transnacional: amenaza global, respuestas nacionales”. Istor: revista de historia internacional, vol.11, no.42, pp. 3-14.

CONCHA-EASTMAN, Alberto; MUÑOZ, Edgar; RENNÓ, Mateus. (2019), “Homicides in Latin America and the Caribbean [In press]”. In: RIVERA, Liliana; BADA, Xóchitl. (Ed.). The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America. Oxford: Oxford University Press.

CORREA, Guadalupe. (2017), Los Zetas Inc. Criminal Corporations, Energy and Civil War in Mexico. Austin: University of Texas Press.

CRUZ, José; ROSEN, Jonathan; AMAYA, Luis; VOROBYEVA, Yulia. (2017), La nueva cara de las pandillas callejeras: El fenómeno de las pandillas en El Salvador. USA: Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe/ Instituto Jack D.

DAMMERT, Lucía. (2018), “Corrupción y crimen organizado: la fragilidad estatal de Perú”. Nova Criminis, vol. 9, no. 14, pp. 133- 154.

DASQUE, Jean-Michel. (2008), Géopolitique du crime international. Geneva: Ellipses.

DAVIS, Diane. (2016), “The Production of Space and Violence in the Cities of the Global South: Evidence from Latin America”. Nóesis, vol.25, pp. 1-15.

DIAS, Camila; SALLA, Fernando; SILVESTRE, Giane. (2012), “Políticas Penitenciárias e as facções criminosas: uma análise do regime disciplinar diferenciado (RDD) e outras medidas administrativas de controle da População carcerária”. Estudos de Sociologia, vol.17, no.3, pp. 333- 351.

DÍAZ, Arturo. (2019), Economías de la inseguridad: violencia, estado y (des) orden local. Tesis de Doctorado. El colegio de México- México.

DURÁN, Angélica. (2019), “Illicit Drugs and Organized Crime in Latin America: New Scholarship and the Future of Alternative Policies [In press]”. In: RIVERA, Liliana; BADA, Xóchitl. (Ed.). The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America. Oxford: Oxford University Press.

EFE. (2018), “Río de Janeiro se desangra tras veinte años de corruptelas de sus gobiernos”, en línea: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/rio-de-janeiro-se-desangra-tras-veinte-anos-corruptelas-sus-gobernantes/10001-3827830.

ELWERT, Georg. (2018), Intervention in markets of violence. En Potentials of disorder. Manchester: Manchester University Press.

FLORES, Carlos. (2013), Historias de polvo y sangre. Géneis y evolución del tráfico de Drogas en el estado de Tamaulipas. México: CIESAS.

FUENTES, Antonio. (2018), Defender al Pueblo. Autodefensas y Policías Comunitarias en México. México: BUAP.

FUENTES, Antonio. (2015), “Narcotráfico y Autodefensa Comunitaria en ‘Tierra Caliente’, Michoacán, México.” Ciencia UAT, vol.10, no.1, pp.68-82.

HARDING, Luke. (2011), Mafia State: How one reporter became an enemy of the brutal New Russia. London: Guardian Books.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI). (2019), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública [ENVIPE] 2019.

LEEDS, Elizabeth. (1996), “Cocaine and parallel polities in the Brazilian urban periphery: Constraints on local-level democratization”. Latin American Research Review, vol. 31, pp.47-83.

MACHADO DA SILVA, Luiz. (2004), “Sociabilidade violenta: por uma interpretação da criminalidade contemporânea no Brasil urbano”. Sociedad e Estado, vol.19, no.1, pp. 53- 84.

MCSHERRY, Patrice. (2005), “What Was Operation Condor?. In: MC.SHERRY, Patrice. Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

MALDONADO, Salvador. (2010), Los márgenes del estado mexicano: Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán. Michoacán: El Colegio de Michoacán.

MANSO, Bruno; DIAS, Camila. (2018), A Guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Brasil: Edição padrão.

MARTÍNEZ, Luis. (2017), A las sombras del contrabando. Violencias, mercados criminales y lógicas institucionales en Risaralda, Colombia, en el periodo 1990- 2015. Tesis de Doctorado. FLACSO- Argentina.

MISSE, Michel. (2011), “Crime organizado e crime Comum no Rio de Janeiro: diferenças e afinidades”. Revista Sociologia e Política, Curitiba, vol. 19, no. 40, pp. 13-25.

MORA, Minor; CEBALLOS, Florencio; PÉREZ, Juan. (2018), “El desafío de la inclusión social en contextos de violencia. Reflexiones desde Centroamérica”. In: PÉREZ, Juan. (Ed.) Vidas sitiadas. Jóvenes, exclusión laboral y violencia urbana en Centroamérica. Costa Rica: FLACSO.

OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. (2015), Informe mundial sobre las drogas 2015. Viena: Naciones Unidas.

OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. (2004), Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Viena: Naciones Unidas.

PERÚ 21. (2018), “Odebrecht: Presidentes del Perú y la región salpicados por el caso Lava Jato”, en línea: https://peru21.pe/politica/presidentes-peru-region-salpicados-caso-lava-jato-400508-noticia/

RODGERS, Dennis. (2017), “Bróderes in arms: Gangs and the socialization of violence in Nicaragua”.Journal of Peace Research, vol.54, no.5, pp. 648-660.

ROMERO, Mauricio. (Ed.). (2007), Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Colombia, CEDEC-Corporacion Arcoiris.

ROZEMA, Ralph. (2007), “Paramilitares y violencia urbana en Medellín, Colombia”. Foro Internacional 189, vol. XLVTI, no.3, pp. 535-550.

SEELKE, Clare. (2016), “Gangs in Central America”. CBR report Congressional Research Service, en línea: https://www.hsdl.org/?abstract&did=795162

SOUSA, Rosinaldo. (2004), “Narcotráfico y economía ilícita: las redes del crimen organizado en Río de Janeiro”. Revista Mexicana de Sociología, vol.66, no.1, pp.141-192.

VOLKOV, Vadim. (2002), The Monopoly of Force. Violent Entrepreneurs and State Formation in Russia, 197-2000. Ithaca: Cornell University Press.

Notas