Introducción

El tráfico de personas no es un acontecimiento novedoso ni exclusivo de ciertos países y de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la última parte del siglo XX se ha observado lo que se ha calificado como una “segunda gran oleada de migraciones de la época contemporánea” (MÉXICO, 2015, p. 3) en donde por lo menos 214 millones personas han migrado de sus lugares de origen.

Si bien, teóricamente, el concepto migración se ha definido tradicionalmente como el cambio de residencia que involucra un reajuste completo de las afiliaciones del individuo en la comunidad (CARASSOU, 2006, p. 24), lo que se ha transformado es la forma en que se emprenden estos movimientos, pues contrariamente a la concepción de que la migración se trata de un acto individual, espontáneo y voluntario (ARANGO, 2003, p. 3), este tipo de movilidad se está desplegando en forma colectiva y muchas veces estos desplazamientos son forzados por la inseguridad, violencia, así como, por la desigual distribución espacial del capital y del trabajo. Lo que persiste en estos traslados es que las personas tienden a dirigirse a aquellos lugares donde esperan obtener mejores condiciones de vida.

Históricamente, la ubicación geográfica de los países determina la existencia e incremento de flujos migratorios, por lo que México – a través de su extensa frontera con la Unión Americana en el norte y de territorio sureño con Centroamérica - se ha constituido como un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas cuyo estatus migratorio es irregular.

México ha sido tradicionalmente un país que ha abierto sus puertas a miles de migrantes que, debido a desastres naturales, dictaduras o crisis económicas, han visto en el país una protección temporal o bien un destino que han convertido en permanente. Es así que a lo largo de tres siglos desde la conquista, pasando por la independencia y hasta el México de la actualidad, la presencia de los extranjeros ha constituido poco a poco como una nación multiétnica.

A manera de ilustración, en la década de 1980 el tránsito de personas por México se incrementó debido a las guerras civiles. En 1998, el Huracán Mitch provocó graves destrucciones que incrementaron la pobreza de países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, provocando en la región importantes flujos migratorios hacia el norte. Aunado a ello, los conflictos armados experimentados en la región durante las décadas de los setentas y ochentas obligaron a muchas personas a dejar sus países, sobre todo en las naciones mencionadas anteriormente.

De acuerdo al Alto Comisionado de la ONU para la Ayuda al Refugiado (ACNUR), cerca de 400.000 extranjeros ingresan cada año por la frontera sur de México. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que son alrededor de 500.000 personas indocumentadas las que transitan por la nación mexicana anualmente.

A partir del año 2018, el número de centroamericanos indocumentados que ingresa a México ha aumentado en cientos de miles las cifras acostumbradas. En respuesta a la vulnerabilidad que representa viajar solo por el territorio mexicano, el migrante centroamericano ha decidido no transitar sólo sino en agrupaciones con las que pueda enfrentar el clima desfavorable de dicho movimiento.

Evidentemente, el número exacto de extranjeros que ingresan por la frontera sur mexicana es difícil de establecer, pues día con día la cifra aumenta o disminuye. No obstante, hay estimaciones que indican que para el año 2017, el total de inmigrantes fue de 1.224,169. Los datos más actuales del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2020 especifican que el número de eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria de enero a abril de 2020 fue de 3.131 salvadoreños, 11.106 guatemaltecos y 14.854 hondureños. De estos países, los extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana en este mismo período fueron 1.976 salvadoreños, 8.966 guatemaltecos y 9.881 hondureños (MÉXICO, 2020).

Este artículo plantea que los miles de migrantes que ingresan anualmente por la frontera sur de México, son víctimas de los eventos violentos ocurridos en territorio mexicano, generados por los altos índices de delincuencia en el país así como por la rigidez de la política migratoria mexicana la cual es consecuencia de la vecindad con los Estados Unidos. Se expone que en lugar de ser invasores en territorio mexicano, los migrantes indocumentados son víctimas tanto de las crisis económicas y de seguridad en sus países de origen como de las agendas anti-migrantes de los territorios por los que transitan.

Este trabajo se apoya en una amplia revisión documental de informes y datos estadísticos tanto de instituciones gubernamentales como de organismos internacionales, asimismo se han tomado en cuenta testimonios y quejas de migrantes ante asociaciones civiles, fiscalías generales de justicia y comisiones defensoras de Derechos Humano.

1. Factores que favorecen la migración

Los centroamericanos se han visto forzados a emprender el viaje hacia el norte de América debido a los problemas vividos en sus países de origen, especialmente la incapacidad de sus gobiernos para salvaguardar sus vidas. Estos migrantes enfrentan numerosos retos como la violencia y los abusos, principalmente contra las mujeres y niños, a lo largo de las rutas que utilizan para huir de la muerte. Y como si no fueran suficientes todos los peligros que involucra el proceso de migrar, los migrantes de Centroamérica también enfrentan el desinterés de los países de destino en ofrecerles la protección internacional que tanto necesitan.

Los migrantes centroamericanos sufren violencia, por lo menos, dos veces, una vez en su país de origen y la otra en el país de tránsito o de su destino final. En su país de origen, porque existe violencia generalizada, conflictos armados, violación masiva de los derechos humanos e, incluso, por las causas mencionadas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. De acuerdo al CEPAL (2018) las tasas de feminicidios en los países del Triángulo del Norte de América Central (TNAC), que está compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, son las mayores de América Latina, concentrando 87% de los casos ocurridos en el año 2017. Asimismo, sufren violencia en el país de tránsito o destino, por la discriminación, los abusos, el engaño o por la violencia física, sexual, moral, psicológica y patrimonial.

En otras ocasiones son las fuertes crisis económicas, la falta de desarrollo económico sostenible, el desempleo, los bajos salarios, el encarecimiento de la canasta básica o cuestiones ambientales, los factores que obligan a nacionales del TNAC a dejar sus países en búsqueda de mejores condiciones y mayor poder adquisitivo. (DÍAZ; GONZÁLEZ; FLORES, 2018, p. 244/263). Para el año 2000, las salidas de los centroamericanos de sus países han sido originadas por la inseguridad que les genera la presencia de bandas delictivas organizadas internacionalmente, entre ellas, la mara salvatrucha. Por estas causas, los migrantes centroamericanos solicitan refugio a los Estados Unidos y México.

Sin embargo, esta situación ha llamado la atención en el ámbito del Derecho Internacional de los Refugiados, pues encontrar una salida a los desafíos de las Américas es tan urgente como en las crisis migratorias vividas en otras partes del mundo. Y:

A pesar de ciertas paralelas con las situaciones de conflicto armado interno (como Siria), el escenario en el Triángulo Norte, plantea un conjunto distinto de retos adicionales en la búsqueda de protección para los refugiados y desplazados de estos países. (CANTOR, 2016, p. 77).

Ciertamente, es hasta que la Unión Americana concreta políticas migratorias más restrictivas que México tiene que enfrentar la movilidad centroamericana con diferentes perspectivas. En el siglo XX se construyen y habilitan las conocidas estaciones migratorias con el afán de detener y recluir a extranjeros indocumentados. Además, se implementan operativos de contención en donde son constantes las agresiones y violaciones a los derechos humanos de estas personas. A este respecto, Santiago (1993, p. 33) afirma que:

Aunque el reconocimiento y protección de los derechos humanos básicos pertenezcan al Estado, el siglo XX ha sido testigo de que con alarmante frecuencia el Estado no sólo no cumple con esta tarea sino que se convierte con frecuencia en agente de violación de los mismos.

Si bien, existe un libre tránsito a través de la República Mexicana, los extranjeros sin documentos migratorios pagan su derecho de paso tanto a criminales como a oficiales abusivos y logran superar los obstáculos que representan los controles migratorios. Dicho sea de paso, muy pocas veces y muy pocos migrantes recurren a la violencia para continuar su camino hacia el norte. (CASTILLAS, 2008, p.157/174).

Entre las vulnerabilidades que poseen los migrantes están los factores culturales como el idioma o la religión, el desconocimiento de la legislación, el no contar con recursos para costear los servicios de un abogado, los trámites burocráticos de las oficinas gubernamentales, la desconfianza en las autoridades, la carencia de un domicilio estable para recibir notificaciones, el temor de ser víctimas de la delincuencia organizada o de particulares, la impunidad entre instituciones y la discriminación por falta de un documento que acredite su estancia legal.

Los migrantes centroamericanos utilizan las vías terrestres, siguen el tránsito del ferrocarril y abordan en forma masiva los trenes de carga conocidos como “la bestia” que atraviesan el territorio mexicano transportando materias primas, algunas de alto riesgo como amoniaco, ácido sulfúrico y gas (DIARIO EL COMERCIO, 2014). Estos trenes llegan a transportar entre 1.000 y 1.500 migrantes. El tren tiene dos rutas. Una de ellas comienza en Tapachula, pasa por Veracruz y finaliza en el estado de Tamaulipas hasta llegar a Reynosa. La otra ruta Tapachula-Nogales-Tijuana es la más larga, inicia en Chiapas, recorre entidades como Irapuato, Querétaro, Estado de México, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Los Mochis para continuar en Hermosillo, finalizando su travesía en Nogales. (DÍAZ; GONZÁLEZ; FLORES, 2018, p. 147).

Rutas ferroviarias utilizadas por migrantes
Fuente: Hernández López; Porraz Gómez; Morante Aguirre, 2019.

Existen centroamericanos que comienzan su trayecto en la ciudad de Tenosique en Tabasco, cruzan ciudades como Córdoba y Orizaba previo a llegar a la Ciudad de México, y en Querétaro bifurcan su camino, siguen su paso por San Luis Potosí, se dirigen a Saltillo continúan en Monterrey, cruzan el libramiento ferroviario existente en los municipios de Escobedo y García. En su trayecto hacia el centro, entidades como San Luís Potosí se convierten en espacios que reúnen no solo a migrantes sino a traficantes de personas extranjeras. Otros llegan a Ciudad de México, desde donde siguen su camino hasta llegar a otras fronteras como Piedras Negras; Ciudad Juárez; Tijuana; Nogales, Agua Prieta o el Sásabe.

Rutas de los centroamericanos por México
Fuente: Castillas, 2008

Su recorrido puede durar entre tres semanas y dos meses, no obstante, muchos son repatriados. Debido a las políticas migratorias más restrictivas de los Estados Unidos, se han implementado programas que obstaculizan su cruce. De acuerdo al Instituto Nacional de Migración mexicano (INM), cada año son repatriados aproximadamente 250.000 centroamericanos y ascienden a 1.300 los que son asesinados y/o mutilados. Además, las rutas de los trenes en sus cientos de kilómetros están controladas por la delincuencia organizada. Todos afrontan los peligros e injusticias del transcurso del viaje, pues son vulnerables a los abusos y violaciones a sus derechos humanos.

Por otro lado, la migración resulta lucrativa, porque ayuda a generar un movimiento de capital. Los migrantes consumen en los países de paso y de destino, y con los trabajos que consigan envían dinero a sus familiares o bien reciben de sus parientes que viven en los Estados Unidos. Frecuentemente tienen que pagar a los coyotes sus viajes clandestinos y asumir los gastos generados por la extorsión practicada por autoridades locales o por los secuestradores que se aprovechan del estado de vulnerabilidad de los migrantes.

Organizaciones civiles han documentado que autoridades mexicanas, entre las que se nombran agentes aduanales, autoridades migratorias, policías federales y municipales les cobran por “sus servicios”. Por otro lado, encuentran en su camino a los llamados “polleros” o “coyotes”, ya sean mexicanos o centroamericanos quienes facilitan su desplazamiento hasta la frontera norte. Precisamente son estos grupos quienes muchas veces los hostigan y solicitan precios elevados por estos servicios. En este ambiente de inseguridad y ante su desesperada necesidad de conseguir facilidades para su ingreso y tránsito, en el territorio nacional, los migrantes son presa de asaltos, violencia y, consecuentemente, de violación a sus derechos humanos. (DURAND, 2008).

Las políticas de contención de EUA seguidas por México han encarecido el traslado migratorio de los centroamericanos. Sin dinero, con necesidades básicas que cubrir y sujetos de costos y cobros ilegales, los migrantes se ven obligados a recurrir a distintas alternativas para financiar el gasto que implica la migración.

Una forma de financiamiento que ha resultado efectiva en los últimos años ha sido la recepción de remesas en su paso por México ya sea para continuar su trayecto al Norte – dinero que termina en manos de delincuentes como traficantes ilegales, polleros o funcionarios corruptos - o bien para regresar en caso de aquellos que desistan de su propósito. En este sentido, se aprecia un incremento en los servicios de Western Uniony MoneyGram los cuales operan dentro de empresas mexicanas de autoservicios. De acuerdo a CASTILLAS (2008, p. 174), para octubre de 2006 Western Union ya tenía una amplísima red con 1.569 locales en México, 74 en Guatemala, 70 en Honduras, 30 en Panamá y 81 en Perú, con ambiciosos planes de expansión en los países citados y otros del entorno regional. Por otro lado, las remesas también han dado lugar a secuestros express.

Con todo ello, lo que se aprecia son procesos de articulación y cohesión entre los migrantes y sus familiares en los Estados Unidos que son sus patrocinadores, es decir, un fortalecimiento del tejido social desde, por y parael mundo subalterno de los migrantes.

2. Violencia y abusos

Las violencias que sufren los migrantes pueden categorizarse en violencia social, legal, criminal y estructural. Social debido a la discriminación, es decir, las conductas antisociales en su contra. La sociedad los considera intrusos ilegales que no tienen legitimidad para reclamar sus derechos. Además, son considerados revolucionarios que entran a un país sin permiso incitando confrontaciones e irrumpiendo el orden social.

Suele pasar que, basada en prácticas xenófobas, etnocéntricas y racistas, la sociedad receptora domina la población migrante y determina cómo será su calidad de vida, el tipo de trabajo que tendrá (como los subempleos), dónde vivirá (probablemente en los lugares más marginalizados, pobres o peligrosos de la ciudad), etc. La migración genera no solamente un sentimiento de rechazo, pero revela la falta de voluntad de solidarizarse con los migrantes forzados. Para agravar aún más esta situación, en el caso de los centroamericanos, considerados parte de la población de los países más violentos del mundo, terminan siendo asociados a las maras, al crimen organizado, al narcotráfico, a la prostitución, etc. Lo que resulta en choques culturales y desigualdades entre los nacionales y los extranjeros.

También padecen violencia legal debido a que las leyes antimigrantes y políticas cada vez más estrictas y restrictivas de los gobiernos, infringen el derecho humano al libre movimiento (MENJIVAR; ABREGO, 2012, p. 4). Los programas y acciones legales contra los migrantes se exponen en el punto V de este manuscrito.

Asimismo, sufren violencia criminal, tal como es referida en este apartado. Si bien el tránsito de migrantes ha sido una constante, la agenda migratoria México-Estados Unidos así como los altos índices de delincuencia organizada han obstaculizado el tránsito de los centroamericanos por territorio mexicano. Específicamente, a partir del 2007, la delincuencia organizada vio en estos extranjeros una fuente de ingresos y encontró en el secuestro de migrantes una fuente más de ingresos (IZCARA, 2016, p. 45).

En este contexto, los migrantes centroamericanos son vulnerables a la violencia, a la trata de personas, a la explotación, extorsión, abuso sexual, abuso de autoridad, robo, secuestro, discriminación, agresiones físicas y psicológicas, tal como lo informa La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (KNIPPEN; BOGGS; MEYER, 2015). Por su parte, el INM documentó que del año 2012 al 2017 se reportaron 2.912 casos de migrantes víctimas de algún delito (HIGAREDA; PERALTA, 2018). La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) realizó un estudio en el año 2015, en el que estimó que más de 1.700 de las 30.321 personas migrantes recibieron atención en los albergues y expresaron haber sido víctimas de algún delito. REDODEM (2017) especificó que en el año 2018, 3 de cada 4 de los delitos sufridos por los migrantes en tránsito corresponden a robos. Los migrantes centroamericanos refieren que los delitos que sufrieron fueron robos 66.5%, extorsiones 25.7%, lesiones 2.6% y secuestros 1.4%. Se calculó que 45.7% de esos delitos fueron ejecutados por miembros de la delincuencia organizada, 12.8% fueron cometidos particulares y 41.5% por las mismas autoridades, incluidos policías federales, municipales y estatales. (DÍAZ; GONZÁLEZ; FLORES, 2018, p. 149).

Como consecuencia de la sangrienta guerra contra los cárteles de la droga implementada en México, los migrantes son presas de crímenes como el secuestro, la explotación y el asesinato por parte de las bandas de narcotraficantes (ULTRERAS, 2012). REDODEM (2017) ha señalado que cerca de 31.000 personas han sido captadas, de las cuales el 90% son hombres y 10% son mujeres. En efecto, de acuerdo al INM, en promedio 4 de cada 10 migrantes atendidos por el INM fueron secuestrados. (HIGAREDA; PERALTA, 2018).

De acuerdo a las denuncias de ONG’s, desde el año 2006 el cártel de Los Zetas organiza y ejecuta los secuestros de migrantes. Este cártel controla las rutas y los grupos del tráfico de indocumentados en el sureste de México y la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Al inicio de esta década, el crimen organizado, principalmente Los Zetas, asumió el control total de esta actividad, y con ello también creció el peligro para los indocumentados por esta ruta. La delincuencia organizada aprovecha además para reclutar inmigrantes como integrantes del grupo delictivo. (GONZÁLEZ, 2018, p. 169/194).

Por cuanto al secuestro masivo de migrantes, en solo 5 meses casi 10.000 emigrantes centroamericanos que iban hacia los EUA fueron secuestrados. 72 migrantes fueron secuestrados y asesinados en Tamaulipas en 2010, 29 cuerpos fueron encontrados en Nuevo León, en 2012. En 2014, se reportaron más de 500 casos de víctimas de este crimen y 699 casos fueron reportados, en 2016. El delito de secuestro a personas migrantes es una problemática derivada de una política que se limita al control y rechazo a estos grupos vulnerables.

Los Zetas no es el único grupo delincuencial que desarrolla simultáneamente actividades de trata y tráfico con migrantes, un informe de la CNDH (2008) especificó que pandillas transnacionales como la “Mara Salvatrucha 13” y la “Barrio 18”, asaltan y extorsionan a los migrantes, con participación de extranjeros en todo el país. Además, existen casas de seguridad difíciles de localizar para el analista social.

Existen indicios de que algunos hoteles llegan a ser utilizados con este propósito, tanto en el sur–sureste como en localidades del centro–norte y en localidades fronterizas del norte mexicano, aparte de casas que igualmente se encuentran en lugares estratégicos de las rutas principales de transmigración. (CASTILLAS, 2008, p. 157/174).

En otras ocasiones, los migrantes son sujetos a privaciones arbitrarias de la libertad, abusos en las detenciones, irregularidades en las estaciones migratorias en las que sufren tratos crueles e inhumanos, hacinamiento y falta de atención médica, tráfico de narcóticos, tráfico ilícito de indocumentados, violaciones, trata de personas, etc.

Por otro lado, el Movimiento Migrante Mesoamericano^[1] revela que la migración por parte de las mujeres ha incrementado y al cruzar la frontera sur de México, “7 de cada 10 mujeres sufren de abuso sexual y 9 de cada 10 son acosadas sexualmente durante el viaje rumbo a los Estados Unidos”. Ellas son víctimas de “secuestros, violaciones, asaltos y trata de personas” en manos de los coyotes, del crimen organizado o de narcotraficantes. También son víctimas de autoridades policiales, que las amenazan con regresarlas si no cooperan con la violación.

En la región del TNAC, la violencia afecta principalmente a los jóvenes menores de 30 años, ya que a menudo los hombres jóvenes están obligados a entrar a pandillas, los padres de familia se convierten en víctimas de la extorsión de los grupos armados, los niños no van a la escuela por miedo a las acciones de los miembros de las pandillas, los adolescentes sufren por los ataques provocados por las fuerzas de seguridad, que creen que pertenecen a esas pandillas, y las mujeres, como anteriormente mencionado, sufren explotación sexual y demás formas de violencia. (AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2016).

Es decir, por un lado, el desplazamiento de personas se ve impulsado por el crimen organizado y el aumento de redes ilícitas transnacionales, y, por otro, ha sido fortalecido por la persistente inacción de las autoridades para enfrentar las causas de la migración forzada y, consecuentemente, los abusos y violencias cometidos contra los extranjeros indocumentados, los cuáles no son investigados con diligencia.

En este sentido, parece que los Estados son conniventes con las causas de la migración forzada o que, en la mejor de las hipótesis, tienen poca fuerza estatal de policía para cohibir la actuación de los narcotraficantes y del crimen organizado.

En varias recomendaciones, la CNDH ha propuesto al Sistema Nacional de Seguridad Pública que emprenda acciones conjuntas para luchar contra el secuestro de las personas migrantes, la impunidad y la discriminación. Se ha recomendado que se tome a las personas migrantes como grupo vulnerable dentro de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y se ha solicitado que se ofrezca apoyo a las víctimas, se sancione a los responsables así como que se haga válida la reparación del daño.

Por tanto, si se analiza el fenómeno migratorio de modo más completo se ve que ello no representa solamente un problema social, sino también un problema jurídico por la negligencia de EUA y México en cumplir las leyes, por el irrespeto a la Convención de la ONU, de 1954, y la inexistencia de un estatuto internacional específico sobre los desplazamientos forzados. Asimismo, resulta un problema político por no haber políticas públicas de protección eficaces para los refugiados y mucho menos para los desplazados forzados.

3. Endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos

En la década de los 90, EUA iniciaron una nueva estrategia de contención, la cual se prolongaría a lo largo de ese decenio. Entre 1991 y 1993, se levanta una cerca en California, por el rumbo colindante con la ciudad de Tijuana, dos años después se aplican el operativo Blockade el cual cubría una extensión de 20 millas en el área urbana de El Paso y que consistió en que todos los agentes migratorios fueran transferidos desde la ciudad y colocados directamente en la frontera en donde existían la mayor cantidad de cruces de indocumentados. (ANDREAS, 2000). El operativo cambia su nombre – por la connotación negativa - a Holdthe Line (defender la frontera). El año de 1994, se aplica la Operación Gatekeeper en la región de San Diego. En 1995, el Operativo Safeguard.

Aparte, entre 1993 y 2006 las fronteras de Arizona, California y Texas implementaron operativos especiales en sitios en que de forma recurrente se han detectado ingresos irregulares de inmigrantes. A consecuencia de ello, los extranjeros indocumentados han buscado zonas más inseguras y riesgosas en sus trayectos. (ANGUIANO; TREJO PEÑA, 2007, p. 47/65).

Un cambio fundamental en la política migratoria se presenta durante la administración de George W. Bush quien después del ataque terrorista a las torres gemelas, en 2001, impulsó importantes cambios y en donde la seguridad nacional sería prioridad. Por su parte, Barack Obama deportó más migrantes que el período presidencial de Bush. Con la administración americana en turno, en 2017, a los pocos días de haber tomado protesta como Presidente de los EUA, Donald Trump firmó una orden ejecutiva sobre inmigración. El decreto exigía que el Secretario de Seguridad Nacional tomase las acciones necesarias para que las autoridades estatales y locales firmaran más acuerdos con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE). De esta forma, más oficiales de policía estatal y local se convirtieron en agentes de inmigración. En específico, las nuevas prioridades de deportación dejaron más vulnerables a la mayoría de los migrantes indocumentados.

En octubre del año 2018, las movilizaciones migrantes adoptaron otra modalidad: las caravanas (HUERTA; MCLEAN, 2019). Ese año, otras cuatro caravanas entraron a México y en 2019 tuvieron lugar al menos otras 2. El presidente estadounidense Donald Trump, las calificó como una invasión y amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Esto hizo que el gobierno mexicano de Peña Nieto resistiera las caravanas con gases lacrimógenos y violencia por parte de policías antimotines, registrándose enfrentamientos entre migrantes y la Policía Federal en el puente fronterizo y detenciones masivas por parte de agentes migratorios. A pesar de las proyecciones del presidente mexicano electo López Obrador por defender el derecho del migrante al libre tránsito y de optar por una política de puertas abiertas a los hermanos migrantes, esta ayuda no pudo ser efectiva.

Además, los recortes presupuestales a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el incremento exponencial de la migración en el primer trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo un aumento de más de 200% respecto al año anterior, aunado a las amenazas de Trump, responsabilizando a México por la invasión migrante, provocaron que el discurso de López Obrador se endureciera. El discurso desafiante de Trump para imponer aranceles a productos mexicanos como represalia por la invasión migrante, originaron que el 7 de junio de 2019 se anunciara un acuerdo por el cual México se comprometía a desplegar efectivos de contención, al tiempo que aceptaba que los solicitantes de asilo en EUA esperaran la resolución de su caso en territorio mexicano. Con esto, México se convierte en «tercer país seguro». A cambio, el gobierno estadounidense desistía de los aranceles y otorgaba su respaldo al Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica como estrategia para resolver la crisis migratoria (BOBES, 2019).

Una acción más agresiva fue la del 30 de junio de 2019 cuando se desplegaron hacia las fronteras miembros de la recién creada Guardia Nacional. Para septiembre ya se habían desplegado más de 25.000 efectivos en la frontera sur. Se inicia entonces una ofensiva contra los migrantes que incluye la multiplicación de operativos, redadas y retenes de verificación, en cuyo curso se han producido violaciones graves a los derechos humanos. En este contexto, las autoridades mexicanas bloquean el paso a migrantes, interceptan a los menores de edad no acompañados antes de que lleguen a territorio estadounidense, cumpliendo con las metas migratorias del gobierno estadounidense de Trump.

Es así que el gobierno mexicano, quien no cooperaría con la política antimigratoria de Trump, ha seguido una agenda de contención y devolución de migrantes. Estas medidas, han desplazado la política humanitaria migratoria y cancelaron la política de puertas abiertas y solidaridad del nuevo gobierno de México. (AHMED; SEMPLE, 2019).

4. Leyes migratorias y refugio en México

Por su parte, en México ha habido importantes cambios legislativos en materia migratoria. En este escenario, el marco jurídico de los migrantes se conforma por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 11, 14, 17, 30 y 33; la Ley General de Población; la Ley de Migración Nacional, de 2011; el Reglamento de la ley migratoria, de 2012 y la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, de 2011. La Ley de Migración tiene como propósito erradicar la connotación de ilegalidad con la que se ha tratado a los migrantes, teniendo en consideración que las personas no son ilegales y que en todo caso tienen una condición irregular en el país.

En México, el hecho de que los extranjeros estén indocumentados no les hace criminales, pues es una falta de carácter administrativo más no un delito. Además, en la Constitución mexicana no se hace distinción entre nacionales o extranjeros cuando se habla de los derechos que esta otorga y, al estar incluidos en los tratados internacionales, México debe buscar la mayor protección para estos.

No obstante, se aprecian contradicciones en la política migratoria mexicana ya que con todo y las referidas reformas, la respuesta de México ha sido de cooperación con la Unión Americana, sobre todo después del tono amenazante con la administración de Trump ha procedido durante su administración. A través de ello, es posible afirmar que la principal contradicción social encontrada, a partir de esta crisis migratoria, es la incompatibilidad entre los logros y avances legales - en materia de migración - a lo largo de las décadas y el nítido retroceso de las políticas migratorias que, simplemente, cierran cada vez más las puertas de sus países para los extraños.

Sin lugar a duda, hay un contraste considerable entre los instrumentos jurídicos de protección a la persona desplazada o refugiada y el rechazo institucional o legal de México y EUA hacia los solicitantes de refugio. Las respuestas que les han dado a los solicitantes de refugio son adversas a lo que está determinado en convenciones y protocolos internacionales, acuerdos y pactos globales, declaraciones regionales y en las leyes nacionales de ambos países sobre los derechos humanos y sobre la protección de los refugiados y desplazados forzados.

Además, de acuerdo con el ACNUR (2018), los registros y solicitudes de refugio de personas oriundas del TNAC aumentaron más de dieciséis veces entre 2011 y 2017. Por ejemplo, en el año 2016, 9 de cada 10 personas que solicitaron refugio eran originarias de los países del TNAC. Considerando el número total de solicitudes de refugio procedentes de Latinoamérica a partir del año 2017, con el incremento de las venezolanas, las solicitudes de refugio de centroamericanos contabilizaron 59%. Cabe mencionar que, en 2017, aumentó a 40% el porcentaje de solicitudes de refugio a México por parte de mujeres que huyen de violencia o persecución en sus países de origen y que el aumento de solicitudes de refugio por parte de niñas, niños y adolescentes fue de más de 300% entre 2013 y 2017. En general, los principales países de los que procedían las personas reconocidas como refugiadas o que recibieron protección complementaria, en 2017, fueron de El Salvador (34%) y Honduras (27%). Tan solo en este año, 14.596 personas solicitaron refugio en México. Solamente 30% logró concluir el procedimiento y únicamente 2.825 fueron reconocidas o recibieron protección complementaria. (COMAR, 2017).

En 2019, más de 30.000 migrantes hondureños solicitaron la condición de refugiado en México, de El Salvador se registraron 8.991 peticionarios, 8.677 casos de Cuba y 7.662 migrantes de Venezuela buscaron refugio ante la COMAR. Para ejemplificar esta situación se presenta la siguiente tabla:

Resoluciones emitidas por la COMAR a la condición de refugiado entre enero y septiembre de 2018

Elaboración propia con datos de la COMAR

País de nacionalidad	Refugios concedidos	Refugios denegados	Desistidos
El Salvador	264	138	19
Guatemala	43	35	4
Honduras	279	285	62

Como se puede apreciar, a pesar del incremento en solicitudes de refugio, a través de visas de carácter humanitario, son muy pocos los migrantes que reciben estos permisos de estancia por lo que en su desesperación por cambiar de entorno, la mayoría opta por la vía indocumentada para atravesar el territorio mexicano. En consecuencia, desde finales del siglo XX, las principales nacionalidades que conforman el total de extranjeros indocumentados son la guatemalteca, hondureña y salvadoreña.

Teniendo en cuenta el aumento progresivo de las solicitudes de refugio y que la mayoría de ellas ha sido rechazadas por los países de destino, es importante entender cómo se da la protección de los refugiados y desplazados forzados de Centroamérica en América del Norte y seguir defendiendo los derechos humanos de todos y cada uno de los centroamericanos que huyen de la muerte en sus países, pues antes que nada ellos son seres humanos que también deben ser respetados en su individualidad.

Conclusiones

La migración centroamericana indocumentada mantiene un crecimiento constante debido, en su mayoría, a la precaria condición económica de los países que vive esta región. En su tránsito, los extranjeros que emprenden el trayecto a la Unión Americana no siguen una sola ruta sino que se observa una diversificación de flujos y caminos en los que, lamentablemente, encuentran abusos por parte de delincuentes, de autoridades migratorias y de elementos de seguridad pública.

Ahora bien, en sus recorridos intervienen diversas instituciones humanitarias, que conectan los espacios geográficos por los que se mueven, se trata de redes de apoyo y distintos actores sociales que, solidariamente, les tienden la mano y proveen satisfactores a sus necesidades básicas, les dan información, asesoría o bien proporcionan refugios y servicios de salud. En otras palabras, como contrapeso al ambiente que los vulnera, discrimina y excluye, existen varios actores y redes de ayuda que colaboran a su vez con otras organizaciones que atienden las necesidades básicas de los migrantes y promueven la defensa y protección de sus derechos humanos. Las familias de los propios migrantes juegan un papel importante al enviarles remesas, pues transmigrar requiere erogaciones que de otra forma sería imposible cubrir. Paradójicamente, estos apoyos económicos los convierten en presas de un negocio altamente lucrativo para delincuencia organizada, redes de narcotraficantes o bien para particulares.

Además de causar gran impacto en México, la actual y creciente crisis migratoria de Centroamérica, ha sido descuidada por los gobernantes de los países de origen de los migrantes que hemos abordado aquí, pues lo que se percibe es que ante el caos, la violencia y la desigualdad social, ellos permanecen indiferentes y no han ofrecido ninguna solución eficaz al desplazamiento forzado de su propia población.

Todo este caos migratorio vivenciado por los centroamericanos, revela la negligencia de los países de origen, tránsito y destino, y, consecuentemente, la vulnerabilidad y la masiva violación de los derechos humanos de los migrantes. Así como, del derecho a la protección internacional de los refugiados y de los solicitantes de refugio que, en la mayoría de las veces, han tenido sus solicitudes negadas por los países de destino, que si los han enviado de vuelta a sus países de origen.

Sin embargo, más allá de mera negligencia internacional, la crisis migratoria ha demostrado la discriminación, la xenofobia, el racismo, la hegemonía, la falta de solidaridad y la connivencia con la victimización de los migrantes forzados por parte de los actores sociales involucrados, que se basan en discursos como el de velar por la seguridad y soberanía nacionales, resolver sus problemas internos e invertir en su propia población. Así, en detrimento de la vida de muchas personas, constatamos que el real interés de los países de tránsito y destino de migrantes forzados centroamericanos, buscan regularizar, no su permanencia, sino su deportación de vuelta a la muerte.

De esta forma, es esencial sopesar lo que vale más, en los días actuales: salvaguardar la dignidad humana o respetar las meras formalidades que, muchas veces, impiden el pleno gozo de los derechos humanos que, por supuesto, también son inherentes a los desplazados forzados que vienen de Centroamérica.

En este escenario, los migrantes quedan sujetos a las políticas migratorias de los estados del norte del continente por los que transitan y los que buscan como destino. Tanto México como EUA han experimentado varias reformas en materia de migración, mientras México promulga en 2011 una ley migratoria de mayor protección al migrante, dejándolo de ver como un ilegal, EUA endurece sus políticas migratorias e implementan operativos de deportación masiva. Esta situación a la que se suman las presiones de la administración de Trump ha originado que el Estado Mexicano tenga posiciones contradictorias en torno a la migración después de que, al menos en la ley, parecía estar transitando hacia el reconocimiento de que estos grupos gozan de libertad de tránsito.

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Notas