Dossier
Received: 07 October 2023
Accepted: 09 February 2024
Published: 06 May 2024
DOI: https://doi.org/10.24201/es.2024v42.e2549
Resumen: El próximo presidente de México casi con certeza será una mujer, dado que ambas coaliciones principales han nominado mujeres para las elecciones presidenciales de 2024. ¿Qué candidata es probable que aborde de manera más efectiva la crisis de la violencia de género? Este artículo compara el historial de gobernadoras y gobernadores en la reducción de las tasas de homicidios de mujeres, así como examina los registros de gobernadores del partido Morena y del PAN en la reducción de la violencia contra las mujeres. Los resultados estadísticos muestran que el sexo de los gobernadores tuvo un impacto muy limitado en las tasas de homicidios de mujeres. Los estados gobernados por el PAN tuvieron tasas ligeramente más bajas de homicidios de mujeres que otros. En general, los estados con gobernadores de Morena no tuvieron tasas más bajas de homicidios de mujeres, pero la tasa de homicidios de mujeres sí disminuyó en la Ciudad de México bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum.
Palabras clave: Violencia género, igualdad de género, presidentas, políticas feministas.
Abstract: The next president of Mexico will almost certainly be a woman since both major coalitions have nominated women for the 2024 presidential election. Which candidate is likely to more effectively address the crisis of gender violence? This paper compares the record of female and male governors in reducing female homicide rates and also examines the records of Morena and PAN governors in reducing violence against women. The statistical results show that the sex of governors had very little impact on female homicide rates. States governed by the PAN had slightly lower rates of female homicide than others. In general, states with Morena governors did not have lower female homicide rates, but the female homicide rate did decline in Mexico City under Claudia Sheinbaum’s leadership.
Kewyords: Gender violence, gender equality, female presidents, feminist policies.
El próximo presidente de México casi con certeza será una mujer. Ambas coaliciones principales han nominado mujeres para las elecciones presidenciales de 2024. La coalición “Frente Amplio por México” de partidos de oposición nominó a la exsenadora panista Xóchitl Gálvez, y el partido gobernante Morena nominó a la exgobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Gálvez y Sheinbaum son similares en muchos aspectos. Ninguna construyó su carrera en torno a temas de género, ambas desarrollaron sus carreras en campos de ingeniería tradicionalmente dominados por hombres. Ambas llegaron a la mayoría de edad durante la transición a la democracia y ninguna fue miembro del antiguo partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué impacto podrían tener estas mujeres en la igualdad de género y en la vida de las mujeres en general si son elegidas presidentas?
La influencia simbólica de las mujeres en posiciones de poder puede alentar a las mujeres a participar más en la política y proporcionar modelos a seguir importantes para los jóvenes (Desposato & Norrander, 2009; Ladam, Harden, & Windett, 2018), pero este efecto puede no ser visible durante años. En términos de políticas de igualdad de género, México ha avanzado significativamente en la última década. Desde 2019, las reformas constitucionales han exigido “paridad en todo”, inaugurando una nueva era de inclusión de género en las instituciones públicas. El aborto ha sido efectivamente despenalizado en todo el país y es probable que esté ampliamente disponible en instituciones de salud federales incluso en estados donde técnicamente sigue siendo ilegal. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en muchos estados y la Corte Suprema ha afirmado el derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo. Es poco probable que estas políticas de representación política, derechos reproductivos e igualdad LGBTQ sean revertidas bajo el mandato de Sheinbaum o Gálvez.
El desafío central para el bienestar de las mujeres mexicanas es la crisis continua de violencia de género. ¿Hay motivos para esperar que las tasas de violencia de género disminuyan si la persona titular del ejecutivo es mujer? ¿Alguno de los principales partidos políticos de México ha tenido más éxito en contener la violencia contra las mujeres a nivel estatal? ¿Hay motivos para esperar que un candidato de Morena o PAN aborde la crisis de violencia de género de manera más efectiva? ¿Qué diferencias existen entre las dos candidatas en su enfoque de la violencia de género? Este documento comparará el historial de gobernadoras y gobernadores en la reducción de la violencia de género para ver si hay motivos para esperar que una presidenta mujer pueda lograr mejores resultados que los presidentes hombres. Y el documento examinará más a fondo los registros de gobernadoras y gobernadores de Morena y PAN para determinar si alguno de los partidos ha tenido un mayor éxito en la reducción de la violencia contra las mujeres.
Igualdad de género y violencia de género en México
La administración de Andrés Manuel López Obrador ha tenido un historial ambivalente en temas relacionados con las mujeres. La innovadora enmienda constitucional de 2014 que requiere la paridad de género en todas las legislaturas fue fortalecida en 2019 bajo la administración de López Obrador para incluir “Paridad en todo”. Estas reformas colocaron a México a la vanguardia de la participación política de las mujeres a nivel mundial (Piscopo & Vázquez Correa, 2023). Los derechos reproductivos se fortalecieron sustancialmente mediante fallos recientes y relevantes de la Corte Suprema en 2021 y 2023. Estos avances no habrían ocurrido sin los magistrados que López Obrador colocó en la corte. Al mismo tiempo, la “austeridad republicana” de López Obrador cerró refugios para mujeres y guarderías, y recortó los presupuestos para agencias de mujeres.
Además, los índices de violencia contra las mujeres mantuvieron niveles alarmantemente altos a lo largo de la presidencia de López Obrador. Los notables incrementos en los homicidios de mujeres se remontan a 2009, durante la administración de Calderón, y estas tasas elevadas de violencia de género persistieron durante los períodos tanto de Peña Nieto como de López Obrador en el cargo. En el año 2021, el número de homicidios de mujeres fue casi cuatro veces superior al registrado en 2007 (Ver Figura 1).
En parte, la tasa de homicidios de mujeres parece ser un reflejo del aumento generalizado de la violencia en el país; sin embargo, también pone en evidencia la arraigada misoginia y la persistente desigualdad de género. Ante la escalada de violencia contra las mujeres, surgió un movimiento de protesta fortalecido que demandaba respuestas más contundentes, incluida la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer en el año 2020, a la que sucedieron manifestaciones cada vez más radicalizadas y en ocasiones violentas durante los años 2021 y 2022 (Cerva Cerna, 2020). El presidente López Obrador restó importancia a estas protestas y desacreditó las reivindicaciones feministas, alegando que las manifestantes eran parte de una conspiración conservadora dirigida personalmente contra él. A pesar de que el número de homicidios de mujeres registró un ligero descenso en 2022, la cifra se mantuvo superior a la de cualquier otro periodo presidencial previo.
Sheinbaum y Gálvez sobre la igualdad de género
Aunque tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez se autodenominan feministas y apoyan los derechos reproductivos y la igualdad LGBTQ, ninguna alcanzó el poder a través del activismo feminista. Ambas incursionaron en la política cuando fueron reclutadas para servir en el poder ejecutivo por un mentor masculino. Sheinbaum fue miembro del gabinete en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México de 2000 a 2006. Gálvez sirvió en la administración presidencial de Vicente Fox al mismo tiempo.
Sheinbaum es una científica consumada con un doctorado en ingeniería energética. Creció en una familia urbana de clase media alta y siempre ha vivido en la Ciudad de México. Sus abuelos emigraron de Europa del Este huyendo del Holocausto. Sus padres fueron ambos profesores en la UNAM. Participó como activista en el movimiento estudiantil en la UNAM. Su carrera académica se centró en el transporte, la energía y el cambio climático. Fue Secretaria de Medio Ambiente bajo la administración de López Obrador en la Ciudad de México, y también fue responsable de la construcción del segundo piso del Periférico, el proyecto de infraestructura emblemático de la época de López Obrador como alcalde de la Ciudad de México. Además, ayudó a establecer el primer Metrobús en la ciudad (Cano, 2023). Después de las elecciones de 2006, fue secretaria del “gobierno legítimo” de López Obrador y estuvo a cargo de “Las Adelitas”, un grupo de mujeres que utilizaban manifestaciones de desobediencia civil para apoyar a López Obrador y oponerse a la privatización de Pemex. Tras la derrota electoral de López Obrador en 2006, Sheinbaum regresó a la academia por un tiempo y formó parte de un panel sobre cambio climático que ganó el Premio Nobel en 2007. En 2015 fue elegida como delegada de Tlalpan, y luego fue elegida gobernadora de la Ciudad de México en 2018.
Durante su discurso inaugural en 2018, Sheinbaum prometió enfrentar la violencia de género, proporcionar justicia a las víctimas de feminicidio, prevenir el embarazo adolescente y promover la autonomía económica de las mujeres. Nombró un gabinete paritario de género (Pantoja, 2018). Como gobernadora de la Ciudad de México, Sheinbaum clausuró el históricamente represivo Cuerpo de Granaderos e insistió en que su objetivo era promover el diálogo en lugar de la represión frente a las protestas. Promovió a 1,571 mujeres en la fuerza policial de la ciudad (Pantoja, 2021). Sin embargo, Sheinbaum se convirtió en blanco de críticas por parte de las feministas durante las masivas protestas en 2021 y 2022. Afirmó, sin evidencia, que los manifestantes que habían tomado el control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaban siendo pagados por empresarios adinerados. Y desplegó a la policía para evitar que las manifestantes feministas llegaran al zócalo (Corona, 2020). En su mayor parte, Sheinbaum se alineó con López Obrador al minimizar las movilizaciones y las demandas de las manifestantes feministas.
Al mismo tiempo que Sheinbaum desestimaba las preocupaciones de las manifestantes feministas, se llevaron a cabo importantes avances en las leyes sobre violencia de género en la Ciudad de México bajo su liderazgo. En 2019, el gobierno de la Ciudad de México revisó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Las nuevas reformas buscaron mejorar la implementación de la ley sobre violencia de género. La ley revisada requiere que el gobierno brinde asistencia inmediata a las mujeres que sufren violencia y exige al menos una casa de emergencia en cada alcaldía de la ciudad. Según la nueva ley, las órdenes de restricción son permanentes, en lugar de los 60 días estipulados en legislaciones anteriores (Hernández Gómez, 2022). Una iniciativa de 2020 propuesta por Sheinbaum establece que en casos de violencia doméstica, el hombre abusivo debe abandonar el hogar y seguir pagando el alquiler, manteniendo así el hogar para la mujer y los hijos (El Financiero, 2020) (Navarrete, 2020). En 2022, la Ciudad de México también reconoció la “violencia vicaria” en nuevas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia vicaria se refiere a un compañero íntimo que separa a una madre de sus hijos o pone a sus hijos en peligro para manipularla o controlarla. La iniciativa para esta reforma fue propuesta por dos diputados de Morena y uno del PAN (Pantoja, 2022). Las reformas muestran algunos signos de éxito. La tasa de homicidios de mujeres disminuyó en la Ciudad de México de 1.57 por cada 100,000 en 2019, primer año de mandato de Sheinbaum, a 1.15 en 2022. La tasa oficial de homicidios de mujeres en la Ciudad de México durante la administración de Sheinbaum disminuyó en promedio 0.091 por año en comparación con una disminución anual promedio de solo 0.018 en el resto del país durante el mismo período de tiempo. Sin embargo, ha habido cierta sospecha sobre la precisión de los datos, dado que la disminución de homicidios ha sido acompañada por un aumento en las muertes sin explicación (Ramírez Guillén & Ruiz Ojeda, 2023).
En contraste con el pasado urbano de clase media alta de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez proviene del pequeño pueblo de Tepatepec en el estado de Hidalgo. Su padre era maestro de escuela rural y, aunque su familia tenía más dinero que muchas otras en el pueblo, no eran ricos según los estándares urbanos. Ella enfatiza sus raíces indígenas; su abuelo paterno hablaba otomí (Morán Breña, 2023). Durante sus años de estudiante estuvo involucrada con un grupo trotskista (Lindero, 2023, pp. 6365). Obtuvo un título en ingeniería en computación de la UNAM y es más conocida como empresaria, propietaria de “High Tech Services”, una empresa de ingeniería que diseña edificios inteligentes. Fue elegida como una de las 100 líderes del futuro del mundo por el Foro Económico Mundial en Davos en 2000. Comenzó la Fundación Porvenir en 1995 para distribuir alimentos para bebés en comunidades indígenas y reclutó a más de 1000 voluntarios para trabajar en la fundación. Su empresa fue pionera en normas laborales amigables para las mujeres, contrató a muchas mujeres y proporcionó tres meses adicionales de licencia de maternidad remunerada (Lindero, 2023, p. 85).
Gálvez ocupó el cargo de Directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante la administración del Presidente Vicente Fox, desde el año 2000 hasta el 2006. En el año 2010, se postuló como candidata a gobernadora de Hidalgo por una coalición de partidos de oposición, lo que representó el primer desafío serio al PRI en dicho estado. Logró obtener más del 45% de los votos, en comparación con menos del 30% obtenido por el candidato de la oposición en las elecciones gubernamentales de 2005. Posteriormente, ejerció como delegada de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México entre 2015 y 2018, y como senadora por el PAN a partir de 2018. Durante su periodo como senadora, cambió brevemente de partido al PRD en 2021 con el fin de garantizar que este contara con suficientes escaños para participar en la comisión permanente, evitando así que Morena tuviera un control total sobre la agenda legislativa (San Martín, 2021b). Aunque Gálvez está estrechamente vinculada al PAN, se caracteriza por ser más independiente que leal a un partido político.
En cuanto a la política de igualdad de género, Gálvez se declara a sí misma feminista y favorece el aborto legal y los derechos LGBT (Rangel, 2023). Fue la única integrante del PAN en el Senado que votó a favor de una ley para criminalizar las terapias de reorientación sexual conocidas como “terapia de conversión” en 2022 (San Martín, 2022). Se unió a otras 24 senadoras en un compromiso para promover la legalización del aborto en septiembre de 2020 (San Martín, 2021a). Gálvez también parece comprometida con abordar la violencia de género. Su padre era alcohólico y era violento con su madre (Morán Breña, 2023). Como candidata a gobernadora de Hidalgo en 2010, prometió abordar el problema de la violencia doméstica en Hidalgo y elegir mujeres para al menos la mitad de sus asesores (Proceso, 2010). Su administración en Miguel Hidalgo fue conocida principalmente por reducir la burocracia y mejorar la infraestructura. No se centró en la violencia de género como delegada o senadora (Núñez Albarrán, 2023). En cuanto a la política de seguridad en general, la posición más clara de Gálvez es su oposición a la militarización del país (Lindero, 2023, p. 151). Gálvez utiliza un lenguaje prosaico con tonos de género. En esta cita, critica al gobernador de Nuevo León utilizando una frase tradicionalmente machista transcrita en una versión feminista: “Aquí lo que veo, con todo respeto, es a un gobernador escondido debajo de la mesa, apanicado con los criminales. A este señor le falta lo que a mí me sobra: ovarios.” (Campos Garza, 2012).
Si bien ambas candidatas principales a la presidencia son mujeres, ambas se identifican como feministas y ambas parecen tomar en serio la violencia contra las mujeres, ¿qué evidencia podemos proporcionar para examinar la probabilidad de una respuesta más efectiva a la crisis de violencia de género en México si una de estas candidatas llegara a ser presidenta? La mayoría de los delitos de homicidio y feminicidio caen bajo la jurisdicción de los gobiernos estatales de México. Al observar la variación subnacional en las tasas de homicidios de mujeres, podemos arrojar algo de luz sobre cómo el género y el partido en el poder pueden influir en la violencia de género. Si bien existe una variación subnacional significativa en las tasas de homicidios de mujeres, la crisis de violencia es claramente una crisis nacional. Desde la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 y el establecimiento relacionado de las Alertas de Violencias de Género contra las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el gobierno federal ha asumido un papel mucho más directo en la atención de la violencia de género. Claramente existe una oportunidad para que el Presidente aborde la crisis de violencia contra las mujeres. El siguiente análisis examinará cómo el sexo y el partido del gobernador han influido en las tasas de homicidios de mujeres desde 1990 hasta 2022.
Las gobernadoras en México
Hasta el año 2021, las gobernadoras eran extraordinariamente raras en México. La primera gobernadora, Griselda Álvarez, fue elegida gobernadora de Colima en 1979. Una segunda gobernadora fue elegida en 1987. Ninguna mujer fue elegida gobernadora en la década de 1990, aunque dos mujeres se desempeñaron como gobernadoras interinas. De 2000 a 2020, solo cinco mujeres fueron elegidas como gobernadoras, pero el año 2021 fue un año de avance con seis mujeres elegidas gobernadoras en solo un año, dos más elegidas en 2022 y otra en 2023. Algunas de estas mujeres desempeñaron un papel importante en la lucha contra la violencia de género. Uno de los primeros centros para apoyar a las víctimas de violencia doméstica en el país fue fundado en Colima durante el mandato de Álvarez; y Amalia García y Rosario Robles impulsaron importantes reformas feministas de las leyes de violencia de género (Stevenson, 2000, p. 160-175). Gobernadoras más recientes han hecho menos esfuerzo para combatir la violencia de género. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2023 por violencia política de género contra diputadas del PRI (Proceso, 2023). No hay una tendencia clara para que las gobernadoras en general promuevan políticas más efectivas contra la violencia de género.
Expectativas teóricas
En un esfuerzo por pensar de manera más sistemática sobre cómo podríamos esperar que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez aborden la violencia de género, el siguiente análisis compara las tasas de homicidios de mujeres en estados con gobernadoras y estados con gobernadores hombres. También examina las tasas de homicidios según el partido del gobernador. La igualdad de género varía sustancialmente en los estados mexicanos, y el análisis comparativo subnacional puede proporcionar pistas importantes sobre los mecanismos causales que subyacen a los resultados de género (Frías, 2008). Aunque puede parecer evidente que las líderes mujeres deberían producir mejores políticas para proteger a las mujeres de la violencia, la investigación empírica no siempre ha encontrado evidencia clara de eso. Los académicos han sospechado desde hace mucho tiempo que los partidos de izquierda ofrecerán resultados más igualitarios para el género que los partidos de derecha, pero los partidos de derecha a menudo están más centrados en el “estado de derecho” y pueden ser más efectivos en la reducción del crimen. Por lo tanto, no está claro si deberíamos esperar mejores resultados para la violencia de género del PAN de derecha o de Morena de izquierda.
La investigación concerniente a la participación de las mujeres en la esfera política ha sostenido, desde hace décadas, la hipótesis de que un incremento en el número de mujeres ocupando posiciones de liderazgo político propiciaría una mejor representación de los intereses femeninos dentro del sistema político (Lovenduski y Norris, 2003; Matland, 1993; Thomas, 1994). De manera específica, se podría argumentar que una disminución en la tasa de homicidios femeninos se alinearía con un interés primordial de las mujeres. No obstante, en un estudio comparativo pionero sobre la violencia de género, Weldon (2002) descubrió que la presencia de mujeres en cargos políticos no generaba un impacto significativo en los resultados legislativos relativos a la violencia de género. En contraposición, su análisis reveló que la existencia de un movimiento feminista consolidado, junto con una entidad gubernamental dedicada a la promoción de los intereses femeninos, constituían los pilares fundamentales para la inclusión de la violencia contra las mujeres en la agenda política y la subsiguiente aprobación de leyes destinadas a su protección. Investigaciones subsecuentes han reafirmado esta conclusión (Htun y Weldon, 2012). Por consiguiente, persiste la interrogante respecto a si las líderes políticas femeninas poseen una mayor capacidad que sus contrapartes masculinas para enfrentar la problemática de la violencia de género.
La investigación ha encontrado que los partidos de izquierda han promovido la representación política de las mujeres (Dahlerup y Leyenaar, 2013, p. 7; Lovenduski y Norris, 1993, p. 13; Norris, 1987, p. 126), las agencias de políticas para mujeres (Mazur y Stetson, 1995) y políticas feministas en general (Mazur, 2002, p. 176) (Blofield, 2009). Sin embargo, los partidos de izquierda en América Latina no siempre han sido defensores consistentes de la igualdad de género (Friedman, 2019), y la izquierda ha sido mucho menos activa en abordar la violencia de género que otros tipos de políticas de igualdad de género. Varios estudios comparativos no encontraron relación entre los partidos de izquierda y las leyes contra la violencia de género (Htun y Weldon, 2012; Mazur, 2002; Weldon, 2002). Muchos otros estudios ni siquiera incluyen la ideología del partido gobernante como una variable explicativa potencial (Frías Martínez, 2008; Piovesan, 2009; Smulovitz, 2015; Weldon, 2006). El análisis de O’Brien (2019) de los estados mexicanos no encuentra relación entre el partido del gobernador y la capacidad de respuesta de las políticas ante la violencia de género. De manera similar, Beer (2017) no encuentra un impacto significativo de la fuerza de los partidos de izquierda en las legislaturas estatales en la política de violencia de género en los estados mexicanos, pero sí encuentra que los legisladores asociados al movimiento feminista utilizaron los partidos de izquierda para promover políticas de violencia de género. En última instancia, la literatura generalmente coincide en que el movimiento feminista es el factor más influyente en la elaboración de políticas feministas, y el movimiento feminista a menudo ejerce su influencia a través de partidos de izquierda y políticas feministas.
Aunque podríamos esperar que los partidos de izquierda como Morena estén más comprometidos en esfuerzos para promover la igualdad de género, los partidos de derecha como el PAN han promovido frecuentemente políticas de mano dura, las cuales pueden reducir las tasas de homicidio de manera más generalizada. Como argumenta Holland (2013), un enfoque en el estado de derecho permite a los partidos conservadores desarrollar vínculos programáticos a través de divisiones de clase. Y los partidos conservadores a menudo se basan en mitos sobre su capacidad para proporcionar una mayor seguridad pública (Willis-Otero, 2014), mientras que la izquierda ha resistido a menudo las políticas antidelincuenciales en un esfuerzo por defender los derechos humanos (Yashar, 2011).
Los líderes populistas complican los patrones ideológicos tradicionales (Blofield, Ewig y Piscopo, 2017). Morena, aunque generalmente ubicado en la izquierda, ha funcionado principalmente como un vehículo populista y personalista con diversas tendencias ideológicas en lugar de ser un partido programático disciplinado. Xóchitl Gálvez ha estado más estrechamente asociada con el PAN, un partido de derecha bastante disciplinado. Sin embargo, Gálvez adopta un estilo populista de hacer política y no sigue una ideología derechista consistente. El papel del populismo en las campañas de ambos candidatos complica aún más cualquier predicción basada en la ideología.
La investigación comparativa ha señalado una serie de variables importantes para explicar la variación transnacional de la violencia de género. Algunos académicos ven la violencia de género como una expresión de la desigualdad de género en la sociedad (Frías, 2014). Según esta perspectiva, donde las normas patriarcales son fuertes, es probable que la violencia de género sea más prevalente, y donde las mujeres tienen más empoderamiento, habrá menos violencia de género (Yodanis, 2004) (Arthur y Clark, 2009). Otros estudios encuentran un efecto de reacción en el que un mayor empoderamiento de las mujeres lleva a más violencia porque algunos hombres reaccionan con violencia cuando se amenaza su estatus (Baranov, Cameron, Contreras Suarez y Thibout, 2021; Levinson, 1989; Smithey y Thompson, 2022). Whaley (2001) encuentra que el empoderamiento de las mujeres conduce a más violencia a corto plazo, pero menos violencia a largo plazo. Los estudios transnacionales también tienden a encontrar menos violencia en países más ricos y países con niveles más bajos de desigualdad económica. Las sociedades más racialmente heterogéneas tienen más violencia de género, y las tasas de divorcio más altas están asociadas con más violencia sexual (Whaley, 2001).
También parece probable que una parte del aumento de los homicidios de mujeres en México esté impulsada por los mismos factores que han llevado al dramático aumento de la violencia en todo el país desde 2006. La investigación comparativa ha encontrado mayores niveles de violencia de género en países que experimentan guerras (Arthur y Clark, 2009; McWilliams, 1998). McWilliams (1998) argumenta que en sociedades donde la violencia se utiliza ampliamente para resolver conflictos, es más probable que la violencia doméstica se utilice para resolver conflictos en el hogar. De manera similar, podríamos esperar que la explosión de violencia en México relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado también aumente la tasa de violencia de género. Trejo y Ley (2020) encuentran que el cambio de poder en el gobierno estatal del anteriormente hegemónico PRI llevó a aumentos dramáticos en la violencia relacionada con las drogas en esos estados. También encuentran que los estados gobernados por el mismo partido que el presidente experimentan tasas más bajas de violencia porque es más fácil para las autoridades estatales coordinarse con las autoridades federales cuando son del mismo partido. Además, los presidentes podrían enfrentar menos incentivos políticos para proporcionar recursos para reducir la violencia en estados gobernados por partidos de oposición. Puede haber efectos partidistas similares para los homicidios de mujeres.
Datos
El análisis empírico compara la tasa de homicidios femeninos por cada 100,000 habitantes a través de las distintas entidades federativas de la República Mexicana y a lo largo del tiempo. Las principales variables independientes de interés son el sexo del gobernador y el partido del gobernador. La unidad de análisis es el año-estado. El conjunto de datos panel incluye información para cada estado desde 1990 hasta 2022.
La medición de la violencia contra las mujeres presenta complejidades notables. La disposición a denunciar la violencia de género oscila de manera significativa entre distintas demarcaciones políticas. La tendencia de las mujeres a reportar actos de violencia es baja cuando prevalece la percepción de que las autoridades policiales no procesarán sus denuncias con la debida seriedad. En determinados entornos, el temor a sufrir represalias o mayor violencia puede inhibir la denuncia de agresiones sexuales. Así, una elevada incidencia de violencia sexual reportada podría señalar, paradójicamente, una actuación más eficaz por parte de los entes gubernamentales. Igualmente, existen notables dificultades al emplear la cifra de feminicidios en estudios comparativos. El concepto de feminicidio se encuentra estipulado en el artículo 325 del Código Penal Federal Mexicano que a la letra indica:
Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
La movilización política feminista en el contexto mexicano ha enfocado sus esfuerzos en el reconocimiento del feminicidio como delito. La tipificación del feminicidio reviste un hito de gran envergadura retórica, simbólica y política dentro de las reivindicaciones feministas. Sin embargo, la variabilidad en los métodos de medición espacial y temporal revela que no constituye el parámetro más idóneo para un análisis comparativo sobre la violencia. La ambigüedad en las causas de un homicidio obstaculiza la correcta categorización del mismo y no es infrecuente que distintas autoridades muestren reticencias a la hora de catalogar un asesinato femenino como feminicidio. Se ha argumentado, desde sectores críticos a las manifestaciones feministas, que la reciente institucionalización del término feminicidio podría arrojar una percepción distorsionada del incremento de estos casos, los cuales podrían responder más a una creciente sensibilización social que a un aumento real. Para sortear dicha complicación, el análisis propuesto prefiere centrarse en la tasa de homicidios femeninos en general, al ser este un indicador más estable y uniforme a través del tiempo.1 Los datos para este estudio se han obtenido del INEGI (2023), considerando tanto la tasa de homicidios femeninos por cada 100,000 habitantes como su variación anual, esto es, la diferencia entre la tasa de homicidios femeninos en el año (x) y en el año (x-1). Para una descripción detallada de la metodología utilizada en la operacionalización de estas variables, remitimos a la Tabla 1.

Las variables centrales para este estudio son el género de la persona que encabeza el gobierno estatal junto con su afiliación partidaria. El análisis incorpora una variable ficticia en la cual los estados-año se codifican con un 1 si el gobernador es mujer, y con un 0 en caso contrario. Asimismo, se incluye una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el gobernador/a pertenece al PAN y otra que igualmente asume el valor de 1 si el gobernador/a proviene de Morena.
En consonancia con el análisis propuesto por Trejo y Ley (2020), este estudio incorpora dos variables de índole partidista. Para capturar la transición de un régimen de partido hegemónico, se utiliza un indicador de alternancia partidaria, asignando un valor de 0 a los años previos a la primera pérdida de poder del PRI en los estados correspondientes. En contraste, se asigna un valor de 1 a los primeros seis años subsecuentes al triunfo inicial de un partido opositor. Periodos posteriores a esta fase se marcan con un 0. Adicionalmente, se maneja una variable ficticia que refleja la concordancia partidista entre el ejecutivo estatal y federal; codificando con 0 los estados-año donde gobernador y presidente difieren en su afiliación partidista, y con 1 aquellos en los que comparten la misma filiación política.
La regresión completa incorpora variables de control para el PIB estatal per cápita, urbanización, pobreza, tasa de analfabetismo femenino, hogares encabezados por mujeres, relación de sexo y diversidad étnica. La urbanización se mide con el porcentaje de la población de cada estado que reside en ciudades con más de 100,000 habitantes. La pobreza se mide como el porcentaje de hogares que viven en viviendas con suelos de tierra. La diversidad étnica se mide por el porcentaje de la población que habla una lengua indígena. Estos indicadores provienen de datos censales disponibles cada cinco años (INEGI, 2023). Los datos para los años intermedios se calcularon utilizando la función de interpolación de Stata (iplolate). Para controlar el nivel general de violencia en cada estado, se incluye la tasa de homicidios masculinos. Las medidas del PIB estatal per cápita, urbanización, pobreza, analfabetismo femenino y el porcentaje de la población indígena están todas altamente correlacionadas e incluirlas todas en un modelo de regresión crea problemas de multicolinealidad. Los indicadores de urbanización y diversidad étnica fueron los predictores más fuertes de homicidio en el modelo completo, por lo que el análisis de regresión final incluye solo urbanización y porcentaje indígena, y omite los indicadores altamente correlacionados del PIB per cápita, pobreza y analfabetismo femenino. Consulte la Tabla 2 para las estadísticas descriptivas de las variables.

Análisis
a. Comparación de medias
Las pruebas t simples de la tasa media de homicidios femeninos en estados con gobernadoras y gobernadores muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los estados gobernados por mujeres y aquellos gobernados por hombres. De hecho, la tasa media de homicidios femeninos es mayor en estados con gobernadoras que en aquellos con gobernadores varones. Consulte la Tabla 3

La primera fila de la Tabla 3 exhibe las medias correspondientes al conjunto total de datos recopilados desde 1990 hasta 2022. La información contenida en la segunda fila se circunscribe exclusivamente a los años sucesivos al ascenso de la violencia vinculada al narcotráfico, comprendidos entre 2007 y 2022. La tercera fila se focaliza en el análisis puntual del año 2022. Se han contemplado diversos intervalos temporales con el objetivo de reflejar las variaciones en las tasas de violencia a lo largo del tiempo. Durante las etapas iniciales de la serie cronológica, se observó que las tasas de homicidio eran considerablemente inferiores y eran contadas las ocasiones en las que las mujeres ejercían como gobernadoras de los estados. Así, existe la posibilidad de que el conjunto íntegro de los datos presente una inclinación adversa a la hipótesis de que las gobernadoras impactan en la tasa de homicidios femeninos; razón por la cual se opta por analizar una porción de la información subsecuente al incremento de violencia durante el mandato de Calderón. El año 2021 marcó un hito al registrar la elección de un número sin precedentes de gobernadoras, lo que justifica la evaluación aislada de los datos del año 2022, permitiendo así contrastar un porcentaje más representativo de gobernadoras en funciones. Pese a que en todas las comparativas de las tasas medias de homicidio femenino estas resultaron superiores en los estados dirigidos por mujeres, es preciso señalar que las diferencias observadas no alcanzan una significación estadística.
Las tasas elevadas de violencia en entidades dirigidas por mujeres podrían ser reflejo de una tendencia a su elección en contextos ya marcados por crisis de violencia exacerbadas. Los estudios indican que la elección de lideresas es más probable en tiempos de crisis (Valdini, 2019). De ser las mujeres más propensas a asumir el liderazgo en estados sumidos en severas crisis de violencia y, además, responden a estas con mayor eficacia que sus contrapartes masculinos, se esperaría observar tasas promedio de violencia inicialmente más altas bajo mandatos femeninos, seguidas de una reducción más pronunciada. Las tres filas inferiores de la Tabla 3 evalúan las medias de los cambios en la tasa de homicidios femeninos.
Tanto en la serie completa como en el segmento de datos de 2007 a 2022, el incremento en la violencia es inferior en estados con liderazgo femenino. Sin embargo, al focalizar exclusivamente en el año 2022, como se detalla en la última fila de la Tabla 3, la disminución de homicidios femeninos fue más acentuada en aquellos estados regidos por hombres. No obstante, cabe destacar que ninguna de las correlaciones entre el género del gobernador y el cambio en la tasa de homicidios femeninos alcanza significación estadística.
La comparativa de medias en función del partido del gobernador sugiere diferencias mínimas entre las formaciones políticas. Siguiendo la estructura de la Tabla 3, la primera fila de las Tablas 4 a 6 compara las medias del conjunto completo de datos (1990 a 2022); la segunda, las medias desde el aumento de la violencia (2007 a 2022); y la tercera, presenta exclusivamente los datos del año 2022. Dado que Morena solo ha obtenido gubernaturas a partir de 2018 y ascendió al poder en un momento en que las tasas de violencia ya eran elevadas, las cifras correspondientes únicamente a 2022 nos permiten evaluar las repercusiones de la gestión de Morena de manera más equitativa. Al igual que en la Tabla 1, las tres últimas filas se dedican al examen de la variación en las tasas de homicidio femenino.



La Tabla 4 establece una comparativa entre los gobernadores de Morena y sus homólogos de otros partidos. Por su parte, la Tabla 5 diferencia a los gobernadores del PAN respecto al resto, y la Tabla 6 se centra exclusivamente en la comparación directa entre los gobernadores del PAN y de Morena, excluyendo a los no pertenecientes a estos partidos. Las comparativas que arrojan diferencias estadísticas significativas son aquellas que abarcan la totalidad del conjunto de datos. Sin embargo, tal comparación no resulta del todo equitativa considerando que Morena se consolidó como partido a partir de 2014 y no accedió a gubernaturas sino hasta 2018. En consecuencia, se contrastan los estados durante el periodo altamente violento de 2018-2022 con aquellos antes de 2006, caracterizados por menores niveles de violencia. A pesar de ello, las tasas de homicidio siguen siendo superiores en los estados gobernados por Morena en comparación con aquellos del PAN y otros, en todos los periodos analizados, incluido exclusivamente el año 2022. En cuanto al incremento de la tasa de homicidios, es menor en los estados de Morena que en los del PAN y otros partidos tanto en el conjunto completo de datos como en el intervalo 2007-2022, ya que Morena no ejercía el poder durante los periodos de mayor incremento de la violencia. Al enfocarse en la variación de la tasa durante 2022, se observa que los estados bajo la administración de Morena experimentaron un descenso más modesto en los homicidios femeninos en comparación con los estados del PAN y otros. Aunque la correlación entre el control partidista y la violencia no es robusta, se observa una tendencia a menores tasas de homicidio femenino en los estados gobernados por el PAN.
b. Análisis de regresión
Para comprender más profundamente el impacto de las gobernadoras y la afiliación partidista de los gobernadores, la Tabla 7 presenta modelos de regresión múltiple para controlar otros factores importantes. Utilizamos un modelo de efectos fijos de series temporales transversales para predecir la tasa de homicidio femenino. Los resultados en la Tabla 7 muestran cuatro modelos diferentes.

La variable dependiente en los Modelos 1 a 3 corresponde a la tasa de homicidio femenino por estado y año. En el Modelo 4, la variable de interés es la variación de dicha tasa. Todas las regresiones presentadas en la Tabla 7 abarcan el conjunto íntegro de datos desde 1990 hasta 2022. Además de centrarse en las tres variables principales: presencia de gobernadoras, gobernadores del PAN y gobernadores de Morena; el análisis incorpora un conjunto de variables de control. El modelo contempla factores partidistas como el cambio de partido post hegemonía unipartidista y la coincidencia partidista entre gobernador y presidente. Asimismo, se ajusta por el porcentaje de hogares liderados por mujeres, la proporción de género, la diversidad étnica y el grado de urbanización. Dado que pruebas diagnósticas revelan una alta correlación entre el PIB per cápita estatal, la urbanización, el analfabetismo femenino, la diversidad étnica y la pobreza, las regresiones definitivas solo incluyen urbanización y diversidad étnica para prevenir la multicolinealidad. Se identificó que la urbanización y el porcentaje de población indígena son los predictores más contundentes de la violencia en el modelo completo, presentando una correlación relativamente baja de 0.40 entre sí, comparado con la de otras variables. Substituir urbanización y diversidad étnica por cualquier otra variable correlacionada no altera los resultados en cuanto a las variables partidistas o de género aquí consideradas. Los Modelos 2 a 4 toman en cuenta el nivel general de violencia por estado y año mediante la inclusión de la tasa de homicidios masculinos. El Modelo 3 añade una variable rezagada de la tasa de homicidio femenino. Las pruebas de heteroscedasticidad indican problemáticas, razón por la cual se opta por errores estándares robustos en las estimaciones de regresión.
En el análisis de las regresiones efectuadas, la variable ficticia que representa la presencia de gobernadoras no muestra significancia estadística en ninguno de los modelos evaluados. Sin embargo, es relevante destacar que los coeficientes asociados a esta variable presentan consistentemente signos negativos. Este patrón sugiere la posibilidad de un efecto marginal, aunque no estadísticamente robusto, de las gobernadoras en la mitigación de la violencia de género. En cuanto a la variable correspondiente al Partido Acción Nacional (PAN), se observa que es negativa y alcanza significancia estadística únicamente en el modelo básico, el cual no ajusta por la variable de homicidios masculinos ni por variables rezagadas. No obstante, tal significancia se disipa al incorporar un espectro más amplio de controles en los modelos subsiguientes. Por otro lado, la variable que representa a Morena no alcanza en ningún caso un nivel de significancia estadística, y la dirección de su coeficiente fluctúa al variar la especificación del modelo. A partir de estos resultados, se deduce que la gestión de los gobernadores afiliados a Morena no ha ejercido un impacto consistente sobre las tasas de violencia dirigida contra las mujeres. En síntesis, los hallazgos indican que ni la incumbencia de una gobernadora ni la administración estatal bajo el auspicio de PAN o Morena han logrado un avance sustancial en la reducción de la violencia contra las mujeres. No obstante, es posible inferir una contribución ligera, pero significativa, de las gobernadoras y del PAN hacia la atenuación de la violencia de género, pese a la ausencia de una evidencia estadística contundente.
En relación con las variables de control analizadas en los Modelos 1 a 3, los cuales centran su atención en la tasa de homicidios femeninos como variable dependiente, se observa que los estados caracterizados por una mayor prevalencia de hogares liderados por mujeres tienden a exhibir incrementos en las tasas de violencia. Paralelamente, aquellos estados con un grado de urbanización más elevado muestran índices superiores de violencia. De igual forma, se identifica que los estados con una proporción de género desequilibrada, específicamente con una mayor cantidad de hombres respecto a mujeres, presentan una incidencia aumentada de homicidios femeninos, al igual que aquellos estados con una significativa presencia de población indígena.
Existe una correlación robusta y destacable entre las tasas de homicidios masculinos y femeninos, sugiriendo que un conjunto similar de factores posiblemente esté impulsando el ascenso en las cifras de homicidios tanto de hombres como de mujeres. Al ajustar por la tasa de homicidios masculinos, la regresión busca primordialmente desentrañar la “violencia adicional” ejercida contra las mujeres, una vez se ha estabilizado el nivel general de violencia dentro de un estado durante un año determinado. Este enfoque permite una comprensión más profunda de las dinámicas específicas que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia, más allá de los factores generales de inseguridad
El coeficiente de determinación, denominado R-cuadrado, cuantifica la capacidad explicativa y el ajuste del modelo propuesto. Este índice indica que las variables independientes contempladas en el Modelo 1 logran esclarecer el 32.7% de la variación subnacional observada en las tasas de homicidios femeninos. Notablemente, el R-cuadrado experimenta un incremento considerable al incorporar la tasa de homicidios masculinos dentro del análisis. Este fenómeno permite interpretar la tasa de homicidios masculinos como una aproximación al nivel de violencia predominante en el estado, atribuible, en su mayor parte, a las actividades del crimen organizado. La significativa capacidad explicativa atribuida a la tasa de homicidios masculinos apunta hacia la violencia emanada del crimen organizado como un factor explicativo relevante en el contexto de la violencia dirigida hacia las mujeres.
Al analizar el Modelo 4, que se enfoca en la variación de la tasa de homicidios femeninos como variable dependiente, se observa que el poder explicativo de nuestro modelo, cuantificado mediante el coeficiente de determinación R-cuadrado, resulta significativamente inferior al registrado en los Modelos 1-3. Dentro de este marco, el signo asociado al coeficiente de numerosas variables experimenta una inversión. Se identifica que estados caracterizados por una prevalencia más alta de hogares liderados por mujeres, una proporción de género desequilibrada, y niveles más elevados de urbanización, se correlacionan con reducciones más pronunciadas en la tasa de homicidios femeninos. Un aspecto particularmente relevante en el Modelo 4 es la existencia de una relación estadísticamente significativa vinculada al indicador de que el gobernador y el presidente pertenecen al mismo partido político. Corroborando los descubrimientos de Trejo y Ley (2020), los datos indican que aquellos estados dirigidos por el partido del presidente tienden a registrar descensos más acentuados en las tasas de homicidios femeninos en comparación con aquellos estados bajo una gestión partidaria diferente.
Podría argumentarse que los patrones de violencia experimentaron una transformación desde mediados de la década de 2000 en adelante. Un marcado incremento en las tasas de homicidio se observó a lo largo del territorio nacional, fenómeno que puede atribuirse a la iniciativa del presidente Calderón de intensificar la estrategia de seguridad del gobierno mediante la militarización de la lucha contra el crimen organizado. Los resultados derivados de esta dinámica, empleando datos comprendidos entre los años 2007 y 2022, se detallan en la Tabla 8.

Los hallazgos concernientes a las variables principales de interés se mantienen coherentes al emplear el conjunto de datos reducido. Se observa que los estados gobernados por mujeres presentan tasas ligeramente inferiores de homicidios femeninos. En el Modelo 5, la variable del PAN muestra un efecto negativo y alcanza significación estadística; no obstante, esta variable se torna positiva y pierde significación en los modelos con especificaciones más completas. Por su parte, la variable de Morena se muestra positiva pero no significativa en ninguno de los modelos que aplican el conjunto de datos reducido. Se registran resultados análogos para el resto de las variables de control.
Los resultados estadísticos que se presentan sugieren que la presencia de gobernadoras y la influencia del Partido Acción Nacional (PAN) podrían desempeñar un papel levemente mitigador en las tasas de homicidios femeninos, aunque este efecto es en su mayoría estadísticamente no significativo. Por otro lado, la administración por parte de Morena no parece tener efecto alguno. Es notable que una porción sustancial de la variación en las tasas de homicidios femeninos puede ser explicada por las tasas de homicidios masculinos, lo cual implica que una amplia gama de factores determinantes de la violencia en general también son factores influyentes en las tasas de homicidios de mujeres.
Conclusiones
A la luz del análisis realizado sobre la gestión de las gobernadoras en diversos estados, existen pocos fundamentos para anticipar que una presidenta logre avanzar significativamente en la reducción de la violencia contra las mujeres en comparación con el desempeño histórico de los presidentes varones. Asimismo, el efecto del partido político en el poder resulta marginal. En consecuencia, se debe dirigir la atención hacia elementos distintos al género y la filiación partidista de los dirigentes políticos para formular pronósticos acerca de la efectividad con la que un mandatario podría abordar la crisis de la violencia de género.
En un análisis comparativo reciente de las presidencias de Michelle Bachelet en Chile y Dilma Rousseff en Brasil, Reyes-Housholder (2019) concluye que Bachelet fue notablemente más exitosa en la promoción e implementación de políticas con perspectiva feminista. Arturo Cano (2023, pp. 6368) contribuye a esta comparación sugiriendo que Claudia Sheinbaum muestra paralelismos notables con la figura de Rousseff. Reyes-Housholder postula que las presidentas tienen una mayor predisposición a instaurar políticas pro-mujer cuando establecen una sólida base política femenina y cuando se hallan influenciadas por la presencia de feministas de élite dentro de sus redes personales. Esta premisa se fundamenta en que una mandataria, al depender de su entorno próximo para la designación de cargos ejecutivos clave, tenderá a integrar consejeras feministas en su equipo asesor si mantiene lazos cercanos con líderes feministas destacadas. Asimismo, la base política de la presidenta no solo puede incitarla a emprender acciones en pro de sus intereses, sino también otorgarle el respaldo necesario al momento de introducir políticas innovadoras que resulten beneficiosas para su contingente.
A partir de las observaciones proporcionadas por Reyes-Housholder, resulta pertinente analizar las bases de apoyo de Sheinbaum y Gálvez en relación con la promoción de políticas de igualdad de género. El factor determinante para su éxito en esta área podría residir en la composición de sus redes personales y en sus fundamentos de soporte. Considerando la extensa carrera de Sheinbaum en el ámbito académico y en los círculos izquierdistas de la Ciudad de México, es plausible que su red personal incluya una mayor cantidad de feministas de alto perfil en comparación con Gálvez. Por otro lado, la base partidista de Morena comprende un segmento más amplio de mujeres populares, las cuales son potencialmente más proclives a exigir políticas feministas que la base partidista del PAN. En este contexto, el respaldo de los gobernadores de sus respectivos partidos emerge como un pilar crucial de apoyo. Se anticipa que los gobernadores de Morena muestren una inclinación más marcada hacia el apoyo de políticas feministas en contraste con los gobernadores afiliados al PAN. No obstante, Gálvez podría encontrarse considerablemente menos restringida por las dinámicas partidistas, dada la coalición diversa que representa y su anterior distanciamiento del PAN. La ausencia de una base partidista definida que exija rendición de cuentas complica la tarea de prever las políticas específicas que ella podría impulsar.
A pesar de que los gobernadores de Morena no han conseguido efectuar una disminución en las tasas de homicidios femeninos de manera general, Sheinbaum ha registrado una reducción notable de estos índices en la Ciudad de México a lo largo de su gestión. Además, posee una red personal y una base partidista enriquecidas con una presencia más densa de feministas en comparación con Gálvez. Sin embargo, es importante señalar que ninguna de las candidatas se identifica como particularmente adscrita al movimiento feminista. Por otro lado, es posible que Sheinbaum continúe vinculada a su mentor político y sus allegados, los cuales no se caracterizan por su sólido apoyo a la igualdad de género. La persona que resulte electa en los próximos comicios presidenciales enfrentará el imperativo de encarar con determinación la crisis de violencia que permea México. Será esencial diseñar e implementar políticas e instituciones que logren mitigar el elevado número de víctimas mortales que sombrean el porvenir del país.
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Notes
Author notes
Caroline Beer Caroline Beer es la John G. McCullough Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Vermont, en los Estados Unidos. Es doctora en ciencias políticas por la Universidad de Nuevo México. Sus principales líneas de investigación se relacionan con las instituciones políticas subnacionales, los procesos de democratización, y la política de género. Sus obras más recientes son:
“Política de Género y Federalismo en México.” Revista SAAP, Sociedad Argentina de Análisis Político,15(2): 335-361, Noviembre 2021.
“Contradicciones y conflicto entre la Cuarta Transformación y el movimiento feminista,” in “Dossier: Tres años de la 4T.” Política y Gobierno 28(2): 9-18, II Semestre de 2021.