México ha sido por varios lustros un país democrático con deficiencias, debilidades, rezagos o problemas. Lo ha sido al menos desde 2000, 24 años de su larga vida independiente. Es un país de calidad democrática media, tendiente a la baja, si nos atenemos a los principales indicadores existentes que así lo reflejan. Desde finales de los años noventa, su estructura institucional ha permitido el ejercicio de libertades y derechos, lo cual se expresa en una pluralidad de opciones sociales y en la organización de alternativas políticas que recurrentemente disputan el poder. Uno de los efectos más visibles y relevantes de este arreglo formal han sido las tres alternancias en el poder presidencial durante ese periodo. Desde orientaciones políticas o principios programáticos diferentes, los partidos o coaliciones de partidos han llegado al Ejecutivo sin mayores conflictos que los propios de las contiendas electorales, resueltos dentro de los canales institucionales: ha sido el caso del Partido Acción Nacional (PAN) en 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012 y Morena en 2018. Esto es muestra de un proceso de consolidación de las instituciones, dicho a tono con la literatura del campo.

Con la tercera alternancia, la de 2018, Morena y su líder, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con una asumida orientación de izquierda, llegaron al poder con crecientes expectativas de cambio. La bandera que han anclado en la opinión pública y en la gestión de gobierno ha sido la de la “cuarta transformación de la vida pública” (4T), aludiendo a los tres procesos históricos previos que fueron de mayor relevancia para el país: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Los íconos históricos se han revelado como una fuente simbólica de expresión de los propósitos de este gobierno y de las intenciones de dejar huella en la conciencia nacional.

Más allá de formar parte del sello de identidad del gobierno, ¿de qué clase de “transformación” estamos hablando? Si, como insiste este gobierno, hemos presenciado un “cambio de régimen”, ¿qué significa?, ¿en qué consiste? Para valorar la experiencia de este sexenio (2018-2024) en su justa dimensión, es importante inscribir este periodo gubernamental en el pasado reciente, es decir, en el ciclo político al que pertenece. En términos de la literatura de la democratización, un cambio de régimen implica una modificación en las “reglas del juego” que busca generar una competencia equitativa y justa para todos los actores políticos. No obstante, si bien los regímenes democráticos pueden dirigirse hacia mayores grados de democratización, el caso mexicano muestra, hoy en día, la experiencia de un proceso de erosión (López-Leyva y Monsiváis, 2024). Las elecciones de 2024 podrían ser una barrera de contención a ese proceso.

Un repaso sintético a nuestro ciclo democrático¹

La construcción de la democracia en México es reciente si se considera desde una perspectiva histórica, y ha tenido un particular énfasis en el ámbito electoral. Aunque ha sido objeto de disputa en el país durante muchos años del siglo pasado, no fue hasta finales de la década de los setenta (1977) que el régimen político autoritario inició un proceso de liberalización que abrió el camino hacia la democratización del país once años después, en 1988. La transición democrática fue prolongada y concluyó con la confluencia de dos elementos fundamentales: la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados en 1997 y la primera alternancia en el año 2000 con la llegada a la presidencia del PAN (Labastida y López Leyva, 2004).

Para contextualizar el propósito de este trabajo, es pertinente preguntarse: ¿cómo se ha construido la democracia en nuestro país?, o dicho de otro modo, ¿cómo hemos llegado al nivel de democracia que tenemos hoy, después de más de dos décadas? Labastida (2001) insistía en la importancia de examinar la evolución histórica del régimen autoritario hacia el democrático a partir del cambio en el principio de legitimidad, considerando que la democracia es un proceso de construcción continua. Sin embargo, es posible afirmar que existen momentos clave en los que se puede establecer un inicio y un fin, aunque en ocasiones las fronteras sean difusas.² En este sentido, recurrimos a la metáfora del “edificio institucional democrático” (Mainwaring, 1992; Mainwaring y Scully, 1995) para sugerir que, una vez abandonado el camino del autoritarismo, la democracia debe preservarse mediante reformas y políticas que respondan a las constantes demandas de la sociedad. Este régimen no se agota con su instauración, y el riesgo de regresión es una realidad latente para todas las democracias en el mundo, como lo demuestra claramente la experiencia de los Estados Unidos (cf. Levitsky y Ziblatt, 2018).

Una de las críticas dirigidas a la teoría de las transiciones de los noventa fue que parecía sugerir una ruta (pre)determinada hacia la democracia (v.g. Carothers, 2002); se investigó poco sobre los procesos inversos, siendo Juan Linz (1990) uno de los pocos que advirtió sobre las posibilidades de rupturas democráticas. En esa línea, las democracias -incluso las ya establecidas- pueden experimentar distintas etapas de democratización, a las que se podría denominar “ampliación” o “profundización”, pero también pueden enfrentarse a etapas o procesos inversos que de manera general se identifican como “desdemocratizaciones” o, de manera más específica, “desconsolidaciones”. Esta ha sido la dirección que han tomado los análisis sobre la evolución de este régimen en el mundo desde la década pasada (v.g. Foa y Mounk, 2016 y 2017; Mounk, 2018; Plattner, 2015).

Si retomamos la idea del “edificio institucional democrático”, el proceso político mexicano puede dividirse en un conjunto de etapas democratizadoras, en particular desde 1988, que marca el inicio inmediato de nuestra democracia. Esta perspectiva facilita la comprensión del trayecto recorrido, sus alcances y límites, y sus condiciones actuales, así como la noción de que enfrentamos un cambio que establece un “antes” y un “después” en 2018, siendo este último un punto clave en la disputa actual, especialmente por el significado atribuido al tiempo electoral.

La primera etapa, de 1988 a 1997, es la transición, un momento intermedio en el que el país navegó en la ambigüedad de abandonar los rasgos del autoritarismo y adoptar los contornos de una democracia en un periodo comparativamente extenso. Por ello, se ha denominado “transición prolongada”, término al que se añaden la gradualidad y el énfasis en lo electoral (Labastida y López-Leyva, 2004). Este periodo es significativo porque se negociaron, mediante una serie de reformas electorales (1989-1990, 1993, 1994 y 1996), las reglas de acceso al poder que establecieron las condiciones esenciales de competencia y pluralidad en el país. Este no fue un proceso sencillo; en las tres primeras reformas, la tercera fuerza política importante, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quedó excluida, pero para la cuarta reforma, se le incluyó, logrando su participación en las elecciones, aunque no sin objeciones.

La siguiente etapa, la instauración democrática, ha recibido menos atención en la literatura del campo y quizás solo Morlino haya destacado su importancia adecuadamente.³ Entre 1997 y 2000, un breve periodo en el que la democracia se asentó institucionalmente a través de reglas aceptadas y negociadas por todos los actores políticos, donde las elecciones demostraron su potencial para procesar las diferencias políticas y distribuir el poder: las elecciones de 1997 despojaron al PRI, hasta entonces partido hegemónico, de la mayoría en la Cámara de Diputados, y las de 2000 marcaron su reemplazo en el poder ejecutivo. Así, este partido perdió espacios clave de poder, aunque no desapareció del escenario político.

Las elecciones de 1997 pueden considerarse las primeras elecciones razonablemente limpias y libres de nuestra historia, y también generaron por primera vez un “gobierno sin mayoría”. Además, en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, se eligió su autoridad también por primera vez mediante el voto, y la victoria fue para un partido diferente al PRI, el PRD, con una figura emblemática de la izquierda: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.⁴ La instauración implica que el arreglo institucional funciona y debe ser puesto a prueba, lo que da pie a la consolidación de la democracia.

En 2000, el país experimentó la primera alternancia en el poder presidencial después de 71 años de hegemonía del PRI. Este es el momento en que podríamos asumir que la democracia ha quedado firmemente establecida. Se inicia entonces un proceso distinto: la consolidación, definida por la persistencia democrática y las posibilidades de evitar una regresión autoritaria. Generalmente, dos o tres elecciones razonablemente libres y limpias pueden ser suficientes para considerar que una democracia está consolidada (Cadena y López-Leyva, 2011).

Este proceso se observó entre 2000 y 2006, aunque no sin controversias, especialmente por la impugnación liderada por AMLO en 2006, alegando “fraude electoral”. La existencia de elecciones libres y limpias se sostiene porque las instituciones electorales manejaron las demandas de presunto fraude dentro de los márgenes aceptables y porque la protesta social, aunque amplia y estridente, se llevó a cabo sin violencia. Por tanto, ese año marca el fin de la consolidación: la democracia resistió.

Desde otra perspectiva, a pesar del desgaste que el conflicto poselectoral de 2006 supuso para la democracia, todos los líderes y partidos políticos continuaron apostando por los procesos electorales como vía para la transformación pacífica. Quizás el ejemplo más claro de esto es que AMLO es presidente desde 2018, después de haber liderado dicho conflicto, porque participó en las elecciones de 2012 y 2018, logrando el triunfo en este último año. ¿Qué significa esto? Que la democracia se legitimó y nadie la cuestionó por medios no democráticos, lo cual es clave para considerar su consolidación.

Tras esta etapa, se presentó una más compleja, que podría denominarse de estancamiento progresivo entre 2006 y 2018. Como señala Monsiváis (2022, p. 315), aunque en la década de los noventa el avance democrático fue notable, superando el “umbral mínimo” de la democracia electoral, este régimen dejó de avanzar a pesar de dos décadas de “importantes reformas en materia de derechos humanos, justicia penal, transparencia y combate a la corrupción”. Según el autor, la democracia se mantuvo estancada o “en recesión”, en línea con las tendencias discutidas desde 2015 sobre el panorama de las democracias en el mundo (cf. Diamond, 2015).

En esos 12 años, la democracia comenzó a reflejar una serie de déficits, producto del énfasis electoral de la transición, y mostró claros síntomas de malestar y desgaste de los actores políticos. Este fenómeno no fue inmediato, pero sí reiterado y gradual. Algunos elementos del “malestar con la democracia” (Cadena y López-Leyva, 2019) son comunes a varios países de la región y del mundo, como la desafección política y la desconfianza hacia las instituciones políticas, destacándose en particular los propios partidos políticos, lo que lleva a la recurrente pero inexacta expresión de “crisis de los partidos”.

Dos eventos fueron puntos de inflexión de este desgaste, ambos ocurridos en 2014, durante el retorno al poder del PRI: la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y el escándalo conocido como “la Casa Blanca”, por un presunto conflicto de interés presidencial. Estos hechos, junto con una respuesta gubernamental tardía y poco convincente, profundizaron el descrédito de la política y evidenciaron los límites de la democracia en términos del estado de derecho. Lo que se cuestionó con indignación fue la corrupción, la impunidad y el contubernio entre toda la clase política, dado que no había un único partido responsable, sino que la responsabilidad se extendía entre los tres principales, especialmente en lo relacionado con los normalistas. La frase “fue el Estado” simbolizaba con la mayor claridad el declive de un gobierno y, por extensión, las expectativas que la ciudadanía había depositado en la democracia.

Este momento reflejó el hartazgo con la clase política. De manera contundente, aunque simplificada, fue la primera vez que se cuestionó no a la democracia como ente institucional en sí, sino a esa particular modalidad de democracia y a sus principales actores, los “partidos de la transición” (PAN, PRI y PRD), que negociaron las reglas de competencia en los noventa y también el “Pacto por México”, un episodio reformista bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto que culminó en una serie de reformas “estructurales”.

Monsiváis (2019, p. 38) resume esta trayectoria democrática de la siguiente manera:

Si se adopta una perspectiva de mediano plazo, resalta que desde 1977, año en que se adoptó la reforma política que inauguró la prolongada transición democrática, México siguió una trayectoria de desarrollo democrático gradual pero sostenido a lo largo de más de dos décadas, hasta llegar al año 2000… Desde ese punto en adelante, la democracia electoral no progresó más, sino que se quedó estancada. La democracia liberal siguió una trayectoria paralela, pero en un nivel claramente inferior de desarrollo.

El ciclo político entra en una nueva dinámica a partir de 2018. Desde entonces, podríamos hablar de una “vuelta a la incertidumbre”, no en el sentido que incentiva la competencia y participación en condiciones de equidad (incertidumbre en los resultados), sino una que cuestiona las bases para el origen y ejercicio del poder (incertidumbre en las reglas y su perdurabilidad). Este proceso está marcado por intensas tensiones y parece ser regresivo, caracterizándose por la prevalencia de un clima de polarización política, el desconocimiento por parte de la nueva coalición gobernante de los avances logrados durante el periodo democrático y el rechazo gubernamental hacia las distintas instancias de autonomía institucional. Si asumimos que nuestra democracia aún prevalece hoy día, sería una democracia debilitada y enfrentando serios riesgos de retroceso o de erosión democrática (López-Leyva y Monsiváis, 2024).

Este recorrido nos ha permitido observar, de manera panorámica, las distintas etapas de la democratización política del país, enfocándonos en el cambio del régimen en dos dimensiones fundamentales: las reglas de acceso al poder y las del ejercicio del mismo. Las primeras fueron el foco durante los periodos de transición (1988-1997), instauración (1997-2000) y consolidación (2000-2006); las segundas no lograron ser lo suficientemente robustas para permitir un desarrollo democrático progresivo en términos de diseño institucional, lo que llevó a su estancamiento (2006-2018) y al posterior proceso de erosión (desde 2018 hasta la actualidad). Del amplio optimismo sobre las expectativas democráticas, hemos pasado a una perspectiva marcada por la incertidumbre: la continuidad democrática ya no parece tan segura como se pensaba hasta hace algunos años.

¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio?

La pregunta adquiere relevancia habida cuenta de que el proceso de democratización implicó, según lo visto, un cambio de régimen: de un autoritarismo con partido hegemónico, el PRI, a una democracia electoral con tres partidos que se disputaban el poder en distintos niveles de gobierno: PAN, PRI y PRD. Sobre esa base, es importante evaluar si el régimen -las reglas y las instituciones- se está transformando en virtud del cambio de gobierno (2018-2024) o si este representa el impulso a políticas públicas distintas, cuyo eje es un estilo diferente de hacer política, cercano a los liderazgos populistas, todavía dentro del terreno democrático.

La clave está en cómo percibimos el cambio. En ese sentido, vale la pena retomar la pregunta que se hacen Solís y Barrientos (2020) cuando se refieren a México como “una democracia débil y asediada”: lo ocurrido en 2018, ¿fue un triunfo electoral más y una alternancia dentro de una democracia, o el producto del deterioro de las condiciones políticas y sociales entre 2000 y 2018? Si lo planteamos en otros términos, la cuestión puede desglosarse así: ¿fue un triunfo electoral más y una alternancia dentro de una democracia, es decir, un cambio rutinario de gobierno, o fue el triunfo democrático de un partido y un liderazgo que impulsan una narrativa particular sobre el régimen y promueven la idea de un cambio de gran envergadura, basados en el deterioro señalado? Veamos qué podemos obtener de una muestra del debate público de estos años.

En su Primer Informe de Gobierno, el presidente López Obrador asentó con claridad el sentido del cambio que impulsó desde la campaña electoral:

Con lo conseguido en apenas nueve meses, bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen y que esto no ha sido ni será más de lo mismo; por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México (López Obrador, 2019a).

En este breve extracto, se pueden destacar dos aspectos clave: la distinción entre los niveles de cambio, de gobierno y de régimen. Esto implicaría que, con el primero, se da el paso fundacional en el camino hacia una mayor transformación de profundidad, que no se agotaría con la simple alternancia (en esta secuencia, se interpreta que la democracia apenas se concreta con el arribo de AMLO a la presidencia); y la similitud, o mejor dicho, sinonimia, entre cambio de régimen y “regeneración de la vida pública”. Con esto, el régimen adquiere una connotación diferente, de orden abstracto, cercano a una especie de purificación colectiva.

En el marco de ese informe (López Obrador, 2019a), se referirá a lo que entiende por “verdadera democracia”, vinculada con la elección de gobernantes:

También estamos transitando hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que destine el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza.

En su mensaje de informe de actividades en el Zócalo (López Obrador, 2019b), daría mayores pistas para comprender su idea del cruce entre “cambio de régimen” y “verdadera democracia”, a saber:

Nuestro movimiento ha trascendido porque surge de ideales y principios, se rige por ellos y no limita su propósito a un simple cambio de gobierno, sino que tiene como objetivo superar para siempre el régimen corrupto y despiadado que prevalecía… Pienso... que este mismo año, a más tardar en diciembre, terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto y quedarán, en este mismo año, construidas las bases para la transformación política de México... considero que entre más rápido consumemos la obra de transformación más tiempo tendremos para consolidarla y convertirla en hábito democrático, en forma de vida y en forma de gobierno.

A partir de estas ideas generales, se ha construido una narrativa que define lo que el gobierno quiere hacer y lo que presume de realizar. Desde entonces hasta ahora, las opiniones se han diversificado acerca de la idea del “cambio” que el presidente ha propuesto impulsar.⁵ Lo interesante es que el depositario del poder, el pueblo, se convierte en el eje de la disputa por el sentido de la democracia, en contraposición a la “captura” de la idea democrática realizada por los gobernantes anteriores, donde el pueblo no tenía voz. Así, desde la perspectiva presidencial, la transición fue una ficción o incluso una farsa que ocultó una estructura de “corrupción y privilegios”; las alternancias de 2000 y 2012 representaron el cambio de “dueños” de este aparato de “componendas y complicidades”. En esta versión “negacionista de la transición”, ⁶ se comprende por qué la democracia es vista como una creación de AMLO, y no como una construcción previa y prolongada de partidos y ciudadanos.

Con esta orientación, durante los primeros años de este periodo presidencial algunos articulistas sostenían lo que podríamos llamar el “cambio radical o destructivo”. Por ejemplo, para Ibarra (2020) el régimen había sido derrotado en las urnas, pero extrañamente seguía ahí:

Transformar un país pacíficamente -algo extraordinariamente inusual en la historia y de lo que las y los mexicanos debemos sentirnos orgullosos- solo puede ser, por el contrario, la obra de millones de valientes. Derrotar a un régimen y cambiar radicalmente a un país a punta de votos en lugar de hacerlo con las armas es una tarea harto más difícil… No hubo una insurrección; se ganaron unas elecciones en las que 30 millones de mexicanas y mexicanos dieron a López Obrador el mandato expreso no solo de ceñirse la banda presidencial sino de cambiar a uno de los regímenes más longevos, corruptos, represivos de la historia mundial reciente. Un régimen que, ciertamente, fue desplazado del poder pero que sigue vivo, está casi intacto y busca, a como dé lugar, descarrilar a la democracia recién conquistada. Un régimen corrupto y corruptor que, como la humedad, penetró, degradó, erosionó todos los órdenes de la vida pública en nuestro país.

Por su parte, para Ramírez Reyes (2020) la destrucción es la medida del éxito:

Nadie con buen juicio evaluaría a un gobierno reformista con menos de un año en el encargo en los mismos términos que a un gobierno de normalidad política. Un gobierno de cambio, y más uno que aspira a transitar a un régimen político distinto, debe juzgarse más bien por su éxito en destruir lo que aspira a destruir, y aquel que tenga en su labor de siembra de un nuevo futuro. Y el gobierno de López Obrador ha sido exitoso arrancando el sistema de intermediación corrupta de la vieja política social, cambiando la correlación de fuerzas a golpe de votos, poniendo frenos al federalismo de los gobernadores ladrones, y extirpando el viejo sistema de compras públicas.

Esta versión, que se ha desarrollado más profusamente a lo largo de este sexenio, propone que desde 2018 existe “una verdadera democracia”, “real y participativa”. Por lo tanto, el cambio no es hacia la democracia porque esta recién se ha instaurado. La democracia, para decirlo brevemente, apenas existe y solo ahora se hará realidad la máxima de que “el pueblo manda”.

Si el cambio no es hacia la democracia, entonces apunta hacia una regeneración moral, una especie de nuevo “espíritu de época” en contra de la corrupción y el pasado neoliberal, diferente a lo que se había experimentado antes con la “falsa democracia” producto de la transición. Es una transformación conductual, que debería abarcar todos los órdenes sociales. Por tanto, no se requieren reglas del juego diferentes para el acceso y ejercicio del poder, sino comportamientos distintos. Así, en esta versión oficial, estamos atestiguando la coincidencia de un cambio de régimen con uno de gobierno, similar a lo que describe la literatura sobre las transiciones democráticas con las elecciones fundacionales, donde a la democracia recientemente instaurada se le suma una transformación de valores, aunque poco definida en sus contornos. Si el régimen cambió desde la “elección fundacional” de 2018, lo que habrá de transformarse después de ella es algo más que lo que se encuentra en el orden institucional real.

En contraste con esta visión, se ha generado un cierto escepticismo ante la idea del cambio de régimen, dado que no se observa una nueva construcción institucional o bien, el “régimen nuevo” parece similar al antiguo en sus líneas principales. Así, Aguilar Camín (2019) no identificaba en la destrucción institucional los rasgos de la prometida transformación:

“Al diablo con sus instituciones”. La frase tuvo entonces el carácter de una denuncia flamígera, de una protesta justa. Tiene hoy la forma de un proyecto de gobierno. Su espíritu preside el esfuerzo fundamental del nuevo gobierno, nada menos que sustituir el orden institucional vigente por otro de su propia inspiración. Este es uno de los propósitos rectores del huracán de cambios legales, institucionales y presupuestales que ha echado sobre la República el gobierno que se proclama autor de lo que será la “Cuarta Transformación”, siendo la primera la Independencia, luego la Reforma y luego la Revolución… El balance tiene rasgos indiscutibles de un cambio radical, pero no prometedor. Lo destruido hasta hoy es más que lo construido, los daños son más claros que los beneficios. Para seguir con la metáfora: muchas instituciones se están yendo al diablo, sin que aparezca todavía la transformación prometida.⁷

Para Peschard (2019), había poca claridad en el perfil del “nuevo régimen”:

La gran promesa del gobierno de AMLO fue el cambio de régimen -la 4T- conducido desde su liderazgo personalizado. Pero, ¿sabemos realmente en qué consiste?, ¿cuál es su perfil ideológico y programático y cuál es la ruta estratégica para lograrlo?... Si entiendo bien, se quiere romper con las complicidades entre las élites políticas y las económicas que en el pasado subordinaron al Estado a intereses particulares… Quizás el rasgo más claro del cambio de régimen sea su política de comunicación social que es un nuevo estilo personal de gobernar… El 70 por ciento de aprobación con la que hoy cuenta el Presidente López Obrador muestra el gran respaldo que tiene la promesa del cambio de régimen. Valdría la pena que se aprovechara este Primer Informe de Gobierno para ofrecernos mayor claridad sobre el perfil del “nuevo régimen”.⁸

La oposición partidista se posiciona en este polo de crítica, aunque de manera más contundente. Un ejemplo es la Plataforma Común del PAN, PRI y PRD, en la que estos partidos justifican su alianza anticipando un cambio en el régimen, pero en sentido inverso: “El gobierno ha dado pasos acelerados hacia la construcción de un régimen con tendencias autoritarias” (Va por México, 2021, p. 2). Específicamente, para el PAN, el gobierno de AMLO ha sido “destructor” de la democracia. Esta postura se fundamenta en lo que consideran el “desmantelamiento de los órganos autónomos” y la propuesta de reforma constitucional para modificar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral (Diputados PAN, 26/01/2023; Senadores PAN, 28/04/2022; Diputados PAN, 12/01/2021).

En cuanto a la interpretación del ciclo histórico, el PAN sostenía:

En los últimos treinta años México ha experimentado una profunda transformación política. Transitamos desde un régimen autoritario de partido dominante hacia una democracia inacabada e insuficiente que, al no cumplir con todas las aspiraciones de la ciudadanía, propició el triunfo electoral de una opción populista en 2018 (PAN, 2022, p. 4).

A la versión de la “verdadera democracia”, que se corresponde con la idea del “cambio destructivo del pasado”, se ha elaborado una alternativa opuesta, reproduciendo así la dinámica de polarización “perniciosa” o “tóxica” (Somer, McCoy y Luke, 2021; Lührmann, 2021), experimentada en el país desde 2018. De esta otra versión, de escepticismo o de franca crítica hacia los propósitos y acciones del gobierno, se puede inferir que la democracia es joven, con poco más de dos décadas de existencia y con déficits que no se atendieron a tiempo, profundizando problemas heredados del autoritarismo. La llegada al poder del presidente actual y las mayorías legislativas con las que cuenta no hubieran sido posibles sin este régimen democrático, a pesar de las críticas que recibió por parte del actual partido gobernante -Morena- durante los años previos.

Si profundizamos en lo que implica esta idea, podemos afirmar que el “cambio de régimen” impulsado por el gobierno actual no se refiere a estructuras institucionales, es decir, a modificaciones sustanciales en las reglas que definen los mecanismos de acceso y distribución del poder. Se refiere a la narrativa de desestructuración de arreglos políticos corruptos, en los cuales participaron los actores partidistas de la transición -PAN, PRI y PRD- y al combate de órdenes de connivencia mafiosa. Que esto haya existido en los años posteriores a la primera alternancia en el 2000, y que los gobiernos anteriores (2000-2018) no lo hayan combatido o lo hayan hecho de manera insuficiente, revela la imagen de una democracia deficitaria por ineficiente, no necesariamente de un autoritarismo rapaz. El problema no es solo destruir esas prácticas del pasado, planteamiento por sí mismo razonable, sino cómo sedimentar acuerdos duraderos que impidan su regeneración y establezcan otros. Y eso no parece estar ocurriendo con este gobierno, porque ello solo sería posible con una profunda reforma institucional -un cambio de régimen en serio- que ponga los cimientos para la profundización democrática.

En suma, dado que en las versiones opuestas anteriores, la oficial y la alternativa, el régimen ya cambió (en la primera en 2018 y en la segunda a finales del siglo pasado), ¿cómo se puede entender la expresión “cambio de régimen” sin caer en contradicciones? ¿Cómo entenderla sin confundirse? Dicho de otra manera, tomando en cuenta la disputa vigente por el sentido de la transformación en marcha, vale la pena preguntarse: si el régimen está cambiando desde 2018, ¿hacia dónde lo hace? ¿Qué tipo de cambio ha habido y cómo podemos observarlo? ¿Qué representa a la luz de los comicios presidenciales de 2024? Veamos.

Los problemas irresueltos del “régimen”

La versión oficial sostiene que el cambio de régimen implica la instauración de una “verdadera democracia”, desconoce los avances logrados durante la transición y establece como meta erradicar la corrupción, los privilegios, las componendas y complicidades, entre otros vicios del pasado. Dado esto, evaluemos si estos cambios se han materializado y qué país tenemos hoy, a la luz de la evidencia disponible. Pondremos énfasis en los problemas que reflejan nuestra situación actual y el progreso alcanzado desde el “régimen anterior”: corrupción, estado de derecho, respeto a las libertades y derechos, violencia e impunidad. Esto nos permitirá observar el avance de las transformaciones prometidas (en caso de que las haya) y determinar si este “nuevo régimen” es tan diferente como se propone.

Uno de esos problemas es la corrupción, que socava todos los cimientos del edificio institucional. La realidad muestra que el país no ha avanzado significativamente. Tomando como referencia el “Corruption Perceptions Index” de Transparencia Internacional, desde 2017 hasta 2023, se observa una mejora que nos mantiene en una situación relativamente estable, pero no representa un avance sustancial. En 2017, México se encontraba en el lugar 135 de 180 países evaluados, y en la evaluación más reciente, en 2023, se ubica en el puesto 126.

Cuadro 1

Posición de México en el “Corruption Perceptions Index”

*Donde 1 es el país con la posición más alta en el ranking y 180 la menor. **El score refleja la percepción de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100. Donde 0 expresa mayor corrupción y 100 la menor. Fuente: elaboración propia con información de Transparencia Internacional, “Corruption Perceptions Index”.

Hay otro índice que mide el estado de derecho en el Proyecto Mundial de Justicia: el Índice del Estado de Derecho (Rule of Law Index).⁹ Tomando los datos de este índice desde 2015, el país muestra una débil adherencia. En 2022, México se ubicó en el lugar 115 de 140, mientras que en 2015 ocupaba el lugar 79 de 102 (Cuadro 2) (WJP, 2015-2022a). Esta medición anual considera la corrupción, entendida como el uso indebido del cargo para beneficios privados, a través de tres formas específicas: “soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos” en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, así como en la policía y las fuerzas militares, siendo el poder legislativo el peor evaluado (WJP, 2022). ¹⁰

Cuadro 2

Índice Global del Estado de derecho (Rule of Law Index)

* Escala de 0 a 1, donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de Derecho. Fuente: elaboración propia con información de WJP, 2023-2015a y WJP, 2022-2015b.

Considerando solo el factor de “Ausencia de corrupción” del índice en el mismo período, 2015-2023, los datos son alarmantes. En 2023, México se ubicó en el lugar 136 de 142 países (WJP, 2015-2022b).

Según el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), se estimó en 2021 una tasa de “prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal” de 14,701 víctimas por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, con una incidencia de 25,995 casos de corrupción por cada 100,000 habitantes (INEGI-ENCIG, 2021). En comparación, la tasa de prevalencia de corrupción en este rubro fue de 12,080 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2021, mientras que la incidencia registró 24,724 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2013, lo que indica pocas variaciones (Cuadro 3). En cuanto a la percepción sobre la frecuencia de corrupción, en 2021 el 86.3% de la población a nivel nacional consideraba que los actos de corrupción eran “muy frecuentes”, comparado con el 88.3% que los calificaba como “frecuentes” o “muy frecuentes” en 2013 (INEGI-ENCIG, 2021, 2013) (Cuadro 4).

Cuadro 3

Prevalencia e incidencia de corrupción al realizar un trámite personal, de acuerdo con la ENCIG, 2021-2013

Fuente: elaboración propia con información de INEGI-ENCIG, 2021, 2013.

Cuadro 4

Pocentaje de población con percepción de corrupción “Frecuente o muy frecuente”*

Fuente: elaboración propia con información de INEGI-ENCIG 2021, 2013.

Uno de los aspectos centrales de la democracia es el respeto a las libertades y derechos. Según el índice de Freedom House, ¹¹ desde 2011, México está evaluado como un país “parcialmente libre”, y las principales amenazas identificadas por esta organización están relacionadas con la libertad de prensa y la violencia perpetrada por organizaciones criminales. Sin duda, prevenir esto es una responsabilidad del Estado. Observando una perspectiva más amplia, de 1973 a 2000, México fue catalogado como “parcialmente libre”; de 2000 a 2010, como “libre”. Desde 2011 hasta 2023, el país ha sido considerado “parcialmente libre” (Freedom House, 2023b). En 2023, la Puntuación Global de Libertad (Global Freedom Score) de México fue de 60 sobre 100, con un puntaje de 27 sobre 40 en derechos políticos y 33 sobre 60 en libertades civiles (Freedom House, 2023a) (Cuadro 5).

Cuadro 5

Puntuación global de libertad (Global Freedom Score) de México 2023*

*Donde 100 es menor puntaje Fuente: elaboración propia con información de Freedom House, 2023a

En cuanto a la amenaza a la libertad de prensa, hay que destacar que el punto más alto de asesinatos a periodistas fue 2012, con 143. Ese número “ha disminuido de manera constante” (IEP, 2020a, p. 4). En 2022, México se ubicó como el “segundo país más mortífero para los periodistas, sólo detrás de Ucrania” (IEP, 2023a, p. 3) dado que “corren peligro cuando cubren temas relacionados con la delincuencia organizada” (IEP, 2021a, p. 1).

Cuadro 6

Asesinatos a periodistas en México (por año)

Fuente: elaboración propia con información de IEP (2023a, p. 3; IEP, 2020a, 2022a; IEP, 2021a, p. 1).

Gráfica 1
Periodistas asesinados por año en México 2012-2022
Fuente: elaboración propia con información de IEP (2023a, p. 3; IEP, 2020a, 2022a; IEP, 2021a, p. 1).

En lo que respecta a la violencia mencionada, según el Índice de Paz Global (Global Peace Index) del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en 2013 México ocupaba el lugar 133 de 162 países evaluados. Llegó a su peor posición en 2015, ubicándose en el 144 de 163 países. Para 2017, el país mostró una mejora, alcanzando el lugar 142 de 163 países, y en la edición más reciente, de 2023, se encuentra en el puesto 136 de 163 (IEP, 2023, 2017, 2015, 2013).¹² Esto indica que, a pesar de las variaciones, México se mantiene en una posición relativamente similar. De hecho, el reporte ha señalado consistentemente que México se ha vuelto progresivamente menos pacífico, una tendencia que las cifras publicadas periódicamente por el INEGI corroboran claramente.¹³

Gráfica 2
Variaciones en la posición de México en el Índice de Paz Global, 2013-2023)
En 2013 se evaluaron 162 países, a partir de 2015, 163Fuente: elaboración propia con información de IEP (2023b, 2017, 2015, 2013).

Cuadro 7

Posición de México en el Índice de Paz Global (Global Peace Índex) 2013-2023

Posición de México en el Índice de Paz Global (Global Peace Índex) 2013-2023 2023 136/163

En línea con lo anterior, tenemos las cifras más altas de homicidios durante mucho tiempo. En 1990 la tasa de homicidios fue de 16.6 por cada 100 mil habitantes, en 2007 se registró un mínimo histórico de 8.1, para llegar a un nuevo récord en 2017 de 26 (INEGI, 2019: VII). Este récord quedó superado en 2018-2020 con una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil para bajar a 25 en 2022 (INEGI, 2023a, p. 1 y 8) (Gráfica 3).¹⁴ Por otra parte, en 2022, 27.4% de los hogares contó con al menos una víctima (INEGI, 2023c, p. 7) frente al 35.6% del 2017 (INEGI, 2018, p. 6) o el 34.2% de 2016 (INEGI, 2017) La cifra negra estimada para 2023 es de 92.4% frente a la 93.6% en 2017 (INEGI, 2023c, 2018), prácticamente sin variación.

Gráfica 3
Homicidios por cada 100 mil habitantes 2007-2023
Fuente: elaboración propia con informción de INEGI, 2023a, p. 1 y 8

La impunidad está estrechamente vinculada con las percepciones de las víctimas de violencia y con el combate a la corrupción, incluyendo “las componendas y complicidades”. Según el Índice Global de Impunidad, en 2017, México ocupaba el lugar 66 de 69 países evaluados (Le Clercq Ortega y Rodríguez, 2017, p.11). En la edición más reciente, de 2020, avanzó al lugar 60 de 69 (Le Clercq Ortega y Rodríguez, 2020, p. 198). Este avance es pequeño y no se considera sustancial. Lo más relevante de esta evaluación es que México es uno de los países con mayores problemas de impunidad a nivel mundial, aunque se sitúa en el promedio a nivel regional.

Además, la encuesta “Percepciones de Impunidad 2022”, que define la impunidad como “la inexistencia de responsabilidades penales, civiles o administrativas por violaciones a la ley” (Impunidad Cero, 2022, p. 2), señala que, más allá de problemas estructurales, este fenómeno se debe a la insuficiencia de recursos destinados a la procuración e impartición de justicia, entre otras causas. La mayoría de las personas encuestadas indicaron que “la mejor forma de combatir la inseguridad” es “mejorar la capacitación de las procuradurías y fiscalías del país”. Un 46.2% consideró que la impunidad se ha mantenido sin cambios en los últimos tres años (Impunidad Cero, 2022, p. 7). El informe concluye lo siguiente:

El 12% de los encuestados considera que la principal causa de la impunidad es que los agentes del ministerio público no investigan los delitos, 11% que los policías no detienen a los delincuentes, 10% que los jueces son corruptos, 7% que la principal causa es la falta de denuncia de los delitos y 57% considera que las causas son todas las anteriores. Esto refleja que las personas logran identificar retos en todas las etapas del proceso penal, desde el actuar de los policías como primeros respondientes hasta los jueces encargados de dictar las sentencias, pasando por la falta de denuncia de la ciudadanía y las capacidades de investigación de los ministerios públicos (Impunidad Cero, 2022a, p. 8).

En el informe más reciente, “Percepciones de Impunidad 2023”, 47% de las personas entrevistadas consideraron que la impunidad ha aumentado en el país (p.6):

El 13% considera que la principal causa es que las autoridades están coludidas con los delincuentes, 11% que los jueces liberan a los delincuentes, 10% que la ciudadanía no confía en las instituciones, 10% que los agentes del ministerio público no investigan los delitos, 9% que los policías no detienen a los delincuentes y el 31% restante considera que todas las anteriores son causas de la impunidad. Únicamente 5% considera que la falta de recursos presupuestales de las instituciones es la principal causa de la impunidad (Impunidad Cero, 2023, p. 11). ¹⁶

Los datos presentados nos llevan a considerar que, en aspectos fundamentales de la democracia y lo que el gobierno actual denomina “cambio de régimen”, las condiciones no solo no han mejorado sino que, en algunos casos, se han deteriorado. Indudablemente, ha ocurrido un cambio significativo en la retórica y la narrativa en torno a la llegada al poder ejecutivo de AMLO, caracterizada por un liderazgo de corte populista. Sin embargo, los elementos problemáticos que originaron el “malestar con la transición”, y que finalmente lo condujeron a un lugar destacado en la política nacional, no parecen haberse modificado sustancialmente. Son problemas que, independientemente de los gobiernos o partidos en el poder, han evolucionado de forma constante, se han intensificado y demandan soluciones institucionales con una visión a mediano y largo plazo.

Lo que observamos, entonces, es un cambio, pero en una dirección que podría interpretarse como regresiva: de una democracia hacia una forma (todavía) indefinida de autoritarismo, a través de un proceso de erosión del régimen. Esto constituye una transición inversa. Algunas de las evaluaciones más importantes a nivel mundial reflejan esta tendencia. Por ejemplo, según el “Democracy Index 2022” elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), la puntuación general de México ese año fue de 5.25 en una escala de 0 a 10.¹⁷ Este índice clasifica los países en “Democracia plena”, “Democracia defectuosa”, “Régimen híbrido” y “Régimen autoritario”, ubicando a México en la categoría de “regímenes híbridos”, en el puesto 89 de 167 países, lo que representa un descenso de tres posiciones en comparación con la medición anterior (EIU, 2022, p. 9). ¹⁸

A manera de cierre: los retos para la democracia realmente existente

¿Qué ha cambiado con este gobierno? ¿En qué consiste el “cambio de régimen” prometido? La literatura sobre las transiciones democráticas ha aportado, entre otros elementos valiosos, una amplia reflexión acerca de lo que implican las modificaciones a las instituciones y las reglas para entender el paso de un régimen a otro. Cavarozzi (1991: 397-398) incluye en el concepto de “régimen político” las reglas y mecanismos, sean constitucionales o no, para la selección de los altos funcionarios políticos del Estado y los criterios de distribución de poder entre los diferentes órganos estatales. Por su parte, O’Donnell y Schmitter (1988: 118) lo definen como un “conjunto de pautas, explícitas o no, que determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos de gobierno, las características de los actores admitidos y excluidos respecto a ese acceso, y los recursos o estrategias que pueden emplear para ganar tal acceso”.

Estas reglas, mecanismos y pautas determinan, en esencia, el acceso, la distribución y el ejercicio del poder político; es decir, quién gobierna, cómo lo hace y su relación con los ciudadanos. Este fue el foco del proceso de democratización que mencionamos al inicio. Observando lo ocurrido desde esta perspectiva, es evidente que el régimen cambió para permitir la alternancia en el poder y los controles constitucionales sobre el mismo. No obstante, desde la perspectiva gubernamental actual, que sostiene que el régimen permanecía inalterado hasta 2018 independientemente de la dimensión electoral, el balance no es favorable. Los elementos que se buscaban transformar (corrupción, violencia e impunidad) no solo no han mejorado, sino que, en algunos casos, se han exacerbado. Mirando con estos lentes, el régimen no ha experimentado un cambio, lo que contradice la visión oficial.

Si no estamos ante un cambio de régimen en ninguno de los sentidos previamente mencionados, entonces debemos considerar otros aspectos que podrían ayudar a comprender mejor la situación. Reflexionemos sobre las siguientes dimensiones: a) las formas de gobierno, caracterizadas por un estilo peculiarmente personalista, centralizador y, en esencia, populista; b) la decisión política, que refleja prioridades diferentes en las políticas públicas y que ha generado tensiones entre diversos grupos sociales; c) el discurso, marcado por una narrativa de cambio agresiva y confrontadora que simplifica el contraste entre el pasado autocrático-neoliberal y el presente democrático-estatista; y d) el objetivo central: la lucha contra la corrupción, la impunidad y los privilegios, así como la influencia en la separación del poder político del económico. En resumen, lo que se observa es un cambio de gobierno, más que de régimen, manifestándose en una forma distinta de ejercer el poder, una orientación ideológica y política diferente, y una comprensión lineal y esquemática de la democracia.

Si este análisis es acertado, debemos reconocer que no poseemos una democracia perfecta; sin embargo, es un avance significativo mantenerla, incluso frente a un proceso de erosión en curso. Los elementos principales que evidencian este proceso incluyen la concentración de poder en el Ejecutivo y el uso de la mayoría relativa que este tiene para impulsar sus proyectos, generalmente sin deliberación ni consulta, ignorando o negociando poco con la oposición, de la cual se ha prescindido efectivamente; el ataque hacia las entidades autónomas que representan un contrapeso al Ejecutivo, desde el organismo encargado de organizar elecciones periódicas, el Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el garante de la constitucionalidad en el país, el Poder Judicial; y la creación de un ambiente de polarización intensa donde no es posible expresar disidencias sin enfrentarse a la descalificación personal en lugar de una deliberación ponderada y racional entre opiniones divergentes. Se esperaba que los dos primeros elementos estuvieran superados en la vida política del país, especialmente tras las experiencias de gobiernos sin mayoría entre 1997 y 2018, que requerían de negociaciones entre la mayoría en turno y las minorías. Ahora se ve que son arreglos inestables susceptibles de ser modificados por un liderazgo fuerte respaldado por una coalición mayoritaria. La polarización, hasta ahora no experimentada en el grado actual, depende en gran medida de la postura confrontadora del Ejecutivo y la falta de creatividad de la oposición. Este otro arreglo inestable podría cambiar si la correlación de fuerzas en 2024 se altera, así como las prioridades del gobierno.

Si, en efecto, el país está experimentando una erosión de su democracia, responsabilidad que recae en gran medida en el Ejecutivo, surge una pregunta válida: ¿por qué goza de una notable aprobación entre la ciudadanía? Esto es innegable, aunque merece ser matizado. Según el compendio de encuestas realizado por Oraculus (https://oraculus.mx/aprobacion-presidencial/), el promedio más reciente disponible indica un 69% de aprobación. Sin embargo, la aprobación de presidentes en el mismo período en el cargo -enero de 2024, 62 meses- era menor, aunque siempre superior al 60%: Ernesto Zedillo (1994-2000) con un 65%; Vicente Fox (20002006) con un 62%; y Felipe Calderón (2006-2012) con un 60%. La excepción notable fue Enrique Peña Nieto, quien contó con un 23% de aprobación. Esto indica que presidentes anteriores al actual han mantenido altas tasas de aprobación a pesar de errores y dificultades durante sus gobiernos, lo que sugiere que la aprobación presidencial no es un factor determinante para comprender la dinámica de la erosión democrática.

La construcción democrática que delineamos al inicio a menudo es ignorada o excluida del debate público, especialmente frente a la inmediatez de las redes sociales digitales, donde los agravios y el resentimiento de sectores que se sienten excluidos cuestionan los logros institucionales. En este contexto, las elecciones de 2024 representan una excelente oportunidad para reafirmar, mediante el voto, el fundamento básico del régimen democrático: la elección de nuestras autoridades. Si la diversidad política concede a la oposición en el Legislativo un rol de contrapeso significativo, se podrá asegurar un equilibrio de poderes, saludable para la vida política en general. Así, confirmaremos que la democracia persiste a pesar de los intentos por socavar sus bases. Será una democracia quizás debilitada, pero aún vigente, lo cual es, sin duda, una buena noticia.

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