Los procesos de integración regionales han pasado por diferentes etapas de expansión y crisis, que no se deben sólo a sus esquemas y marcos institucionales sino a la estrategia de desarrollo en torno a la cual buscaron articularse, y también a las condiciones favorables o desfavorables que la coyuntura internacional definía.
Pese a los
En la misma línea, se ha impulsado el desarrollo de cadenas productivas transfronterizas, como los corredores de desarrollo productivo y el intercambio de experiencias entre productores en sectores clave para el comercio extrarregional. Durán,
Fairlie
En la CAN hay logros significativos en diversas áreas. Se ha implementado el sistema andino de calidad, se han coordinado políticas en sanidad agropecuaria, salud humana y propiedad intelectual. La movilidad de personas ha mejorado notablemente, utilizando la Tarjeta Andina de Migraciones.
La Agenda Digital Andina, presentada en abril de 2022, constituye otro hito importante. Sus ejes incluyen gobierno y transformación digital, infraestructura y conectividad, talento digital, economía digital y nuevas tecnologías para el desa rrollo sostenible. Además, se ha establecido un marco regulatorio para la interconexión subregional del sistema eléctrico y el intercambio de electricidad, junto con el lanzamiento del Satélite Andino SES-10.
En telecomunicaciones, se han reducido los costos de
En la última década, debido a los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la sostenibilidad ha cobrado centralidad en la agenda política global. En este contexto, la CAN adoptó el Pacto Andino para la Defensa de la Naturaleza.
En dicho documento, se reafirma el compromiso con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En particular, en los últimos años ha impulsado la creación de cadenas de valor verde, con el objetivo de promover prácticas industriales sostenibles y disminuir el impacto ambiental de las actividades productivas.
La interconexión eléctrica recibió un impulso con la modificación de la Decisión 816 y la aprobación de reglamentos operativos y comerciales, estableciendo condiciones para transacciones internacionales de electricidad.
A la par, la CAN ha avanzado significativamente en su agenda de relaciones exteriores. En este contexto, resulta relevante destacar que Colombia y Perú impulsaron activamente la liberalización comercial y la firma de acuerdos comerciales de tipo Norte-Sur, en comparación con Bolivia y Ecuador, que tenían otra visión. Aun así, bajo el enfoque del regionalismo abierto, la CAN ha llevado a cabo negociaciones con EE.UU., la Unión Europea (UE), el Mercosur y, más recientemente, con China. Perú es el país andino con el mayor número de acuerdos comerciales, seguido de Colombia.
El esfuerzo de convergencia debe generar una plataforma para el desarrollo de cadenas regionales productivas más diversificadas y con mayor valor agregado, que fortalezca la competitividad de la región. Se identifican puntos de encuentro: acumulación de origen, facilitación de comercio, coherencia regulatoria, pymes, inversión, innovación, ventanillas únicas de comercio y promoción comercial; sin dejar de lado, la agenda pendiente de integración física.
Se argumentó anteriormente que la integración regional promueve la diversificación productiva, la generación de productos con mayor valor agregado, así como economías de escala y procesos de aprendizaje que fortalecen dicho desarrollo. Asimismo, que es un proceso multidimensional.
Un primer análisis necesario es examinar las características del comercio de Chile y Venezuela con la CAN. Además, es fundamental identificar las convergencias y divergencias entre la agenda comunitaria no comercial y las políticas nacionales de cada país. Por último, resulta clave considerar las percepciones de actores representativos y, a partir de estos insumos, plantear posibles escenarios futuros. Aunque la evolución política reciente ha dificultado estas posibilidades, consideramos valioso este ejercicio prospectivo. Incluso en el peor de los casos, sería importante continuar trabajando de forma bilateral para fomentar la integración regional.
En 2023, las exportaciones totales de la CAN registraron una caída de 6.3%, debido a la disminución de los envíos tanto extrarregionales como intrarregionales. Este retroceso estuvo asociado a menores exportaciones hacia la región, EE.UU. (principalmente, petróleo de Ecuador y Colombia, y estaño de Bolivia), la UE y otras partes del mundo. Sin embargo, las exportaciones de Bolivia, Colombia y Perú a China mostraron un incremento. En cuanto al comercio con otros países de América Latina y el Caribe (ALC), éste se contrajo 12.3%, principalmente por la reducción de las exportaciones de gas natural de Bolivia a Argentina y Brasil.
El comercio en la CAN disminuyó 10.8%, influido por menores envíos de Bolivia a Ecuador y Perú (derivados de soja), así como de Perú a la región (preparaciones para animales a Ecuador, hierro a Bolivia y cobre a Colombia).
En la primera mitad de 2024, las exportaciones de la CAN experimentaron un crecimiento de 2.8%, impulsado por mayores envíos extrarregionales (+1.7%), liderados por Perú y Ecuador, y hacia ALC (+6.4%). No obstante, el comercio intrarregional volvió a descender (-2.9%), principalmente por menores exportaciones de soja de Bolivia a Colombia y Ecuador, y de preparaciones para animales de Perú a Ecuador.
La Comunidad Andina destinó a Chile el 3.52% de sus exportaciones totales, entre 2002 y 2021. A pesar de algunas fluctuaciones, se observa un aumento del 87% en las exportaciones entre 2002 y 2022.
Los principales productos enviados por la CAN son: combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, minerales metálicos, escorias y cenizas. Véase la
Por otro lado, las importaciones de la CAN desde Chile representan el 2.61%. Los combustibles minerales, frutas comestibles, el papel y cartón, y las preparaciones alimenticias figuran entre las principales partidas. Véase la
Perú y Colombia, también forman parte de la Alianza del Pacífico junto con Chile. En ambos mecanismos de integración regional, se busca facilitar el comercio mediante una completa liberalización entre sus miembros y la digitalización de los procesos operativos y administrativos, como la implementación de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) para mejorar la conectividad, entre otras agendas comunes.
Las exportaciones entre la CAN y Venezuela muestran una tendencia de crecimiento de 2002 a 2008, con una caída en 2009, para luego recuperarse un poco hasta 2012. La relación comercial cayó drásticamente desde 2013 (con el retiro de Venezuela), cuando antes el eje colombo-venezolano tuvo históricamente el mayor protagonismo comercial.
La CAN exporta hacia Venezuela productos como prendas y complementos de vestir, combustibles y aceites minerales, vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, plástico y sus manufacturas, así como máquinas y artefactos mecánicos. Véase la
En los últimos años, Venezuela ha estado aumentado sus importaciones extrarregionalas en productos como arroz, pastas, preparaciones y conservas de carne, que los países andinos podrían sustituir como proveedores. De hecho, ya ha habido un aumento de exportaciones desde Colombia y Chile hacia este país.
Las exportaciones hacia Venezuela constituyen sólo 3% de los que se exporta al mundo, un porcentaje de importaciones incluso menor de este país, con 1%. Esto podría comenzar a revertirse con su eventual retorno al CAN.
El cambio climático constituye una de las mayores crisis globales de nuestro tiempo, generando impactos irreversibles en la biodiversidad, los ecosistemas y la sociedad en su conjunto. En este contexto, la CAN ha adoptado la Carta Ambiental Andina, que busca promover un desarrollo sostenible y resi liente en la región, con especial énfasis en la conservación de la biodiversidad y la recuperación pospandemia.
La conexión de Chile con Colombia y Perú cobra especial relevancia debido a su participación conjunta en la Alianza del Pacífico. En este contexto, se destaca la existencia del Grupo Técnico del Ambiente y Crecimiento Verde, cuyos objetivos coinciden en gran medida con los establecidos en la Carta Ambiental Andina. Promueve la sostenibilidad y busca fomentar un crecimiento verde mediante la colaboración estrecha con las autoridades competentes.
La minería es otro componente esencial de la agenda ambiental. Tanto Chile como la CAN han establecido limitaciones a la emisión y el uso del mercurio, parte de la conversión energética hacia fuentes renovables y el desarrollo sostenible. La lucha contra la minería ilegal y delitos conexos es un eje temático central de la Carta Ambiental Andina. También es preciso destacar el potencial de la región en cuanto a la minería de litio. Con Chile como miembro de la CAN, tres países de la región contarían con reservas de este mineral, convirtiéndolo en una fuente de energía crucial para el futuro. Esta posición estratégica colocaría a la CAN en las agendas ambientales globales.
Otras normativas que comparten la visión del desarrollo sostenible son la Política Energética de Chile 2050 y el Plan Energético Nacional 2014-2025 para el caso de Perú. Ambos reconocen el uso excesivo de las energías fósiles como una de las principales causas de la elevada emisión de gases de efecto invernadero. En el pasado, se plantearon iniciativas como el anillo energético sudamericano, que buscaba la integración de gaseoductos entre Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela; sin embargo, este proyecto no llegó a concretarse.
Los países andinos comparten el objetivo de desarrollar un plan estratégico integrado que optimice el uso de recursos energéticos limpios, clave para impulsar un futuro energético sostenible en la región.
En el año 2000, se hizo el esfuerzo para impulsar una estrategia de preservación ambiental y desarrollo sostenible, complementada por proyectos sobre biodiversidad regional, recursos genéticos y la relación entre comercio y medio ambiente. Venezuela adoptó el enfoque del ecosocialismo, implementando políticas orientadas al crecimiento socioeconómico y ambiental.
Ha tenido avances, como el compromiso asumido en la COP21 en 2015, cuando se estableció una ambiciosa meta de reducción de emisiones de 20% para 2030. Además, en 2016, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), automatizó la red hidrometereológica con el objetivo de tener una base histórica que permitiera conocer el récord del clima y la hidrología nacional. Esta búsqueda de acción presenta puntos concordantes con la agenda ambiental de la CAN.
No obstante lo anterior, el mismo gobierno reconoce la existencia de desafíos que deben abordarse. Entre los más importantes se encuentran: fortalecer el monitoreo y control estadístico para una mejor evaluación de las políticas públicas ambientales; garantizar el acceso a una energía asequible, sostenible y segura para todos los ciudadanos, e incrementar y fortalecer las capacidades de las áreas de gestión ambiental.
Si bien los informes oficiales del gobierno venezolano destacan el progreso en el área, existen problemas. Entre 2016 y 2021, se registraron 199 derrames petroleros, causando un daño irreparable a la biodiversidad.
Aunque Venezuela participó activamente en iniciativas como el Anillo Energético Sudamericano, actualmente no hay reportes oficiales sobre sus planes de expansión eléctrica ni avances en energías renovables.
Tras un proceso de reingeniería en 2019, la CAN aprobó una Nueva Hoja de Ruta que incluye ejes como la migración, el empoderamiento de la mujer, la política cultural y la participación social, y la identidad andina y la cultura. El eventual reingreso de Chile y Venezuela a la CAN implica analizar las similitudes entre sus planes en estas áreas.
En el siguiente
Fuente: elaboración propia.
Oportunidad de ampliar el mercadosubregional andino con la incorporación de 47 millones de habitantes, otorgando un vigor renovado a la zona de libre comercio con una mayor oferta de bienes (insumos, bienes intermedios o finales) y, por ende, una mayor competencia a nuestros mercados, que se traduciría en mejoras de la calidad y precio de los productos, beneficiando a los agentes económicos que producen bienes intermedios o finales y a los consumidores.
Reforzar las políticas de la subregión en materia de desarrollo sostenible, inocuidad, agricultura familiar y desarrollo tecnológico en los procesos productivos andinos. Sus relaciones comerciales con otros mercados extra regionales, y el propio mercado chileno, potencializaría la integración con las cadenas de valor y suministros y con entre los países miembros, respectivamente, para el caso de productos finales podrían utilizar materias primas agropecuarias que se produzcan en los países miembros.
La vasta experiencia chilena con respecto a la gestión del sector minero podría significar importante insumo para el desarrollo de estrategias regionales que permitan el desarrollo sostenible del sector. Chile también está liderando los debates sobre la conversión energética, los minerales críticos para la transición energética, tecnoiología, minería y desarrollo sostenible, aspectos sustanciales para la prevención y gestión de la minería ilegal.
La importante experiencia desarrollada por Chile en cuanto a la aplicación del enfoque biocultural en la producción agropecuaria, así como en la implementación de programas de desarrollo rural con identidad cultural con un fuerte énfasis en promover condiciones para fortalecer estrategias económico-productivas de población indígena y campesina puede ser un importante aporte para los demás países de la CAN.
Posibilidad de aprovechar los acuerdos comerciales que tiene suscrito con terceros países, a través de encadenamientos productivos y siempre que los requisitos específicos de origen lo permitan.
Chile brindará acceso al mayor mercado de carga de la costa del sur pacífico. Además, de tener una mayor cultura de movilidad sostenible, seguridad vial y transporte verde que permitiría trilateral trabajos en esa línea.
Chile también está liderando los debates sobre la conversión energética, los minerales críticos para la transición energética, tecnología, minería y desarrollo sostenible, aspectos sustanciales para la prevención y gestión de la minería legal.
La implementación del Plan de Caracterización de Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales, Registro Nacional de Agentes Culturales y el Catastro Nacional de Espacios Culturales en el marco de la experiencia chilena.
Chile mantiene altos estándares en materia de interoperabilidad, ventanillas únicas, normativa en facilitación del comercio, que podrían ser adaptadas al espacio andino.
Potencialidades con Chile tanto en los temas de telecomunicaciones/TIC como de economía digital, comercio electrónico y otros donde Chile hace parte en esquemas de integración o compromisos comerciales donde participan también los otros países andinos.
Chile como país asociado en el área de la interconexión electríca brinda las bases y experiencia previa con los andinos y en la agenda sobre la meteria, lo que se considera una fortaleza y oportunidad para potenciar la configuración de un mercado regional energético con el sur del continente.
Chile está bastante avanzado en las prácticas de arte, cultura y patrimonio, que considerando nuestra historia similar, se puede aprovechar.
Chile cuenta con altos estándares en esta disciplina podría contribuir mucho a efectos de modernizar la norma andina.
Mercado atractivo, con estabilidad económica y poder adquisitivo, en donde el mercado andino podría encontrar una gran oportunidad para profundizar sus relaciones comerciales.
Con Chile en la CAN, serían tres países andinos con reservas de litio, de los cuales dos son parte de la Cámara Latinoamericana de Litio. Como es de conocimiento, el litio es un mineral clave para la transición energética.
Ante un eventual reingreso de Venezuela y Chile a la CAN, existe la posibilidad de que los temas a tratar en estadística deban adecuarse a nuevas necesidades y prioridades.
Chile podría ofrecer a los países miembros su experiencia en temas normativos y prácticos en materia de control fitosanitario.
Chile cuenta con una desarrollada política de apoyo a las mipymes, en lo referente a su transformación digital e innovación tecnológica, así como también una amplia experiencia en la generación de fuentes de financiamiento y capacitación para el beneficio de estas empresas.
La política de regulación técnica presenta altos estándares en países como Chile, y la armonización normativa se presentaría como una oportunidad para los países miembros de la CAN, conforme los acuerdos que se alcancen en el proceso.
Cuentan con políticas de fomento a las inversiones. Se considera un mercado estratégico para el comercio de servicios y un potencial inversor para los países andinos.
En la aplicación del artículo 139 del Acuerdo de Cartagena, cualquier ventaja o mayor privilegio que haya concedido, sobre todo Chile, a terceros países en materia de Requisitos Específicos de Origen podrá ser reclamado por los países andinos.
El gran tamaño y tecnificación de sus operadores podría generar costos con los operadores internacionales de los países andinos y en la armonización de la normativa andina.
Desde agosto del 2016 el uso de mercurio se prohíbe por decreto presidencial, sin embargo, en la práctica nada ha cambiado.
Teniendo en cuenta las diferencias en la capacidad de los INE el proceso de generación de información podrá verse afectado tanto de manera positiva y como negativa dado el nivel del estado del arte de cada INE.
Ceder la responsabilidad para que sea la Secretaría General (y ya no la autoridad nacional) quien adelante realizará la activación o no de estos mecanismos de protección comercial contra las importaciones, sean de origen intracomunitario o incluso extracomunitario.
Deberán tomarse en cuenta las eventuales asimetrías existentes entre los países miembros y Chile para concertar plazos en los compromisos a los que debe adherirse dicho país.
Chile posee valiosa experiencia en la aplicación de un enfoque biocultural en la producción agropecuaria, así como en el desarrollo de programas rurales con identidad cultural.
En el ámbito del arte y las industrias creativas, Chile ha desarrollado el Plan de Caracterización de Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales, el Registro de Agentes Culturales y el Catastro Nacional de Espacios Culturales. Estos instrumentos podrían ser replicados en el bloque para promover la inclusión de poblaciones vulnerables y la revaloración de la cultura andina.
Los países latinoamericanos se enfrentan a un panorama migratorio complejo, marcado por crisis sociales, económicas y políticas. Por estas razones, se justifica la implementación de una agenda migratoria regional. En contraste, los ciudadanos andinos disfrutan de un ingreso libre a partir del “Pasaporte Andino”, que les asegura a estos viajeros una migración segura, ordenada y regular. Chile tiene tratados bilaterales con algunos socios y acuerdos en la Alianza del Pacífico.
La eventual reincorporación de Chile a la CAN abre la puerta a potenciales beneficios en materia de coordinación y profundización de las políticas migratorias regionales.
Veamos ahora el caso venezolano. En el siguiente
Fuente: elaboración propia.
Conocer cómo funciona actualmente el esquema arancelario venezolano, sus restricciones no arancelarias y las limitaciones a la exportación e importación, a fin de tener una línea base que permita evaluar de manera más detallada la prefactibilidad de avanzar en un proceso de incorporación de ese país al esquema comunitario.
Habría que verificar si su regulación interna tiene aún como referente a la normativa andina.
Es determinante contar con información actualizada sobre el estado del mercado energético venezolano, los programas y proyectos de expansión y planificación en materia de energía eléctrica y avances sobre el cambio de matriz hacia energías renovables.
Se identifica la ausencia de declaraciones relacionadas a una lucha frontal contra la limitación de los derechos de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo en contextos sanitarios, tecnológicos o de conflictos como los que vivimos a la fecha.
Es posible que termine por hacer un uso indiscriminado del mecanismo de defensa comercial, terminando por restringir el comercio y socavar los beneficios del Programa de Liberación.
Escasez de información de temas como sanidad vegetal, sanidad humana, agenda eléctrica, etcétera.
Se debe consultar el interés actualizado sobre los compromisos y disposición de adherirse a la normativa reciente, como es el caso del roaming, asuntos satelitales, etcétera, especialmente sobre el uso del satélite andino.
Venezuela ha cesado el cumplimiento de sus obligaciones comerciales al salir del bloque de la Comunidad Andina, por lo que se desconoce bajo qué parámetros y condiciones comerciales se podrían retomar los procesos de exportación e importación.
En Venezuela, el excesivo control estatal a las políticas de desarrollo empresarial podría ocasionar una barrera para la interacción con las mipymes andinas. La desactualización del mercado venezolano en el tema de digitalización lo cual ocasionaría una dificultad de armonizar la normativa andina.
Venezuela tiene un sistema comercial complejo y poco orientado a la apertura, lo cual constituye una gran barrera para armonizar la normativa que permita beneficiar a los países andinos en cuanto a la liberalización de los servicios e inversiones con este país.
A partir de 2016, Venezuela experimentó la migración masiva de millones de sus ciudadanos. Esta crisis migratoria fue desencadenada por la severa recesión económica, la hiperinflación y la dificultad del gobierno para implementar políticas públicas efectivas para estabilizar la situación. Un país que antes era un importante destino para migrantes en la región se convirtió, repentinamente, en una nación emisora de refugiados y migrantes. Ello obligó a los países receptores, principalmente Colombia, Perú y Ecuador, a poner en marcha planes de contención y mecanismos de cooperación regional para gestionar el flujo migratorio. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron insuficientes y cada país terminó enfrentando la crisis de manera distinta.
El Comité Andino de Autoridades Migratorias (CAAM) se reunió en una sola ocasión para abordar la situación, con el objetivo de delinear acciones para canalizar el flujo migratorio.
A partir del 2017, países como Perú y Colombia implementaron mecanismos
La eventual reincorporación de Venezuela a la CAN implicaría, en teoría, el acceso al “Pasaporte Andino”, que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países miembros. Sin embargo, esto dependerá de la voluntad de Venezuela para discutir y avanzar en la agenda migratoria regional, así como de la exigencia de este país para que se cumplan los objetivos establecidos. Además, será necesario evaluar costos, procesos y nuevas modalidades, lo que conllevaría la concesión de estas facilidades a la gran cantidad de migrantes venezolanos que ya residen en el Perú y en otros países de la CAN. De este modo, por su magnitud y la cantidad de países afectados, la crisis migratoria venezolana se presenta como un tema crucial para la discusión multilateral.
En cuanto a seguridad alimentaria, los avances y desafíos difieren en la región. El siguiente
Fuente: elaboración propia.
Más del 50% de la población afectada.
Alrededor del 25% de la población afectada, con ligera reducción reciente.
14% de la población.
15% de la población.
82% de la población.
Hambre Cero (2030), Plan Estratégico 2023-2026 con PMA, reglamentación de la Ley N° 31458 para ollas comunes.
Política pública desde 2022, prevención del desperdicio de alimentos, Plan Nacional Rural para garantizar el derecho a la alimentación.
Leyes de soberanía alimentaria, Plan Estratégico 2023-2027 con PMA.
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2017-2021) con enfoque en producción local.
Estrategia Nacional de Soberanía para los alimentos, pero limitados por restricciones económicas y dependencia de importación.
Sí, Plan Estratégico 2023-2026 con enfoque en nutrición, resiliencia y género.
Sí, Plan Estratégico 2021-2024 con asistencia nutricional y fortalecimiento institucional.
Sí, Plan Estratégico 2023-2027 con apoyo en asistencia humanitaria y seguridad alimentaria rural.
No especificada.
Limitada debido a sanciones internacionales.
Acceso a alimentos saludables, nutrición, sostenibilidad agrícola, apoyo a ollas comunes.
Derecho a la alimentación, acceso a mercados, reducción de desperdicios, variaciones de mercado laborales.
Seguridad alimentaria rural, reducción de malnutrición infantil.
Reducir dependencia de importaciones, acceso a alimentos saludables.
Enfoque limitado a subsidios y asistencia directa.
No se especifica monto directo, pero hay mejoras en sostenibilidad agrícola y apoyo a ollas comunes.
Desarrollo rural y acceso a mercados para comunidades vulnerables.
Promedio anual de 311 millones de USDls. (2017-2021) en programas agrícolas familiares.
Fortalecimiento del sector agrícola para reducir dependencia.
Restricciones debido a sanciones económicas e hiperinflación.
Cooperación regional en sostenibilidad, cadenas de valor agroalimentario y acceso equitativo a alimentos.
Intercambio de experiencias en políticas de educación alimentaria rural y gestión rural.
Desarrollo de cadenas agroalimentarias resuliente sostenibles.
Reducción de dependencia de importaciones; políticas de sostenibilidad como ejemplo regional.
Participación regional para reducir migración y mejorar acceso a alimentos.
Alta prevalencia de inseguridad alimentaria a pesar de políticas avanzadas.
Menor prevalencia, pero aún preocupante en zonas rurales.
Baja prevalencia; más foco en consolidación de sistemas agroalimentarios.
Estrategias más enfocadas para sostenibilidad; situación menos grave en comparación con la CAN.
Crisis grave de inseguridad alimentaria y asistencia humanitaria.
La inseguridad alimentaria es también una preocupación común para los Estados integrantes de la CAN. En el Perú, más de la mitad de la población se encuentra bajo esta condición. En 2020, el presidente Francisco Sagasti lanzó el programa Hambre Cero para promover la seguridad alimentaria en el Perú hacia 2030. Actualmente, el gobierno colabora con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el Plan Estratégico 2023-2026, centrado en sistemas alimentarios sostenibles e integrando nutrición, resiliencia y empoderamiento de género. Y, en 2022, se reglamentó la Ley N° 31458 para apoyar las ollas comunes, estableciendo normas para su financiamiento, sostenibilidad y colaboración con gobiernos locales.
En el caso de Colombia, hasta la cuarta parte de su población enfrenta inseguridad alimentaria.
Por su parte, Ecuador presenta una mejor situación relativa (sólo alcanza a 14% de la población).
Chile presenta una menor prevalencia de inseguridad alimentaria, equivalente al 18%.
En contraste, los últimos reportes de inseguridad alimentaria en Venezuela estiman que dicha problemática alcanza hasta a 82%.
La seguridad alimentaria emerge como un eje catalizador clave para el alineamiento de políticas en la región andina, impulsando la integración regional en áreas críticas. Al abordar este eje como un objetivo común, los países pueden coordinar políticas en desarrollo humano, salud pública y sostenibilidad productiva, estableciendo un marco unificado que potencie la resiliencia de los sistemas agroalimentarios y fortalezca las cadenas de valor regionales. En este sentido, la seguridad alimentaria fomenta la convergencia de políticas estratégicas que consolidan la integración regional.
La digitalización tiene el potencial de elevar la productividad y mejorar los servicios públicos en América Latina y el Caribe. Si bien la región tuvo avances por la pandemia, aún enfrenta el reto de reducir la distancia que la separa de las economías avanzadas.
En la CAN, tenemos la Agenda Digital Andina, una iniciativa estratégica desarrollada por el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (Caatel).
Se promueven el gobierno y la transformación digitales mediante herramientas como la firma electrónica y los buzones ciudadanos, y fomenta la provisión de servicios transfronterizos digitales bajo estándares abiertos. Este eje incluye también políticas de ciberseguridad y la adopción de datos abiertos.
El pilar de infraestructura y conectividad se centra en establecer lineamientos comunes para una banda ancha regional que garantice velocidad y cobertura, en especial en zonas rurales y en la región amazónica. Asimismo, en el desarrollo de infraestructura de puntos de intercambio de Internet (IXP) para reducir los costos de acceso.
En cuanto al talento digital, la Agenda se enfoca en diseñar una estrategia para fomentar habilidades digitales que reduzcan las brechas de empleabilidad en sectores de tecnología avanzada.
El ámbito de la economía digital promueve la transformación de sectores económicos clave, con énfasis en la inclusión de minorías vulnerables y de pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el ecosistema digital. Para ello, se impulsa un entorno regulatorio flexible que favorezca el crecimiento de
Por último, el eje de nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible destaca la importancia de impulsar proyectos regionales en inteligencia artificial,
Chile tiene la Agenda Digital 2020, orientada a reducir la desigualdad mediante el uso masivo de tecnologías, fomentar la conectividad y fortalecer los derechos de la ciudadanía en el entorno digital.
Entre las principales medidas, se incluyó la implementación de la fibra óptica austral para conectar a la región de Magallanes, y un marco normativo con estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la UE sobre la protección de datos personales. Además, se creó un portal de datos abiertos del Estado. Otro instrumento es el plan de Transformación Digital del Estado, orientado a optimizar los servicios ofrecidos a la ciudadanía mediante la digitalización de sus procedimientos administrativos.
Fuente: elaboración propia.
Agenda Digital Andina, promoviendo la integración digital entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Agenda Digital 2020, que promueve una agenda colaborativa con más de 60 medidas para reducir desigualdades tecnológicas.
Plan de transformación digital con énfasis en la interoperabilidad y la digitalización del sector público.
Todos comparten el reto de acelerar la digitalización para mejorar el desarrollo económico y la mejora de servicios públicos.
Las iniciativas de Venezuela están más limitadas debido a la crisis económica y la falta de recursos.
Digitalización de trámites, uso de firma electrónica, ciberseguridad, estándares abiertos para servicios transfronterizos.
Plan Transformación Digital del Estado, digitalización de trámites, promoción de la interoperabilidad entre instituciones.
Enfoque en la digitalización del sector público y la desburocratización, con especial énfasis en el sector transporte.
Todos los países impulsan la digitalización de la administración pública, mejorando la eficiencia y accesibilidad de los servicios.
Chile tiene una mayor infraestructura y avances en la implementación debido a la estabilidad económica. Venezuela enfrenta obstáculos económicos y de infraestructura.
Establecimiento de una banda ancha regional y puntos de intercambio de internet (IXP), especialmente en áreas rurales y amazónicas.
Expansión de la Fibra Óptica Austral para conectar regiones aisladas y fomentar conectividad en todo el país.
Proyectos de infraestructura digital aún en fases iniciales, enfocados en la adopción de tecnologías locales.
Los tres países reconocen la importancia de mejorar la conectividad para el desarrollo digital, especialmente en zonas rurales y aisladas.
Venezuela enfrenta limitaciones graves de infraestructrura debido a la crisis ecoómica y falta de inversión en tecnología.
Creación de programas educativos para habilidades digitales en formación en la Cuarta Revolución Industrial.
Fomento de habilidades digitales y educación en tecnología avanzada a través de alianzas público-privadas.
Planes para fortalecer habilidades digitales, aunque en fases iniciales.
La región en su conjunto necesita fortalecer la formacióncapital humano digital para enfrentar los desafíos de la economía digital.
Chile lidera en formación de talento digital, mientras que Venezuela enfrenta limitaciones en recursos y programas educativos.
Fomento de la economía digital, inclusión para mioymes y apoyo a la innovación a través de marcos regulatorios flexibles.
Creación de un entorno favorable para startups y emprendimientos digitales, con un fuerte enfoque en transparencia y la protección de datos.
Potencial de la economía naranja, impulsando actividades culturales y creativas como motor de recuperación económica.
Todos reconocen la importancia de la economía digital para fomentar la innovación, el emprendimiento y la inclusión de sectores vulnerables.
La economía digital en Venezuela es limitada debido a la crisis, mientras que Chile tiene un ecosistema más desarrollado para
Fomento de tecnologías emergentes como IA, blockchain e internet de las cosas, con enfoque en desarrollo sostenible.
Desarrollo de marcos regulatorios para promover la adopción de nuevas tecnologías en sectores clave.
Proyectos para desarrollar tecnologías adecuadas a la realidad sociocultural y ambiental del país.
Los tres países reconocen la importancia de las nuevas tecnologías para el desarrollo económico sostenible.
Chile tiene una mayor capacidad para adoptar nuevas tecnologías debido a su infraestructura avanzada, mientras que Venezuela enfrenta barreras significativas.
En Venezuela también se reconoce la importancia de avanzar hacia la digitalización, así como las oportunidades que esto ofrece para el Estado a través de la interoperabilidad. Con esto, se esperar mejorar la desburocratización y modernizar la gestión pública. Se ha brindado especial atención al Ministerio Popular de Transporte. Por otra parte, se espera crear bases de datos y portales públicos web que proporcionen información social, cultural, entre otros temas de interés público para la población. Finalmente, se tiene previsto promover el desarrollo de tecnologías “adecuadas a su realidad y saberes” desde el punto de vista sociocultural y ambiental.
Es esencial seguir avanzando en una agenda digital que fortalezca la región. En este sentido, la Cepal
La integración regional puede fortalecer las capacidades digitales, promoviendo una transformación digital que responda a los desafíos contemporáneos y fortalezca la cohesión regional en América Latina y el Caribe.
Las industrias culturales en la región resaltan por su valor no sólo económico, sino también por su importancia en la consolidación de la identidad nacional.
Este sector se caracteriza por su constante evolución y transformación acelerada, y es sumamente vulnerable a disrupciones en infraestructura y telecomunicaciones, lo que amenaza su continuidad operativa y pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y de los inversores.
Según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), es fundamental implementar acciones concretas para abordar de manera efectiva la alta concentración de mercado. Además, el consumo de bienes culturales muestra una relación positiva con el nivel de ingreso y educación, y el acceso a la creatividad y la cultura puede limitarse por factores socioeconómicos. Es crucial adoptar una visión integral y desarrollar estrategias que articulen los actores de los sectores del arte, la cultura, la tecnología y los negocios.
En el
Fuente: elaboración propia.
Uso de la creatividad, las artes y la cultura como materia prima. Promueve la cadena de valor creativa, abarcando desde industrias culturales hasta tecnologías emergentes.
Énfasis en la diversidad cultural, el patrimonio, y los derechos laborales y de autor.
Basado en memoria histórica e identidad nacional. Promueve herramientas para el desarrollo de identidad cultural a través de la "Gran Misión Venezuela.&";
Todos reconocen la importancia del valor simbólico de la identidad y desarrollo sostenible.
Chile cuenta con políticas culturales consolidadas; la CAN y Venezuela enfrentan desafíos para articular estrategias a nivel regional.
Política Nacional de Cultura actualizada; promoción de la diversidad cultural, libertad de creación, y derechos laborales y de autor.
"Gran Misión Venezuela: Mi Patria Querida&";, que abarca todas las acciones de participación cultural, economía creativa, formación, infraestructura y reconocimiento social.
Enfoques que buscan impulsar las industrias creativas mediante incentivos, planes nacionales y la integración a diversos actores.
Venezuela prioriza una revolución cultural en un contexto de crisis económica; la CAN busca articular esfuerzos entre países con niveles desiguales de avance en este sector.
Educación artística y patrimonial, fomentando la interculturalidad y la participación social en espacios culturales.
Promoción de emprendedores culturales y creación de espacios de colaboración entre artistas y empresarios.
La educación y formación son elementos clave para el desarrollo del sector creativo en los tres casos.
La CAN tiene iniciativas para fragmentadas entre países; Venezuela enfrenta limitaciones económicas y estructurales que dificultan implementar programas educativos robustos.
Dependencia de infraestructura y telecomunicaciones; alta concentración de mercado en distribución.
Desafíos similares, mitigados por políricas consolidadas y mecanismos de apoyo intersectorial.
Vulnerabilidad acentuada por la crisis económica, que dificulta la continuidad operativa y genera un riesgo de seguridad para trabajadores e inversores.
Necesidad común de modernizar infraestructura y mejorar acceso a bienes culturales, especialmente para poblaciones vulnerables.
La CAN requiere mayor coordinación regional. Venezuela debe superar obstáculos económicos para implementar políticas efectivas y sostenibles.
Busca mitigar vulnerabilidades y aprovechar el potencial económico mediante estrategias coordinadas a nivel nacional e internacional.
Promueve la sostenibilidad económica y social mediante la preservación del patrimonio cultural como bien colectivo.
Propone la economía naranja mediante la economía naranja, con nuevos modelos de negocio basados en innovación cultural.
Oportunidades de coordinación regional para impulsar la economía naranja como motor del desarrollo sostenible.
La CAN y Venezuela enfrentan limitaciones en articulación regional y recursos financieros; Chile podría desempeñar un rol de liderazgo con mejores prácticas.
En Bolivia, a este sector se le ha impulsado aprovechando su rica diversidad cultural y sus atractivos turísticos, lo que ha permitido fortalecer las industrias creativas y las expresiones artísticas locales. En Colombia, el establecimiento del “Sello Colombia Crea” ha sido una iniciativa clave para identificar y promocionar las artes, el patrimonio y la creatividad, complementada por incentivos tributarios dirigidos a apoyar los servicios artísticos, lo que ha fomentado el crecimiento de este sector. En Ecuador, el Plan Integral de Fomento a la Economía Naranja - Ecuador Creativo ha sido una acción relevante que ha beneficiado a artistas, artesanos y gestores culturales, creando un entorno favorable para el desarrollo de la industria cultural nacional. Además, en Perú se han logrado importantes avances en la producción cinematográfica por medio de la Ley de Apoyo al Cine, junto con la reciente aprobación de la Ley del Libro, que refuerza el apoyo al sector literario.
Por su parte, Chile continuamente actualiza su Política Nacional de Cultura, la cual se rige por diversos principios: promoción de la diversidad cultural, democracia y participación cultural, patrimonio como bien público, reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, libertad de creación y expresión, protección de derechos laborales, valoración social de creadores y cultores, y memorias.
Las acciones gubernamentales se orientaron a la promoción de la economía creativa, la valoración de la diversidad cultural y la protección de los derechos laborales y de autor en el ámbito artístico. A su vez, busca fortalecer la educación artística y patrimonial, promover la interculturalidad, y asegurar la preservación del patrimonio cultural como un bien colectivo. Por último, a través de la colaboración intersectorial e interterritorial, se aspira a generar una ciudadanía crítica, informada y activa en la construcción de su identidad cultural.
Este sector ha sido especialmente considerado por el gobierno de Venezuela, que espera implementar una amplia variedad de políticas culturales desde la memoria histórica y la identidad nacional. Para ello, existe un sólido compromiso con fortalecer la sistematización de las experiencias de historia local, además de generar un amplio registro de memorias históricas y antropológicas. A su vez, se presentan iniciativas para fortalecer como herramientas la “venezolanidad” y la identidad cultural nacional. En este contexto, destaca la implementación de la Gran Misión Venezuela: Mi Patria Querida, un programa cuyo objetivo declarado es profundizar la revolución cultural mediante acciones relacionadas con el registro y la participación cultural, la economía creativa, la formación educativa, la infraestructura, la difusión internacional, el reconocimiento social y la protección del patrimonio.
Venezuela podría desarrollar la economía naranja aprovechando su rica diversidad cultural y creativa, así como sus recursos humanos en áreas como música, cine, artes visuales, literatura y diseño. Mediante políticas públicas que fomenten la formación de emprendedores culturales y la creación de espacios de colaboración entre artistas y empresarios, podrían generarse nuevos modelos de negocio basados en la innovación cultural. La promoción de festivales, la recuperación y difusión de tradiciones locales y la implementación de incentivos fiscales para la producción cultural serían medidas clave para reactivar el sector.
El análisis se completa con la percepción de algunos actores clave, lo que presentamos a continuación.