Colaboración sindical transnacional: los sindicatos mexicanos frente al “problema” de los braceros (1951-1964)

Transnational Labor Collaboration: Mexican Unions and the Bracero “Problem” (1951-1964)

En Estados Unidos, pocos sindicatos se interesaban en los trabajadores agrícolas antes de la década de 1950. La ley del trabajo de 1935 no incluía esta categoría de trabajadores dentro de los sectores obreros que se beneficiaban del derecho de asociación, por lo cual resultaba sumamente complicado lograr la consolidación de un movimiento sindical entre los trabajadores agrícolas a nivel regional y, más complejo aún, a nivel nacional. La principal asociación que intentó sindicalizar a los trabajadores agrícolas durante la década de 1930, la Southern Tenant Farmers Union (STFU),¹⁴ vio reducirse su margen de maniobra durante la segunda Guerra Mundial y no pudo protestar eficazmente ante la firma del convenio de braceros:

[e]l STFU trató de trabajar dentro del sistema de trabajadores huéspedes ofreciendo suministrar trabajadores a la Administración de Seguridad Agrícola [FSA, por sus siglas en inglés], que inicialmente administró programas para trabajadores agrícolas como el Programa Bracero […] [Su] capacidad para oponerse a la explotación de los trabajadores agrícolas se vio severamente limitada por una promesa de no huelga durante la guerra y una indiferencia general hacia los trabajadores excluidos de la ley laboral del New Deal [traducción propia].¹⁵

Si bien en las primeras décadas del siglo XX los sindicatos estadounidenses no se interesaban mucho en los trabajadores agrícolas, manifestaban su descontento con la llegada de los migrantes mexicanos a raíz de la inestabilidad provocada por la Revolución mexicana y en las décadas siguientes: “[d]esde que se inició el éxodo, los sindicalistas norteamericanos han probado varias estratagemas para detener este oleaje. Durante la primera Guerra Mundial, y después de ella, Samuel Gompers, presidente de la AFL, quiso obtener del gobierno de Estados Unidos una severa restricción a la inmigración desde México”.¹⁶

Después de la segunda Guerra Mundial, las grandes centrales sindicales estadounidenses, como la American Federation of Labor (AFL) y el Congress of Industrial Organizations (CIO), se adaptaron a la Ley Taft-Hartley, adoptada en el contexto de la Guerra Fría, y se unieron a la campaña anticomunista imperante en todo el país. Esta militancia anticomunista orientó las posibilidades de colaboración sindical transnacional con México y, como veremos, explica por qué la concreción de esta solidaridad sindical se pudo dar entre los representantes de las centrales principales de Estados Unidos y las organizaciones oficialistas de México.

La NFLU, afiliada a la AFL,¹⁷ era la principal organización que velaba por los intereses de los trabajadores agrícolas estadounidenses durante la época del Programa Bracero (1942-1964). La labor de Ernesto Galarza propició el acercamiento entre las fuerzas sindicales estadounidenses, los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos y los sindicatos mexicanos. La postura de Galarza en relación con el Programa Bracero también se transformó durante la década de 1950. Hasta mediados de dicha década, los principales intentos de Galarza para mejorar las condiciones de los jornaleros agrícolas estadounidenses y mexicanos en California se enfocaron en la denuncia de la explotación de los braceros y en la representación de estos últimos por la NFLU. Después de esta fecha, y sobre todo después de la “Operación Wetback”, de la cual hablaremos más adelante, y los reajustes al Programa Bracero, Galarza adoptó una postura más radical conducente a denunciar el programa bilateral en sí, oponerse a su renovación y exigir su cancelación.¹⁸ Esa evolución de las estrategias de la NFLU frente a los braceros afectó la naturaleza de su colaboración con los sindicatos mexicanos. Sin embargo, hasta su extinción en 1960, este sindicato no logró influir decididamente en las negociaciones bilaterales. En la segunda mitad de la década de 1950, la organización estaba declinando: “[p]or el año de 1957 el personal pagado de la NFLU había sido reducido a un solo hombre, Ernesto Galarza. Al finalizar la década llegaba solamente a los 4500 miembros. Aún mantenía Galarza su campaña solitaria en contra de braceros y espaldas mojadas, apoyado por la AFL-CIO de California”.¹⁹ La NFLU desapareció al mismo tiempo de la creación del Agricultural Workers Organizing Committee, AWOC), en 1960. El AWOC conoció un éxito relativo y su influencia declinó rápidamente. Varios sindicalistas consideraron entonces que el Programa Bracero constituía el principal obstáculo a la organización de los trabajadores agríco las en Estados Unidos y la AFL-CIO radicalizó su postura, solicitando la terminación de dicho programa.

Las estrategias transnacionales de los sindicatos de ambos lados de la frontera tampoco se pueden entender sin conocer los cambios en la gestión de los acuerdos braceriles. Entre el momento de su creación y su cancelación, el Programa Bracero experimentó varios ajustes que reflejaron ciertos problemas en su administración, realidades cambiantes en cada país y estrategias para mantenerlo vigente a pesar de las movilizaciones en su contra desde ciertos sectores de la sociedad civil estadounidense.²⁰ En 1942 se creó este programa bilateral en un contexto de emergencia provocado por la segunda Guerra Mundial y se renovó sin mayores incidentes hasta la ronda de negociaciones de 1947, en un contexto de posguerra. Esta ronda de negociaciones llevó a los primeros ajustes significativos al programa, previsto para terminarse al mismo tiempo que la segunda Guerra Mundial.

Lo que le sigue, de 1947 a 1952, es una época caracterizada por las numerosas negociaciones de los acuerdos braceriles entre ambos países, por el crecimiento de la migración indocumentada y por una intensificación del debate en el Congreso de Estados Unidos respecto a la deseabilidad de mantener el programa.²¹ Pasó por desencuentros importantes (como en el otoño de 1948, cuando México denunció el programa), arreglos insatisfactorios (como en 1949 y 1950, cuando se adoptó el método de con trata ción basado en la regularización de los migrantes indocumentados mexicanos) y terminó con la adopción de la Ley Pública 78 y su renovación en 1952. La dinámica del reclutamiento de los braceros mexicanos se transformó durante esta época de transición y contribuyó a la consolidación de la corriente migratoria indocumentada de los trabajadores mexicanos a Estados Unidos.²² Durante este interludio, particularmente de finales de 1948 a 1951, la contratación de braceros se realizó con base en la regularización de los jornaleros que ya se encontraban, de forma indocumentada o irregular, en los campos californianos, texanos y otros (una práctica que en aquella época denominaban coloquialmente “secar al mojado”).²³ Este método de reclutamiento se acordó entre el gobierno de Estados Unidos y el de México con el objetivo de mantener la contratación bilateral de trabajadores mexicanos en Estados Unidos sin tener que abrir convocatorias extensas en México que fomentarían la movilización de los campesinos mexicanos hacia los centros de contratación o hacia las ciudades fronterizas. Para tal efecto, el método de contratación preferido durante estos años fue el de regularizar a los mexicanos interceptados por la patrulla fronteriza y enviarlos a los campos agrícolas estadounidenses. La estrategia no funcionó del todo para detener el flujo de trabajadores mexicanos hacia el norte; varias ciudades mexicanas fronterizas experimentaron la llegada de miles de candidatos a braceros, o deseando cruzar subrepticiamente al vecino país, lo cual hizo presión sobre los servicios públicos y agudizó la competencia con los jornaleros de estas localidades.

En la primavera de 1951, los representantes de México y de Estados Unidos volvieron a negociar los acuerdos bilaterales en la ciudad de México y los sindicatos, en especial la NFLU, mostraron un interés por la revisión del convenio: “[los sindicatos estadounidenses] empezaron a mostrar resistencia en las complicadas controversias suscitadas. Por años, tanto la AFL como la CIO habían estado cultivando estrechas relaciones con el movimiento mexicano de trabajadores que, a su vez, era prácticamente un brazo del gobierno”.²⁴ Por muchos años la AFL y la CIO no habían hecho más que ayudar al gobierno mexicano para denunciar la discriminación hacia los braceros, pero con el incremento de la presencia de migrantes indocumentados a inicios de la década de 1950, estas centrales quisieron frenar este flujo migratorio.²⁵

Durante esta negociación, la cuestión de los migrantes indocumentados fue señalada por ambas delegaciones, pero las estrategias para atender “el problema de los indocumentados” se diferían. Mientras Estados Unidos apostaba por aumentar la supervisión fronteriza, pidiendo la colaboración de México al respecto, el gobierno mexicano insistía en la necesidad del Congreso estadounidense de adoptar una ley para castigar a los empleadores infractores para desincentivarles a emplear mano de obra indocumentada. Frente a la urgencia de renovar el programa bilateral, con bases más sólidas que las de 1949-1950, el presidente Truman se comprometió a presionar al Congreso para que al siguiente año fuera aprobada una ley en este sentido. La ley que atendió este compromiso en la primavera de 1952 preveía sancionar a la gente que transportaba o escondía a los trabajadores indocumentados, mas no a los empleadores. Aun así, el programa se mantuvo vigente a pesar del continuo aumento de la inmigración indocumentada.

El mayor reto al programa se presentó en el otoño de 1953 y primavera de 1954. Las negociaciones bilaterales no daban los frutos esperados.²⁶ La tensión culminó en febrero de 1954, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que permitiría la contratación unilateral de trabajadores agrícolas de México. La situación fue resuelta de manera diplomática antes de la entrada en vigor de dicha ley, pero estas negociaciones tensas pusieron en la mesa la necesidad de diseñar estrategias más eficientes para frenar la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Este momento terminó con la implementación de una operación de deportación masiva, a partir del verano de 1954, con la colaboración de las autoridades mexicanas para garantizar la repatriación de los trabajadores indocumentados hacia el interior de México. La “Operación Wetback” se acompañó en Estados Unidos de una flexibilización de los trámites para obtener la mano de obra braceril, para así convencer a los empleadores agrícolas de abandonar sus prácticas de contratación de trabajadores mexicanos indocumentados.

La última década del Programa Bracero puede ser considerada como un momento de estabilidad del programa, con la reno va ción regular de los acuerdos y últimamente su cancelación unilateral por parte de Estados Unidos. El número de contratos braceriles culminó en 1956, con cerca de 450 000 braceros admitidos, y disminuyó paulatinamente hasta 1964.

El artículo se centra sobre todo en la década de 1950, antes y después de la “Operación Wetback”. Se interesa en las acciones propuestas por los sindicatos mexicanos para frenar el éxodo indocumentado, influir en la gestión del programa y colaborar con los sindicatos estadounidenses para lograr sus objetivos. En la década siguiente, los sindicalistas de Estados Unidos empiezan a reclamar con más energía la cancelación del programa, limitando la cooperación sindical transnacional. A partir de 1960, sus objetivos parecían finalmente irreconciliables, pero en la década de 1950, la idea de fomentar una colaboración sindical transnacional para proteger a los braceros y para la competencia desleal de los trabajadores mexicanos indocumentados impulsó la formación de grupos regionales interesados en la defensa de los intereses de los trabajadores agrícolas de ambos países.

El pasado sindical del Valle de Mexicali tiene raíces profundamente ancladas en la actividad agrícola. El número de sindicatos agrícolas creados desde la década de 1930 da cuenta de los motores de la economía del Valle de Mexicali: de los 43 sindicatos organizados y registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali (JLCAM) entre 1932 y 1940, 35 provienen del campo, frente a 20 que provienen del sector secundario y 26 del terciario.²⁷ Este dinamismo del sindicalismo agrario disminuyó a partir de 1937, con la aparición del sistema ejidal en la región y el cambio de situación de varios jornaleros agrícolas (que habían nutrido la militancia sindical agrícola) a ejidatarios. Además, la presencia creciente de centrales como la CTM, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) a partir de la década de 1940 “indic[ó] una apertura de los sindicatos de este periodo [1941-1964] para afiliarse a las centrales, lo que no ocurrió durante el anterior, en donde se observó una tendencia al sindicalismo independiente”.²⁸

Como veremos más adelante, la insistencia de las centrales sindicales para controlar el movimiento obrero en la Baja California no es excepcional; a partir de la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952), la cooptación de las fuerzas sindicales en organizaciones leales al gobierno se agudizó y dejó al movimiento sindical independiente debilitado e incapacitado para influir decisivamente en las condiciones de los trabajadores o en las políticas laborales del país.²⁹ El alemanismo logró debilitar a sindicatos independientes como el de los petroleros y otros afiliados a la Central Única de Trabajadores (CUT), que se unirá a la CROC, miembro del PRI a partir de 1949.³⁰ Este control sindical se mantuvo durante las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y Adolfo López Mateos (1958-1964).

La llegada a la Baja California de miles de trabajadores migratorios para levantar la cosecha del algodón y eventualmente irse a Estados Unidos tampoco contribuyó a reafirmar la militancia sindical agrícola independiente durante este periodo. En los archivos consultados, se puede notar que para hacer frente a situaciones complicadas de resolver con sus pocos recursos, la UTAVM tuvo que recurrir al apoyo de la CTM y cuando no obtenía respuesta, buscaba formar alianza con el sindicato estadounidense que se había mostrado favorable a la cooperación con las organizaciones mexicanas: la NFLU.

Por ejemplo, cuando el número de candidatos a braceros seguía aumentando en las ciudades fronterizas a finales de 1950,³¹ la Unión de Trabajadores Agrícolas del Valle de Mexicali ( UTAVM) quiso obtener la ayuda de Fidel Velázquez, jefe de la CTM, para evitar la llegada de jornaleros del centro de la República y asegurarse de que los trabajadores de Mexicali fueron contratados de manera prioritaria. El objetivo de la comisión enviada a las oficinas de Velázquez era clara: “[desde] hacer presión oficial y pugnar para que se evite la fuga de braceros del interior de México hasta llegar a pedir que no se vendan boletos en los Ferrocarriles para aspirantes a braceros que se dirijan a Mexicali y que las necesidades se satisfagan con los que ya están en las fronteras o ilegales que se encuentran dentro de E.U.”.³² Los tres representantes de la UTAVM que viajaron al Distrito Federal para entrevistarse con el líder cetemista se encontraron con una puerta cerrada.³³ La falta de respuesta de parte de la CTM y la triste situación de los trabajadores de esta unión, varados en la capital del país, les obligaron a contactar a Ernesto Galarza para obtener fondos para mantenerse en el Distrito Federal hasta el regreso del Sr. Velázquez. En esta carta, la comisión enviada por este sindicato formulaba el deseo de “que con la ayuda de usted y la CTM se arreglaría definitivamente el problema de las Fronteras de ambos países”.³⁴ Más allá de pedir recursos para superar las dificultades relacionadas con su estancia alargada en la ciudad de México, los representantes de la UTAVM proponían una colaboración con la NFLU para resolver el problema de la competencia con los aspirantes a braceros (en Mexicali) y los trabajadores indocumentados y braceros (en California).

De la correspondencia entre la UTAVM y la NFLU, se pueden identificar dos propuestas para frenar el éxodo de los trabajadores agrícolas mexicanos y su entrada clandestina al país vecino. Por un lado, de manera coherente con la postura de la CTM, la UTAVM apoyaba la normalización de los trabajadores mexicanos (“el secado del mojado”), pero también deseaba la organización de estos jornaleros de ambos lados de la frontera. En este caso, la unión de Mexicali consideraba que la llegada de miles de aspirantes a esta ciudad creaba una competencia desleal para los bajacalifornianos y buscaba así fomentar una colaboración con la NFLU, que tenía también como objetivo evitar la competencia desleal de trabajadores indocumentados en California, así como la representación y protección de los trabajadores agrícolas mexicanos en los campos de este estado.

El objetivo de evitar la competencia desleal, provocada por la llegada de miles de jornaleros agrícolas deseosos de cruzar al Valle Imperial (Calif., E.U.), se volvía un elemento central de las acciones de la UTAVM. Como se señaló anteriormente, la regularización de inmigrantes indocumentados como principal método de contratación dio como resultado un aumento de los cruces irregulares de la frontera y una competencia aguda para ser seleccionado y obtener un preciado contrato. La comunicación entre la UTAVM y Galarza en septiembre de 1950 da cuenta de un objetivo común con la NFLU: eludir la llegada de esta competencia a la Baja California y a California:

Recibimos su atenta carta de fecha 30 de Agosto […], produciendo veradero [sic] entuciasmo [sic] al darnos cuenta de que Uds., nos comprenden siendo por lo tanto una verdadera esperanza la de poder llegar a una realidad en lo que se refiere a la normalización y control del trabajo entre hombres organizados de ambas Fronteras. Con tristeza confesamos que todos nuestros esfuersos [sic] por evitar la enorme invación [sic], de trabajadores de nuestra raza a este Territorio Mexicano, están siendo inútiles, los, mismos Mayordomos de las Empresas Agrícolas del Valle Imperial y de otros lugares del Estado de California E.U. están fomentando la entrada ilegal a E.U. de Braceros Mexicanos, pues ayudan a que centenares y más centenares de aspirantes, a Braceros se reconcentren en Mexicali, ciudad que emplean como una estación para en seguida penetrar a las regiones agrícolas de E.U. […] los recién llegados del interior de México primero haciendo una desleal competencia a los trabajadores, del Valle de Mexicali, se ofrecen a trabajar con los rancheros hasta por la pura comida mientras se orientan para luego internarse a California E.U. en cualquier forma.³⁵

La necesidad de la UTAVM de colaborar con la NFLU para obtener más éxito en sus acciones y frenar así el éxodo de trabajadores indocumentados hacia el norte del país y a Estados Unidos se hace patente en esta misma comunicación. Para esta unión de 1 200 socios, el apoyo de otro sindicato, más experimentado e influyente en California, era requerido para orientar su labor y obtener resultados más contundentes. La búsqueda de la UTAVM para conseguir apoyos en su lucha a fin de garantizar mejores condiciones para los trabajadores agrícolas del Valle de Mexicali y frenar la llegada de aspirantes a braceros en la región la llevó en marzo de 1951 a firmar un acuerdo con la NFLU-AFL para colaborar en su lucha para proteger a los trabajadores agrícolas en California y Baja California.³⁶

La firma de este acuerdo sindical transnacional no solamente se hizo con el propósito de proteger a los braceros en Estados Unidos o contrarrestar la competencia provocada por los trabajadores mexicanos indocumentados en California; también servía los intereses de los trabajadores de Mexicali. En el verano de 1951, la UTAVM solicitaba ayuda económica a la NFLU para sostener una huelga en el Valle de Mexicali en contra de los empleadores agrícolas de esta región, apoyados por algunos líde res sindicales que en “vez de ayudar traicionan y sabotean los movimientos de la organización que se hagan en defensa del trabajador asalariado del campo”.³⁷ Para obtener un aumento de salarios para los trabajadores agrícolas de Mexicali, la UTAVM deseaba generar un fuerte movimiento de huelga y para tal propósito solicitaba recursos de parte de la NFLU, en el espíritu de ayuda mutua, acordada en marzo del mismo año. Para convencer de los beneficios de proporcionar este apoyo, la UTAVM decía que, a cambio de esta ayuda, se lograría “elevar las condiciones de vida del trabajador del campo y así evitar en parte la fuga de mexicano para el extranjero”, algo de importancia capital para la NFLU.³⁸

El caso de la UTAVM ilustra un objetivo bastante peculiar de la colaboración transnacional que se dio cuando la cuestión de los trabajadores indocumentados se encontraba entre las principales preocupaciones de la agenda bilateral. Más allá de la protección de los braceros en Estados Unidos, que también figuraba dentro de los objetivos de la NFLU, la UTAVM estuvo interesada en cooperar con este sindicato para frenar la llegada de aspirantes a bracero a Baja California, y eventualmente el cruce irregular hacia California de varios candidatos decepcionados.

En febrero de 1951, en medio de una campaña para desprestigiar a la ABNM y así excluirla de las negociaciones bilaterales para la renovación del Programa Bracero,⁴⁰ la NFLU firmó un acuerdo para brindar asistencia mutual y colaborar para elevar los estándares de vida de los trabajadores agrícolas de ambos lados de la frontera. En un comunicado de prensa publicado por la NFLU, señala la afiliación distinta de los dos sindicatos con los cuales firmó acuerdos a inicios del año 1951: la UTAVM, de afiliación cetemista, y la ABNM, bajo la tutela de la Confederación Proletaria Nacional (CPN)⁴¹ y luego de la Confederación General de Trabajadores de México (CGT), dos centrales sindicales adversas al gobierno en turno.⁴²

La solidaridad transnacional demostrada entre la NFLU y la ABNM no resulta sorprendente. A inicios de 1951, cuando se estaban planeando las negociaciones para la reanudación del Programa Bracero, Ernesto Galarza había criticado fuertemente la exclusión de los sindicatos agrícolas estadounidenses y de los sindicatos mexicanos “no alineados” al PRI de las rondas de negociaciones que se iban a efectuar en la capital mexicana. En cambio, las centrales leales al gobierno alemanista, como la CTM, dirigida por Fidel Velázquez, habían sido invitadas a participar al encuentro binacional; Galarza reprochaba precisamente la alineación del líder cetemista con las autoridades priistas, señalando que no defendía los intereses de los trabajadores agríco las mexicanos:⁴³ “Fidel Velázquez se ha callado la boca, que es lo que yo [Galarza] esperaba. […] su papel es aparentar que la delegación mexicana está consultando a los trabajadores. […] Parece estar recibiendo órdenes de Alfonso Guerra, el hombre que originalmente aprobó el salario de 60 centavos […]”.⁴⁴

El sindicalista chicano no tenía la intención en este momento (ni en el futuro) de relacionarse con Velázquez y apostó más bien hacia un acercamiento con la organización “disidente” que tenía como objetivo principal atender y defender los intereses de los braceros desde México y en Estados Unidos. Sin embargo, la apuesta no rindió frutos. La influencia de la ABNM sobre los términos de la negociación bilateral fue nula:

[…] tildados de agitadores y traficantes de braceros por las autoridades de la capital, los dirigentes de la ABNM fueron encarcelados […] les reprochaba, su relación […] demasiado cordial, con la NFLU. Convocado por el diputado Enrique Rodríguez Cano, el secretario general de la Alianza, José Hernández Serrano, llevado a prisión sin previo aviso.⁴⁵

Si bien en 1951 la ABNM no obtuvo reconocimiento alguno de parte del gobierno mexicano, esta organización no desapareció; insistió en sus intentos para hacerse escuchar de las autoridades mexicanas y colaborar con la NFLU para defender a los braceros en Estados Unidos.

La principal labor que realizó la ABNM durante la década de 1950 fue la de apoyar a los candidatos a braceros con sus trámites, alertar a las autoridades mexicanas de algunos casos de explotación de aspirantes a braceros o de mala gestión del proceso de contratación⁴⁶ y solicitar la intervención de los representantes consulares de México en Estados Unidos cuando se reportaban abusos a los braceros en este país.⁴⁷ En varias ocasiones, dirigió también comunicados a las autoridades mexicanas para hacer recomendaciones para revisar el convenio de trabajadores agríco las y asegurar mejores prestaciones y condiciones de vivienda, alimentación y de salud para los braceros.⁴⁸

Un objetivo que la ABNM y la NFLU compartieron a lo largo de la década de 1950 era la protección de las condiciones laborales de los braceros debidamente contratados. En 1955, estos sindicatos colaboraron para realizar encuestas a varios braceros radicados en California. Al lado del nombre de la Alianza de Braceros Nacionales de México en los Estados Unidos de Norteamérica, en la cabeza de los documentos aparecen las siglas de la CGT, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y la AFL, señalando esta cooperación sindical transnacional. Estas encuestas tenían como propósito identificar y documentar los casos de violación al contrato de trabajo, discriminación de los braceros o violaciones a los derechos de los trabajadores braceros.⁴⁹

En años siguientes, la ANMB se dio a la tarea de informar a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación de México de algunos casos de violación de los derechos laborales de los braceros, utilizando hojas membretadas con símbolos de la AFL y la CGT y enviando copia a la NAWU. El director general de Asuntos de Trabajadores Migratorios en la SRE dio seguimiento por lo menos a uno de los casos referidos por la ABNM y solicitó al cónsul de México en Calexico que realizara una investigación sobre la Desert Growers Association, del Condado de Brawley (Calif.), en relación con la contratación de un número excesivo de braceros.⁵⁰ Antes de la intervención de la ABNM, con el respaldo de la NAWU-AFL, los braceros contratados por esta asociación habían solicitado la ayuda del cónsul mexicano, el cual había instruido a la Desert Growers Association dar suficientes horas de trabajo a los braceros contratados; el empleador se había negado a cumplir.⁵¹ La intervención de la ABNM dio como resultado que se abriera una investigación al respecto. La colaboración sindical transnacional permitió en ciertas ocasiones asegurar un seguimiento a las quejas de los trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos.

La ABNM abogó a favor de una organización transnacional de los braceros, solicitando el apoyo de los miembros del Congreso de México y de los representantes diplomáticos de México en Estados Unidos para que los braceros pudieran obtener la protección de “las organizaciones obreras y campesinas hermanas, como son la AF of L y la CIO” en este país.⁵² Si bien la organización de los braceros en México se podía lograr mediante la ABNM, señalaba que, una vez en Estados Unidos, los trabajadores agrícolas mexicanos sentían miedo de ser señalados, por lo cual era esencial buscar una mejor forma para que los sindicatos agrícolas estadounidenses pudieran defender los intereses de los braceros.

Además de su labor para la protección de los braceros en Estados Unidos, la ABNM se adhirió a las campañas para evitar el éxodo de trabajadores de México. Este otro objetivo constituyó un punto en común con la NFLU (NAWU) hasta su incorporación con el AWOC. Desde los primeros contactos entre estas organizaciones, se externalizó la preocupación para frenar la corriente migratoria indocumentada.

Desde finales de la década de 1940, la NFLU dirigía severas críticas al Programa Bracero y cuestionaba la pertinencia de mantenerlo en los años de posguerra; señalaba que tenía un efecto adverso sobre los salarios en el sector agrícola, que desplazaba a los jornaleros domésticos y que la presencia de los braceros y de los trabajadores mexicanos indocumentados dificultaba la lucha sindical en los campos californianos. Para convencer a la NFLU de que la cancelación del programa no sería la respuesta adecuada a los problemas de los trabajadores agrícolas, en 1949 la ABNM propuso la organización de una campaña entre los dos sindicatos para usar unos 30 o 40 000 braceros como “espías” en los campos estadounidenses y denunciar a los trabajadores indocumentados:

[…] creemos y confiamos que puede conseguirse una medida que nos ayude impedir las emigraciones ilegales, si luchamos mutamente ente [sic] nuestros Gobiernos por conseguir una contratación económica de 30,000. treintamil [sic] o 40,000. braceros debidamente organizados y compenetrados de sus obligaciones, a fin de que por si sólos [sic] no permitan menospreciar la mano de obra que resulta perjudicial para Uds. los trabajadores Estadounidenses; pués [sic] si esto se hiciera, lograríamos los fines deseados en bien de Uds. y de nosotros; pués [sic] debe de comprenderse que estos braceros debidamente organizados, serían a la vez, los denunciantes y vigilantes de cuanto trabajador ilegal se encontrara en los Estados Unidos de Norteamérica.⁵³

El secretario general de la ABNM, José Hernández Serrano, terminaba su comunicación a Ernesto Galarza con la advertencia de que de cancelarse el programa bilateral, los trabajadores mexicanos seguirían cruzando la frontera para ir a laborar en el campo estadounidense, pero de manera indocumentada y sin la protección de un contrato debidamente negociado por ambos gobiernos. El crecimiento de la migración indocumentada se mantuvo firme en los años siguientes y la ABNM reiteró su intención de luchar contra la emigración irregular de los aspirantes a braceros. En una carta de 1950, la ABNM se solidarizaba con la lucha de la NFLU en contra de la migración indocumentada e informaba que: “[…] en las próximas Contrataciones, nuestro Organismo mandará sus primeros 500 braceros debidamente organizados, llevando todas las instrucciones para que estos colaboren con las Organizaciones de trabajadores hermanas, denunciando ente las Autoridades de Migración a todos aquellos braceros que han entrado en forma ilegal”.⁵⁴

Aunque pueda parecer sorprendente que la ABNM haya convertido la lucha contra la migración indocumentada en una de sus prioridades, no se debe perder de vista que el objetivo de la Alianza era organizar a los trabajadores migrantes; su interés era entonces que emigraran legalmente a Estados Unidos.

La cuestión de los migrantes indocumentados se volvió particularmente explosiva en 1954; como se mencionó anteriormente, después de unas negociaciones bilaterales muy tensas que llevaron casi a un cajón sin salida, el Programa se reanudó, pero no sin incluir algunos mecanismos de colaboración para investigar la cuestión de la migración indocumentada entre ambos países. El convenio de marzo de 1954, además de estipular que los dos países estarían encargados de determinar conjuntamente si un empleador debía ser excluido del programa, establecía una comisión binacional para investigar la cuestión de la migración ilegal y legal entre ambos países.⁵⁵ En los meses que siguieron, la ABNM intentó convencer a la CGT de la necesidad de crear una comisión mixta distinta a la que los dos gobiernos habían creado. Argumentaba que era imposible llegar a diagnósticos y remedios viables sin una verdadera representación de los braceros, de los trabajadores agrícolas y de los granjeros estadounidenses en esta comisión binacional, ahora conformada por funcionarios y representantes consulares. Sugería la formación de una comisión alternativa, formada por un representante de los sindicatos agrícolas miembros de la AFL, un miembro de un sindicato agrícola afiliado a la Confederación Internacional Obrera, un miembro de la CGT, un miembro de la ABNM y dos representantes de las asociaciones de granjeros americanos. De acuerdo con la ABNM, tener a las representaciones laborales y agroindustriales en la misma comisión permitiría resolver sus conflictos sin intermediarios y facilitaría el cumplimiento del contrato de trabajo para así evitar que los braceros abandonasen su contrato y se volvieran indocumentados en Estados Unidos:

Se obtendrán ventajas sobre el actual sistema, pués [sic] en esta forma nuestros compañeros serán debidamente controlados evitando se salgan de la zona para la cual fueron contratados, tornándose en espaldas mojadas, en contra de su propia voluntad, sino por falta del cumplimiento del referido contrato.⁵⁶

En su correspondencia dirigida a la Secretaría de Gobernación de México, la ABNM proponía también algunas iniciativas con el propósito de limitar la emigración indocumentada a Estados Unidos en el largo plazo. Señalaba la idea de formar un sistema de granjas agrícolas pro-braceros en la República,⁵⁷ con “maquinaria colectivizada mientras les sea posible adquirirla individualmente” y donde podrían construir sus casas habitación junto a sus propias granjas, con el objetivo de resolver parte de la emigración indocumentada:

Sr. Presidente, […] queremos llevar a cabo nuestro propósito; […] también estamos buscando la mejor forma posible, tendiente ha [sic] ir limitando paulatinamente el éxodo de nuestros trabajadores agríco las hacia los Estados Unidos de Norteamérica; pero para lograrlo necesitamos antes ofrecerles algo que les garantice decorosamente la estabilidad económica de su hogar para el sostenimiento de su familia incluyendo la educación de sus hijos; el sistema de granjas que hemos propuesto les garantiza decorosamente su liberación; puesto que a su retorno, con sus propios recursos económicos se establecen constituyéndose en pequeños propietarios […].⁵⁸

En 1955, para que los candidatos a bracero afiliados a la ABNM fueran contratados en Irapuato de manera prioritaria, la asociación argumentaba que estos braceros podrían establecer un precedente ya que se comprometían a participar en el proyecto de granjas agrícolas pro-braceros después de su regreso de Estados Unidos, lo cual evitaría “la fuga de nuestra mano de obra que tanta falta hace a nuestra Economía Nacional”.⁵⁹ Considerando la ausencia de respuesta oficial a estas peticiones en los archivos mexicanos, se puede dudar que esta propuesta haya tenido cierto eco.

En el verano de 1959, en el contexto de las discusiones sobre la renovación del Programa Bracero, una campaña en contra de la migración indocumentada de los trabajadores mexicanos se implementó en los periódicos de México. La ABNM participó también en esta campaña e informaba que el gobierno estadounidense estaba deportando a gran número de “braceros mexicanos que entraron a Estados Unidos sin tener sus papeles en regla” y pedía a los aspirantes a braceros que “no intenten expatriarse sin el consiguiente contrato de trabajo, pues además de que son vilmente explotados por los enganchadores, luego los mismos granjeros norteamericanos los denuncian para no pagarles sus salarios”.⁶⁰

La influencia de la ABNM fue disminuyendo a partir de la segunda mitad de la década de 1950. Como se señaló anteriormente, la labor de la ABNM se enfocó a partir de estos años en reportar y denunciar los abusos de los cuales eran víctimas sus miembros. Hasta 1954, colaboró activamente con la NFLU para documentar estas situaciones,⁶¹ pero esta relación se aflojó al mismo tiempo que la organización estadounidense cambiaba de rumbo y se acercaba a la CTM.

Desde el inicio del año de 1949, cuando se renegociaban los acuerdos braceriles entre ambos gobiernos, la CTM apoyó la postura del gobierno de México al efecto de que se mantuviera la contratación bilateral y que se efectuara primordialmente por medio de la regularización del estatus de los migrantes indocumentados que se encontraban en Estados Unidos.⁶² Esta estrategia no logró su propósito (frenar la corriente migratoria desde el centro del país hacia el norte) y la corriente migratoria indocumentada se incrementó entre 1948 y 1950, como se puede observar en la tabla.

Crecimiento de la inmigración ilegal mexicana, 1949-1950

Fuente: Garcia y Griego, “The Bracero Policy”, p. 205.

La lealtad de las organizaciones sindicales hacia la administración alemanista era un factor decisivo en la decisión del gobierno mexicano de darles acceso a las negociaciones en febrero de 1951. Para finales de la década de 1940, los sindicatos liderados por personajes afines al gobierno gozaban de un canal directo para negociar ciertas condiciones laborales a cambio de la docilidad de sus miembros y la CTM y la CNC adoptaron una actitud de aceptación abierta de las políticas alemanistas. La posición de estos sindicatos, invitados a la mesa de negociación para la renovación del Programa Bracero en 1951, sobre la cuestión braceril era la misma que la del gobierno: México debía cooperar con su vecino del norte y velar, de manera primordial, por los intereses económicos de la nación y los de los trabajadores mexicanos.⁶³ Como fue señalado anteriormente, según esas centrales sindicales, la manera de hacerlo era mediante la adopción de leyes punitivas de parte de Estados Unidos para desalentar la contratación de trabajadores mexicanos indocumentados.

En los años siguientes, la CTM se mantuvo en concordancia con el posicionamiento del gobierno mexicano sobre el Pro grama Bracero. En las negociaciones complicadas de 1953-1954, manifestó su deseo de seguir con el programa bilateral y señaló, como varios sindicatos, su apoyo al presidente mexicano cuando el Congreso de Estados Unidos amenazó con terminar el programa bilateral y proceder a la contratación unilateral de los trabajadores mexicanos.⁶⁴ El interés de estos sindicatos por mantener el Programa Bracero estaba probablemente relacionado con su preocupación por garantizar condiciones laborales dignas a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, pero también se puede entender en relación con los beneficios derivados del reparto de los contratos entre sus miembros. Las centrales “oficialistas” pudieron disponer de algunas cuotas de los preciados contratos braceriles y otorgarlos a sus miembros. En la lógica de control sindical y político de la época, esta práctica también servía los intereses del régimen, que veía su base clientelista ampliarse con la participación de los sindicatos simpáticos al PRI.

El Programa Bracero se convirtió en una herramienta del clientelismo priista y permitió distribuir favores a ciertos sindicatos útiles para mantener la paz social en distintas regiones del país. En algunos casos, como el de los trabajadores de la industria azucarera de Jalisco, el gobierno atribuía efectivamente unas cuotas de contratos braceriles a los miembros de estos sindicatos.⁶⁵ El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, José María Martínez, aprovechó también el programa y el éxodo de trabajadores mexicanos indocumentados a Estados Unidos para negociar aumentos salariales. De acuerdo con Martínez, los bajos salarios eran lo que empujaba a los trabajadores azucareros a salir del país y argumentaba que el gobierno debería apoyar la petición del sindicato para obtener mejores salarios.⁶⁶

En varios casos dentro de la República, las organizaciones campesinas y obreras intervenían igualmente en la elaboración de las listas de aspirantes a braceros autorizados para presentarse en los centros de contratación.⁶⁷ Las autoridades mexicanas delegaban así una responsabilidad a los sindicatos en la gestión de los contratos braceriles, fomentando la lealtad partidaria cuando se lograba obtener un número significativo de contratos para los miembros de estas asociaciones oficialistas.

En varias ocasiones, los sindicatos dirigían cartas a las autoridades mexicanas para obtener contratos para sus miembros. Encontramos gestiones de parte de asociaciones del Valle de Mexicali para que sus miembros puedan ser dotados de contratos de braceros. Para 1960, la Bolsa de Trabajo del Estado de Baja California también apoyaba en la gestión de la contratación braceril.⁶⁸ Si bien esta oficina no estaba autorizada a hacer ningún contrato, sí podía facilitar la postulación de los candidatos afiliados a centrales sindicales como la CTM, la CRCC y la CROM:

[…] esta Dependencia ha dado oportunidad a los Obreros que pertenecen a los Sindicatos de las Industrias Algodoneras para emigrar el que lo desee por conducto del Centro de Contratación de Empalme, Sonora, ya que los Sindicatos de trabajadores agrícolas de la C.R.O.M han sido atendidos con especialidad igual que los demás Sindicatos de la C.T.M. y C.R.C.C. establecidos en el Estado.⁶⁹

La preferencia para otorgar contratos de braceros a los miembros de la CTM del estado de Mexicali, con mediación de la bolsa de Trabajo del estado, formó parte de una estrategia política que fortalecía al PRI. La desaparición del centro de contratación de Mexicali en 1955 y la apertura del centro de Empalme (Sonora) este mismo año provocaron unos cambios en la dinámica del otorgamiento de contratos de braceros a estas organizaciones ya que ahora “tendrían que negociar la inclusión de sus cuotas de trabajadores frente a los intereses de los agricultores y el gobierno sonorenses”.⁷⁰ De acuerdo con Córdoba, la bolsa de trabajo de Baja California era responsable de realizar el registro de los trabajadores afiliados a estas corporaciones y comunicarlo al centro de contratación de Empalme.⁷¹ Para estar incluido en este registro, los candidatos debían pertenecer a una de estas centrales oficialistas. En el caso de Baja California, el Programa Bracero y la distribución preferencial de los contratos a miembros de los sindicatos alineados al PRI contribuyeron a fortalecer la base clientelista del régimen al incentivar la afiliación de los miembros de estas centrales al partido hegemónico.⁷²

A cambio, estos sindicatos también intervenían para frenar el éxodo, o encauzarlo, cuando ya no había contratos disponibles. En la recta final del Programa Bracero, organizaciones afiliadas a la Confederación Nacional Campesina (CNC) desplegaban anuncios y comunicados en la prensa para evitar la salida de sus miembros hacia Estados Unidos. Aunque su importancia en la gestión de los contratos parece haber sido limitada, observamos que participó en las campañas propagandísticas para desincentivar a sus miembros a migrar a los campos estadounidenses. Por ejemplo, cuando en el verano de 1963 se anunció la finalización del programa bilateral, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Jalisco hizo llamados a los campesinos para que se quedaran en México:

[…] el secretario [de la Liga, José Santana Campante Nuño] señaló que los aspirantes deben volver a sus lugares de origen y dedicarse a barbechar las tierras para las siembras de garbanzo y trigo, en vez de engañarse o ser engañados por vivales que se aprovechan de su ignorancia para explotarlos.⁷³

Al año siguiente, cuando se abrió la contratación por última vez, la Liga se puso a la tarea de informar de nuevo a sus miembros del calendario de contratación, al mismo tiempo que anunciaba que redoblarían los esfuerzos para vigilar que los aspirantes a braceros no fueran víctimas de explotación o de los coyotes.⁷⁴ Las organizaciones asociadas a la CNC participaron también en contener el flujo migratorio por medio de la administración de otras iniciativas que tenían como objetivo mantener a los campesinos en sus parcelas con el otorgamiento de créditos para cultivarlas.⁷⁵ Además, como veremos en la siguiente sección, aunque su visibilidad e influencia fueron menores en la gestión del Programa Bracero, la CNC había participado al lado de la CTM en las discusiones regionales que se llevarían a cabo a partir de 1953 y hasta 1960.

El problema creciente de la migración indocumentada y las complicadas negociaciones bilaterales destinadas a reajustar y renovar el programa de trabajadores agrícolas mexicanos en 1953 pusieron en la mirada de los sindicatos de ambos lados de la frontera algunos problemas compartidos que quizá encontrarían mejores soluciones por medio de la cooperación bilateral. En la primera mitad de la década de 1950, con el creciente flujo de migrantes indocumentados, “la AFL y la CIO concentraban su fuego sobre los espaldas mojadas, y para el programa bracero solamente pedían reformas”.⁷⁶ A pesar de las presiones ejercidas en el Congreso de Estados Unidos al momento de adoptar la Ley Pública 78 en 1951, estas centrales no lograron que se castigara a los empleadores de mano de obra indocumentada; la colaboración con los sindicatos de México fue entonces considerada como estrategia alternativa para detener la corriente de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos.⁷⁷

Aunque Galarza dudaba del papel de representatividad de Fidel Velázquez en cuanto a la defensa de los derechos de los braceros, es imposible negar el acercamiento que se da a partir de la segunda mitad de la década de 1950 entre la NFLU y los sindicatos afiliados a la CTM. Ya se señaló que la NFLU mantenía una colaboración con la ABNM (afiliada a otras centrales obreras), pero también con otras organizaciones, como la UTAVM, adherida a la CTM. Sin embargo, los resultados de la colaboración entre el sindicato afiliado a la AFL, la ABNM o la UTAVM fueron limitados y no se logró ni frenar el flujo migratorio indocumentado, ni organizar eficientemente a los braceros en torno a objetivos comunes. A partir de 1953, las organizaciones sindicales empezaron a mirar hacia otras formas de colaboración en el ámbito internacional.⁷⁸

Así es como la ORIT organizó una conferencia especial en diciembre de 1953, donde participaron representantes sindicales de México y de Estados Unidos.⁷⁹ La NFLU fue representada por H. L. Mitchell, presidente de este sindicato, y Ernesto Galarza, a pesar de su desconfianza hacia Fidel Velázquez, quien presidía la mesa directiva de la ORIT.

En ella se discutió el problema de los braceros. ¿Cómo definieron entonces el problema? Denunciaban la explotación que sufrían estos trabajadores, pero señalaban sobre todo la presencia de los trabajadores mexicanos indocumentados. Su llegada masiva creaba una competencia desleal que afectaba a los trabajadores agrícolas estadounidenses. En esta reunión, acordaron crear una comisión para estudiar las soluciones al “problema de los braceros” e idear estrategias de colaboración entre las organizaciones sindicales. Entre las recomendaciones formuladas durante la conferencia y enviadas a los presidentes Adolfo Ruiz Cortines y Dwight Eisenhower, resolvieron aplicar estrictamente lo estipulado en el convenio y las leyes migratorias en ambos países: que se realice un padrón de censo en México que avale y registre a la población calificada en edad, habilidades y con carácter legal que pueda sumarse a la mano de obra agrícola en Estados Unidos, que en el convenio internacional se establezca un capítulo de sanciones para quienes violen las disposiciones del convenio o las leyes nacionales,⁸⁰ que las organizaciones sindicales de ambos países participen en las negociaciones relacionadas con el reclutamiento de trabajadores en cualquiera de los dos países y que se asegure una mejor supervisión del cumplimiento del convenio con la colaboración de representantes sindicales de ambos países.

El acercamiento entre la NFLU y los sindicatos “oficialistas” de México se concretó en 1954 con la creación del Joint U.S. Mexican Trade Union Committee (Comité Conjunto), que reunía a cuatro grandes centrales sindicales estadounidenses (CIO, AFL, United Mine Workers, Railway Labor Executives Association), las principales centrales de México (CTM, CGT, CNC, Sindicato Mexicano de Electricistas) y la ORIT.⁸¹ Para poder participar en este comité bilateral, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM, adherida a la CROC) debía, sin embargo, aceptar que los braceros enviados no se afiliarían al Partido Comunista.⁸² Durante el primer encuentro, celebrado en 1954, los sindicatos se interesaron en los métodos para establecer los salarios agrícolas y en las estrategias para detener la inmigración ilegal o prevenir la contratación de los trabajadores indocumentados por medio de multas contra empleadores.⁸³ En los años siguientes, se celebraron reuniones anuales⁸⁴ en las cuales se presentaron resultados de investigación sobre las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos y se propusieron soluciones para “frenar la entrada ilegal de trabajadores a los Estados Unidos”.⁸⁵

Después del año crucial de 1954, las organizaciones sindicales adoptaron una postura compartida respecto a la estrategia que debían adoptar para frenar el flujo de trabajadores indocumentados a Estados Unidos. Por un lado, rechazaban tajantemente la construcción de barreras artificiales (muro fronterizo) porque eso representaría un símbolo de desprecio entre los pueblos en contradicción con el espíritu de hermandad y amistad que existe entre los países. Por otro, apoyaban los esfuerzos para mejorar la vigilancia de la frontera por las patrullas estadounidenses y mexicanas. Sobre el flujo irregular, enfatizaban la necesidad de emprender una campaña continua de educación en México para concientizar sobre las desventajas de cruzar ilegalmente la frontera. Además, varios de los reportes de las comisiones del comité insistían en la necesidad de presionar al gobierno estadounidense para adoptar una ley que castigara a la gente que contrataba o reclutaba trabajadores mexicanos de manera ilegal.⁸⁶

Creemos que el fortalecimiento continuo de las patrullas fronterizas en ambos lados de la frontera es esencial, pero consideramos aún más importante la necesidad de una campaña educativa continua en cada una de nuestras naciones que muestre las desventajas de intentar cruzar ilegalmente […]. Los movimientos obreros de México y Estados Unidos creen que la lamentable ‘frontera abierta’ del tráfico de espaldas mojadas debe ser reemplazada, no por una frontera cerrada de vallas, sino por una frontera siempre abierta de ambos lados a todos los ciudadanos de nuestras dos naciones que cruzarán legalmente y de acuerdo con las leyes de nuestros respectivos gobiernos [traducción propia].⁸⁷

Los frutos de estos esfuerzos transnacionales no parecieron concretarse ni rápida ni sólidamente. En su informe de 1957 la sección mexicana de esta comisión sindical conjunta recordaba las resoluciones firmadas por la directiva de la Conferencia el 16 de diciembre de 1953 y mencionaba que “hemos logrado avances interesantes […], pero no estando satisfechos venimos hoy a renovar nuestros propósitos de lucha para alcanzar cuando menos las aspiraciones que tuvimos en aquella reunión inicial”.⁸⁸

Aunque la comunicación entre los sindicatos de ambos lados de la frontera había mejorado, ya no parecían tener los mismos objetivos. El resultado de las nuevas propuestas contenidas en el informe de 1957 de la sección mexicana es una voluntad de los sindicatos oficialistas de México por aportar ajustes para garantizar mejores condiciones de transportación, vivienda, alimentación, salud y salariales. En ningún momento es cuestionada la relevancia del programa bilateral, lo cual reflejaba la postura del gobierno mexicano en este rubro.⁸⁹ Del lado estadounidense, el asunto parecía complejizarse. En el testimonio del director de la información legislativa del CIO (y secretario del comité conjunto), Milton Plumb, en el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense en 1955, se incluyó un documento con las recomendaciones del CIO para enmendar la Ley Pública 78 que permite entrever cierta discrepancia entre los objetivos de la parte mexicana y la estadounidense de la comisión conjunta:

[e]l CIO está convencido de que la Ley Pública 78, que se enmarcó en términos de un programa de emergencia para satisfacer la necesidad de mano de obra agrícola en tiempos de guerra, es una ley totalmente inadecuada para hacer frente a necesidades similares en tiempos de paz. No debe continuarse en su forma actual, pero debe modificarse sustancialmente para proteger más adecuadamente los intereses de los trabajadores estadounidenses y mexicanos, así como de la agricultura estadounidense. Incluso después de que se hayan realizado dichas modificaciones, no debe prorrogarse indefinidamente, […] sino que debe continuar durante un solo año y luego revisarse a la luz de los cambios en su funcionamiento provocados por las modificaciones.⁹⁰

Colocada al inicio de las recomendaciones, esta observación apuntaba a la eventual cancelación del programa de trabajadores agrícolas mexicanos. Sin embargo, no abogaba a favor del abandono drástico del programa y reiteraba, más bien, su preferencia por un programa bilateral en vez de unilateral. Para poder mantener este programa en vigor, solicitaba más supervisión y unos ajustes a las leyes migratorias del país para facilitar el control de la inmigración indocumentada. Nuevamente, en octubre de 1956, Rocco C. Siciliano (asistente del secretario de Trabajo, James Mitchell) recordaba a Frank L. Noakes (AFL) que la importación de trabajadores extranjeros era un programa de emergencia.⁹¹ El debate sobre la pervivencia del programa seguía vivo del lado estadounidense de la comisión, mientras que la delegación mexicana no quería cuestionar su validez.⁹²

Al momento de la sexta conferencia internacional del comité, en lo que se llamó la “Declaración Brownsville-Matamoros” de 1960, la situación de los trabajadores indocumentados ya no parecía tener la misma importancia que en los años pasados. Las recomendaciones del Joint Committee se enfocaban principalmente en los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. El número de detenciones de migrantes indocumentados había disminuido en los últimos años y los esfuerzos de organización de los trabajadores agrícolas estadounidenses se habían intensificado a partir de la conformación del AWOC; el programa bilateral y la presencia de numerosos braceros en estados como California se convirtieron en el blanco principal del comité organizador.⁹³ Para ese entonces, la CTM se mantenía en concordancia con la voluntad del gobierno mexicano de mantener el programa; la colabo ra ción sindical transnacional se hizo cada año más difícil y la protección de los trabajadores agrícolas y el mejoramiento de sus condiciones resultaban un punto de convergencia casi único entre las organizaciones mexicanas y estadounidenses.

La Declaración de 1960 reafirmaba la prohibición de intermediarios como contratistas privados o como agentes de reclutamiento e insistía en varios puntos relacionados con las condiciones laborales y de vida de los braceros: protección de trabajadores; salario mínimo; certificación de trabajadores; garantizar fondos para que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos pudieran supervisar el cumplimiento de las condiciones de los contratos; la participación sindical en las negociaciones bilaterales; mejores estándares para la vivienda; seguridad en el transporte de los trabajadores; regulación de la provisión de los alimentos; responsabilidad patronal; programa de seguro de vida o enfermedad.⁹⁴ La colaboración entre la AFL-CIO y la CTM, mediante el comité conjunto, estaba asentada en estos objetivos comunes que podían beneficiar a los trabajadores agrícolas mexicanos e, indirectamente, a los estadounidenses. Si los braceros obtenían mejores condiciones laborales, las de los trabajadores domésticos mejorarían también para llegar a ser por lo menos iguales o superiores a las de la mano de obra extranjera.

A partir de 1961, la AFL-CIO radicalizó su postura y solicitó en el congreso la cancelación final del Programa Bracero.⁹⁵ Aunque la petición no obtuvo éxito (el Congreso estadounidense aprobó la extensión del programa bilateral por dos años suplementarios), la colaboración transnacional se debilitó; las posturas compartidas se hacían más escasas y la inconsistencia en los objetivos de las organizaciones sindicales de ambos lados de la frontera terminó con los esfuerzos del comité conjunto. En 1963, el Congreso estadounidense amplió por última vez la vigencia del programa bilateral y le puso una fecha de caducidad: 31 de diciembre de 1964. La CTM no comentó el asunto.⁹⁶

La colaboración entre los sindicatos estadounidenses y mexicanos con el objetivo de influir en la gestión de la migración laboral de los mexicanos a Estados Unidos tomó distintas formas, cosechó frutos variados y persiguió objetivos diferentes según el sindicato involucrado. Del lado estadounidense, la AFL-CIO y sus organizaciones afiliadas (NFLU, NAWU, AWOC) fueron los principales actores sindicales que se interesaron en los trabajadores agrícolas, los braceros y los indocumentados. Se acercaron a las distintas centrales mexicanas para solventar los problemas que consideraban primordiales para los intereses de los trabajadores estadounidenses. Desde inicios de la década de 1950, el problema de los indocumentados se convirtió en una prioridad de estos sindicatos; en México, tanto las organizaciones sindicales afines al gobierno como las independientes buscaban la manera de frenar, o encauzar, el flujo migratorio indocumentado para no crear competencia indebida con los trabajadores locales y evitar la explotación desvergonzada de los mexicanos en Estados Unidos.

Algunas organizaciones locales, como la UTAVM, se acercaron a la NFLU para obtener apoyo y evitar la llegada de los candidatos a braceros a los campos de Baja California; compartía el objetivo de la NFLU de limitar la presencia de los trabajadores indocumentados en California, obstáculo para la organización de los trabajadores agrícolas. La Alianza de Braceros Nacionales de México, para la cual la protección de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos figuraba como una prioridad, también colaboró con la NFLU y en las campañas para desincentivar la salida indocumentada de los trabajadores mexicanos. Esta organización no afiliada al gobierno mexicano se vio limitada en sus acciones, siendo ignorada en varias ocasiones por las autoridades mexicanas, y la colaboración transnacional comenzó a declinar al mismo tiempo que las relaciones entre la AFL-CIO y la CTM se consolidaban a partir de 1954.

Estos sindicatos empezaron una labor conjunta con el objetivo de proponer ajustes al programa bilateral que favorecerían a los braceros y limitarían el flujo migratorio indocumentado. En las reuniones anuales que se llevaron a cabo en la segunda mitad de la década de 1950, se puede observar una preocupación de las organizaciones sindicales por frenar el éxodo indocumentado, deseando que la colaboración transnacional pudiera resultar en una mayor concientización sobre este asunto, y por mejorar las condiciones de trabajo de los braceros. Sin embargo, el comité conjunto nunca obtuvo el reconocimiento de representante oficial en las negociaciones bilaterales y los frutos de estos encuentros transnacionales anuales no se hicieron muy tangibles. Las divergencias de opinión sobre la pertinencia de un programa de trabajadores agrícolas acabaron con la colaboración de la AFL-CIO y los sindicatos mexicanos afines al gobierno.

A partir de 1960, cuando la renovación del Programa Bracero empezó a hacerse más complicada en el Congreso de Estados Unidos, declinó la colaboración entre la AFL-CIO y las centrales mexicanas. Mientras la CTM buscaba aportar ajustes al programa bilateral y mejorarlo, la federación americana decidió insistir en la cancelación del programa a partir de 1961. Ni las advertencias sobre el posible recrudecimiento de la migración indocumentada ni la solidaridad sindical transnacional resultaron exitosas para mantener el programa más allá de diciembre de 1964. En las décadas siguientes, si bien la discusión sindical transnacional no desapareció completamente,⁹⁷ los frutos de los esfuerzos de los sindicatos de México y de Estados Unidos para contener la migración indocumentada habían desaparecido.

AGN, PARC: Archivo General de la Nación, fondo Presidente Adolfo Ruiz Cortines

AGN, PALM: Archivo General de la Nación, fondo Presidente Adolfo López Mateos

AHGE, DGPAC: Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fondo Dirección General de Protección y Asuntos Consulares

SULSC, EGP: Stanford University Libraries Special Collections, Ernesto Galarza Papers