El triunfo de la revolución de Tuxtepec se consolidó, sugiero, cuando cayó el bastión lerdista del sureste conformado por los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán, o tendríamos que decir cuando fue vencido el último reducto constitucionalista a finales de 1876 y principios de 1877; porque si bien una vez en el poder los tuxtepecanistas llamaron a sus fuerzas rebeldes Ejército Constitucionalista, originalmente bautizadas como regeneradoras, en realidad quienes defendieron los principios consignados en la Constitución Política de la República Mexicana vigente, la de 1857, fueron quienes se mantuvieron leales al presidente Sebastián Lerdo de Tejada.¹ En tal sentido, propongo que alejemos la vista de la narrativa de los vencedores y miremos esta historia desde la perspectiva de los supuestos derrotados, de los perdedores, ¿quién ganó realmente en ese tour de force en que los bandos opositores se jugaban el destino del país y de los estados? Frente a la versión tradicional sostengo que el grupo en el poder en Campeche, ante la propagación del tuxtepecanismo por la mayor parte del país, la renuncia y exilio del presidente Sebastián Lerdo de Tejada y la derrota de las fuerzas nacionales, así como el inminente avance de las tropas regeneradoras sobre la región, decidieron actuar con sagacidad y orquestaron su propia caída lo que, en los hechos, suponía un velado triunfo de los perdedores sobre el público triunfo de los vencedores: Campeche sería tuxtepecano, pero no dejaría de ser barandista.² O eso pretendieron.

La crisis

El 3 de enero de 1877 Joaquín Baranda y Quijano, gobernador constitucional del estado de Campeche, forzado por la situación nacional hizo formal renuncia al cargo como protesta por el triunfo de la revuelta tuxtepecana y la asunción al poder de Porfirio Díaz y su grupo. La confrontación del barandismo con el porfirismo se hacía evidente de nuevo, ahora por su lealtad con el lerdismo como antes con el juarismo.

En efecto, en un “Alcance al número 669” de La Discusión, el periódico oficial del gobierno del estado, cuyo encabezado rezaba: “¡VIVA LA REPÚBLICA! ¡VIVA EL PLAN DE TUXTEPEC! ¡VIVA EL DIGNO GENERAL PORFIRIO DÍAZ, EN JEFE DEL EJÉRCITO REGENERADOR!”, la guarnición militar de la plaza de Campeche proclamaba el reconocimiento de las fuerzas rebeldes y se sumaba a ellas.³ Exigían, como condición para su reconocimiento como gobernador, que Joaquín Baranda se adhiriera al Plan de Tuxtepec. La respuesta del gobernador fue inmediata: “No quiero retardar ni un instante mi contestación, expresando que no me adhiero al plan de Tuxtepec, porque así me lo exigen mi deber y la consecuencia a los principios políticos que siempre he profesado y defendido”. Enseguida señalaba el hecho de que su designación era fruto de una elección libre de los ciudadanos campechanos y que sólo ellos podían suspenderlo de su encargo, pero, aclaraba que “abandono el Gobierno, cediendo a la presión de la fuerza”.⁴

Un mes antes José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ley responsable de asumir la presidencia de manera interina en ausencia del presidente constitucional, quien se había visto forzado a abandonar el país el 20 de noviembre, presionado para asumir el Plan de Tuxtepec por Justo Benítez -aliado muy cercano de Porfirio Díaz-, se negó a aceptar la imposición y sentenció entonces: “La nación juzgará”.⁵ En consecuencia, el 28 de noviembre de 1876 Díaz, en su carácter de general en jefe del Ejército Nacional y Constitucionalista, emitió un decreto en que reasumía el poder ejecutivo de la Unión dado que no habían “manifestado su adhesión al Plan de Tuxtepec, reformado en Palo Blanco, ninguno de los funcionarios invitados por el art. 6° del segundo”.⁶ Se refería a que Iglesias, tras la salida de Lerdo de Tejada, no había aceptado asumir los principios revolucionarios.⁷

Triunfante en la capital de la República la revuelta tuxtepecana se dieron sus dirigentes a la tarea de someter a quienes no la hubieran reconocido. Lo que no se obtiene por el convencimiento se obtiene por la fuerza, así que, con tal propósito, a finales de 1876 fue enviada al sureste del país una “expedición” con la instrucción de “hacer que los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán reconozcan el plan de Tuxtepec”, y pronto sumaron también el de Chiapas.⁸ Y finalmente lograron los tuxtepecanistas someter al sureste, o así pareció.⁹ Ante la amenaza de las fuerzas regeneradoras y la situación que privaba en el escenario nacional, Baranda, haciendo uso de las facultades extraordinarias que se le habían concedido y amparándose en el artículo 90 de la Constitución campechana procedió el 24 de diciembre a decretar que “El Estado libre y soberano de Campeche reasume el uso pleno de su soberanía, sin perjuicio de volver, más adelante, a formar parte de la Unión nacional”.¹⁰ Al decreto siguió un manifiesto en el que el gobernador explicaba a sus conciudadanos las razones de tal decisión y remarcaba que la reasunción de la soberanía era una medida preventiva y de ninguna forma una separación definitiva; hacía saber también que tomaba esa decisión ante la falta de comunicación con la capital de la República, que prevalecía desde el 4 de noviembre.¹¹

La situación fue empeorando para los lerdo-constitucionalistas cuyos territorios iban siendo sometidos. Ante la amenaza, el 2 de enero de 1877 el gobernador de Campeche dispuso que las fuerzas armadas se concentraran en la capital del estado para su defensa.¹² Pero, en lo que a simple vista pareciera una ironía del destino, al día siguiente la guarnición de la plaza proclamaba su adhesión al Plan de Tuxtepec; también secundaron el Plan las guarniciones de las plazas de Hecelchakán, Calkiní y Champotón, entre otras. Como ya sabemos, acto seguido el gobernador renunció. Lo que llama la atención es que los integrantes de su gabinete y otros funcionarios aceptaron de manera amplia adherirse al plan el mismo día 3 de enero: Secretaría de Gobernación y Hacienda, Secretaría de Guerra y Guardia Nacional. Lo mismo hicieron al día siguiente, 4 de enero, los funcionarios y empleados de los Tribunales Superiores reunidos, los del Ayuntamiento de la capital, el jefe político del partido de Campeche y de otras instituciones como la Tesorería General, la Aduana Marítima y la Administración Principal de Correos.¹³

Si bien un autor anónimo acusaría que tal reconocimiento fue una “determinación formada por miedo”, la tan puntual concatenación de hechos hace sospechar una planeada orquestación.¹⁴ En efecto, para dar sentido a los sucesos ocurridos saltan dos posibles explicaciones: la primera, más simple y evidente, es que los representantes y funcionarios barandistas prefirieron conservar su empleo por encima de cualquier lealtad, o para decirlo de manera clara: eran convenencieros y traidores. Esta explicación, además, se acomoda a esa visión dicotómica que privó en la historia campechana: la de los buenos y humildes garcía-aznaristas y los malos y aristócratas barandistas.¹⁵ ¿Qué otra prueba de la cobardía y vileza de los integrantes de ese partido y sus cabecillas se necesitaba para corroborar su poca valía? Pero otra explicación, menos evidente, o menos recuperada historiográficamente, apuntaría a que ese movimiento, tan exactamente sincronizado, se trató de una acción coordinada, tomada a conciencia, en la que los leales a Baranda se quedaban en sus cargos para intentar frenar, en la medida de sus posibilidades, las acciones de los insurrectos triunfadores, en tanto el gobernador conservaba la pública posición que había sostenido desde que estalló la revolución: lealtad a Lerdo de Tejada y respeto a la Constitución. Su renuncia otorgaba credibilidad a la acción planeada, al tiempo que la disimulaba. Esta medida les permitió en lo inmediato mantener el control del estado a la vez que ganar tiempo para organizarse, negociar, hacer las alianzas convenientes con miras a las elecciones que en breve debían celebrarse, como lo estipulaba el Plan de Tuxtepec.

Al fortalecimiento de esta segunda explicación abona el hecho de que el frente geopolítico del sureste, conformado por los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán, presentó una posición coincidente en la defensa del lerdismo y el constitucionalismo y opositora al tuxtepecanismo.¹⁶ Como Pedro Baranda había sido enviado por el gobierno nacional a pacificar Tabasco, los tuxtepecanistas temían el fortalecimiento de una liga de este estado con el de Campeche, en el que gobernaba el hermano del General.¹⁷ En efecto, desde su llegada en el mes de mayo, Tabasco recibió de Campeche el apoyo de una fuerza de alrededor de 200 efectivos que coadyuvaron a la pacificación de ese territorio, como el mismo general Baranda lo informaba a mediados de octubre, cuando les agradecía su colaboración y los enviaba de vuelta a su estado por haberse alcanzado el objetivo que motivó su presencia.¹⁸

Las acciones de apoyo mutuo entre Tabasco y Campeche no eran nuevas; sólo una década atrás, en 1866, el primero había prestado su auxilio al segundo en el contexto de la guerra contra el Imperio.¹⁹ Finalmente cayó Tabasco, pero Campeche y Yucatán se resistían a aceptar el Plan de Tuxtepec, como lo informaba Manuel Romero Ancona a Díaz a mediados de diciembre de 1876, y en respuesta éste le informaba sobre la expedición comandada por los generales “Méndez, Henríquez y Vela” para “someter” a los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán.²⁰ Tabasco era una pieza clave para poder extender el triunfo tuxtepecano por el sureste del país, dominando éste obrarían después sobre Chiapas y Campeche.²¹ Aun cuando por la fuerza de las armas fueron sometidos esos territorios, al menos Yucatán y Campeche supusieron sociedades políticas difíciles de entender para los enviados del nuevo gobierno e igualmente difíciles de controlar.²² En efecto, en marzo, Pedro Lavalle informaba a Díaz “sobre los acontecimientos de Campeche, aunque tengo el sentimiento de que éstos no sean satisfactorios a nuestra gloriosa causa tuxtepecana”.²³

Domesticar el sureste

Tras la renuncia de Joaquín Baranda asumió entonces el gobierno el jefe de Armas, el general Pedro Celestino Brito, el mismo que el 10 de diciembre de 1876 había sido nombrado por “sus honrosos antecedentes, su lealtad y patriotismo” como general en jefe de las fuerzas del estado, cargo que había aceptado al día siguiente agradeciendo “la honrosa prueba de confianza” con que se le distinguía.²⁴ Si nos atenemos a la primera explicación, tendríamos que suponer que probablemente al pronunciarse esperaba obtener de los tuxtepecanistas algún tipo de reconocimiento por sus diligentes tareas, pero que el traidor fue defraudado y tuvo que entregar el mando del estado al representante del Ejército Regenerador y así lo informaba el 9 de enero al gobierno nacional.²⁵ En efecto, cinco días después de haber asumido las riendas del gobierno, el 8 de enero, el general Juan de la Luz Enríquez, jefe de la línea militar de los estados de Tabasco, Campeche y Yucatán, decretó que asumía el cargo de gobernador y comandante militar provisional de Campeche el general Juan B. Zamudio, removiendo a Brito y haciendo a un lado a Pablo García Montilla, lo que provocó la desconfianza y el enojo de los pronunciados campechanos, a cuyo partido los tuxtepecanistas denominaban “garcistas”.²⁶ Vale la pena señalar que en esta coyuntura ya no participó al lado de García su antiguo camarada y, junto a él cabeza de partido, Tomás Aznar Barbachano; las razones para ello no están claras.

Bien, detengámonos un momento porque quizá la segunda explicación es la correcta. Veamos. Hacia finales del mes de enero de 1877 un periódico de la capital daba cuenta, junto con la nota de la renuncia de Baranda, de que habían llegado “tres comisionados” con el propósito de “solicitar que el gobierno acabe con la presión que aún ejercen allí los lerdistas”. Se trataba de “Hernández, Ibarra y Berrón”, quienes viajaron a la “capital comisionados por el Club Porfirista de Campeche”; José del Rosario Hernández, Andrés Ibarra y Eduardo Berrón, los tres integrantes del antiguo partido garcía-aznarista y supuestos porfiristas en 1867 y de nuevo ahora.²⁷ Días antes de que apareciera esa nota periodística, desde el Carmen, L. Sánchez Totosauss, quien se asumía como uno de quienes se habían pronunciado a favor de Tuxtepec antes que Campeche se adhiriera al Plan de manera general, escribía a Luis Mier y Terán con fecha 20 de enero señalándole que lo establecido en aquel documento no se estaba cumpliendo en Campeche pues, en realidad, los lerdistas continuaban “firmes en sus puestos”.²⁸ Y enfático, apuntaba: “Los que se pronunciaron y sufrieron las persecuciones y tropelías de las autoridades, están sufriendo hoy la burla de esos hombres […] El mismo redactor del periódico oficial de Campeche que adulaba a Lerdo, es el mismo que hoy elogia a don Porfirio”.²⁹ En efecto, Marcelo Molina, quien se despidiera de los lectores en el penúltimo número de La Discusión, de fecha 5 de enero de 1877, tras la instalación del nuevo régimen fungió como el redactor de El Voto Libre, que con el mismo carácter de periódico oficial empezó a publicarse el 12 de enero de 1877.³⁰

Si Pedro Celestino Brito había sido un hombre cercano al régimen barandista hasta el momento de su supuesta “traición”, quien fue designado para sustituirlo, Juan B. Zamudio, también tenía un pasado que lo unía a los hermanos Baranda. Francisco Rivas, exaltado autoproclamado porfirista y tuxtepecano, el 21 de marzo de 1877 escribía a Díaz y en su carta denunciaba que Zamudio había sido “jefe político hasta los últimos días del gobierno de D. Pedro Baranda en Tabasco” y, agregaba, que tras su designación como gobernador de Campeche “dejó en pie toda la administración lerdistas del Estado”.³¹ Rivas también se quejaba de Enríquez, hombre por cierto muy cercano y de toda la confianza del general Díaz, lo acusaba de mostrarse hostil con quienes habían sido abiertamente partidarios de Tuxtepec y de Díaz, y lo llamaba “el parcial de los Barandas”.³² Quizá, como apunta Valdés Inchausti, Enríquez “era amigo de Baranda” y movido por esa liga fraterna “produjo unos informes en contra del licenciado Pablo García, que muy serios perjuicios políticos le ocasionaron al político campechano”.³³

Esas acciones y sucesos abonan en favor de nuestra sospecha y corroboran la segunda explicación propuesta. En efecto, la correspondencia privada, aunada a las quejas públicas, constatan la impresión de que la separación del gobernador y la adhesión de todos sus colaboradores fue una estrategia pensada y planeada, aprovechando los términos establecidos en el propio Plan de Tuxtepec al que hicieron debida referencia en sus pronunciamientos de adhesión.³⁴ Las dudas se despejan aún más al leer lo que escribía Juan de la Luz Enríquez a Porfirio Díaz un mes después de la renuncia de Baranda, el 3 de febrero de 1877, sobre la situación de Campeche y los supuestos aliados del porfirismo.³⁵ En particular se explayaba analizando la cuestión política. Daba cuenta de los problemas para controlar políticamente a Yucatán, haciendo un recuento en el que el gobernador de Campeche apareció asociado por parentesco y por brindar su protección “en armas, gente y dinero” a Francisco Cantón, a quien Enríquez califica de “audaz y ambicioso”, señalando cómo hábilmente logró que Teodosio Canto, comandante militar del estado, “se le subordinara”. Denunciaba también cómo Cantón se había decantado por el movimiento revolucionario en diciembre de 1876, informado de lo que ocurría en el centro del país pues “era un buen negocio que él y sus anteriores compartidarios [sic] proclamaran de lleno el Plan de Tuxtepec y mediante esta operación se hicieran dueños del Estado”.³⁶ La jugada de Cantón, con o sin contubernio con el gobernador Baranda, significó una importante derrota para Pablo García, pues el triunfo de los tuxtepecanos en Yucatán se lo llevó él.³⁷

Por cierto, a Enríquez se le señalaba de haber concertado con Pedro Baranda la entrega de Tabasco. Y, en efecto, el mismo Enríquez informaba a Díaz por telegrama del 5 de diciembre de 1876, que cerca del general campechano había una comisión iglesista, por lo que debían actuar rápidamente para convencerlo y ganarlo para su causa antes de que ellos lo hicieran.³⁸ En ese sentido actuaron Enríquez y Jorge Fleury de Buffon, encargado por Díaz de realizar “trabajos políticos” destinados a la pacificación de Tabasco, y Enríquez, como gobernador de Tabasco, a su vez lo nombró secretario general de Gobierno. Sobre la tarea informaba el 12 de diciembre de 1876 al general:

[…] mis agentes están ya en campaña, estrechando cada día más al mismo señor Baranda que, apremiado por ellos, cederá, no lo dudo, a las exigencias de la situación y nos lo entregará sin lucha a mano armada, antes que el Lic. Sánchez Mármol, que según noticias está ya en camino para Tabasco, llegue a tiempo para arrancarle una profesión de fe en favor del partido decembrista.³⁹

En octubre de 1876, el día 9, Joaquín Baranda intercambiaba telegramas con el gobernador de Yucatán, Eligio Ancona, y ambos expresaban sus mutuas intenciones de mantener el orden constitucional, Ancona combatiendo a las “gavillas” de Manuel Cirerol y Baranda manifestando que contaba para sostener el orden con el apoyo del general Brito, el mismo que dos meses más tarde declararía la adhesión de la plaza de Campeche al Plan de Tuxtepec.⁴⁰ Al parecer, las relaciones entre Baranda y Ancona eran nada más que de protocolo pues en realidad con quien tenía vínculos e intereses compartidos era con Francisco Cantón, en tanto Ancona parece haber tenido vínculos amistosos con García, que justo por eso encontró asilo en Yucatán. No vamos a entrar aquí a estudiar el caso de Yucatán pues ello requeriría un artículo propio; lo que interesa recuperar del informe de Enríquez son dos cosas; una, que Baranda y Cantón, esto es, Campeche y Yucatán, obraban de común acuerdo; dos, que existía o probablemente había el propósito de una liga entre los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán, “en manos de una sola familia cuyos individuos nada tienen de común con nuestra causa”. Y si queda duda de la concertación, el 24 de febrero de 1877 Díaz instruía a su secretario que dirigiera una carta al general Enríquez en la que le señalaba que “Zamudio tampoco es conveniente en Campeche, pues aunque tiene buenas cualidades, sin embargo sus conexiones con la familia Baranda le quita toda neutralidad y dejaría a los liberales sin la libertad para sufragar” y con la misma fecha salía la carta rumbo a la península.⁴¹

Es conveniente en este punto señalar que las decisiones de Díaz sobre el sureste se basaban en la información y opiniones que recibía de terceros y que, en los hechos, desconocía la realidad que privaba en el sureste del país. Esto es, aunque la historiografía tradicional pretendió mostrarlo como el político sagaz que aparentemente lo sabía todo, lo conocía todo y tenía un agudo instinto para tomar decisiones, en realidad para el caso del sureste del país siempre dependió del criterio de terceros, fueran estos comisionados o espías suyos, leales partidarios, solapados ambiciosos o espontáneos ciudadanos.⁴² En efecto, su acercamiento a la región fue siempre por escritos en los que le transmitían noticias, rendían informes, comunicaban impresiones, expresaban opiniones, se quejaban o halagaban unos a otros según el interés de quien suscribía y, salvo contadas excepciones, le rendían pleitesía a la persona del General. Así pues, el sureste le era desconocido, nunca pudo entenderlo del todo y por ello siempre los hombres fuertes de las localidades tuvieron un peso significativo en las políticas del régimen que él encabezó.

Las cuestiones económicas para el mantenimiento del movimiento armado, aunado a los nuevos compromisos que exigía gobernar los territorios, suponían un problema constante y un motivo de fricción entre los mismos integrantes del tuxtepecanismo y entre éstos y las poblaciones sometidas. Así, Porfirio Díaz, desde lejanas zonas, dictaba órdenes orientado por la corres pon den cia que recibía, pero en buena medida sin ser capaz de ver el panorama completo, sin asir del todo las realidades locales y guiado sólo por las versiones de sus aliados y de quienes no lo eran tanto. Como ya señalé, esos informes, en su mayoría, entrañaban principalmente opiniones personales y traslucían las simpatías y las aversiones de sus autores. En ese contexto, ordenaba que de Campeche salieran 2 000 pesos para Tabasco.⁴³ En efecto, Pablo Pantoja informaba a Díaz que había recibido del general Enríquez instrucción para llevar dinero a Tabasco, que se encontraba sin efectivo, pero señalaba que él tampoco podía conseguirlo porque a su vez tenía que proporcionarle recursos al general Protasio Guerra en Yucatán para los “viáticos de algunos diputados”, los que tuvo que tomar de la tesorería general.⁴⁴ Finalmente el dinero lo consiguió Zamudio en Campeche, “bajo su crédito particular”.⁴⁵

Motivo importante de conflicto fue la decisión de arrebatar a los jefes de línea el manejo y la distribución de los recursos pecuniarios y trasladarlos a las jefaturas de Hacienda, como lo ilustra el caso de Pablo Pantoja y Juan de la Luz Enríquez, que en tal sentido cruzaron correspondencia con Porfirio Díaz.⁴⁶ Así, afirmaba Pantoja que “la circular del 15 de febrero anterior quita al general Enríquez la facultad de disponer en la línea, cosa alguna respecto de las rentas federales, en cuya virtud han surgido dificultades que habrán de repetirse siempre”.⁴⁷ Y, en efecto, el manejo de los recursos económicos fue una fuente de tensiones constante.

Alianzas, traiciones y reclamos

Un tercer aspecto del informe de Enríquez tiene particular interés y es el de las consideraciones sobre la persona de Pablo García Montilla, exgobernador y una de las cabezas del histórico partido garcía-aznarista y supuestamente cabeza del partido local porfirista y tuxtepecanista, quien en 1870 había sido cesado por el Congreso de la Unión del cargo por la acción interpuesta por un grupo de diputados entre los cuales estaban los hermanos Pedro y Joaquín Baranda, y cuya caída del poder se había ocasionado por su indefinición partidista, pues abiertamente se mostraba juarista y secretamente se aliaba con los porfiristas.⁴⁸ A ese mismo Pablo García, seis años más tarde, acusaba Enríquez de “no proclamar de lleno el Plan de Tuxtepec, sino reconocer de modo ambiguo […], al gobierno establecido en la capital de la República”.⁴⁹ El mismo Enríquez que, según escribía Tomás Aznar Barbachano dos décadas más tarde, “lo trató con muchas consideraciones”.⁵⁰ En 1870 y ahora, la opaca posición del abogado campechano, la falta de una toma clara de partido, le valió la desconfianza de unos y otros.

Continuaba Enríquez destacando la poca confianza que como partidario le generaba García por su conducta pues “pudo haber hecho mucho de su parte en obsequio de nuestra causa si contaba con algún partido; pero se comprende que ha sido egoísta o no tenía eco de alguna consistencia en la opinión pública”. Señalaba que “si se observa la cantidad y clase de gente que proclama a García, desconsuela verdaderamente el ver que no tenga en su círculo personas de alguna importancia”, por lo cual recomendaba: “juzgo por todo esto que nada de político tendría y sí mucho de inconveniente el apoyar la candidatura de un hombre que como García, aparte de manifestarse egoísta y positivamente lleno de cobardía, está dominado por deseos de venganza y de pasiones ruines”. Y remataba sus comentarios sobre García expresando que “muy conveniente sería que con cualquier pretexto se tuviera lejos de aquí al licenciado García; porque, sin exageración alguna, es un elemento fatal de desorden y de malestar para estos pueblos”, se refiere a los de Campeche y Yucatán. Es muy probable que esa y otras opiniones poco favorables sobre García hayan influido en el ánimo de Díaz, porque iniciando marzo de 1877, el primero se queja con el segundo de no haber re ci bi do respuesta a sus dos cartas previas, enviadas en enero, así como de no haber sido recibido por el general en la ciudad de México en febrero, a pesar de haber esperado durante diez días.⁵¹

La desconfianza hacia Pablo García no era nueva y al parecer privaba en ambos lados del espectro político, en el del gobierno de Lerdo de Tejada tanto como en el grupo rebelde comandado por Díaz. En efecto, del lado del gobierno ya en septiembre de 1876 desde Mérida, Guillermo Palomino escribía a Lerdo de Tejada y le expresaba que había actuado en cumplimiento de las “instrucciones confidenciales” que había recibido del ministro de Guerra y del propio presidente y, en tal sentido “procuré que sin que don Pablo García comprendiera que existía esto, aceptara la comisión de ir a informar al supremo Gobierno sobre la instalación del presidio de Cozumel”. Después de hacer labor de convencimiento ante la resistencia que mostraba García, éste había “ofrecido pensarlo”, pero al buscarlo para conocer su resolución no pudo encontrarlo porque “según parece se ha ocultado”.⁵² Palomino sospechaba que no se trataba de una conspiración sino de una estrategia de García y sus amigos “para poder escribir a algún periódico de esta capital que se le persigue”.

¿Quiénes eran esas personas que estaban con García y de quienes Enríquez se expresaba con tanto menosprecio? Pues con García estaban, entre otros, Francisco Rivas y Eugenio Esco bar. Rivas formaba parte de ese frente de acérrimos críticos, claros opositores y pertinaces enemigos de los Baranda, porque, obviamente, no todo se constreñía a la red de aliados, partidarios y solidaridades. Rivas, denunciaba la supuesta tiranía del “bárbaro” gobernador, de “garras feroces”, el “vil esbirro de Lerdo”, sobre el territorio y el pueblo de Campeche, afirmaba que “la crueldad del gobierno lerdista de Baranda aterrorizaba al pueblo, víctima de la más severa inquisición”. Denunciaba su infame persecución en contra de los opositores de su gobierno, promotores del Plan de Tuxtepec y aliados de las fuerzas rebeldes. Rivas se reconocía, según él mismo apuntaría una vez triunfante la revolución, como un “porfirista leal y partidario del 1° cabo, nombrado por el caudillo de la revolución, C. Lic. Pablo García”.⁵³

En agosto de 1876, Rivas escribía a Escobar delegándole “el nombramiento que tengo del cuartel general de Oriente, para continuar la guerra caso de que yo sucumba en la demanda o quede imposibilitado por cualquier motivo”. Rivas expresaba que a su vez él estaba “facultado ampliamente por el C. Pablo García, gobernador y comandante militar del Estado”.⁵⁴ Eugenio Escobar aparece enlistado en la correspondencia de Porfirio Díaz en una relación sin fecha de “Nombres de los gobernadores”, designado para Campeche, aunque en los hechos eso no sucedió.⁵⁵ Ni él ni García Montilla, que durante la lucha se ostentaba como gobernador provisional, por nombramiento recibido supuestamente en forma directa de Díaz en noviembre de 1875, fueron respaldados por los tuxtepecanistas para ocupar esa posición.⁵⁶ Tras las elecciones federales de 1877, Escobar tuvo que conformarse con el cargo de diputado nacional suplente del segundo distrito del estado. Por el primer distrito resultaron electos Pablo Pantoja y José Gómez, propietario y suplente respectivamente, y Pedro Baranda, propietario por el segundo. En tanto García no obtuvo nada y regresó a Mérida. Por su parte, pocos meses después de que el estado de Campeche se adhiriera al nuevo gobierno, Francisco Rivas, autoproclamado como el jefe de lo que llamaba la última revolución que había tenido lugar en Campeche, con ese mérito le escribía a Porfirio Díaz señalándole la aportación de recursos de su propio peculio que había hecho para lograr el triunfo del Plan de Tuxtepec. Reclamaba la falta de salario en los últimos dos meses, señalando que ello ocurría a pesar de la orden de Protasio Tagle al ministro de Hacienda. Y, por último, ofrecía sus servicios como agente en los Estados Unidos de América.⁵⁷

La opinión de Enríquez sobre las personas y la situación estatal no era más halagüeña que la que expresaba de García Montilla y sus aliados, considerando que existían “multitud de circulillos políticos” pero que sólo ambicionaban “hacerse dueños del Estado”. Tampoco creía en sus filiaciones ni lealtades pues consideraba que les importaba “bien poca cosa llamarse lerdistas, iglesistas o porfiristas”. ¿Y por qué tendría que importarles a los campechanos tan alejados de las disputas de poder que tenían lugar en la capital del país, o en la zona central o en la región norte? Como es natural, a los hombres de la localidad les importaba el escenario regional, que era el que pesaba sobre sus intereses, cualquiera fuera su género -económicos, políticos, sociales-. Señalaba también, con amargura e ironía, que “todos se llaman ahora los verdaderos porfiristas y todos pretenden subir al poder para extorsionar a sus antagonistas y ejercer venganzas en sus enemigos locales”. Lo que quizá no alcanzaba a ver, y si lo veía no lo expresaba, es que ello no era sólo por la vulgar ambición personal, sino que, en algunos casos, como el que aquí estudiamos, era una estrategia bien planeada para ganar mediante la astucia lo que no era posible defender por la fuerza. Movido por su desprecio, sentenciaba: “realmente aquí no hay porfiristas sino puros vividores y es preciso a todo trance tener amigos y partidarios nuestros”. Y la pregunta se impone, ¿de dónde saldrían esos hombres de valía que se sumaran a la causa que ellos profesaban si según sus propias consideraciones no los había de confianza en el estado? En fin, que para Enríquez estaba claro que “en el Estado de Campeche se hace indispensable proporcionarnos partido local bastante fuerte y moralizado; lo primero, para ser superior y dominar a los demás partidos; y lo segundo, para contar con el sostén de la opinión pública y conservar el crédito de nuestra causa”.⁵⁸

¿Hasta dónde los autodenominados porfiristas, esto es, los garcía-porfiristas o garcía-tuxtepcanos, hicieron labor a favor del triunfo del Plan de Tuxtepec en el sureste? Es difícil saberlo porque hay poca documentación al respecto. Lo que sí podemos saber es que cuando la causa triunfó ellos se sintieron abandonados y traicionados por Díaz y su gente. Así lo manifestaron García, Lavalle y Rivas, entre otros. Este último, cansado el ánimo y en lo que podría ser considerado un exceso de franqueza o un arranque de ira, escribía al general Díaz el 21 de marzo de 1877 diciéndole abiertamente: “Mal estuvimos con Juárez, peor la pasamos con Lerdo, pero hoy es pésima nuestra situación bajo el gobierno de Porfirio Díaz”.⁵⁹

Las elecciones tuxtepecanas o de cómo triunfar en la derrota

Hasta aquí todo parece tener una cierta lógica que sustenta nuestra hipótesis de una estrategia barandista para enfrentar y frenar el avance del tuxtepecanismo. También se consolida la idea del constitucionalismo de Baranda y su lealtad a Lerdo de Tejada, quien era el presidente y había sido reelegido sin violentar ninguna ley por un total de 7 536 votos.⁶⁰ Una carta resguardada en el archivo de Díaz, fechada en 15 de septiembre de 1876, enviada de Campeche a México, en la que Joaquín Baranda se dirige a su “apreciado amigo”, podría hacer suponer un contubernio entre el general y el campechano, pero lo cierto es que debe tratarse de una copia que fue enviada a Díaz por algún espía con el que el oaxaqueño contaba dentro del gobierno de Lerdo de Tejada o que de algún modo fue interceptada y copiada en el trayecto entre su redacción y su entrega. Ese documento en realidad, según se desprende de su contenido, debe haber sido dirigido al presidente de la República.

En esa epístola Baranda se da por enterado de que el primer magistrado de la nación había “tomado en consideración lo que le manifesté en mi anterior respecto al señor García” y que, en consecuencia, había emitido las disposiciones pertinentes para alejarlo del estado “contra cuya paz interior maquina constantemente”.⁶¹ Y que está en relación con las acciones que en tal sentido acometió Palomino, a las que me referí antes.⁶² Hacía también referencia a su hermano Pedro Baranda, general del ejército, quien fungía como gobernador y comandante militar del estado de Tabasco, comisionado por Lerdo de Tejada.⁶³ Para cumplir con ese encargo, en sesión secreta la Cámara le concedió licencia del cargo de senador a Pedro Baranda “para que el Gobierno utilice sus servicios”, lo que se le comunicó en carta simple el 27 de mayo de 1876.⁶⁴ Y en apoyo a la labor de su hermano por la causa lerdista el gobernador campechano en junio de ese año (1876), ante la grave situación que imperaba en Tabasco, enviaba un destacamiento para apoyar la lucha contra las fuerzas rebeldes y recuperar el estado, con lo que ganarían varios meses de resistencia.⁶⁵

Finalmente, hacia el ocaso del año, los estados sureños empezaron a caer ante el embate tuxtepecano. Tras el sometimiento de Campeche por las fuerzas porfiristas, habiéndose adherido los lerdo-barandistas al Plan de Tuxtepec, las nuevas autoridades designadas por los revolucionarios procedieron de inmediato a la realización de elecciones con miras a sustituir, o eso es lo que se proponían, a aquellos representantes por gente de su confianza. El 15 de enero se convocó a las de funcionarios municipales en la capital del estado, mismas que se realizaron el domingo 21 de enero. El periódico oficial en una nota de gacetilla reportaba que “no hubo ningún acontecimiento que llegase a interrumpirlos, pues la autoridad dictó de antemano las providencias necesarias para mantener el orden público”.⁶⁶ Muy reveladora resulta la suave expresión del mantenimiento del orden porque las cosas se irían tornando más conflictivas, como veremos en breve. El 28 de enero se efectuaron, también para la capital del estado, las de jueces de paz y a la semana siguiente, el 4 de febrero, se efectuaron en todas las demás municipalidades.

Probablemente considerando que contaban ya con una estructura de gobierno que les permitiera asegurar la realización y quizá los resultados de las de gobernador, procedieron el 2 de marzo a convocar a los comicios estatales para elegir gobernador y diputados locales, mismas que se efectuaron el domingo 25 del mismo mes. En ellas se reportaron “pequeños desórdenes” en algunas secciones de la capital y en algunos otros lugares pero sin mayores consecuencias, anotaba El Voto Libre.⁶⁷ En la capital se instalaron “la mayor parte de las mesas electorales”, aunque no todas, decía. Similares circunstancias reportaba respecto a las otras municipalidades del propio partido y en todo el estado “salvo alguno lugares donde no han dejado de ocurrir los incidentes que son naturalmente comunes en estos casos”.⁶⁸ En su siguiente edición, sin embargo, se refería el impreso a que en el “periodo de transición” que se estaba viviendo en Campeche y en la República en general, esto es, la etapa de reconstrucción para regresar a la vida constitucional, eran comunes “las agitaciones y las turbulencias”, más aún en torno a la cuestión electoral donde se hacían patentes las “pretensiones encontradas de los partidos políticos” y se palpaba “el choque de intereses y tendencias opuestas”; en este escenario de ánimos excitados podían presentarse “colisiones peligrosas para la paz y el orden normal de la sociedad”.⁶⁹ También se reportaron ciertos incidentes irregulares, como la reunión de varias personas en el barrio de San Román, “que en actitud alarmante, tenían el ostensible objeto de fraguar un escrutinio de la elección de Diputados de la H. Legislatura”.⁷⁰ Llega a decir el periódico oficial que la “reunión tenía el carácter de un tumulto que amenazaba perturbar la tranquilidad pública”, lo que obligó a tomar acción a las autoridades, las cuales procedieron a la detención de algunas de las personas ahí reunidas.

La situación, al parecer, fue un poco más grave de lo que con mucho tacto planteó el periódico oficial. Así informaba Pedro Lavalle a Porfirio Díaz de la delicada situación que afectaba a Campeche: “el partido liberal ha sufrido un rudo ataque el día de las elecciones” y por tal debía entenderse el “partido garcista”.⁷¹ En su exposición, Lavalle apunta que las elecciones fueron “borrascosas” porque, aunque el pueblo de manera “unánime” estaba en contra de las “autoridades y empleados lerdistas”, éstos contaban con el apoyo del gobernador Zamudio, lo que les permitía “continuar dominando a los verdaderos patriotas”. Pero ¿a qué se refería Lavalle con “borrascosas”? Según explicaba a Díaz, en el supuesto “la fuerza federal” cubrió las calles “so pretexto de un desorden popular” que él en realidad definía como “el entusiasmo de un pueblo decidido por sus libertades”. En su reporte acusaba que un gran número de ciudadanos había sido detenido y se encontraba aún en los “calabozos de Campeche”. Pronosticaba que de no ponerse un remedio eficiente “todas las elecciones siguientes quedarán a merced de los lerdistas”. Ante tan poco halagüeño escenario, Lavalle proponía a Díaz tres acciones: primera, nombrar a Rafael Carvajal en sustitución de Zamudio, quien debía ser removido del cargo de gobernador; segunda, evacuar a la fuerza federal del territorio estatal; y tercera, posponer al menos por dos meses la realización de los comicios para elegir gobernador.⁷²

Del procedimiento de Enríquez en la cuestión electoral campechana se quejaba García Montilla con Díaz, acusándolo de “consolidar la pasada administración” y con ese propósito “festinar todos los actos electorales para cubrir con un sufragio oficial y ficticio la autoridad de las personas que se ha propuesto favorecer”.⁷³ Y lo propio hacía Rivas: “Y dejó en pie toda la administración lerdista del Estado”.⁷⁴ Pantoja, hombre de toda la confianza de Enríquez, informaba a Díaz del resultado de las elecciones para diputados al Congreso de la Unión, señalando que en Campeche los “garcistas” le habían jugado en contra, pues habiendo salido elector por el primer distrito “me pusieron de competidor a Barragán y suplente a Arturo Shiels de la Laguna; pero viéndose con minoría fraguaron credenciales para tener quórum de elecciones y formaron otro colegio electoral en que fue electo Barragán”.⁷⁵ Acusaba en realidad a García y su gente de tramposos y desleales. Las quejas de los garcía-porfiristas poco pesarían en el ánimo del general, quien tenía en Enríquez un hombre de toda su confianza, y Enríquez era “antiguo amigo de Baranda” y quizá por ello, o quizá porque entregó el estado de Tabasco mediante la negociación, le concedió “un amplio salvoconducto” con la condición de que dejara la región.⁷⁶

Al parecer, García ponía en acción la estrategia que había usado antes, en 1869: crear un colegio electoral alterno en el proceso de elección de diputados al Congreso de la Unión.⁷⁷ El tema de los dos colegios llegó al seno de la Cámara Baja en la que tuvo que discutirse y decidirse sobre el asunto y el de los electos pues para el primer distrito había un propietario designado por cada colegio: Pablo Pantoja por uno y Pedro Requena por el otro.⁷⁸ A su vez Arturo Shiels, que se asumía como parte de quienes lograron el triunfo tuxtepecano en el estado, no se quejaba de Enríquez, ya que éste le había designado el mando político y militar del partido del Carmen, pero sí le advertía Díaz que Pedro Lavalle era el “único diputado de oposición en la última Legislatura de este Estado” y le solicitaba que lo recibiera y escuchara.⁷⁹ Posteriormente envió a M. Meneses para entrevistarse con Porfirio Díaz y rendir cuenta de la situación que privaba en el estado. Como el secretario de Gobernación no daba trámite a la solicitud presentada por el comisionado de ser presentado al presidente, tuvo Meneses que escribir a Díaz para solicitar audiencia y en esas líneas expresaba claramente lo que Shiels no decía en su carta: “La lista de diputados que se dio a Juan de la Luz Enríquez, me parece inconveniente, en cuanto a algunas personas”. Y sobre el mismo personaje agregaba: “Me parece contrario al espíritu de la revolución el que Enríquez, con las fuerzas de la federación, haya impuesto gobernadores militares en la península de Yucatán”. Una queja más se sumaba a la actuación de Enríquez en la península: “Yucatán y Campeche están pagando un préstamo que les ha impuesto Enríquez. Todo esto hace temer graves males que deseo evitar para bien del país”.⁸⁰

García, diría años después Aznar Barbachano, podría “haber triunfado en las elecciones” porque el “pueblo campechano” lo aclamaba como su candidato, si “la fuerza federal, influenciada por los lerdistas disfrazados de porfiristas, que acababan de dejar el poder, no hubieran intervenido a mano armada, quitando toda libertad en la emisión del sufragio”.⁸¹ La cuestionada elección estatal dio como triunfador a Marcelino Castilla, quien tomó las riendas de la entidad el 29 de abril de 1877. A su gestión le correspondió “conciliar a los grupos campechanos en discordia; su ejercicio fue plenamente conciliador admitiendo que era la mejor manera de gobernar para todos”, dice Sierra siguiendo las palabras del propio Castilla.⁸² Sin embargo, durante su gestión se deshizo de viejas alianzas y construyó nuevas con antiguos opositores. Llegó a la gubernatura respaldado por el partido al que había pertenecido durante varios años, el de los Baranda, pero pronto tomó distancia, afirmó su autoridad y trabajó para crear su partido, el partido castillista.⁸³

Precuela: en el inicio, la conspiración

Poco sabemos de los vínculos de los campechanos con los porfiristas y de su alianza con la revolución tuxtepecana, aunque algunos indicios permiten seguir la trama. Hacia finales de 1875, en el mes de noviembre, según testimonio de Pablo García, fue nombrado por Porfirio Díaz como gobernador provisional del estado y en ese carácter “decidí a mis amigos a trabajar activamente por el triunfo del Plan de Tuxtepec, comprometiendo su vida y sus intereses”. Por ello habían sido perseguidas personas cercanas a él, como Andrés Ibarra, que sufrió un año de prisión, o un individuo de apellido Balán, que fue asesinado. Sobre Ibarra también Aznar Barbachano recordaría en 1895 que “en 1876 fue preso y desterrado a Veracruz como porfirista por el Gobierno lerdista de Campeche”.⁸⁴ Aún más, dice García a Díaz, al parecer como un velado reclamo, que él mismo “grav[ó su] crédito en un mil cien pesos para mantener y socorrer a nuestros partidarios y hacer muchos pequeños gastos que exigía [la] situación”.⁸⁵ Reproche velado, parecido al de Rivas, una especie de cobro de facturas. En contraparte, la versión que, tras su muerte en 1895, difundió Aznar Barbachano señalaría que

[…] alejado de la política militante, enemigo de conspiraciones y revueltas, dio una lección de patriotismo no turbando la paz del Estado de Campeche, a pesar de los sobrados elementos con que contaba […] En la crisis producida en los últimos días del lerdismo en Yucatán, y en los momentos de estar sitiada Mérida por las fuerzas heterogéneas, que proclamaban el plan de Tuxtepec, se unió al General Guillermo Palomino, Jefe de las fuerzas federales en aquel Estado, para salvar los principios liberales y evitar que la revolución cayese en manos de los antiguos imperialistas y reaccionarios.⁸⁶

Aznar Barbachano, el amigo de García Montilla, pretende construir una imagen heroica e inmaculada de su compañero, una imagen que lo acercara y lo equiparara a la figura de Benito Juárez: si éste fue el humilde y honesto pastorcito oaxaqueño que llegó a presidente del país y defendió a la patria y defendió la independencia mexicana, aquél era el humilde y honesto hombre del pueblo campechano que dio al territorio su independencia y que la defendió a ultranza. Aznar niega para 1876 igual que lo hizo para 1867 los acercamientos de García Montilla con los porfiristas opositores del juarismo.⁸⁷ Pero la correspondencia del militar deja entrever otra cosa. Hubo tratos y alianzas, pero éstas no se tradujeron en acciones visibles de los campechanos, lo que despertó la desconfianza de Díaz y probablemente haya sido la causa de que no lo apoyaran en el Congreso de la Unión durante el juicio que se le siguió.⁸⁸

Del grupo de García, Rivas da cuenta de que ellos proclamaron el Plan de Tuxtepec en Campeche a principios de 1876.⁸⁹ Los porfiristas denunciaron hostigamiento y persecución por parte del lerdista gobierno encabezado por Joaquín Baranda. Pero de su participación en la revolución tuxtepecana, de su alianza con los porfiristas, contamos con sus propios testimonios.

Consideraciones finales

Joaquín Baranda inició su segundo periodo de gobierno el 16 de septiembre de 1875. Lo hizo rodeado por el cerco sanitario que él mismo había impuesto al estado ante el temor de la propagación de la epidemia de viruela que asolaba Yucatán, por lo que ordenó cerrar las fronteras.⁹⁰ Este nuevo periodo que el mandatario esperaba como de paz y unión, tardaría apenas unos pocos meses en mostrar el, aún más, duro gesto de la realidad cuando en enero de 1876 estalló la revolución de Tuxtepec en el ámbito nacional, con las consecuentes repercusiones en el estado de Campeche. Pero, en medio de la crisis general Baranda administró la entidad y continuó con las labores de gobierno hasta los últimos días. Así, antes de que dejara el cargo, el 29 de diciembre de 1876 decretó que el pueblo de Bolonchencauich adquiría carácter de municipalidad y designaba a quienes asumirían los cargos de autoridad.⁹¹ Los funcionarios del nuevo ayuntamiento tomaron posesión del cargo el 1 de enero de 1877.⁹² Este hecho, leído en el contexto de nuestra hipótesis, trasluce la premeditación del gobernador y sus intenciones de dejar un mayor número de aliados al frente de los puestos de gobierno y abona en favor de nuestro supuesto.

Refuerza la idea de la orquestación el hecho de que tanto Enríquez como Zamudio fueron reiteradamente señalados por los garcía-porfiristas de haberlos traicionado y de haberse aliado con los lerdo-barandistas. No sólo eso, los acusaron igualmente de perseguirlos, de tratarlos “sin piedad”, de mostrarse hostiles y de abrir “en Campeche una era de bárbaras e injustificables persecuciones”.⁹³ La denuncia de la permanencia de los lerdistas en el aparato estatal por parte de quienes se decían porfiristas y apoyadores del Plan de Tuxtepec y el reclamo por el abandono de Díaz y su gente enviada a someter el sureste fue una constante. Desde Tabasco lo hacía Manuel Castillo a finales de marzo de 1877.⁹⁴ Desde Yucatán, entre otros, se manifestaba en el mismo sentido M. Meneses.⁹⁵ Y bueno, hasta un tuxtepecanista muy cercano a Díaz, Justo Benítez, se quejaba con éste en el mismo sentido hacia finales de febrero, señalando que en los casos de Tabasco, Campeche, el Carmen y Yucatán “no se ha hecho un solo nombramiento por el gobierno, sino que se ha reservado rectificar o ratificar los que allá tuvo Enríquez en virtud de las autorizaciones que se le concedieron sobre dichos Estados y el de Chiapas”.⁹⁶

Está claro que en el movimiento planeado por los barandistas utilizaron el Plan de Tuxtepec a su favor para ganar tiempo que les permitiera organizarse en el nuevo escenario. Los planes de Joaquín Baranda y sus corifeos fueron exitosos en lo inmediato y lograron mantener el poder al menos hasta las elecciones. Y quizá un poco más. Los primeros meses de 1877 fueron de una intensa agitación política. Aquellos que se consideraban los auténticos porfiristas y estimaban que los lerdistas derrotados seguían usufructuando el poder, no andaban descaminados. Juan Sánchez Azcona, amigo íntimo de los hermanos Baranda y uno de los promotores en 1870 de la denuncia en contra de Pablo García, fue nombrado por el presidente Porfirio Díaz director y redactor en jefe del Diario Oficial el 30 de julio de 1877.⁹⁷

Marcelino Castilla, gobernador electo en los comicios tuxtepecanos, era conocido como hombre del partido barandista al momento de asumir el cargo. Ayuda a despejar las dudas sobre sus vínculos con este partido el hecho de que apenas unos meses después de asumir el cargo, en junio, solicitó licencia de dos meses con la finalidad de trasladarse a la capital del país “con el objeto de arreglar algunos asuntos de interés público” y su ausencia fue cubierta por Pedro Celestino Brito.⁹⁸ En el transcurso de su administración los equilibrios cambiarían, pondría distancia con los “derrotados” barandistas y armaría su propio partido personalista; pero eso vendría después, de momento su llegada al poder significaba la continuidad de la fuerza de los Baranda en el aparato gubernamental. Su derrota era su triunfo.

El sureste del país, esto es, el bloque conformado por Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán representó el último bastión lerdo-constitucionalista; tardó en caer, pero al fin fue vencido por los tuxtepecanistas. Sin embargo, su triunfo supuso a penas el primer movimiento de los muchos que se requerirían para poder, en la práctica, gobernar un territorio cuya idiosincrasia desconocían.

Hemerografía

El Combate, ciudad de México, 1871.

El Eco de Ambos Mundos, ciudad de México, 1876.

El Foro, ciudad de México, 1876.

El Interino, ciudad de México, 1877.

El Monitor Republicano, ciudad de México, 1876.

El Pájaro Verde, ciudad de México, 1877.

La Razón del Pueblo, Mérida, Yucatán, 1876.

El Siglo Diez y Nueve, ciudad de México, 1875, 1877, 1878.

El Voto Libre, Campeche, 1877.

La Discusión, Campeche, 1876, 1877.

La Voz de México, ciudad de México, 1876, 1877.

Bibliografía

Aguilar Rivera, José Antonio, Memoria del código imposible. Ensayos sobre constitucionalismo, liberalismo y elecciones, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2023.

Alcalá Ferráez, Carlos, “La viruela en el estado de Campeche, 1875”, en Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas [en línea], núm. 3, 2009. de: de: https://revistas.um.es/navegamerica/article/view/74951 [Consultas: 1 a 13 de junio de 2023.]

Alcocer Bernés, José Manuel, Ernesto Encalada y Emilio Rodríguez, “El porfiriato en Campeche”, en Román Piña Chán (dir.), Enciclopedia histórica de Campeche, José Manuel Alcocer Bernés (coord.), Etapa independiente, siglo XIX, vol. 16, t. C, 2003, pp. 325-352.

Archivo del general Porfirio Díaz. Memorias y documentos, 30 vols. Prólogo y notas de Alberto María Carreño, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Elede, 1950 (Obras Históricas Mexicanas, 3), ts. XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.

Arroyo, Israel, Juárez y sus gabinetes: republicanismo y división de poderes, México, LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, Imagia Comunicaciones, 2021.

Aznar Barbachano, Tomás, “Pablo García. Apuntes biográficos” (1824-1895), en In Memoriam. Corona Fúnebre y Apuntes biográficos del Licenciado D. Pablo García, Mérida, Tipografía de G. Canto, 1896, pp. 79-195 [segunda edición, corregida y aumentada].

Casar, María Amparo e Ignacio Marván (coords.), Gobernar sin mayoría. México, 1867-1997, México, Taurus, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002.

Ceballos, Ciro B., Aurora y ocaso. Historia de la revolución de Tuxtepec, México, Editor Manuel Vargas Ayala, 1912.

Constitución política del estado de Campeche, 1861.

Constitución política de la República Mexicana, 1857.

Cosío Villegas, Daniel, Historia moderna de México. El Porfiriato. La vida política interior, primera parte, México, Hermes, 1972, t. 10.

Gantús, Fausta, “Caleidoscopio político: disputas entre poderes y ámbitos de gobierno. Campeche, 1867-1870”, en Gantús y Salmerón (coords.), t. II [en prensa], pp. 123-176.

Gantús, Fausta y Alicia Salmerón (coords.), Un siglo de tensiones: gobiernos generales y fuerzas regionales. Dinámicas políticas en el México del siglo XIX, México, Instituto Mora, Universidad Autónoma de Campeche, 2024, 2 tomos.

José Valenzuela, Georgette, Candidatos, campañas y elecciones presidenciales en México, 1867-2006, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.

Knapp, Frank A., Sebastián Lerdo de Tejada, México, Universidad Veracruzana, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Secretaría de Educación Pública, 2011.

Macías Guzmán, Juan, “Las elecciones presidenciales de 1876: entre la legalidad y la inestabilidad”, en José Valenzuela, 2012, pp. 81-116.

Martínez Assad, Carlos, “Del fin del porfiriato a la Revolución en el sur-sureste de México”, en Historia Mexicana, XLIII: 3 (171) (ene.-mar. 1994), pp. 487-504.

Martínez Sánchez, Lucas, De Icamole a Monclova. La revolución del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco, 1876, Saltillo, Coahuila, México, Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, 2011, edición digital.

McCornack, Richard Blaine, “Porfirio Díaz en la frontera texana, 1875-1877”, en Historia Mexicana, V: 3 (19) (ene.-mar. 1956), pp. 373-410.

Negrín Muñoz, Alejandro, Campeche, una historia compartida, México, Gobierno del Estado de Campeche, Instituto Mora, 1991.

Pérez de Sarmiento, Marisa, Las razones de la “alternancia”. El relevo de los gobernadores de Yucatán, 1876-1901, México, Instituto Mora, 2008.

Perry, Laurens Ballard, “El significado de Icamole. El papel del Noreste en la insurrección de Tuxtepec”, en Humanitas. Anuario del Centro de Estudios Humanísticos, 15 (1974), pp. 631-666.

Perry, Laurens Ballard, Juárez y Díaz, continuidad y ruptura en la política mexicana, México, Era, Universidad Autónoma Metropolitana, 1996.

Rodríguez Kuri, Ariel, “Los diputados de Tuxtepec: la administración de la victoria”, en Casar y Marván (coords.), 2002, pp. 79-106.

Rosas Landa, José, Apuntes y recuerdos. Memorias de las revoluciones del Plan de la Noria y de Tuxtepec, Guadalajara, Jalisco, s.e.r, 1902.

Sierra, Carlos J., Campeche en la Legislatura Federal (1857-1914), México, edición del autor, 1960.

Sierra, Carlos J., Acción gubernamental en Campeche, 1857-1960, México, edición del autor, 1972.

Vadillo López, Claudio, “Una historia regional en tres tiempos: Campeche siglos XVIII-XIX”, en Península, 3: 2 (2008), pp. 45-56.

Valdés Inchausti, Alberto, Pedro Baranda y Quijano (General y Político de la República), México, Cuadernos de Lectura Popular, 1968.

Siglas

AGEC: Archivo General del Estado de Campeche

CPD-UIA: Colección Porfirio Díaz de la Universidad Iberoamericana

Notes