En este volumen, José Antonio Piqueras ofrece un interesante análisis del largo y complejo proceso de abolición de la esclavitud en España y en sus colonias del Caribe (Cuba y Puerto Rico). Como lo indica el título, los adversarios de las iniciativas antiesclavistas también figuran de manera prominente en la reconstrucción de este proceso. En esencia, lo que retrata el libro es una pugna dilatada, intensa y desigual, en la que los enemigos de la abolición y de cualquier medida contraria a la esclavitud llevarán la ventaja durante la mayor parte de la contienda.

El argumento central, si bien no es enunciado de manera completamente explícita, consiste en que la esclavitud (indígena y africana) fue central para el imperio y el colonialismo español, y ese papel de primer orden no sólo se mantuvo, sino que ganó mayor relieve en la etapa tardía del Imperio; a tal grado que no requiere demasiado esfuerzo descubrir los vínculos entre varios miembros de la élite económica actual del país ibérico con los hacendados, comerciantes y manufactureros que obtuvieron sus fortunas, o las aumentaron considerablemente, gracias a la esclavitud. El autor considera lamentable que en la conciencia de la mayoría de los españoles reine una obstinada ceguera sobre este aspecto de su historia, y que tampoco haya ningún reconocimiento en ese sentido por parte del Estado español, pese a su íntima implicación con la trata y con la explotación del trabajo esclavo. En este volumen, Piqueras hace un esfuerzo por dar visibilidad a la esclavitud como un elemento crucial de la economía, la sociedad y la política española desde el siglo XVI hasta 1886, año en que finalmente se abole el trabajo servil. El libro, pues, persigue un propósito didáctico y militante: el de crear conciencia sobre la importancia de la esclavitud en el devenir histórico español.

Como es bien sabido, el hecho que explica la permanencia de la esclavitud en Cuba y su extraordinaria durabilidad es el auge de la producción de azúcar. La clase propietaria cubana percibió la oportunidad de un enorme crecimiento productivo a raíz de la debacle del Santo Domingo francés, y recibió el apoyo de la metrópoli para desarrollar este proyecto económico. A partir de la Revolución haitiana y de la caída de la isla como principal proveedor de azúcar del Atlántico, la economía de plantación en Cuba tendrá un despegue notable, y notable será también el aumento en las importaciones de fuerza de trabajo esclavizada para sembrar los campos, cosechar la caña y operar los ingenios. En este sentido, Cuba, junto con Brasil y el sur estadounidense, constituye un ejemplo paradigmático de la “segunda esclavitud”, concepto adoptado por el autor para referirse a ese nuevo auge, impulsado por la incorporación de nuevos territorios al cultivo intensivo de productos tropicales, por una inserción más vigorosa en el mercado internacional y la disponibilidad de mecanismos de crédito más sofisticados. Todo ello ligado de manera estrecha a las dinámicas del capitalismo industrial. La continuidad de la isla en el Imperio español está íntimamente relacionada con este desarrollo: Cuba permanece en el Imperio gracias al éxito económico que ofrece el vínculo con Madrid, y también debido a la percepción de “amenaza” que significa una población esclavizada cada vez más abundante. La sombra de Haití, los temores de rebelión y el “problema” de qué hacer con los esclavos si fueran liberados, dada su supuesta incapacidad para la ciudadanía, será un obstáculo muy difícil de vencer para aquellos cubanos que aspiran a la independencia.

Piqueras dedica mucho espacio y atención a los debates políticos sobre las medidas antiesclavistas. El lugar prioritario que ocupan los debates parlamentarios en su análisis es justificado, puesto que demuestra una relación estrecha y una influencia recíproca entre el problema de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico y la política en la metrópoli. A lo largo de las discusiones legislativas de diversas iniciativas encaminadas a la abolición, el autor reconstruye una madeja complicada de influencias y presiones, cuyo efecto fue siempre limitar el alcance de cualquier medida contraria a la esclavitud. En la explicación de este proceso eminentemente político -el cual abarca un arco cronológico amplio, desde las Cortes de Cádiz hasta la ley de abolición definitiva en 1886- se observa siempre el trasfondo del poder económico de los hacendados cubanos y la marcada dependencia del Estado español de los ingresos fiscales de la producción de azúcar, así como lo indispensable del comercio y del mercado cubano para muchos productores y mercaderes a lo largo y ancho de la península. Así, el viaje por los vericuetos de la política parlamentaria y la lucha por el poder en Madrid es revelador del cerrado tejido de intereses entre los propietarios cubanos y la élite política en España.

Esta imbricación de intereses económicos, institucionales y polí ticos es la que explica la exasperante lentitud y vacilación del proceso que culminará en 1886. Son esos intereses los que bloquean cualquier discusión seria de medidas antiesclavistas durante las Cortes de Cádiz; son también los que, apoyados en la colusión de funcionarios de todos los niveles a ambos lados del Atlántico, mantienen sumamente activo el comercio de esclavos, pese a la firma de tratados con Gran Bretaña, en 1817 y 1835, que comprometían al Estado español a prohibirlo y a castigar a sus operadores. Sólo a partir de 1866, debido a la abolición en Estados Unidos y al incremento de la presión internacional, se verificará un cese efectivo de las importaciones ilegales de africanos. En el mismo sentido, las discusiones sobre una posible y muy gradual abolición no cobrarían fuerza (al menos en el ámbito político) hasta que una rebelión a favor de la independencia inicia su propio proceso abolicionista (si bien de manera muy titubeante y ambigua). La Guerra de los Diez Años (1868-1878) provocará una competencia entre la metrópoli y los sublevados por la posición moral dominante, así como una conciencia del riesgo de ser superado por la contraparte con alguna medida de abolición que pudiera resultar en ventajas diplomáticas o militares.

Éste es el contexto de la aprobación de la Ley Moret, en 1870. Piqueras ofrece un análisis extenso y minucioso de las discusiones en torno a la ley y de las condiciones de su aprobación, así como de sus características y su impacto. Resalta sobre todo su conservadurismo: la ley instituye el principio de vientre libre y somete a los niños nacidos “libres” a un régimen de patronato hasta los 22 años; sólo da libertad inmediata a los esclavos mayores de 60 años y a los llamados “emancipados” (hombres y mujeres que habían sido rescatados del comercio ilegal de esclavos, pero que hasta ese momento eran explotados por el Estado español en obras públicas y en otras tareas). Los pocos esclavos que la ley liberó al momento de entrar en vigor quedaron obligados por varios años a un régimen de contratación con rasgos compulsivos. Por añadidura, aunque la ley fue elaborada con el claro afán de obtener el asentimiento de los hacendados cubanos, éstos hicieron todo lo posible por boicotearla.

El análisis de Piqueras deja muy claro que la Ley Moret no tuvo un impacto definitivo, ni marcó el inicio de un declive acelerado de la esclavitud. El hecho es que durante la guerra se logran cosechas de un volumen sin precedente, lo cual refleja el calibre de los intereses todavía invertidos en la esclavitud y explica el esfuerzo de los propietarios de extraer de ella el mayor provecho posible antes de la lentísima abolición que produciría la ley. Esto no quiere decir que el edificio esclavista haya estado incólume. Empezaba a sentirse de manera aguda la falta de fuerza de trabajo por la disminución demográfica, pero esto redoblaba la determinación de los plantadores a conservar los esclavos que tenían. En suma, el sistema estaba en crisis en cuanto a su viabilidad futura, pero seguía vigoroso, y sus beneficiarios capaces y muy dispuestos a ofrecer resistencia.

La abolición avanza más rápidamente en Puerto Rico, donde la proporción de esclavos en la población total era mucho menor que en Cuba (solo el 6%) y la opinión pública era mucho más favorable. En diciembre de 1872 se presenta en Cortes una ley de abolición y ésta se aprueba al año siguiente. Pese a condiciones más propicias, la abolición en Borinquen también se postergó lo más posible, pues lo que sucediera ahí se tomaba como signo de lo que seguiría para Cuba una vez que terminara la guerra.

Si bien, con el fin de la guerra las tácticas dilatorias pierden efectividad, los pretextos eran insostenibles y era necesario ocuparse de la abolición. Además, volvía a manifestarse el sentimiento antiesclavista, ya que el fin de la guerra marcó la reanudación de las actividades de la Sociedad Abolicionista Española (activa intermitentemente desde 1865, según la permisividad del gobierno en turno). La esclavitud es abolida con la ley del 13 de febrero de 1880, en la que se estipula un patronato de 8 años a favor de los propietarios, aunque éste será suprimido antes de cumplirse el plazo, el 6 de octubre de 1886.

Si bien el libro no incluye una conclusión propiamente dicha, lo cual se echa un poco en falta, la reflexión final que inspira la lectura es bastante sombría: la esclavitud generó enormes riquezas, y este poder económico tuvo la capacidad de influir vigorosamente, o incluso de subordinar al poder político, y cuando ambos actuaron en combinación, las convicciones morales o el activismo ideológico resultaron impotentes para vencerlos. En línea con esta conclusión, Piqueras señala varias veces la imposibilidad de separar el factor moral del factor económico en la explicación del proceso abolicionista (en general, y no sólo el español), puesto que las consideraciones económicas siempre fueron preponderantes. Asimismo, la abolición necesariamente implicaba acción por parte del Estado, por lo que el proceso no se entiende sin analizar las negociaciones políticas.

Todo esto es convincente. Sin embargo, a este lector le queda la duda de si un enfoque demasiado centrado en el ámbito político no arroja de manera casi inevitable un escenario dominado por intereses prosaicos, y en el que, también necesariamente, sólo los hombres poderosos tuvieron agencia. Aunque Piqueras elabora un retrato rico y complejo, en el que aparecen actores muy diversos, al final del día el énfasis en los debates legislativos resta visibilidad e influencia a otros actores y poderes cuya intervención en el proceso de abolición quizá alcanzaría para matizar un poco sus conclusiones. La sociedad civil, las mujeres activistas, los esclavos y los negros libres cubanos, los criollos y el ejército mambí, entre otros actores, fueron importantes para el proceso emancipatorio y contribuyeron a hacer inaplazable una ley de abolición al finalizar la Guerra de los Diez Años.

Sin embargo, el propósito de Piqueras al escribir este libro era otro. El foco en Madrid y en el parlamento, y la consiguiente atribución de responsabilidad por la prolongación del sistema esclavista, sirven muy bien al propósito de rectificación de la memoria que Piqueras se planteó al principio del libro: nadie que lea este volumen podrá considerar que la esclavitud o el comercio de esclavos fueron periféricos al curso histórico seguido por España y su imperio atlántico. Tampoco será posible para ningún lector seguir creyendo acríticamente en la “leyenda dorada” de un imperio español que, en comparación con sus competidores, fue menos racista y dispensó un trato más humano y bondadoso a sus sujetos coloniales.