nrfh Nueva revista de filología hispánica Nueva rev. filol. hisp. 0185-0121 2448-6558 El Colegio de México A.C., Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios 10.24201/nrfh.v74i1.4015 00002 Artículos Decretar: su diversidad pragmática y los poderes del estado en las leyes mexicanas del siglo XIX Decretar: pragmatic diversity and the powers of the state in 19 th century mexican laws 0000-0001-9422-8839 Vázquez Laslop María Eugenia 1 El Colegio de México mvazquez@colmex.mx Colegio de México El Colegio de México Mexico mvazquez@colmex.mx Jan-Jun 2026 LXXIV 1 39 65 21 05 2024 10 03 2025 Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Resumen

En este artículo se analiza la diversificación de los valores pragmáticos del acto de decretar en las leyes mexicanas, según la división de los poderes del Estado a lo largo del siglo XIX. Los criterios del análisis son jurídicos y lingüísticos; particularmente, los valores ilocutivos de decretar según su emisor (si se trata de un individuo o de un órgano parlamentario), su lugar en la estructura textual y sus características gramaticales (persona, tiempo, estructura verbal y sintaxis). Se analizan 2 594 apariciones de decretar en la legislación de 1810 a 1872. Se comprueba que los decretos mexicanos del siglo XIX se organizan en diversos niveles textuales, unos contenidos en otros, y reflejan la diversificación de otros actos del proceso legislativo de los poderes del Estado (sancionar, promulgar o publicar leyes), que sigue la tradición discursiva de la Constitución gaditana de 1812.

 Abstract

This paper analyzes the diversification of the pragmatic values present in the act of decreeing in 19th century Mexican laws, a diversification which reflects the division of the powers of the State. The criteria applied in the analysis are legal and linguistic; particular attention is paid to the illocutionary values of decreeing according to its issuer (whether an individual or a parliamentary body), to its place in the textual structure, and to its grammatical characteristics (person, tense, verbal structure and syntax). 2 594 occurrences of decree in legislation from 1810 to 1872 are analysed. Mexican 19thcentury decrees are shown to exist on various textual levels, some of them contained in others, and to reflect the diversification in other acts of the legislative process of the powers of the State (sanctioning, promulgating or publishing laws), something which is in keeping with the discursive tradition of the 1812 Constitution of Cádiz.

 Palabras clave: Decretar como acto de habla leyes mexicanas del siglo XIX pragmática histórica-español decreto presidencial y decreto del Poder Legislativo tradiciones discursivas de las leyes mexicanas Keywords: Decreeing as speech act the 19th century Mexican laws historical pragmatics-Spanish presidential decree and Congressional decree discursive traditions of Mexican laws 1. Introducción

El objetivo de esta investigación es identificar las características pragmáticas de decretar en las disposiciones legislativas mexicanas del siglo XIX como indicadores de la diversificación de algunos de los actos para formular leyes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nueva nación. Para ello se toman en cuenta criterios jurídicos y criterios propiamente pragmáticos. Es necesario comenzar con los jurídicos (§ 2), porque a partir de ellos se definen los objetos de los actos de decretar, sus agentes y sus potestades en el ámbito de la formulación de las disposiciones legislativas. De acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación que guía a la nación desde sus primeras décadas, el Poder Legislativo es el único que goza de las atribuciones para formular leyes; por su parte, el Poder Ejecutivo no tiene la atribución de legislar, sino tan sólo de decretar disposiciones restringidas a cierto tiempo, lugar y personas o instituciones, ya sea para ejecutar las leyes emitidas por el Poder Legislativo, ya sea para llevar a cabo actos administrativos. Desde el punto de vista discursivo, por un lado, se identifican la fuente emisora del acto en la estructura textual de las disposiciones legislativas (si un individuo en el Poder Ejecutivo o si un órgano colegiado, como el Congreso) y ciertas características gramaticales de las fórmulas verbales empleadas para su expresión (§ 3: persona, tiempo, estructura verbal y sintaxis); por otro lado, ya a partir de los criterios pragmáticos (§ 4), se identifican los valores ilocutivos de decretar definidos en las leyes fundamentales del siglo XIX. Estas características se exploran en la colección de Manuel Dublán y José María Lozano (DL 1876-1910), que abarca disposiciones legislativas mexicanas de todo el siglo XIX y en la que hemos detectado entre 1810 y 1872 hasta 2 594 apariciones de decretar como predicado principal.

 2. El proceso legislativo y los decretos en el México independiente

Además de la emancipación de la Nueva España de la Corona española, como sucedió en otros territorios de América en las dos primeras décadas del siglo XIX, uno de los cambios políticos más importantes que experimentó la nueva nación fue el reparto de la soberanía entre diversos actores; los más prominentes, el pueblo y el parlamento en sus variadas manifestaciones a lo largo del siglo: Junta Gubernativa, Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, entre otros, en un proceso que desembocaría en la consolidación del régimen republicano. Según la doctrina jurídica y la legislación que guía a la nación desde sus primeras décadas, el Poder Legislativo es el único que goza de las atribuciones para formular leyes. De tal manera que, en la transición del régimen imperial al republicano, se redefinieron las potestades de los órganos del Estado y se especializaron los actos que correspondían a cada uno de ellos para poner en marcha cada disposición legislativa: decretar, sancionar, promulgar y publicar, los cuales podían o no constituirse como actos de habla, según fórmulas verbales explícitamente establecidas tanto en la costumbre como en las normas referentes a la formulación de las leyes en las constituciones y reglamentos expedidas durante todo el siglo.

Es necesario, entonces, referirnos al proceso de la formulación de las leyes y los actos principales que lo conforman, que funcionaron a lo largo del siglo XIX en México, para identificar en qué fase se presentan los actos de decretar, quiénes los llevan a cabo y las fórmulas verbales asociadas a ellos.

<bold>2.1. <italic>El proceso legislativo para la formulación de las leyes en México</italic> </bold>

En México, a lo largo del siglo XIX, se fue definiendo el proceso por el cual el Poder Legislativo, en sus diversas manifestaciones institucionales, formula las leyes, según las normas constitucionales correspondientes. En general, de acuerdo con Eduardo García Máynez (1991, pp. 56-57), el proceso legislativo se desarrolla según los siguientes actos consecutivos: 1) la presentación de la iniciativa o proyecto de ley por parte de algún órgano del Estado ante el Congreso, para su consideración; 2) la discusión de la iniciativa de ley por los órganos del Congreso; 3) la aprobación de los órganos del Congreso del proyecto de ley; 4) la sanción -aceptación- o el veto del Poder Ejecutivo de la ley aprobada por el Congreso; 5) en caso de ser sancionada, la publicación o promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo, y 6) la iniciación de la vigencia de la ley. Si el Poder Ejecutivo veta la ley aprobada por el Congreso, ésta regresa a los órganos legislativos correspondientes para volverla a discutir y, en su caso, modificarla y aprobarla, y continuar con los actos de sanción y promulgación.

Algunos teóricos del derecho positivo mexicano distinguen en este proceso la promulgación de la publicación de la ley. Al respecto, García Máynez (1991, p. 61) retoma las definiciones de Trinidad García (2001) para los actos de sanción, promulgación y publicación:

emplearemos tres diversos términos para referirnos a esos actos; serán a) sanción, para la aprobación de la ley por el Ejecutivo; b) promulgación, para el reconocimiento formal por éste de que la ley ha sido aprobada conforme a derecho y debe ser obedecida; c) publicación, para el acto de hacer posible el conocimiento de la ley, por los medios establecidos para ello (García Máynez 1991, p. 87).

Como se ve, en el proceso legislativo intervienen las instituciones de dos poderes del Estado: el Congreso -propiamente, el órgano legislativo- y la persona o el órgano estatal que representa el Poder Ejecutivo. En el orden republicano establecido desde 1824, el Congreso se divide en una Cámara de Diputados y otra de Senadores, con algunas excepciones a lo largo del siglo XIX; el Poder Ejecutivo, de carácter unipersonal, está representado por el presidente de la República, aunque también con algunas excepciones a lo largo de la historia. Surge así la discusión en la doctrina jurídica mexicana de si los actos del presidente de la República son propiamente legislativos, pues por mandato de las constituciones mexicanas la facultad de legislar es exclusiva del Congreso y la división de poderes impide que el presidente legisle1. Al respecto, Felipe Tena Ramírez (2000, p. 461) interpreta que el acto legislativo propiamente dicho concluye cuando ya no es objetado por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, los actos de promulgación y publicación de la ley son ejecutivos y consecuencia de la división de poderes, porque el Congreso no está facultado para llevar a cabo tales actos. Según Tena Ramírez (2000, p. 462), con la promulgación el presidente de la República da fe de la voluntad del legislador y la ejecuta por medio del mandato de la publicación de la ley, de su cumplimiento y notificación a quienes corresponda. En cambio, los actos del presidente del veto o la sanción de la ley sí forman parte de la función legislativa. Si se trata del veto total o parcial de la ley, el presidente hace explícitas sus objeciones. En cambio, la sanción puede quedar implícita al no manifestarla el presidente y al promulgar la ley (Tena Ramírez 2000, p. 463).

 <bold>2.2. <italic>Los actos legislativos y los actos ejecutivos en la estructura textual de los decretos</italic> </bold>

Desde la teoría del derecho positivo mexicano, nos hemos referido de manera sintética a los actos jurídicos constitutivos de la formulación de las leyes en el México republicano. A cada uno de ellos corresponden diversos actos de habla manifiestos en los documentos de publicación de las leyes o, en ocasiones, éstos deben expresarse en las fórmulas locutivas establecidas en las leyes e, inclusive, a veces no se manifiestan verbalmente y quedan implícitos. A ello hay que añadir que diversos actos jurídicos del proceso legislativo pueden expresarse con verbos realizativos que, según sus rasgos gramaticales y su posición en la estructura textual, llevan a cabo una diversidad de fuerzas ilocutivas. Es el caso de decretar.

El decreto en la legislación mexicana tiene varios sentidos. Por un lado, desde 1824, según las leyes fundamentales, los decretos expedidos por el Poder Legislativo tienen carácter de ley. Por otro lado, las leyes emitidas por dicho Poder han de promulgarse y publicarse en decretos expedidos por el Poder Ejecutivo. Unos y otros son, por lo tanto, decretos de distinta naturaleza. En la Enciclopedia jurídica mexicana, Magdalena Aguilar Cuevas (2002) explica lo siguiente en la tercera acepción de la voz decreto:

La doctrina distingue entre la ley que considera como una disposición de carácter general, y el decreto, que conceptúa como un acto en particular. Pero el derecho positivo mexicano indistintamente llama decretos a las leyes y a los actos del Congreso que no son leyes, p.e.: los que conceden permiso a un ciudadano mexicano para aceptar y usar títulos o condecoraciones extranjeras, a los actos del Ejecutivo que constituyen reglamentos, a los que crean situaciones jurídicas concretas.

En efecto, casi todas las constituciones mexicanas establecen que las resoluciones del Congreso serán leyes o decretos, pero sólo la legislación constitucional de 1836 hace explícita la diferencia entre ambos tipos en el artículo 43 de la Tercera ley:

43. Toda resolución del Congreso General tendrá el carácter de ley o decreto.

El primer nombre corresponde a las que se versen sobre materia de interés común, dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo.

El segundo corresponde a las que, dentro de la misma órbita, sean sólo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas (Tena Ramírez 2005, p. 218).

El Poder Ejecutivo, por su parte, también decreta de varias maneras. Fue práctica común durante el siglo XIX que el presidente de la República expidiera reglamentos, órdenes, circulares y decretos, entre otras disposiciones, que, según el punto de vista de Teodosio Lares (1978, pp. 18-21), materializan decisiones particulares correspondientes a actos de gobierno, cuya finalidad es ejecutar las leyes de carácter general y permanente expedidas por el Congreso en ámbitos de aplicación claramente delimitados en el espacio y en el tiempo, según las circunstancias, y dirigidos a actores determinados. Otros decretos emanados del Poder Ejecutivo corresponden a la promulgación y publicación de las leyes del Congreso, a lo que hemos hecho referencia en § 2 (supra). Tena Ramírez (2000, p. 462) explica este acto del Poder Ejecutivo como sigue:

a falta de disposición expresa, la práctica constante que se ha impuesto entre nosotros -es decir, en México-, consiste en que la promulgación se haga mediante un decreto expedido por el presidente de la República, en el que éste hace saber a todos los habitantes que el Congreso de la Unión ha expedido la ley de que se trate, la cual ordena el Presidente que se imprima, se publique y se le dé el debido cumplimiento.

Por lo tanto, en esta práctica del decreto presidencial que se publica en el órgano de difusión oficial del Estado para la entrada en vigor de la ley emanada del Poder Legislativo, el acto de decretar del Poder Ejecutivo está intrínsecamente vinculado al acto de promulgar.

Durante el siglo XIX tuvieron vigencia en México cuatro leyes constitucionales, pero sólo las tres primeras, de 1812, 1824 y 1836, establecían las fórmulas para la promulgación de las leyes por el Poder Ejecutivo -que transcribimos abajo en los cuadros 1, 2 y 3, según Tena Ramírez 2005, pp. 78, 184 y 218, respectivamente-; en la Constitución de 1857 no se estableció fórmula alguna. En los cuadros 1 a 3 distinguimos las partes textuales de los decretos, con base en el modelo de los documentos diplomáticos de tradición retórica y medieval (cf. Koch 1998), que perdura hasta nuestros días. En la primera columna de los cuadros señalamos las partes textuales más generales, y en la segunda, secciones específicas comunes en las disposiciones jurídicas no sólo del siglo XIX, sino del derecho previo, el de las leyes indianas, pues se trata de una tradición jurídica bien arraigada proveniente del derecho castellano de corte medieval (cf. Real Díaz 1970; García Gallo 1972; Vázquez Laslop 2014, 2014a y 2019).

<italic>Fórmula para la promulgación de las leyes decretadas por las Cortes, según el art. 155 de la Constitución de Cádiz de 1812</italic>
Partes generales Partes textuales del documento diplomático Art. 155, cap. IX "De la promulgación de las leyes"
Cláusulas iniciales Intitulación N. (el nombre del Rey) por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas,
Dirección a todos los que las presentes vieren y entendieren,
Texto o parte sustantiva Notificación sabed: Que las Cortes han decretado
Sanción y Nos sancionamos la siguiente
Disposición (aquí el texto literal de la ley).
Cláusulas finales Orden de publicación; Orden de cumplimiento [Data, Suscripciones] Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento y dispondréis se imprima, publique y circule. (Va dirigida al secretario del Despacho respectivo.)

México se independizó de España en 1821 y expidió su primera constitución en 1824. Mientras tanto, tomó como ley fundamental la Constitución de Cádiz de 1812. En el Cuadro 1 transcribimos la fórmula para la promulgación de las leyes establecida en el artículo 155 de la ley gaditana. Según se observa en la intitulación, el rey se encarga de promulgar la ley, como es propio de una monarquía constitucional, pero no se usa el verbo realizativo promulgar; en cambio, de manera explícita, se incluye una cláusula de aprobación real del decreto de las Cortes, con el acto realizativo Nos sancionamos Después viene la ley decretada, que en su conjunto corresponde a la disposición o centro textual o pragmático (cf. Koch 1998, p. 22). Cierra el documento con las órdenes de impresión, publicación y cumplimiento, cuyos destinatarios son las autoridades civiles, militares y religiosas que correspondan.

Las constituciones mexicanas de 1824 y 1836 establecían fórmulas para la promulgación de las leyes casi idénticas entre sí, según se observa en los cuadros 2 y 3, salvo por las denominaciones del presidente: en la república federal de 1824, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y en la central de 1836, presidente de la República Mexicana. Lo que contrasta en ambos casos con la Constitución de Cádiz es que ya no se establece una cláusula de sanción presidencial de la ley, pero comparten con ella la enunciación en perfecto del acto llevado a cabo por el órgano legislativo -las Cortes y el Congreso General, respectivamente-, ha decretado, como parte de la notificación.

<italic>Fórmula para la publicación de las leyes y decretos, según el art. 111 de la Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824</italic>
Partes generales Partes textuales del documento diplomático Art. 111, Sección cuarta "De las atribuciones del presidente y restricciones de sus facultades", Título IV "Del supremo poder ejecutivo de la federación"
Cláusulas iniciales Intitulación El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Dirección a los habitantes de la República,
Texto o parte sustantiva Notificación sabed: que el congreso general ha decretado lo siguiente
Disposición (aquí el texto).
Cláusulas finales Orden de publicación; Orden de cumplimiento [Data, Suscripciones] Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

<italic>Fórmula para la publicación de las leyes y decretos, según el art. 41 de la Tercera ley constitucional de 1836</italic>
Partes generales Partes textuales del documento diplomático Art. 41, "De la formación de las leyes, Tercera ley "Del poder legislativo, de sus miembros y de cuanto dice relación a la formación de las leyes
Cláusulas iniciales Intitulación El Presidente de la República Mexicana
Dirección a los habitantes de ella,
Texto o parte sustantiva Notificación sabed: que el congreso general ha decretado lo siguiente
Disposición (aquí el texto).
Cláusulas finales Orden de publicación; Orden de cumplimiento [Data, Suscripciones] Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

3. Los decretos en México de 1810 a 1872

Según dejamos ver en § 2.2, los actos de decretar en las disposiciones legislativas del siglo XIX en México varían, principalmente, en función de quién los lleva a cabo: si los órganos del Poder Legislativo o los órganos del Poder Ejecutivo. Los primeros son órganos colectivos, como un Congreso o una de sus cámaras o ambas -de diputados o senadores-, y los segundos suelen ser unipersonales, ya sea un monarca, ya sea un presidente de la República. Veamos el destino del uso de decretar en las disposiciones legislativas mexicanas entre 1810 y 1872, según algunas variables gramaticales y pragmáticas.

<bold>3.1. <italic>El corpus</italic> </bold>

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que, aun cuando las constituciones mexicanas decimonónicas, excepto la de 1857, establecían las fórmulas de expedición de las leyes, la diversidad textual de las disposiciones legislativas del siglo XIX llega a ser abrumadora, y los documentos donde se emplea el verbo decretar como uno de sus predicados principales no siempre siguen las pautas formales constitucionales, no necesariamente por alguna falta de rigor, sino porque puede tratarse de la expedición de reglamentos u otros ordenamientos que no son leyes generales del tipo establecido en el artículo 43 de la Tercera ley constitucional de 1836 (véase supra, § 2.2). Esto se observa en el corpus extraído de la colección DL (1876-1910), que, como señalamos, abarca disposiciones legislativas mexicanas de todo el siglo XIX: entre 1810 y 1872, hemos detectado hasta 2 594 usos de decretar como predicado principal, cuyo agente puede ser el Poder Legislativo o el Ejecutivo.

Ilustramos el modo de extracción del corpus con los ejemplos (1) a (4). Es común que la oración en la que se enuncia, decretar aparezca en una subordinada a sabed, el predicado de la cláusula de notificación, tal como corresponde a las fórmulas establecidas en las constituciones; eso sucede en los cuatro ejemplos. En ocasiones, decretar se enuncia una sola vez, como en los decretos de (1) y (2): en el primero, el sujeto de ha decretado es el congreso general y el verbo se expresa en tercera persona, mientras que, en el segundo, la referencia del sujeto en primera persona del singular (he decretado) es el presidente de la república mexicana -ya no con el nos mayestático, usado en la tradición monárquica-:

(1) Ley.- Se autoriza al gobierno, para organizar las aduanas maritimas. El Excmo. Sr. presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue.

El presidente de la República mexicana á los habitantes de ella, sabed:

Que el congreso general ha decretado lo siguiente:

Art. 1º El gobierno, en uso de la facultad que le da el párrafo 30, artículo 17 de la cuarta ley constitucional, procederá á organizar las aduanas marítimas y de frontera, con sujeción á las bases siguientes… (DL, 2131, 13051840)2.

(2) Ley.- Se establece una Escuela de aplicación para la artillería, ingenieros y plana mayor.

El Excmo. Sr. presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“El presidente de la república mexicana, a los habitantes de ella, sabed:

Que deseando mejorar el servicio de los cuerpos de artillería, ingenieros y de plana mayor del ejército, en uso de la facultad que le concede el decreto de 13 de junio de 1838, he decretado lo siguiente:

Art. 1. Se establece una escuela de aplicación para los capitanes y tenientes de artillería, ingenieros y plana mayor del ejército. ” (DL, 2146, 11091840).

Sin embargo, sucede también que decretar se enuncia más de una vez en la disposición legislativa. En el decreto en (3) aparece primero, como en (1) y (2), subordinado al predicado de la cláusula de notificación sabed, pero como parte de una locución: ha tenido a bien decretar, cuyo objeto directo es lo siguiente, que se refiere inmediatamente al decreto del Congreso de la Unión en su totalidad. Al comienzo del documento se lleva a cabo el acto de decretar, cuyo predicado principal se enuncia en presente y en tercera persona: decreta.

(3) Decreto del congreso.- Sobre loterías y rifas públicas en el Distrito federal y territorio de la Baja California.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que el congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

El congreso de la Unión decreta:

Art. 1. Se deroga el decreto de 28 de Junio de 1867 (DL, 6844, 06121870).

El ejemplo en (4) es similar al anterior, con dos diferencias: la primera aparición de decretar subordinada al predicado de la notificación, sabed, está en perfecto (ha decretado), y la segunda, que corresponde al acto de decretar del Congreso, se enuncia en esta ocasión con la locución en perfecto ha tenido a bien decretar.

(4) Decreto del congreso.- Sobre suspensión de garantías y facultades que se conceden al Ejecutivo.

El C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que el soberano congreso de la Unión, ha decretado lo siguiente:

El congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se declaran vigentes las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la ley de 3 de Mayo anterior (DL, 5768, 27101862).

El total de los casos de decretar en las disposiciones legislativas de la colección DL (1876-1910) entre 1810 y 1872 es -como decíamos- de 2 594, y se distribuye por década en la Tabla 1. En ella distinguimos también la fuente de los actos de decretar: si es colegiada, correspondiente a los órganos legislativos, o individual, cuando la fuente del acto de decretar es un monarca o un presidente de la República o un representante unipersonal del Poder Ejecutivo (por ejemplo, presidentes interinos o algún miembro del Poder Ejecutivo que ejerce la acción por motivos políticos o militares de diversa índole).

Ya en esta distribución del corpus se observa que casi el 70% de las apariciones de decretar fueron emitidas por una fuente individual, sobre todo, entre 1830 y 1872, cuando el régimen era republicano. Destacan las décadas de 1830 y 1850 con el 88.9% y el 84% de actos de decretar individuales, respectivamente. En la década de 1830, la República fue centralista, y entre 1853 y 1855, una dictadura, curiosamente con el mismo presidente de la década de 1830, Antonio López de Santa Anna. En cambio, durante las décadas de 1810 y 1820 predominaron los actos de decretar colegiados: en la de 1810, muchos de los decretos eran de las Cortes de Cádiz, y en la de 1820, México se independizó de España, para instaurarse en 1824 como república federal, con un congreso que ejercía control, en algunos aspectos, sobre el Poder Ejecutivo.

<italic>Corpus de “decretar” por fuente y por década</italic>
Colegiada Individual Total
Década Frec. % Frec. % Frec. %
1810-1819 43 100 0 0 43 100
1820-1829 164 96.5 6 3.5 170 100
1830-1839 3 11.1 24 88.9 27 100
1840-1849 243 33.2 490 66.8 733 100
1850-1859 132 16 695 84.0 148 100
1860-1872 261 32.9 533 67.1 794 100
Total 846 32.6 1748 67.4 2594 100

<bold>3.2. <italic>“Decretar” y sus rasgos gramaticales en las disposiciones legislativas</italic> </bold>

¿Cuáles son las características verbales de los actos de decretar en estas disposiciones legislativas? En el discurso jurídico, a diferencia de otros tipos de situaciones comunicativas, es común encontrar actos realizativos explícitos, conforme a la definición de John Austin (1975, § V): como enunciados con un verbo realizativo como predicado principal, en primera persona del singular, en presente de indicativo y en voz activa (a lo cual volveremos en § 4). En los decretos del México decimonónico, sin embargo, no parecen predominar estas características, según se corrobora en la distribución de decretar por persona, tiempo, estructura verbal y tipo oracional por fuente del decreto (tablas 2 a 5, respectivamente).

Como es de esperar y queda corroborado en la Tabla 2, todos los casos en primera persona son exclusivos de los usos de decretar emitidos por una fuente individual, mientras que los de tercera persona, en su mayoría, son los más comunes de los usos de decretar de una fuente colegiada. Particularmente, de los usos de decretar en tercera persona del singular, el 87.9% son propios del Congreso y el 12.1% de una fuente individual, sobre todo cuando un encargado de la publicación del decreto se refiere a la fuente individual en tercera persona del singular, como se muestra en el ejemplo (5). En cambio, la tercera persona del plural es común cuando la fuente colegiada son las Cortes de Cádiz. Un ejemplo de ello se puede ver en (6).

<italic>“Decretar” por persona y fuente</italic>
Colegiada Individual Total
Persona Frec. % Frec. % Frec. %
1sg. 0 0 1639 100 1639 100
3sg. 791 87.9 109 12.1 900 100
3pl. 55 100 0 0 55 100
Total 846 32.6 1748 67.4 2594 100

(5) Circular de la Secretaría de Relaciones.- Padron para eleccion de diputados y prevenciones en cuanto á vagos, casas de prostitucion, de juego ó escándalo, y acerca de la educacion de la juventud.

S.E. el presidente de la República, teniendo en consideracion que á la falta de cumplimiento de algunas leyes, se debe la abundancia de vagos con que está infestado el Distrito, y ser este el tiempo en que deben procederse á la formacion de padrones para la eleccion inmediata de diputados al congreso general, se ha servido decretar preceda al empadronamiento y expedicion de boletas para la eleccion referida, el cumplimiento de los siguientes artículos.

Art. 1. Dentro de seis dias, contados desde la publicacion de este decreto, el Excmo. ayuntamiento de esta capital nombrará un vecino de cada manzana (DL, 1438, 08081834).

(6) Decreto de 22 de Abril de 1811.- Abolicion de la tortura, y de los apremios y prohibicion de otras prácticas aflictivas.

Las cortes generales y extraordinarias, con la absoluta unanimidad y conformidad de todos los votos, decretan: Queda abolido para siempre el tormento en todos los dominios de la monarquía española (DL, 84, 22041811).

Menos evidente es la distribución de los casos de decretar por tiempo, como se observa en la Tabla 3. En primer lugar, casi todos los casos están en perfecto o en presente (2 590 de 2 594), pero los de perfecto sobresalen con el 87% (2 254 de 2 594), en contra de lo esperado en los actos realizativos explícitos, expresados en presente, tiempo que representa el 13% del total (336 de 2 594). En segundo lugar, quien más usa el perfecto es la fuente individual (75.4%), en contraste con el presente, que se usa más para la fuente colegiada (85.7%). Tal parece que este asunto se vincula estrechamente con las fuerzas ilocutivas de los usos de decretar, a lo que volveremos en § 4.

<italic>“Decretar” por tiempo y fuente</italic>
Colegiada Individual Total
Tiempo Frec. % Frec. % Frec. %
Presente 288 85.7 48 14.3 336 100
Perfecto 555 24.6 1699 75.4 2254 100
Pretérito 3 100 0 0 3 100
Futuro 0 0 1 100 1 100
Total 846 32.6 1748 67.4 2594 100

En cuanto a las formas verbales que adopta decretar en las disposiciones legislativas, se presentan varias estructuras (Tabla 4). Puede expresarse en la forma más simple, es decir, el verbo decretar sin compañía de otro verbo en locución verbal, como en los ejemplos (1), (2) y (6). Las formas más frecuentes, sin embargo, son las locuciones verbales de las que forma parte decretar, particularmente, haber tenido a bien decretar (cf. 3 y 4), y haberse servido decretar (cf. 5), siempre en perfecto, locuciones que abarcan el 63.8% del total (1 655 de 2 594), y en su mayor parte, atribuidas a una fuente individual (88.5%). Las apariciones de decretar en su forma más simple son también frecuentes (30.3% de 2 594), pero predomina en las fuentes colegiadas, con el 79%, frente al 21% de las individuales. En menor medida, con 106 casos (4.1% de 2 594), decretar se expresa en locuciones aspectuales, predominantemente, haber venido en decretar, también siempre en perfecto (cf. 7) y, sobre todo, vinculadas a fuentes individuales (93.4%), en lugar de colegiadas (6.6%). Por último, decretar también llega a expresarse en construcciones verbales complejas del tipo de (8a-b), pero con la más baja frecuencia (1.8% de 2 594) y con una distribución algo más balanceada entre las fuentes colegiadas e individuales, con el 60.4% y el 39.6%, respectivamente.

<italic>“Decretar” por estructura verbal y fuente</italic>
Estructura verbal Colegiada Individual Total
Frec. % Frec. % Frec. %
Simple 620 79 165 21 785 100
Locución 190 11.5 1465 88.5 1655 100
Aspectual 7 6.6 99 93.4 106 100
Complejo 29 60.4 19 39.6 48 100
Total 846 32.6 1748 67.4 2594 100

(7) Decreto del gobierno.- Sobre amortizacion de la moneda de cobre y acuñacion de una nueva.

Antonio López de Santa-Anna, general de división, benemérito de la patria, y presidente de la República mexicana, á todos sus habitantes, sabed que:

Considerando que…: en uso de las facultades que me conceden las bases adoptadas en Tacubaya y juradas por los representantes de los Departamentos, he venido en decretar:

Art. 1. Se emitirá una nueva moneda en octavos de real (DL, 2223, 21111841).

(8) Decretar en construcciones complejas:

a. Decreto de 24 de Enero de 1812.- Abolicion de la pena de horca.

Las cortes generales y extraordinarias, atendiendo á que ya tienen sancionado en la constitucion política de la monarquía, que ninguna pena ha de ser trascendental á la familia del que la sufre; y queriendo al mismo tiempo que el suplicio de los delincuentes no ofrezca un espectáculo demasiado repugnante á la humanidad y al carácter generoso de la nacion española, han venido en decretar como por el presente decretan: Que desde ahora quede abolida la pena de horca, substituyéndose la de garrote para los reos que sean condenados á muerte (DL, 94, 24011812).

b. Decreto del gobierno.- Se declara guerra nacional la que la nacion hace á Tejas y á Yucatán.

Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: Que considerando que en la guerra comprometida con los rebeldes y aventureros de Tejas, se interesa la integridad del territorio de la nacion, su decoro y sus derechos más sagrados…; en justa revindicacion de la dignidad de la República, y en uso de la facultad que me concede la sétima de las bases acordadas en Tacubaya, he tenido á bien decretar y decreto lo contenido en los artículos siguientes:

Art. 1. La guerra que la nacion hace á Tejas, es una guerra nacional, cuyo objeto es conservar íntegro el territorio de la nación (DL, 2539, 18031843).

El último aspecto gramatical de decretar en las disposiciones legislativas que aquí revisamos es la caracterización sintáctica general de la oración en la que el verbo aparece. Puede tratarse de una oración principal, casos que abarcan la quinta parte del total (19.9% de 2 594), sobre todo, provenientes de una fuente colegiada (81.6%), como se observa en la Tabla 5. Los casos más frecuentes, sin embargo, son oraciones con decretar de objeto directo, muy comúnmente subordinadas a sabed, como acto de notificación (cf. supra § 2.2 y ejemplos 1 y 2), que ocupan el 75.8% del total y asociadas en su mayor parte a fuentes individuales, con el 79.9%, frente al 20.1% de los casos de fuentes colegiadas. Unos 106 usos de decretar (4.1% del total) corresponden a oraciones coordinadas, vinculadas con mayor frecuencia a fuentes individuales que a colegiadas, con el 74.5% y el 25.5%, respectivamente, como ejemplificamos en (9).

<italic>“Decretar” por tipo de oración y fuente</italic>
Colegiada Individual Total
Tipo de oración Frec. % Frec. % Frec. %
Principal 421 81.6 95 18.4 516 100
Coordinada 27 25.5 79 74.5 106 100
Completiva 395 20.1 1571 79.9 1966 100
Relativa 0 0 1 100 1 100
Circunstancial 3 100 0 0 3 100
ND* 0 0 2 100 2 100
Total 846 32.6 1748 67.4 2594 100

*ND = No hay datos. Insuficiente información para clasificarlos.

(9) Decreto del gobierno.- Ley de sucesiones por testamentaría y abintestato.

Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República Mexicana, á los habitantes de ella, sabed: que

Considerando que la ley sobre sucesiones por testamento y ab-intestato de 2 de Mayo del presente año, contiene disposiciones, de las cuales se ha creido conveniente al interés público reformar unas y suprimir otras; y en uso de las facultades que me concede el art. 3° del plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido á bien declarar que no subsiste para lo futuro la citada ley, y decretar en su lugar la siguiente:

LEY DE SUCESIONES POR TESTAMENTO Y AB-INTESTATO

Sección I

Prevenciones generales

1. El derecho de heredar comienza en el instante mismo en que muere la persona á quien se va á suceder (DL, 4967, 10081857).

 <bold>2. <italic>Decretar</italic> y funciones ilocutivas</bold>

Una vez revisadas algunas características gramaticales de decretar en el corpus de disposiciones legislativas mexicanas del siglo XIX, es posible identificar los perfiles gramaticales más comunes de los usos de este verbo cuando aparece como predicado principal en los documentos. En general, predominan los casos de decretar en primera persona del singular, en perfecto, como parte de una locución verbal, en una oración subordinada de objeto directo. Cuando decretar se atribuye a una fuente individual, se enuncia, sobre todo, con las características descritas del perfil general. Cuando, en cambio, decretar se atribuye a una fuente colegiada, su perfil característico, contrastante con decretar de fuentes individuales -que no es, sin embargo, el más frecuente, porque el perfil más común coincide con el general, excepto por la persona-, es su enunciación en tercera persona del singular, en presente, como verbo simple en oraciones principales.

En principio, diríamos que este comportamiento no corresponde al de los actos realizativos explícitos, según Austin (1975, p. 56). Por un lado, decretar en primera persona del singular en las fuentes individuales cubriría parte de los requisitos, no así su presencia predominante en perfecto y en oración subordinada. Por otro lado, decretar en presente como predicado de oración principal propio de las fuentes colegiadas sí hace pensar que su uso es realizativo, a pesar de que ocurra, sobre todo, en tercera persona, lo cual es explicable por tratarse de actos jurídicos de órganos colectivos.

Estas caracterizaciones nos llevan a reflexionar acerca del valor ilocutivo asociado a los usos de decretar en las disposiciones legislativas del siglo XIX desde una perspectiva pragmática. Repasemos, con más detalle, cómo John Austin (id.) caracteriza gramaticalmente un acto realizativo explícito, que atribuye a ejemplos clásicos: verbos realizativos en primera persona del singular, en presente de indicativo y en voz activa, desde luego, pensando en el inglés, pero que también son rasgos aplicables al español. Destaca Austin que el modo indicativo, desde el punto de vista pragmático, no ha de limitarse al sentido que los gramáticos suelen atribuirle, es decir, el de informar o describir algo, porque el enunciado realizativo per se hace ese algo (loc. cit.) -expresado en las condiciones adecuadas. De inmediato, Austin (p. 57) se refiere a los enunciados realizativos que no cumplen con estas características y pone sobre la mesa otros tipos, como los que se expresan en segunda o en tercera personas e, inclusive, con impersonales y en voz pasiva, que son muy comunes en situaciones formales o jurídicas. En español, piénsese, por ejemplo, en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución mexicana de 1917 con tales rasgos, transcrito en (10):

(10) En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata (en Tena Ramírez 2005, p. 821).

La presencia de una “primera persona” en estas situaciones -en realidad, de quien lleva a cabo el acto realizativo en tales casos, que suelen presentarse por escrito- se manifiesta de otra manera: con la firma o el refrendo de quien lo emite. De todas formas, de acuerdo con Austin (1975, p. 63), algo particular de los actos realizativos explícitos, en los que se emplea un verbo realizativo que significa dicho acto, son asimetrías respecto de otros verbos no realizativos cuando las características gramaticales cambian en los enunciados. Así, por ejemplo, el enunciado Te prometo ir a tu casa hoy por la tarde es un acto realizativo explícito que por sí mismo, y pronunciado en las condiciones adecuadas, constituye una promesa; pero al sufrir alteraciones de tiempo y persona, pierde tal fuerza ilocutiva: Me prometiste venir a mi casa esta tarde; evidentemente, el enunciado ya no es una promesa. No sucede lo mismo al emitir un enunciado sin un verbo realizativo, como Hago deporte en el parque, que no es, por el simple hecho de decirlo en condiciones adecuadas, ‘hacer yo deporte’. Por lo tanto, los cambios de tiempo y persona no provocan un cambio en el estado de cosas referido, como al enunciar Hiciste deporte en el parque; ambos son aserciones que describen estados de cosas que se asumen como verdaderos.

Si tomamos ahora como válido que el acto realizativo de decretar se enuncia en primera persona del singular -cuando su fuente es individual- o en tercera persona del singular o del plural -cuando su fuente es colectiva-, en presente de indicativo y en voz activa, entonces habría que decir que en el corpus aquí analizado las disposiciones legislativas con actos realizativos explícitos de decretar son más frecuentes cuando se trata de decretos de fuentes colectivas, es decir, de los órganos del Congreso, que cuando se atribuyen a fuentes individuales. De tal manera que el acto realizativo de decretar en el ejemplo de (3), que repetimos en (11), no es el que se subordina al acto realizativo de la notificación “que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente”, sino el que corresponde al contenido semántico de lo siguiente, es decir, “El Congreso de la Unión decreta…”. Puede decirse que la emisión del presidente de la República ha tenido a bien decretar no lleva la carga de una fuerza ilocutiva, porque forma parte del contenido proposicional del acto realizativo de notificación y sólo describe un estado de cosas -la expedición de un decreto del Congreso-, lo cual es acorde con el uso del perfecto y de la tercera persona en la locución verbal.

(11) Decreto del congreso.- Sobre loterías y rifas públicas en el Distrito federal y territorio de la Baja California.

Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que el congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

El congreso de la Unión decreta:

Art. 1. Se deroga el decreto de 28 de Junio de 1867 (DL, 6844, 06121870).

¿Cuál es, entonces, el valor ilocutivo del acto realizativo de decretar en una emisión como “El Congreso de la Unión decreta…”? Según la taxonomía de los actos de habla de John Searle (1979), entre cuyos criterios principales de clasificación están el punto ilocucionario o propósito del acto y la dirección de adecuación entre las palabras y el mundo, el acto de decretar cubre las características de los actos declarativos: “the successful performance of one of its members brings about the correspondance between the propositional content and reality” (pp. 16-17). En otras palabras, la ejecución exitosa de una declaración provoca y garantiza la dirección de la adecuación entre el contenido proposicional significado y los hechos de la realidad. Piénsese, por ejemplo, en una declaración de guerra. Searle hace notar que muchos de estos actos declarativos se enuncian en un ámbito institucional cuyas reglas constitutivas extralingüísticas se suman a las reglas constitutivas de las lenguas en cuestión:

It is only given such institutions as the church, the law, private property, the state and a special position of the speaker and hearer within these institutions that one can excommunicate, appoint, give and bequeath one’s possessions or declare war (p. 18).

De regreso a los decretos del corpus, entonces, buena parte de las emisiones de las fuentes individuales en tales disposiciones legislativas no son actos realizativos declarativos, sino aserciones, cuando ocurren en oración principal, o contenidos proposicionales de otros actos realizativos, principalmente, los de notificación. En todo caso, los actos realizativos propios del Poder Ejecutivo o de un monarca asociados a la promulgación de las leyes del Poder Legislativo son la notificación y los mandatos de la publicación, impresión y debido cumplimiento a que haya lugar, que constituyen actos realizativos directivos, no declarativos. Los actos declarativos de decretar son los emitidos por los órganos del Poder Legislativo, cuya fórmula verbal se establece en las leyes constitucionales con el verbo realizativo decretar en tercera persona, en presente de indicativo, en voz activa y como predicado nuclear de una oración principal. ¿Qué sucede, entonces, en un caso como el del ejemplo en (4), que reproducimos en (12), donde tanto el enunciado de decretar dicho por el presidente de la República en una oración subordinada de la cláusula de notificación como el enunciado de decretar del Congreso de la Unión se expresan en perfecto? ¿Acaso el cambio del presente por el perfecto conlleva también un cambio en la fuerza ilocutiva de la emisión del órgano legislativo que obliga a que el acto declarativo mude en aserción?

(12) Decreto del congreso.- Sobre suspensión de garantías y facultades que se conceden al Ejecutivo.

El C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que el soberano congreso de la Unión, ha decretado lo siguiente:

El congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Se declaran vigentes las disposiciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la ley de 3 de Mayo anterior (DL, 5768, 27101862).

Es posible que el uso de la locución verbal haber tenido a bien

+ infinitivo en perfecto, más que tener el valor ilocutivo de aserción que de declaración, en realidad esté respondiendo a una función estilística de otro tipo, como, por ejemplo, dar solemnidad al acto realizativo que fue tan común a lo largo del siglo XIX, heredado de las fórmulas del derecho indiano, que podía incluir estructuras complejas en las que figuraba la locución verbal aspectual en perfecto, con valor de aserción, coordinada a la forma simple decretar en presente, con valor declarativo: he {tenido a bien/venido en} decretar y decreto, según hemos mostrado en los ejemplos de (8a-b). Tal vez esta fórmula se fue reduciendo a la locución aspectual que, en estos casos, termina absorbiendo ambos valores ilocutivos. De acuerdo con Alfonso García Gallo (1972, pp. 230-249; cf. Real Díaz 1970), la estructura textual general de las provisiones reales del derecho indiano -y extensiva a otro tipo de disposiciones jurídicas durante los siglos de dominación española- era como sigue, según se resume en Vázquez Laslop (2014, p. 93):

Las cláusulas iniciales

La intitulación o dictado; es la suscripción, en la que se expresa quién otorga el documento, i.e., el monarca.

La dirección, i.e., la indicación de aquellos a quienes se dirige la disposición. Cuando la dirección es un particular, ésta se funde con la exposición.

La salutación, una fórmula breve, que suele aparecer ligada a la dirección.

El texto o parte sustantiva

Notificación (Sépades o Sabed ), pero a veces se omite.

Exposición, que ocupa la mayor parte del texto.

Cláusula de acuerdo o acordada, que suele ir ligada a la exposición.

La decisión, que suele aparecer “ligada en su redacción al acuerdo, del que aparece como lógica consecuencia” (García Gallo 1972, p. 239).

Las cláusulas finales, que son variables, pero pueden distinguirse:

el requerimiento para que se cumpla la disposición;

la cláusula que ordena la publicación de la disposición;

la cláusula que establece penas a los infractores;

la data, y

las suscripciones.

Tomamos como ejemplo el fragmento de una disposición jurídica de 1796, en (13), en la que señalamos algunas de las partes de dicha estructura textual entre corchetes y con el inciso que remite a las partes o cláusulas correspondientes. Se observa que en la cláusula de acuerdo o acordada el predicado principal he venido en declarar se enuncia en una perífrasis aspectual (venir en + infinitivo) en perfecto. Al terminar esta sección, que continúa extensamente con alguna argumentación, se emite, por fin, la decisión en actos realizativos directivos, cada uno, con destinatarios de diversa índole (mando para autoridades civiles y ruego y encargo para las religiosas). Es posible que, con el paso del tiempo, en ocasiones, la forma gramatical de las cláusulas de acuerdo se tomara para evocar toda la fórmula verbal de antaño, como la de las disposiciones gaditanas ejemplificadas en (8a), “han venido en decretar como por el presente decretan”, que distinguían el predicado de la cláusula acordada de la de decisión.

(13) [1a-intitulación] “El Rey.- [2b-exposición] En mi consejo de estado se dió cuenta del espediente causado por la reclamación que en 23 de Julio de este año hizo el consejo de guerra, noticioso de la resolucion que á favor de la jurisdiccion ordinaria me digné tomar sobre el espediente de competencia… [2c-acordada] Con reflexion á todo, y uniforme dictámen de dicho mi consejo de estado, conformándome con el referido parecer de D. Antonio Valdez, he venido en declarar, que… En cuya consecuencia [2d-decisión] mando [1b-dirección] á mis virreyes presidentes y reales audiencias de ellos de las islas Filipinas, y [2d-decisión] ruego y encargo [1b-dirección] á los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos de los mismos distritos, que… [3d-data] Fecha en Badajoz, á 7 de Febrero de 1796. [3e-suscripción] -YO EL REY.- [3e-suscripción] Por mandado del rey nuestro señor, Francisco Cerdá.- [3e-suscripción] Señalada con tres rúbricas”. -Mando, etc. (DL 27, 07021796).

El uso de decretar en perfecto en las disposiciones legislativas mexicanas del siglo XIX no implica, necesariamente, que nos encontremos frente a una aserción que esté describiendo un estado de cosas consumado. Antes de categorizarlo de esta manera se requiere identificar, al menos, dos cuestiones. Por un lado, observar en qué sección del documento aparece, si como parte de la notificación o como parte de la disposición, según la estructura textual de los documentos diplomáticos (cf. supracuadros 1 y 2). Por otro lado, identificar quién es la fuente del acto de habla: si es una fuente individual, facultada para expedir decretos, tales como un miembro del Poder Ejecutivo o un monarca, o si es una fuente colectiva, facultada para decretar leyes, tales como congresos, cámaras de diputados o senadores, cortes, consejos, etc. Más allá del tiempo gramatical, de presentarse decretar en la notificación, atribuido a una fuente individual, lo más probable es que sea parte del contenido proposicional del anuncio; en contraste, de aparecer decretar en la disposición, atribuido a una fuente colectiva, muy probablemente el acto de habla sea declarativo.

Una última palabra acerca de la composición textual de las disposiciones legislativas en las que se llevan a cabo actos de decretar. En realidad, cuando un presidente de la República o un monarca promulga una ley decretada por un órgano legislativo, tenemos ante nosotros, al menos, dos textos que pueden o no estar vinculados sintácticamente: por un lado, el texto promulgatorio de la fuente individual, cuyo centro pragmático son las órdenes de publicación, impresión y debido cumplimiento, expresadas como actos de habla directivos, y, por otro lado, el texto del decreto de la fuente colectiva o individual -contenido en el texto promulgatorio-, cuyo centro pragmático es el acto de decretar propiamente dicho, de una fuente individual o colectiva, que se expresa en un acto de habla declarativo: el acto de decretar.

 5. Conclusión

El desarrollo de las fórmulas textuales para la expedición de los decretos mexicanos del siglo XIX responde a la división de poderes (de la soberanía nacional). Se puede entender como la reorganización constitucional de las fuerzas ilocutivas de los actos de decretar, sancionar, promulgar y publicar, y se puede analizar en términos de la tradición discursiva, por lo menos de la Constitución de Cádiz de 1812. Los decretos mexicanos del siglo XIX no pueden analizarse en un solo plano, pues se organizan en diversos niveles textuales, unos contenidos en otros: el más externo corresponde a los actos de promulgación, publicación y orden de cumplimiento a cargo de la institución facultada para ello; el nivel textual interno es el decreto como tal del órgano legislativo. De tal manera que para identificar los valores ilocutivos de los actos de habla principales en estas disposiciones legislativas, hemos acudido a tres criterios: uno jurídico, a partir del cual ha sido posible definir el acto de decretar, según el poder estatal del que se trate: el Ejecutivo y el Legislativo; uno gramatical, con el que se ha establecido el perfil de las enunciaciones de decretar como predicado principal en las disposiciones legislativas mexicanas del siglo XIX; y uno pragmático, en dos ramas: la identificación de los valores ilocutivos de los casos de decretar en el corpus y la ubicación textual de ellos, si en el plano textual externo del acto de promulgación de la ley o si en el plano interno textual del acto de decretar jurídico. Se encontró que, en general, las enunciaciones de decretar en los actos promulgatorios tienen un valor proposicional y los rasgos gramaticales que los distinguen son su subordinación sintáctica y su uso en perfecto, mientras que las que forman parte del acto de decretar tienen un valor ilocutivo declarativo; pero, en este caso, decretar, aunque en muchas ocasiones aparece en presente, es más frecuente en perfecto. Se propone como interpretación de este fenómeno que el uso del perfecto puede obedecer a cuestiones estilísticas, como producto de la solemnidad asociada a locuciones verbales del tipo ha tenido a bien decretar, con el valor de aserción, que comúnmente se coordinaban con el acto declarativo y decreta; al no enunciarse ya la forma coordinada, la locución verbal absorbe el valor ilocutivo declarativo.

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El problema también se refleja en las discusiones doctrinarias acerca, por un lado, de las llamadas facultades extraordinarias del Ejecutivo para legislar y, por otro, del refrendo en los decretos promulgatorios de las leyes, que, incluso hasta en el siglo XX, llegaban a contener también las firmas de ministros de Estado. Véanse, por ejemplo, Fraga 1986, § 76 y § 77, pp. 99-103, y Rangel Gadea 1986.

Identificamos cada ejemplo, primero, con la fuente de su obtención, que es, en todos los casos, la colección de Dublán y Lozano (1876-1910), que hemos venido abreviando como DL. En este repertorio, cada disposición va numerada con hasta cuatro dígitos. Termina la identificación con la fecha de expedición de la disposición (ddmmaaaa). Conservamos en todos los ejemplos la ortografía y la puntuación en DL.