El uso del concepto “valor intrínseco” en los procesos de patrimonialización de objetos, sitios y prácticas culturales es cuestionado por investigadores y teóricos, porque con él los valores se presentan como inmutables, intrínsecos y desligados de quienes los producen y valoran; a pesar de ello el concepto continúa vigente en el discurso autorizado sobre patrimonio, en las normas mexicanas, el ámbito académico y la práctica profesional.

En este artículo se sostiene que los procesos de patrimonialización de objetos arquitectónicos en el Centro Histórico de Ciudad de México aún se caracterizan por la imposición del discurso autorizado sobre patrimonio, del que forma parte el concepto de valor intrínseco, aunque ese sistema de valores de la élite hegemónica no parece ser compartido por toda la población aunque se imponga y difunda desde una posición de poder. Con ese propósito se discute el supuesto que constituye la base axiológica del discurso autorizado sobre patrimonio, que presenta el valor como una propiedad interna e inmutable de los objetos patrimoniales, y se apuntan sus limitaciones para explicar las contradicciones que se observan. A continuación se plantea una posición axiológica alternativa, en la que se considera al valor como una cualidad aplicada de forma contingente sobre los objetos a través de juicios de valor.

Para determinar en qué medida los principios del discurso autorizado se han incorporado en los criterios de valoración de la población, interpretar las estructuras sociales a través de las cuales se producen y distribuyen ciertas regularidades evaluativas –o regímenes de valor- y en qué medida la exposición del discurso autorizado sobre patrimonio conduce a variaciones en la asignación de valor de los edificios parte del patrimonio cultural de la ciudad se construye un mercado hipotético del valor a través de la metodología de valoración contingente; los resultados obtenidos muestran la inexistencia de un sistema estable de valores, sugieren la existencia de múltiples regímenes de valor aplicados en simultáneo sobre los mismos objetos arquitectónicos, y la posibilidad de que la exposición del discurso autorizado incida en la asignación social del valor.

El proceso de patrimonialización de áreas urbanas, zonas naturales, edificios y espacios abiertos en México se da en varios niveles; encontramos, por ejemplo: pueblos mágicos, barrios mágicos, barrios históricos y rutas históricas, que cuentan con reconocimiento oficial través de las instancias legales correspondientes. De todos ellos quizás los mas relevantes, en términos de su notoriedad internacional, son los inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco: México cuenta con 34 sitios inscritos, de los cuales 27 son culturales, 6 naturales y 1 mixto.

En muchos casos el reconocimiento institucional es posterior al social. Este último puede construirse históricamente a partir de múltiples factores entre los que destacan: el valor que atribuyen distintos sectores sociales a su antigüedad, estética, evocación a episodios y personajes del pasado, abundancia de recursos naturales, entre otros. La revalorización y adjudicación de nuevos valores a objetos y prácticas culturales también depende de los avances científicos alcanzados en distintas disciplinas del conocimiento.

El proceso de integración a la lista de patrimonio mundial de la Unesco con frecuencia se ha retomado en ámbitos territoriales menores para crear listas de protección de patrimonio locales, entre otros aspectos porque la firma de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 compromete a los países a realizar modificaciones a su legislación para adaptarla a lo que establecen las instituciones rectoras a nivel internacional sobre el tema.

Por lo anterior se puede sostener que los conceptos y principios empleados por los expertos de las instituciones rectoras a nivel internacional tienen impacto en la creación de catálogos locales de bienes, en el ámbito académico, entre los grupos de habitantes afectados por los procesos de urbanización, en los medios de comunicación, el turismo y el lenguaje cotidiano en toda Latinoamérica, de manera que también se ha constituido en la región lo que Smith (2006) denomina el “discurso autorizado sobre patrimonio”[i].

Para explicar lo anterior se requiere diferenciar entre dos ámbitos que se entrecruzan cuando nos referimos al patrimonio. El primero son los objetos culturales que hemos creado históricamente: monumentos, sitios, ciudades, tradiciones, entre otros. Su reconocimiento social se consigue a través del uso de una serie de valores y conceptos rectores que componen el segundo ámbito; de acuerdo con esta última autora, los grupos hegemónicos privilegian el uso de unos conceptos para promover ciertos valores culturales de la élite occidental al tiempo que descartan otros.

Esos valores y conceptos conforman un discurso autorizado sobre patrimonio que, en la práctica, rige la acción de las entidades públicas y es la base de los distintos cuerpos de ley; a través de los distintos canales institucionales el discurso se distribuye de forma eficiente, lo que permite validar un conjunto de prácticas y representaciones sobre los objetos culturales al tiempo que socava otras construcciones conceptuales alternativas y subalternas del “patrimonio”, e impone los procedimientos que emplean para la reconstrucción, restauración e intervención de objetos culturales producidos en el mundo occidental a otros objetos producidos en cualquier otro sitio del mundo, aunque esos conceptos y valores no sean compartidos.

Tal generalización evita el análisis del discurso autorizado y sus limitaciones. De acuerdo con Smith (2006, p.17), David Harvey advierte que la tendencia a ver al patrimonio como un fenómeno de la modernidad provoca que se reduzca el debate sobre los procesos de patrimonialización a cuestiones técnicas específicas sobre las prácticas contemporáneas de gestión y conservación, y por consiguiente cualquier compromiso real con el debate sobre la relación entre el patrimonio y la producción de identidad, poder y autoridad queda relegada. Este discurso hegemónico permite crear un sentido de identidades "mundiales" o "nacionales" (Smith, 2006, p.113) que oculta las contradicciones internas del discurso y externas con la realidad que se busca controlar, y encubre los conflictos de clase y las relaciones inequitativas de poder de las que depende la circulación del discurso.

La permanencia y el éxito alcanzados por el discurso autorizado sobre patrimonio se deben en gran medida a que sus enunciadores se autolegitiman a través de su uso, un hecho viable solo en la medida en que gocen de una posición de poder. Las convenciones, cartas, recomendaciones y otros textos, promulgados desde la Unesco y otras instituciones rectoras a nivel internacional son parte del discurso hegemónico, a partir del cual se estructuran otros discursos mas locales que lo integran, legitiman y reafirman. El discurso es continuamente reafirmado y legitimado por una comunidad de practicantes del patrimonio, que lo reconstruye permanentemente a través del respeto y compromiso con un conjunto de principios y valores subyacentes.

A partir de la incorporación del discurso autorizado en Latinoamérica el comportamiento social de una parte de la población ante el patrimonio ha variado; de presentarse, por ejemplo, como parte de las bases para la construcción de los distintos proyectos de nación pasó progresivamente a tomarse como un recurso que podría incorporarse a distintos mercados, sin que, como sostiene Harvey (2001), el pasado - como concepto y objetos antiguos- continúe usándose para reforzar identidades grupales e individuales, tal como ha sucedido con culturas diversas, algunas de ellas muy antiguas, que no son únicamente de occidente.

De todo el complejo conjunto de información relacionada con el discurso autorizado sobre patrimonio en este artículo interesa como se aborda, desde ese punto de vista, el proceso de asignación de valor a los objetos culturales que hemos construido históricamente. De acuerdo con Yáñez (2010) el concepto central de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural es el “valor universal excepcional”; este concepto – junto con la autenticidad y la integridad[ii] - permite a los expertos establecer qué pertenece – y qué no - al conjunto de objetos culturales que conforman el patrimonio mundial, también se emplea en escalas territoriales menores, como por ejemplo en la construcción de catálogos de edificios que deben protegerse en municipios y ciudades que no forman parte de la Lista de patrimonio mundial.

El discurso autorizado sobre patrimonio indica que los objetos patrimonializados son valiosos – de hecho, más valiosos que una inconmensurable cantidad de objetos similares- porque su “[…] Valor Universal Excepcional significa una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad” (Unesco, 2008).

La inclusión de objetos en la Lista de patrimonio mundial se basa en la determinación del valor universal excepcional por parte de un grupo de expertos, aunque no existe un procedimiento objetivo para su identificación, y debido a que los objetos patrimonializados no solo son considerados valiosos, sino sobre todo más valiosos que todos los demás, la conservación de ese valor universal excepcional se convertiría en una tarea colectiva que concierne a toda la humanidad. De acuerdo con Alonso (2011) desde ese punto de vista el valor es parte inherente del objeto: una posición que, de acuerdo con esta autora, tiene limitaciones[iii] ante todo porque, desde el discurso autorizado sobre patrimonio, el valor se plantea como una propiedad esencial que es develada por un observador supuestamente imparcial, y no una característica accidental conferida a partir de un juicio de valor.

La determinación del valor universal excepcional, supuestamente objetivo y necesario para el proceso de patrimonialización implica la construcción de una escala de valor, realizada conforme a los valores y procedimientos establecidos desde el discurso autorizado sobre patrimonio que puede asentarse, lo mismo en las cualidades físicas del objeto, que en la utilidad simbólica que tuviera para un grupo social, por criterios geopolíticos y en atención a los beneficios económicos que puede representar su incorporación en la Lista de patrimonio mundial. En efecto, Bertacchini y Saccone (2012) demostraron que la nominación de sitios para integrar la Lista de patrimonio mundial depende de las condiciones institucionales y económicas de los países proponentes, y que su selección está sujeta a la búsqueda de rentas por parte de los distintos Estados y expertos involucrados en el proceso de toma de decisiones.

El discurso hegemónico local tiene nexos con el discurso autorizado sobre patrimonio internacional y también presenta una jerarquía estable de valores; la particularidad más evidente que presenta la escala de valor local es la forma de establecer la posición que ocupan los objetos dentro de ella. En el caso mexicano, la legislación vigente establece que esa medida objetiva del valor intrínseco está dada por su escasez, de manera que los más antiguos –más escasos- están sobre los más recientes. Se espera, por supuesto, que ese esquema de valor sea adaptado por todas las personas, lo que en la práctica conlleva que las relaciones sociales queden mediadas por sistemas de valor preestablecidos.

La legislación federal mexicana señala la existencia de tres niveles de objetos poseedores de valor intrínseco: monumentos arqueológicos, monumentos históricos y monumentos artísticos; cada una de estas categorías tiene distintas características dentro de la escala de valor propuesta a través de la ley. Los monumentos arqueológicos son todos los vestigios de épocas anteriores a la conquista española: se encuentran en la parte mas alta de la escala de valor en razón a su escasez y en ellos se fundan los símbolos de identidad nacional. En el discurso, los monumentos históricos básicamente representan las formas más elaboradas de la estética virreinal, y finalmente los monumentos artísticos se resguardan porque son obra de un artista sobresaliente, aunque para integrarlos al catálogo de bienes protegidos es condición que sus autores no se encuentren vivos.

Esta escala de valor implica una diferencia entre los objetos patrimonializados y los no integrados a un catálogo de bienes que va más allá de la obligatoriedad de su conservación. Los primeros componen el conjunto de los elementos más representativos de la cultura, tan extraordinarios que trascienden fronteras espacio temporales; ello conduce a establecer una escala adicional de valor, en la cual se diferencian los objetos arquitectónicos valiosos –históricos, artísticos y arqueológicos- de aquellos que produce la sociedad de masas, descartables, sin el mismo valor universal que los patrimoniales. Así, se traza una línea entre la cultura institucionalizada y valorada por los expertos, la que hace parte de la identidad nacional, y cultura popular no valorada por medio del discurso hegemónico: desechable, sin valor, prescindible.

En México, a través del uso del discurso autorizado sobre patrimonio, también se intentan superar las contradicciones de clase a partir de un supuesto acuerdo sobre el valor de los objetos patrimonializados. No se evidencian en el discurso hegemónico la destrucción de inmuebles y su explotación económica para beneficio de empresarios del turismo, desalojos violentos con el uso de la fuerza pública, despojo de sitios de trabajo en mercados públicos, persecución de comerciantes informales y prohibición de actividades económicas por parte del gobierno para beneficio de empresarios privados, aunque esos son efectos de la aplicación de los principios establecidos en el discurso autorizado.

En el contexto del Centro Histórico de Ciudad de México se puede observar que hay un cierto control político sobre las prácticas sociales que ocurren en las áreas cercanas a la calle Francisco I. Madero, la avenida Juárez y la Plaza de la Constitución –la zona occidental-, e intentos progresivos para hacer lo propio en las zonas norte y oriente del Centro por medio de un programa de intervenciones físicas y sociales basado en los valores que sustentan los grupos hegemónicos. En la zona occidental, donde prevalecen las élites cultural y económica el patrimonio se usa para exponer prácticas culturales redituables para el grupo social hegemónico en términos económicos y simbólicos: exposiciones, conciertos, espectáculos, actividades deportivas, venta de artesanía, entre otros; pero se prohíben las marchas, la política partidista y no partidista ajena a los grupos de poder político o las prácticas sociales que pudieran subvertir ese orden.

La posibilidad de que el valor sea una cualidad intrínseca de un objeto y que exista una jerarquía estable de valores ha sido explorada por muchos pensadores, en una discusión que no se ha agotado y continúa brindado nuevas e interesantes interpretaciones. Lo que está en cuestionamiento son las limitaciones que presenta este punto de vista, implícito en el discurso autorizado sobre patrimonio, en el proceso de patrimonialización de objetos arquitectónicos en el contexto latinoamericano.

Con el fin de explorar otras alternativas al criterio de valor intrínseco, conviene revisar los distintos usos del término; por ejemplo, valor se emplea como adjetivo para referirse al precio de una mercancía –decimos que un objeto vale una determinada cantidad monetaria-; también lo empleamos como sinónimo de apreciable, ligado a nociones de preferencia, o como sinónimo de osadía o atrevimiento. En la literatura marxista, el valor es una categoría de análisis importante pues permite distinguir entre la utilidad de un objeto – valor de uso - y la equivalencia establecida para ese mismo objeto durante una transacción – valor de cambio.

En axiología las reflexiones se centran en la naturaleza y carácter del valor: esta disciplina trata de los valores en tanto tales, como cualidades que carecen de corporeidad y se perciben de un modo no intelectual, contrario a los objetos ideales que no tienen presencia en el mundo físico y son percibidos solo por la inteligencia (Ferrater, 1979, p. 868).

De acuerdo con Frondizi (2012, p.26), aunque no es sencillo reducir los problemas que trata la axiología, es probable que el núcleo se encuentre en discutir si los valores son objetivos o subjetivos; lo primero sucedería si el valor existiera independiente de un sujeto valorador y lo segundo si debe su existencia a reacciones de una conciencia valoradora.[iv]No son posiciones teóricas irreconciliables: el último autor, en busca de una posición intermedia, propone superar las limitaciones que encuentra en ambos puntos de vista y sugiere que los valores dependerían tanto de las propiedades de los objetos como de las necesidades humanas que se traducen en deseos (Frondizi, 2012, p.13).

Si los expertos en patrimonio plantean -en el discurso autorizado- que el valor de los objetos patrimonializados es una propiedad interna e inmutable que los vuelve únicos por lo que su conservación es una tarea de toda la humanidad (Alonso, 2011), conviene cuestionarse: ¿qué evidencia existe de que los valores, como propiedades inherentes de los objetos patrimoniales, son internos e inmutables, y tienen aceptación universal?

Como ya se indicó, el discurso autorizado sobre patrimonio no presenta argumentos ni evidencias a favor de la existencia de valores inherentes a los objetos patrimonializados sino que se impone a través de ejercicios de poder. Mas, si se toma en consideración la propuesta teórica de Frondizi, los valores serían entidades vinculadas a los objetos y a los juicios de valor que expresan la preferencia de un sujeto que valora; conviene explorar las posibilidades teóricas que brinda esta opción para explicar conductas institucionales como las expuestas por Smith (2006), Bertacchini y Saccone (2012), atender las objeciones presentadas por Alonso (2011) o dar una mirada más amplia a la problemática sin obviar los conflictos sociales que aparecen al aplicar los preceptos del discurso autorizado en los procesos de patrimonialización.

La asignación de valor a un objeto por parte de un sujeto que valora se expresa a través de la enunciación de un juicio de valor que, por lo general, se puede reducir a una oración simple conformada por sujeto, verbo y predicado del tipo: S es P, donde S es el objeto-sujeto, P el objeto-predicado y el verbo es juega el papel de cópula. Por medio de una oración como la señalada, un sujeto enuncia un sentido de preferencia sobre un objeto-sujeto S, asignándole una cualidad en el objeto-predicado P (Ver figura 1).

Figura 1
Esquema del juicio del valor.
Peralta (2014)

El acto de valorar es complejo y ante todo, no lineal, y si bien es subjetivo, también es social. No surge espontáneamente de la percepción de un sujeto particular en cada instante sino que está condicionado por la construcción social de paradigmas de valor establecidos históricamente; es así que somos capaces de plantearnos preguntas como: ¿qué tan justa es una sentencia?, o ¿qué tan bella es una pintura?, ¿qué tan armónica es una pieza musical?, y debatir las opiniones personales entre integrantes de una comunidad cultural sin necesidad de establecer previamente los parámetros de acuerdo común que permitan la conversación.

Muchos autores han planteado distintas explicaciones para el proceso subjetivo de asignación de valor. El filósofo alemán Max Scheler afirmaba la independencia de los valores respecto de los objetos-bienes, que únicamente los portarían de forma circunstancial. Planteó que los valores se presentan a los sujetos estructurados según dos rasgos fundamentales y exclusivos: polaridad, que implica que se organizan como positivos o negativos; y jerarquía, de manera que cada valor se hace presente como equivalente, superior o inferior a otros valores. Tanto la polaridad como la jerarquía dan lugar a una escala de valores que podrían ordenarse de mayor a menor (Scheler, 1923).

Si tomamos como base el planteamiento de Scheler (1923) para discutir la asignación subjetiva de valor a los objetos patrimonializados a partir de juicios de valor, es posible sugerir que el proceso de valorar supone un acto de ordenamiento descendente en el que un sujeto selecciona la posición que ocuparía el valor asignado al objeto dentro de una escala de valor. Ello implicaría que el sujeto que valora reconoce la posición del valor asignado a un objeto dentro de una escala de valor subjetiva, realizada por él mismo a partir de su experiencia y conforme las condiciones establecidas desde la comunidad cultural a la que pertenece.

Lo anterior no excluye la posibilidad de que existan los valores por sí mismos; conocemos la existencia de la belleza, la justicia o la bondad sin necesidad de asociarlos con objetos físicos o experiencias sino en el plano abstracto, únicamente como conceptos. Pero sí implica que los objetos no son poseedores de valores sino que los sujetos les asignan valor de manera contingente y dinámica, de acuerdo con sus propios intereses, por lo que una escala de valor no podría ser absoluta ni universal.

Para otorgar valor a un objeto sería necesario que, a la par de la percepción, el sujeto social seleccione idealmente de su experiencia –individual o colectiva- una serie de objetos que puedan compartir características comunes con aquel que se quiere valorar, con el fin de plantear una escala de valor subjetiva que ubicaría en sus extremos los paradigmas positivo y negativo de orden abstracto, respecto a los cuales se ubicaría el objeto por valorar. De esta manera, al percibir un objeto, el sujeto social valorador enuncia un juicio de valor del tipo S es P a través del cual indica un determinado sentido de preferencia con respecto al objeto que percibe, e implícitamente construye una escala de valor –o acudiría a una escala de valor construida previamente- con el fin de asignar valor al objeto percibido en relación con el valor de objetos similares percibidos por el sujeto social un instante anterior.

Los criterios anteriores son pertinentes para discutir la posibilidad de una jerarquía estable de valores en los objetos patrimonializados; un cuestionamiento que, de acuerdo con Frow (1995) se ha vuelto una premisa en los estudios culturales, en el sentido de que ningún texto o práctica social tendría un valor, significado o función intrínseco o necesario ya que todos dependen de relaciones sociales y mecanismos de significación específicos y cambiantes.

Sin embargo esa premisa, como ya se apuntó antes, no encuentra lugar dentro del discurso autorizado sobre patrimonio. Es probable que los criterios de valoración para el patrimonio cultural aún se conserven –aunque esté en entredicho su vigencia y pertinencia- porque detrás de ellos están rezagos de la segmentación entre alta y baja cultura, concebida no solo como una cuestión de identidad de clase sino también como indicador de aquella pretendida correlación directa entre grupos sociales y estructuras de evaluación estéticas[v].

De acuerdo con Frow es un error adoptar un discurso valorativo para estimar el valor relativo de un objeto con respecto a sus referencias de valor y posteriormente intentar que el resultado obtenido alcance una imposible universalidad; en lugar de ello sugiere analizar las relaciones sociales del valor, entendidas como los paradigmas sociales de evaluación, a partir de los cuales los sujetos sociales generan sus juicios de valor; de esa manera sería posible vislumbrar las estructuras institucionales a través de las cuales se forma, transmite y regula el discurso que permite formular aquellos juicios de valor particulares que consiguen transmitirse entre sujetos individuales y permanecer en el tiempo (Frow, 1995, pp. 131-145).

Para este análisis el autor sugiere emplear un nuevo marco de interpretación que denomina Régimen de valor, propuesto como un mecanismo institucional mediador para tener en cuenta tanto la diversidad del valor como la ausencia de una coincidencia simple o necesaria entre los grupos sociales y la estructura de la valoración (Frow, 1995, p.143). La definición que ofrece el autor para el régimen de valor es: una institución semiótica que genera regularidades evaluativas bajo ciertas condiciones de uso, y en la cual particulares audiencias o comunidades empíricas pueden estar mas o menos implicadas. Conforme esta definición, cada acto de lectura –significación, decodificación- y por lo tanto cada acto de atribución de valor sería específico para un particular régimen de valor que lo organiza; los regímenes de valor serían relativamente autónomos y no tendrían relación expresiva directa con grupos sociales determinados (Frow, 1995, p.144).

Para Frow (1995) un régimen de valor no determina el juicio de valor subjetivo sino únicamente especifica un rango de posibles juicios y un conjunto de criterios de valoración que podrían seguirse dentro de una comunidad cultural; ello implica que los individuos construyen una agenda en la que se excluyen algunos juicios por inapropiados o irrelevantes, pero no evita que puedan ingresar otros criterios de valoración de forma contingente. También implica que dentro de una comunidad cultural pueden coexistir distintos regímenes de valor, que los individuos pueden coincidir con distintos criterios de valoración de forma contingente de acuerdo con sus intereses, e incidir en la producción y reproducción permanente de los distintos regímenes de valor con los que concuerdan.

Si se emplean estos principios para explicar el proceso de asignación de valor a los objetos arquitectónicos es posible incorporar las determinantes externas a la enunciación de los juicios de valor que discuten Bertacchini y Saccone (2012) o Alonso (2011), que no son abordadas desde el discurso autorizado. También permite repensar el proceso de reconocimiento social de las distintas expresiones culturales y su protección como ejercicios de poder y con ello, sostener que las preferencias de un sujeto no necesariamente estarán vinculadas a los criterios de valor más usuales de la comunidad cultural a la que pertenece.

Finalmente, el planteamiento de Frow (1995) permite inferir que los distintos regímenes de valor tienen una relación recursiva con los juicios de valor que realizan los sujetos, porque el juicio de valor, entendido como una práctica social, se sustenta en un régimen de valor que es recreado continuamente en las sucesivas valoraciones establecidas a partir de las regularidades evaluativas que este aporta. Ello a su vez implica que los sujetos sociales que valoran tienen un papel activo en la producción y reproducción del régimen de valor.

El propósito del estudio es determinar en qué medida los principios del discurso autorizado se han incorporado en los criterios de valoración de la población, interpretar las estructuras sociales a través de las cuales se producen y distribuyen ciertas regularidades evaluativas – o regímenes de valor - , y en qué medida la exposición del discurso autorizado conduce a variaciones en la asignación de valor de los edificios que forman parte del patrimonio cultural del Centro Histórico de Ciudad de México.

Para alcanzar el propósito se parte del entendido que los pobladores del área de estudio guardan relaciones consigo mismos y otros sujetos - los pobladores del resto del área metropolitana del Valle de México, la región, el país y otros países- que se encuentran mediadas por los objetos arquitectónicos que rodean sus zonas cotidianas de habitación y trabajo, y que esas relaciones les han permitido formar diversas regularidades evaluativas para asignar valor a esos objetos arquitectónicos.

Es probable que los regímenes de valor que los pobladores han construido históricamente para asignar valor a los objetos arquitectónicos de su entorno estén relacionados con el discurso autorizado sobre patrimonio, sobre todo por su incorporación como medio para legitimar acciones de intervención a edificaciones y espacios públicos; para establecer en qué medida ha permeado el discurso autorizado entre la población se plantea un mercado hipotético del valor a través de un ejercicio de valoración contingente, en el cual se pide a los asistentes que determinan su máxima disposición a pagar para la conservación de un determinado bien, sin mediar explicaciones; con ello se busca , interpretar las estructuras sociales a través de las cuales se producen y distribuyen los regímenes de valor, y en qué medida la exposición del discurso autorizado conduce a variaciones en la asignación de valor.

En la encuesta el interpelado expone su decisión, con lo cual expresa su medida del valor particular del bien con base en las regularidades evaluativas del régimen de valor en el que participa; a continuación se expone una parte del discurso autorizado sobre patrimonio y se requiere nuevamente al encuestado que conteste si cambia su primera valoración; si la respuesta es positiva se le pide que indique cuál es ese nuevo valor. En este estudio no importa la valuación precisa de un bien sino la variación en la asignación del valor que puede ocurrir cuando se expone el discurso autorizado sobre patrimonio, y en qué medida la información proporcionada permite al sujeto que valora integrarse al régimen de valor que se ha construido desde el discurso autorizado sobre patrimonio.

La valoración contingente es uno de los métodos más utilizados para expresar la disposición a pagar por un bien o servicio que no tiene un mercado claramente establecido. Las ventajas que presenta respecto a otros métodos, como por ejemplo el coste de viaje, es que mediante un cuestionario se interpela de manera directa a una persona sobre su disponibilidad a pagar por el disfrute de un bien o recibir una compensación económica por su ausencia. De acuerdo con Riera (1994, p.10), el cuestionario juega el papel de un mercado hipotético, donde la oferta se representa por el entrevistador y la demanda por el entrevistado.

Es un método indirecto de valuación empleado para conocer el grado de deseabilidad de un producto. La ventaja principal que presenta frente a otros métodos es que con él se pueden expresar valores de uso y de no uso en un medio corriente de pago, entre los que se encuentran los valores de opción, existencia, legado y manejo. En este estudio se utiliza la metodología porque se considera que los objetos arquitectónicos patrimonializados son bienes públicos -pues tienen características de no rivalidad y no exclusividad-, por lo cual sus efectos positivos y negativos son difíciles de expresar en un precio.

En un ejercicio de valoración contingente típico (Navrud & Ready, 2002, p. 20) se pide a una persona que decida hipotéticamente cuál sería su elección entre dos posibilidades: con la primera mantiene su riqueza pero renuncia a la satisfacción que le brinda un bien, mientras que la segunda posibilidad mantiene la posibilidad de acercarse y disfrutar de un bien público pero reduce la riqueza de la persona encuestada. El valor que la persona asigna a un bien y el lugar que éste ocupa en una escala de valor se infieren de la respuesta que da el encuestado.

En esta investigación se plantean dos ejercicios de valoración contingente secuenciales con el fin de establecer si existen variaciones en la asignación de valor al integrar el discurso autorizado sobre patrimonio. En el primer ejercicio de valoración contingente se consulta al encuestado su máxima disposición a pagar para aportar a la conservación de un bien inmueble, con base en dos alternativas:

1. Si el encuestado está dispuesto a aportar dinero para la conservación de bienes inmuebles, contribuye a un fondo destinado a la conservación de los inmuebles. Las intervenciones se harían manteniendo estricto apego a las técnicas de restauración y a las normas vigentes.

2. Si el encuestado no está dispuesto a aportar dinero para un fondo de conservación de las edificaciones, su decisión no necesariamente implica la pérdida inmediata de un bien, aunque al no aportar las metas de conservación se miran mas lejanas y es probable que los daños se agraven con el tiempo.

En este primer ejercicio se hace énfasis en los beneficios potenciales que, de acuerdo con el discurso autorizado sobre patrimonio, pueden obtenerse de la conservación de los inmuebles: la posibilidad de obtener beneficios económicos a través del turismo es la primera opción, pero también se considera que conservar la identidad local o las prácticas culturales tradicionales son importantes. El segundo ejercicio de valoración contingente incorpora el discurso autorizado, en lo relativo al valor histórico, integridad y autenticidad de los inmuebles, y las posibilidades de incrementar el bienestar económico del encuestado siempre que se conserven las edificaciones.

La información se recoge en una encuesta compuesta de tres partes: la primera, diseñada para señalar el contexto en que se desarrolla la investigación, se compone de tres preguntas que indagan sobre los posibles beneficios que se desprenden de la renovación de los edificios patrimoniales para la población, y la voluntad del encuestado de aportar a un fondo especial que sirva exclusivamente para ese motivo.

“1) Considera usted que existen beneficios por la restauración de edificios en el Centro Histórico?”; “2) Considera usted que es necesario restaurar los edificios antiguos?” y finalmente, 3) Estaría usted dispuesto a aportar económicamente para la restauración de los edificios antiguos en el Centro Histórico?”

La segunda parte de la encuesta establece la máxima disposición a pagar por la restauración de los edificios, remarcando que el aporte personal es importante para preservar las edificaciones;

“4) De acuerdo con sus ingresos, gastos y preferencias personales hacia los distintos inmuebles que se presentan a continuación, ¿qué cantidad de dinero en pesos mexicanos -MX$- estaría usted dispuesto a aportar por año para ayudar a su conservación?”,

La pregunta se acompaña de una fotografía que se muestra al encuestado con el fin de que identifique con facilidad el objeto arquitectónico. La escala de valor propuesta tiene 6 grados expuestos de menor a mayor: 0 a 50; 51 a 100; 101 a 200; 201 a 300; 301 a 400; 401 o más pesos mexicanos MX$, que establecen los grados de valor que se podrían asignar a un determinado bien.

A continuación se exponen las características de los edificios con base en el discurso autorizado sobre patrimonio, exponiendo brevemente las características que los harían ejemplos sobresalientes de la arquitectura local[vi]. La segunda valoración sigue a la breve explicación sobre las posibilidades económicas de explotar cada uno de los bienes, corresponde con la 5ta pregunta: 5) “Luego de escuchar la explicación, ¿ha cambiado de opinión respecto a su posible contribución económica para ayudar a la conservación de los edificios?”.

Las respuestas cerradas en Si o No, y una petición de las razones son exploradas en esta pregunta. Si hay una respuesta afirmativa, se pide al encuestado: 6) “En caso de contestar Si a la pregunta anterior, indique la cantidad de dinero que estaría dispuesto a aportar por año para ayudar a la renovación de los edificios.”, planteada con el fin de establecer la variación en la asignación del valor. Si el encuestado considera que su bienestar mejoraría hipotéticamente con la conservación edilicia su disposición a pagar se incrementaría; se establece variación en la asignación de valor a las edificaciones al calcular la diferencia entre los datos recogidos entre la segunda y la primera valoración.

Para el estudio se escogieron 4 edificaciones dentro de La Merced, uno de los barrios tradicionales del Centro Histórico de Ciudad de México que ha sido objeto de sucesivas intervenciones en las últimas décadas (Ver mapa 1 e figura 2). En el área se encuentran 185 predios dentro de las 18 manzanas que componen el área de estudio; de éstos, 91 tienen Nivel de Protección 1, otros 23 cuentan con Nivel de Protección 2 y finalmente, existen 7 predios con Nivel de Protección 3[vii]. Los restantes 64 predios no tienen ningún nivel de protección; por consiguiente, desde el discurso autorizado se considera que casi el 60% de edificaciones tiene algún nivel de importancia histórica, autenticidad e integridad.

La gran mayoría de inmuebles catalogados han sido modificados, o como indica el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH (2004), han perdido su partido arquitectónico original. De igual manera, la mayoría de edificaciones fueron en su tiempo casas habitación pero se han transformado en comercios, bodegas o talleres. El INAH ha catalogado 65 inmuebles dentro del polígono de estudio, y si se los observa desde el discurso autorizado de patrimonio destacan los siguientes:

Mapa 1
Ubicación de edificaciones utilizadas en el estudio.
Peralta (2014)

En primer lugar el antiguo Convento de La Merced, que originalmente ocupaba una manzana completa limitada por las actuales calles de Plaza Alonso García Bravo al norte, República de Uruguay al sur, Roldán al oriente y Jesús María al poniente, construido entre los siglos XVII y XVIII y modificado de manera importante a partir de la promulgación de las Leyes de Reforma. Resalta el claustro, de estilo mudéjar y único en Latinoamérica.

Figura 2
Edificaciones utilizadas en el estudio
Peralta (2014)

Las edificaciones que conforman la manzana ubicada entre las calles: Corregidora al norte, Plaza Merced al sur, Roldán al oriente y Alhóndiga al poniente componen un conjunto aislado con Nivel de Protección 1; tiene una morfología particular que permite pensar en giros comerciales similares a los de la calle Francisco I. Madero o las inmediaciones de la Alameda Central, y en la recuperación comercial por medio de la peatonización de las calles que lo circundan. En tercer lugar está la Alhóndiga, el edificio ubicado en el número 10 de la calle con el mismo nombre y declarado monumento en 1931: es una edificación antigua que se ha conservado bastante bien y recuerda la herencia comercial asociada históricamente con el barrio.

Para terminar, la edificación que se encuentra en la calle Jesús María 96 es relevante porque en ese lugar, el 24 de febrero de 1935 fue proclamado el Día de la Bandera por uno de sus ocupantes – el C. Benito Ricardo Ramírez E, empleado del Banco de México- luego de persistir por años para que sea considerada por las autoridades nacionales; durante 5 años el Sr. Ramírez encabezó la celebración cívica junto con representantes del Ejército nacional en el departamento donde vivía, hasta que en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas decretó que esa fecha entre a formar parte de las celebraciones cívicas nacionales, y el evento cívico se trasladó al Palacio Nacional. A pesar de lo anterior por muchos años el Sr. Ramírez realizó su celebración cívica en la casa de Jesús María 96 con presencia de vecinos, policías y militares para luego acudir a la invitación del Presidente de la República en turno para encabezar la celebración cívica oficial; por esta razón los habitantes más antiguos la conocen como

“la Casa de la Bandera”.

III

En total se recogieron 86 encuestas válidas, que equivalen al 4,72% del total del habitantes mayores a 18 años que residen en la zona de estudio. El 85% de los encuestados piensan que existen beneficios causados por la restauración de los edificios antiguos, la gran mayoría piensan que es necesario restaurar los edificios antiguos -96,5% a favor y 3,5% en contra-; la opinión es diferente cuando se consulta a los habitantes si estarían dispuestos a realizar un aporte económico para restaurar los edificios antiguos en el Centro Histórico, ya que el 39.5% dicen estar dispuestos mientras que el 60.5% responden no. Las personas con mayor nivel de estudios tienen mejor disposición a aportar para la restauración de edificios: todos quienes tienen nivel de posgrado y la mayoría de personas que tienen estudios de licenciatura -56,6%- se muestran favorables a la propuesta.

Se encontraron variaciones en la asignación del valor a los 4 edificios luego de la explicación, aunque los cambios no son significativos y la gran mayoría de encuestados mantienen la primera valoración. En el caso de la Antigua Alhóndiga, en la primera valoración el 70,9% de los encuestados indicó que su máxima disposición de aporte se encuentra en el rango de 0 a 50 pesos mexicanos por año y luego de la explicación el porcentaje se reduce al 61,6%; esta diferencia se reparte entre 4 rangos de aporte de manera casi igual dejando intacto el segundo - de 51 a 100 pesos mexicanos por año. El 81,4% de los encuestados no cambió su valoración frente al 18,6% que sí lo hizo.

En el caso del conjunto de edificaciones ubicado entre las calles Corregidora, Roldán, Manzanares y Alhóndiga la diferencia entre primera y segunda valoración es similar a los resultados obtenidos para la Antigua Alhóndiga. Del 68,6% de personas que habían indicado que su posible aporte se encontraba entre los 0 y $50 pesos mexicanos por año, cambia al 60,5% y junto con las personas que la asignación de valor en el rango entre 201 y 300 pesos por año -del 3,5% al 2,3% del total de encuestados- son las únicas valoraciones con tendencia a la baja; las demás tienden a incrementarse luego de realizar la explicación, lo que indica que una parte de los encuestados -el 16,3% del total de encuestados- asigna un mayor valor al grupo de edificaciones como consecuencia de la información que reciben (Ver Gráfico 1).

La diferencia entre asignaciones de valor al ex-Convento de La Merced tiene particularidades respecto a los otros 3 casos estudiados. Este edificio recibe una importante primera valoración para el rango de aporte comprendido entre los $51 y $100 pesos mexicanos por año -15,1% del total de encuestados- en relación con los otros tres ejemplos; todos los rangos de asignación de valor tienen importantes incrementos luego de la explicación, con énfasis en el rango de $100 a $200 pesos mexicanos por año - de 7 a 9,3% - y más de $400 pesos por año -de 8,1 a 10,5%-. El mayor incremento porcentual corresponde al rango de aporte que va de $200 a $300 pesos mexicanos por año, que se incrementa 4,7%.

Gráfico 1
Variaciones en la asignación del valor: antigua Alhóndiga y conjunto ubicado entre la Corregidora, Roldán, Manzanares y Alhóndiga.
Peralta (2014).

La casa ubicada en Jesús María 96 es la que muestra el mayor incremento en la variación en la asignación de valor y hacia los montos mayores -es decir, a pagar más de $400 pesos por año-. En la primera asignación de valor tiene mucha importancia el segmento comprendido entre 0 y $50 pesos mexicanos por año - 65,1% del total de encuestados -, seguida por el rango comprendido entre los $50 y $100 pesos mexicanos por año, con el 18,6% del total de encuestados. En la segunda valoración la opción de 0 a $50 se reduce significativamente a 54,7% del total de encuestados y se incrementa levemente de 18,6% a 19,8% la posibilidad de aportar entre $50 y $100 pesos mexicanos por año; a la vez, la posibilidad de pagar más de $400 pesos se incrementa de 4,7% a 11,6%: las demás escalas mantienen la tendencia de las otras 3 edificaciones, por lo que es el ejemplo donde la variación en la asignación del valor entre los dos ejercicios es sensiblemente mayor, con un 3,5% correspondiente al rango mayor a $400 pesos, cuando en los 3 ejercicios anteriores esta posibilidad de incremento se mantiene en 1,2% (Ver Gráfico 2).

Finalmente, las causas expuestas por los encuestados para cambiar o no la valoración son amplias y diversas. La primera razón señalada por los encuestados para cambiar su opinión es haber incrementado su conocimiento acerca de la historia relativa a los edificios y por consiguiente, de las nociones de cultura y tradiciones que impulsa el discurso autorizado sobre patrimonio. La segunda razón es reconocer las posibilidades de beneficio económico que brindaría la conservación de los edificios mostrados en el estudio: le siguen a esta última otras respuestas relacionadas con el apoyo a la recuperación de la historia y cultura y el reconocimiento de la calidad estética de los edificios.

Las razones para no cambiar la primera valoración son más numerosas y variadas. La más importante es el reconocimiento de los encuestados de las limitaciones que impone su bajo ingreso económico, que los imposibilita a aportar más a una iniciativa de la que no están seguros si podrán obtener algún beneficio. La segunda razón en importancia tiene relación con el papel de las instituciones gubernamentales, principalmente el INAH, en la conservación de los edificios que son propiedad federal; bajo su punto de vista las instituciones tienen la obligación de proteger los monumentos empleando los recursos que son pagados al gobierno a través de los impuestos.

En tercer lugar se encuentra la negativa del encuestado a hacer un aporte adicional, por falta de interés, porque no creen en la propuesta, o porque creen que los aportes hipotéticos no servirían para el motivo presentado sino que los fondos se desviarían, debido a la corrupción que envuelve el manejo de la gestión de los sitios patrimoniales y la ciudad en general. Las razones con las que coinciden menos encuestados son: sugerir que eliminen a los vendedores ambulantes como paso previo a solicitar apoyos, que primero les gustaría ver si esa iniciativa sirve para mejorar el entorno antes de hacer un aporte, y que las obras únicamente han complicado las actividades de las personas del barrio sin brindar un beneficio.

Los resultados obtenidos muestran una problemática común a varias zonas patrimoniales en Latinoamérica: a pesar del incremento sustancial de inversión en obra pública, la proyección de los sectores hacia el turismo y los esfuerzos para transformar la forma de valorar las edificaciones entre la población, los resultados no son los esperados por los gestores, por al menos 3 razones: En primer lugar, que si bien hay una élite hegemónica que emplea el discurso autorizado sobre patrimonio para irrumpir en el Centro Histórico de la ciudad, otros grupos de poder actúan al interior de los barrios, con otros propósitos, estéticas y regímenes de valor distintos a los de las élites dominantes

En segundo lugar, que sectores sociales se mantienen en resistencia social ante las intervenciones que, de forma velada o evidente, intentan cooptar esta área para beneficio de los empresarios del turismo. No es extraño que grupos organizados de pobladores empleen para la defensa de sus intereses y medios de vida el mismo discurso autorizado sobre patrimonio, ante todo lo relativo al patrimonio intangible. Ellos emplean regímenes de valor, estéticas y éticas distintas aunque amparados en el mismo sistema de valores del discurso autorizado, que también se presenta como estable y jerarquizado; esto indica claramente que el discurso no ha permeado completamente entre la población y también que, al tratarse de una construcción cultural, es dinámico y contingente. Finalmente, que las condiciones reales de pobreza en la que viven los pobladores del Centro Histórico de la ciudad – algunos de los más pauperizados de un país profundamente clasista y desigual- se sobrepone, y con frecuencia se impone, al régimen de valor que subyace el discurso autorizado sobre patrimonio.

La evidencia recogida no mostró la aplicación rigurosa de los principios hegemónicos del discurso autorizado sino una amplia y difusa escala de aplicación de esos criterios de valoración que dan cuenta de una enorme gama de posiciones de valor ante las regularidades evaluativas de un régimen de valor. Un número importante de encuestados, sin importar su formación académica maneja los conceptos que forman parte del discurso autorizado sobre patrimonio y están convencidos de su valor intrínseco, aunque muchos otros no solo desconocen esos principios sino que han construido socialmente un esquema de valoración que gira en torno a los usos cotidianos de las edificaciones y espacios públicos; en muy pocos casos la incorporación del discurso autorizado sobre patrimonio ha calado lo suficientemente como para que el sujeto que valora se integre de forma militante a lo que postulan las instituciones rectoras del patrimonio mundial.

El diseño de la encuesta permite evaluar el nivel de conocimiento de las personas sobre el discurso oficial de valor del patrimonio cultural dentro de su área de vivienda y trabajo y el impacto que ha tenido en su vida cotidiana. El estudio no busca específicamente construir un mercado hipotético contingente para establecer una escala de valor sino establecer en qué medida un poblador puede asumir una posición de valor distinta, para un mismo objeto, una vez que se ha puesto en contacto con una parte del discurso autorizado sobre patrimonio en un tiempo muy corto; en consecuencia se presenta una variación en el empleo del método de valoración contingente, toda vez que no es tan importante establecer la máxima disposición a pagar sino los cambios en la asignación de valor.

La cuestión central consiste en posicionar el discurso oficial entre la población encuestada, de manera que exista la apertura para que ellos consideren asumirse dentro de un régimen de valor. Los resultados obtenidos permiten sostener que la posición económica y social, nivel de educación así como la edad y género de cada encuestado no condicionan la correspondencia de un poblador con alguna posición de valor. Los resultados obtenidos dejan ver que se superponen diversos criterios de valoración sobre los inmuebles estudiados que dan evidencia de regímenes de valor que coexisten simultáneamente. Por consiguiente es necesario que las discusiones sobre el patrimonio cultural que pretendan alejarse de una noción mercantilista partan de reivindicar el carácter socialmente determinado y contingente del juicio de valor, que en último término significa abandonar criterios de intervención universales para dar paso a soluciones de corte local, que miran a escenarios y actores sociales únicos.