1. Memorias in situ, espacialidades de las prácticas memoriales desde el giro espacial Introducción

En las últimas décadas se ha experimentado un amplio consumo de tierra por parte de países desarrollados en distintas localidades del Sur Global. Se ha destacado una expansión geográfica de esta práctica derivada de la venta de tierras a extranjeros en países como Brasil, Mozambique, Liberia o Sudán. Estas adquisiciones realizadas por parte del capital internacional se han denominado como acaparamiento de tierras y tiene graves consecuencias para el medio ambiente, la economía, el bienestar social y los derechos humanos.

El proceso actual de adquisición de tierras, principalmente en el Sur Global, inicia entre 2007 y 2008. Edelman, Oya & Borras (2013) explican que, desde la perspectiva de medios sensacionalistas y ONG (organizaciones no gubernamentales), estas adquisiciones inicialmente estuvieron vinculadas al interés de aumentar la producción de alimentos básicos comercializables internacionalmente, como maíz, trigo, arroz y soja. El argumento fue que países con poca producción de alimentos necesitaban resolver su problema apropiándose de tierras en el extranjero. Estas adquisiciones ocasionaron la expulsión de pobladores de países subdesarrollados que también tenían problemas de seguridad alimentaria.

Explicaciones más complejas sobre el consumo masivo de tierras, incluyendo en el análisis a los Estados de los países subdesarrollados que, desde lógicas geopolíticas, acabaron facilitando la venta de sus propios territorios, han sido elaboradas por Sassen (2014) y Edelman, Oya & Borras (2013). Los autores y autora también llaman la atención sobre un consumo creciente que va más allá de la apropiación de tierras, e incluye la adquisición de bosques, agua, biocombustible, biomasa, el proceso de financiarización de la agricultura y la toma de tierras comunitarias, campesinas e indígenas, ahora puestas al servicio de empresas mineras, industrias extractivas y proyectos de urbanización.

Inicialmente observamos que muchas de las explicaciones producidas sobre el mercado global de la tierra se han realizado desde perspectivas geopolíticas que envuelven visiones globales y macro sobre el asunto; sin embargo, también reconocemos una menor cantidad de bibliografías que explican este fenómeno desde las escalas locales y nacionales en países del Sur Global. Si bien, en el hemisferio sur los acuerdos financieros sobre las transacciones de tierras son realizados a través de pactos entre las élites mundiales, el objetivo de este artículo es analizar el papel de las elites locales, que ceden vastos territorios de comunidades tradicionales a proyectos políticos y económicos de países desarrollados del Norte global. Utilizamos la colonialidad del poder como herramienta analítica a fin de generar una comprensión local del fenómeno del mercado global de la tierra, específicamente aquel que se da en Nicaragua a través del caso de las concesiones de tierra indígena Rama y Kriol otorgadas para la realización del proyecto de Gran Canal Interoceánico en la actualidad.

Como enfoque metodológico se realizó una consulta bibliográfica que inicialmente explica el mercado global de la tierra, desde una perspectiva geopolítica, a través de lecturas globales. En el caso específico de China y su relación con América Latina, explicaremos brevemente el papel que este país ha jugado en este contacto a través de lecturas de Lima & Silva (2016) y Lima & Oliveira (2019).

Desde la perspectiva decolonial, discutimos el papel de las élites locales a través del análisis del Estado-Nación como modelo de organizar el poder y la vida, como una herencia de la razón imperial, que distribuyó la tierra y creó una organización política interna en función de la raza, vista como una clasificación de sociedades humanas que colocó a una minoría blanca y descendiente de europeos como grupo superior en distintos gobiernos de la región. Para esto nos basaremos en importantes referencias latinoamericanas en las discusiones decoloniales y contra coloniales tales como Rivera (2010), Lugones (2010), Quijano (2014), Mignolo (2008) y Walsh (2009). Finalmente, basadas en la discusión de la herencia colonial predominante en la región, discutiremos el caso específico de Nicaragua (Figura 1) a través de lecturas de historiadores e historiadoras nacionales, así como el uso de material empírico obtenido en nuestra investigación de doctorado que aborda esta temática.

En la Sección 2 realizamos una breve descripción del consumo de tierras, en el Sur Global. En la sección 3 se analiza el Estado-Nación desde la colonialidad del poder, donde se observa este modelo occidental de gobierno como generador de violencia política hacia otras formas de organización y gobernanza que existen en América, como las de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. En la sección 4 se traslada la reflexión teórica decolonial al contexto de Nicaragua, considerando el papel que ocupa una ruta interoceánica en su historia política y social.

Figura 1
Mapa de la localización de Nicaragua con características geográficas que permitieron visualizar una ruta interoceánica
Elaborado por las autoras, 2020.

En la sección 5 y 6 se describe con datos históricos la distribución racial del territorio en Nicaragua, el papel que juega la idea de la raza en esta distribución, y la colonialidad del poder en la conformación de la nueva república. Finalmente, en la sección 7 se proponen conclusiones a partir de datos empíricos del proyecto del Canal Interoceánico en la actualidad concretizado en la concesión otorgada al empresario chino Wang Ying, y los conflictos entre el gobierno central y los gobiernos tradicionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes afectados por la obra.

2. El mercado global de la tierra

La adquisición de tierras locales por gobiernos extranjeros es un proceso antiguo que tiene como máximo exponente los violentos procesos de colonización y apropiación de territorios durante la invasión colonial europea. Sassen (2014) explica que, a partir del año 2006, hubo un cambio en estos procesos de adquisición de tierras. Entre los años 2006 y 2011, más de 2000 millones de hectáreas de tierra fueron adquiridas en las regiones de compra de territorios en los continentes de África y América Latina por varios compradores que van desde China hasta Suiza.

Uno de los factores que contribuyó al cambio en el mercado global de tierras fue la demanda de cultivos industriales como la palma, destinados a la producción de biocombustible. La creciente demanda de tierra y el aumento de los precios mundiales de los alimentos han hecho de la compra de territorios para plantaciones una inversión deseable. En 2006, los grandes bancos ya estaban preocupados por las señales de una crisis financiera global[ii] que estaba a punto de iniciar, haciendo de la tierra un destino de capital de inversión (Sassen, 2014).

La ONG internacional GRAIN[iii], documentó que 14 millones de hectáreas de tierra fueron adquiridas por inversionistas extranjeros en 416 negociaciones en los últimos años. High Quest Partners[iv], por su parte entrevistó a 25 grupos empresariales que invirtieron en 2010, aproximadamente 7.440 millones en tierras agrícolas en el exterior. Según el Oakland Institute[v], durante 2009, se adquirieron 60 millones de hectáreas en el continente africano por parte de inversionistas extranjeros. The Commercial Pressures on Land Research Project[vi] afirma que desde 2001 se han iniciado más de 2.000 proyectos que suman 227 millones de hectáreas de tierra, con la mayor cantidad de compras realizadas en 2011. Finalmente, Murphy (2013) afirma, con base en datos del Banco Mundial, que aproximadamente 10 millones de hectáreas fueron adquiridas en cinco países africanos (Etiopía, Liberia, Mozambique, Nigeria y Sudán) entre los años 2004-2009.

China, sin duda una de las economías más grandes del mundo en la actualidad, es uno de los principales compradores de tierras en el Hemisferio Sur; sin embargo, es importante entender un poco el papel que juega este país en las relaciones internacionales y la compra de tierras. Lima & Oliveira (2019) explican que a pesar de existir un consumo de tierras a gran escala por parte de China, realizar un análisis de esta situación es complejo. Una de las características geográficas de China es que su territorio está constituido por montañas y desiertos, lo que ha provocado un serio problema en este país debido a la ausencia de tierras cultivables. Existe en la sociedad china una herida en la memoria colectiva marcada por el hambre, ya que debido a las políticas del “Grande Salto para Frente” murieron alrededor de 30 millones de personas por mala nutrición y enfermedades desencadenadas por la falta de alimento (Lima & Oliveira, 2019; Naughton, 2007). En ese sentido la seguridad alimentaria ha sido un tema fundamental en la búsqueda por el desarrollo económico de este país.

La alimentación se ha convertido en un arma en el tema del consumo de tierras, donde algunos economistas chinos han afirmado que si Estados Unidos utiliza este recurso como forma de enfrentamiento, las adquisiciones de tierra en el exterior podrían ser una herramienta para garantizar la seguridad alimentaria de China (Lima & Oliveira, 2019); sin embargo, esta es apenas una de las explicaciones de los consumos masivos de tierra que esta potencia ha realizado en países pobres. De esta forma, ya sea para cumplir con las necesidades internas de su nación, el comportamiento del gobierno de China en el Sur Global ha sido motivo de observación, desde la perspectiva académica, que registra su conducta a través de las relaciones internacionales, y desde la óptica de comunidades locales que se han visto afectadas y a veces expulsadas por la compra masiva de tierras realizadas por este país. Lima & Silva (2016), describen como en el pasado, las relaciones de China con otros estados se daban de manera jerárquica, y estas no eran igualitarias, pues se establecía una relación de superioridad, “assim, estados e países que queriam ter relações com a China, deveriam se submeter e, quando possível, serem obrigados a fazê-lo enquanto tributá- rios ou submentidos a tributos” (Lima & Silva, 2016, p. 16). Por otro lado, el gobierno chino en la actualidad estableció diálogos con el Mercado Común del Sur [MERCOSUR] y la Comunidad Andina, aunque se observa que los diálogos se dan nuevamente entre las élites políticas y económicas latinoamericanas, incluso aquellas de izquierda, alejando de estos diálogos a las comunidades tradicionales afectadas, cuyas tierras están dentro de las negociaciones. Los Estado-Nación latinoamericanos y el Estado chino pueden tener profundas diferencias y contextos distintos, pero las consecuencias de estos acuerdos entre modelos de poder diferentes a los indígenas y de comunidades tradicionales podrían ser similares a aquellos realizados en el pasado con Europa y Estados Unidos, pues generan expulsiones masivas de grupos humanos e imposiciones de modelos dominantes. Finalmente, la relación que se establece con las comunidades afectadas en estas transacciones de tierra es de subordinación, principalmente establecida por las élites locales y coloniales del sur.

China ha obtenido, en la última década, 121 concesiones de más de 2,67 millones de hectáreas en bosques en Gabón y negocia compras masivas de tierras en Congo y Camerún (Sassen, 2014). Si los países africanos son un territorio deseable para las industrias de cultivo y producción masiva de China, parece entonces conveniente un Canal Interoceánico en Nicaragua que facilite la movilidad de sus flujos de capital, de productos y de manufactura agrícola.

Los autores Edelman, Oya & Borras (2013) afirman que, aunque las apropiaciones de tierras involucran a actores nacionales y extranjeros, solo estos últimos actores son los que reciben críticas y gran atención de los medios. Contrario a la posición de Sassen (2014), ellos afirman que las personas no necesariamente son expulsadas de sus tierras y algunos sectores están incluidos en contratos agrarios o en alianzas. Ellos critican a organizaciones como GRAIN, que tienden a responsabilizar a los países desarrollados de la compra de tierras sin explicar las motivaciones de hacer estas adquisiciones.

Sin embargo, la investigación de campo realizada en Nicaragua y la acción gubernamental observada se inclina más hacia la interpretación de Sassen (2014). Hay evidencia de que en Nicaragua se han intervenido comunidades tradicionales y se ha modificado el territorio en procesos poco transparentes, como veremos en la narrativa de este artículo. En cuanto a la invitación a estas comunidades para participar en proyectos y alianzas agrícolas, hay una diferencia. Los pueblos indígenas y comunidades tradicionales del Caribe de Nicaragua tienen una relación distinta con el espacio de aquellas de los sectores rurales. Una posible invitación a integrarse a un sector agrario generaría conflictos que van más allá de la tenencia de la tierra, pues las cosmovisiones y formas de organizar la vida no necesariamente se prestan para las lógicas capitalistas y occidentales que tienen el trabajo remunerado como forma de subsistencia. Por otra parte, distintos gobiernos de Nicaragua han facilitado la adquisición de territorio tradicional para intereses extranjeros.

La estructura estatal de los gobiernos anfitriones de los países que comercializan su territorio juega un papel importante dentro de esta mercantilización de la tierra, en la medida en que los acuerdos se hacen en beneficio de las élites locales. Este consumo global de la tierra se caracteriza por inversiones transnacionales y domésticas realizadas por gobiernos extranjeros, en alianza con élites locales que controlan grandes porciones de tierra, incluyendo el agua y sus recursos minerales, para producir alimentos, biocombustibles y bienes destinados a los mercados domésticos y globales (Margulis, Mckeon & Borras, 2013). Los y las líderes que han resistido a los intereses occidentales no siempre han sobrevivido. De los casos más emblemáticos de resistencia y lucha por el territorio, que terminaron en brutales asesinatos, fueron el del líder congoleño Patrice Lumumba y el de la activista y líderesa hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016.

Patrice Lumumba, líder político y anticolonial de la República Democrática del Congo fue el fundador del Movimiento Nacional Congoleño [MNC] cuya lucha consistió en la liberación de su país de la dominación colonial de Bélgica. Lumumba fue elegido primer ministro de su país en 1960, pero su cargo duró solo 12 semanas después de que fuera asesinado en 1961 con la participación de los gobiernos de Estados Unidos y Bélgica (Müller, 2016).

Berta Cáceres, también asesinada, era una activista y ambientalista hondureña, líder indígena de su pueblo y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras [COPINH]. En 2015, Berta enfrentó con éxito la construcción de una de las mayores represas en Agua Zarca del Río Gualcarque, impidiendo su construcción. Un año después de su conquista, fue asesinada en su casa, lo que aumentó la cantidad de defensores y defensoras ambientales asesinadas en Honduras.

El aparato del Estado-Nación en el Sur Global, bajo la presión de las poderosas estructuras de los países desarrollados, ha generado una forma de control global y dominio social que interfiere en la estructura de los estados locales. Para Sassen (2014), el poder ejecutivo de los gobiernos locales se coloca al servicio de programas impulsados ​​por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio que debilitan y desestructuran a los gobiernos y proyectos estatales de los países pobres. Sin embargo, es evidente la participación de las élites locales de estos países como beneficiarias de estas transferencias de poder a programas y gobiernos extranjeros.

La apropiación global de la tierra surge, por tanto, desde una perspectiva geopolítica y basada en una herencia colonial de organizar el poder y la vida. Tanto los compradores como los países de compra provienen de regiones específicas del mundo. China ha garantizado el derecho a cultivar aceite de palma para biocombustibles en 2,8 millones de hectáreas en el Congo, lo que la convierte en la plantación de palma más grande del mundo (Sassen, 2014). Según Friis & Reenberg (2010), los principales tipos de inversores en adquisiciones de tierras en la actualidad provienen de estados ricos en petróleo como los países del Golfo: Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Omán, Kuwait, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos; países asiáticos densamente poblados y ricos en capital como China, Corea del Sur, Japón e India; Europa y Estados Unidos, así como empresas privadas globales. Los seis países que venden más tierras se encuentran en el África subsahariana: Etiopía, Madagascar, Sudán, Tanzania, Mali y Mozambique.

3. El Estado-Nación y la colonialidad del poder

Para comprender el papel facilitador de los estados y gobiernos locales del Sur Global en las adquisiciones de tierras por parte de corporaciones y diversas empresas, provenientes de fuertes economías capitalistas, es importante observar el papel del colonialismo y su reproducción en la actualidad a través del colonialismo interno. Durante el periodo de la invasión colonial se clasificaron grupos humanos diversos desde la perspectiva de la raza, elemento introducido en el mundo colonizado durante este periodo. Para Aníbal Quijano (2014), la raza fue una forma de legitimar las relaciones de dominación impuestas que naturalizan las relaciones coloniales entre europeos y no-europeos.

La categoría de la raza eliminó las diferencias culturales, lingüísticas y sociales, de distintos pueblos en el mundo colonizado, generando el reconocimiento genérico y universalista de “indios” y “negros”, en el caso de las Américas. En estas divisiones raciales del poder, los blancos europeos se colocaron como una raza superior que debería regir las organizaciones sociales, políticas y económicas del mundo colonizado, como colocado por Mbembe (2017, p. 27-28):

Na sua ávida necessidade de mitos destinados a fundamentar o seu poder, o hemisfério occidental considerava-se o centro do globo, o país natal da razão, da vida universal e da verdade da Humanidade. Sendo o bairro mais civilizado do mundo, só o Ocidente inventou um “direito das gentes”. Só ele conseguiu edificar uma sociedade civil das nações compreendida como um espaço público de reciprocidade do direito. Só ele deu origem a uma ideia de ser humano com direitos civis e políticos, permitindo-lhe desenvolver os seus poderes privados e públicos como pessoas, como cidadão que pertence ao gênero humano e, enquanto tal, preocupado com tudo o que é humano (…) O resto – figura, se o for, do dissemelhante, da diferença e do poder puro do negativo – constituía a manifestação por excelência da existência objectal. A África, de um modo geral, e o Negro, em particular eram apresentados como símbolos acabados desta vida vegetal e limitada.

A su vez, el género también formó parte del sistema jerárquico colonial, que colocó a los hombres blancos dentro de la pirámide que distribuía el poder en función de características humanas consideradas como superiores e inferiores. La mujer blanca no fue entendida como el complemento del hombre blanco, sino que fue vista como reproductora de la raza y cuyo trabajo estaba al servicio del hombre blanco y burgués (Lugones, 2010). Las mujeres racializadas entraban en la categoría de no-humana que compartían con los hombres de sus comunidades; sin embargo, estaban en una escala de opresión inferior en función del género.

De esta forma se establecen, durante este periodo, distintas formas de colonialidad que se reproducen en la actualidad y que han sido clasificadas, por Walsh (2009), como la colonialidad del ser, del saber, del poder y la cosmogónica. La colonialidad del ser define el valor de la humanidad, o la ausencia de ella, en función del color de la piel y de las raíces ancestrales de distintos grupos culturales. La colonialidad del saber establece una jerarquía que identifica que un pensamiento determinado, en este caso el europeo, se le atribuye el reconocimiento como ciencia y saber, mientras que los conocimientos de los pueblos esclavizados se categorizan como míticos e irracionales. La colonialidad cosmogónica inferioriza las relaciones cósmicas y espirituales de pueblos no-occidentales, colocando esta relación como primitiva y ajena a la razón occidental. Finalmente, y siendo la forma de colonialidad abordada por este artículo, está la colonialidad del poder.

El nuevo patrón mundial de poder, inserido durante el periodo colonial, clasifica a las poblaciones por lo que occidente entiende y define como raza. La clasificación del poder según Quijano (2014), se da desde las formas históricas del control del trabajo, de los recursos y de sus productos. Es aquí donde se realizan asociaciones naturales a distintas formas en cómo se define el trabajo y las posiciones sociales. De esta forma es que se denomina que el trabajo esclavo pertenezca principalmente a las poblaciones secuestradas en el continente africano, y se le designen trabajos de servidumbre a las poblaciones indígenas, en algunos casos representativos de la colonización española (Quijano, 2014).

Las relaciones de poder Amerindias y de distintos pueblos africanos antes del periodo colonial eran distintas al modelo europeo, que funciona desde una configuración de Estado-Nación. Esta forma de organizar el poder en Europa fue replicada en América, generando la forma de colonialidad del poder discutida en este trabajo. El Estado-Nación sería “una suerte de sociedad individualizada entre las demás. Por eso, entre sus miembros puede ser sentida como identidad. Sin embargo, toda sociedad es una estructura de poder” (Quijano, 2014, p. 807). De esta manera, el poder se centraliza en un Estado, como una forma impuesta de gobernar diversos territorios que funcionaban y funcionan sobre lógicas distintas frente a la diversidad cultural característica de América y de las sociedades humanas como tal.

Una de las características principales del Estado-Nación, y del concepto de ciudadanía que lo acompaña, es el proceso de homogeneizar a los miembros(as) de una sociedad, aniquilando sus diferencias, y sus historias como fuentes que contestan esta visión impuesta sobre el poder. Los procesos de independencia no fueron sino una réplica de las formas coloniales impuestas de organizar el poder, centralizado en la población blanca-criolla latinoamericana. Aunque pueblos negros e indígenas hayan participado de las luchas de independencia, su participación política en la nueva organización social se les fue negada, asumiendo el control de las nuevas repúblicas una minoría blanca que mantiene, hasta el día de hoy, estos modelos impuestos desde la preservación del Estado como forma de gobierno. De esta manera, “el proceso de independencia de los Estados en América Latina sin la descolonización de la sociedad no pudo ser, no fue, un proceso hacia el desarrollo de los Estados-nación modernos, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre nuevas bases institucionales.” (Quijano, 2014, p. 818).

La colonialidad del poder, principalmente observada desde la división racial y sexual del trabajo, desde el intento de negar y borrar culturas y otras formas en que se organiza la vida y se gobiernan comunidades enteras ha impedido, efectivamente, realizar formas políticas y de gobierno propias que se apliquen a los contextos y diversidad de mundos presentes en América Latina. En gran parte, estas opciones fallidas de organizar el poder en América se pueden explicar en la manutención del Estado-Nación como modelo eurocéntrico y visto, por las élites blancas locales, como una forma de gobernar y administrar los países por excelencia. Quijano (2014) sostiene que los grupos dominantes latinoamericanos adoptaron la perspectiva eurocéntrica como propia, imponiendo de esta manera el modelo Europeo de Estado-Nación.

Esto explica que sean estas élites blancas y mestizas, que se autoidentifican como descendientes de europeos, coloquen a disposición del capital y de los países del Norte vastas áreas de territorios, muchos habitados por las poblaciones racializadas/no-blancas que fueron catalogadas dentro de la no humanidad e inferioridad en los procesos coloniales expuestos. Para Rivera (2010, p. 102):

Cabe destacar, entre los hechos generadores de la violencia, el que una minoría criolla de origen occidental monopolice desde hace siglos el poder del Estado y la capacidad rectora y ordenadora sobre el conjunto de la sociedad y ser dueña privilegiada de dispositivos estatales y espacios de poder social que le permiten dictar unilateralmente normas de convivencia que adquieren fuerzas compulsivas para el conjunto de la sociedad.

El modelo eurocéntrico de gobernar, a través del Estado-Nación, no se aplica para la diversidad de formas en que se autogobiernan y organizan las distintas comunidades amerindias y afrodescendientes de América. En este sentido, este modelo de organizar el poder en América Latina es racista y patriarcal, pues niega e intenta destruir otras formas de gobernar existentes que se expresan a partir de la desobediencia de estas comunidades a las imposiciones de los gobiernos centrales. Independientemente de ideologías políticas, en América Latina lo que se ha observado es la preservación de la lógica del Estado-Nación y la modernidad occidental que generan modelos eurocéntricos poco aplicables a la diversidad social, cultural y de género de la región.

Los casos de Bolivia y Ecuador, desde su reconocimiento como estados pluri-nacionales, han representado un avance político importante en la ultima década. En estos países se han incorporado otras formas de gobernar y, a su vez, contestan a las lógicas occidentales de poder. Para Mignolo (2008), estos son casos de identidades políticas que fracturan la teoría política del Estado-moderno y monotópico que se basa en la ilusión del estado neutro. Para este autor:

Al conectar la decolonialidad con la identidad política, la opción decolonial revela la identidad escondida en la pretensión de teorías democráticas universales, al mismo tiempo que construye identidades racializadas que fueron erigidas por la hegemonía de las categorías del pensamiento, historia y experiencias de occidente (una vez más, fundamentos griego y latinos de la razón moderna/imperial) (Mignolo, 2008, p. 298).

El concepto de nación es también utilizado e incorporado por pueblos indígenas en América Latina, como es el caso de la Nación Mayangna en Nicaragua. Estos reconocimientos de estos diversos pueblos dejan en evidencia que sus demandas y organizaciones no son contempladas por el Estado-Nación occidental. En este sentido, Mignolo (2008) defiende que para pensar en lo decolonial implicaría pensar en las lenguas y las categorías de pensamiento que no fueron incluidas en los fundamentos del pensamiento occidental. De esta forma Bolivia y Ecuador dan los primeros pasos para crear proyectos políticos desvinculados a los modelos eurocéntricos. Sobre Bolivia, Mignolo (2008, p. 313), en diálogo con Dussel (1999), expone un contraste que contesta a esta noción eurocéntrica del poder: “la conciencia entre líderes y participantes de temas indígenas claman por una movilización que determina que el poder no puede ser tomado, porque el poder no está en el Estado, sino en las personas políticamente organizadas”. De la misma manera Mesquita (2020) describe, que la colonialidad del poder se vive a lo interno, en el momento en que pueblos indígenas y comunidades campesinas se ven afectadas por la modernización del campo y obligadas a migrar a centros urbanos. Sin embargo, la autora señala que la matriz indígena en Paraguay se posiciona frente a esta imposición colonial a través de sus formas de la preservación de la organización comunitaria de la vida.

En distintos países de América Latina existe esta diversidad de organizar el poder, siendo la oficialmente reconocida aquella realizada por el modelo del Estado-Nación, sin embargo, no es la única. Bajo el control sobre la tierra, el Estado-Nación se hace presente en los territorios de comunidades tradicionales, cuyas tierras ancestrales son ofrecidas como regalías a grandes corporaciones, y empresas que obedecen a las lógicas occidentales en las que los estados locales del Sur Global se adhieren. En el caso de pueblos indígenas de Oaxaca, en México, Castro (2015) coloca que se observa una reducida presencia del Estado en estas comunidades, pero una gran cantidad de gobierno. El alcance del Estado en estas organizaciones comunales del poder es mucho menor, y esto ha derivado, según Castro (2015), en que estos y otros pueblos indígenas sean catalogados como “pueblos sin ley”. De esta manera, el Estado-Nación como modelo político en la región ha estado en constante conflicto desde la independencia de las repúblicas, a partir de su representatividad blanca occidental y tensionada por la diversidad cultural, étnica, racial y género que contestan a estos modelos que se han demostrado insuficientes en la región debido a la ausencia de una crítica decolonial en la forma de pensar modelos políticos en América Latina.

4. Nicaragua y los proyectos de Gran Canal Interoceánico

Nicaragua representa un territorio complejo que acompaña dos procesos de colonización distintos y dos matrices culturales que hacen del país un territorio multicultural, multirracial y multilingüe. La Costa del Pacífico de Nicaragua estaba conformada por pueblos pertenecientes a la matriz cultural mesoamericana, donde el poder se centraba en la figura de un líder y su familia. Esta región perteneció a los dominios de la corona española durante la conquista. Por otro lado, la Costa Atlántica se caracterizó por la matriz cultural chibcha que se relaciona con el poder a través de la tomada de decisiones en grupo. En esta región del país predominó la presencia de la colonización inglesa. La corona española no logró relacionarse con las áreas chibcha nicaragüenses, ejerciendo su poder colonial principalmente en el Pacífico y partes del centro del país. La división cultural y racial entre el Pacífico y el Atlántico prevalece hasta el día de hoy, ya que el Atlántico concentra la mayoría de territorios indígenas y de afrodescendientes.

Ubicada en el centro de la frontera mundial que divide las regiones ocupadas por los países desarrollados y el llamado Tercer Mundo, Nicaragua tiene una ubicación estratégica con características naturales en su territorio que la convierte en un escenario perfecto para los flujos de capital (Figura 2). Debido a esta condición geográfica, el país ha pagado un precio muy alto por su ubicación en el mapa político/económico del mundo y las características físicas de su territorio.

La gran peculiaridad de la situación geográfica de Nicaragua es el hecho de que el río San Juan, que nace en el mar Caribe y atraviesa gran parte del país conectándose con el Gran Lago Cocibolca, hace económicamente viable la construcción de un canal que conecte el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Sin embargo, como lo señalado por Lacayo (2014), la geografía le jugó una mala pasada a la historia del país, pues lo que pudo ser una ventaja única resultó ser el elemento que indujo disputas que han dejado la historia social del país manchada con sangre, guerras y revoluciones.

Durante el período de la conquista, los colonizadores abandonaron Europa en busca de una conexión marítima con los países con los que mantenían relaciones comerciales, como China. Su búsqueda se basó en una ruta interoceánica natural y no necesariamente en la construcción de la misma, ya que el desconocimiento técnico para la construcción de un canal, así como aspectos religiosos, que condenaban la manipulación física del hombre en la naturaleza, impidieron la construcción de una obra en Centroamérica durante este período (Post, 2014).

Figura 2
Nicaragua en el contexto global
Elaborado por las autoras, 2020.

La conquista por el poder marítimo mundial comienza en este momento y permanece en la actualidad. Los elementos más importantes en esta búsqueda eran la velocidad y el tiempo en que se desplazan los flujos de capital y mercaderías que alimentan a las economías capitalistas.

Los países europeos mantuvieron relaciones económicas con los países asiáticos desde la antigüedad. Esta relación representaba la realización de viajes para el transporte de mercancías por vía terrestre, lo que obligaba a los comerciantes a efectuar viajes largos y peligrosos, y con limitaciones en la cantidad de mercancías transportadas. La búsqueda de una ruta marítima para ejecutar estos intercambios comerciales fue lo que impulsó inicialmente las primeras misiones para explorar los océanos (Merckman, 1931).

Los intereses de grandes potencias mundiales por el territorio nicaragüense varían con el tiempo; sin embargo, todos buscaban acelerar el flujo de capital para fortalecer las economías de los países del Hemisferio Norte. Durante la colonia, se buscó una ruta interoceánica para conectar los flujos comerciales entre Europa y China. Posteriormente, tras la independencia de las Américas y el ascenso geopolítico de Estados Unidos, el transporte de oro del estado de California a la Costa Este despertó el interés de la nueva potencia. Finalmente, hasta que se construyó un canal interoceánico en América Central, muchos países del norte compitieron por el control del poder marítimo mundial negociado con diferentes gobiernos nicaragüenses, de diferentes tendencias políticas e ideológicas, la construcción de un canal interoceánico como podemos observar en la siguiente línea de tiempo (Figura 3).

Los dos procesos de colonización en Nicaragua, debido al enfrentamiento entre españoles y británicos para buscar una ruta interoceánica, contribuyeron a profundizar una división racial y cultural, ya existente, que permanece en la actualidad. La Costa del Pacífico de Nicaragua está principalmente poblada por grupos mestizos, descendientes de blancos y algunas comunidades indígenas.

Figura 3
Línea de tiempo de países interesados en realizar una ruta interoceánica por Nicaragua.
elaborado por las autoras 2020.

La mayor parte de la tierra urbanizada del país también se concentra en el Pacífico. Mientras tanto, la Costa Caribe concentra la mayoría de las poblaciones indígenas de Nicaragua y comunidades de ascendencia africana, donde algunos grupos se adhieren a los modelos de vida comunitaria y tradicional mientras que otros grupos viven en ciudades como Bluefields, Greytown o Puerto Cabezas.

5. Distribución de la tierra en Nicaragua en función de la raza

La distribución de la tierra en el periodo de la invasión colonial estaba directamente relacionada a un sistema de castas en función de la raza. Según Kinloch (2016), la sociedad de castas estaba conformada por peninsulares, criollos[vii], indígenas, esclavos africanos y ladinos. Los peninsulares y criollos eran la casta con el mayor derecho a la propiedad de la tierra. Los indígenas, en algunos casos, fueron reconocidos dentro de sus jerarquías tradicionales desde que apoyaran a la corona española. Los y las indígenas sobrevivientes al periodo colonial, en el Pacífico, fueron agrupados en 198 comunidades, trasladando estas poblaciones a lo que serían los nuevos centros urbanos, densamente poblados y cuyas actividades podrían ser monitoreadas por las autoridades coloniales. Los ladinos [viii], esclavos africanos e indígenas no tenían derecho a comprar una tierra.

Nicaragua pasó por dos procesos independentistas, el primero siendo la independencia donde se genera la Federación Centroamericana en 1824; y la segunda, cuando el país abandona la federación para convertirse en una república independiente en 1838. Durante la Federación Centroamericana se inician conflictos de tierra entre el gobierno central y los campesinos que cultivaban la tierra por años, sin poseer un título de propiedad. En este periodo se introduce la categoría de “terrenos baldíos”, siendo estas las tierras que no poseían un título a nombre de un propietario individual, asentamiento urbano o comunidad indígena (Pinto, 1989). A través de esta categoría de tierras, el gobierno central despojó muchas familias de campesinos de sus territorios y realizó la venta de terrenos baldíos para buscar recursos para sustentar los nuevos gobiernos. De la misma manera, el gobierno realizó generosas concesiones de tierra a compañías extranjeras para el establecimiento de nuevas colonias de inmigrantes y la explotación de recursos naturales (Kinloch, 2015). El modelo de organizar el poder, a través del Estado-Nación, se reproduce como modelo en la nueva república, así como la división jerárquica del país en función de la raza. El eurocentrismo, como propone Mignolo (2008), se torna en la hegemonía de una forma de pensar que se fundamenta en el griego, el latín y los seis idiomas europeos e imperiales de la modernidad colonial.

A pesar de la proclamación de la independencia de la República Federal Centroamericana, el área chibcha nicaragüense, o mejor conocida como La Moskitia, aún era considerada un protectorado británico, no siendo reconocida como parte del Estado-Nación de Nicaragua. Esta área estaba conformada por pueblos indígenas de esta matriz cultural y una presencia de esclavos africanos, traídos por los británicos desde Jamaica. La disputa por el control territorial de la Costa Caribe tuvo raíces en las luchas por la apropiación y búsqueda de una ruta interoceánica por Centroamérica. Los ingleses reclamaron el dominio sobre esta área del país, realizando una alianza principalmente con el pueblo indígena Miskitu donde establecieron un reino indígena semi-autónomo que enfrentó a los gobernantes del Pacífico (Kinloch, 2015). En 1850 se firma el tratado Clayton-Buwler negociado entre los Estados Unidos y Gran Bretaña provocando la retirada de los ingleses de la Moskitia, respetando la influencia norteamericana en Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos, como potencia emergente, estaba interesado en una ruta interoceánica para el transporte de oro de California para la Costa Oeste de su país y posteriormente para colocar bases militares en su proyecto de expansión. Los norteamericanos utilizaron el Lago Cocibolca y el río San Juan de Nicaragua para este transporte, provocando que se proclamara la ciudad de GreyTown, localizada en el Caribe Sur de Nicaragua, como ciudad libre, con leyes propias e independiente del Estado de este país (Games, 1993).

Los Estados Unidos en Nicaragua, y Francia en Panamá, inician un proceso de construir y financiar un canal interoceánico por Centroamérica, lo que influye directamente en la configuración del uso y distribución de las tierras en los países donde se pensaba realizar una ruta. De esta forma surge la reincorporación de la Moskitia al gobierno nicaragüense, mientras el Estado de Nicaragua negocia la construcción de un canal interoceánico con los norteamericanos a finales del siglo XIX. Como resultado se firma la Convención de la Moskitia, incorporando legalmente este territorio al Estado de Nicaragua y cambiando su nombre para Departamento de Zelaya; sin embargo, se reserva para las poblaciones indígenas el derecho a una autonomía económica. Esta reincorporación finalmente se legaliza en 1905 a través del tratado Harrison-Altamirano que la legitima frente a la comunidad internacional. En este acuerdo se legaliza la propiedad sobre las tierras comunales de las aldeas del pueblo Miskitu (Kinloch, 2015). Muchas de las ratificaciones firmadas en este acuerdo no fueron cumplidas por el gobierno central de Nicaragua, llevando a los pueblos indígenas y comunidades negras kriols a percibir su relación con el Estado nicaragüense como un segundo proceso de colonización, o colonialismo interno, perpetrado principalmente por las elites blancas del Pacífico nicaragüense.

El canal interoceánico finalmente se construye en Panamá. Los Estados Unidos habían iniciado obras para construir un canal en Nicaragua, teniendo que detener las mismas por falta de recursos. Lo mismo habría ocurrido en el caso de Francia y una obra canalera iniciada en Panamá. Los norteamericanos finalmente compran la concesión francesa y concluyen el proyecto canalero en el istmo en su búsqueda por consolidarse como potencia y controlar la región de América Central y el Caribe. Como forma para eliminar cualquier posibilidad de que otra potencia construya un canal por Nicaragua, los Estados Unidos firman el tratado Chamorro-Bryan en 1914 (Pasos, 1982). Este tratado estableció el dominio de los Estados Unidos sobre los territorios de Nicaragua donde una ruta canalera podría ser realizada, y también autoriza la instalación de bases militares y navales de los Estados Unidos, en territorio nicaragüense, para proteger el Canal de Panamá.

6. Estado Nación en Nicaragua y la colonialidad del poder

La formación de los Estados-nación en Centroamérica, después de la colonia, surge del prejuicio racial hacia los criollos, o blancos descendientes de europeos, nacidos en América. Este prejuicio creó una identidad americanista que más tarde tuvo como resultado los procesos de independencia en el continente (Kinloch, 2015). De esta manera continúa la clasificación de la diversidad de pueblos amerindios y descendientes de pueblos africanos según la razón imperial, que se afirma como superior, en la medida en que serían el grupo más apto, en función de la raza, para gobernar a las provincias tornadas en repúblicas. Las élites blancas y mestizas latinoamericanas que protagonizaron, según la historia oficial, los procesos independentistas en las Américas, mientras buscaban generar una nueva nación, reprodujeron en las nuevas sociedades el concepto europeo de civilización que exigía que las poblaciones indígenas y afrodescendientes abandonaran sus lenguas, costumbres y continuaron siendo vistos como pueblos primitivos.

El canal, como proyecto económico, fue visto por la Federación Centroamericana y por el Estado de Nicaragua como un motor de desarrollo socioeconómico y una oportunidad para ingresar al mercado internacional. Desde ese período hasta la actualidad, en el caso de Nicaragua, el canal representó una visión constante de desarrollo, proveniente del grupo de las clases dominantes, implementada por varios gobiernos a lo largo de los siglos. Según la visión de las élites, este sería el gran acceso de Nicaragua a los mercados y los flujos comerciales internacionales (Post, 2014). Esta perspectiva, en cambio, tenía una visión claramente construida a partir de los sistemas de valores coloniales y europeos que despreciaban las culturas de los pueblos originarios y afrodescendientes. Según Del Valle (1929, p. 132-149), uno de los impulsores más entusiastas del proyecto canalero en este período:

El género humano estrecharía sus relaciones. La población del mundo se duplicaría o triplicaría. Las luces de Europa pasarían a la India y la América. La civilización universal haría progresos infinitos. Las razas se mejorarían cruzándose unas con las otras. La especie humana seria más bella, más ilustrada, más rica y poderosa (...) Nicaragua sería el centro grande desde donde se derramaría la riqueza a nuestra República particular, y a la América y el Asia en general.

Durante este período, podemos observar, en la visión de las élites centroamericanas de ascendencia española, como el canal representaría un proceso de blanqueamiento étnico en el istmo. El canal serviría como objetivo para eliminar a los pueblos indígenas y afrodescendientes que consideraban inferiores. Esto se puede ver claramente en el relato de Chandler (1988, p. 198), que cita el argumento del influyente obispo Juan José de Aycinena de 1836:

El canal atraería a “inmigrantes europeos que hasta entonces preferían establecerse en Estados Unidos y Canadá, llegarían a radicarse en Centro América. Mezclarían su sangre con los indígenas y, como resultado, las nuevas generaciones del istmo tendrían mejor apariencia y superior cultura.

Las consecuencias de la matriz colonial que dividió el mundo colonizado en esta jerarquía racial, y posteriormente el colonialismo interno reproducido por las élites blancas en Nicaragua, también provocó que las tierras fueran distribuidas en función de la raza, provocando que, con mayor facilidad, estas tierras también fuesen distribuidas a inversionistas extranjeros. Esta división de la tierra prevalece principalmente en el Pacífico de Nicaragua, pues en la Costa Caribe su distribución y el poder funcionan sobre lógicas comunitarias que resisten frente a la imposición colonial del Estado-Nación. La distribución desigual de la tierra en el Pacifico de Nicaragua, se refleja en datos de 1978 donde se coloca que el 36% del total del área cultivada pertenecía a grandes latitudinarios. El 46% de la tierra también estaba distribuida en el sector de medianos productores y el restante pertenecía a pequeños propietarios. Los campesinos(as), siendo la última escala en esta distribución, ocupaban un 2% del área total de las tierras cultivadas. Quien no poseía tierras para cultivo era obligado(a) a cultivar tierras rentadas o se establecían como colonos en las grandes haciendas (Kinloch, 2016).

La organización del poder en Nicaragua se basa en el Estado-Nación como herencia colonial de organizar la vida y la sociedad. En contrapartida, también existen modelos no occidentales con otras formas de organizar el poder, la tierra y su relación espiritual con la naturaleza. En el caso nicaragüense, la antigua Moskitia, territorio de los principales pueblos indígenas sobrevivientes a la invasión colonial, reclaman su autonomía hasta el día de hoy, organizándose políticamente y revelando la reproducción de la matriz colonial del poder presente en el gobierno central nicaragüense y en sus gobernantes en distintas épocas. Los intereses de la élite blanca de Nicaragua, que sostuvo el poder después de la independencia, se relacionaban más con las formas eurocéntricas de organización, que aquellas de los grupos indígenas y de afrodescendientes cuyas culturas son antagónicas, pues, como expone Quijano (2014), los privilegios de esta clase en el poder se derivan justamente de la explotación de estos pueblos.

Las concesiones de tierra otorgadas a extranjeros, por gobernantes en distintas épocas, muestra esta colonialidad del poder y división territorial del país. Podríamos ver como ejemplo como en 1975 el gobierno del presidente Somoza otorgó concesiones a diversas compañías madereras del exterior. Estas concesiones cubrían alrededor de 27 mil kilómetros cuadrados de territorios indígenas que formaban parte del Departamento de Zelaya, o bien, la antigua Moskitia (Kinloch, 2016). El 40% del total de la superficie de esta región caribeña fue otorgada a empresas extranjeras demostrando cómo los Estado-Nación modernos rearticularon el poder sobre nuevas bases coloniales e institucionales.

7. La Concesión canalera con Wan Ying y el gobierno sandinista

En el año 2007, Daniel Ortega Saavedra, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, asumió nuevamente la presidencia de Nicaragua luego de su mandato en la década de 1980. Ese mismo año, anunció el interés de Rusia en un canal interoceánico. Asimismo, durante este año se inicia un proceso de dragado para restaurar la navegación en el río San Juan (Madriz, 2010). En 2009, un funcionario del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos también anunció interés en financiar un canal en el país (El Nuevo Diario, 2009).

Finalmente, en 2012, Ortega anunció su interés en realizar una ruta interoceánica en un encuentro de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América [ALBA]. Fueron contratadas las empresas holandesas Hankoning / DHV y Ecorys, sin licitación previa, para realizar un estudio de factibilidad en una ruta a lo largo del río San Juan, con fecha de entrega al gobierno central en 2013 (El Nuevo Diario, 2012). Ortega también anuncia que las obras del canal se realizarán con el apoyo de la República Popular China, aunque en 2013 firmó una concesión con la empresa privada del empresario chino Wang Ying.

El gobierno sandinista de Daniel Ortega expresó que esta nueva propuesta de un canal interoceánico con China presentaría cambios ideológicos sustanciales, recordando que en el pasado las propuestas canaleras fueron realizadas principalmente por Estados Unidos en común acuerdo con la pequeña minoría blanca detentora del poder en Nicaragua. El sandinismo también se interesó en este megaproyecto como eje fundamental para el desarrollo económico de Nicaragua, opinión compartida por los gobiernos centrales y las élites del Pacífico en el pasado.

A través de la documentación histórica de las divisiones y diversidad cultural y territorial nicaragüense, podemos concluir que lo que se entiende por Nicaragua, a partir de la lógica discursiva del gobierno central, serían principalmente las áreas ubicadas en el Pacífico del país, es decir, el área conquistada por España. Las formas particulares de organizar la vida y el gobierno propias de los pueblos indígenas y afrodescendientes nicaragüense es radicalmente distinta a la organización del Estado-Nación. A pesar de la intención de realizar un proyecto de canal interoceánico más inclusivo, aunque preservando una vez más el dominio de una potencia extranjera sobre el territorio nicaragüense, esta propuesta también fue vista como una forma impositiva de administrar la vida tradicional de los pueblos indígenas y afrodescendientes afectados por la mega obra.

La colonialidad del poder, incluso en una tendencia de izquierda en Nicaragua, se reproduce en la medida en que se preservan las lógicas de la modernidad occidental, manteniendo su vínculo con la teoría política y económica eurocéntrica, capitalista y patriarcal. La estructura del Estado-Nación no es cuestionada, preservando así las relaciones de violencia política con sociedades indígenas y comunidades tradicionales. Esto puede ser visto en los embates entre el proyecto de canal interoceánico actual, propuesto por el gobierno de Ortega y las denuncias del Gobierno Territorial Rama y Kriol [GTRK] territorio afectado por esta nueva propuesta canalera. El GTRK emite un comunicado el 9 de Mayo de 2016 titulado: Indígenas y afrodescendientes Rama y Kriol protestan Ilegal Firma para El canal de Nicaragua. Este documento consiste en una carta escrita por el GTRK, publicada y anunciada en comunicado de prensa, donde se desmiente que las comunidades tradicionales hayan sido consultadas y hayan firmado un acuerdo que apruebe el megaproyecto en sus territorios.

En días anteriores, quien fuera el presidente del GTRK, Héctor Thomas McRea, de origen Rama, firmó la concesión de 263 km² de tierra indígena y kriol para la realización de la obra canalera. El GTRK está dividido por nueve comunidades, seis pertenecientes al pueblo indígena Rama y tres comunidades negras Kriols que conforman el Caribe Sur de Nicaragua. Las decisiones sobre cada comunidad son tomadas en grupo a partir de asambleas comunitarias como resultado de sus formas ancestrales de autogobierno. Frente a la presencia del Estado en sus territorios surge el GTRK, como una vía de comunicación que facilite los diálogos entre estas comunidades y el Estado de Nicaragua; sin embargo, estos representantes que conforman el GTRK no son necesariamente líderes de sus comunidades pues como internamente se establece en estos territorios, la autoridad máxima es la comunidad y no una persona física. La palabra líder, en este contexto, tiene un origen occidental y geográficamente localizada que pertenece al modelo eurocéntrico de administrar el poder proveniente del Pacífico de Nicaragua. La palabra líder, para los miembros del GTRK, se nombra desde el reconocimiento del gobierno central a un papel que estos representantes no cumplen de acuerdo a su cultura, pues forman parte de gobiernos comunales y dentro de sus tradiciones ancestrales necesitan realizar una rendición de cuentas a sus comunidades, por lo que no representan una autoridad máxima según las lógicas occidentales de poder. Lo que los demás miembros del GTRK reivindican en este comunicado, que contraria a quien el Estado de Nicaragua reconoce como su “presidente”, es el derecho y la reivindicación de sus gobierno autónomos apegados a su cultura y cosmovisión. Como apunta Mignolo (2008), los sistemas comunitarios son una alternativa para liberales y socialistas-comunistas, siendo ambas de origen occidental.

8. Conclusiones propositivas

En estas breves reflexiones, podemos observar una dinámica mundial que hace de la tierra una mercancía. Existe una construcción del poder y dominación social, protagonizada por las élites mundiales, que controlan hasta el día de hoy los recursos naturales y humanos del Sur Global. Para generar estas reflexiones fue necesario visualizar el Estado-Nación desde la colonialidad del poder, como un modelo occidental y eurocéntrico que reproduce la colonialidad en el Hemisferio Sur en la actualidad. Los principales actores que evidencian, a partir de sus luchas seculares por la preservación de sus culturas y formas de autogobierno esta forma de colonialidad, son los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales que desde sus discursos y prácticas colocan en evidencia este mecanismo de poder para controlar sus territorios.

El Canal Interoceánico de Nicaragua es un ejemplo de los acuerdos realizados en el mercado global de tierras entre las élites mundiales, cuyas disposiciones van en contra de los intereses de las comunidades detentoras de los territorios afectados. Las primeras consecuencias de este nuevo patrón de uso de la tierra surgido en 2006 son las expulsiones masivas de personas de sus territorios de origen y la destrucción del medio ambiente.

En el caso de Nicaragua, si el canal pudiera ser utilizado para el desarrollo económico del país, siendo este el segundo más pobre de América Latina, según Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2014), es un hecho aún desconocido. Lo que podría confirmarse son las represiones del gobierno a las comunidades directamente afectadas. Otro dato que se podría mencionar es la falta de registro de la versión de estos hechos por parte de las víctimas del capitalismo, colonialismo y patriarcado, que en el caso nicaragüense se podría ver como la ausencia, en la historia oficial del país, de afrodescendientes e indígenas donde se concentra la pobreza extrema de Nicaragua. La Costa Caribe concentra poblaciones afrodescendientes e indígenas que han estado ausentes en las narrativas históricas nacionales.

En diferentes gobiernos latinoamericanos, independientemente de la tendencia ideológica, se ha observado cómo prevalece la forma colonizada de relacionarse con el poder basada en el Estado-Nación, ya que no son contemplados en los modelos nacionales las organizaciones indígenas y tradicionales de poder. El modelo progresista latinoamericano, aun proveniente de tendencias de izquierda, ha demostrado su servicio al “desarrollo” urbano, capitalista, moderno y colonial que coloca al Estado en el centro de acción, reforzando una cultura política colonial, patriarcal y paternalista que se ha instalado en América Latina desde el período colonial. La forma de pensar la política y organización en la región, sin estar vinculada a una crítica decolonial, termina reproduciendo los sistemas de opresión que niegan la vida de miles de pueblos subyugados desde un principio que parte desde la supremacía de un raza y que puede ser observado en innumerables crímenes racista que alimentan los datos de violencia en el Abya Yala.

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Notas