1. Introducción

En 1972, dos periodistas estadounidenses visitaron Cartagena y recogieron sus impresiones en un par de artículos publicados en la prensa de su país. Allí destacaron los atractivos históricos y arquitectónicos de lo que catalogaron como un destino emergente en las costas suramericanas del mar Caribe. Ambos describieron minuciosamente el notorio contraste que existía entre las tranquilas calles de la ciudad colonial y el ruido y los colores estridentes de los alrededores del mercado público. Mientras en algunos rincones del recinto amurallado “todavía sobreviven los remanentes del mundo colonial,” en otros “la ciudad era caóticamente feliz […] En los muros derruidos de un mercado al aire libre, los vendedores ambulantes venden mangos, enormes papayas, naranjas verdes, pantalones, zapatos y todas las cosas necesarias del mundo,” comentaba uno de ellos (Sutton, 1972, p. H5. La traducción es mía). Para su compatriota, las imágenes que presenció mientras caminaba por las galerías del mercado resultaron más bien perturbadoras: “uno debe pasar saliva con horror al ver a los niños desnudos bañándose en el mismo recipiente de agua donde sus padres recién habían limpiado la pesca del día” (Hendrickson, 1972, p. F1. La traducción es mía).

Para las autoridades locales no era un secreto que el mercado público —ubicado en las afueras del barrio Getsemaní, pero dentro del perímetro de la ciudad amurallada— rompía con la estética característica del centro histórico. En 1965, se ordenó su reubicación en el contexto de los proyectos de remodelación urbana pensados para convertir a Cartagena en un destino turístico internacional. Sin embargo, lo que para algunos era uno de los obstáculos más formidables para el porvenir de la ciudad —además de uno de los símbolos del deterioro material del recinto amurallado—, para otros, como los vendedores de la plaza y los habitantes del barrio, era un espacio vital. El desencuentro entre ambas posturas dilató el traslado del mercado por más de una década. Su presencia, a su vez, dilató la patrimonialización de Getsemaní, mientras el resto del centro amurallado era restaurado con el auxilio de recursos dispuestos por el gobierno nacional.

Este artículo analiza de qué manera se incorporó a Getsemaní dentro de las políticas de patrimonialización para el centro histórico de Cartagena entre 1978 y 1984. Este periodo estuvo marcado por la inversión de enormes capitales por parte del gobierno nacional para la restauración de la arquitectura civil, militar y religiosa de la ciudad amurallada. Sin embargo, estos esfuerzos se concentraron en algunos barrios, (como San Diego, la Catedral, la Merced y Santa Catalina), mientras Getsemaní, a pesar de estar ubicada dentro del perímetro, quedó al margen, en buena medida, por la presencia del mercado que solo sería reubicado hasta 1978. De ahí en adelante, se proyectó la incorporación de Getsemaní dentro del circuito turístico de Cartagena a través de un proceso que integraba el modelo tradicional de patrimonialización, que consistía en la restauración y preservación de los valores arquitectónicos coloniales, y un modelo de renovación urbana que estableció normas flexibles para facilitar la construcción de edificaciones modernas dentro del entorno. Las autoridades locales consideraban que dado el estado de deterioro que reinaba en Getsemaní era inviable imponer un modelo de patrimonialización rígido que no permitiera activar las capacidades económicas y urbanísticas del sector.

La articulación entre patrimonialización y renovación urbana parece contradictoria. Mientras la primera buscaba restaurar y preservar elementos del pasado colonial, la última promovía la transformación de usos y valores arquitectónicos, en aras de garantizar el aprovechamiento económico de la zona. Aunque aparentemente contradictorias, ambas tenían el mismo fin: convertir a Getsemaní en un objeto de consumo turístico. Esta máxima orientó la política urbana de Cartagena desde mediados del siglo XX y condicionó la intervención en el centro histórico, anteponiendo, muchas veces, los intereses económicos a los criterios estéticos, históricos o arquitectónicos. Este fenómeno no era exclusivo de Cartagena. Desde los años 60, a lo largo del mundo, surgieron nuevos paradigmas de intervención urbana enunciados como renovación, revitalización, rehabilitación, recualificación o refuncionalización, que, a pesar de sus diferencias, convergían en el propósito común de revalorizar áreas urbanas atendiendo a políticas trazadas por el Estado, y a veces, sujetas a disposiciones del capital financiero internacional (Costa, 2021). La convergencia entre patrimonialización y renovación urbana no resulta tan contradictoria, entonces. Después de todo, la patrimonialización, entendida como discurso y práctica (Smith, 2006), era maleable y fue administrada en función de la política económica trazada por el gobierno nacional y local.

Aunque celebrado por muchos, este modelo mixto de patrimonialización y renovación urbana fue objeto de críticas por parte de los habitantes del barrio y de los gestores del patrimonio arquitectónico colonial, quienes diferían en cuanto al método y los objetivos trazados por las autoridades. En la producción y reproducción de los centros históricos, distintos sujetos patrimoniales exponen visiones divergentes sobre los usos del espacio urbano (Carrión, 2000). A través de estas se expresan discursos sobre el patrimonio, la memoria, la identidad colectiva y la función social de la ciudad. El centro histórico se convierte, entonces, en un espacio de contestación entre visiones hegemónicas y subalternas (Sarmiento, 2016). Esto se hace evidente sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX cuando la ciudad, en palabras de Henri Lefebvre, se convirtió en un “objeto de consumo cultural para turistas y para el esteticismo, ávidos de espectáculos y de lo pintoresco” (1978, p.125), perdiendo progresivamente su carácter como un espacio para el encuentro ciudadano y el ejercicio de derechos. La experiencia de Getsemaní revela, precisamente, el choque entre visiones encontradas sobre la función social del espacio: mientras el gobierno municipal y nacional anhelaban convertir al barrio en un objeto de consumo en clave de turismo patrimonial y de eventos, otros aspiraban a preservarlo como un espacio para el ejercicio de derechos ciudadanos y/o dispuesto para la significación de una memoria local anclada en el pasado colonial.

Este artículo hace parte de una investigación más amplia sobre las políticas espaciales del desarrollo turístico en Cartagena durante la segunda mitad del siglo XX, que aborda los conflictos derivados del proceso y el afianzamiento de una geografía racializada en la ciudad. Esta investigación, de tipo cualitativa, se basa en fuentes documentales de archivos de Colombia y Estados Unidos, incluyendo artículos de prensa, planes de remodelación urbana, fotografías, mapas, códigos de zonificación y registros de historia oral.

Iniciaremos analizando el estado de Getsemaní desde mediados del siglo XX. A pesar de ser uno de los barrios fundacionales de Cartagena, y de encontrarse situado al interior del perímetro amurallado, era concebido como un lugar marginal y periférico, lo cual se tradujo en políticas que dilataron su patrimonialización y agravaron sus condiciones materiales. Con la remoción del mercado público en 1978, surgieron propuestas en torno al futuro del barrio, las cuales se centraron en su aprovechamiento económico para bien del desarrollo turístico. Examinaremos la articulación de los discursos y prácticas de patrimonialización y renovación urbana y sus efectos inmediatos sobre Getsemaní. Finalmente, abordaremos las visiones en torno al proyecto y cómo estas exhiben debates en torno a la función social del espacio urbano.

Figura 1
Centro histórico de Cartagena (1964)
Archivo General de la Nación (Sección Mapas y Planos, CO.AGN.SMP.3, REF.16).

Fuente: Archivo General de la Nación (Sección Mapas y Planos, CO.AGN.SMP.3, REF.16).

2. Getsemaní: la periferia en el centro

Getsemaní surgió como un arrabal en el siglo XVI. Durante la época colonial albergó a una población diversa de negros y mulatos libres, judíos, blancos pobres, comerciantes y artesanos. Con los años, y por razones de seguridad, fue incluido dentro del recinto amurallado (Posso, 2015). Sin embargo, Getsemaní siguió siendo percibido como un barrio popular, multirracial y periférico a lo largo de la colonia y la república. La presencia del mercado público, construido en 1904, alimentó aquella percepción. El edificio de estilo neoclásico, y que había sido un ícono de la modernización urbana de inicios de siglo, se vio deteriorado con los años, más aún, después de que dos explosiones e incendios ocurridos en 1962 y 1965 destruyeran partes de la estructura, no sin antes cobrar la vida de decenas de personas. El mercado, por demás, había sobrepasado su capacidad y los puestos de venta se habían desbordado sobre las calles vecinas. Algunos comparaban sus alrededores con los asentamientos informales que se habían apoderado de las “zonas periféricas [y que] han invadido, con ímpetu incontenible, las propias entrañas de nuestra ciudad” (El Universal, 1977a, p. 2). (figura 2).

Estos discursos movilizados para impulsar la remoción del mercado público alimentaron la percepción de Getsemaní como un sitio periférico. Las autoridades locales, por acción u omisión, también incurrieron en acciones que agravaron aún más la situación del sector. En 1973, la Alcaldía ordenó la eliminación de una zona de tolerancia ubicada en el oriente de la ciudad. Los establecimientos se ubicaron en una de las calles próximas al mercado, sin que las autoridades pudieran evitarlo. Para sus habitantes, la trasferencia espontanea de la zona de tolerancia generó el incremento de la criminalidad en el barrio (Arteaga & Soler, 1988). Por otra parte, la patrimonialización del resto de la ciudad amurallada tuvo efectos colaterales en Getsemaní. En marzo de 1976, la Alcaldía ordenó que los vendedores ambulantes y estacionarios del sector fueran reinstalados temporalmente en el Parque Centenario, ubicado al frente del mercado público (El Universal, 1976b, p. 1, 12). Unos años después, los vendedores seguían laborando en el parque, lo que, a consideración de algunos, lo había convertido en tugurio, reiterando el discurso que asociaba a Getsemaní y sus alrededores con los asentamientos informales de la periferia (El Universal, 1977b, p. 2).

La reubicación de los vendedores ambulantes y estacionarios de la ciudad amurallada en el entorno de Getsemaní evidencia que la patrimonialización del primero ocurrió a expensas del último. Getsemaní era todavía un espacio marginal y periférico y el restablecimiento de sus calidades arquitectónicas no era considerado una prioridad. Como sostienen Smith (2006) y García-Canclini (1999), los grupos hegemónicos, incluidos el Estado y los capitales privados, suelen desestimar el patrimonio histórico producido por los sectores populares para centrar sus esfuerzos en la preservación de aquel que es considerado más valioso y representativo. Ninguno de los planes de restauración ejecutados entre la década de los 60 y 70 incluyeron a Getsemaní, cuya intervención quedó supeditada a la remoción del mercado público. Un estudio sobre el estado de los inmuebles del sector realizado en 1973 reveló la enorme tarea que las autoridades tenían por delante. El 58,5% de las edificaciones estaban en regular o mal estado, siendo la mayoría de ellas, edificaciones coloniales. Las que estaban en buenas condiciones habían sido drásticamente modificadas, sobre todo a partir de la introducción de elementos neo-clásicos y contemporáneos (Cahn-Speyer, Camacho & Bustamante, 1973). En total, 67% de los inmuebles correspondían a construcciones modernas o a casas coloniales remodeladas. Algunas de estas habían sido subdivididas y convertidas en viviendas multifamiliares. El barrio registraba una multiplicidad de usos. El uso residencial de los inmuebles primaba, representando un 63% del total, mientras el comercio representaba un 15,9%, y las escuelas, bodegas y talleres el 10,8%. El resto de las edificaciones tenían usos mixtos. De acuerdo a los autores del estudio, la “excesiva intensidad de su utilización en ciertos usos ha llegado a producir un deterioro físico que convierte esta diversidad en contraproducente.” (Cahn-Speyer, et al, 1973, p. 5). A su consideración, dado el extensivo deterioro y la avanzada remodelación de los inmuebles, solo un 57% de los mismos tenían algún valor arquitectónico con potencial de restauración.

A pesar de este diagnóstico y de la percepción de Getsemaní como una periferia instalada en el centro de la ciudad, sus vecinos tenían una visión menos negativa del barrio. En su mayoría, apreciaban positivamente la proximidad con el mercado público y las instituciones ubicadas en el resto del recinto amurallado. Getsemaní contaba con escuelas, teatros y centros de salud, y a diferencia de la mayoría de los barrios populares de la ciudad, contaba con la totalidad de los servicios públicos. Y aunque la mayoría aspiraba a vivir en sectores modernos con edificaciones amplias y ventiladas, un 42,5% de sus vecinos consideraban la centralidad de Getsemaní como un incentivo para quedarse. Cuando se les preguntó por su opinión con respecto al eventual retiro del mercado, la mayoría de los encuestados (128 entre 168) se negaron a responder. Entre aquellos que sí respondieron, el 69,9% decía oponerse (Cahn-Speyer, et al, 1973).

Figura 2
Mercado de Getsemaní (1978)
Antonio Lemaitre (Fototeca Histórica de Cartagena).

Fuente: Antonio Lemaitre (Fototeca Histórica de Cartagena).

La percepción de muchos de los vecinos de Getsemaní sobre su barrio difería de aquella de las autoridades en Cartagena. Mientras los primeros lo concebían como funcional y central, los últimos lo veían como un sector marginal y deteriorado que requería de una intervención estructural. Esta visión, que privilegió la transformación de Getsemaní en un objeto de consumo turístico, orientó la política hacia el sector tras la salida del mercado público en 1978 (figura 3).

3. El futuro de Getsemaní

En 1965, el Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Cartagena ordenó remover el mercado público y reubicarlo en una zona intermedia de la ciudad, a varios kilómetros al sur del recinto amurallado. El plan consideraba que la presencia del mercado había contribuido al deterioro material del patrimonio histórico de Getsemaní y que su remoción era indispensable para restablecer los valores arquitectónicos del centro histórico (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1965). Sin embargo, y a pesar de que la edificación del nuevo mercado estaba prácticamente lista desde inicios de los 70, la reubicación no se había hecho realidad, en parte, debido a la reticencia de los vendedores de la plaza, quienes invocaban sus derechos ciudadanos para permanecer en Getsemaní hasta que se negociaran los términos del traslado.i La Unión de Pequeños Comerciantes (El Universal, 1978a), que representaba a cientos de vendedores ambulantes y estacionarios, sostenía que la Alcaldía intentaba “clausurar todas las actividades comerciales que han venido prestando función social en aquel mercado”, atentando en “contra la libertad del trabajo.” (p. 5). Años atrás, los vendedores ambulantes ya habían denunciado la violación de “los derechos ciudadanos más elementales como el de trabajar libremente […] so pretexto de dar una imagen turística a Cartagena, a costa del sacrificio de la vida y honra de nuestros desposeídos hogares” (El Universal, 1976c, p. 3). En una reunión entre el sindicato de vendedores ambulantes y la Alcaldía, los primeros llamaron la atención en ese mismo sentido:

"En realidad, hay que reconocer que desde hace mucho tiempo se viene hablando del ‘problema’ de las ventas ambulantes, que son un estorbo para el turismo y para el tránsito urbano, para la buena presentación de Cartagena como centro turístico internacional, pero es poco lo que han hecho nuestras autoridades municipales y los señores ediles por reglamentar un oficio que encierra la solución de un problema social y económico para muchas familias carentes de recursos" (El Universal, 1976a, p. 6).

Figura 3
Panorámica de Getsemaní y el centro histórico (1965)
EGAR – Fototeca Histórica de Cartagena.

A través de estas denuncias, los vendedores ambulantes y estacionarios reivindicaron la función social del espacio urbano en contraposición a los esfuerzos del gobierno municipal para reconfigurarlos como espacios de ocio para los turistas.

En 1977, José Henrique Rizo Pombo, un ingeniero civil con amplia experiencia en el sector público, asumió la Alcaldía de Cartagena. Él estableció como una de sus prioridades la pronta reubicación del mercado. Rizo, que era consciente de las influencias que tenían las organizaciones de los vendedores entre los círculos políticos locales, ordenó llevar a cabo la reubicación en las primeras semanas de 1978, antes de las elecciones al Concejo de la ciudad (Rizo, 2012). Tras una apresurada negociación, ambas partes llegaron a un acuerdo que permitió comenzar la reubicación.

Luego de eliminar lo que algunos consideraban como el obstáculo más formidable para la patrimonialización de Getsemaní y su futura incorporación al entorno turístico del centro histórico, quedaba la pregunta sobre el destino del espacio otrora ocupado por el mercado. Los habitantes del barrio tenían sus propias expectativas. De acuerdo a una encuesta realizada en 1973, los vecinos estaban divididos frente a la opción de construir parques, escuelas, supermercados, avenidas o vivienda de altura. Solo un 13% de los encuestados creía que debía ser dispuesto para fines turísticos. Los vecinos eran reacios a la incursión del turismo en el área. Cuando fueron cuestionados sobre la posibilidad de brindar hospedaje a turistas, un 73,9% dijo que no (Cahn-Speyer, et al, 1973). Los residentes consideraban, en su mayoría, que el espacio recuperado debía servir para beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, las autoridades locales tenían otros planes en mente. El alcalde Rizo, a sabiendas de que el Banco Interamericano de Desarrollo había financiado la construcción de un centro de convenciones y la restauración del centro histórico de la Ciudad de Panamá, se aproximó a varias entidades públicas y privadas para elaborar una propuesta en el mismo sentido. El presidente Alfonso López Michelsen respaldó la iniciativa y aprobó el decreto 1743 de 1977. Este autorizó la conformación de una asociación entre entidades públicas y privadas para emprender “diversas obras urbanísticas y arquitectónicas para contribuir a la remodelación del sector del barrio Getsemaní.” Sin embargo, la “remodelación,” tal como aparecía expuesta, solo se limitaba a la construcción de una “sala para convenciones nacionales e internacionales, una sala de exposiciones para productos de exportación y otras de carácter turístico.” (Diario Oficial, 1977). Desde sus inicios, la iniciativa demostró tener un carácter estrictamente turístico sin advertir ningún interés por intervenir otros ámbitos de la vida del barrio, ni tampoco atender a las consideraciones de los habitantes.

La iniciativa generó malestar, inclusive, entre quienes defendían la transformación de la ciudad amurallada en un objeto de consumo turístico y cultural. Aunque defendían el mismo fin, tenían nociones divergentes con respecto a los medios. Algunos sujetos patrimoniales, representados en organismos que defendían una postura más conservadora de la patrimonialización y que anhelaban recrear elementos de la arquitectura colonial hispánica, consideraban que el centro de convenciones era “anti-urbanístico y anti-estético” ya que distorsionaba el “área que realza el hermoso marco de la ciudad amurallada." (García, 1978, p. 1). Pero el alcalde Rizo estaba menos interesado en el rescate de los elementos del pasado que en el porvenir de la ciudad. Aunque creía que la nueva edificación no debía desentonar con la estética del centro histórico, también consideraba que debía ser “un testimonio de los cartageneros del siglo XX” (Rizo, 2012, p. 84). En un concurso celebrado en 1978, se escogió el diseño del arquitecto modernista Germán Samper para la construcción del centro de convenciones. Su elevación, previa demolición del mercado público de estilo neo-clásico, significó una ruptura en la experiencia local de patrimonialización. El Plan de Desarrollo Urbano de 1978 fue el marco normativo para impulsar este nuevo modelo mixto de patrimonialización y renovación urbana.

4. El Plan de 1978 y la renovación urbana de Getsemaní

El Plan Piloto de Desarrollo Municipal de 1965 quedó obsoleto para finales de los años 70 y tampoco ofrecía pautas que se correspondieran con los planes que las autoridades locales tenían para Getsemaní. Por lo tanto, el alcalde Rizo decidió elaborar un nuevo documento de planeación urbana y para tal fin convocó a distintas instituciones para su diseño, incluyendo a la Corporación Nacional de Turismo, el Instituto de Crédito Territorial, el Departamento Nacional de Planeación y los gremios de industriales, hoteleros, comerciantes y constructores (Alcaldía Mayor de Cartagena, 1978). Los actores provenientes del sector turístico incidieron enormemente en la producción de Plan de 1978. No sorprende, entonces, que este trazara como uno de sus objetivos fundamentales modelar el espacio urbano para satisfacer las necesidades de los turistas:

“Cartagena, con vocación turística debe prepararse para núcleo receptor de las grandes corrientes turísticas y su imagen que está dada por su patrimonio cultural y religioso, su folklore y sus bellezas naturales, deberá ser celosamente cuidada y engrandecida” […]

“Ante las perspectivas descritas se nos presentan los siguientes interrogantes: ¿dónde ubicar la población a 1990, residente y turista? ¿Cómo prestarle adecuados servicios? ¿cómo proporcionar trabajo adecuado y correctamente ubicado? ¿cómo mejorar las zonas marginales e incorporarlas a la ciudad? ...” (Alcaldía Mayor de Cartagena, 1978, p. 133-134).

Desde la segunda mitad del siglo XX, la política turística orientó la política urbana de Cartagena (Cunin, 2003). En lo que concierne al centro histórico, el Plan de 1978 propuso un modelo de descentralización que permitiera trasladar algunas actividades económicas e institucionales hasta puntos intermedios más próximos a los nuevos frentes de crecimiento urbano con el ánimo de liberar al centro histórico de sus funciones, creando una división entre los ámbitos del trabajo y el ocio. Asimismo, pretendía restringir o eliminar usos del suelo que no fueran compatibles con las calidades estéticas o arquitectónicas del área. El nuevo código de zonificación prohibió, por ejemplo, la construcción de bodegas y dispuso el retiro de algunas fábricas y laboratorios que aún estaban en el sector. Igualmente, quiso desincentivar el uso de edificios históricos con fines institucionales por considerarlo “inadecuado, antifuncional o vandálico.” (Alcaldía Mayor de Cartagena, 1978, p. 153). Para el Plan, en el centro histórico se debían privilegiar los usos turísticos mediante el establecimiento de hoteles y de comercio.

El Plan de 1978 recogió las recomendaciones hechas por un estudio de remodelación urbana que la Universidad de los Andes había adelantado en 1966. El arquitecto Germán Téllez, que había dirigido la investigación, actuó como representante de la Corporación Nacional de Turismo en la elaboración del Plan. Téllez era particularmente crítico sobre la concentración de usos institucionales en la ciudad amurallada y proponía, en su reemplazo, transformar el sector en un núcleo de turismo patrimonial (Angulo, Moure, Salazar & Téllez, 1979). En 1979, la oficina local del Consejo de Monumentos Nacionales adoptó el estudio para su implementación. Téllez confirmó que “la reglamentación que contiene el Documento, no es estricta; permite cierto grado de elasticidad para proyectos de renovación urbana.” (Consejo de Monumentos Nacionales, 1979, p. 3). Él proponía una visión pragmática de la patrimonialización que reconociera las consecuencias de la evolución natural de la ciudad, evitando así la imitación estricta de la estética colonial: “así como respetamos el patrimonio del siglo XIX y XX debemos entender que nuestra propuesta contemporánea debe dejar su huella en la ciudad con su propio lenguaje respetuoso contextualmente del entorno existente pero jamás negándose a expresar la cultura de nuestro tiempo," comentaba Téllez(Gutiérrez, 2013, p. 321). Para él, los elementos contemporáneos debían permitirse siempre y cuando no afectaran dramáticamente la estética predominante del entorno.

Cuando uno de los miembros del Consejo, el historiador Eduardo Lemaitre, criticó la postura de Téllez argumentando que los arquitectos introducirían todo tipo de elementos de manera arbitraria, este comentó que “no se trata de soltar las riendas tranquilamente", sino de que el arquitecto pudiera pensar en "un lenguaje y que acepte la responsabilidad de la continuidad histórica de una ciudad sumamente compleja, a la que no puede contestar con cualquier simplicidad." (Consejo de Monumentos Nacionales, 1979, p. 4). Téllez parecía estar en desacuerdo con el modelo tradicional de patrimonialización impulsado durante los años 60 en el resto del centro histórico.

Para historiadores como Eduardo Lemaitre, la incorporación de un discurso de renovación urbana no era un tema menor. Para él, que había sido alcalde y concejal de la ciudad en repetidas ocasiones, el rescate del centro histórico no solo tenía fines económicos, sino que encarnaba un proyecto de identidad colectiva fundamentado en el rescate de elementos del pasado hispánico. Desde instituciones como la Academia de Historia de Cartagena y la Sociedad de Mejoras Públicas, un organismo privado que tenía a su cargo la restauración y el cuidado de bienes patrimoniales, estos intelectuales locales orientaron los inicios de la patrimonialización del centro histórico privilegiando la imitación explicita de las estéticas arquitectónicas coloniales y la eliminación de cualquier elemento contemporáneo superpuesto sobre las construcciones coloniales (Deavila, 2019). En el fondo, se trataba de convertir a Cartagena en un nodo transmisor de la herencia cultural española en las Américas, una labor que ya venían impulsando desde los años 40 a través del arte y la literatura (Ramírez, 2015).

Aunque estos sujetos patrimoniales habían demostrado estar en sintonía con los planes para convertir a la ciudad en un destino turístico internacional, estaban en desacuerdo con hacerlo a costa del proyecto de identidad colectiva que habían cultivado por décadas. Para ellos, el centro histórico era un dispositivo fundamental para la materialización de su visión sobre la ciudad y cualquier intervención comprometía su agenda. Por tal motivo, algunos se movilizaron en contra de la construcción del centro de convenciones. ii En 1978, el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, públicamente manifestó que con su construcción se había:

“incurrido en fallas elementales de apreciación arquitectónica […] Lo que está planteado es que el edificio quedaría en un lugar más inconveniente porque reemplazaría a parte del viejo cascarón del mercado central con la siguiente eliminación de ángulos visuales maravillosos que además cierran toda posibilidad de desarrollar un pulmón vegetal y recreativo que tanto estamos necesitando." (El Universal, 1978b, p. 1)

En diciembre de 1978, un grupo de políticos, arquitectos e intelectuales, y que se definían a sí mismos como “defensores del patrimonio arquitectónico de Cartagena”, intentaron reunirse con el presidente Julio Cesar Turbay para expresar su preocupación sobre las características del proyecto. Para ellos, lo más lógico era construir en el lote "una gran zona recreativa y arborizada que pueda resaltar la belleza de las visuales de la bahía de las Animas, la iglesia de la Tercera Orden y en general del marco de murallas y monumentos históricos de las inmediaciones" (El Universal, 1978c, p. 3).

A pesar de sus conexiones políticas, este sector no logró neutralizar la propuesta impulsada por la administración local. Las autoridades del momento, convertidas en sujetos patrimoniales hegemónicos, lograron impulsar el Plan de 1978 que finalmente estableció que Getsemaní se convirtiera en una zona de renovación urbana permitiendo así una normativa más flexible en relación al patrimonio arquitectónico. Y aunque tenía previsto restaurar los lienzos de murallas y los baluartes que rodeaban el barrio, no proponía recrear un paisaje colonial con la misma rigurosidad que se aplicó en el resto de la ciudad amurallada. El Plan de 1978 argumentaba que Getsemaní estaba tan deteriorado que necesitaba una intervención diferente a la propuesta por la patrimonialización tradicional. En este caso, la renovación urbana era indispensable para no prevenir:

“la muerte de una zona urbana […] La noción actual de renovación urbana admite y propugna la inclusión de construcciones nuevas capaces de traer nueva vida y de mejoramiento económico en sectores previamente declarados como de interés histórico.” (Alcaldía Mayor de Cartagena, 1978, p. 156).

El Plan de 1978 no pretendía restablecer las calidades arquitectónicas coloniales, sino transformar el sector con fines prácticos y que respondieran a las necesidades presentes de la ciudad. Y aunque el Plan no tenía dentro su potestad diseñar un proyecto de renovación urbana, sí dejó entrever cuales eran las aspiraciones de la ciudad al respecto. El desarrollo turístico era claramente el móvil de la propuesta:

“El proyecto de restauración del área del Getsemaní, en el sector amurallado es el proyecto de mayor envergadura, desde el punto de vista turístico que la ciudad tiene en sus manos. En el sitio en donde por docenas de años funcionaba el Mercado Central de la ciudad, hoy afortunadamente trasladado a nuevas instalaciones en otra parte de la misma, se proyecta la conformación de un Conjunto Urbanístico Arquitectónico constituido por amplios espacios libres, una Marina internacional, la restauración de las viejas edificaciones del sector, la reconstrucción con testigos de un manto de la Muralla destruido y de los baluartes que existieron en el área y la construcción de un gran Palacio de Convenciones y Exposiciones. Este ambicioso proyecto, tendrá por objetivo, además de recuperar una vieja zona de la ciudad que se encontraba en proceso constante de deterioro, el de continuar ofreciendo elemento de atracción turística de Cartagena para que esta dinámica que se considera positiva para la ciudad, mantenga su tendencia creciente.” (Alcaldía Mayor de Cartagena, 1978, p. 80).

El Plan de 1978 creó el marco legal para la construcción del centro de convenciones y de cualquier edificación, siempre y cuando no sobrepasara la altura de las edificaciones vecinas. No estableció restricciones sobre el estilo o la estética de las mismas. En el caso de las modificaciones a edificios de interés histórico, el Plan estableció que estas quedarían sujetas a la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Esta aproximación tan pragmática al concepto de patrimonialización se justificó a partir de las transformaciones ya experimentadas por el sector:

“Ninguna propuesta reglamentaria que se haga ahora podrá borrar del contexto urbano de la ciudad determinadas componentes cuya ausencia haría a aquel idealmente más grato, más perfecto, o más funcional. La historia urbana no es nunca un relato compuesto exclusivamente por episodios ideológicamente agradables. Lo que se trata es de limitar al máximo el margen de error presumible en el futuro desarrollo de la Zona Histórica.” (Alcaldía Mayor de Cartagena, 1978, p. 157).

Al comentar que “la historia urbana no es nunca un relato compuesto exclusivamente por episodios ideológicamente agradables,” aludía a lo irreversible de los cambios ya experimentados por Getsemaní. Mientras los discursos y prácticas de patrimonialización que había regido en la ciudad estaban apuntalados por una visión que deseaba restablecer las estéticas propias de un pasado colonial, en sintonía con los proyectos de identidad colectiva defendidos por un sector más tradicionalista dentro de la élite local, para el caso de Getsemaní se impuso una visión de futuro más preocupada por el porvenir del barrio como nuevo frente de desarrollo turístico.

Sin embargo, el Plan no aportó mayores luces sobre las especificidades de la renovación urbana de Getsemaní y solo centró sus esfuerzos en crear el marco legal que permitiera la construcción del centro de convenciones. Para sus promotores, este podía contribuir positivamente a la recuperación de Getsemaní y a su incorporación dentro del ámbito turístico de la ciudad. Sin embargo, las consecuencias del plan de renovación urbana dieron lugar a cuestionamientos por parte de arquitectos y habitantes del barrio.

5. La renovación urbana a debate

El centro de convenciones fue inaugurado en 1982 (figura 4). El diseño de Germán Samper adoptó las recomendaciones hechas por el alcalde Rizo y lo trazado por el Plan de 1978. A pesar del volumen, el edificio no sobrepasó la altura de las edificaciones vecinas y mantuvo una terraza amplia que permitió una visual desde las calles de Getsemaní hacia el resto de la ciudad amurallada. Así mismo, el diseño, caracterizado por los ángulos rectos, las grandes superficies cerradas, la preponderancia de las líneas horizontales y la presencia de una galería abierta, era relativamente sobrio para ser una construcción modernista (Goossens, Londoño, Ulloa & Uribe, 2015). Con los años, el centro de convenciones se convirtió en un ícono de Cartagena y las críticas comenzaron a disiparse. Sin embargo, no todos parecían estar a gusto con las consecuencias de plan de renovación urbana que lo hizo posible. En 1987, dos estudiantes de la escuela de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena presentaron una tesis de grado sobre los cambios sociales propiciados por la remoción del mercado público. Ambas vivían en Getsemaní y estaban involucradas en proyectos comunitarios y culturales.

Figura 4
Centro de convenciones (1990)
Fototeca Histórica de Cartagena

Su trabajo sostenía que, desde la remoción del mercado, el barrio atravesaba por un deterioro progresivo de su estructura social, representado en el aumento de la delincuencia, desempleo, drogadicción, prostitución y la transformación de Getsemaní en un barrio de arrendatarios, debido al retiro de los propietarios, quienes solo comprendían el 29.6% de los habitantes (Mercado y Luna, 1987). Por otro lado, se potenciaron los usos comerciales en desmedro del uso residencial, un problema que ya otros investigadores habían advertido en 1973 (Cahn-Speyer, et al, 1973). De las 1046 propiedades del barrio, 332 tenían uso comercial. De estas, un 66.6% habían estado ubicadas en otro lugar de Getsemaní antes de establecerse en su lugar actual. Esto sugiere que estos negocios pudieron estar en el interior o el perímetro del mercado y que, tras su reubicación, se establecieron en otro sitio del barrio. De hecho, 91% de las viviendas utilizadas con fines comerciales, habían sido de uso exclusivamente residencial unos años antes (Mercado y Luna, 1987).

Esta es una relación de los efectos inmediatos de la puesta en marcha del proyecto de renovación urbana concebido por el Plan de 1978. Para las autoras de la tesis, estos eventos habían alterado el balance social y cultural del sector, sobre todo, a raíz de la remoción del mercado público. Aunque este fuera concebido por las autoridades como el germen del deterioro material del barrio, para sus habitantes era el núcleo de instituciones sociales y económicas que prestaban sus servicios a la comunidad:

“… la cantidad de instituciones existentes [iglesias, sindicatos, entidades sociales] en el barrio está relacionada con la construcción del mercado público en el sector de Getsemaní, esto trajo consigo la concentración de funciones sociales alrededor del mismo y el barrio se constituyó en centro de contactos humanos de administración y consumo, así como también en lugar de intercambio cultural y comercial.” (Mercado y Luna, 1987, p. 64).

De acuerdo a sus hallazgos, la remoción del mercado público había agravado el deterioro del patrimonio arquitectónico de Getsemaní, dado que los nuevos establecimientos comerciales ubicados en el barrio modificaban las propiedades a su antojo, mientras los propietarios subdividían los inmuebles para incrementar sus ganancias (Mercado y Luna, 1987). De hecho, hasta 1984, y a pesar de lo dispuesto por el Plan de 1978, todavía no había una regulación clara sobre los límites para las construcciones y remodelaciones en la zona (Consejo de Monumentos Nacionales, 1984).iii Lo cierto es que la patrimonialización de Getsemaní y la puesta en marcha del proyecto de renovación urbana solo se limitó a la remoción del mercado público y a la construcción del centro de convenciones.

El proyecto limitó aún más la integración de los habitantes de Getsemaní a su entorno inmediato. Tras el establecimiento del centro de convenciones, los vecinos perdieron el único acceso que tenían a la Bahía de las Ánimas, quedando encerrados entre los muros coloniales. Aunque los diseños originales de Samper habían incluido una zona verde con árboles, bancas, faroles y fuentes sobre la orilla de la bahía, esta opción fue desestimada por los gestores del proyecto que insistían en la construcción de un parqueadero (Consejo de Monumentos Nacionales, 1981a). iv Asimismo, descartaron la construcción de un museo también propuesto por Samper (Goossens et al., 2015). Los promotores del centro de convenciones privilegiaron los elementos que pudieran maximizar el aprovechamiento económico de las instalaciones, desestimando cualquier posibilidad de uso ciudadano v.

Este tipo de decisiones parecen confirmar lo sugerido por Mónica Villalobos (1987), una estudiante de arquitectura de la Universidad de los Andes, quien afirmó que el proyecto de renovación urbana de Getsemaní:

“No tiene en cuenta la actividad social que caracterizaba aquel espacio, negándole a él. No aporta ningún beneficio a los habitantes del barrio, dado que no son ellos exactamente los usuarios a los que va dirigido el proyecto, y por otro lado, no contribuye a generar fuentes de subsistencia. En este momento no es más que un obstáculo que interrumpe la actividad del sector.

Getsemaní no encuentra ningún desahogo; perdió la actividad comercial que se desprendía del mercado y se internaba en el barrio, acelerando su proceso de deterioro.” (p. 2-3).

Contrario a los propósitos trazados por el Plan de 1978, el proyecto de renovación urbana había acentuado la condición periférica de Getsemaní dificultando aún más su incorporación al circuito turístico del resto de la ciudad amurallada. Del mismo modo, sus habitantes perdieron acceso a los usos institucionales que antes orbitaban alrededor del mercado público.

Uno de los críticos más acérrimos fue el arquitecto argentino Ramón Gutiérrez (2013), quien visitó la ciudad en 1986 para evaluar el plan de manejo patrimonial que las autoridades locales habían presentado a la UNESCO dos años después de su declaratoria como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Para él, la propuesta para Getsemaní era “ambigua, pues se habla de ‘restauración’ y no de ‘renovación’ pero a la vez se produce un cambio notable por su impacto urbano." (p. 314). En su concepto, la construcción posterior de un centro comercial en el área, había acentuado los impactos produciendo “el desalojo de la población de escasos recursos y su reemplazo por el comercio de interés turístico.” (Gutiérrez, 2013, p. 315). Para Gutiérrez (2013), esto no era un efecto colateral del proyecto de renovación urbana, sino que fue premeditado. En conversación con las autoridades locales, estas comentaron que el centro comercial sería: “la salvación”, pues suponía "sacar la gente de allí y traer otra gente que pueda recuperar la ciudad […] Mucha gente tendrá que salir y los colombianos podrán adquirir esas casas integrándose al desarrollo de Cartagena." (p. 315).

Lo cierto es que la remoción del mercado tenía dentro de sus objetivos el desplazamiento de algunos habitantes del sector. En alusión a la avenida del Arsenal, próxima al mercado y en donde había surgido un asentamiento informal, una nota de un diario local afirmaba: “Hay un estado de hacinamiento y promiscuidad increíble de familias enteras que tienen allí sus negocios y viviendas. Ha sido una situación tolerada y consentida que por fortuna está para terminar una vez se proceda a la erradicación del mercado público.” (El Universal, 1977c, p. 2). En la víspera del traslado, otra nota presagiaba el impacto del proyecto: “Con el mercado de Getsemaní desaparece uno de los riñones de Cartagena […] Se quiebra un cinturón de miseria. Se elimina un odioso régimen de privilegiados. Se extirpa un tumor aterrador. Y se tuerce el pescuezo al pistilo de la prostitución.” (Pernett, 1978, p. 9).

Según Gutiérrez (2013), las autoridades de Cartagena no concebían la zona histórica como “un hecho cultural” y no hicieron mayores esfuerzos para preservar el capital humano que le daba dicho carácter. Por el contrario, al desincentivar los usos residenciales, podían convertir a Getsemaní en “centros terciarios o comerciales para turistas y oficinistas que los convierten en epicentros de actividades burocráticas, vivos durante las horas de oficina y fatalmente muertos — porque allí no vive nadie — durante el resto del día." (p. 322).

A pesar de su excepcionalidad, el proyecto de patrimonialización de Getsemaní, que incorporaba una propuesta de renovación urbana y reactivación económica, reiteraba los principios que ya habían orientado experiencias previas en Cartagena que habían propiciado el desplazamiento de usos institucionales y residenciales de las centralidades urbanas con el ánimo de crear condiciones propicias para el desarrollo turístico de la ciudad, a expensas de la función social del espacio.

6. Conclusión

El centro de convenciones fue inaugurado en 1982, a tiempo para recibir el Encuentro Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Este sería el primero de una serie de eventos de talla internacional que convertiría a Cartagena en uno de los principales destinos del turismo de eventos en América Latina. Muchos años después, el exalcalde José Henrique Rizo Pombo recordaba que había sido la construcción del centro de convenciones lo que había propiciado esa transformación: “Darle al lote que ocupaba el mercado un uso adecuado a su condición privilegiada y de acuerdo con la vocación turística de Cartagena [permitió] complementar su infraestructura hotelera lo que ha promovido su desarrollo y su figuración hasta ponerla en la mira del interés internacional para beneficio de la misma ciudad y del país.” (Rizo, 2012, p. 222).

El centro de convenciones ciertamente marcó una nueva era para la ciudad. Sin embargo, su construcción, previo retiro del mercado público, tuvo un significado diferente para los habitantes de Getsemaní. En su memoria, este evento es leído como una ruptura en el delicado balance social y cultural del barrio. Las visiones divergentes sobre los efectos del plan de renovación urbana de Getsemaní se corresponden con las visiones que entraron en conflicto durante su formulación. En la configuración del centro histórico de Cartagena confluyeron distintas nociones frente a la función social del espacio urbano, las estéticas arquitectónicas y los usos del patrimonio histórico. Los vecinos de Getsemaní, al igual que los vendedores de la plaza de mercado, reivindicaban el uso del espacio como un escenario para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y/o para la sociabilidad. En términos generales, las diferencias en torno a la intervención de Getsemaní exhiben las tensiones en la ciudad contemporánea descritas por Henri Lefebvre: esta se ha convertido en un objeto de consumo turístico en desmedro de su función como un espacio para el encuentro ciudadano y la satisfacción de las necesidades básicas. Desde la segunda mitad del siglo XX, Cartagena, con el auxilio del gobierno nacional, hizo enormes esfuerzos para convertir a la ciudad amurallada en el núcleo de su proyecto de su desarrollo turístico.

Aunque la renovación urbana ha sido una herramienta pública fundamental para la gestión del territorio, particularmente para reactivar zonas relativamente deshabitadas o desintegradas de la malla urbana (Rojas, 2010), lo que se evidencia en el caso de Getsemaní es diferente. A pesar del deterioro de una buena parte de sus viviendas, este era un barrio funcional, dotado de servicios públicos, con una amplísima red de instituciones sociales, culturales y económicas y que servía, además, como núcleo del comercio popular de la ciudad. El proyecto de renovación urbana no tenía dentro de sus fines reactivar un área en desuso, facilitar su integración al entorno urbano o crear condiciones más idóneas para su habitabilidad. El proyecto se limitó a la demolición del mercado público y al emplazamiento de un centro de convenciones que sirviera como uno de los pilares para la transformación de Cartagena en un destino turístico internacional.

Aún entre quienes apoyaban esta iniciativa, hubo reticencias al modelo mixto que articulaba patrimonialización y renovación urbana. Estos sectores promovían la restauración de los valores arquitectónicos coloniales, no solo con fines estrictamente económicos, sino para que el centro histórico sirviera como dispositivo para soportar un proyecto de identidad colectiva que hiciera de Cartagena un nodo transmisor de la cultura hispánica en América. Cada sujeto patrimonial defendía su propia visión de la patrimonialización a partir de sus agendas políticas, económicas o intelectuales. Al final se impuso la visión hegemónica impulsada por las autoridades locales y nacionales que dieron lugar a la construcción del centro de convenciones.

Lo que subyace en el fondo de las visiones encontradas que configuraron el centro histórico de Cartagena durante la segunda mitad del siglo XX es la pregunta sobre los usos sociales del patrimonio. En este caso, la política turística orientó la patrimonialización al punto en que incorporó planes de renovación urbana aparentemente incompatibles con su espíritu conservacionista. Este modelo no solo demostró ser insuficiente para garantizar la preservación de los remanentes de arquitectura colonial que aún existían en Getsemaní, sino que desatendió los intereses de la comunidad, que añoraba poner el espacio otrora ocupado por el mercado al servicio de sus necesidades. En pocas palabras, el aprovechamiento económico del espacio primó sobre la función social del mismo.

El caso de Getsemaní nos invita a considerar la configuración de los centros históricos como hechos políticos que no se dirimen exclusivamente a partir de criterios técnicos, económicos o estéticos. Como este artículo ha demostrado, las agendas que invocaron los sujetos patrimoniales involucraron temas centrales como los derechos ciudadanos y la identidad colectiva. Se hace necesario considerar de qué manera la patrimonialización ha incidido históricamente en aquellos ámbitos de la vida pública, generando aperturas o fricciones en el ejercicio de la ciudadanía o la construcción de proyectos identitarios.

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Notas