Presentación Movimiento de Pobladores y las tomas de terreno.

Los antecedentes históricos del movimiento de pobladores se remontan a los primeros asentamientos informales o, en jerga chilena, poblaciones callampas instaladas desde el año 1947 alrededor del Zanjón de la Aguada, curso de agua que de oriente a poniente cruza nueve comunas de Santiago, San Miguel entre ellas. Un comité de la zona de La Chacra – donde más tarde se creará la comuna de Pedro Aguirre Cerda-, organizó el año 1957 la primera toma del área conocida como La Feria, en lo que considera la primera acción de este tipo en América Latina, y que daría origen a la población La Victoria. Este hecho tuvo su origen en movilizaciones de obreros desempleados y cesantes sin casa, con el objetivo de conseguir viviendas a través de las tomas de terreno como acción directa, para la solución habitacional. En general, estas ocupaciones se organizaron a partir de la constitución de Comités y Uniones de allegados, los que realizaron propuestas y desarrollaron como herramienta principal la negociación directa para reunirse con las autoridades, con temáticas previamente discutidas en la asamblea. En algunas oportunidades, esta labor recibió el apoyo de militantes de los partidos políticos de izquierda a través de capacitación en materia habitacional, actividad que proporcionó los elementos para ejercer presión en las autoridades de Gobierno para conseguir soluciones, confirmando la importancia de los partidos políticos como coordinadores de la movilización.¹

De esta forma, los sectores populares urbanos se posicionaron lentamente como “actores de la vida política y social”² con un movimiento constituido por redes de acción en el mundo poblador, que actuaba como “un tejido activo en la lucha por el derecho a la vivienda”³. La formación de sus primeros lazos se inicia con los pobladores del Zanjón de la Aguada y sus alrededores, para extenderse hacia la zona de Quinta Normal, Barrancas, Las Casas, El Peumo, Zelada y Neptuno. En consecuencia, aumentó la cantidad de Comités Sin Casa y el trabajo organizativo al interior de los campamentos, el cual se enfocó en la construcción de viviendas, alimentación, salud y justicia social. La importancia que adquieren sus acciones tuvo un carácter progresivo y fundamental en la lucha por el derecho a la vivienda y en la constitución de la orgánica poblacional de Santiago.⁴

Las tomas de terreno fueron en ascenso hasta el año 1970⁵, incluyendo una alta participación de los pobladores, que se posicionaron como un actor social de relevancia, al punto de ser considerados como un objeto de disputa para la obtención de votos entre los distintos partidos políticos. Durante el gobierno de la Unidad Popular se les otorgó un rol protagónico como individuos y organizaciones, abriendo espacios para acoger sus demandas como “una nueva forma de relación entre el Estado y el movimiento de pobladores”⁶. Por primera vez, el Estado se encargó de reforzar la participación popular con la creación de la Oficina Nacional de Pobladores y la Central Única del Poblador. ⁷

Más tarde y en el período de la dictadura comprendido entre 1973-1981⁸, el trabajo al interior de las poblaciones de Santiago, se realizó junto a organizaciones como el Comité de Cooperación para la Paz⁹, las cuales recogieron experiencias del trabajo comunitario poblacional, pero que diferían del accionar de las antiguas organizaciones de pobladores. En estos años, la orgánica de los campamentos se concentra en comedores infantiles, talleres productivos, derechos humanos, bolsas de cesantes, huertos familiares y ollas comunes día a día. Desaparecen las tomas de terreno organizadas, mientras se incrementan los allegados, provocando que los asentamientos populares crezcan hacia dentro, y de esta forma “aumenta la densidad de ellos por la vía del allegamiento de familiares de parejas jóvenes”¹⁰. El trabajo comunitario no obtuvo los resultados esperados, la pobreza continúa agravándose y la participación en organizaciones comienza a disminuir entre 1978-1979¹¹, situación que logra revertirse unos años más tarde.

El año 1980 se inició con dos intentos de toma, el primero en la comuna de Pudahuel, en donde son desalojadas 57 familias y la segunda ocurre el día 22 de julio en la población La Bandera, se toman un terreno donde participan 300 familias¹². Estas acciones ocasionaron que los pobladores se refugiaran en una Iglesia donde permanecen siete meses. La autoridad ministerial ofreció soluciones individuales a las familias, lo que desencadenó el quiebre del movimiento. El Gobierno decidió reformular el subsidio habitacional, creando la modalidad de subsidio variable para viviendas básicas de postulación individual con ahorro previo y aval. Las nuevas condiciones dejan fuera a los más pobres, lo que estimuló la formación de organizaciones comunitarias con un fuerte sentido social, estrategias educativas y beneficios de sentido práctico. Paralelamente, las redes de pobladores se rearticularon en instancias como “La Familia Popular y Vivienda” (1980) y “El Primer Congreso de Pobladores” (octubre 1981)¹³, que en ambos casos contaron con el apoyo de la Iglesia Católica.

El trabajo en la comunidad organizó al poblador, en actividades de discusión y realización de ollas comunes¹⁴, enfocadas a resolverlas necesidades de cada población, convergiendo en el poder democrático popular, manifestado en el debate de las acciones a realizar al interior de las poblaciones y desde allí planificar estrategias de acción directa. Las coordinadoras de pobladores representan en parte esta nueva etapa, con la organización de ollas comunes que abastecían y organizaban las raciones de alimento en una suerte de solución al hambre, cubriendo el “conjunto de necesidades básicas”¹⁵ y tomando una importancia progresiva en el período 1981-1983. Este hecho fue desarrollando el “sentido político”¹⁶ de la comunidad en contra de la política estatal, la cual pretendía terminar con las expresiones populares de descontento ante la situación de hambre y miseria.¹⁷

El escenario de movilizaciones y protestas entre 1983-1986, fue más allá de los objetivos políticos de la transición, “se trató de construir una sociedad desde abajo, que reivindicó identidades y proyectos de autonomía y levantó los tinglados de un auténtico movimiento social”¹⁸. Aparecen nuevamente las tomas masivas de terreno como el caso de la población Raúl Silva Henríquez y Juan Francisco Fresno, respectivamente, donde continuaron sus prácticas comunitarias de forma independiente, a pesar de contar con el respaldo de sectores políticos tanto de izquierda como de derecha.¹⁹ Pero sin duda, la organización territorial de base logró la formación de una oposición autónoma, en donde “la territorialización del poder y la política popular se manifestó en concentraciones, marchas, focos de disturbio, barricadas, tomas de terreno e industriales”²⁰. La reacciones deben ser entendidas “contra la supresión de derechos por parte del Estado”²¹, ocasionando la aparición de “proyectos alternativos que buscaron su fundamento en la base social y no en el poder institucional”²² , formándose diversas organizaciones populares para el trabajo en el interior de las comunidades. ²³

Estas organizaciones se consolidan como una “segunda familia”²⁴, junto a una movilización que se proyectaba más allá de los tintes políticos y en el momento justo para conformar una propuesta democrática al interior de las poblaciones. Las instancias que se gestaron en el mundo poblacional abarcaron desde la comercialización de bienes y servicios (talleres laborales), solución de los problemas habitacionales (Comités Sin Casa), Grupos de salud, Clubes de Alcohólicos y Centros de Apoyo Escolar. Las redes de pobladores van incrementándose hasta 1984, momento en el que se acentuó el trabajo de las Coordinadoras y los distintos movimientos poblacionales. Desde estas organizaciones, algunas de las demandas transversales fueron la canasta básica de alimentos, una reforma a la estructura municipal y la apertura de instancias de participación más democráticas. Estas ideas no tuvieron representación en la oposición política concertada de un sector de la izquierda en proceso de articulación, por lo cual, el trabajo comunitario se enfocaba en las poblaciones y la solución de la pobreza extrema en la que habitaban. ²⁵

El Estado de Sitio decretado el 6 de noviembre de 1984 ocasionó una represión y estancamiento del movimiento poblacional, en donde los pobladores manifestaron que “no hay locales para reunirse”²⁶. Los espacios de reunión fueron allanados y saqueados. Los dirigentes deben esconderse, dejando a las bases poblacionales sin conducción. Las comunidades eclesiásticas de base también fueron víctimas de las medidas represivas, provocando que los pobladores se incorporen al trabajo comunitario en las Iglesias, como una oportunidad para mantener la movilización social. El día 16 de junio de 1985 Pinochet levanta el Estado de Sitio, lo que llevó a la reactivación del movimiento de pobladores, aunque no por eso deja de ser fuertemente reprimido.²⁷

A pesar de que las organizaciones de pobladores continuaron su trabajo, las instancias políticas que mantuvieron injerencia al interior de la red poblacional, no se incorporan al pacto político que se estaba concertando. Las negociaciones para la transición política sólo contemplaron las propuestas del oficialismo y en menor medida las del bloque opositor, desvinculando las redes de pobladores y organizaciones que mantuvieron un trabajo constante durante los últimos años de la dictadura. La instancia de representación para el mundo popular continuaría en las juntas de vecinos, las que se encargarían de resolver las distintas problemáticas, de esta forma los problemas comenzaron a resolverse en el entorno comunitario.²⁸

Las movilizaciones de pobladores no mantienen los parámetros de antaño, sin embargo, el caso del campamento La Esperanza Andina (1992-1998) pone en evidencia que ahí se continuó con la estrategia de la acción directa y la dirección del conflicto conducida por sus propios dirigentes. La estructura de organización interna funcionó como la espina dorsal del campamento, logrando un proceso de educación de todos sus integrantes que mantuvo la unión del campamento, hasta lograr los objetivos establecidos por la comunidad.

Estrategias de movilización por la vivienda de los pobladores de Santiago. Discusión bibliográfica.

Las movilizaciones por la vivienda han construido la tradición histórica del movimiento de pobladores, logrando proyectos de vivienda según las condiciones históricas del caso. Puestos en relación, la historiografía y la organización de los pobladores chilenos configuran una perspectiva de análisis donde resalta la lucha histórica de comités y allegados en las ciudades. El mercado de la vivienda y la constante especulación en torno al precio del suelo, han determinado el nulo acceso de familias y personas a ser propietarios de una vivienda, lo cual genera conflictos por la necesidad básica de un espacio donde habitar. Y es precisamente en este conflicto donde los pobladores se posicionan con estrategias de movilización, que en el presente estudio se concentra en las tomas de terreno.

Armando de Ramón Santiago de Chile. Historia de una sociedad urbana establece una visión historiográfica del problema de la habitación que se inicia con las migraciones. Estas se incrementaron entre 1907 y 1960, alcanzando una cifra total de 960. 298 personas²⁹, desde el campo a la ciudad. Este aumento de personas, agravó los problemas de habitación popular, apareciendo poblaciones construidas con materiales de desecho. Los estudios desde la arquitectura de la época mostraron “que el 60,1% de los pobres de la ciudad vivían aún en conventillos y casas antiguas alquiladas por piezas, mientras que sólo un 13,8% lo hacía en “callampas” y campamentos. Y sólo un grupo cercano al 26,1% obtuvo una vivienda estable en alguna de las poblaciones levantadas por los organismos del Estado”³⁰. Las comunas en donde se concentraron, este tipo de asentamiento callampa, fueron Conchalí, Quinta Normal, La Cisterna, San Miguel y Ñuñoa, lugares que limitaban con chacras. En estas localidades, se hacía evidente la carencia de servicios de agua potable y alcantarillado, lo que agravó las condiciones de vida de los habitantes. En respuesta, se gestionaron políticas estatales en materia de vivienda, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez (1952-1958). El plan de vivienda, denominado “Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua”³¹, fomentó la edificación por parte de los mismos pobladores con un aporte estatal. Posteriormente en el Gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964), se formuló un Programa Nacional de Vivienda dentro del Plan Decenal de Desarrollo Económico (1961-1970), el cual otorgó la máxima iniciativa al sector privado junto a los pobladores para la construcción de viviendas. En este marco de políticas se construyó la población San Gregorio (La Granja) con 4.00 sitios con edificación mínima.

El programa del Gobierno de Eduardo Frei Montalva en materia de Vivienda (1964-1970) evaluó el problema habitacional de los pobladores en cuanto a la comunidad, la necesidad de organización, y falta de equipamiento mínimo. La política habitacional en este período, se concentró en la operación sitio, pensada en una solución provisional, para familias damnificadas del invierno de 1965. La operación sitio contempló, el Ahorro Popular para una vivienda definitiva. Para esto se organizó y la operación sitio 20.000/70 que organizó a comunidades de pobladores para la solución, de problemas de vivienda, logrando la instalación de empresas populares independientes.

Estas medidas desde el gobierno en materia de vivienda, no mejoraron las condiciones de pobreza, más bien la situación fue incrementándose. Según De Ramón “el 27, 8% de la población del Gran Santiago se encontraba en 1970 en situación de marginalidad”³². Dentro de esta problemática y este contexto, es dónde se incrementaron las tomas de terreno.

Para De Ramón, “las ocupaciones ilegales de terrenos son casi tan antiguas como la ciudad misma”³³, estableciendo un período álgido entre finales de la década de 1960 y principios de 1970, fenómeno que al mismo tiempo coincide con la expansión de la ciudad de Santiago. La aparición de las organizaciones de Familias Sin Casa, se efectuó con la participación de pobladores, arrendatarios de conventillos y allegados, para solicitar terrenos con urbanización mínima, préstamos y asistencia en autoconstrucción. Al crecer en magnitud los problemas de habitación, se dio paso a las tomas de terreno como estrategia generalizada de movilización por la vivienda. Para De Ramón “el fracaso de las políticas promocionales abrió el campo para la acción de los partidos y movimientos más radicalizados”³⁴. Este fenómeno abrió paso a que los campamentos fueran vistos por la clase media y clase alta de Santiago, como “una especie de “alianza” entre los campamentos y los “cordones industriales” que habían derivado hacia una instancia política después de las requisiciones de empresas hechas por el gobierno de la Unidad Popular. Estos se asemejaban a los “soviets” por la fuerza que paulatinamente iban alcanzando”³⁵. Los antecedentes de por qué se iniciaron las tomas, De Ramón, las plantea como una respuesta ante el drescrédito de los mecanismos institucionales, junto a la poca cobertura de la operación sitio, que “no consiguieron sus propósitos y, por este medio, sólo se habían logrado satisfacer las necesidades del 10% de las familias inscritas”³⁶, agravando el problema de la vivienda.

En cuanto al tema de los allegados, se considera como uno de los indicadores de la extrema pobreza, porque demuestra que fueron insuficientes las políticas de vivienda. “En 1987, el 53% de los domicilios en las poblaciones modestas cobijaba un ‘hogar secundario’(…) En dicho año, había un 41% de hogares con 3 o más personas por dormitorio”³⁷. Este cambio significativo, dejó atrás el fenómeno de crecimiento de la población a causa de las migraciones, anterior a 1970, y establece, un crecimiento hacia dentro, con 152.046 familias allegadas en el año 1983. El desplazamiento de allegados fue legalizado con la promulgación del decreto Nº 2.552 de febrero de 1979, estableciendo la responsabilidad de la marginalidad urbana al Ministerio de Vivienda. Esta situación generó,- que las familias se hacinaran en una habitación o una vivienda dentro de un terreno perteneciente a otra familia.

Para De Ramón, las políticas habitacionales de los años ochenta le cambiaron el rostro a la ciudad de Santiago, a causa del programa de erradicación de campamentos, que logró desplazar a 28.703 familias a las comunas de La Pintana, Puente Alto, La Granja, San Bernardo, y Peñalolén. Por otra parte, la política excluyó al Ministerio de Vivienda del mercado del suelo urbano, entregando la gestión al sector privado, favoreciendo la especulación inmobiliaria. Las condiciones de los sectores populares en los años ochenta fueron tema del Ministerio del Interior, al considerarlas como un problema de seguridad nacional que “debía ser resuelto con erradicaciones”³⁸, lo que fomentó el traslado de campamentos de la zona metropolitana.

Espinoza aborda el tema de los pobladores en su obra Para una historia de los pobres en la ciudad del siglo XX (1988) como producto del espacio urbano, en el marco de la lucha por la vivienda. Los orígenes históricos de este problema los sitúa en el problema de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares desde la cuestión social y el problema de la habitación obrera. Las soluciones habitaciones desde el siglo XIX para los sectores más pobres, se encontraron en cités, conventillos y subarriendos de viviendas. En un segundo mecanismo, estaban los arriendos de pisos en terrenos de escaso valor agrícola y marginal en relación con el uso del suelo urbano.

En el movimiento de trabajadores que comienza en torno a la cuestión social, aparece un sector con demandas de subsistencia, en la ciudad de Valparaíso que conforma la Liga de Arrendatarios, desencadenándose en 1922 la primera huelga de arriendos, y estableciendo el problema como instrumento de presión. La coyuntura gubernamental de 1925 que hizo replantear el marco constitucional vigente, y organizaciones como la Liga de Arrendatarios, Sociedad de Arrendatarios y Defensa Mutua, incorporan el tema del higienismo habitacional a las demandas sociales, logrando establecer el Decreto Ley 261 sobre arriendo y la rebaja de los arriendos en las viviendas insalubres.

Espinoza, establece que la conexión del movimiento de arrendatarios en el plano político implicó un cuestionamiento de la dominación a nivel urbano desde la condición de arrendatarios. En las apelaciones al poder político existen reclamos insatisfechos para resolver el problema, logrando definir su identidad frente a la problemática, y negociando las soluciones frente al gobierno. En la práctica no existió una movilización de arrendatarios a nivel nacional, “pese a que se anunció un proceso de reorganización de las ligas comunales en la perspectiva rupturista”³⁹. En contraposición el desarrollo urbano se desplazó a la producción de vivienda.

Uno de los logros del movimiento de arrendatarios fueron los Tribunales de Vivienda, que se constituyeron como uno de los más significativos avances de los sectores populares en las negociaciones por la vivienda, para resolver la especulación en torno a los arriendos. “El gobierno, para contrarrestar el peligro en un nuevo conflicto, estableció un nuevo sistema de subsidio que facultaba a los propietarios para cobrar directamente al fisco las deudas de arriendo”⁴⁰. En un corto plazo, los Tribunales de Vivienda se fusionaron con los del trabajo y las movilizaciones de arrendatarios se concentraron en leyes de congelamiento de arriendos. El marco jurídico del problema habitacional estableció la venta de sitios a plazo, lo que llevó a establecer un marco legal en esta línea.

Espinoza, señala que desde el Gobierno de Ibáñez se estableció un movimiento de pobladores que demandó el derecho a propiedad de la vivienda. “La casa propia como aspiración y la mutualidad como orientación a la acción, desembocaron en un planteamiento que buscaba organizar a los pobladores”⁴¹. De esta forma, las demandas sociales canalizadas a través de los mecanismos institucionales concentraron las acciones del acceso a la vivienda propia.

La clase obrera afectada por el problema de vivienda se organizó en el Frente Nacional de Vivienda, organización autónoma que se vinculó directamente con el Frente Popular, conciliando las posturas más radicales anti sistémica de algunos comités y la valoración de la legalidad como mecanismo institucional de negociación por la vivienda. Con esta acción el problema pasó a constituir una demanda del movimiento de trabajadores.

En este contexto, las poblaciones callampas tuvieron, como eje de la movilización, la mantención en los terrenos, demandando frente al oficialismo la solución habitacional. “La solicitud de permanencia muchas veces se expresaba bajo la forma de petición de expropiación de los terrenos. En esa perspectiva, se solicitaba apoyo para la autoconstrucción de viviendas de emergencia”⁴². En contraparte, la respuesta desde el oficialismo fue el desalojo ante el aumento de los asentamientos callampas.

La ciudad de Santiago contuvo en el borde del Zanjón de la Aguada la concentración más grande de poblaciones callampas: “en una franja de cinco kilómetros de longitud y 125 metros, se hacinaban 35.000 personas, divididas en diez poblaciones”. Desde este punto se efectuó la toma de La Victoria, en medio de una crisis inflacionaria, que se venía arrastrando desde la década de 1940 y 1950, alcanzando un 412% y 2089% respectivamente⁴³. Luego de la ocupación, los pobladores mantuvieron la base de negociación con el aparato público y la colaboración de los partidos políticos de izquierda.

Para Vicente Espinoza, el movimiento de pobladores en los parámetros de la acción colectiva, fue un movimiento social limitado enfocado a los conflictos con el Estado y con cierta autonomía frente a los partidos políticos. Los pobladores fueron activos en la vida comunitaria en los territorios, pero no existe una directa vinculación con el discurso de sus dirigentes que demuestran las “tendencias a la ruptura presentes en sus planteamientos”⁴⁴, especialmente desde 1986 en adelante.

El autor se refiere al debilitamiento de redes organizativas de militantes pobladores de base, para visibilizar la contienda social “los militantes de base de los partidos, del movimiento social, incluidos los pobladores, habían sido clave en la organización de las protestas y también en el triunfo de la campaña del No.”⁴⁵ Esta situación habría finalizado después del plebiscito de 1988, ya que los partidos políticos pidieron neutralizar a los militantes de base.

Historia social de la acción colectiva urbana: Los pobladores de Santiago, 1957-1987 de Vicente Espinoza, plantea un estudio sobre las acciones colectivas como acción predilecta de los dirigentes poblacionales, en dos grandes etapas: la primera ocurre con la toma de La Victoria, en donde la acción predominante fue la reivindicación dentro de la relación negociadora con el Estado. El segundo momento ocurre en dictadura, con el desarrollo de la acción comunitaria y protestas, principalmente. En ambas etapas se observaron orientaciones de la acción colectiva en cuatro características como soporte: identidad (participación- autonomía-trabajadores-explotados), clasista (reivindicación-revolución-Estado de Bienestar-Dictadura), identidad (ciudadanos-comunidad) y popular (negociación-testimonio-democracia-solidaridad).

Mario Garcés establece una perspectiva histórico-social, al desarrollar una visión exhaustiva de las movilizaciones de pobladores ocurridas en Santiago desde 1957 hasta 1970, donde analizó el incremento de estas, su consolidación y la legitimidad de las Juntas de Vecinos y los Comités de los Sin Casa, en negociaciones por la vivienda. En este período, los pobladores mejoraron su posición en la ciudad, modificando sus formas de pertenencia en el espacio, “expandiendo sus capacidades organizativas e interactuando con el sistema de partidos políticos y el Estado”⁴⁶. A partir de esta relación surgieron como un actor social capaz de influir en sus necesidades de vivienda y en el reordenamiento urbano de Santiago. Las organizaciones de pobladores albergaron la mayoría de sus demandas y con el paso del tiempo se transformaron en el movimiento social de mayor protagonismo, incluso más allá del año 1970. Así la expansión de la ciudad de Santiago se realizó en un proceso simultáneo que involucró un cambio en todos sus límites, ocasionado principalmente por la realización de tomas y la entrega de terrenos que realizó el Estado. Sin embargo, esto no significó la apertura al mercado de la vivienda.

Las asambleas de estos comités se conformaron como una práctica popular de movilización que articuló el “poder popular” que en este sentido tenía que ver con la emergencia de procesos de democratización desde la base, donde unían y articulaban territorialmente a jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras de diversas categorías de la clase popular”⁴⁷, proceso que fue interrumpido por el golpe militar de 1973, si bien algunos de sus actores tendrían participación en la transición social, momento en que los grupos políticos, negociaron “un pacto de convivencia” con los poderes de facto, que se fortalecieron en la dictadura (los empresarios, fuerzas armadas, la Iglesia Católica)”⁴⁸. La lucha por la vivienda es un tema central en el movimiento de pobladores, experiencia que constituyó “una manera significativa de afirmar un lugar en la sociedad”⁴⁹, y de esta manera construir comunidades al interior de las poblaciones.

Las movilizaciones consideraban un plan de trabajo solidario e igualitario con recursos propios para la compra y organización de la demanda del comité, al punto que “han llegado a constituir un ‘estrato social diferente’, capaz de sostenerse en la medida en que tienen una solidaridad que descansa sobre un mismo estatus económico y social y presentan un grado de organización o una tendencia a estructurarse”⁵⁰. A partir de estas ideas se ha definido al poblador como un elemento marginado de la sociedad que ha sostenido una lucha histórica por integrarse.

Los pobladores son portadores de una larga tradición organizativa, que se remota “al pasado municipal español, a las formas del poder local colonial y a la ley de comuna autónoma. Pero, en realidad, con relación a los pobres de la ciudad, durante el siglo XX, estas tradiciones, se podían hacer remontar a las ligas de arrendatarios”⁵¹. Una gran cantidad de organizaciones que se multiplicaban en función de alguna mejora, quedaron en evidencia desde la década de 1940, las que aumentaron con un aumento progresivo al llegar a la década de 1960.

Las iniciativas del aparato estatal para incorporar a los pobladores, no incluyeron un proyecto político: “más allá de vagas alusiones al ’poder popular’ la izquierda no era portadora de una propuesta estructurada de integración”⁵². Sin embargo, los comités se extendieron por casi todo Santiago, estimulados por la solidaridad entre pares. Luego se fueron armando otras organizaciones como agrupaciones comunales o comités centrales que en “esta diversidad de organizaciones constituyeron espacios de participación social, de autoayuda y también de presión sobre el Estado en demanda de viviendas o de mejoras de los barrios populares de Santiago”⁵³. Estas organizaciones formaron la tradición organizativa donde “fueron haciendo sus propios aprendizajes e interpelados por diversos discursos políticos, reforzaron su constitución como “movimiento social de pobladores”⁵⁴.La demanda de una casa definitiva sostuvo la reivindicación de los pobladores, frente a los organismos de Estado en la década del 50’ y 60’.

Para Gabriel Salazar, el movimiento de pobladores en el siglo XX tuvo su origen en el crecimiento desmesurado de los pobres en la ciudad⁵⁵ que migraron desde O’Higgins, Curicó y Talca hacia la zona Santiago-Valparaíso. En la historiografía se les ha denominado “habitantes de rancheríos, habitantes de cuarto redondo, habitantes de conventillo, habitantes de callampa, habitantes de campamento, habitantes de población. De ahí el nombre final: ‘pobladores’”.⁵⁶ La aparición de las tomas de terreno en la ciudad de Santiago, persiguieron dos objetivos estratégicos “a) la toma ilegal de un sitio urbano, y b) la integración a la sociedad urbana mediante una transgresión autointegradora promovida por los marginales (…); la ‘toma’, en ese sentido, no estaba pensada como una acción de ‘guerra a muerte’ (donde la ‘guerra’ tenía y tuvo sentido por sí misma), pues aquí la violencia estaba calculada como medio para producir un resultado final pacífico: la ‘legalización’.”⁵⁷ Estas movilizaciones por terrenos se van perfeccionando: “Entre 1930 y 1948, aproximadamente, la toma fue una decisión personal o familiar, que consistía en una decisión /operación individual o familiar para ocupar un sitio en los bordes de una callampa ya existente”⁵⁸. En la década de 1950 las tomas de terreno tuvieron un mayor nivel de organización. El caso de la población La Victoria fue una acción colectiva que implicó la defensa de la toma, incorporando el apoyo de sectores políticos para legalizar la ocupación.

En este sentido, la toma colectiva se legitimó en las bases populares como acción colectiva “por lo que significó como cambio en el modo de hacer política por parte de la clase popular en general y de la masa marginal en particular”⁵⁹. En este sentido, lo político se construyó como una práctica social destinada a resolver por sí misma los problemas de integración al sistema urbano y la vivienda. La toma de terreno operó desde el desacato a la legalidad, para forzar políticas de integración social efectivas y constituir el derecho a petitorio.

Mónica Iglesias, realizó una investigación desde las perspectivas de la sociología y la historia. Para el período de la dictadura establece cuatro fases o momentos en que el Estado se vincula al movimiento de pobladores. El primero abarca desde 1973 a 1975, caracterizado por la represión y donde sólo se organizan para efectos de sobrevivencia. Un segundo momento corresponde al período 1976-1981: los pobladores se reorganizan en base a la solidaridad y en coordinación con organizaciones formales, reconstituyendo su movimiento. La tercera etapa corresponde al tramo 1982-1986, caracterizado por la radicalización “que retomó una vieja arma de lucha -la toma de terrenos-optando claramente por un escenario de confrontación”⁶⁰. Estas acciones van radicalizando la dinámica de los grupos populares. El último período corresponde a 1987-1990 en donde los partidos políticos no incorporan a los pobladores en sus demandas o luchas partidarias: “hubo un desplazamiento o ninguneo del movimiento de pobladores, quien, además, fue definido teóricamente, en ese instante, como un deseo más que como una realidad”⁶¹. La relación entre estructura y situación social de los pobladores es fundamental en el desarrollo de la obra, ya que condiciona al movimiento de pobladores en su actuar desde 1973, según la autora. Desde esta relación, estableció al sujeto popular en la década de 1980, donde las movilizaciones de pobladores están sujetas al contexto de la dictadura y desde una ausente política de vivienda para los sectores populares, aparecen los intentos de ocupación de terrenos en La Victoria ( 6 de marzo 1981) y en Lo Sierra, La Cisterna (17 de febrero 1983). En este contexto, la toma que causó una amplia participación de los allegados de la zona sur de Santiago, fue la ocupación denominada Cardenal Silva Henríquez y Monseñor Francisco Fresno, con una masiva convocatoria de la movilización, donde se contabilizaron 31.038c personas⁶². En paralelo ocurrieron otras tomas en Santiago: La Legua, El Pinar y Germán Riesco.

Para Mónica Iglesias, el movimiento de pobladores tuvo una “vuelta hacia dentro” en la Dictadura que no disminuyó la actividad en las poblaciones: en 1986 unas 220.000 personas-16 por ciento de los pobladores- participaban en organizaciones sociales y comunitarias”⁶³. Sin embargo, las redes de pobladores consolidadas desde el punto de vista de la formalidad política, intentaron revivir el movimiento social a través de manifestaciones como la “Marcha del Hambre” (11 de julio de 1987). Este acto ocasionó que tres dirigentes poblacionales fueran requeridos por el Ministerio del Interior, causando que el Comando Unitario de Pobladores (CUP) manifestara “la enfermedad de ‘plebiscitis’, al señalar que desde hacía meses habían decidido volcar toda su actividad en la contienda electoral, dejando de lado la cuestión social: la ‘democracia’ y la democratización ya avanzaban por senderos dispares.”⁶⁴. La propuesta del (CUP) en el año 1987 fue “que se garantizara un espacio mínimo en la construcción de vivienda de diez a doce metros cuadrados por persona (…) re-estudiar el problema de los subsidios, ya que a estos no podían acceder la mayoría de los pobladores”⁶⁵, dejando en evidencia el aumento en la cantidad de allegados, que se organizaban de dos formas frente a la contigencia. Las demandas representadas por el Comando Unitario de Pobladores más allá del plebiscito de 1988, “levantaron como central la consigna general de la renuncia de Pinochet y trataron de trasladar el triunfo electoral a sus propias poblaciones buscando la renuncia de sus alcaldes y la democratización de las Juntas de Vecinos”⁶⁶. Las declaraciones del CUP evidencian la desvinculación con los partidos políticos, diseñando un camino para mantener “una movilización social como elemento que de alguna forma permita la renuncia de Pinochet”⁶⁷. La opción cívica de la transición, aceptó los plazos establecidos por el régimen en materia de organización del Estado y Sociedad.

Una vez iniciado el proceso de transición según el mecanismo legal establecido en la Constitución, se consolidó la estrategia política de algunas fuerzas de la oposición de no otorgar centralidad en la agenda política nacional, al movimiento de pobladores y a los sectores populares ⁶⁸. Uno de los intentos por imponer una transición sin el conducto legal de la Constitución de 1980 fue la segunda jornada contra la Pobreza, la Miseria y el Hambre, entre octubre y noviembre de 1988: “Creemos que la movilización social debe ser el elemento que de alguna forma permita su renuncia [la de Pinochet], ya que debe moldear el tipo de negociación que se haga”⁶⁹. Los pobladores resultaron peligrosos para la gobernabilidad de la reforma que se estaba negociando y a causa de esto, quedaron fuera de la representatividad del nuevo orden.

Edward Murphy, por su parte establece una visión etnográfica de los pobladores y la segregación socio espacial que se originó con las erradicaciones de campamentos. Gran parte de los relatos explican cómo la vida en campamento fue mejor para los pobladores, en comparación a las viviendas entregadas por los programas sociales. El estudio muestra un refuerzo de la segregación socio espacial en la periferia de Santiago, constituida principalmente por un espectro social amplio que no es homogéneo, a diferencia de lo que se planteó desde la política estatal, otorgando una solución a todos por igual, reforzando la idea de “definir a la vivienda como un mero bien y no como un derecho”⁷⁰, provocando que las movilizaciones de pobladores sean desde los años 90’ hasta el 2000 de menor escala a las ocurridas en la dictadura. Desde la Dictadura Militar “se quitó la inmensa mayoría de los campamentos en la capital de Santiago (…) enviando a los pobladores de estos a áreas periféricas”⁷¹. A pesar de la segregación espacial, el movimiento de pobladores logró negociar proyectos de vivienda, ejerciendo la soberanía popular y parte de un desafío insurgente más amplio a las negociaciones de costumbre en la ciudad, “al tomar parte en las incautaciones de tierras, los activistas y pobladores sin hogar adoptaron una nueva y más transgresora forma de movilización popular”⁷² con negociaciones donde se discutieron los límites de las relaciones de propiedad, entre los sin casa y el Estado.

Ton Salman, definió la política en dictadura militar como clandestina, enfocada principalmente en solucionar las dificultades en la subsistencia. Esta práctica se fundó principalmente en la autonomía y autogestión a la cual denomina “política informalmente estructurada”. La existencia de dos vertientes intelectuales, los Nuevos Movimientos Sociales, y otros que abordan la perspectiva crítica del Movimiento Social, para abordar el estudio de los pobladores, nos posicionó frente a la primera que los reconoce como un movimiento social donde las protestas tuvieron un nivel confrontacional frente a la dictadura, fenómeno que conduce a la formación de una cultura popular. La segunda línea de estudio de los pobladores post Golpe, hizo referencia a desconocerlos como un movimiento social, al ser vinculados al trabajo de coordinación que realizaron las fuerzas políticas oficiales de acuerdo a sus intereses.

Las protestas populares desarrolladas en la dictadura provocaron la erradicación de estos grupos y “perdieran sus vínculos con el espacio público de la ciudad, a su ‘derecho’ de estar en la calle, en el centro (…) había una tendencia a ‘bloquear’ a los pobladores de los barrios: la ‘ciudad real’ era sólo para los` ganadores”⁷³. Desde este momento los pobladores en la ciudad de Santiago, pasaron a constituir el otro Chile, en absoluta exclusión territorial, disponibles para la cooptación de las instituciones estatales.

Los sociológos Francois Dubet, Eugenio Tironi, Vicente Espinoza y Eduardo Valenzuela, evaluaron la imposibilidad de que el movimiento de pobladores “en ese entonces”, tuvieran una salida revolucionaria a la dictadura. Las protestas habían disminuido y los “militantes de los grupos no hablan de estas manifestaciones públicas en las que los pobladores y ellos mismos participaron. Al parecer las ‘tomas’, las antiguas ocupaciones de tierras, hacen parte de la memoria militante de los pobladores, mientras que las protestas son “olvidadas”⁷⁴. El rol de los pobladores es cuestionado, específicamente en la participación en las manifestaciones en contra de la Dictadura Militar, ya que fueron convocadas por trabajadores, “las primeras protestas fueron obras de los sindicatos, de los partidos, de las clases medias, pero no del movimiento de pobladores y que las últimas protestas, las que fueron fomentadas por los jóvenes, en la noche, en las poblaciones, también le son esquivas. Las protestas son ‘demasiado políticas’ o ‘demasiado sociales’ para el espacio político-social que ‘teóricamente’ es el de los militantes”⁷⁵. De esta manera, la sociología hacer ver cómo el movimiento social, y sus expresiones responden a un hacer militante, más que una tradición histórica de un movimiento social.

Las tomas de terreno fueron analizadas bajo la misma idea, de la cooptación política “la toma es un reconocimiento de ciudadanía, de manera de hacerse cooptar, entrando de manera dependiente y limitada en el escenario político. Los lazos con la Corvi, el organismo del Estado encargado de expropiar las zonas de urbanización, son particularmente intensos”⁷⁶. De esta forma, las negociaciones de las primeras tomas de terreno en Santiago, no fueron consideradas conflictos “porque la toma procede de un hecho consumado y los pobladores buscan apoyo en los partidos de izquierda que, a su vez, interpelan a la presidencia”⁷⁷. En este marco, la toma es considerada un medio para satisfacer las reivindicaciones, parte del movimiento de trabajadores.

El estudio plantea que a partir de los años sesenta, los partidos políticos incorporaron a las tomas “como un elemento de su estrategia de transformación de la estructura social”⁷⁸, existiendo una correlación entre las tomas y las elecciones de autoridades, situación que se proyectaría hasta el Gobierno de Salvador Allende.⁷⁹

El sector popular urbano ha sido estudiado en un sentido amplio a través de sus continuidades y rupturas por Teresa Valdés, quien analizó toda la red de organizaciones de pobladores que se constituyeron como una comunidad. Durante la dictadura los sectores populares sufren un gran deterioro en las condiciones de vida, especialmente en sus salarios y los efectos de la cesantía, atravesando por distintas coyunturas que arrojaron por resultado cinco etapas: la primera contempla el tramo 1975-1977 con la aparición de las primeras comunidades asociadas a la Iglesia Católica. Una segunda fase desde 1975 a-1977 que se caracterizó por un aumento en los asentamientos populares debido a la ausencia de una política de vivienda. El tercer momento se produce desde 1978 a 1980 en donde “se fortalecen las organizaciones reivindicativas, especialmente a raíz de los éxitos acumulados por las comisiones de vivienda”⁸⁰, espacio que lleva a la formación de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores (1979). En la cuarta etapa desde 1981 al 30 de octubre de 1984 se hace visible la crisis y las condiciones de vida llevan al fortalecimiento del trabajo poblacional a través de las organizaciones económicas populares donde el aumento de las movilizaciones hace que aumente la represión. Finalmente, el quinto momento se desarrolló desde 1984 a1985 cuando recrudece la represión, se levanta el Estado de Sitio, los dirigentes poblacionales resultan detenidos y el terremoto en Santiago del 3 de marzo de 1985 agrava aún más el problema de la vivienda⁸¹. Bernarda Gallardo (1985) analiza la vinculación entre el espacio urbano y los pobladores, destacando la contribución realizada por la perspectiva del movimiento social y a la construcción de la historicidad “en un doble sentido, como forma de ser de lo social y como elemento de explicación de la realidad social”⁸². Sin embargo, dejó al descubierto la ausencia de estudios en torno a la relación trabajo-cesantía o formas de inserción en la producción de los pobladores que habitan los territorios. La transformación del espacio se hace evidente al producirse el traslado de los más pobres a las zonas marginales de la ciudad, concibiéndose de esta forma la proyección del poder al espacio autoritario y que lleva en sí el estigma de la dominación. Este poder, reflejado en la distribución de la ciudad, obligó a fomentar las organizaciones de tipo comunitario que se articulan en torno al carácter excluyente del sistema de dominación.

El estudio de Rodrigo Baño⁸³ en torno a las tendencias políticas que se desarrollaron durante el régimen autoritario, centró su análisis en la postura “de oposición al régimen”⁸⁴ que volvió a legitimar el valor de la democracia, antes criticado desde algunos sectores por ayudar a legitimar el sistema capitalista. Esta situación llevó a un replanteamiento del término “popular” que pasó a ser entendido como la expresión que hace referencia a los “sectores sociales dominados”⁸⁵ y contempló una categoría social como también una relación de poder que involucra participación, resistencia y alternativa involucrada en un proceso. De esta relación surgió el movimiento poblacional, dentro de un contexto de amplia demanda por viviendas, junto al proceso de lucha por conseguirla.

Conseguir una vivienda no es la única preocupación; también involucra la urbanización del espacio, luz eléctrica, agua potable, trazado y pavimentación de calles y servicios de aseo, entre otros. Así surge el sentido de comunidad dentro de la población, que se fundamenta en la interacción de los sujetos e involucra sentimientos y metas comunes. La similitud de problemas que resolver a partir de una misma situación habitacional, suele romper el carácter individual primario de la misma y se funde un sector de ella en la cotidianeidad comunal de la población. De esta forma la relación con el exterior y hacia el interior hace surgir una concepción de doble poder que se concibe con la idea de poder propio donde “ese poder propio se ejerce contra lo que es ajeno: el orden impuesto”⁸⁶. Este carácter se da de acuerdo al carácter del conflicto que lo envuelve, lo que da sentido al actor de la movilización.⁸⁷

Manuel Garretón analiza las movilizaciones sociales ocurridas durante el régimen militar, discutiendo principalmente sus tipos y características. En su estudio da cuenta de cuatro formas de movilización. La primera de ellas corresponde a la de tipo expresivo simbólico que busca reafirmar la identidad de una comunidad que se siente amenazada. El segundo y tercer tipo corresponden a objetivos instrumentalizados que buscan conseguir la legitimidad interna y externa. La cuarta forma se vincula estrictamente a términos políticos relativos al término y reemplazo del régimen militar. Estas movilizaciones sociales dependen del efecto estatal que puede desembocar en una estrategia de negociación o concertación: “todo ello favoreció un tipo de movilización, legal o para legal, tenía siempre al Estado como referente de la acción colectiva”⁸⁸. La oposición política ante la dictadura militar se mantuvo distante de las necesidades de la masa. De esta forma las movilizaciones sociales reconstruyen por sí mismas la sociedad civil y “transforman los regímenes militares; pero no logran su término. Sin momento político, no hay fin de la dictadura y transición democrática”⁸⁹.

En 1983 se inició la protesta masiva, la cual se limita y el régimen avanza a la salida institucional de 1989, en donde “la oposición, por su parte, enfrenta los problemas de su fragmentación y de la vinculación de la estructura político partidaria con la sociedad”⁹⁰. De esta forma, los sectores juveniles expresaron su descontento en una protesta desprovista de contenido instrumental o reivindicativo.

José Weinstein nos entrega un enfoque social y una interpretación teórica de las movilizaciones de pobladores,⁹¹ relacionando a la juventud y su acción colectiva. Este factor se posicionó como central, a causa de que esta generación fue la más atacada por la dictadura en cuanto a la represión sufrida y la falta de espacios destinados a la vida en comunidad. En consecuencia, su tesis central plantea que los jóvenes fueron los más participativos de las protestas y los más atacados por la represión de Estado.

Otro factor que gatilló la participación masiva de los jóvenes fue el efecto de la crisis económica, situación que llevó a manifestar el descontento en ambos sectores y a que las movilizaciones se concentraran en los sectores poblacionales. Para Weinsten, “las múltiples protestas no implican un gran desarrollo de las organizaciones formales (sociales y políticas)”⁹², sino que correspondió a conductas de asociaciones sub proletarias. Por otra parte, se originó una paradoja del proceso, en el que el sector más activo y de mayor permanencia en la realización concreta, también es el menos escuchado en la dirección general de la oposición política. A pesar de este factor, las protestas se realizaron de forma paralela a las jornadas nacionales.

Los autores Patrick Guillaudat y Pierre Mouterde, realizaron un estudio para analizar el “proceso de estructuración y desestructuración del movimiento social”⁹³ chileno. La ideas expuestas se desenvuelven en torno a los factores determinantes para el movimiento, como las tensiones provenientes de la división “política- social” existente en Chile y su vinculación directa con los partidos políticos y movimientos sociales, coyuntura que desencadenó el traslado de las luchas populares a las poblaciones periféricas.

La clave del período está en este último punto: la transformación de las clases populares chilenas, ocurrida principalmente debido al empobrecimiento masivo de amplios sectores de la población, la marginalización de la periferia y el desarrollo creciente del trabajo precario. De esta forma las transformaciones afectaron directamente a las clases sociales, lo que terminó por someter los diferentes movimientos a las direcciones de los partidos políticos, considerando a los sectores sociales como clientelistas a su servicio, cambiando así la perspectiva de acción de los movimientos sociales.

El movimiento popular chileno es estudiado por Ingo Bultmann (1995), quien enfatiza la orgánica interna que constituyeron los pobladores y cómo estos se relacionaron con los partidos políticos, el Estado y otros organismos sectoriales. Su estudio parte en el análisis del espacio que rodea a los pobladores, el que permitió la estructuración multifacética de los elementos de la organización y que, según sus planteamientos, sólo en ciertas ocasiones operó la “solidaridad de comunidad” como unificadora de sus integrantes. La organización poblacional contempló distintas intensidades en sus acciones, a veces de ensayo y error en las distintas circunstancias políticas. Dentro de sus prácticas estaba “una moral económica, que condensa en modelos las representaciones económicas, políticas y morales”⁹⁴. Su relación es flexible y otorga espacio para la participación de partidos políticos y de grupos más autónomos.

De esta forma el movimiento popular en Chile se vinculó estrechamente con los partidos políticos, gremios y organizaciones hasta el golpe de Estado del año 1973, momento en donde fue desarticulado. Para la década de 1980 se re-agrupa y surgen algunas alianzas entre los sectores populares, a las que a partir del año 1983 se le suman organizaciones desprendidas de los partidos políticos, unión que se quiebra con el acuerdo de la Asamblea de Civilidad en 1986. La distancia entre el mundo popular y político se incrementa cada vez más, por las movilizaciones sociales con el uso de la violencia, provocando que la represión aumente y los defensores de la solución consensuada comiencen a distanciarse de las movilizaciones.

Una vez iniciado el proceso de transición política, se inició la neutralización de las movilizaciones sociales con el pretexto de que ponían en riesgo la estabilidad de la transición. Así, mientras la gran mayoría de las coordinadoras vecinales esperaban una reforma a la legislación comunal y municipal, junto a una nueva política social, los gobiernos de la transición absorbieron estas expectativas a través de fondos como el FOSIS, para que fueran solicitados por las distintas organizaciones de pobladores y así enlazar las iniciativas hacia las bases. Las consecuencias que trajo este cambio, consistieron en reemplazar la estrategia confrontacional hacia el Estado por una “relación de propuestas e instancias de concesión”⁹⁵, sentando las bases de una nueva relación con los sectores populares que logró la desmovilización de las organizaciones poblacionales.

Álvaro Díaz (1988, p. 175), analizó los cambios que presentaron las estructuras económicas, sociales y estatales en la década de 1980 y que culminaron en 1990. Dichos cambios desencadenan la “anomia social” y las transformaciones en la relaciones de producción, en donde la clase trabajadora se expresa con nuevas figuras como el temporero o el trabajador de la informática. Para estos nuevos trabajadores se crean espacios en donde la hegemonía del empresariado es mayor y se ven disminuidos como fuerza laboral. Por estas razones las organizaciones sociales se asientan en lugares y espacios que han sido más golpeados por la estructura capitalista.

Las reformas neoliberales dejaron su mayor vacío en el campo de los servicios sociales y comprometieron al Estado con el sector social empresarial. La reconstrucción del mundo de los negocios y del empresariado, destruyó la sociedad del mundo popular y desarticuló sus relaciones. El resultado fue el surgimiento de un nuevo tipo de empresariado y de clases altas con esquemas corporativos en un Estado que se autonomizaba junto al poder tecnocrático y militar. A pesar de que la elite entrara al proceso de modernización “sus bases políticas mantienen culturas, identidades y formas de organización donde perdura la tradición”⁹⁶, con las aspiraciones de categorías sociales hoy en proceso de desaparición.

En cuanto a una teorización de los movimientos sociales y los cambios que han presentado, Claus Offee los define en una primera instancia con una base social en cuanto a sus planteamientos, contenidos y valores, refiriéndose al caso del feminismo, la liberación sexual, los movimientos ciudadanos, de comunidad y contraculturas, entre otros. En segunda instancia, estas movilizaciones se van definiendo como políticas en el sentido de la tradición política liberal, con una forma de asumir sus acciones para “que se reconozcan como legítimos sus medios de acción y que los objetivos de la acción sean asumidos por una comunidad amplia”⁹⁷. A raíz de esta idea, no todos los movimientos sociales alcanzarían la etapa política, debido a que algunos recurren a formas de acciones legitimadas y reconocidas en vez de elaborar propuestas nuevas, como el caso de los grupos que demandan libertad cultural para desenvolverse y accionar según lo estimen conveniente.

Para los movimientos sociales se plantea la existencia de contenidos dominantes como el interés por un territorio, un espacio de actividades, el cuerpo, y la identidad cultural. Dentro de estos valores, los de mayor realce corresponden a la autonomía y la identidad, acompañados de un correlato. Estos movimientos se diferenciarían de los conflictos de clase porque se constituyen principalmente en virtud de una alianza social que abarca a distintos elementos sociales.

La temporalidad de los movimientos sociales y su conflicto es otro tema que se ha abordado de distintas perspectivas. En general, los conflictos sociales se estudian “entre un ‘tiempo corto’ de la movilización y un ‘tiempo largo’ del movimiento”⁹⁸. El análisis del conflicto es una temporalidad corta y centrada en la coyuntura donde se expresa la acción colectiva. La otra perspectiva de estudio “cobra sentido en el contexto de un tiempo largo, que establece los elementos de continuidad que lo presentan como movimiento social”⁹⁹, en donde se presentan los conflictos.

Para Vicente Espinoza, el movimiento social contuvo “prácticas de educación popular que fueron frecuentes durante la década de los ochenta”¹⁰⁰. La rearticulación del movimiento poblacional tuvo relación con el número de allegados, jóvenes desempleados, mujeres en trabajos mal pagados, dirigentes perseguidos y obreros controlados en sus lugares de trabajo. Esta situación no logró articular un movimiento social de carácter reivindicativo de matriz nacional más allá de 1990 “Hugo Flores, dirigente del movimiento ‘Solidaridad’, concentra la situación en el movimiento de pobladores a fines de 1990, enumerando una larga serie de siglas y nombrando a otros tantos dirigentes. Huelga decir que resulta difícil entender, aun poniendo la máxima atención a las palabras de Flores, dónde está el movimiento de pobladores en este extremo fraccionamiento”¹⁰¹.

Para autores como Francois Dubet los sectores populares no constituyeron organización: “a causa de su exclusión y de su marginalidad, nunca los pobladores han podido constituir un real movimiento social, y es sólo de manera metafórica e ideológica que algunos han llegado a analizar las luchas de los marginales en los mismos términos que una acción de clases o el movimiento obrero”¹⁰². Una de las explicaciones del autor sobre este planteamiento fue el desarrollo de culturas anómicas y la ruptura social-política a causa de la crisis agudizada a fines de la dictadura. Sólo reconoce a la toma de La Victoria como “una acción reivindicativa que fue apoyada por la política populista del período de Frei, el actor social no se define por su integración, sino por su capacidad estratégica y por los recursos de que dispone en un sistema institucional”¹⁰³. En esta etapa situó a los pobladores dentro de un movimiento mixto nacional-popular.

En contra parte, los pobladores se han considerado con una reivindicación política por la vivienda, desarrollando la opción revolucionaria en casos vinculados con el MIR porque reconocieron: “romper el vínculo de dependencia con el Estado. El carácter ilegal de las ocupaciones del terreno había conducido a estos militantes a pensar que los pobladores constituían la base de una estrategia política revolucionaria, en un momento que los sindicatos parecían apoyar las políticas reformistas”¹⁰⁴. Desde este conflicto, la insurrección de la masa fue la estrategia considerada por el MIR en la Unidad Popular. La toma de terreno más significativa en este contexto fue la Nueva Habana (o Nueva La Habana), en la cual se educó a pobladores con una base revolucionaria, “un laboratorio de vida y decisiones colectivas”¹⁰⁵, centrándose en el trabajo político. Esta toma no mantuvo una solidez en su trabajo interno, a causa de la falta de voluntarios en salud, educación, construcción y vigilancia.

Boris Cofré definió en su estudio sobre Nueva Habana las prácticas del autogobierno al interior de la toma de terreno, donde se organizaron ollas comunes a cargo de mujeres, quienes consiguieron alimentos en el Mercado Central, La Vega, y El Matadero. En otro tipo de organizaciones se menciona que “las ‘milicias sanitarias’ velaban “por la salud de los pobladores”. La asamblea fue resolutiva y tuvo capacidad de terminar con los problemas del campamento: “se prohibió el alcohol dentro del campamento y ‘a los matrimonios’ se les planteó que ‘los problemas se debían solucionar conversando y no a golpes’ y que esas ‘tensiones que se (producían) en una familia (eran) producto de la sociedad’ ya que en esta ‘hay bajos sueldos, mala comida y pocas camas para dormir’. Así los problemas cotidianos, que antes pudieron ser considerados normales e individuales, se fueron politizando y resolviendo de forma comunitaria”.¹⁰⁶ La discusión comunitaria tuvo que ver con la elección de la directiva por los pobladores: “A partir de estas deliberaciones y de las experiencias concretas que fueron surgiendo se desarrollaron dos tipos de organizaciones en el campamento, que los estudios del CIDU denominaron ‘territoriales’ y ‘funcionales’ y que aquí se llamaran ‘de auto-gobierno’ y ‘sectoriales’”.¹⁰⁷ Las organizaciones de auto-gobierno se produjeron en las manzanas, el directorio, la jefatura y la asamblea general. Por otra parte, la organización por sector se tradujo en frentes de trabajo: vigilancia, trabajadores, cultura, salud y abastecimiento.

La división del poder al interior de Nueva Habana comenzó por las manzanas del campamento, con reuniones semanales para discutir problemas en su propia sede, donde se escogieron delegados mayores de 18 años, con una duración de seis meses. Su trabajo consistió en dirigir las reuniones por manzana y llevar la opinión a un directorio. De esta forma, la organización de cada manzana quedó bajo los frentes de trabajo compuestos por voluntarios y pobladores electos para la función: “se reunían dos veces por semana de promedio, también elegían un ‘delegado’ quien no tenía un límite de tiempo en su función. Existieron ‘Frentes’ con mayor desarrollo que debieron crear ‘Sub-Frentes’. Estos espacios de organización se vincularon con las instituciones del Estado buscando hacer más eficiente su labor, por ejemplo, el Frente de Salud se relacionó con el Servicio Nacional de Salud y el Frente de Cultura con el Ministerio de Educación del gobierno de la Unidad Popular”¹⁰⁸. Esta organización abrió paso a la conciencia política y la organización comunitaria.

Para Sebastián Leiva la participación del MIR como un actor poblacional se materializó en 1970, con estrategias de acción que permitieron “la creación de nuevas formas de organización, que plantean una democracia participativa, y la articulación de las luchas del movimiento poblacional con las del resto del movimiento social, rompiéndose la lógica atomizante que había predominado”¹⁰⁹. Bajo este contexto, la conducción del Partido Comunista y la Democracia Cristiana fue prioritaria en el movimiento de pobladores¹¹⁰

La instancia destacada en la orgánica del campamento tuvo que ver con los Tribunales Populares y el alcance del poder local: “hay que crear los Consejos Comunales donde participen los pobladores y también los obreros, campesinos, estudiantes y soldados de cada sector”¹¹¹. El proyecto de Nueva Habana, estableció una perspectiva de sociedad distinta con una distribución horizontal del poder. Sin embargo, esta organización del movimiento poblacional tuvo un desarrollo histórico distinto en la Dictadura, donde las formas de hacer política se centran en la subsistencia.

Las visiones historiográficas anteriormente expuestas se desarrollan en torno al movimiento de pobladores y las movilizaciones por conseguir un espacio digno para habitar. Los autores coinciden en que el aumento de las tomas de terreno fue progresivo y respondió directamente al crecimiento de la ciudad de Santiago. En el desarrollo histórico de las tomas, se establecieron distintos tipos de organizaciones según el caso y el contexto en el que se presentan demandando soluciones habitacionales. Otro de los elementos de coincidencia es la desmovilización durante la dictadura, con distintas etapas según la perspectiva de análisis, las que difieren entre sí. Para algunos autores, los pobladores obedecen a la instrumentalización partidista, cuestionando la capacidad organizativa al interior de los comités de vivienda, lo que no tendría mayor proyección histórica, después de las protestas populares (1983) y la transición a la democracia (1989).

La transformación del movimiento de pobladores en las últimas décadas, se debe al cese de las tomas de terreno masivas como opción de solución habitacional y además el subsidio habitacional como opción única para una casa propia. En gran parte, los comités por la vivienda continúan con el trabajo comunitario para la obtención de recursos. En algunos casos, los partidos políticos han sido reemplazados por EGIS que actúan como intermediarias en la compra de terrenos, otro elemento de cambio en el movimiento de pobladores. La mantención del déficit de vivienda, aumentó el número de allegados, lo que ocasionó las últimas tomas masivas en Santiago y es donde se posiciona históricamente el caso de Esperanza Andina, en donde los comités que integran la toma negocian sus viviendas.

Conclusiones: Un sujeto colectivo que pervive y se reproduce en su memoria y nuevas formas de politización.

El movimiento de pobladores en la historia tiene una acción social (Smelser, 1963) que integra cuatro elementos generales “valores, normas sociales, motivación e instrumentos de la acción”¹¹². Entre cada uno de estos existe una tensión que los libera de la relación político-normativa. Desde este punto se generan los recursos de cada movimiento social, “capacidades laborales, hábitos de trabajo, amistad confianza, liderazgo, compromiso ético, etc. Sobre todos ellos actúa la ‘organización’, cómo también en los ‘fines símbolos’ que orientan la dirección de las acciones conjuntas”¹¹³. Los recursos de la organización, forman la cultura social compuesta por “a) la memoria que los actores habían construido específicamente sobre ‘injusticias y agravios’ provocados por el sistema dominante, b) por el modo social de recaudar y administrar los recursos propios, c) el modo de organizarse para todo eso y d) los fines, valores y modelos alternativos por los cuales se movían”¹¹⁴. De esta manera, se puede considerar un movimiento social histórico cuando se intenta arreglar los desperfectos de los recursos culturales estratégicos, para realizar los cambios en torno a sus objetivos: “Todo movimiento social implica pues, una vida histórica temporalmente acotada (pasajera) y en él, como quiera que sea el resultado final de intervención en el ámbito político, la sustancia real de su poder socio-político radica en la calidad y potencialidad histórica de la cultura propia que ha logrado consolidar. Y esto implica un proceso de aprendizaje colectivo”¹¹⁵. Las acciones al interior de la organización transforman a la comunidad “de naturaleza esencialmente ‘cognitiva’, de autoeducación, y vinculada a la marcha emergente de su poder cultural”¹¹⁶. La expansión de su modelo social alternativo construye la práctica política, lejos de la crisis de representatividad del movimiento popular.

Estos nuevos movimientos sociales se caracterizan por el manejo autónomo de recursos materiales e inmateriales y la organización interna de estos. Los aspectos inmateriales, como ocurre con las “capacidades laborales, hábitos de trabajo, amistad, confianza, liderazgo, compromiso ético”¹¹⁷, son parte de sus recursos. En este aspecto, encontramos en la historia de Esperanza Andina un gran componente de recursos no tangibles, surgidos en torno al trabajo en el terreno. La constitución de equipos para efectuar las instalaciones eléctricas, el loteo, la inauguración de la Casa de la Mujer, las movilizaciones y la autoeducación de pobladores complejizaron la lógica interna de la movilización.

Esperanza Andina vivió un proceso de construcción de cultural social, en base a la herencia de un pasado de pobreza y exclusión, evidenciado por elementos comunes entre los pobladores y que los llevó a organizarse en un comité de allegados como una forma de recaudar y administrar los recursos propios, la organización y los fines que los convocaban.

La cultura propia que construyeron se refiere específicamente a las herramientas materiales e inmateriales fuera de la cultura hegemónica oficial que se lograron consolidar en ocho años de movilización. No es necesario proyectar este desarrollo cultural a la órbita del Estado y el sistema de partidos políticos vinculantes: “No ha de olvidarse que el ‘movimiento’, en los Movimientos Sociales, no es de naturaleza física, como el que realizan las ‘masas’ que marchan por las calles y plazas, sino cómo se dijo, de naturaleza esencialmente ‘cognitiva’, de autoeducación y vinculada a la marcha emergente de su poder cultural”¹¹⁸. De esta forma, los fenómenos vinculantes entre el Movimiento Social y el proceso histórico oficial, pueden ser distintos, ya que en su interior existe una “autoproducción de significados”¹¹⁹, que lleva a formar normas de convivencia y leyes propias al interior de la toma. En el plano externo, se elaboró una propuesta de movilización para el planteamiento del problema frente al oficialismo y la comunidad en general.

De esta forma lo político se construye con dos directrices: una lógica interna y otra externa que llevó a establecer el capital propio de esta movilización por la vivienda. El accionar colectivo del comité de allegados, adquirió una dinámica local para los problemas que se generaban en el terreno, mientras que en orden a proyectar su lucha, “tienen poder porque desafían a sus oponentes, despiertan solidaridad y cobran significados en el seno de determinados grupos de población, situaciones y culturas políticas”¹²⁰. El desafío colectivo, el objetivo común, la solidaridad y el mantenimiento de la acción colectiva, forman las propiedades básicas de los movimientos sociales¹²¹ que, en el caso de los pobladores de Esperanza Andina, se presentan con distintos ritmos e intensidad a lo largo de la movilización y politización que dio en el tiempo con el origen al Partido Igualdad, desde el liderazgo de Lautaro Yancas. El movimiento es más en su propia identidad y repolitización.

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Notas

Notas de autor