Introducción

El arribo del siglo XX, y especialmente sus primeras décadas, sorprende a los chilenos en un escenario económico complejo, con una crisis del sector minero exportador y de la industria del salitre, la desnacionalización de la nueva minería del cobre, la desvalorización del peso, una caída del precio mundial del trigo y el progresivo agotamiento del sistema de hacienda, entre otras problemáticas. Las elecciones de 1920 se desatan en medio de un Chile convulsionado por años de efervescencia social, en un contexto mundial marcado por la Revolución Rusa y un clima revolucionario de poderosa influencia sobre las masas de trabajadores del mundo. Arturo Alessandri Palma accede al poder mediante promesas de una legislación social y leyes a favor de los sectores populares representando, al parecer, las ansias de justicia popular y el arribo de los intereses de los sectores medios a La Moneda. En estos años, los trabajadores entran en una fase activa de lucha social en que se fueron perfeccionando y haciéndose más efectivas las armas políticas y sindicales que se forjaran en la postrimería del siglo XIX.

Se presentan a continuación las trayectorias de movilización y desmovilización de la sociedad civil chilena a partir de 1920, desde un ciclo político marcado por un intento de democratización del poder y un correlato de efervescencia social expansiva, hasta el período dictatorial, con nítidas fases de desmovilización y movilización definidas por la represión y el autoritarismo. Como se puede deducir del siguiente relato, las trayectorias de (des)activación social se han visto constantemente influidas y determinadas por factores internos a los movimientos sociales, tales como la acción de agentes movilizadores o convocantes, o la constitución de una determinada identidad social - compuesta muchas veces por una memoria traumática - que une, aglutina y explosiona. Asimismo, son trayectorias moldeadas por variables externas, un juego permanente entre el quehacer, los desafíos y necesidades políticas del Estado, los vaivenes del mercado y la economía, y una respuesta - ya sea de movilización o bien de repliegue - de la sociedad civil.

1. Constelación histórica 1920-1938: la erosión del sistema oligárquico, la convergencia de los movimientos sociales y las clases medias

Década del veinte: la institucionalización de los movimientos sociales

El panorama económico nacional a principios de los años veinte padecía de una serie de dificultades y problemas que se prolongaron con breves períodos de recuperación hasta 1927. Tanto el modelo económico como un sistema político excluyente mostraban fisuras y señales de agotamiento, mientras los trabajadores y algunos sectores de las capas medias, tal como se adelantó, expresaban agitación, molestia y ansias de cambio social.

La agitada y larga fase de movilización iniciada a principios del siglo XX, que posiciona a la protesta social y a la huelga como herramienta de presión a las autoridades, así como a los primeros movimientos sociales con una orgánica más establecida, se traduce en la elección de Arturo Alessandri Palma. Su triunfo fue el resultado de una campaña que buscaba recoger, hacerse cargo y encausar las causas del descontento, de las luchas sociales y del fuerte espíritu reformista que recibía a la década de 1920, iniciando con ello un período de “reformismo mesocrático”¹. Como señala Gazmuri, la Alianza Liberal de Alessandri, aun cuando incluía a oligarcas, estaba compuesta mayoritariamente de sectores medios, pequeños comerciantes, medianos industriales y agricultores, artesanos y obreros.

Trabajadores y estudiantes, actores nuevos en la vida política y social chilena, contribuyeron en gran medida a la efervescencia y agitación de aquellos años. Los dirigentes del Partido Obrero Socialista decidieron fijar objetivos más claros con el fin de “reforzar y definir su conducta revolucionaria no sólo en conformidad a los principios del marxismo, sino también teniendo en cuenta las enseñanzas que impartía Lenin, y las ricas y novedosas experiencias que entregaban la Revolución Rusa, el bullente movimiento obrero internacional y aun las nuevas características que empezaba a presentar el movimiento obrero chileno”². El Partido Obrero Socialista de Recabarren decide así formar parte de la Internacional Comunista, transformándose en 1922 en el Partido Comunista de Chile, que defendía la toma de poder por parte del proletariado para instaurar un sistema socialista en el país.

Por su parte, los centros de estudiantes agrupados en la FECH reunían la avanzada anarquista, militantes socialistas, sindicalistas, artistas e intelectuales, representando a un sector medio ilustrado preocupado por la cuestión social, cercano al mundo obrero y que manifestaba desacuerdo y rechazo a la vieja república oligárquica. Y aunque en un primer momento los estudiantes apoyaron a Alessandri, se mostraron luego desconfiados de su programa de gobierno y sus promesas de favorecer verdaderamente al proletariado. Prontamente y dada una serie de eventos como el asalto de sectores conservadores a la sede de la FECH en julio de 1920, el encarcelamiento y persecución de algunos de sus miembros y la muerte de José Domingo Gómez Rojas en la cárcel, radicalizaron su posición y fortalecieron su alianza con los sectores revolucionarios, para definitivamente quitarle apoyo al nuevo presidente luego de la matanza de salitreros en San Gregorio en 1921³.

A las fluctuaciones del mercado internacional luego de la primera guerra, se añadió un decline en las exportaciones, un quiebre en la industria salitrera y, con ello, una merma en las rentas fiscales, la paralización de obras públicas y el establecimiento de nuevos impuestos para reducir la magnitud de los déficits⁴. Por otra parte, el Congreso, mayoritariamente opositor, rechazó las reformas propuestas por el Ejecutivo, incluidas las leyes sociales como la promulgación del Código del Trabajo y la Previsión Social. Asimismo, la post guerra inaugura un período global de transformación social que se traduciría en nuevos paradigmas e instituciones. Con el desafío de la reconstrucción de las naciones europeas, la noción de un Estado interventor comienza a volverse hegemónica en occidente. En Chile, Alessandri vuelve suya la idea de un ente estatal con mayores atribuciones en contraposición a un Estado que no toma parte en los asuntos económicos ni sociales, característico del parlamentarismo o la etapa previa a 1920.

Como señala Gazmuri⁵, el Presidente Alessandri consideraba este conjunto de reformas como la manera de canalizar legalmente la protesta obrera y facilitar una evolución social más pacífica y alternativa frente a las fórmulas represivas que silenciaban sólo temporalmente a los movimientos sociales. Las ansias reformistas en torno a la legislación social y leyes a favor de los sectores populares se vieron, sin embargo, aplazadas o paralizadas, tanto por la estructura constitucional que favorecía al poder del Congreso en desmedro del ejecutivo, como por la crisis económica en que se encontraba sumido el país.

El malestar social continuó expandiéndose, mientras los sectores laborales encabezados por la FOCH arengaban nuevas huelgas y movilizaciones como medio de presión. En 1924 y haciendo sonar sus sables, oficiales militares de clase media demostraron su malestar por el quehacer del gobierno y el impacto de la situación financiera sobre su mundo e intereses. Bajo presión militar, el legislativo aprobó la realización del programa de Alessandri: proyectos referentes a cooperativas, contratos de trabajo, sindicatos, tribunales de conciliación y arbitraje, indemnización por accidentes de trabajo, caja de empleados particulares, caja de seguro obligatorio, derecho a huelga y leyes militares. Se concretaba así, parte de las demandas impuestas por los trabajadores a través de años de protesta y presión social.

En ese mismo período sin embargo y como contracara a este progresista proceso, se producen importantes huelgas en la pampa nortina en paralelo a la demanda de nacionalización de la industria salitrera por parte de la FOCH. La respuesta del gobierno a la presión obrera desembocó en la llamada Matanza de La Coruña, donde un número todavía indeterminado de trabajadores del salitre perdieron la vida producto de las acciones represivas⁶. A esas alturas y frente a un Comité Militar que exige a Alessandri la disolución del Congreso, el presidente decide renunciar y autoexiliarse, dando paso a la formación de una Junta de Gobierno que procedió a disolver el congreso y quebrantar con ello el régimen constitucional y el sistema parlamentario.

En 1925 y tras el golpe de Estado liderado por Carlos Ibáñez del Campo que derroca a la Junta de gobierno militar, se le pide a Alessandri que regrese de su exilio a cumplir con el resto de su mandato. La necesidad de una nueva constitución se vuelve explícita tanto para el presidente como para la ciudadanía, y el documento emanó de una Comisión Consultiva designada por Alessandri, que elaboró un proyecto de Constitución aprobado por medio de un plebiscito. El documento incluía, entre otras importantes medidas, una reafirmación del Poder Ejecutivo, una separación definitiva de la Iglesia y el Estado y el fin legal del régimen parlamentario. Luego de esto, la acción colectiva de la sociedad civil sufre un repliegue y, con ello, luego de una larga fase de activación y movilización - quizás las más larga que presenciara el siglo XX - se da paso a un período de latencia o desmovilización que duraría aproximadamente hasta 1932. Para Salazar y Pinto⁷, la sociedad civil y los movimientos sociales eran, sin embargo, a esas alturas y después de 1908, “muchísimo más fuertes que a comienzos de la República”; luego de un agitado proceso social, en 1925 “lo que se logró al final fue la gobernabilidad de la sociedad civil en los términos tradicionalmente requeridos por la clase política civil”. En aquellos años, el movimiento de trabajadores se caracterizaba por ser sumamente politizado, con divisiones sindicales que indicaban diferencias ideológicas o de partido, mientras el problema de la relación entre los partidos y los sindicatos ya se hacía evidente⁸.

A partir del levantamiento militar en 1924, comienza un período de sumisión a las fuerzas armadas. La fase de desmovilización de los movimientos sociales se ve influida por la elección de Ibáñez en 1927 quien asume un autoritario gobierno con una fuerte represión a la oposición, censura a la prensa y subordinación del emergente movimiento sindical. Bajo un decreto del Ministerio del Interior, se buscó asegurar el orden por todos los medios: “desde hoy, en consecuencia, no habrá en Chile ni comunismo ni anarquismo. El control del país no pueden tenerlo, justificadamente, desplazados de la cosa pública, como no lo tendrán tampoco los que han tenido la audacia de reemplazar nuestra bandera por el trapo rojo”⁹. En la tabla 1 se puede apreciar la merma en la participación en organizaciones obreras tras el impacto de la dictadura de Ibañez.

El régimen autoritario gozó, sin embargo, de aceptación popular dado un auge económico por alza del precio del salitre, la emergencia de la gran minería del cobre, una fuerte expansión del gasto público y la modernización de la infraestructura productiva del país¹¹. Al mismo tiempo, los diez años posteriores a 1924 fueron de gran impacto para el movimiento obrero en Chile: se inició la formación de sindicatos legales y un sistema de relaciones industriales reglamentado por el Estado y, a principios de la década del treinta, el desempleo redujo el tamaño de los sindicatos y la industrialización los modificó. La dictadura de Ibañez proscribió al Partido Comunista y persiguió al FOCH, el anarquismo perdió fuerza mientras los comunistas dejaron de proclamar la guerra de clases para comenzar a promover la creación de un Frente Popular. En este contexto, los obreros sindicalizados fueron espectadores más que partícipes de los acontecimientos de estos años como la promulgación de la nueva constitución y el nuevo un código laboral (1931), reformas sociales que fueron aprobados sin la participación de los trabajadores¹².

La crisis mundial de 1929 remeció a la economía chilena que vio resentida todas las actividades productivas, los ingresos fiscales y las divisas. El alto endeudamiento público y una errática política monetaria del gobierno volvieron inviable la situación económica y provocaron un colapso no sólo financiero, sino también productivo y fiscal. Las exportaciones de salitre y cobre se desplomaron con graves consecuencias sobre la economía interna, los ingresos y reservas fiscales.

Los primeros treinta años del siglo XX sorprendieron así a los chilenos con un proceso de expansión y maduración de los movimientos sociales y nuevas formas de organización de la sociedad civil, así como con la penetración de las ideologías comunistas y anarquistas. Desde la Cuestión Social y hasta el año 1925 se observa una de las fases de activación y movilización más importante del siglo XX, puesto que es ahí donde se comienzan a sentar las bases y urdir el entramado social que se vuelve clave durante los gobiernos del Frente Popular. Desde 1925 se inicia así una etapa de desmovilización motivada en parte por la derrota de los movimientos sociales en la construcción de la nueva institucionalidad, así como por la represión y desactivación forzada por la dictadura de Ibáñez del Campo. Entre 1925 y 1931, la promulgación de leyes sociales y el Código del Trabajo cambiaron radicalmente la disposición del movimiento obrero y las organizaciones de trabajadores. Desde ese momento, los sindicatos y sus federaciones tuvieron que decidir entre aceptar la nueva legislación y sus reglas o perseverar con una postura centrada en la lucha de clases y de corte más revolucionario. Los obreros y empleados del sector estatal y las grandes empresas aceptaron el sometimiento a la nueva normativa, mientras el movimiento obrero se plegó a la línea más radical y se escinde entre la FOCH (comunista), la Confederación Nacional de Trabajadores (anarquista) y la Confederación Nacional de Sindicatos (socialista).

Las trayectorias de (des) activación de los años veinte se vieron influenciadas - ya sea para inhibir o desatar - por el trauma de las matanzas obreras ocurridas de forma sistemática en aquellos años, así como por una represión perpetrada en nombre de la estabilidad y gobernabilidad de Estado. Asimismo, los golpes de una economía fluctuante y que sufriera entonces uno de los mayores embates con la crisis del salitre y luego con la crisis mundial de 1929, afectaron el quehacer de los movimientos y las organizaciones sociales.

Año 1931: una nueva fase de movilización

Las repercusiones a nivel social de la crisis de 1929 no tardaron en hacerse evidentes y, al llegar 1931, la combinación de represión con una aguda crisis fiscal volvió insostenible el mandato de Ibáñez. Provocada esta vez por los azotes de la crisis económica, se inicia un nuevo ciclo de movilización social. En Santiago se multiplican las manifestaciones y los disturbios y los estudiantes de las principales universidades suspenden las clases hasta conseguir la renuncia de Ibáñez, acción a la que adhieren profesionales, personal de servicio, profesores y el comercio de la capital. La efervescencia social provocó enfrentamientos y la muerte de al menos tres civiles y un policía¹³. En esos días, los partidos de oposición organizan y constituyen una Unión Civilista y convocan a una marcha por las calles del centro de Santiago que es acogida por ciudadanos de diversos sectores. Diputados de distintos partidos políticos le piden la renuncia al Presidente Ibáñez y las fuerzas armadas se muestran divididas y desmoralizadas. La presión del movimiento social se traduce en la dimisión de Ibáñez y, tras un breve lapso de acciones constitucionales, los militares regresan al poder, esta vez enarbolando una república socialista¹⁴.

Se produce en definitiva durante aquellos años la erosión del sistema oligárquico de la mano de la emergencia de un movimiento obrero de inspiración marxista, actor que resultaría clave en el desarrollo socio-político del siglo XX. Como señala Fazio¹⁵, luego de la década del veinte y dado lo fallido de esa estrategia, la élite oligárquica comienza a dejar de recurrir al aparato represivo del Estado para contener a los movimientos sociales. Esto, pues el acción de los trabajadores no sólo no desapareció, sino que se radicalizó y se consolidó además de expandir su influencia hacia los sectores medios. A partir de entonces, la contención popular comenzó a realizarse por medio de mecanismos legislativos, la nueva Constitución y la aprobación de un nuevo Código Laboral. Los sindicatos y las organizaciones obreras empezaron a integrarse así a la vida institucional del país. El período 1919-1925 presenció así una “arremetida sociocrática (…) y la constante presión reformista de las capas medias desde 1914”¹⁶. Como señala Salazar, la represión de principios del siglo XX dio paso a una metodología política más conciliadora y tendiente al consenso que coincidió y fue parte de un nuevo ciclo político que nace el año 1932. Desde entonces, se produce una etapa de mayor estabilidad política y económica y, en relación a la sociedad civil, una fase de aparente desmovilización.

En términos políticos, el cuestionamiento al liberalismo y al parlamentarismo erigido tras la década del veinte y la crisis de 1929, implicó el surgimiento de nuevos paradigmas. El socialismo, el fascismo y el corporativismo compartían la necesidad de un Estado con mayor injerencia en la sociedad, donde modernizar comienza a ser sinónimo de estatizar y la correspondiente organización de un aparato estatal que respondiera a esas convicciones¹⁷. En el período posterior a 1932, el Partido Radical, representante de la nueva clase media chilena, se transformó en el eje principal de la política nacional. Por otra parte, el Partido Demócrata que había encarnado los intereses de artesanos y obreros desde el siglo XIX, desaparece y es reemplazado en la década del 1930 por los partidos Socialista y Comunista. Este último, sin embargo “fue el único verdadero partido proletario del Chile del siglo XX. El Partido Socialista, creado en 1933, fue dirigido por la clase media y media alta. El MIR y el MAPU, mucho después, estuvieron compuestos por descendientes de oligarcas”¹⁸.

La elección de Alessandri en un segundo período presidencial (1932-1938) permitió restaurar la estabilidad de la democracia, impidiendo la intromisión de los militares en la política y desmovilizando a las llamadas milicias republicanas o unidades paramilitares organizadas a principios de los treinta. Asimismo, las políticas económicas facilitaron la recuperación tras el duro golpe de la crisis, mientras, el alza de los precios de las materias primas a nivel mundial, revitalizaron la industria del cobre. En términos de la sociedad civil, la disminución en la agitación y efervescencia social de los años 1931 y 1932 no implicó una desactivación social, sino que un período de latencia en que se fueron generando nuevas formas de organización y articulación, especialmente en torno al movimiento obrero, y más tarde el campesino. Por otra parte, Alessandri buscó la estabilidad política y la gobernabilidad a través de un gobierno fuerte, solicitando permanentemente al Congreso el otorgamiento de facultades extraordinarias que se usaron mayormente contra grupos de izquierda y los intentos de huelga.

En la segunda mitad de la década del treinta y dado el avance del fascismo, el Partido Comunista reorientó su política y, luego de diversos acercamientos tanto con radicales como socialistas, se acuerda unir las fuerzas democráticas y constituir un Frente Popular. Como señala Garcés¹⁹, el movimiento de trabajadores desempeñó un papel fundamental en la constitución de esta alianza dado que en 1934 y consecuencia de la violenta represión del gobierno a una huelga ferroviaria de carácter nacional, las distintas organizaciones atomizadas que agrupaban a los trabajadores deciden unificarse. La acción colectiva que dio pie a la huelga se mantuvo durante varios días y logró la adherencia de todas las organizaciones sindicales más grandes del país, constituyéndose en un movimiento de características nacionales. Al mismo tiempo, el comercio amenazó con el cierre y los bancos con ir a huelga, las constructoras pararon sus obras y movimientos de apoyo se desataron entre obreros y empleados de diferentes ramas²⁰.

Así, el Comando Único emanado de la huelga evolucionó pronto al Frente de Unidad Sindical, organizó un Congreso de Unidad Sindical en diciembre de 1936 y permitió el surgimiento de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), la segunda central obrera más importante del siglo XX. Se desarrolla así una clase proletaria industrial, un nuevo actor en el panorama socio-político del país. La unidad de los trabajadores bajo una única orgánica representó una pieza fundamental en la creación del Frente Popular, en un acuerdo y decisión resuelta en el Congreso Constituyente del CTCH en diciembre de 1936. Como indica la declaración de principios y estatutos de la CTCH de 1943:

Que, para derrotar al fascismo y llevar adelante el progreso económico y social del país, la clase obrera debe aliarse con otros sectores y encabezar la lucha de todas las fuerzas democráticas y progresistas, interesadas en la terminación de las supervivencias semi-feudales y en el desarrollo de una gran industria nacional para abrir el cause al engrandecimiento de la patria y asegurar el bienestar de las masas trabajadoras²¹.

La fuerza adquirida por la nueva organización le permitió formar parte de la alianza política que apoyó e hizo ganar a la candidatura del radical Pedro Aguirre Cerda en la elección presidencial de 1938. Con Aguirre Cerda en el poder, la organización debió tomar decisiones clave respecto a la aceptación o rechazo de la legislación social de 1924 y reformulada en el Código del Trabajo de 1931. Esto implicaba aceptar la regulación estatal no sólo sobre las relaciones capital-trabajo, sino sobre la propia organización obrera.

2. Del Estado de Compromiso a la Unidad Popular 1938-1973

Inclusión política, estagnación económica

Los hechos ocurridos durante la década del treinta, y que convergen en la alianza entre la clase política y el movimiento de trabajadores, así como en el triunfo del Frente Popular, definirán el talante de la esfera socio-política por las próximas décadas. La constitución del Frente viene a consolidar la inclusión de los sectores medios y de los trabajadores en la esfera política, producto de una mayor radicalización y autonomía de estos actores a principios de la década del treinta²².

Tal como señala Milos²³, el período 1938-1973 estuvo marcado por las coordenadas políticas tras el triunfo de Pedro Aguirre Cerda que, mucho más que una coalición electoral, compendiaba fuerzas progresistas que buscaban ampliar y profundizar la democracia del país, reorientar el modelo de desarrollo, así como representar el interés de las mayorías. Se apostó en general a la estabilidad y gobernabilidad y a que los cambios socio-políticos se enmarcaran en la institucionalidad, aun cuando las fuerzas progresistas evolucionaron desde las alianzas amplias a principios de los cuarenta, hacia proyectos cada vez más exclusivos políticamente como aquel encarnado por la Unidad Popular. A nivel económico, el modelo “hacia adentro” se erige como método para lograr independencia de los mercados internacionales y reducir la vulnerabilidad externa, con una serie de medidas económicas y múltiples mecanismos de protección de la industria nacional, incentivos y créditos accesibles.

A nivel socio-político, el proceso de democratización implicó la apertura de espacios para la representación y satisfacción de los nuevos sectores medios incorporados²⁴. En términos concretos, la inclusión de nuevos grupos sociales a la arena política se vio reflejada en la participación política-electoral en Chile, que comienza a expandirse rápidamente en este período, progresando desde tasas que no superaban el 10% hasta un 60% de la PEV en 1964. El mayor impulso a esta trayectoria inclusiva fue la incorporación de la mujer en la vida política, con su reconocimiento como ciudadano en 1934 y la aprobación del voto femenino en 1935 para elecciones municipales y luego en 1949 para elecciones presidenciales y parlamentarias. Como se puede observar en la figura 1, el aumento del electorado tuvo desde entonces un crecimiento constante, alcanzando en las elecciones de 1973 uno de los niveles más altos en la historia de Chile.

Luego del triunfo del Frente Popular, la CTCH pasó a tener una relación directa con el nuevo gobierno, lo que permitió su crecimiento y posicionamiento en la escena política. Vínculo que, sin embargo, sería motivo para su debilitamiento, división y pérdida de protagonismo en las décadas posteriores.

Pese al proceso de democratización iniciado en este período y a la inclusión de grupos mesocráticos y de trabajadores a la vida política del país, esto no implicó que la represión y la exclusión no siguieran afectando tanto a diversos segmentos sociales, especialmente sectores marginales urbanos y campesinos, como a determinados partidos políticos²⁶. Las demandas campesinas se postergaron a favor de la incipiente industrialización, mientras los partidos de izquierda sufrieron las tensiones y contradicciones de ser parte del Frente Popular y del gobierno y apoyar paralelamente las demandas populares, lo que supuso conflictos y divisiones tanto con los socialistas como con los radicales.

Enmarcado en las tensiones de la segunda guerra mundial, el país vivió las elecciones de 1942. El triunfo del radical Juan Antonio Ríos fue resultado del apoyo de demócratas, falangistas, socialistas y comunistas. En coincidencia con la muerte de Ríos en 1946, se inaugura en el país un nuevo ciclo político, fuertes movilizaciones sociales y la radicalización del movimiento popular. Tal ciclo político se inicia de la mano del creciente tensionamiento producido por el estancamiento de la industrialización y las empresas del Estado, una expansiva curva precios-salario, junto a las tensiones y descomposiciones de las coaliciones políticas de gobierno²⁷.

Las relaciones entre la sociedad civil con el Estado y el mercado se manifiestan el año 1946, cuando los trabajadores de las oficinas salitreras Mapocho y Humberstone se declaran en huelga por el alza en precios en las pulperías. El gobierno interino de Alfredo Duhalde respalda a las compañías salitreras en desmedro de los trabajadores, anulando la personalidad jurídica de sus sindicatos. Frente a estas respuestas del gobierno, la CTCH convocó a una concentración en apoyo a los obreros el 28 de enero de ese año. Tras una marcha que movilizó a varios miles de obreros y trabajadores de empresas, los manifestantes se concentraron en la plaza Bulnes provocándose serios conflictos entre manifestantes y carabineros, resultando seis muertos y cincuenta heridos. Como señala Salgado²⁸, luego de estas manifestaciones y su violento desenlace, el espectro político chileno se reconfiguró, se produjo un cambio de gabinete, los socialistas apoyaron al gobierno y entraron a la Moneda a formar parte de la nueva bancada, mientras los comunistas decidieron apoyar y prolongar la huelga de manera indefinida y estrechar vínculos con la oposición. La consecuencia más importante, sin embargo, señala, fue la fracturación del movimiento obrero entre facciones comunistas y socialistas de la CTCH. Efectivamente y tal como señala Angell²⁹, entre 1946 y 1948 el movimiento sindical se dividió, muchos sindicatos de obreros manuales se salieron de la CTCH y al mismo tiempo aumentó la militancia y unidad de los trabajadores de cuello blanco agrupados en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF formada en 1943.

González Videla asume la presidencia el 3 de Noviembre de 1946. En la conformación de su primer gabinete de ministros participan liberales, radicales y, por primera vez en cargos ministeriales, militantes comunistas. Sin embargo y junto a las tensiones locales e internas entre los partidos de gobierno, así como el comienzo de la guerra fría, el gobierno muestra su apoyo a los Estados Unidos complicando aún más las relaciones con el Partido Comunista. La expulsión de los ministros comunistas del gabinete en 1947 motiva una fuerte movilización social que culmina con la promulgación de la Ley Nº 8.987 conocida popularmente como la ley maldita. A partir de entonces, el ciclo de movilizaciones sociales continúa: en julio de 1947 se produce una huelga de la locomoción colectiva de Santiago, en agosto de 1947 se paralizaron las labores en los minerales de Lota, Coronel, Curanilahue y Lirquén, mientras en enero de 1948 muchos dirigentes sindicales y comunistas fueron reprimidos y relegados a Pisagua, donde se estableció un campo de detenidos.

Al mismo tiempo, el impulso económico del proyecto de industrialización comenzó lentamente a agotarse y los rubros de sustitución más simples a colmarse, la industria manufacturera se estancó y las tasas anuales de crecimiento industrial cayeron entre los años 1946 y 1951 a un promedio de 1,8%³⁰. Como señala Salazar³¹, desde entonces las movilizaciones sociales comenzaron a multiplicarse mientras las estrategias y repertorios de acción adoptaban un nuevo semblante, se produce un cambio desde un tipo de movilización social de carácter reivindicativo y organizado, propio del período 1931-1945 y relativamente funcional a la institucionalidad, al Código del Trabajo de 1931 y a las bases del proyecto nacional-desarrollista. La crisis económica del proyecto desarrollista forzó a los trabajadores a movilizarse de formas que excedieron los límites de esa orgánica obrera. Asimismo, la crisis política del proyecto afectó directamente a los dirigentes sindicales ligados a las cúpulas partidistas, y se generó desconfianza desde las bases laborales para con sus dirigente.

Con todo lo anterior, las formas de acción colectiva reivindicativa dieron paso al desarrollo de acciones directas, movilizaciones espontáneas y mayores ‘reventones’ sociales. La respuesta de la clase política frente al desborde social sería ajustar programas y alianzas de gobierno, junto a una modernización y socialización del desarrollismo y una expansión de los canales de participación para la masa ciudadana, lo que significó “transitar desde el precientífico nacional-desarrollismo al planificado nacional- populismo”³². La elección de Ibáñez y su gobierno en 1953 fue una respuesta a esta sumatoria de fenómenos, la búsqueda de un estilo político diferente que aglutinó tanto a derechistas, radicales, socialistas, pro fascistas, civilistas y militaristas. Como indica Gazmuri³³, la elección de Ibañez expresó la intención popular de reemplazar los acuerdos de los sectores sociales por la de un caudillo carismático.

A fines de la década de 1940, el movimiento obrero fuertemente ligado al Partido Comunista a través de la CTCH, fue reprimido y debilitado por la ley maldita. Sin embargo y tal como señala Barrera³⁴, las acciones huelguísticas se expandieron en paralelo a la legislación represiva, con protestas que llegaron hacia fines de enero de 1950 a desplegarse en jornadas que articularon a gremios de empleados, sindicatos obreros, estudiantes y sectores de la oposición política, surgiendo desde entonces múltiples voces que propugnaban la unidad sindical. Así, la conducción del movimiento de trabajadores fue asumida por organizaciones de empleados - especialmente del sector público con del liderazgo de Clotario Blest – y lograron con la venia del flamante gobierno de Ibañez organizar la nueva confederación de trabajadores en 1953, la Central Única de Trabajadores (CUT), permitiendo a los trabajadores recuperar un rol protagónico en los años 50. El sindicalismo de la CUT se vinculó progresivamente a los partidos de izquierda y potenció la movilización sindical, llamando a un paro general de trabajadores a sólo meses de su creación en mayo de 1954. La emergencia de la sindicalización agrícola comienza, en tanto, en 1949 con una ley de sindicalización campesina promulgada en 1947.

En 1954 y 1955 la CUT convoca a huelgas generales con reivindicaciones y motivaciones económicas, políticas y laborales, como la exigencia de un salario vital obrero, el reclamo por el alza de precios de artículos de primera necesidad y la derogación de la Ley de Defensa Permanente del Estado³⁵. Hacia 1956, y dada la pérdida de apoyo popular de Ibáñez, éste envía al Congreso un proyecto de reforma electoral y otro para la derogación de la maldita que sería reemplazada por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ambos proyectos fueron aprobados lo que implicó, por una parte, la introducción del voto obligatorio y la ampliación de la participación electoral y, por otra, una legitimación del Partido Comunista, que ese año concreta una nueva alianza de izquierda con el Partido Socialista: el FRAP (Frente de Acción Popular).

En el plano económico, un espiral inflacionaria y de programas para combatirla tienen repercusiones en la industria nacional (mayor apertura de la economía, liberalización de las importaciones, reducción del gasto fiscal, etc.), mientras que en el plano político el centro representado por el pragmático Partido Radical comienza a ser desplazado por el recién formado Partido Demócrata Cristiano (1957), de la fusión de la Falange Nacional con el Partido Conservador Social Cristiano. En el mismo período y tal como se observa en la tabla 2, el número de huelgas y conflictos siguieron una trayectoria expansiva en el período 1956-1964.

La revolución cubana en 1959 potenció la generación de diversos movimientos guerrilleros en América Latina. La respuesta estadounidense para detener el avance socialista se valió de la Doctrina de Seguridad Nacional así como de la Alianza para el Progreso con diversas reformas en la estructura social y económica de los países de la región. Estas políticas ejercieron una influencia clave en el gobierno del recién electo Jorge Alessandri Rodríguez y particularmente en el de Eduardo Frei Montalva, mientras el proceso cubano sirvió de inspiración y de móvil para la radicalización de la izquierda chilena.

En términos de la sociedad civil, todo el proceso desplegado desde 1925 redundó en una expansión de los grupos medios ligados a la burocracia estatal con sus correspondientes expresiones gremiales y políticas, tal como se ha descrito hasta este punto. Como señalan Garcés y Rodríguez³⁷, el proceso socio- político de estas décadas permitió una diversificación de la sociedad civil de la época y constituyó diversos campos de conflicto social y político que alcanzan su punto más culminante en los años sesenta. Hacia esta década, el proyecto socio-político y económico del Estado de Compromiso comenzó a mostrar sus límites y deficiencias. El proceso de democratización e inclusión social provocó una expansión en las demandas y requerimientos de la sociedad civil, demandas que el Estado no fue capaz de atender dada la estagnación económica, la constante inflación y el desempleo, en un modelo que, en definitiva, no logró equiparar la inclusión política con la integración material. La respuesta de los partidos y del sistema político en general a la presión ciudadana se tradujo en una polarización política y en el incremento de la movilización social.

De la ‘revolución en libertad’ a la ‘vía chilena al socialismo’: hipermovilización social

En paralelo al aumento en las exigencias sociales, durante las décadas del cincuenta y sesenta se amplifica la presión por una reforma agraria, mientras la clase política, especialmente radicales y demócrata cristianos, comienzan a considerarla como una manera de capturar el voto rural y a un, ignorado hasta entonces, movimiento campesino. Se trataba al mismo tiempo de avanzar en transformaciones estructurales que permitieran al país salir de la dependencia económica al capital extranjero, dar solución a la concentración del poder económico y a la desigualdad y la pobreza, así como a la pauperización de amplios sectores de campesinos, obreros y pobladores, pero sin adoptar los modelos comunistas o socialistas, tan difundidos por la época. Se adhirió entonces a la Revolución en Libertad liderada por el Partido Demócrata Cristiano, con el apoyo de Estados Unidos y de la Iglesia Católica. Con esto, el período 1964-1970 representa el último esfuerzo por mantener la lógica del sistema, pero profundizando en la industrialización y desarrollo local, expandiendo el mercado interno y eliminando las exclusiones estructurales de sectores marginales rurales y urbanos, siendo necesario para ello agudizar en las tendencias concentradoras y dependientes del modelo, en un clima de creciente movilización popular³⁸.

Como indican Garcés y Rodríguez³⁹, la década del sesenta estuvo marcada por el ascenso organizativo y la movilización del movimiento obrero, acompañado por campesinos y pobladores, nuevos actores sociales que hacen su irrupción en la vida nacional. Los campesinos, cuyos derechos de asociación no habían sido reconocidos durante el período del Frente Popular, hacen su entrada a la escena socio-política a través de la reforma agraria y una nueva ley de sindicalización campesina promulgada durante el gobierno de Eduardo Frei. Asimismo, los pobladores pusieron en marcha un movimiento social de envergadura para ejercer presión al Estado, especialmente en torno a la problemática de la vivienda en la ciudad. Tal como se observa en la tabla 3, la identidad y los actores protagonistas de los hechos de violencia política popular sufre reconfiguraciones en el período 1947-1987. Hasta 1973 se produce un aumento en la presencia y relevancia de los pobladores, incremento que es aún más agudo en militantes de partidos políticos. Lo anterior, viene a reflejar cambios en las dinámicas de competencia dentro de los partidos políticos en el período 1950-1973, con la emergencia de una centro-izquierda en torno a la DC y la penetración de la izquierda y centro-izquierda en el mundo rural y de los pobres urbanos.

En términos de la sociedad civil, los programas y acciones puestas en marcha durante el gobierno de la DC fueron clave para el incremento en la movilización, legitimidad de demandas y visibilización de los actores populares como campesinos y pobladores⁴¹. El ciclo que se inicia en 1964 con el gobierno demócrata cristiano destaca por la realización de reformas sociales y económicas en pos del control de la inflación, reparación de injusticias sociales y redistribución de poder político y económico⁴². Con la incorporación de campesinos y pobladores a las filas de los partidos, se genera un cambio en los lineamientos políticos y, al mismo tiempo, se constituye en catalizador para las movilizaciones masivas⁴³. Lo anterior, pues la emergencia de nuevos actores sociales en el espectro público implicó una aumento exponencial en las demandas focalizadas en un Estado cada vez más desbordado e incapaz de contenerlas.

Dado el contexto político populista - populismo partidario más que personalizado como ocurría en el resto de América Latina -, el tipo de acción colectiva que se define en este período y en que se enmarcan las movilizaciones sociales tuvo un carácter clientelista, con movimientos de masas dependientes de los partidos políticos, una sociedad política más desarrollada que la sociedad civil⁴⁵, y un espectro ideológico partidario completo que le dio a la política un carácter altamente ideológico y radicalizado en los años sesenta⁴⁶. Los campesinos, sólo en los dos primeros años del gobierno de Frei, desarrollaron 508 huelgas que buscaron acelerar el proceso de expropiación recurriendo, en algunos casos, a la ocupación de terrenos y casas patronales⁴⁷. Con la puesta en marcha de la Reforma Agraria, la derecha tomó un nuevo ímpetu que se tradujo en su articulación y su resurrección, con apoyo de importantes sectores de la clase media intimidados por el ambiente expansivo de agitación política y movilización de las masas.

En distancia tanto con la derecha política y económica como con la utopía socialista de la izquierda, la DC y su proyecto comunitarista se aisló políticamente, generándose tres tercios políticos en materia electoral y desarmándose la estrategia de alianzas y compromisos, así como la posibilidad de contención de los conflictos políticos. La oposición ejercida por la izquierda tuvo como herramienta importante la presión y movilización social: en 1966 los socialistas inician un paro ilegal en la mina de El Salvador en apoyo de mejoras salariales y luego, en 1967 proclaman la legitimidad de la violencia revolucionaria como única vía para alcanzar la revolución socialista; en 1968 se declararon en huelga los profesores, los portuarios, el personal de correos y telégrafos, los trabajadores de LAN Chile y los empleados de la Empresa Nacional de Petróleo; en 1969 los partidos de izquierda a través del Comando Nacional de Trabajadores convocan a un paro general de protesta el que logró ser parcial, pero provocar grandes disturbios en distintos puntos de la capital. Junto a estos tensos eventos, grupos de terratenientes bloquean la carretera del sur como una manera de presionar al gobierno a aumentar el precio del trigo⁴⁸.

La DC finaliza su mandato dividida entre sus lealtades al gobierno y, por otro lado, a sus bases populares “que habían hecho rápidos aprendizajes de “movilización social” y que aspiraban a producir cambios más de fondo tanto en la justicia social como en la participación popular”⁴⁹. Frente a la imposibilidad de resolver sus conflictos y en la negativa a sacrificar su proyecto y establecer alianzas, la DC pierde la elección de 1970 en un clima político fuertemente marcado por la movilización popular, un aumento en las expectativas sociales y una izquierda que logró capitalizar el descontento de las bases de la DC, fenómenos que finalmente precipitaron el triunfo de Allende.

Entre 1965 y 1973 se despliegan y consolidan las tendencias reformistas con foco en la integración creciente de los sectores populares urbanos y rurales en los planos económico, político y social. El carácter reformista que bajo el gobierno de la Democracia Cristiana había adoptado un tempo gradualista, bajo el gobierno del Salvador Allende se acelera y se intenta avanzar en cambios radicales y revolucionarios en términos de la organización económica y política⁵⁰. La ‘vía chilena al socialismo’ concebía la revolución socialista como la sustitución de una sociedad capitalista, pero en el marco de un régimen democrático, a diferencia de la definición que se tenía en aquella época en la generalidad de los países latinoamericanos. El aspecto principal en todo este período y que alcanza su peak durante el gobierno de la Unidad Popular, es la centralidad de la política y del Estado no sólo en el desarrollo económico, sino también y especialmente en las orientaciones culturales y la constitución de actores sociales con valores asociados a la igualdad y la solidaridad, así como a los proyectos nacionales colectivos y mesocráticos.

En esta línea, los movimientos sociales se articularon en torno a demandas estructurales y otras más específicas como el alza de salarios, la negociación por rama en producción, tierra y vivienda. Los repertorios de acción colectiva asociados a estas demandas comenzaron a incluir las formas de lucha y de presión institucionales y más tradicionales, con formas extra-institucionales que - toleradas o a veces instadas por el gobierno - incorporaban nuevas formas de participación en la empresa, en tierras expropiadas y en el poblamiento urbano. Con esto, los obreros iban a huelga a la vez que podían ocupar fábricas y centros laborales; los campesinos organizaban sus sindicatos y se beneficiaban por aspectos de la reforma agraria en paralelo a realizar tomas de fundos para acelerar la aplicación de la ley; los pobladores presionaban al Estado para la construcción de viviendas realizando cada vez más frecuentemente ocupaciones de terrenos en la ciudad; mientras se desplegaba la organización de milicias paramilitares y de ‘cordones industriales’ que articulaban a los obreros en una eventual defensa armada del régimen⁵¹.

Con el objetivo de desarrollar su proyecto político, pero manteniendo el control general sobre el proceso, Allende profundizó el vínculo con la CUT a través de un convenio en diciembre de 1970 y la entrega de personalidad jurídica en mayo de 1971. El acuerdo, establecía cláusulas sobre el aumento salarial y reformas a la política laboral, así como alineaba las demandas de los trabajadores organizados con la estrategia política del gobierno. Al estrechar el vínculo con el gobierno, la CUT perdió su autonomía para pasar a transformarse en una extensión del Estado, consolidándose otra característica del tipo de acción colectiva propia de la época pre-dictatorial, esto es, prácticas y movimientos sociales subordinados y altamente dependientes de los liderazgos de un partido-vanguardia⁵².

Hacia 1972, el apoyo político al gobierno continuaba fuerte, aunque debilitándose producto del complejo panorama económico, con un aumento superlativo de la inflación que alcanza un 294%⁵³ y una creciente escasez de alimentos. Las necesidades insatisfechas junto a las altas expectativas generadas por el gobierno de la Unidad Popular provocaron una intensificación del proceso de agitación social que se manifestó especialmente en pobladores y campesinos. Las crecientes movilizaciones estaban logrando desbordar las propias direcciones políticas de los partidos, tal como lo reconoce el Partido Socialista en su Congreso de 1971. El objetivo de profundizar en la movilización social y presión popular seguía, sin embargo, representando a esas alturas una herramienta fundamental para la concreción de los objetivos del partido,

La contradicción entre las fuerzas crecientes de las masas y el poder de la burguesía definen esta etapa como un período esencialmente transitorio. Nuestro objetivo, por lo tanto, debe ser el de afianzar el gobierno, dinamizar la acción de las masas, aplastar la resistencia de los enemigos y convertir el proceso actual en una marcha irreversible hacia el socialismo (…) Reconocemos autocríticamente que algunas de las acciones de los trabajadores han sobrepasado a las direcciones políticas de la Unidad Popular y están planteando, de hecho, la cuestión del poder⁵⁴.

Junto al desborde de la acción colectiva ligada al gobierno, sectores de la clase media y popular como sindicatos de pequeños empresarios y gremios tradicionalmente favorecidos, fueron plegándose a la oposición pues vieron en la UP una amenaza para su estatus. Con una oposición casa vez más fortalecida y que incluía varios medios de comunicación, el camino institucional para el proyecto socialista comienza a ser cuestionado por facciones de la coalición de gobierno, mientras los segmentos partidarios de la vía armada toman fuerza dentro del conglomerado. A mediados de 1972, el país se encontraba dividido, hiperpolitizado⁵⁵, hipermovilizado⁵⁶, enmarcado en un contexto de violencia transversal, llegando a ser señalado como una de los países más politizados de Latinoamérica⁵⁷. Como indica Remmer⁵⁸, la organización sindical en los años de Allende era alta incluso en comparación con países como Argentina cuyo sindicalismo era tradicionalmente fuerte y, al complementar tal organización con los niveles de militancia y la proliferación de organizaciones sociales, la participación política del país en este período llegó a ser de las más activas del continente.

Desde 1972, los enfrentamientos entre grupos, posiciones e ideologías políticas se hicieron más fuertes, directos e incontrolables, con una oposición y oficialismo movilizados de manera constante. Las elecciones de la CUT arrojan un 70% de apoyo para la UP que, si bien fue mayoritario, fue menor al apoyo esperado por el gobierno. Los segmentos más extremos del espectro político e ideológico cobran creciente relevancia, lo que amplía los escenarios de conflicto más allá de los límites institucionales y las alternativas se vuelven cada vez más polares⁶⁰.

Tal como se puede observar, la movilización social ha sido protagónica durante todo el proceso socio- político del siglo XX en Chile, alcanzando su apogeo en el período de la UP. Allende desplegó una estrategia de gobernabilidad concentrada en la sociedad civil y su involucramiento en los procesos de toma de decisiones, en promover la movilización social y diferentes formas de acción colectiva para generar apoyo extra-institucional y soporte político frente a reformas, e intentar con ello evitar crisis políticas y asegurar su perdurabilidad en el poder. La movilización social será, sin embargo, la herramienta que precipitará la crisis y desestabilización del gobierno de la Unidad Popular, cuando la oposición articulada en torno a gremios y sindicatos contrarios al régimen decide recurrir a la acción colectiva confrontacional.

Frente a los rumores de estatización de las empresas de transporte, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) con el apoyo de otros gremios convocaron a un paro nacional indefinido el 9 de octubre de 1972, agravándose la ya compleja situación de distribución de mercaderías. El gobierno respondió con la detención de los organizadores, hecho que provocó una escalada en el conflicto, una mayor adhesión de la oposición y otros gremios profesionales, el bloqueo de las principales carreteras del país el 12 de octubre y el correspondiente desabastecimiento de combustible y de otras mercaderías de carácter esencial. Allende declara estado de emergencia en medio de un país virtualmente paralizado.

Si bien la crisis provocada por esta movilización es parcialmente superada, la situación para el país y el gobierno seguían siendo sumamente complejas. Lo que sigue es una serie de hechos que serán el corolario del proyecto de la Unidad Popular: el 29 de junio de 1973 se produce el levantamiento militar contenido por el general Prats, ministro del interior y comandante en jefe del ejército; las movilizaciones sociales continúan y se reinicia en agosto de ese año la huelga de los camioneros; Eduardo Frei, presidente del Senado, declara al gobierno como inconstitucional, allanando así el camino para una salida golpista; el general Prats es obligado a renunciar siendo reemplazado por Augusto Pinochet. En medio de esta complicada situación, el 4 de septiembre de 1973 el gobierno celebra su tercer aniversario con la que sería la última gran movilización de un período marcado por la alta polarización política y la hipermovilización. Cerca de un millón de personas desfilan por última vez frente al presidente Allende, en la antesala del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que puso fin al gobierno de la Unidad Popular y a las formas de hacer política conocidas hasta entonces.

3. Represión, desmovilización y explosión social bajo la dictadura militar

La fase de repliegue social del autoritarismo neoliberal 1973-1982

La arremetida militar implicó un cambio radical en la estructura política, económica y social del país, provocando una transformación en la cultura política previa, las prácticas y las creencias que estaban internalizadas en la sociedad chilena luego, tal como se ha revisado, de un largo desarrollo socio-político en el siglo XX. Con ello, el régimen militar podría ser definido como una ‘revolución desde arriba’ que, junto con eliminar el proyecto socialista de desarrollo, generó las condiciones necesarias para implantar y profundizar una modernización capitalista⁶³.

La movilización social de gran escala e impacto desplegada hasta entonces fue interrumpida, al menos de forma temporal, drástica y dramáticamente con el golpe de Estado de 1973. Desde entonces y especialmente durante los primeros diez años del régimen, el tejido social articulado durante décadas fue prácticamente destruido. Durante el período 1973-1976, la fuerza de la represión militar se concentró explícitamente en fábricas y campamentos, los dos espacios simbólicos más importantes para los movimientos populares urbanos: el movimiento obrero y el movimiento de pobladores⁶⁴, así como en los movimientos de izquierda, con cientos de arrestos en instalaciones militares y centros de detención secretos. Miles de personas fueron torturadas o desaparecieron en campos de concentración, proliferó la relegación y el exilio a la vez que se produjeron numerosas masacres y ejecuciones extra-judiciales⁶⁵. El aumento del poder y las facultades represivas del Estado se dieron en paralelo a una fuerte cohesión interna lo que hizo prácticamente imposible la organización de una oposición al régimen⁶⁶, dando paso a una etapa de desmovilización forzada. Como agrega Remmer⁶⁷, durante la primera etapa dictatorial se produjo asimismo la violación generalizada de todos los procedimientos legales, incluso aquellos correspondientes al ‘estado de sitio en tiempo de guerra’.

Tal como se presentara, el movimiento de pobladores fue uno de los actores que había cobrado especial relevancia en las últimas décadas, hecho que le costó ser violentamente reprimido y desarticulado. El mundo poblador incluía un amplio entramado de organizaciones comunitarias, Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sociedades de Adelanto, Cooperativas de Viviendas, así como organizaciones de abastecimiento, entre muchas otras⁶⁸. Como lo explican estos autores, luego del golpe militar, los alcaldes pasan a ser designados por la Junta Militar, quienes intervienen las Juntas de Vecinos y los Centros de Madres, designando como dirigentes a personas de su confianza y eliminando a quienes no cuenten con ella, en paralelo a la orden de un reempadronamiento de todas las organizaciones vecinales y el control militar de los locales comunitarios. Asimismo, se descompone la red de organizaciones surgidas al alero de la Unidad Popular⁶⁹ y los dirigentes que no fueron detenidos o desaparecidos se vieron forzados a buscar asilo, escapar o cambiar de ciudades. Diversas organizaciones pierden su personalidad jurídica mientras todas las actividades y reuniones de las organizaciones restantes son controladas mientras se cambian los nombres de campamentos y organizaciones con significación política. El régimen mantiene la ley 16.880 promulgada en el gobierno de Frei y con ello la estructura y la organización comunitaria, pero aplicando sin embargo una lógica vertical que impidió las estrategias y acciones autónomas de los pobladores, reconociendo sólo aquellas organizaciones que podían estar bajo su control.

De igual forma, el foco de le represión se puso en las organizaciones sindicales, con una de las primeras acciones del régimen - el decreto de ley número 12 del 17 de septiembre de 1973 - que ilegaliza a la CUT. Un decreto posterior despoja a los sindicatos del derecho a reunión, con excepción de la difusión de información previa autorización de las autoridades militares. Sus dirigentes pasan a ser designados por la Junta, al mismo tiempo que se suspenden los derechos a huelga, a negociación colectiva y al fuero sindical, se disuelven o se desconocen los sindicatos existentes, se congelan los fondos sindicales y, en algunos casos, se promueve el paralelismo sindical como una forma de quebrar o evitar la acción cohesionada de los trabajadores. Asimismo, el movimiento sindical se vio fuertemente afectado por la desarticulación del Código del Trabajo y la composición de una legislación de emergencia para regular el campo laboral (entre 1973 y 1979) que enmarcó al sindicalismo bajo una doctrina de seguridad nacional⁷⁰. Entre los impactos del nuevo Plan Laboral de 1979, luego de 1973 la afiliación sindical cae 20 puntos porcentuales junto a una contracción del número total de huelgas, sin presentarse eventos en el período 1973-1979.

Otros actores protagonistas de las acciones colectivas características del período previo sufren las consecuencias del aparato represivo y desarticulador del régimen militar: las universidades son desmanteladas y pasan a ser controladas e intervenidas por militares, sus autoridades delegadas, miles de estudiantes expulsados, algunas carreras humanistas y de las ciencias sociales cerradas y las que quedan contarán a agentes infiltrados en sus aulas, se censuran y destruyen libros y bibliotecas, entre otras medidas represivas. Por otra parte, no sólo se interrumpe el progreso de la Reforma Agraria, sino que los campesinos pasaron a engrosar las listas de detenidos y ejecutados, incluyendo un número importante de víctimas Mapuche. Finalmente, y dada la prohibición de los partidos, la participación política es desde entonces transformada para cumplir con los requerimientos y objetivos del régimen, esto es, es canalizada a través de un nuevo orden institucional que implica amplias restricciones a la actividad política en pos de un sistema representativo despolitizado y una sociedad tecnocrática.

De esta forma, el período comprendido entre los años 1973-1982 se produce el cierre de los espacios de participación y de articulación de identidades populares a través tanto de reformas legales como del ejercicio de la represión, promoviendo con bastante éxito la atomización de las organizaciones sociales. Al mismo tiempo, se concretó la estrategia política del régimen, que no se trataba única y simplemente de una reacción contra la movilización previa, sino que necesitaba de la desmovilización para evitar la resistencia de los grupos que podrían poner en peligro o amenazar la implementación de su proyecto político que, a esa alturas, ya se definía y se proponía ser refundacional. Como señala Garretón⁷¹, el proyecto contrarrevolucionario de la dictadura militar en este período se caracterizó por la represión y desactivación de los actores previamente constituidos, así como por revertir las relaciones entre la economía y el Estado, reduciendo sus tareas integrativas y redistributivas, así como su rol referente para la acción colectiva. Asimismo, en estos años se desarrolló el proceso de organización y definición del modelo político que culmina en septiembre de 1980, con un plebiscito que aprueba la nueva Constitución redactada por el régimen y promulgada en 1981 y que viene a consolidar e institucionalizar el modelo de sociedad que se perseguía⁷².

En paralelo a estas macro transformaciones y a pesar de la enérgica represión estatal, los movimientos sociales en fase de desmovilización comienzan a reagruparse y rearticularse. El trabajo de Garcés y De la Maza⁷³ describe las distintas etapas en que durante la desmovilización se produce una reconstitución y reconstrucción de los movimientos sociales. En un primer momento, predominó una tendencia a la defensa y rearme de lo que quedó de los partidos políticos de izquierda, en que se definieron y plantearon sus posiciones vis-à-vis el nuevo escenario socio-político. Luego, en 1975-1976 comienzan a emerger las primeras expresiones de organización social, especialmente impulsadas desde las iglesias - nace la Vicaría de la Solidaridad -, con objetivos de asistencia y solidaridad frente a los efectos de la política económica, así como de denuncia a la represión y defensa de derechos humanos. Como señalan los autores, entre 1978 y 1979 se empieza a poner fin al reflujo social, con algunas movilizaciones a favor de la defensa de los derechos humanos, una reorganización sindical reactiva al Plan Laboral de 1979, así como la reaparición de las primeras luchas poblacionales reivindicativas y demandantes de necesidades básicas. En las universidades se asiste a una reconstrucción de la acción colectiva y de oposición al régimen desde 1977 con la formación de comités de participación.

En relación al mundo poblacional, las primeras formas de organización se desarrollaron en torno a los comedores infantiles, con la apertura del primero en noviembre de 1973 y ya hacia 1974 se contabilizaban 22 comedores en Santiago. Asimismo, y como una manera de paliar la falta de ingreso de las familias, se organizaron ‘bolsas de cesantes’ y talleres productivos. Más adelante y luego de la aplicación de las primeras medidas económicas del régimen, el número de comedores aumenta y comienzan a aglutinar diversas formas de organización productivas, culturales, educativas, de salud y de vivienda. En 1980 se llevan a cabo los primeros intentos de tomas de terreno en Pudahuel y La Bandera al mismo tiempo que surgen nuevas organizaciones de subsistencia como los Comités de Abastecimiento o ‘Comprando Juntos’, se crean bodegas populares y los talleres productivos amplían los alcances de su acción ⁷⁴. Como señala González⁷⁵, estas redes fueron articulando nuevos espacios de socialización e identidad, posibilitando la formación de prácticas cooperativas y solidarias que sirvieron de base para agrupaciones futuras.

A nivel de los trabajadores, como consecuencia de la feroz represión, el movimiento obrero se repliega entre 1973 y 1976 para comenzar a reactivarse, recomponerse y reconstruir el tejido social que había logrado sobrevivir entre 1976 y 1979, aunque sin llegar recuperar el poder y fuerza del pasado. A partir de 1978 y luego de la arremetida de la nueva legislación laboral, distintas agrupaciones se unen para dar forma a una oposición sindical que reunió primeramente a la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Empleados Públicos (CEPCH) y el Comando de Trabajadores del Cobre (CTC), instancia que facilitaría más tarde la constitución de la nueva Central de Trabajadores. Estas organizaciones serán las responsables de convocar a ‘las marchas del hambre’ y organizar las primeras protestas nacionales con cacerolazos a través de todo el país⁷⁶.

Como señalan Pinto y Salazar⁷⁷, pese a las dificultades, divisiones y debilidad interna, el rol del movimiento sindical fue relevante en los primeros años de la dictadura, encarnando una conciencia anti-autoritaria más simbólica que movilizadora pero que vino a sintetizar, junto a la Iglesia Católica, un espacio de resistencia en este período. Tal como indica Garretón⁷⁸, frente al vacío de organizaciones y la atomización que intentó forzar el régimen, el Iglesia vino a proveer un espacio organizacional e ideológico de canalización de intereses y demandas generales, en una forma análoga al previsto por el sistema político previo a 1973, constituyéndose en un actor político relevante bajo la dictadura.

De igual manera y por estos años, los académicos y pensadores ligados al centro y la izquierda política que se ven obligados a abandonar las universidades e imposibilitados de acceder a otros espacios oficiales, comienzan a levantar sus propios espacios de pensamiento y centros de estudio. Estas iniciativas y la progresiva consolidación de estas organizaciones permiten a la oposición generar un marco alternativo de pensamiento social y político, con orientaciones teóricas y también prácticas. Todos estos procesos se despliegan en medio de grandes dificultades para convocar, así como para movilizar a los sectores involucrados. Lentamente se fueron constituyendo sindicatos y las redes clandestinas de oposición, los partidos políticos comenzaron a organizar protestas, abriéndose los espacios para una demanda nacional de retorno a la democracia y el fin de las estrictas restricciones del régimen.

Con todo y a pesar de la cruda represión, durante esta época se produce la reemergencia de antiguos y el surgimiento de nuevos movimientos sociales como el de derechos humanos, de mujeres y una serie de ONGs⁷⁹. Luego de un largo proceso de recomposición del entramado social que contó con el soporte de la Iglesia, la Cooperación Internacional y los partidos políticos en la clandestinidad, éste se volverá protagonista en un nuevo ciclo de movilización, el más importante de las últimas décadas en Chile y que pavimentará el camino para el fin dictatorial y la recuperación de la democracia.

Explosión social y transición a la movilización latente de la era democrática

A principios de la década del ochenta, la trayectoria socio-político de la dictadura militar comienza a tomar un rumbo diferente. La institucionalización del régimen se produce con la redacción de un nuevo documento constitucional, que al mismo tiempo establecía las condiciones, mecanismos e itinerario de salida a la democracia. A partir de este marco legal, Pinochet permanecería como Presidente, con un parlamento designado y con facultades dictatoriales hasta 1989 cuando se realizaría la primera elección presidencial competitiva. El texto constitucional debía ser aprobado en un plebiscito convocado para 1980, cuya coyuntura permitió una cierta articulación de la oposición con motivo de la campaña a decir No. La verdadera reorganización de la oposición, sin embargo, no vendría antes sino luego de la aprobación de la nueva Constitución y una vez producida la institucionalización del régimen.

Como explica Garretón⁸⁰, el plebiscito de 1980 marca la extenuación de la estrategia política que intentaba la revitalización y concertación de estructuras partidarias, formas de acción y los referentes políticos heredados del período democrático. El problema de cómo enfrentar el término del régimen así como encontrar la forma de reconstruir el tejido social transformado por la acción desarticuladora del mismo, fueron preguntas que aglutinaron, alimentaron los debates y esbozaron los reordenamientos internos de la oposición. Entre las líneas de acción a seguir para derrocar al régimen, existía consenso entre la incipiente oposición sobre una estrategia de ‘movilización social’ que contemplaba acciones comunes de sectores de izquierda. Estos debates se producen en un momento en que el régimen gozaba de cierta estabilidad y crecientes cuotas de legitimidad gracias al buen desempeño económico de las recién implementadas reformas neoliberales.

La ‘boom’ económico junto a la aprobación de la Constitución de 1980 contribuyó a un mayor grado de auto-confianza por parte del régimen y a que éste iniciara un proceso de cierta liberalización política, ampliado algunos derechos individuales y grupales que habían sido dramáticamente restringidos desde 1973. Con ello, se autorizó el derecho a la negociación colectiva, aunque bajo condiciones aún muy restringidas, se limitó el uso de la tortura y el exilio, se eliminaron algunas restricciones a la libertad de expresión e información y se expandió el grado de tolerancia en relación a las actividades de los partidos políticos y las organizaciones sociales⁸¹. Aun cuando estas medidas no supusieron un proceso de democratización, esta ‘liberalización’ política implicó que los actores sociales y políticos percibieran una reducción de los costos de la acción colectiva y mayores espacios para la misma, clima que se vio posteriormente potenciado por el advenimiento de la crisis económica de 1982, donde los espacios que se habían abierto para la acción opositora fueron activamente ocupados.

La crisis económica de 1982 resultó ser la más severa desde la gran depresión de 1929, con una contracción del PIB de dos dígitos, una tasa de desempleo que alcanza a un tercio de la población y niveles de pobreza que aumentaron desde un 30% en 1981 a un 55% en el año 1983⁸². Asimismo, la inflación se duplicó, el sector industrial y de construcción se mostraron contractivos en paralelo a la quiebra de muchas empresas y bancos del país que debieron luego ser intervenidos y su control traspasado a al Estado. La deuda externa del país llegó a los 17 mil millones de dólares⁸³ lo que obligó a Chile a no cumplir con los acuerdos definidos con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto redundó en una explosión generalizada de malestar social, un quiebre en la confianza en las reformas neoliberales y, con ello, en la legitimidad, eficacia y capacidad de la burocracia militar para administrar el país.

Con ello y en paralelo al complejo panorama económico, se produce una crisis del régimen y su institucionalidad reinante. El aparato estatal comenzó a debilitarse: ciertas instituciones manifestaron sus diferencias con la posición oficialista, el Poder Judicial, así como los jefes de las otras ramas de las fuerzas armadas se distanciaron de Pinochet. A los causes ya abiertos para la oposición, el régimen se ve forzado a ampliar aún más los espacios de negociación e impedir que el descontento social desbordara la capacidad de acción del Estado⁸⁴, abriendo el sistema político y generando nuevas oportunidades para la acción colectiva.

Sin embargo y pese a una cierta apertura del régimen, los canales de expresión siguen siendo muy limitados. El año 1982 bajo el fuerte impacto de la crisis, la presión social comienza a aumentar y a manifestarse. Como señalan Garcés y De la Maza⁸⁵, las presiones laborales sin respuesta por parte de las autoridades aumentan hacia finales del año 1982, en el mundo poblador proliferan las tomas de terreno como una manera de protestar ante el déficit de viviendas que por la fecha alcanzaba el millón, mientras una rearticulada oposición comienza a expandir su poder de convocatoria. En el centro de Santiago se producen las primeras protestas de mayor masividad – las ‘marchas de hambre’- que, aunque acciones y presiones todavía limitadas y que no logran canalizar el descontento de las mayorías, resultarían ser el precedente inmediato de las jornadas de protesta nacionales.

El año 1983, trabajadores del cobre concertados la Confederación de Trabajadores del Cobre convocan a un ‘día nacional de protesta’ contra el régimen militar y sus políticas. Se trató de una acción muy limitada y poco clara en su objetivo, pero sus efectos y consecuencias resultaron ser sorprendentes pues no sólo se plegaron los mineros, sino amplios sectores de la sociedad civil que ese día manifestaron de forma fuerte y clara su oposición al régimen⁸⁶. Este hecho tiene lugar el 11 de mayo de 1983 y representa un punto de inflexión en el quehacer colectivo, dando paso al nuevo y último gran ciclo de movilizaciones de la historia chilena del siglo XX. Con esto, el malestar social generado y acumulado durante diez años de régimen autoritario se haría finalmente visible en el espacio público en la protestas nacionales entre 1983 y 1986, pues como señala Stern⁸⁷ “los momentos de protesta hacen visibles la frustración, la desesperación, la organización y la resistencia, que a menudo tienen un aspecto subterráneo o marginado en condiciones de dictadura represiva o de democracia restringida”.

En este contexto, la institucionalización e intento de legitimización del régimen con la apertura de ciertos canales de participación socio-política, el proyecto modernizador con la aplicación de un recetario neoliberal radical y reformas de carácter estructural, la precarización social resultante de la crisis económica junto a un escenario restrictivo y represivo, constituyeron una serie de oportunidades políticas para el despliegue de la acción colectiva. Y aunque el objetivo inicial fue un reclamo contra la situación económica, pronto las exigencias sociales se concentraron en lograr la renuncia inmediata de Pinochet y la convocatoria a elecciones generales. Con esto, las protestas se volverían constantes y amenazarían la estabilidad y los fundamentos de un - hasta entonces - sólido régimen autoritario, allanando el camino para el futuro restablecimiento democrático.

Con motivo de la primera jornada de protesta, los trabajadores del cobre agrupados en la CTC crearon un Comité de Trabajadores que daría origen al CNT, Comando Nacional de Trabajadores conformado por la Confederación del Cobre y los cuatro grupos sindicales existentes (CNS, UDT, FUT y CEPCH). Tal como se señalara, el resultado de esta primera jornada provocó el asombro tanto de los organizadores y la ciudadanía como de la oposición y las autoridades, dada la adhesión no sólo de trabajadores sino de diversos grupos sociales incluidas las clases medias y medias altas, con pequeños y medianos empresarios del transporte y comercio. Durante el día se produce una merma importante de la asistencia a clases, disminuyen las ventas del comercio minorista, hubo manifestaciones estudiantiles y de trabajadores, mientras por la noche al ruido de cacerolas en los hogares y bocinas de los autos en la calles, se suman barricadas y desmanes, se movilizan caravanas de autos y marchas locales, en una acción social masiva por primera vez después de diez años⁸⁸.

El régimen reaccionó con represión y masivas represalias con allanamientos en las poblaciones como La Victoria, Yungay y Villa O´Higgins, resultando en violentos enfrentamientos que dejaban como saldo dos muertos, un número indeterminado de heridos y 350 detenidos. En los barrios de clases medias y altas, carabineros reaccionó quebrando los parabrisas de los autos que paralizaban el tráfico en tanto escuadrones de las Fuerzas Especiales de Carabineros intentaron silenciar a los manifestantes arrojando gases lacrimógenos y disparando en el aire. Las características de esta jornada en términos de protesta y represión se replicarán de forma periódica hasta 1986, primero en Santiago y luego en regiones.

En la segunda jornada de protesta, el 14 de junio de ese año, la participación de los pobladores resultó mucho más activa. El 12 de julio y el 11 de agosto se produce la tercera y cuarta jornada de protesta a las que el régimen respondió con brutalidad: se impuso un toque de queda desde las seis de la tarde a la vez que 18 mil soldados salieron a las controlar las calles dejando un saldo de 28 muertos y 100 heridos⁸⁹. La presión contestataria, sin embargo, no disminuyó pese a los allanamientos masivos, los muertos y heridos luego de cada protesta y la represión brutal contra dirigentes sindicales, poblacionales y políticos. Las jornadas de protesta masiva representaron un salto cuantitativo y cualitativo en la línea de resistencia al régimen y marcaron un hito en las trayectorias de movilización de la sociedad civil chilena⁹⁰. Tal como se observa en la tabla 8, los hechos de violencia política perpetrados por el movimiento popular alcanzan su máximo valor durante el gobierno de la UP, se contraen dramáticamente luego en la primera etapa dictatorial y el período de desmovilización, para volver a expandirse a partir de la década del ochenta de la mano del estallido social contenido en las jornadas de protesta.

A partir de la tercera jornada, los sectores medios y medios-altos comienzan a reducir su participación en las protestas, transformándose en movilizaciones más populares y de carácter más radical. Al mismo tiempo, el sindicalismo como agente movilizador y actor convocante pronto demostró sus límites para sostener y liderar la movilización popular en el tiempo, volviéndose más visibles y relevantes los pobladores, especialmente militantes, jóvenes y mujeres⁹². Las movilizaciones continuaron en 1984 con un paro convocado para el mes de octubre y una concentración en el Parque O’Higgins a la que régimen respondió ofreciendo instancias de diálogo encabezados el Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa. La concreción y ejecución del paro redundó en la ruptura de estos diálogos, estableciéndose con ello un Estado de Sitio que regiría desde el 5 de noviembre de 1984 hasta el 14 de junio de 1985⁹³.

El ciclo de movilizaciones comprendido en estas jornadas ha sido definido como una “resurrección de la sociedad civil” ⁹⁴, acción que asimismo inaugura una nueva etapa, hace resurgir y dinamizar a los partidos políticos, provoca la constitución de alianzas y movimientos políticos, así como la consolidación de la fuerza del bloque opositor al régimen. Como señalan Campero y Cortázar⁹⁵, la movilización social tuvo un rol de suma importancia en la medida que logró cuestionar la legitimidad del régimen, estimulando al debate público y una mayor liberalización del espacio político en paralelo a una extensión y redefinición de los derechos individuales y grupales. Las protestas nacionales permitieron la convergencia de diversos actores sociales y políticos, tuvieron su mayor desarrollo en las poblaciones, donde la acción colectiva fue causa y consecuencia de la emergencia de una identidad pobladora y popular que sirvió de insumo movilizatorio. El mundo obrero, actor relevante especialmente en el origen de las movilizaciones, consecuencia de la articulación del período logra reestablecer su confederación nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 1988⁹⁶, aunque sin recuperar el poder e influencia del pasado. Sin embargo y pese a la emergencia de movilización social, en este período no se reprodujo el esquema ni las estructuras de relación de los actores socio-políticos previas a 1973 en que las organizaciones y las bases sociales fueran fuertemente dependientes de los partidos políticos. Desde entonces ambos mundos (político y social) comienzan a coexistir paralelamente para converger sólo en determinadas oportunidades⁹⁷.

En el apogeo del ciclo de manifestaciones, los partidos políticos de oposición defendieron y apoyaron una estrategia basada en la movilización social como la gran posibilidad de derrocamiento del régimen. No obstante, tal estrategia no perduró ni rindió los frutos esperados. Hacia 1986 y dada la escalada de violencia- incluido un atentado a Pinochet –y la evidencia de que aquella no provocaría el fin del régimen, la estrategia movilizatoria comienza a ser descartada, deslegitimada y derrotada. Los partidos asumen la conducción de la transición hacia la democracia, el mundo social es reemplazado por la arena política y la movilización social por la movilización electoral, que es la que finalmente permite poner un fin constitucional a 17 años de dictadura militar⁹⁸. Se cierra así un ciclo político que al mismo tiempo determina el perfil del proceso de retorno a la democracia, así como el rol y características que en esa transición definirán a la sociedad civil.

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Notas

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