Admitida la propuesta que supone que una ley de delegación que formulara en un texto único la legislación del medio ambiente, si se precisa con las necesarias regularizaciones, aclaraciones y armonizaciones pertinentes, se podría alegar el derecho al medio ambiente ante la jurisdicción ordinaria, lo que pone de manifiesto su naturaleza como derecho ya no sólo descriptivo sino efectivo y garantizado por el ordenamiento jurídico.

En este sentido recogemos el discurrir de Méndez Rocasolano con la intención de mostrar el posible camino que la profesora dibuja en la categorización del derecho fundamental al medio ambiente.

Frente a esta interpretación, parte de la doctrina administrativista mantiene una posición positivista y tradicional, considerando el medio únicamente como principio rector de la política social y económica al que no ha de adscribírsele mayor significación. Estos autores no comparten la necesidad de entender el derecho del artículo 45 como un derecho autónomo y efectivo, pues a su juicio, el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de protección en la legislación sectorial y mediante los diversos tipos de responsabilidad civil, penal y sobre todo administrativa, que protegen a los bienes ambientales y su disfrute¹⁶.

Desde hace años existen voces, como la de Larumbe Biurrum (1990), que apuntan sobre la necesidad de una legislación ambiental básica que debe responder a unas creencias sociales compartidas asumidas por los poderes públicos y los ciudadanos, habida cuenta del influjo de la ecología y los valores ambientales, especialmente, en el marco europeo que incorpora la protección ambiental en las agendas políticas de sus países miembros, lo que se manifiesta en una tendencia de mercado que se manifiesta, en la actualidad, a favor del consumo verde.

De este modo, los valores que inspiran la protección ambiental, vinculados a la supervivencia y a la prosperidad sostenible, afectan directamente a la génesis de la regulación penal que activa el reconocimiento del ilícito ambiental, tal y como sostiene Sánchez Bravo (2006).

Hilando con la idea anterior, Escribano Collado y López González (1980, p. 371) entienden que una;

Reforma organizativa de la Administración del Estado al servicio de la tutela y ordenación del medio ambiente podría abordarse oportunamente a través una Ley General” [entendida como] “un sistema de principios normativos básicos en los que se fundamente y a través de los cuales se opere en el futuro la protección del medio ambiente.

A finales del pasado siglo surgió un interesante diálogo sobre la naturaleza y el deber ser del derecho ambiental que tuvo entretenidos a los primeros juristas ambientalistas, Martin Mateo, Jaquenod de Zsögon, Canosa Usera, Yabar Sterling, Méndez Rocasolano se preguntaron sobre: si el derecho al que alude el artículo 45, es efectivamente un derecho y, además, sobre su carácter fundamental.

Sus consideraciones sobre la materia marcaron un camino que todavía no se ha despejado, ya que, pese a su consideración como bien jurídico protegido, la imposibilidad de alegarlo ante la jurisdicción ordinaria significa que no es un derecho subjetivo de inmediata protección jurisdiccional.

En este sentido, siguiendo el dictado constitucional, la ley que lo desarrollare no puede limitarlo y, además, tienen el derecho a suponer que la legislación positiva española, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos están informadas por el reconocimiento, respeto y la protección de un ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.

Nos parece de notable importancia el doble carácter, el de derecho subjetivo y el de mandato de actuación a los poderes públicos que adscribe al derecho enunciado en el artículo 45. El derecho al medio ambiente, afirma Canosa Usera (1996) tiene un contenido mínimo (judicialmente exigible) que configura el derecho subjetivo al mismo y además un contenido adicional (en principio no exigible judicialmente) que es el que determina su carácter objetivo ya que ambas facetas, conforman el contenido del derecho constitucional al medio ambiente, que es así algo más que un mero derecho subjetivo (CANOSA USERA, 1996).

Coincidimos plenamente con el autor cuando mantiene que, pese a la referencia del artículo 53.3, en el Capítulo III, del Título tercero, están recogidos los principios rectores, junto a ellos están reconocidos también verdaderos derechos subjetivos.

Para ello, el autor se apoya en la interpretación literal del artículo 45, dónde se dice ‘‘derecho’’ y no ‘‘principio rector’’. Respecto a la falta de concreción, indica que esta ambigüedad es también característica de muchos de los derechos recogidos en el capítulo segundo.

Recordemos la fundamentación sólida de Cascajo Castro (1988) que considera que la falta de concreción de derechos como los de los artículos 25.2, 27.1 o 35.1 no son argumento suficiente para negar la justiciabilidad de esos derechos.

El argumento definitivo a favor del derecho al medio ambiente tiene sus bases en su relación con los derechos humanos, pues son derechos moralmente tan importantes que su otorgamiento no puede quedar en manos de la mayoría parlamentaria.

Esta tesis se apoya en los artículos 1.1 y 9.2 (Estado social) y en el 10.2 que a juicio del autor operan como principios interpretativos. En suma, mantiene que la limitación del artículo 53.3 CE: “No puede erigirse como obstáculo insalvable a la hora de atribuir la naturaleza de derecho subjetivo a esas figuras a las que el mismo texto califica literalmente de derechos, entre las que se encuentra la reconocida en el artículo 45.1.” (CASCAJO CASTRO, 1988, p. 33).

A juicio de Canosa Usera, el contenido del artículo 45 CE es el de un principio rector de la política social y económica que se impone a los poderes públicos con la finalidad de: “conseguir un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”. Al ser para todas las personas, posee una dimensión objetiva y se impone a los poderes públicos como norma obligatoria cuya eficacia normativa supone que su reconocimiento respeto y protección han de informar la legislación positiva la práctica judicial y su actuación. Por ello, concluye afirmando;

Si no reconociéramos en el art. 45 .1 un principio y no fuera imposible, como sucede, hallar en él un verdadero derecho subjetivo, privaríamos al precepto constitucional de eficacia normativa alguna; esto último contravendría la consideración del valor normativo in totum de la Constitución (CANOSA USERA, 1996, p. 92)¹⁷.

En definitiva, el precepto constitucional recoge uno de los aspectos más innovadores y modernos de la parte dogmática de la Constitución que representa la sensibilidad constitucional ante el creciente interés social por la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. La conciencia ambiental que expresaba nuestra Constitución se ha ido desarrollando en consonancia al detrimento que ha sufrido nuestro medio ambiente y los desafíos que éste debe soportar.

De ahí que, fenómenos recientes como el cambio climático o la extinción de numerosas especies, sean algunas de las mayores preocupaciones que afronta nuestra civilización, convirtiéndose el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona en una ambiciosa pretensión. En este sentido, bajo el citado precepto constitucional, subyace, como garantía de la dignidad de la persona reconocida en el art. 10 CE, el derecho de los ciudadanos a gozar de una calidad de vida que permita el desarrollo de éstos¹⁸.

En este sentido Méndez Rocasolano (2000)¹⁹, a través de la dinamogénesis de los valores, sostiene su carácter de derecho fundamental sin perjuicio del mandato que el artículo representa vinculando a los poderes públicos a la protección y control de la utilización racional de los recursos naturales, con el objeto de proteger, defender y restaurar el medio ambiente para la consecución de una mayor calidad de vida de los ciudadanos y de las distintas especies que habitan en nuestro ecosistema.

La solidaridad colectiva y el establecimiento de distintas sanciones penales, a través de su tipificación en el Código Penal, administrativas o civiles, en lo relativo a la obligación de reparar el daño causado como consecuencia de las acciones que supongan un quebranto para el medio ambiente, se configuran como herramientas efectivas para lograr tales objetivos²⁰.

En este sentido, el desarrollo normativo del precepto constitucional resulta fundamental, aunque no imprescindible como veremos a continuación. Sin perjuicio de lo anterior, la preocupación por el medio ambiente ha favorecido que el legislador, en las últimas décadas, haya realizado una extensa labor teniendo, como objetivo fundamental, la reunificación y modernización de las normas ambientales inspirado fundamentalmente por la normativa Europea.

Atendiendo a la normativa comunitaria, la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, define un marco de responsabilidad medioambiental, basado en el principio de "quien contamina paga", para la prevención y la reparación de los daños medioambientales²¹.

Su transposición dio lugar a la Ley 26/2007 de 23 de octubre sobre responsabilidad medioambiental, consagrando un régimen de responsabilidad ilimitada y objetiva, pues, es objetiva ya que, la obligación de actuar se impone al operador independientemente de la existencia de dolo, culpa o negligencia en su actuación, y es ilimitada ya que, la obligación de prevención, o en su caso reparación, es asumida por el operador responsable y que consiste, precisamente, en restaurar los recursos naturales dañados a su estado original y, en consecuencia, sufragar los costes a los que asciendan las acciones de prevención y reparación (PABLO SERRANO, 2020).

Hoy en día, el principio de «quien contamina, paga» está siendo objeto de múltiples críticas por parte de la doctrina. Así pues, Chueca Sancho (2008, p. 191) se pronuncia diciendo que;

Las sombras de la Ley, presentes ya en una Directiva que venía cojeando desde Bruselas, son las que impiden la exigencia de responsabilidad por daños producidos en materia de riesgos nucleares, transporte marítimo internacional o hidrocarburos, sometidos a convenios internacionales inoperantes ante grandes accidentes y la existencia de numerosas cláusulas de exoneración-«permisos para contaminar», riesgos del desarrollo- que hacen que la responsabilidad objetiva sea finalmente la excepción y que los grandes contaminadores puedan salirse por la tangente si las autoridades o las empresas que certifican la calidad ambiental no son diligentes en sus funciones de control”.

En la misma línea, otros juristas - como Soro Mateo - añaden que;

El ordenamiento jurídico interno debería adoptar un concepto omnicomprensivo de daño ambiental, con el fin de que el sistema específico de Responsabilidad ambiental abarcara todos los supuestos de daños importantes, menos importantes, graves y menos graves para que ninguno de éstos, por leve que sea, quede sin reparación (SORO MATEO 2009, p. 191).²²

Para que ello sea posible, adscribir la categoría superprotectora y garantista de derecho fundamental al derecho al medio ambiente facilitaría el camino hacia una completa, real y efectiva protección del medio ambiente en toda su extensión. Es, como apunta Peces-Barba (1973), uno de los llamados derechos de la tercera generación, a la que pertenecen los denominados derechos de solidaridad porque tienen su punto de partida en; “Una cierta concepción de la vida en comunidad, y sólo se pueden realizar por la conjunción de los esfuerzos de todos los que participan en la vida social.” (PECES-BARBA, 1973, p. 128)²³.

En este sentido, el medio ambiente, implica aceptar el respeto por el entorno como consecuencia de la vida en sociedad, por lo que para su consecución se necesita la solidaridad colectiva, por una parte, y el cumplimiento de prestaciones por los poderes públicos, por otra.

Lo antedicho es consecuencia del mandato constitucional, que se desprende del artículo 45, y que posibilita a los individuos la facultad de exigir a los poderes públicos el cumplimiento de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

Conforme a este razonamiento, el derecho al medio ambiente no procede de la tradición individualista de la primera generación, ni de la tradición socialista de la segunda; sino que nace como consecuencia del progreso científico y tecnológico que dota al hombre de instrumentos, técnicas y medios que son susceptibles de causar graves perjuicios al entorno natural y se sitúa al comienzo de un proceso legislativo, lo que le permitirá ser conocido como un derecho del hombre futuro.

De este modo, la ley de desarrollo, que hemos visto anteriormente, ofrecería una solución a la antinomia que hemos planteado. En este sentido, destacan las palabras de Häberle que indica que;

Debido al desafío que comporta hacer frente a la realización de los derechos fundamentales, hay que replantearse del principio al fin la teoría de la legislación. El legislador está obligado, por ejemplo, a actuar en el supuesto de los derechos sociales o los derechos de participación (HÄBERLE, 1991, p. 106).

Este es el caso del derecho al medio ambiente, pues, además de que nuestro texto Fundamental únicamente ofrece un listado cerrado de derechos fundamentales, no poseemos una ley de desarrollo que otorgue tal condición a dicho derecho y, en consecuencia, la única opción sería relacionarlo o conectarlo con los derechos de la personalidad.

En este sentido, Martín-Retortillo Baquer y Otto Pardo (1992, p. 72) aboga por una técnica de conexión e indica que en los derechos del capítulo III se observan cómo; “Algunas de las previsiones establecidas por los derechos fundamentales se prolongan hacia ellos.”

Conforme a su opinión fundada, se destaca la regla del contenido esencial que implica, en todo caso, la sujeción del legislador y la aplicación inmediata de estos preceptos constitucionales.

En este sentido, apunta lo que ha venido llamándose la “renovación dogmática de los derechos fundamentales” al reconocer que la realidad ha ido más allá que el derecho siendo ineludible, a juicio de Otto Pardo, una “política de derechos fundamentales”²⁴, tal como sostiene en su teoría, al decir que; “Deducir los derechos prestacionales a partir de los derechos fundamentales clásicos. Ya que es mediante la participación en el plano político-público y en el economico-social como se hacen efectivos dichos derechos.” (MARTÍN-RETORTILLO BAQUER; OTTO PARDO, 1992, p. 169).

En consecuencia, el derecho al medio ambiente se configura, inevitablemente, como derecho prestacional de contenido fundamental. Así, al imponer una obligación positiva a los poderes públicos para su consecución, es prestacional. Y, por otro lado, es fundamental porque, como indica Canosa Usera, citando a Beltrán Ballester²⁵, delimita el desarrollo de la persona del artículo 10.1 que, como se deduce del texto Fundamental, es fundamento del orden político y la paz social.

En este sentido, coincidimos con el autor citado, pero concretamos más al entender que la consideración del medio ambiente como derecho fundamental se configura, además de la referida alusión al desarrollo de la persona en el art. 10 CE, en relación con los derechos de la personalidad, como la vida o la salud que, consecuentemente, están reconocidos en nuestra ley Fundamental.

Es importante recalcar, que una de las características de los derechos fundamentales es que son derechos subjetivos con un marcado carácter antropocéntrico y, por ello, representan la libre disponibilidad del objeto por su titular.

Por el contrario, el derecho al medio ambiente se presenta como un derecho inalienable, colectivo y de condición antropológica, al proteger tanto al hombre como al ecosistema en el que éste desarrolla su personalidad.

Siguiendo a Ferrajoli (1990, p. 954), apoyamos su tesis sobre la sustantividad de los derechos fundamentales. En este sentido, los derechos fundamentales se identifican con los llamados derechos de la personalidad. Así, debemos entender a los derechos fundamentales como aquellos en donde se perfila la forma y se desarrolla la identidad, la necesidad y los valores, tanto personales como sociales, que exigen tutela y satisfacción.

En definitiva, el mantenimiento del derecho al medio ambiente como derecho fundamental requiere la ampliación del concepto de derecho fundamental, tal y como sostienen las tesis propuestas por de Lucas Verdú y Pérez Luño²⁶. En este sentido, Pérez Luño (1985) entiende que la aparición de nuevos derechos fundamentales implica un replanteamiento de estos al decir que;

A medida que el Estado social ha ido adquiriendo autenticidad democrática... la propia idea de los derechos fundamentales ha perfilado su propio status significativo. Han dejado así de entenderse como Staatsschranken (límites de la acción estatal) caracterizados por una función prioritaria de defensa (Abweehrfunktion) para asumir el papel de auténticos Staatszwecke (fines de la acción estatal) a través de la garantía de la participación (Teilnahmefunktion) de los ciudadanos en las diversas esferas de la vida social, económica y cultural (PÉREZ LUÑO, 1985, p. 484).

En sentido parecido, Lucas Verdú, niega la existencia de un numerus clausus de derechos fundamentales en nuestro Texto Fundamental, ya que, a su juicio, una recopilación de éstos cercena la posibilidad de reconocer nuevas pretensiones fundamentales como consecuencia del tecnológico, científico y cultural. Por ello, sostiene que;

La enunciación de los derechos y libertades contenidos en esta Constitución no excluye el reconocimiento de otros que se deduzcan lógicamente de aquellos que surjan del progreso civil, económico, social y tecnológico y que no contrasten con los principios constitucionales recogidos en el Título preliminar (LUCAS VERDÚ, 1998, p. 274) .²⁷

El profesor salmantino, afirma que entre los nuevos derechos humanos encontramos, después de la segunda Guerra Mundial, el derecho al medio. Utiliza la técnica de las articulaciones constitucionales para mantener que, mediante una interpretación afortunada, se descubre la materia ambiental como un nuevo derecho, se ahorra una reforma constitucional y se muestra la conexión de la Constitución con la realidad social. En definitiva, considera el Texto Fundamental como un; “Trozo vital susceptible de perfeccionar la vida constitucional que se incrementa al incorporar nuevos derechos.” (LUCAS VERDÚ, 1998, p. 58).

En esta línea, llegamos a la conclusión de que el derecho al medio ambiente no puede sustraerse por a la realidad contemporánea y, por ello, debe concebirse el derecho al medio ambiente como un derecho de la humanidad en la que se incluyen las generaciones futuras.

Coincidimos con Puy, enmarcando el derecho al medio ambiente con las notas del concepto que hemos apuntado por el que se concibe el medio como aquello inherente al hombre, condicionado y constituido por factores químicos, físicos y bióticos que consagran una vida digna al garantizar un entorno vital para los seres humanos. Así, el autor mantiene que;

El derecho al medio ambiente es el derecho fundamental que tiene todo ser humano a disfrutar, conservar, defender y restaurar el ecosistema físico-químico, natural y artificial en que vive, en el marco de las constantes objetivas que posibilitan el desarrollo óptimo de la vida superior e inferior (animal y vegetal), por su estabilidad a corto plazo y su persistencia para las generaciones sucesivas; y a contar con la solidaridad colectiva de los individuos y grupos sociales intermedios, en orden a la utilización racional de todos los recursos naturales, y en orden a la sanción administrativa, o el castigo penal y a la reparación civil de los deterioros causados en dicho ecosistema (PUY, 1983, p. 57).

Como hemos dicho, coincidimos con el concepto apuntado, sin embargo, para nosotros el contenido del derecho humano al medio ambiente implica el derecho al pleno desarrollo y en libertad de la dignidad de los seres humanos en armonía con la Naturaleza.

Como señala Soler Fernández (2017), durante los años 1962 y 1971, como consecuencia de la repercusión en la esfera internacional que tuvieron las afecciones ambientales producidas por la Guerra de Vietnam, se inició un diálogo conceptual acerca del término ecocidio como delito.

Ello fue debido a que las tropas estadounidenses utilizaron grandes cantidades de herbicidas, a base de dioxinas -el llamado ‘agente naranja’²⁸-, sobre grandes masas forestales, que constituían el hábitat natural de las tropas norvietnamitas y del Vietcong, con el objetivo estratégico de prevenir emboscadas. Como consecuencia de los graves daños naturales, el botánico A.W Galston, durante la Conferencia sobre la Guerra y la Responsabilidad Nacional (acontecida en Washington en 1970), propuso, por vez primera, establecer un acuerdo para prevenir el ecocidio.

A este respecto, Naciones Unidas, en 1978, celebró una Convención - que fue preparada por el Profesor Richard Falk -sobre la Guerra Ecocida con la finalidad de poder tipificar y condenar al ecocidio como un crimen internacional derivado de la guerra, ya que la Convención sobre el Genocidio no contemplaba los crímenes ecológicos. En este sentido incluyó, dentro de este concepto, a todas aquellas armas y tácticas militares cuyo objetivo concreto era destruir el medio ambiente, así como aquellas que perturbasen las relaciones normales entre el ser humano y la naturaleza²⁹.

Por su parte, Serra Palao (2019) también añade, desde una orientación basada en la ecología, el concepto de guerra ambiental.

Sin embargo, las aportaciones de Falk habían nacido en tiempos de guerra y con el correr de las décadas, nuevos conflictos como la Primera Guerra del Golfo, en 1990, reavivarían el debate alrededor de la figura del ecocidio como indispensable para el mundo actual. Por todo ello, son de especial interés las aportaciones de la llamada Criminología Verde (Green Criminology) que estudia el daño ambiental como crimen³⁰.

Atendiendo al derecho comunitario, la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ambiente por el Derecho Penal, ha supuesto la culminación de un largo proceso en la armonización de la tutela del medio ambiente.

En este sentido, Pablo Serrano (2020) señala que la Directiva ofrece una solución al incremento, desde el punto de vista internacional, tanto de los delitos medioambientales (como de sus efectos adversos sobre los ecosistemas y la biodiversidad) recurriendo al Derecho Penal para tipificar y sancionar todas aquellas conductas que merecen una reprobación social diferente a las respuestas contempladas en la regulación administrativa y civil, orientadas a articular un mecanismo de compensación.

En sentido similar, Fernández Liesa (2019) sostiene que la Directiva 2008/99/CE obliga a los Estados miembros a tipificar una serie de conductas cuando sean ilícitas y se cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave.

Es por ello por lo que la Directiva conmina a los Estados para que sancionen todas aquellas conductas que provoquen los daños medioambientales previstos en el art. 3, siempre y cuando éstas provengan de acciones u omisiones ilícitas cometidas a título de dolo o imprudencia, siempre que ésta sea grave.

Dicha ilicitud previa establece un cauce que remite a la normativa de la Unión Europea o de los Estados miembros y traslada al ámbito comunitario el sistema tradicional de dependencia administrativa del derecho penal ambiental, lo que se traduce en el carácter accesorio del Derecho penal respecto del Derecho administrativo.

Dicha dependencia del derecho administrativo, es objeto de críticas por la doctrina al reducir la eficacia de la protección penal del medio ambiente y niega al derecho penal la capacidad de proteger el medio ambiente de manera autónoma (PABLO SERRANO, 2020).

En este contexto, y muy conectado con el carácter fundamental del derecho ambiental, surgen propuestas que defienden férreamente el medio ambiente. Así Nieto Martín, concibe el ecocidio y otras figuras como el ‘patrimonicidio’, que habilitaría al legislador para sancionar los daños medioambientales legales, entendiéndose el expolio de los recursos naturales como consecuencia de actos de abuso de poder, es decir, como;

La corrupción a gran escala por parte de los dirigentes de un país, con el fin de poner sus recursos naturales en manos de empresas multinacionales, a través de concesiones o actos legislativos que hacen legal la explotación abusiva de estos recursos, sin que de ello redunden beneficios substanciales para los ciudadanos de dicho Estado (NIETO MARTÍN, 2012, p. 152).

Por su parte, el ecocidio se puede definir como un acto ilícito que, realizado con conocimiento y voluntad o arbitrario (esto es obrando con imprudencia temeraria), causa graves daños, extensos (rebasando incluso las fronteras nacionales), permanentes e irreversibles, al medio ambiente, ocasionando la destrucción y degradación de los sistemas naturales y humanos del planeta.

Desde el derecho penal ambiental se ha venido dibujando el reconocimiento del ilícito ecológico, la progresiva evolución de los delitos climáticos y la respuesta punitiva que el ámbito penal establece como expresión de la protección de la madre hermana Tierra.

En este ámbito, el concepto de delito de ecocidio concreta su protección más elevada ante un gravísimo daño ocasionado al entorno natural.

Es por ello que, la determinación del delito de ecocidio divide a la dogmática jurídica y a los estudiosos de la materia, que ubicados en posicionamientos antropocéntricos desvirtúan el sentido de la normativa ambiental.

Así, el concepto de desarrollo sostenible interpreta el marco normativo e institucional actual, validando los extremos que configuran el contenido y alcance del delito de ecocidio.

En este sentido, se produce la consagración nacional e internacional del ecocidio como un ilícito que proporciona una herramienta útil en la lucha contra la impunidad ambiental. No dejamos de asistir a un clamor frente a la agresión ecológica que demanda la sanción real, que un delito como tal configurado, presenta en el orden penal internacional.

En definitiva, cabría considerar que la posibilidad de que este delito se incorpore, como un quinto crimen, al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) garantizaría la protección del medio o, al menos, serviría como un instrumento jurídico disuasorio y represivo de primer nivel. No obstante, de momento, solo es válido en aquellos países que lo han reconocido, como España. Así, no son pocas las organizaciones y asociaciones, como Stop Ecocidio³¹, que propugnan que la definición de ecocidio es independiente de cualquier otro ilícito penal previo y que, en modo alguno, pretende quebrar el principio de irretroactividad.

Además de los criterios económicos que no comparten todos los países de igual forma, en relación con la reducción de afecciones ambientales y dentro de las dificultades que entraña la creación de un delito internacional que proteja al planeta de las agresiones, negligencias o inacciones contra él, se destaca el diferente tratamiento que las legislaciones penales nacionales presentan en materia medioambiental. Por su propia naturaleza transfronteriza, la contaminación o daño ambiental producida en un país podría ser lícita en aquel donde se encontrase el foco, y el efecto lesivo podría darse en otro Estado, incluso alejado del primero.

Sin duda, el momento actual es extraordinario especialmente en el ámbito Europeo. A través del denominado Pacto Verde y las estrategias ambientales, y a pesar de los riesgos y dificultades presentes, todo apunta a que el cambio de paradigma es inaplazable, tanto por los riesgos ambientales en sí mismos como por las víctimas reales y potenciales que el ecocidio genera.

De esta manera, la esfera internacional ha configurado un escenario proclive a la protección ambiental y dirigido a la acción como indican los compromisos de la Agenda 20-30 que tejen ciertamente posibilidades de mejora y protección por el entorno natural a través de instituciones jurídicas. Además, el incremento exponencial del número de víctimas como consecuencia de los desastres ambientales potencia el reconocimiento del ecocidio como ilícito internacional.

Es por ello que, recoger en los ordenamientos penales el crimen de ecocidio se presenta como una exigencia en el cumplimiento de los Tratados, Convenios y Declaraciones ambientales en el marco internacional y nacional, con el objeto de dar una respuesta eficaz a la defensa del planeta y a la justicia universal para preservar el ecosistema actual y el de las generaciones futuras.