1 INTRODUCCIÓN

Uno de los orígenes más representativos de la seguridad pública guarda relación con lo que hoy en día conocemos como la policía. Se ha tendido a identificar lo policial con la represión y a entender sus tareas como el producto de la instrumentalización gubernamental como mecanismo de distribución de una fuerza coercitiva no negociable, puesta al servicio de una compresión intuitiva de las exigencias de una situación (BITTNER, 1970). “Estas definiciones arraigan en la comprensión weberiana del Estado como organización tendencialmente monopolizadora del ejercicio legítimo de la fuerza y hacen encarnar en la policía la diferencia específica que hace que una organización sea un Estado.” (PALACIOS CEREZALES, 2005, p. 8). En sus orígenes, por “policía” se entendía una técnica de gobierno propia del Estado y no como una institución que funciona dentro del mismo (FOUCAULT, 1996).

A partir de la revolución francesa, el pensamiento ilustrado del siglo XVIII y como consecuencia de ello, el surgimiento del Estado Liberal de Derecho, tuvo lugar una nueva visión del ejercicio del poder estatal, un cambio de paradigma en materia de derechos y libertades y el nacimiento de un Derecho penal, de la mano de Beccaria, más humanitario y más justo, entendido como medio de control social del Estado y no como mecanismo de terror social, característica propia del Antiguo Régimen” (ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, 2001, online).

Así, a lo largo del siglo XIX “tendrá lugar el auge de los Códigos penales diseñados bajo los postulados liberales y de la línea trazada, principalmente, por Beccaria, atribuyéndose a la escuela clásica tan notable avance.” (MANGIAFICO; ÁLVAREZ, 2017, p. 40).

Los modelos policiales han ido evolucionando a lo largo de la historia de la policía, si bien tiene más peso en cada Estado europeo un tipo u otro, las creencias y valores que subyacen en ellos coexisten en el interior de todas las organizaciones de policía actuales. (GUILLÉN LASIERRA, 2016). De la misma manera en que las instituciones policiales han avanzado, también lo ha hecho la política, las formas de gobierno, el Estado y la misma sociedad (PAYA-SANTOS; LUQUE-JUÁREZ, 2021).

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A causa de este desarrollo constante, se han establecido tres tipos de seguridad en los Estados modernos. A manera de conceptualización: la “seguridad externa, la seguridad interna o pública y la seguridad ciudadana” (DELGADO MORÁN, 2022; DELGADO MORÁN; JIMÉNEZ REINA; JIMÉNEZ REINA, 2020; DELGADO MORÁN; TEANO, 2020, 2019).

• la seguridad externa es la más antigua, y guarda una relación con la defensa territorial de la nación de posibles amenazas del exterior, también es conocida como la seguridad nacional;

• la seguridad pública o interna, es aquella que se encarga de mantener el orden público y puede ser estudiada como “el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos contra el orden público” (GAMARRA; KINCAID, 1996), y las fuerzas policiales generalmente son las encargadas de vigilar su cumplimiento, sobre todo en las democracias modernas (PALACIOS CEREZALES, 2005);

• la seguridad ciudadana, más reciente y con menor tradición, remite a la idea de ciudadanía y “analiza a los ciudadanos como agentes activos y no como una masa relativamente pasiva y que guarda una relación muy estrecha con la seguridad pública”. La seguridad pública es un componente que los gobiernos deben garantizar a todos los ciudadanos por igual.

Partiendo del concepto de la inseguridad, y debido a su complejidad y a la pluralidad de violencias y delitos existentes, resulta sumamente complicado determinar qué tipo de delitos o qué acciones pertenecen y corresponden a dichos tipos de seguridad y a qué instituciones les corresponde atenderlos (LUQUE JUÁREZ; LIZ RIVAS, 2021; LIZ RIVAS, 2018, 2020).

Diversos autores hacen referencia al constante debate sobre si la seguridad pública, necesita más atención, es decir, recursos materiales y humanos para perseguir delitos que ocasionan violencia, o bien, destinar recursos desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, donde el involucramiento de la ciudadanía en las iniciativas sociales a desarrollar cobra una mayor importancia, lo que generaría políticas públicas de prevención comunitaria (CARRIÓN, 2007). Las sociedades demandan seguridad y de manera ordinaria los gobiernos incrementan el presupuesto, pero, desafortunadamente los índices de violencia persisten. Lamentablemente existe la constante incertidumbre sobre si las políticas públicas en materia de seguridad y el gasto que destinan los gobiernos realmente han intervenido en la reducción de los distintos índices delictuales.

Otro de los múltiples elementos que es necesario tomar en cuenta dentro del tema de la inseguridad, es el de los costos económicos que genera la violencia criminal a las naciones. La delincuencia representa costos muy elevados que van desde pérdidas de capital humano, efectos nocivos de la violencia sobre la inversión, cambios en el comportamiento social debido al temor, a la incertidumbre y a la percepción, y sobre todo la notable cantidad de personas internas en instituciones penitenciarias, sin que ello haga que reduzcan los índices de delincuencia. Es por ello, que las teorías predominantes de la represión delictiva no esta exenta de críticas, ya que no han podido intervenir de manera efectiva las tendencias delictivas, generando inseguridad en la población. En la diversa literatura sobre el gasto publico en seguridad queda abierto el debate sobre el impacto que tiene el gasto destinado a la seguridad, y su incidencia real en la disminución de la actividad delictiva, en donde se reconoce que el gasto público en seguridad no se traduce generalmente en una disminución de la delincuencia (FLORES ORONA; SAAVEDRA LEYVA; MARTÍNEZ SIDÓN, 2022).

La inseguridad vista desde una perspectiva social ocasiona o bien, genera el sentimiento de lo que ya es conocido como, “percepción de inseguridad”. Indudablemente, dicha percepción se comporta con un carácter distinto en cada región, país e incluso en organizaciones territoriales dentro de un mismo país.

De acuerdo con Martínez Paricio y Labatut, “la realidad social se ve determinada por el clima de seguridad o de inseguridad que existe y que se percibe como tal en la sociedad” (MARTÍNEZ PARICIO; LABATUT, 2005, p. 157 y ss). Es decir, los ciudadanos, en muchas ocasiones se ven limitados en diversos aspectos de la vida cotidiana debido al ambiente seguro o inseguro en el que se desarrollan. En este sentido, la inseguridad se vive y se percibe de distintas maneras en cada país, existiendo también factores externos que pueden repercutir en la confianza y propiciar escenarios donde se conciba un ambiente de inseguridad y que a la larga desencadena en limitaciones de desarrollo, de inversión, de bienestar y de cohesión social.

Otra de las diversas problemáticas con las que se enfrenta la seguridad pública surge a raíz de las transformaciones sociales que se han generado, una de ellas, lo que diversos autores llaman la revolución tecnológica que dibuja la llamada Ciudad Inteligente (Smart City) donde se pretende no sólo gestión tecnológica del espacio común también la existencia de ciudadanos inteligentes (MENDEZ ROCASOLANO, 2011, 2018, 2022a, 2022b). Si es algo obvio que la Criminología es el estudio científico de los fenómenos delincuenciales y de las respuestas a los mismos, identifica igualmente, la existencia de una íntima relación entre el cambio tecnológico y la delincuencia, y los retos que este cambio pueden suponer para identificar sus tendencias y para diseñar su prevención (MIRÓ LLINARES, 2018).

Dicha revolución ha hecho que se modifique incluso la naturaleza del delito y por lo que las instituciones proveedoras de seguridad han tenido que reformular y evolucionar en su campo de acción. A raíz de toda esta transformación digital, surge la preocupación de fortalecer la seguridad en todos los niveles de la infraestructura digital, debido a que las prácticas delictuales han evolucionado, ahora aparecen términos como “ciberdelincuencia”, “ciberseguridad”, “ciberterrorismo”, donde las instituciones encargadas de proporcionar seguridad necesitan adecuarse y reformularse constantemente debido a las persistentes y novedosas amenazas (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; DELGADO MORÁN, 2016; DELGADO MORÁN, 2022).

3 CONSIDERACIONES BÁSICAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Los Estados pretenden mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. De ahí entonces, surge la importancia de precisar y esclarecer qué es lo que se va a entender por “público”, debido a que el término de público se usa frecuentemente y por ejemplo, se utiliza en términos como: interés público, salud pública, orden público, etc.

Parsons considera que la “idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente individual, sino colectiva” (PARSONS, 1995, p. 37). En síntesis, el estudio de las políticas públicas no debe de intervenir en cuestiones meramente privadas o individuales, sino únicamente a cuestiones donde es necesaria la intervención o regulación de ciertas medidas comunes para el bien colectivo.

Algunos de los precursores de esta disciplina fueron Lerner y Lasswell en la década de 1950. Ellos aspiraban con unir una ciencia interdisciplinaria con las decisiones democráticas del gobierno. Su programa catalogado como Policy Sciences, pretendía, en resumidos términos, que las decisiones públicas del gobierno estuvieran apegadas a las ciencias sociales. Lerner y Lasswell, intentaban que existiera una mayor racionalidad al momento de tomar decisiones apoyado de un conocimiento científico, y establece la definición de “la orientación hacia las políticas” y se enfoca en dos tareas básicas: el proceso de la política y la necesidad de inteligencia del proceso.

La primera tarea busca desarrollar la ciencia de la formación y ejecución de las políticas, utilizando los métodos de investigación de las ciencias sociales y de la psicología. La segunda tarea busca mejorar el contenido concreto de la información y la interpretación disponibles a los hacedores de las políticas y, por consiguiente, rebasa generalmente las fronteras de las ciencias sociales y de la psicología (LERNER; LASSWELL, 1951, p. 14).

Por lo tanto, se podía decretar que “las políticas públicas se refieren a la forma en que se definen y construyen cuestiones y problemas, y a la forma en que llegan a la agenda política” (PARSONS, 1995, p. 39). De igual manera se podría determinar que estudian el “cómo, por qué y para qué, los gobiernos adoptan determinadas medidas y actúan o no actúan” (HEIDENHEIMER; HECLO; ADAMS, 1990, p. 3).

A diferencia de otros autores, Lindblom establece que, el hablar de política pública, es hablar de “procesos, decisiones y resultados, sin que todo eso excluya una infinidad de conflictos e intereses, además de las tensiones entre diferentes definiciones del problema e inconvenientes entre los diferentes actores y sus perspectivas” (LINDBLOM, 1991, p. 7).

4 CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Toda política busca generar un cambio social y normalmente existe una relación entre la intervención pública y la problemática. Esta intervención pública no es una decisión instantánea, es un proceso y una serie de decisiones donde interactúan gran cantidad de actores que conlleva una serie de etapas. Estas fases de las políticas fueron recopiladas de diversos autores y estudios de las cuales se pueden identifican generalmente entre cuatro y cinco etapas que pueden solaparse entre ellas o retroalimentarse unas de otras, pero en esencia, se describen grosso modo las siguientes (MENY; THOENIG, 2017; NAVARRO GÓMEZ, 2016).

4.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

La pregunta básica a formularse proviene sería la siguiente: ¿Qué tipos de problemas privados merecen ser tratados como asuntos públicos y por lo tanto tratar de resolverlos a través de fondos públicos? (NAVARRO GÓMEZ, 2016). Si se logra responder la pregunta anterior de manera objetiva y consensuada se podría considerar que se ha logrado definir un verdadero problema público. Siempre existirá una gran cantidad de demandas por parte de los grupos sociales que resultaría imposible atender a todas ellas, por lo tanto, los gobiernos analizan y deciden cual de todas esas problemáticas existentes se le dará mayor prioridad.

4.2 FORMULACIÓN Y PUESTA EN AGENDA DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Conforme a lo expuesto por Meny y Thoenig (2017), las políticas son concebidas, por lo tanto, como soluciones a los problemas públicos. La formulación de las políticas públicas incluye fundamentalmente la valoración de la toma de decisiones, por lo que se incluyen tres elementos importantes: Elaboración: se desarrollan una gran cantidad de estudios y análisis sobre el fenómenos a intervenir; Valoración de alternativas: Una vez que se han definido las opciones, sus ventajas e inconvenientes de cada una de ellas se realiza el proceso de elección mediante generalmente un análisis que consiste en identificar los costes y beneficios asociados y la cuantificación económica de los mismos, con el propósito de facilitar la comparación entre las distintas opciones. La Selección: En esta parte se hace la valoración de todas las alternativas sobre las que se basan los cálculos de probabilidades de que ocurran ciertos hechos o de que las políticas produzcan determinados impactos.

Por ello, la agenda de seguridad al servicio de la comunidad, tendrá en cuenta junto a las funciones de protección, persecución y sanción, la mediación, la asistencia y la prevención adaptada a la evolución social, con estrategias y planes a corto, medio y largo plazo, dependiendo de los criterios empíricos y técnicos a aplicar en cada caso, así como el esquema de análisis, diseño, implementación, evaluación y visibilización de las políticas preventivas que exija la problemática social del momento. La prevención en sus múltiples formas y habilidades constituyen la principal herramienta de los programas de seguridad ciudadana contenidos en una Agenda política de seguridad, dado que se anticipa a la inseguridad ciudadana.

4.3 IMPLANTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Esta es una fase que se considera de las más complicadas ya que es un momento donde todas las decisiones tomadas y evaluadas pueden desviarse de los objetivos. En ese mismo sentido Subirats et al. (2008), confirman que la implementación es mucho más compleja de lo que a primera vista parece, y es en este momento donde aparecen diversos mecanismos de actuación. Por ejemplo: la no actuación o la aplicación de medidas selectivas son formas de realizar implementación.

4.4 EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Según Meny y Thoenig (2017), “la evaluación cierra el ciclo de las políticas, y puede retroalimentar el proceso en cualquiera de sus fases”. Los autores citados sustentan que evaluar una política implica identificar todos los elementos que en un principio se plantearon, el impacto o los cambios presentados y la secuencia en el tiempo, es decir, el momento adecuado para generar la evaluación. Lo que consideran Subirats et al. (2008), va muy encaminado con todo lo anterior, ellos estiman que la evaluación busca ver los cambios y efectos pero en términos de la búsqueda a la resolución del problema. En conclusión, esta última etapa del ciclo no es otra cosa que recolectar datos e información para determinar el impacto que generó la política.

5 POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

La seguridad pública es donde las instituciones gubernamentales son las encargadas del mantenimiento de la paz; orden público y prevención situacional del delito. Este paradigma ha sido predominante (seguridad pública) a lo largo del tiempo, y fue hasta 1980 cuando distintos países adoptaron medidas innovadoras donde involucraban procesos más integrales, apelando a líneas operativas de la seguridad, dando cabida a lo que generalmente se conoce como seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana pretende restablecer el tejido social como un elemento para prevenir delitos y generar entornos seguros. Se podría sostener que las estrategias preventivas desempeñan un papel muy importante. Es por ello que la sistematización, la correcta generación y el análisis de información delictiva son sumamente importantes para el diseño de las estrategias preventivas. Es de suma importancia conocer qué medidas ha adoptado o, mejor dicho, las políticas que con base a sus características sociales y culturales el Gobierno de España ha preferido establecer para combatir la delincuencia, donde en los últimos años, las políticas han ido orientadas más que a combatir el crimen como tal, a tratar de mejorar la prevención, percepción que tienen los ciudadanos y a generar espacios de mayor tranquilidad y confianza (VIDALES RODRÍGUEZ, 2012). En cuanto a la evaluación de las políticas publicas de seguridad están deberán acomodarse a estandares que aseguren su calidad, viabilidad y resultados. En esencia y de manera generalizada entre otros se aconsejan para políticas publicas en seguridad acudir a estandares como el que representa para la unión europea el “Proyecto Beccaria”¹.

El estándar Beccaria pone a disposición de los entes involucrados que se dedican a prevenir la criminalidad, pautas claras y concisas que aseguren la calidad de los proyectos implementados, debiéndose garantizar el conjunto de ítems para conseguir ofrecer garantía suficiente para consolidar cualquier proyecto orientado a la prevención de la delincuencia, debiéndose orientar de la forma siguiente (BECCARIA ESTÁNDARDS, 2007):

• la planificación, ejecución y revisión de los proyectos para prevenir la delincuencia se orienten en función de los criterios de calidad que apuntan la ciencia y la bibliografía especializadas;

• los proyectos se conciban de tal manera que se puedan evaluar;

• los expertos científicos, posean una base técnica para valorar la efectividad y la calidad de los proyectos.

En España Martínez Espasa (2016) destacó que las políticas públicas de seguridad ciudadana más numerosas versaban sobre convivencia urbana (23 de las 104 políticas identificadas desde el inicio del periodo democrático en España), seguidas de las que usaban la mediación (16) y las englobadas bajo el epígrafe de ciudad de noche y drogas (un total de 10 y 9, respectivamente). De entre estos, 24 fueron los únicos programas con información documental al respecto sobre su desarrollo y resultados, de los cuales, solo 7 (menos de 1/3) se realizaron utilizando criterios de evaluación rigurosos como el observado, estándar Beccaria.

La conclusión de esta revisión según Garrido Genovés, cuando refiere a términos de la “dualidad criminología del crimen versus criminología del criminal” (o criminología positivista versus criminología de la elección racional: prevención situacional y ambiental) es que las políticas de seguridad navegan entre ambos mundos, muchas veces sin un rumbo definido, interviniendo en políticas sociales amplias, donde la prevención afecta a los individuos, pero también actuando en la llamada estructura de oportunidad del delito, dificultando mediante la actuación policial, que los delincuentes potenciales accedan a consumar con éxito el delito (GARRIDO GENOVÉS, 2018).

6 APUNTES SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA DESDE PERSPECTIVAS CRIMINOLÓGICAS

La criminología intenta entender y explicar el crimen y el comportamiento criminal, lo cual lleva a plantear preguntas como: por qué hay personas que delinquen y otras que no; por qué hay personas que son victimizadas de manera frecuente y otras de manera muy aislada y por qué hay lugares en los que hay muchos delitos y otros en los que incluso no hay (GARCÍA RODRÍGUEZ, 2015; GARCÍA ÁLVAREZ, 2014). Según Brantingham y Brantingham (1993), la respuesta a estas preguntas puede estar en entender los patrones formados por los eventos criminales previos, por lo que cada crimen es una oportunidad de entender las motivaciones de los victimarios y las características ambientales de un punto en el tiempo y espacio.

Según Miro Llinares, pensar que el enfoque ambiental o situacional sólo se puede aplicar a lo geográfico es un error que puede ser superado si pensamos en el Ciberespacio como un nuevo lugar, como un nuevo ámbito en el que hay lugares en los que convergen, de forma diferente, agresores, víctimas y guardianes. La investigación criminológica en cibercrimen que, debido a sus propias características y al igual que los espacios físicos, los ciberespacios no son homogéneos, sino heterogéneos, y que las formas de convergencia que habilitan estos ciber lugares fomentan la formación de patrones de delincuencia al igual que sucede en el espacio físico. Así, podemos encontrar patrones a nivel meso en el ciberespacio como tráfico de armas o drogas en la Dark web; radicalización en Telegram; odio en Twitter; pornografía infantil en foros; sexting en Snapchat etc. Cuando estos crímenes se concentran en espacios y momentos específicos forman hot spots de cibercriminalidad conforme a parámetros como lo lleno o vacío que esté el sitio, la mayor o menor visibilidad de lo que se hace, la vigilancia natural, el espacio de oportunidad etc (MIRÓ LLINARES, 2012).

Otro de los debates sobre las políticas de seguridad pública es la dificultad de definir si es mejor implementar los modelos convencionales para enfrentar la delincuencia -modelos que buscan combatir al crimen de manera frontal- o, prestar mayor importancia a las medidas preventivas, que si bien, los resultados pueden ser más lentos, podrían llegar a ser más eficientes en el largo plazo que los procesos basados en un aumento de la represión punitiva. En este sentido, Martínez Espasa señala que “las políticas de seguridad no exigen siempre de la utilización del recurso a la organización policial, de ahí la acertada afirmación de que seguridad no es sinónimo de Policía, aunque deban plantearse políticas reactivas, la pauta general deben ser las políticas preventivas” (MARTÍNEZ ESPASA, 2016, p. 48).

Partiendo de esta premisa, existen pues, cuatro principales enfoques teóricos para estudiar la delincuencia, por una parte, existe la represión de los delitos como “mano dura; que no es otra cosa que enfrentar al delito bajo las fórmulas clásicas de la represión y control” (CARRIÓN, 2007, p. 11). En el otro extremo encontramos las teorías de la prevención, que son aquellas que pretenden atacar el problema desde las causas que lo originaron y no sus consecuencias. Después se encuentran las teorías ecológicas del crimen, dichas propuestas explican que las zonas geográficamente críticas propagan el desorden y el delito. Por último, se tienen las teorías económicas del delito, que son las más estudiadas, y buscan explicar ente otras, la importancia que tiene el entorno macroeconómico, la capacidad policial para atrapar delincuentes y la severidad en los castigos para disminuir el crimen. Observaremos únicamente grosso modo, algunas teorías con el animo de obtener una panorámica sobre estas y su incidencia en las políticas se seguridad.

6.1 LAS TEORÍAS DE LA REPRESIÓN DELICTIVA

Las teorías de la represión delictiva o teoría de la disuasión, “se sustentan en la necesidad de restablecer la funcionalidad (disfuncionalidad) y el orden (anomia) mediante el castigo como dolor (correctivo) y como ejemplo (disuasión), de tal manera que no se vuelva a cometer un nuevo hecho delictivo” (CARRIÓN, 2007, p. 13). Por lo general, en estos casos aparecen políticas de “mano dura” y una gran cantidad de dotación policial intentando mantener el orden público (MACÍAS CARO, 2015), además de implementar una alta severidad en el castigo como la creación de nuevas figuras punitivas o la expansión del derecho penal del enemigo, o como observa Zúñiga Rodríguez (2021), la disímil dimensión del denominado Derecho Penal de la seguridad, caracterizado por el populismo punitivo. Estas medidas de control más severas, estadísticamente no han rendido los resultados esperados. “Las críticas convencionales hacia este enfoque señalan que no se analiza la violencia y el delito como un fenómeno social donde además del crimen, convergen muchísimos otros factores sociales” (ARRIAGADA; GODOY, 2000, p. 128). En conclusión, se actúa reprimiendo al individuo o individuos sin impactar en otros entornos sociales como: programas educativos, menor deserción escolar, control en el tráfico de drogas etc, que propician que el problema no se ataque desde la raíz. Una de las políticas más conocidas referentes a las teorías de la represión delictiva, es el plan de tolerancia cero. El plan de tolerancia cero indicaba que una mayor detención de delincuentes o trasgresores del orden aseguraba una mayor aceptación de la sociedad y por supuesto más confianza al aparato policial.

Este enfoque dícese sustentaba su éxito en que cualquier crimen, delito, violencia o perturbación del orden, por pequeño que sea, generará que se sigan cometiendo nuevas infracciones cada vez más graves, debido a que los autores materiales del delito consideran que no recibirán castigo alguno, basado en la “teoría de las ventanas rotas” (WILSON; KELLING, 1982). Los planes de tolerancia cero fueron puestos en práctica y distintas ciudades siendo la más usual mencionar la de la ciudad de Nueva York y que fue propuesto por el ex alcalde Rudolph Giuliani como un estandarte de su política de seguridad ciudadana. El programa resultó ser a primera vista muy efectivo, debido a que en el periodo en el que fue puesto en práctica, los índices del delito pudieron reducir significativamente en esa ciudad, pero después de un análisis minucioso, se pudo corroborar que la política no fue del todo exitosa como tal, sino que fue un mero producto de la causalidad y de otros factores no observados.

6.2 LAS TEORÍAS DE LA PREVENCIÓN DELICTIVA

Las teorías de la prevención delictiva se sustentan en el hecho de adelantarse al evento de un hecho delictivo para que este no se produzca (CARRIÓN, 2007). Existen dos tipos de prevención, prevención social y prevención situacional y también lo que algunos autores han definido como “los niveles de la prevención”, que no es otra cosa que los momentos específicos que definen en el tiempo las actividades relacionadas con la prevención (SELMINI, 2009).

El enfoque de la prevención tiene como objetivo abordar todas aquellas cuestiones sociales, como lo son: conflictos, desajustes y desarticulación de la vida en sociedad que genera la inseguridad. El autor del delito y su determinación delictiva se convierten en el centro de atención, pero, analizados desde el contexto social donde surgen los delitos, entendido desde una perspectiva social, económica y cultural que propician un ambiente apto para el desarrollo de actividades ilícitas (PAYÁ SANTOS; DELGADO MORÁN; MAZURIER, 2018; GILLING, 1997). Esta forma de prevención se puede delimitar de la como lo expresaría Sutton “La prevención social abarca casi cualquier programa que pueda afirmar que afecta el patrón de comportamiento, los valores y las autodisciplinas de los grupos que se consideran potencialmente ofensivos" (SUTTON, 1994, p. 10).

El enfoque de la prevención situacional en términos generales y de acuerdo con Clarke, “busca reducir las oportunidades para categorías específicas de delitos aumentando los riesgos y dificultades asociados y reduciendo las recompensas” (CLARKE, 1995, p. 91). Este enfoque asegura que la criminalidad no es únicamente el fruto de las decisiones meramente individuales, sino que existen diversos factores externos que favorecen las oportunidades delictivas. En palabras de Clarke, “los factores situacionales pueden estimular el crimen y abordar estos factores puede reducir el crimen” (CLARKE, 1995, p. 95), comprender cómo se cometen los delitos es de vital importancia para la prevención del delito situacional (SAN JUAN GUILLÉN, 2019).

Estos trabajos pretender dar un énfasis a los escenarios donde se dan los eventos delictivos y también pretenden estudiar y generar información para que las autoridades encargadas se interesen en combatir el delito desde las primeras causas que lo ocasionaron.

Si la prevención puede ser entendida, como la interrupción del mecanismo que produce un evento delictivo, tal mecanismo causal puede ser reconducido a tres elementos de fondo: la estructura, la motivación individual y las circunstancias. En la perspectiva estructural, la criminalidad es el producto de condiciones sociales y económicas y la prevención se entiende entonces como actividad que incide sobre tales causas de fondo. Cuando se entiende el delito como producto de las propensiones humanas, la prevención se concentra en la intervención individual, de modo que se debe detener, controlar o rehabilitar a los autores. En base a la tercera perspectiva, se dice que la prevención pueda llevarse adelante a través de una intervención sobre el contexto, físico y social y que la criminalidad es entonces el resultado de una serie de circunstancias y oportunidades (SELMINI, 2009, p. 44).

Estas perspectivas de fondo sobre la interpretación de los fenómenos criminales se articulan en una serie de teorías o, enfoques interpretativos, que constituyen hoy el marco de referencia de las medidas de prevención y de las políticas de seguridad².

De lo expuesto hasta ahora, podemos deducir que uno de los elementos clave al referirnos a la ecología del delito es la oportunidad. Si no existe una oportunidad para cometer el delito, éste no va a producirse, incluso ante la presencia de un individuo motivado para delinquir. Si existe la oportunidad para perpetrar una infracción, será más probable que un individuo motivado, o un individuo “potencialmente motivable”, para delinquir acaben transgrediendo la ley.

Desde esta perspectiva, podemos concluir que se puede prevenir una parte importante de los delitos reduciendo las oportunidades. En contra de esta aproximación, se suele plantear que la reducción de oportunidades en un determinado punto lo que produce realmente es un desplazamiento del delito en virtud del cual los infractores buscan un emplazamiento alternativo para cometer el delito. Sin embargo, según Miró Llinares, la evidencia empírica ha mostrado que el impacto del desplazamiento es ciertamente limitado (MIRÓ LLINARES, 2018).

6.3 LAS TEORÍAS ECONÓMICAS DEL DELITO

La delincuencia es un fenómeno multidimensional que ha atraído a una gran cantidad investigadores de distintos ámbitos de las ciencias sociales para tratar de ofrecer respuestas al estudio de la actividad delictiva. Desde la década de 1960 se viene utilizando un análisis económico que ha tenido bastante relevancia (BECKER, 1968; EHRLICH, 1974; FREEMAN, 1994).

El enfoque que Becker le da a su teoría está encaminado a los costos económicos que las actividades delictivas representan para el estado y para los infractores. El análisis empírico de la actividad delictiva en la economía se remonta, según Becker, en la ponderación del costo de oportunidad de la mejor situación que le atrae a un individuo la relación entre beneficio o castigo. En esta toma de decisión casi espontánea; algunos individuos toman la decisión de llevar a cabo alguna actividad delictiva (BECKER, 1968). Por otro lado, Becker menciona que, sí existen algunos elementos que son característicos y compartidos en general. Primeramente, la obediencia a las leyes no se cumple siempre y se deben de invertir recursos públicos o privados para prevenir delitos para neutralizar a los delincuentes; y, en segundo lugar, la condena no suele generalmente considerarse un castigo suficiente para los infractores, por lo que nacen nuevos castigos. El modelo que plantea, analiza la pérdida social que los delitos generan y halla en la inversión de recursos y castigos un minimizador de esa pérdida social. La teoría no solamente pretende analizar delitos como el robo, o el asesinato, sino que también, Becker es de los pioneros teóricos que brindan una importancia a los crímenes de “cuello blanco” como evasiones fiscales, etc. En este contexto, la teoría de Becker, argumenta que los individuos pueden alejarse de las actividades criminales, siempre y cuando, existan mayores penas y mayores probabilidades de ser atrapados. Por lo tanto, estas dos variables de probabilidad de captura y magnitud de la pena, han resultado relevantes en términos de política pública.

Por su parte Ehrlich (1974), indica la existencia de un efecto disuasorio de la actividad policial en todos los delitos y una fuerte correlación positiva entre la desigualdad de ingresos y los delitos contra la propiedad, es decir, a mayor número de policías en las calles la actividad ilícita disminuye y a mayor desigualdad, existirán mayores faltas contra la propiedad. En este sentido, se sostiene por algunos investigadores que la mayor parte del gasto público en seguridad se asigna a las policías y, en menor medida, el gasto se asigna a la aplicación de justicia y la prevención. Por lo anterior, se reconoce la necesidad de desarrollar políticas de prevención de delitos y políticas en seguridad de largo plazo, que busquen atajar las causas y no las consecuencias de la delincuencia. Al igual que todas las teorías económicas del delito, sostenemos el crimen no solamente puede ser visto como una conducta desviada, es decir, un problema emocional o psicológico. Tampoco se puede considerar únicamente las preferencias individuales de cada criminal, pues sería necesario examinar a fondo la estructura interna de cada criminal y el impacto de sus circunstancias sociales o familiares. Si bien, todos los ciudadanos responden a incentivos, la mayor aportación de Ehrlich, es que afirma que la preferencia por el crimen responde a las oportunidades existentes en la sociedad. Este análisis va más allá de lo que realizó Becker unos años atrás. Su trabajo cobra relevancia ya que incorpora los costos que conlleva el castigo, las ganancias tanto de realizar actividades lícitas como ilícitas y, además, predice la relación entre la tasa de delitos con la desigualdad en los ingresos y la actividad policial. Otro de los elementos de mayor importancia en el trabajo de Ehrlich, es que puede distinguir entre la disuasión y los efectos preventivos del castigo por encarcelamiento sobre la tasa de delincuencia. Ehrlich (1977, p. 746), “analiza los efectos de la presencia policial, las sentencias y la severidad de los castigos sobre la actividad delictiva distinguiendo el efecto disuasivo de privación de la libertad” y confirma que ambos factores tienen un efecto negativo en las tasas de delito. En este sentido la efectividad de la privación debe ser comparada con la tasa de rehabilitación y la tasa de reincidencia versus cambios en los incentivos económicos, según Ehrlich, como cambios en el “precio del delito”.

De acuerdo a Ehrlich, el cometer un delito, es el resultado de un proceso de elección entre hacerlo o realizar una acción alternativa en un momento determinado. Por lo que se esperaría que se cometa el delito si el infractor obtiene una mayor utilidad que la utilidad esperada de realizar una acción alternativa. Si la utilidad esperada de cometer un delito supera a la utilidad esperada de realizar actividades legales, muchas veces depende de las recompensas relativas, es decir, Ehrlich argumenta que en la mayoría de los casos de asesinato, se espera que las recompensas sean en gran medida psíquicas o emocionales y no un tanto económicas (EHRLICH, 1975).

En su teoría Freeman, plantea que el creciente número de encarcelamiento de delincuentes es uno de los factores que propicia la desigualdad, sobre todo en las personas con bajos niveles de educación. Los estudios coinciden con que la mayor población carcelaria no necesariamente hace que la actividad delictiva reduzca. En palabras de Freeman (1994, p. 5), “la duplicación de la población carcelaria debería, haber reducido considerablemente la delincuencia debido a la incapacidad de los delincuentes […], produjo, además, una tendencia al alza en la proporción de crímenes que resultaron en penas de prisión.” En conclusión, estaría negando todos los anteriores trabajos que incluían dentro de sus premisas básicas el implementar sentencias condenatorias más rígidas ya que el tener más población encarcelada no implica que los índices delictivos reduzcan. Con ello, el autor muestra mayores inclinaciones por los métodos de prevención del delito.

Volviendo nuevamente a Ehrlich, existen particularmente dos grandes aportes de las teorías económicas a las actividades delictivas. El primero ha sido analizar el comportamiento delictivo a través de las herramientas de optimización y análisis de equilibrio y no depender de factores sociales y ambientales que son independientes de la voluntad humana. En segundo lugar, un tema más complejo, encontrar políticas óptimas sobre el control del delito, de tal manera que Ehrlich argumenta: El paradigma económico reconoce dos conjuntos de incentivos que motivan a los delincuentes potenciales o reales: negativos y positivos. Los incentivos negativos son aquellos que disuaden y evitan que los delincuentes potenciales y reales entren o sigan activamente actividades ilegítimas: la probabilidad y la gravedad del castigo, y el tipo de castigo que se impondrá. Los incentivos positivos son aquellos que inducen la participación en alternativas legítimas al delito: oportunidades legítimas de empleo y ganancias, programas de rehabilitación y una menor disparidad en la distribución del ingreso en la sociedad (EHRLICH, 1996).

Es interesante analizar los supuestos que Ehrlich propone, ya sean los incentivos que motiven a los delincuentes, (negativos o positivos), será una de las claves para que los gobiernos tomen decisiones en torno a políticas públicas para el combate del crimen.

En otras palabras, los tomadores de decisiones evaluarán qué es mejor, ya sea implementar castigos más severos o crear programas encaminados a los incentivos positivos, es decir, fomentar el desarrollo social, y crear programas integrales (DELGADO MORÁN, 2022).

6.4 LA TEORÍA ECOLÓGICA DEL CRIMEN

La teoría ecológica del delito/crimen pretende mostrar el por qué en algunas regiones, comunidades o lugares geográficos, concentran una gran cantidad de actividad ilegítima en determinado tiempo a pesar de que otras variables sociales o demográficas cambien (ya sea de manera positiva o negativa). Su principal foco de estudio se basa en los estudios del desorden social y el desorden físico (OLAVARRÍA GAMBI et al., 2009). Desde la década de los cuarenta, los estudios pioneros de Shaw y Mckay (1942), mostraron evidencia empírica donde existía una relación entre la distribución de la delincuencia y el patrón de estructura física y organización social de una veintena de ciudades estadounidenses. Es decir, la delincuencia está altamente correlacionada con elementos como: cambios en la población, vivienda inadecuada, heterogeneidad étnica, pobreza, presencia de trastornos mentales y criminalidad de adultos. De acuerdo con Olavarría Gambi, y colaboradores, la prevalencia delictiva se debía a tres factores; “prevalencia de bajo nivel socioeconómico, heterogeneidad étnica y gran movilidad residencial. Tales características lesionaban seriamente la cohesión social de la comunidad” (OLAVARRÍA GAMBI et al., 2009, p. 34). Por lo tanto, las causas de la delincuencia se deben estudiar desde las características de la comunidad y no del infractor.

De acuerdo con San Juan Guillén (2019), hoy en día existe una amplia evidencia empírica a nivel internacional que muestra que generalmente existe una concentración del crimen en lugares específicos. La tecnología ha ayudado bastante a poder comprobar dichos supuestos, ya que al rastrear las llamadas de emergencia, se evidencia de que la delincuencia se concentra en zonas concretas.

En las teorías ecológicas del delito podemos reconocer que comparte muchos elementos que las teorías económicas del delito mencionan. Inclusive se puede observar que las teorías de la prevención delictiva recogen aspectos específicos del delito para fundamentar sus investigaciones y hacen que resulten muy similares los análisis y la selección de las variables. Es importante mencionar también, que la teoría ecológica del delito puede ser vista como una parte de las teorías de prevención delictiva. La necesidad de establecerlas por separado y de manera particular es debido a que las teorías de la prevención delictiva pueden enfocarse tanto en el delincuente, en el espacio, en el tiempo o incluso en la acción policial, mientras que la teoría ecológica del delito en cambio, se basa únicamente en el lugar geográfico.

Otro análisis más profundo y exhaustivo, lo podemos encontrar al momento de relacionar el desorden social de un territorio específico con el origen del delito. A este estudio sobre dicha relación se le conoce como la teoría de las actividades rutinarias. Esta teoría pretende analizar las tendencias y los ciclos de la tasa de criminalidad. Este enfoque se enfatiza en las circunstancias en las que se llevan a cabo actos criminales -Variables como el espacio, el tiempo, objetivos adecuados y la ausencia de guardianes eficaces contra el crimen- y no en las características de los delincuentes (COHEN; FELSON, 1979).

La teoría de las actividades rutinarias establece que realizar un pequeño cambio en los patrones de las actividades diarias influye en los índices delictivos, pero siempre y cuando, ese cambio impacte en por lo menos uno de los siguientes tres elementos: 1) delincuentes motivados; 2) las víctimas (ya sean personas u objetos que cumplan ciertas características atractivas para el delincuente; y 3) la ausencia de un vigilante eficaz, o bien, un espacio no vigilado, que igualmente le sea atractivo al victimario.

Discrepa al respecto Garrido Genovés, cuando refiere una “dupla conceptual” que aparece una y otra vez tanto en los trabajos de la criminología convencional como en la criminología del control del crimen: cohesión (capital) social y control informal. Los partidarios de luchar contra el delito sin ocuparse de los delincuentes no aciertan a comprender que la parte de la ecuación del ‘delincuente motivado’ es tan importante como los otros dos elementos (objetivo accesible y ausencia de vigilancia del famoso triángulo de la prevención propuesto por la teoría de las actividades cotidianas. La razón que argumenta Garrido Genovés (2018), estriba en que una familia que educa correctamente a sus hijos realiza una doble función que afecta a dos de los tres ángulos de este triángulo: previene que los jóvenes deseen quebrar la ley (la motivación para el delito) y realizan una labor de supervisión informal de su comportamiento, lo que potencia la existencia de una vigilancia ante la oportunidad criminal.

6.5 RESUMEN CRÍTICO DE LAS TEORÍAS

Después de analizar diversas teorías y trabajos existentes para poder conocer los motivos causales de la violencia y el crimen, se considerarán en mayor proporción, las teorías económicas del delito por el hecho del papel que desempeñan las variables que intervienen (LIZ RIVAS, 2018, 2020; LIZ RIVAS; PALACIOS GARCÍA, 2021). Como se puede apreciar, este enfoque sugiere que un individuo delinque comparando racionalmente los beneficios que puede tener en una actividad lícita o ilícita.

La teoría de la elección racional puede ser útil para pensar en estas preguntas pues en ésta se supone que existe una búsqueda por tener un beneficio de los crímenes cometidos, lo cual es lo suficientemente racional. Aunque se asume que los delincuentes no pueden obtener todos los beneficios que buscan debido a que ni la información ni el tiempo son suficiente para planificar sus acciones, por lo que se puede estar hablando de delincuentes con racionalidad limitada. Esta elección racional, mencionan Cornish y Clarke (1987), puede resultar limitada por el tiempo, las habilidades cognitivas del ofensor y la disponibilidad de información relevante. Llevando a que los procesos y los factores de decisión que se consideran varíen según las diferentes etapas de dicho proceso y de los diferentes delitos. Es decir, no se puede partir que los delincuentes potenciales están alimentados por una disposición general a ofender, lo que los convertiría en individuos indiferentes a la naturaleza del delito que cometen, más bien habría que partir que los delitos son elegidos y cometidos por razones específicas³.

Así que, en otras palabras, las decisiones de ofender están influenciadas por las características tanto de los delitos como de los delincuentes y son el producto de interacciones entre los dos.

Por su parte, Martínez y colaboradores encontraron que el 20% de todos los individuos en una población perpetran el 80% de todos los delitos (MARTINEZ et al., 2017). Esta conclusión es ciertamente relevante en el campo de la Criminología Ambiental ya que implica reconocer que, si el crimen está altamente concentrado entre relativamente pocos individuos, son pocas las personas que reconocen oportunidades delictivas adecuadas para cometer un crimen con respecto a aquellas que, existiendo dichas oportunidades, no las aprecian o no desencadenan la decisión de cometer un delito. En definitiva, la oportunidad es sustantiva, pero no decisiva para explicar el comportamiento criminal (SAN JUAN GUILLÉN, 2019).

Debido a esto, es que los crímenes llevan a seguir patrones espaciales, generados por un agresor racional el cual hace una evaluación sobre sus posibilidades de éxito. Esta evaluación considera ciertas características que deben de ser conocidas y que le permitan al posible delincuente: llegar y salir del lugar de manera rápida; esconderse tanto para atacar a la posible víctima como para cometer el acto y/o evitar ser detenido; y alejarse lo más posible de espacios vigilados. Por lo tanto, la decisión final de involucrarse en un delito en particular es el resultado de un proceso en el cual se evalúa de manera superficial, o no, los posibles cursos de acción que lleven a alcanzar algún objetivo, por ejemplo; por dinero, sexo o emoción (GARRIDO GENOVÉS, 2018).

Por último, identificar el por qué un objetivo o un individuo es idóneo para ser víctima debe estar ligada tanto a sus propias características como a las de su entorno. Es por ello que se vuelve un proceso de decisión multietápico por sí mismo, el cual es contenido en un ambiente más general. El proceso puede incluir algunos pasos o muchos el cual involucra varios niveles ligados a la percepción actual y al aprendizaje del ambiente alrededor del objetivo. Lo que evidencian Paul y Patricia Brantingham, en su teoría de la geometría del crimen, en cuanto se evidencia que muchos de los delitos se den en el entorno de la víctima o de sus patrones de movilidad (BRANTINGHAM; BRANTINGHAM, 1993).

Por su parte, las aproximaciones económicas del delito destacan los costos de oportunidad que tiene un delincuente al decidir la actividad a realizar. Tendrá que evaluar elementos como: el ingreso o perdida económica comparando ambas actividades, la probabilidad de éxito o la probabilidad de su captura. El comportamiento delictivo puede ser visto desde diferentes perspectivas, ha sido un tema muy estudiado desde las visiones biológicas, sociológicas y psicológicas, sin embargo, la teoría económica del delito, generalmente lo ha acotado como reflejo de la elección individual racional que parte de las fuerzas del mercado (oferta y demanda) (CORNISH; CLARKE, 1989).

En resumen, la teoría económica del delito considera que es la oferta-demanda lo que produce que un individuo seleccione entre actividad lícita o ilícita. Teóricamente, los factores socioeconómicos como la educación y el empleo ayudarían a reducir el crimen, ya que un aumento de esos componentes aumentaría también el ingreso disponible para fomentar las actividades legales, así como la pobreza, hipotéticamente conduciría a un incremento en el crimen, ya que, al no tener los ingresos necesarios, la utilidad esperada en el crimen sería mayor que en las actividades legales. Pero este epitafio lo desbarata James Q. Wilson quien en su célebre obra “Thinking about crime” dijo que si los criminólogos se empeñaban en intentar cambiar causas ‘profundas’ que son imposibles de cambiar (como la pobreza, la privación relativa o la ausencia de unos buenos padres), entonces su aportación a la política criminal sería irrelevante (CLARKE, 2018).

7. EJES ESTRATÉGICOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

Los altos niveles de violencia a nivel internacional han hecho que los gobiernos en los últimos años busquen soluciones rápidas, una de ellas es el desembolso de sus recursos para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad. Considerando los aportes de Stiglitz (2000), la seguridad pública es un elemento considerado como un “bien público puro”, es decir, un factor que no se le puede negar a ningún ciudadano o establecer diferencias entre ellos mismos. Si se plantea un análisis retrospectivo, el gasto público en seguridad ciudadana a nivel internacional generalmente presenta aumentos año a año, son muy pocos los países que presentan disminuciones o que han mantenido un gasto constante. A menudo interpretadas como “consecuencia del movimiento crítico hacia la eficacia de los distintos instrumentos penales, definido en el contexto anglo-americano como Nothing Works” ⁴.

Desafortunadamente, las estrategias de aumentar los presupuestos no han arrojado los resultados esperados y es por ello que la inversión pública en materia de seguridad es sin duda, uno de los grandes debates que han estado presentes en los últimos años a nivel internacional. Hay quienes argumentan que un mayor gasto refleja una mayor eficiencia. Pero también hay quienes sostienen que un mayor gasto en defensa, seguridad y justicia es improductivo y ambiguo, ya que limita los recursos que bien se podrían destinar a otras áreas de mayor impacto social que al largo plazo influirían positivamente en el combate al crimen, a manera de prevención del delito. Lo que la realidad nos muestra, es que desafortunadamente no ha existido una política o un plan de acción lo suficientemente eficiente que pueda poner fin a la delincuencia. En este punto de la discusión, la evidencia empírica sobre la relación e impacto del gasto público en seguridad y la actividad delictiva parece no tener un resultado único. Por lo tanto, estos resultados deben verse siempre con cautela, ya que las causas de la actividad delictiva son múltiples e incluso pueden llegar a estar interrelacionadas. Por ello, dependerá de cada análisis empírico señalar los alcances de cada medición estadística o econométrica, y de la metodología utilizada.

En este sentido, desde la teoría se recomienda encontrar los múltiples determinantes de la actividad delictiva y aplicar la metodología que mejor se adapte a la naturaleza de la información disponible. Es evidente que erradicar por completo la inseguridad es una asignatura sumamente compleja, por ello, es de carácter urgente presentar una línea de acción distinta a las ya conocidas y utilizadas históricamente. De acuerdo con lo anterior y debido a la necesidad de disminuir la delincuencia, el discurso debe enfocarse ahora en las políticas preventiva, la importancia para los gobiernos radica en no cambiar de políticas solamente por verse superados y buscar una solución próxima y tosca, sino continuar con lo que se trabajó anteriormente y, además, con miras al futuro mediante las prácticas preventivas, sin olvidar que dichas medidas representan un desafío mayor (STIGLITZ, 2000).

Por otra parte es muy preocupante que el trabajo de la rehabilitación se haya olvidado, es decir, si consideramos que la policía actuó eficientemente y puso a disposición de las autoridades competentes al delincuente, se espera que cumpla su condena, pero, que se trabaje en iniciativas de rehabilitación (CUTIÑO RAYA, 2021).

8 CONCLUSIONES

El crimen, la delincuencia, y la inseguridad que estos generan, es uno de los principales problemas con los que se han enfrentado históricamente los gobiernos. Después de explorar la literatura del enfoque económico del delito, y seleccionar variables de disuasión, represión y entorno socioeconómico, estos presentan evidencia consistente acerca de la relación directa con la incidencia delictiva. Se pudo concluir que los principales determinantes del crimen son principalmente factores socioeconómicos, aunque se podría también concluir que se evidenica un porcentaje restante que depende de una gran cantidad de factores que quedan fuera del alcance de la investigación, un ejemplo de ello pueden ser los problemas relacionados con el consumo de drogas y alcohol, problemas en el núcleo familiar y en la educación, el sistema de justicia, u otros de índole psicosocial. Comprender la enorme dificultad que conlleva el tratar de contener el hecho delictivo a índices aceptables por las sociedades, pasa por la necesaria implementación de diversos planes, no sólo en materia de seguridad, sino en materia social y necesariamente con resultados a medio-largo plazo.

Para la medición de la seguridad, debemos atender tanto a la dimensión objetiva, relativa a la incidencia de eventos delictivos registrados, como su dimensión subjetiva, relativa a la percepción acerca de la peligrosidad que reviste transitar por un determinado espacio. Una parte importante de los delitos la sufre un número muy limitado de personas que son victimizadas en repetidas ocasiones. Además, es frecuente que un pequeño grupo de infractores sea responsable de una parte importante del total de delitos. Si completamos esta perspectiva con el aspecto geográfico (hot spots), el temporal y de contagio, podremos establecer mecanismos más eficaces de prevención y reducción de la delincuencia. Encuestas de victimización recurrentes reforzarían la visión total de la seguridad y la prevención.

Por otra parte, se puede inferir que las políticas en materia de seguridad a lo largo del tiempo han sido representadas por un amplio abanico de posibles estrategias y líneas de acción, sin embargo, generalmente desarrolladas a partir de políticas represivas usualmente materializadas a través de la acción policial o la acción penal. Se esperaría que los decisores políticos tengan una mayor concientización en abandonar políticas cortoplacistas que es contrastado, no han arrojado una solución eficaz contra el fenómenos delictivo en general, máxime únicamente paliar ánimos vindicativos en la sociedad o la búsqueda a través de estos de réditos electoralistas.

Por su parte, la policía debe asumir su responsabilidad social, superando la estrecha concepción de ser un organismo especializado en la seguridad y el cumplimiento de las leyes, operando al margen de la voluntad y sensibilidad de los ciudadanos, para convertirse en un agente social integrado con la comunidad a la que sirve en sus problemas y sus necesidades. El éxito de la policía como servicio público está directamente relacionado con la relación que sus agentes lleguen a mantener con las comunidades y los grupos sociales. El trabajo policial debe entonces enfocarse a la solución de problemas a través de un comportamiento profesional que cumpla con los principios de la justicia procedimental, en sus relaciones con la comunidad para lograr efectiva colaboración en las soluciones que se propongan.

Para prevenir el delito los poderes públicos deben recurrir a la Criminología y complementar sus agendas de seguridad publica mediante modelos de prevención situacional, comprometiéndose a aplicar medidas adecuadas basadas en los hallazgos científicos y evaluando siempre sus resultados mediante estandares de calidad, para ser eficientes en el uso de los recursos públicos. Se anhela por la generalidad de las políticas publicas en seguridad poder plasmar una propuesta a manera de aproximación a medio-largo plazo con el fin de reducir la incidencia delictiva, pero necesariamente, concibiendo al fenómeno delictivo como una actividad que en mayor o menor medida, continuara estando presente en las sociedades. Mediante la aplicación por los agentes involucrados de estandares como el observado “estándar Beccaria”, puesto que es una herramienta usualmente aplicada por los investigadores, y no siempre trasladándose al ciclo de las políticas publicas.

En definitiva, el papel de la gobernanza de la seguridad y la creación y gestión de políticas publicas de seguridad debe estar en permanente revisión, pero no hay que olvidar que la inseguridad y la convivencia representa una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad, y que esa necesidad de la ciudadanía por sentirse segura no debe ser objeto de rentabilidad política, bien al contrario, la seguridad debe ser sinónimo de servicio público en la resolución de problemas y conflictos, de prevención y de educación compartida en el cumplimiento de los objetivos acordes a las exigencias depositadas en la agenda política de seguridad.

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