ojRevista Opinião JurídicaR. Opin. Jur.1806-04202447-6641Centro Universitário Christus10.12662/2447-6641oj.v23i42.p77-105.202500004ArtigosLa Irregularidad Migratoria en CHILE: Análisis Crítico de la Política
Migratoria Post-20181Migratory Irregularity in Chile: Critical Analysis of the post-2018
Migration PolicyMigração Irregular no Chile: uma Análise Crítica da Política de
Migração Pós-20180000-0002-5213-2262Diaz-PantojaJuliana*0000-0002-9239-1373Cociña-CholakyMartina**Ciencias Políticas de la Universidad de
NariñoIquiqueRegión de TarapacáChilejsdiazp@academicos.uta.clAcadémica de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Tarapacá, sede Iquique (Ch.). Coordinadora del Observatorio de
Derechos de Infancia y Adolescencia (OD-NNA) de la Universidad de Tarapacá
(Ch.). Miembro del Grupo de Investigación Jurídica desde el Centro Sur Andino.
Postdoctora en Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O`Higgins (Ch.).
Doctora en Derecho de la Universidad de Talca (Ch.). Magíster en Derecho mención
Derecho de Familia de la Universidad de Talca (Ch.). Abogada de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño (Col.). Iquique, Región
de Tarapacá, CL. Email: jsdiazp@academicos.uta.clAbogada de la Universidad de ChileViña del MarRegión de ValparaísoChilemartinacoci@gmail.comAcadémica de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Sociales y Educación de la Universidad Viña del Mar. Investigadora FONDECYT
Posdoctoral. Postdoctora en Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de
O`Higgins (Ch.). Doctora en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de
Barcelona (Esp.). Máster en Criminología, Política Criminal y Sociología
Jurídico Penal de la Universidad de Barcelona (Esp.). Diplomada en Derecho y
Abogada de la Universidad de Chile (Ch). Viña del Mar, Región de Valparaíso, CL.
Email: martinacoci@gmail.com
Editora responsável: Profa. Dra. Fayga Bedê
https://orcid.org/0000-0001-6444-2631
Jan-Apr20252342771053105202414032025Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos
de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional, que permite el uso, distribución y reproducción no comercial
sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite adecuadamente la
obra original.RESUMENObjetivo:
Este artículo tiene como finalidad analizar la migración irregular en Chile
desde el año 2018, explorando los factores que han contribuido a su
incremento y los efectos de las políticas instauradas en dicho período. A
partir de un examen de estadísticas, informes y literatura especializada, se
identifican diversos factores que contribuyen al aumento de la irregularidad
migratoria, como la inestabilidad regional, el desplazamiento venezolano y
su contexto de movilidad forzada. Este trabajo se centra en tres políticas
implementadas en Chile: la restricción para cambiar el estatus dentro del
país, las modificaciones al sistema de visado y la gestión de la pandemia
del COVID-19. La hipótesis central es que las medidas adoptadas no han
reducido la irregularidad, sino que han incrementado las denuncias de
ingresos por pasos no habilitados, contribuyendo a la precarización de las
personas migrantes y dificultando su inclusión en la sociedad chilena.
Metodología:
La metodología del artículo se basa en un análisis documental cualitativo,
que examina sistemáticamente documentos relevantes para identificar factores
que influyen en el aumento de la migración irregular en Chile, utilizando un
enfoque analítico-sintético para obtener una comprensión profunda y amplia
de la situación.
Resultados:
El estudio concluye que la migración en Chile post-2018 enfrenta desafíos
derivados de factores regionales e internacionales, especialmente la
diáspora venezolana. Las políticas migratorias chilenas, incluyendo
restricciones de estatus y modificaciones de visado, han incrementado la
irregularidad y vulnerabilidad de los migrantes. Además, se destaca la falta
de estadísticas exhaustivas sobre la irregularidad migratoria, lo que impide
entender mejor las dinámicas migratorias, lo que a
posteriori impacta en la precarización de las travesías.
ABSTRACTObjective:
The purpose of this article is to analyze irregular migration in Chile since
2018, exploring the factors that have contributed to its increase and the
effects of the policies implemented in that period. Based on a review of
statistics, reports and specialized literature, various factors that
contribute to the increase in irregular migration are identified, such as
regional instability, Venezuelan displacement and its context of forced
mobility. This paper focuses on three policies implemented in Chile: the
restriction to change status within the country, the modifications to the
visa system and the management of the COVID-19 pandemic. The central
hypothesis is that the measures adopted have not reduced irregularity, but
rather have increased denunciations of entry through unauthorized passages,
contributing to the precariousness of migrants and hindering their inclusion
in Chilean society.
Methodology:
The methodology of the article is based on a qualitative documentary
analysis, which systematically examines relevant documents to identify
factors influencing the increase of irregular migration in Chile, using an
analytical-synthetic approach to obtain a deep and broad understanding of
the situation.
Results:
The study concludes that migration in Chile post-2018 faces challenges
derived from regional and international factors, especially the Venezuelan
diaspora. Chilean migration policies, including status restrictions and visa
modifications, have increased the irregularity and vulnerability of
migrants. In addition, the lack of comprehensive statistics on irregular
migration is highlighted, which prevents a better understanding of migration
dynamics, which subsequently has an impact on the precariousness of
journeys.
RESUMOObjetivo:
Este artigo tem como finalidade analisar a migração irregular no Chile desde
2018, explorando os fatores que contribuíram para seu aumento e os efeitos
das políticas implementadas durante esse período. Com base em uma revisão de
estatísticas, relatórios e literatura especializada, ele identifica vários
fatores que contribuem para o aumento da migração irregular, como a
instabilidade regional, o deslocamento venezuelano e seu contexto de
mobilidade forçada. Este trabalho se concentra em três políticas
implementadas no Chile: a restrição à mudança de status dentro do país,
modificações no sistema de vistos e o gerenciamento da pandemia da COVID-19.
A hipótese central é que as medidas adotadas não reduziram a irregularidade,
mas aumentaram as denúncias de entrada por passagens não autorizadas,
contribuindo para a precariedade dos migrantes e dificultando sua inclusão
na sociedade chilena.
Metodologia:
A metodologia do artigo baseia-se em uma análise documental qualitativa, que
examina sistematicamente os documentos relevantes para identificar os
fatores que influenciam o aumento da migração irregular no Chile, usando uma
abordagem analítica sintética para obter uma compreensão ampla e profunda da
situação.
Resultados:
O estudo conclui que a migração no Chile após 2018 enfrenta desafios
decorrentes de fatores regionais e internacionais, especialmente a diáspora
venezuelana. As políticas de migração chilenas, incluindo restrições de
status e modificações de visto, aumentaram a irregularidade e a
vulnerabilidade dos migrantes. Além disso, destaca-se a falta de
estatísticas abrangentes sobre a migração irregular, o que impede uma melhor
compreensão da dinâmica da migração, o que, consequentemente, tem um impacto
sobre a precariedade das viagens.
Palabras clave:IrregularidadmigraciónChilepolítica migratoriamovilidad forzadaKeywords:IrregularitymigrationChilemigration policyforced mobilityPalavras-chave:IrregularidademigraçãoChilepolítica de migraçãomobilidade forçada1 INTRODUCCIÓN
Este trabajo analiza la irregularidad migratoria en Chile desde el año 2018,
indagando los factores que han propiciado su incremento y los efectos de las
políticas implementadas. Se identifican distintos elementos que han contribuido a su
alza, como la inestabilidad y conflictividad en Latinoamérica y el masivo éxodo
venezolano. Este escenario resulta clave para examinar tres medidas adoptadas en
Chile: las restricciones para la modificación del estatus administrativo, cambios en
los visados y el tratamiento de la pandemia del COVID-19.
La política migratoria de un país no puede comprenderse de manera aislada, trasciende
fronteras nacionales, por lo que corresponde examinarla dentro de un contexto global
y regional dinámico. En ese sentido, la movilidad humana es un fenómeno
sociocultural histórico y complejo que responde a una multiplicidad de factores
(Thayer, 2016). En Latinoamérica y el
Caribe existe una pluralidad de elementos que inciden en los desplazamientos, entre
los que destacan, la crisis venezolana, un escenario sociopolítico y económico
convulso, políticas migratorias de control y frontera y “la inmovilidad relacionada
con la COVID-19 que paralizó a las comunidades en todo el mundo” (Mcauliffe; Triandafyllidou, 2021, p. 12).
Se reconoce que “los procesos históricos o los contextos globales pueden condicionar
la acción de los individuos, pero no necesariamente las determinan” (Tapia; Ramos, 2013, p. 237). Por ende, hay una
infinidad de causas que explican los flujos de personas, tanto las del país de
origen, de las naciones de tránsito y del país de destino, como el panorama global,
regional y local, y, la realidad personal y familiar de quienes se desplazan. De
allí que la “decisión migratoria, entonces, estaría fundada en una compleja
combinación de factores internos y externos” (Aruj,
2008, p. 98).
La diáspora venezolana se sitúa en la Región como el mayor desplazamiento
contemporáneo con un estimado, a agosto de 2023, de 7,7 millones de personas, de las
cuales 6,5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe (Plataforma de
Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes [en adelante, R4V], 2023, p.
1), es decir, el 84% es intrarregional. Chile es el quinto país en recibir mayor
número de venezolanos (444 mil) en la región, luego de Colombia (2,89 millones),
Perú (1,54 millones), Brasil (477 mil) y Ecuador (474 mil) (R4V, 2023, p. 1).
El que cerca del 40% del flujo venezolano se asiente en Colombia responde a su
contexto de movilidad forzada, que influye para que, en su mayoría, esta diáspora se
dirija al territorio más próximo. Lo que es concordante con la dinámica que siguen
los desplazamientos forzados, que, por ejemplo, en 2022 reportaron que el “70% de
las personas refugiadas y otras personas que necesitan protección internacional
vivía en los países vecinos a su país de origen” (Oficina del Alto Comisionado de
Las Naciones Unidas para los Refugiados [en adelante, ACNUR], 2023, p. 2).
En la Región, Perú es el segundo país receptor de venezolanos, y luego, muy distantes
están Brasil, Ecuador y Chile. El que estas naciones figuren como los mayores
receptores de esta diáspora se debe a múltiples causas, como la cercanía geográfica,
la estabilidad económica y las redes familiares y políticas que han facilitado su
asentamiento. Al respecto, la Organización Internacional para las Migraciones (en
adelante, OIM), precisa que “Colombia, Ecuador y Perú han creado programas de
regularización para registrar y brindarles estatus legal a los venezolanos […]
Brasil ha mantenido sus procesos flexibles y accesibles de regularización” (OIM, 2021, p. 2). Por su parte, Chile, como se
examinará en este artículo, ha dictado medidas para esta comunidad, las cuales más
que fomentar su regularidad, la han dificultado (Cociña-Cholaky, 2022b).
Por tanto, la afluencia venezolana por su magnitud, su contexto de movilidad forzada
y vertiginoso crecimiento se ha erigido en un complejo desafío a nivel regional
(Freitez, 2019). Un éxodo que ha tenido
disímiles respuestas, que han variado desde la desprotección a la seguridad jurídica
(Gandini; Lozano; Prieto, 2019). En este
sentido, en su abordaje se ha observado una transformación hacia perspectivas
restrictivas de seguridad y control (Gissi
et al., 2020).
Al carácter de desplazamiento forzado del flujo venezolano hay que adicionarle el
convulso panorama regional marcado por factores como violencia, inestabilidad
política y económica, desastres naturales, pobreza, inseguridad alimentaria,
vulnerabilidades vinculadas al daño ambiental, entre otros (OIM, 2022, 2023). En
este ámbito se ha reconocido que en Latinoamérica se huye de la escasez, la
persecución política, la degradación ambiental, la corrupción; y, en general, del
complejo escenario político, social y económico que caracteriza a esta región (Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales,
2021).
En los últimos años el panorama regional ha experimentado un agravamiento
significativo, por diversos conflictos sociopolíticos acaecidos, entre los que cabe
destacar: la intensificación de la crisis venezolana, y, en Colombia el
recrudecimiento del conflicto armado, la persistencia de la violencia, la
centralización del proceso migratorio en los consulados autorizados en Bogotá, el
paro nacional de 2019 y la revuelta social de 2021. En 2019 Bolivia sufrió un
estallido social y Haití vivenció una aguda fractura sociopolítica acompañada de
manifestaciones ciudadanas. También en 2019 Ecuador tuvo fuertes protestas
nacionales y en Nicaragua continuaron las movilizaciones iniciadas en 2018, producto
de la grave crisis sociopolítica que experimenta dicha nación. Estos episodios
internos de cada país contribuyeron a generar un complejo panorama regional de
vulneraciones a garantías esenciales, lo que ha incidido en el incremento de las
movilidades (Morales; Quezada, 2022).
En lo que respecta a Chile y a la decisión de emigrar a este territorio, la OIM (2023) ha develado que las razones
económicas resultan esenciales a la hora de asentarse en este país; si se especifica
por comunidad de extranjeros, para los bolivianos la falta de oportunidades
laborales se ha configurado en uno de los principales motivos para residir en Chile,
en el caso de los venezolanos la crisis socioeconómica ha tenido un papel
trascendental y para los peruanos los lazos familiares han jugado un rol central
(OIM, 2023).
Los factores anteriormente esbozados, en parte, han sido abordados por la literatura
especializada (Cociña-Cholaky, 2022b; Dufraix; Rodríguez; Quinteros, 2020; Mcauliffe; Triandafyllidou, 2021; OIM, 2022; Thayer, 2021). Con la finalidad de aportar a los estudios sobre
movilidad y gobernanza migratoria, este artículo, se centrará en las siguientes
medidas del gobierno chileno desde 2018:
restricciones al cambio de estatus administrativo;
modificaciones al sistema de visado, y;
gestión de la pandemia.
La delimitación temporal responde a que en 2018 se inicia una nueva etapa en la
política bajo la premisa de “migración ordenada, segura y regular” (Dufraix; Rodríguez; Quinteros, 2020; Thayer, 2021; Vásquez; Finn; Umpierrez, 2021). Asimismo, el análisis se circunscribió
a esas tres recientes medidas que incidirían en el aumento de las denuncias de
ingresos por paso no habilitado.
Por tanto, la novedad de este trabajo radica en indagar acerca del alza de la
irregularidad, vinculando políticas migratorias dictadas a nivel central con el
material estadístico de organismos públicos, deliberando sobre sus implicancias.
Ello con el objetivo de contribuir a la literatura que ha evidenciado que la
gobernanza chilena ha incidido en una mayor precarización de las travesías (Cociña-Cholaky, 2022b).
Este artículo se estructura en 3 apartados. En el primer apartado de “Desarrollo”, se
describe la metodología cualitativa empleada, detallando el análisis documental
realizado; luego, se explora el escenario migratorio chileno de los últimos años, en
específico cómo han evolucionado las denuncias de ingresos por paso no habilitados,
dando cuenta de su aumento y en torno a qué comunidades de extranjeros se
concentran. Después, en el apartado de “Resultados-Discusión” se examinan las
medidas gubernamentales escogidas, indagando su aplicación y las consecuencias que
han tenido en las trayectorias. Para finalizar, concluyendo que el Estado chileno,
con estas políticas, se ha configurado en productor de irregularidad, generando
mayor vulnerabilidad en los desplazamientos.
2 METODOLOGÍA
Con el objetivo de comprender las principales causas del incremento de las denuncias
de ingresos por pasos no habilitado en Chile, este artículo, sustentado en una
indagación cualitativa de análisis documental, examina los factores que han influido
en el aumento de la irregularidad. Se emplea el examen documental en tanto
constituye una forma de investigación técnica, que describe y representa los
documentos de forma unificada sistemática, incorporando el procesamiento
analítico-sintético (Dulzaides; Molina,
2004). Esta metodología es útil en la medida que permite identificar los
aspectos medulares y accesorios, obteniendo una visión más amplia, que profundiza en
los contenidos (Peña; Pirela, 2007).
El análisis documental se ha efectuado respecto de los siguientes 4 grupos de
fuentes:
literatura especializada: se realizó una revisión bibliográfica sobre la
política migratoria chilena, de publicaciones científicas, con énfasis en
los últimos años. La búsqueda en línea de fuentes secundarias se hizo
mediante palabras claves como: “Chile”, “política migratoria”. Asimismo, la
delimitación se sustentó en estudios previos en los que se exploró cómo el
Estado chileno a nivel contemporáneo ha abordado la migración (Cociña-Cholaky, 2022a, 2022b, 2022c, 2023; Lucero; Diaz, 2022);
material estadístico proporcionado por los organismos públicos: se solicitó a
la Policía de Investigaciones (en adelante, PDI) las denuncias de ingresos
por paso no habilitado, desglosadas por año y nacionalidad; y, asimismo, se
pidió a la Subsecretaría del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública
y a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores el número de visas consulares
y su estado de tramitación;
informes, reportes y boletines de instituciones expertas: se han examinado
informes de las OIM sobre migración en el mundo (Mcauliffe; Triandafyllidou, 2021; OIM, 2021) y de tendencias de movilidad en la región
(OIM, 2022, 2023). También se han considerado informes de ACNUR de
tendencias globales de desplazamiento forzado (ACNUR, 2023) e informes del Servicio Jesuita a Migrantes
(en adelante, SJM, 2020, 2022); capítulos sobre la temática
(Álvarez et al.,
2022; Vargas; Canessa,
2021), boletines de la OIM
(2020) y reportes sobre refugiados y migrantes de Venezuela (R4V,
2023);
normativa sobre migración: se ha examinado legislación relativa a movilidad
en Chile, tanto la ley marco hasta febrero de 2022 (Decreto Ley 1.094 de
1975 del Ministerio de Seguridad Pública “Establece normas sobre extranjeros
en Chile” [en adelante, DL 1094]) y la normativa que ha entrado en vigor
recientemente, como la Ley 21.325 de 2021 del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública “Ley de migración y extranjería” y su reglamento (Decreto
296 "Aprueba Reglamento de la Ley 21.325, de Migración y Extranjería” del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública [en adelante, Reglamento de la
Ley de migración y extranjería]). También se han considerado decretos y
resoluciones ministeriales emitidas sobre movilidad.
Estos documentos se sistematizaron y analizaron, lo que permitió reconocer las
principales medidas administrativas decretadas por la Administración chilena desde
2018, centrándose este articulo en tres de ellas.
3 CONTEXTUALIZACIÓN: EL INCREMENTO DE LA IRREGULARIDAD MIGRATORIA EN
CHILE
Para examinar el escenario migratorio en Chile cabe tener presente que no es posible
cuantificar con exactitud la irregularidad, debido a que no hay estadísticas que
reflejen la totalidad de personas extranjeras en dicha situación administrativa. La
información oficial solo registra las denuncias de ingresos por paso no habilitado,
ya sea por flagrancia, fiscalización o declaración voluntaria (artículo 69 del DL
1094). Esta cifra no es fidedigna de la irregularidad, ya que no contempla a quienes
entrando a Chile por paso no habilitado han omitido efectuar ese trámite.
La autodenuncia es una diligencia no regulada en la legislación, que pone en
conocimiento de la PDI el ingreso por paso no habilitado. Implica “una
autoincriminación en lo que era considerado un delito que no era perseguido
penalmente” (Álvarez et al.,
2022, p. 317). Resulta paradójico, pues los migrantes la conciben como
una figura que posibilitará regularizarse, no obstante, efectuada ésta se procede a
dictar la expulsión. Lo complejo, es que “sin la medida de expulsión en mano, no hay
manera de que la persona pueda intentar una defensa jurídica, ni menos regularizar
su situación migratoria en el país, precisamente por la absoluta ausencia de un
procedimiento administrativo previo” (Vargas;
Canessa, 2021, p. 317).
Los motivos para abstenerse de hacer la autodenuncia radican, principalmente, en el
temor a ser deportados (Ramírez, 2020). Este
miedo obedece a que extranjeros que han acudido a la PDI a realizar la declaración
voluntaria de ingreso clandestino, se les ha iniciado el proceso de deportación, o
directamente se les ha expulsado. Algunos de estos casos han sido difundidos a nivel
mediático (Fuentes et al.,
2021), generando aprensión en segmentos de la población migrante por las
consecuencias que podría generar autodenunciarse. También puede influir en la
renuencia a autodenunciarse el que la anterior normativa (DL 1094), vigente hasta
febrero de 2022, tipificaba como delito el ingreso por paso no habilitado,
configurando sanciones de presidio y expulsión para quienes incurrieran en esa
conducta (artículo 69 DL 1094). Dicha regulación se derogó en 2022.
Por tanto, en Chile existe un número desconocido de migrantes en irregularidad, una
población “oculta” que no se puede estimar (Liberona; Piñones; Dilla, 2021). Teniendo lo anterior presente, en este
país las denuncias de ingresos por paso no habilitado se han incrementado en los
últimos años, en particular desde 2018, tal como se expone a continuación:
Denuncias de ingresos por paso no habilitado a Chile de
2010-22
Fuente: elaboración basada en solicitud de información a PDI
AD010T0020177 de 16 de marzo de 2023.
Como se ilustra, Chile en la última década ha experimentado un crecimiento sostenido
de las denuncias de entradas irregulares, lo que es manifiesto en los últimos años
siete años: de 2015 a 2016 se duplicaron, al año siguiente siguieron aumentando, de
2017 a 2018 se dobló su número, pasando a más de 6 mil, en 2019 se contabilizaron 8
mil y en 2020 alcanzaron más de 16 mil. En 2021 el alza fue exponencial, aumentando
3,4 veces, llegando a más de 56 mil, lo que se mantuvo relativamente constante en
2022 con más de 53 mil.
Como muestra el gráfico anterior, en un breve lapso de 4 años (de 2017 a 2021) las
denuncias registradas aumentaron más de 19 veces. El año 2023 seguiría una tendencia
similar, ya que hasta agosto de 2023 se contabilizaron 34.543 denuncias de ingresos
por paso no habilitado, correspondiendo el 78% a venezolanos (con 26.798
denuncias)2. Esta marcada
prevalencia venezolana se percibe desde 2020, año en que constituye el 77% de las
denuncias, lo que se mantiene en 2021 y en 2022 levemente, equivaliendo al
74%3. Ahora si se examinan
los ingresos clandestinos por nacionalidades, el escenario es el siguiente:
Denuncias de ingresos por paso no habilitado a Chile según
principales comunidades de extranjeros de 2010-22
Fuente: elaboración propia en base a solicitud de información a PDI
AD010T0020177 de 16.3.23.
En el período graficado, Venezuela detenta el mayor número de denuncias de ingresos
clandestinos, alcanzando casi 100 mil, lo que representa el 64% de las denuncias de
todo ese lapso. En particular las denuncias de venezolanos se registraron en los
últimos años: hasta 2012 esta comunidad no reportó denuncias y hasta 2017 apenas
superaban la decena anual, recién en 2018 emerge con fuerza en la irregularidad,
contabilizándose un centenar de denuncias, para en 2019 elevarse 330 veces. Lo
anterior, como plantea el SJM, “lleva a la reflexión sobre otras estrategias que
buscan desincentivar el ingreso irregular, y que tampoco han reducido el ingreso de
flujos enmarcados en las situaciones de crisis humanitaria” (SJM, 2022, p. 30). Lo que se condice con el éxodo venezolano,
en tanto, la grave fractura sociopolítica y económica de dicha nación ha influido
para entender su diáspora como movilidad forzada (Cociña-Cholaky, 2022c).
Luego, en valores muy menores, se encuentran Colombia y República Dominicana,
representando cada uno el 7% de las denuncias de ingresos por paso no habilitado de
ese período. Después aparece Cuba, cuyas denuncias equivalen al 4% del total
(concentrando el 57% de las denuncias en 2018); y, por último, Haití, que detenta el
3% de las denuncias de 2010 a 2022 (el 85% de sus denuncias se registran en los
últimos tres años).
Si se especifica por gobierno se evidencia que en la Administración de Piñera estas
denuncias se incrementaron con el paso de los años, en particular en 2020 y 2021,
alcanzando en todo su mandato las 87.792 denuncias. Por parte del Presidente Boric,
desde su asunción (en marzo de 2022) a agosto 2023, las denuncias suman 88.418, como
se expone:
Como muestra la tabla 1, en lo que ha
transcurrido del gobierno de Boric las denuncias son mayores a la totalidad de las
denuncias de los 4 años previos, así mientras con Piñera la media rondó cerca de las
22 mil denuncias anuales, bajo la Administración en funciones alcanza las 58 mil, es
decir, 2,6 veces más que el gobierno anterior. Si bien aún es muy reciente para
evaluar la gestión migratoria del actual Ejecutivo, en especial debido a que apenas
se ha cumplido la mitad de su período, cabe subrayar que a pesar de que la retórica
presidencial ha asegurado que “nuestra prioridad [como gobierno] está en proteger la
frontera para asegurar una migración que sea regular, segura y ordenada” (Prensa Presidencia, 2023), las denuncias de
ingresos por paso no habilitado casi llegan a las 59 mil anuales.
Denuncias ingresos por paso no habilitado en Chile, 2018- agosto
2023
Gobierno
Años
Denuncias de ingresos por paso no habilitado
(IPNH)
Total de denuncias (IPNH) por gobierno
Presidente Piñera
2018
6.310
87.792
2019
8.048
2020
16.848
2021
56.586
Presidente Boric
2022
53.875
88.418
2023 agosto
34.543
Fuente: elaboración basada en información de PDI ante solicitud
AD010T0020177 y AD010T0022052 de 2023.
En consecuencia, el discurso que propende al fortalecimiento de las capacidades del
Estado en control fronterizo, como el pronunciado en marzo de 2023, no ha sido
eficiente, al menos, para disminuir las entradas clandestinas. Así, las retóricas
del Ejecutivo enfocadas en controlar el espacio fronterizo e imponer mayor
vigilancia militar, no han tenido como correlato el descenso de las denuncias, sino
que más bien han generado la precarización de las travesías, esto ya que los flujos
no se han pausado y/o disminuido, sino que se han buscado otros canales de ingreso.
Ergo, frente a las barreras que se erigen, se inventan “contornos, diversas formas
de evitar el control impuesto «desde arriba»” (Haesbaert, 2016, p. 131), así emergen dinámicas que se van desplegando
para eludir los controles instaurados.
En este contexto es fundamental evidenciar la relación causa-efecto de las medidas
migratorias adoptadas desde 2018 y el incremento de las denuncias de ingresos por
paso no habilitado.
4 MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO CHILENO DESDE 2018
Reconociendo la multiplicidad de factores que influyen en la movilidad humana, este
apartado analiza tres medidas migratorias del gobierno chileno desde 2018,
examinando la correlación entre lo estatuido por la Administración y el material
estadístico oficial.
4.1 RESTRICCIONES AL CAMBIO DE ESTATUS MIGRATORIO
El Decreto Ley 1.094 de 1975, a partir de 2015, permitió modificar la situación
administrativa del extranjero en territorio nacional (artículos 9 y 49). De este
modo quienes ingresaban a Chile en calidad de turistas y luego acreditasen una
contratación laboral, podían solicitar el cambio de residencia. Ello se debió a
que, en el año 2015, bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet, se implementó
la visa temporaria por motivos laborales, que posibilitó regularizar a quienes
entraban con visado de turismo y cambiaban su estatus al encontrar trabajo
durante su estadía.
Lo anterior quedó sin efecto en 2018, bajo el gobierno de Piñera4, quien con el objetivo de
actualizar la legislación migratoria y sustentándose en la premisa de garantizar
una “migración segura, ordenada y regular” firmó las indicaciones al proyecto de
ley (Boletín 8970-06 de 20 de mayo de 2013) junto a un Instructivo Presidencial
y decretos complementarios, que, entre otros, impidieron en territorio chileno
el cambio de turistas a residentes (Departamento
de Extranjería y Migración, 2018). Dicha circunstancia es ratificada
por los artículos 58 de la Ley de Migración y Extranjería y el 81 del Reglamento
de la Ley de Migración y Extranjería, que contempla que los titulares de
permanencia transitoria (turismo) que estén en Chile, no podrán postular a un
permiso de residencia, a menos que cumplan los requisitos del artículo 69 de la
Ley 21.325. Salvo 3 excepciones:
personas que demuestren tener lazos familiares con ciudadanos chilenos o
residentes permanentes;
aquellos cuya permanencia se encuentre acorde a los objetivos de la
Política Nacional de Migración y Extranjería;
otras situaciones que sean debidamente evaluadas y aprobadas por la
Subsecretaría del Interior a través de una resolución.
A contrario sensu, cuando no se cumplen los supuestos del
referido artículo 69, los titulares de permanencia transitoria deberán abandonar
Chile antes del vencimiento del permiso de residencia transitoria (turismo) y
solicitar un permiso de residencia desde el exterior. Dicho procedimiento, se
debe realizar en la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones (en
adelante, SERMIG) (inciso tercero del artículo 69 de la Ley de Migración y
Extranjería y artículo 51 del Reglamento de dicha ley).
Por tanto, el nuevo sistema de otorgamiento de visa configuró el cambio de
categoría migratoria como excepción. Ello supuso una reforma muy relevante, en
tanto ahora con la Ley 21.325, las personas extranjeras que quieran venir a
Chile a residir deben previamente solicitar el visado en el consulado chileno de
su país de origen. De esta manera se restringieron las causales para modificar
la situación administrativa, eliminando la posibilidad para quienes ingresando
como turistas acreditaran una contratación laboral.
La obligación de irse de Chile para solicitar modificar el estatus genera
dinámicas informales de movilidad y propicia el incremento de riesgo asociado a
la búsqueda de canales irregulares. Lo que ostenta el potencial de socavar los
propósitos de la gestión migratoria, en cuanto a control y regularización. Esta
imposibilidad de efectuar alteraciones en la situación administrativa
(transición desde residencia transitoria a temporal), ha adquirido mayor
relevancia en el contexto migratorio sur-sur, producto de las fracturas
sociopolíticas regionales que inciden en términos de configurarse como movilidad
forzada.
En consecuencia, el actual panorama nacional se muestra lejos de alcanzar la
premisa de “migración segura y ordenada” que inspira, al menos discursivamente,
la política chilena. Por el contrario, la limitación de cambio de estatus
incidiría en el aumento de personas migrantes con irregularidad sobreviniente,
esto es, extranjeros que estando regular caen en irregularidad.
4.2 MODIFICACIONES AL SISTEMA DE VISADO
Otro factor crucial que da cuenta del incremento de denuncias de ingresos por
paso no habilitado a Chile es la exigencia de visas consulares. El sistema de
visado pretende gestionar el arribo y permanencia de colectivos migrantes a
través de la instauración de barreras administrativas en el propio país de
origen (Stang; Lara; Andrade, 2020). Así,
se establece una lógica de desterritorialización, en tanto, las medidas de
control y regulación de la movilidad se desplazan desde el país de destino hacia
el origen. En particular, esta sección analiza la relación causal entre la
creación de visados, su baja concesión y el alza en las entradas clandestinas a
Chile.
4.2.1 Visado consular de turismo para haitianos
En 2012 el gobierno chileno impuso visa consular a personas dominicanas, lo
que en la práctica operó, según un estudio, como “recurso de cierre de la
frontera. Así lo muestra la baja en las visas otorgadas […] de 4.390 en 2012
a 1.290 en 2016, a la par que las expulsiones por ingresos clandestinos se
incrementaron en una relación inversa” (Thayer, 2021, p. 15). Lo que se refleja en las cifras, pues en
2013 las denuncias de entradas por paso no habilitado de dominicanos
aumentaron más de 9 veces, se duplicaron en 2014 y en 2015 alcanzaron más de
mil5.
Asimismo, hay que considerar la exigencia “no oficial” de una bolsa de viaje
para ingresar como turista a Chile, cuya suma variaba dependiendo de los
días de estadía. Ergo, el valor no se encontraba reglamentado y quedaba a la
discrecionalidad del funcionario. Esto conllevó a justificar la “no
autorización de entrada” en la falta de la suma de dinero para sustentar su
estancia, lo que afectó en particular a la población afrodescendiente (Liberona, 2015). Además, en la práctica
se configuró la exigencia de una carta de invitación, circunstancia que, en
el caso de los haitianos, incentivó un mercado de venta de cartas de
invitación (Rojas; Amode; Vázquez,
2017).
Las políticas gubernamentales frente al arribo de migrantes haitianos se
intensificaron en 2018 con la exigencia de la visa consular de turismo
(Decreto 776 del 9 de abril del 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública). Este requisito se fijó para el ingreso y permanencia por hasta 90
días en Chile, para desarrollar actividades vinculadas al turismo, deportes,
religiosas u otras similares, pero sin la intención de residir o realizar
trabajo remunerado.
La medida, según el referido decreto, se justifica desde la óptica nacional
para propender a una migración ordenada y regular y para proteger a los
migrantes, en cuanto permitiría el ejercicio pleno de sus derechos. Si bien
esta visa fue presentada como una política proteccionista hacia la población
haitiana, en aras de evitar riesgos asociados a redes de tráfico, como
peligros derivados de la situación irregular (Decreto 776 2018 del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública), lo cierto es que fortaleció e
intensificó las limitaciones de entrada y permanencia de esta comunidad
(Dufraix; Rodríguez; Quinteros; Thayer, 2021), debido a su baja concesión,
como se ilustra a continuación:
Visa consular de turismo a haitianos de 2018-22
Fuente: elaboración en base a información solicitada a la
Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
Como se observa el otorgamiento de este visado en el período 2018-2022,
apenas alcanza un 13% de las solicitudes formalizadas, mientras que el 70%
de las solicitudes se rechazaron.
Instituida la visa consular de turismo a personas haitianas, aumentaron
sustantivamente las denuncias de entradas por paso no habilitado de este
colectivo, como se expone a continuación:
Denuncias de ingresos por paso no habilitado de haitianos de
2010-22
Fuente: elaboración propia en base a solicitud de información a
PDI AD010T0020177 de 16.3.23.
Mientras en 2018 se registran 19 denuncias de haitianos, impuesta la visa
consular aumenta en 2019 casi 34 veces, en 2020 supera las mil, para casi
duplicar en 2021 y en 2022 disminuye a 1.349. Entonces lo que se evidencia
con esta nueva política de visado es una relación inversamente proporcional,
en la que junto a una baja concesión de visas se incrementan sustancialmente
las denuncias clandestinas. Por tanto, lejos de frenar o regular los
desplazamientos, las modificaciones efectuadas al sistema de visado
precarizaron las travesías, profundizado la situación de vulnerabilidad de
miles de migrantes (Dufraix; Rodríguez;
Quinteros, 2020).
Asimismo, en el análisis de esta nacionalidad hay que considerar que la
Administración chilena ha instaurado políticas específicas para la comunidad
haitiana, como el “Plan de retorno humanitario” (Cociña-Cholaky, 2018a), que más que promover su
inclusión, ha optado por la “devolución”, lo que también podría incidir en
la búsqueda de otros destinos (Paúl,
2021). Al respecto, la literatura da cuenta del “efecto
restrictivo, e indirectamente expulsor, de las medidas recientes tomadas en
Chile respecto de la migración haitiana” (Stang; Lara; Andrade, 2020, p. 177).
Ahora, reconociendo la multiplicidad de factores que influyen en la
movilidad, una de las posibles causas de la reducción de las denuncias de
ingresos por paso no habilitado de haitianos a Chile en 2022, son factores
externos a la gestión migratoria nacional. Así, por ejemplo, el término de
la denominada política de “Tolerancia cero” instaurada por Donald Trump, y,
por consiguiente, el levantamiento de restricciones para el ingreso a
Estados Unidos de América (en adelante, EEUU)6, podrían explicar el desplazamiento desde
Chile a EEUU, manifestado en la movilidad de niños, niñas y adolescentes (en
adelante, NNA) de nacionalidad chilena por el Tapón del Darién. Una riesgosa
ruta que no hace más que agudizarse y se ha estimado que ha afectado a más
de 16 mil NNA chilenos (Cociña-Cholaky;
Diaz, 2023, p. 461). Profundizar en estos motivos excede el
objetivo de este artículo, por lo que se configura como una línea de
investigación futura.
4.2.2 Visa de responsabilidad democrática y visa de turismo para
venezolanos
Antes de 2018 a los venezolanos les bastaba el pasaporte para ingresar a
Chile. Luego, bajo el segundo mandato de Piñera se les instauró visas
consulares, que impusieron nuevos requerimientos para su ingreso y estancia
regular. Estas modificaciones se establecieron en el contexto del alza
exponencial del flujo venezolano en un breve lapso: de 2017 a 2018 se
cuadruplicó su número, de 83.045 a 334.168 (Chile, 2018, p. 10).
El 16 de abril de 2018 entró en vigor la visa de responsabilidad democrática
(en adelante, VRD) para los venezolanos que deseen emprender y trabajar en
Chile. Esta visa se otorgaba en el consulado chileno en Caracas, pero ello
cambió el 12 de febrero de 2022, con la vigencia de la nueva ley de
migración y extranjería, que fijó que las solicitudes de residencia
temporales deben ser ingresadas en la plataforma virtual del SERMIG (Consulado de Chile, 2022). La VRD visa
se concede por un período de 12 meses, prorrogable por otro igual período,
posterior al cual se viabiliza la solicitud de la residencia definitiva. La
dificultad de esta visa es que, al ser emitida en los consulados en
Venezuela, y debido a las crisis política, social y económica de dicho país,
conllevó alta burocracia y baja concesión, como se ilustra a
continuación:
Estado de visas de responsabilidad democrática a venezolanos
de 2018-22
Fuente: elaboración en base a solicitud de información a
Subsecretaría de Relaciones Exteriores AC001T0004976 de
16.3.23.
Como se observa, desde la creación de la VRD hasta 2022, la mayoría han sido
denegadas, un porcentaje ínfimo se encuentra en tramitación y apenas el 15%
se han concedido. Por lo que, pese a las expectativas que generó esta visa,
al publicitarse como una política con “rostro humanitario” (Domenech, 2013), se evidencia su escaso
otorgamiento (Stefoni; Lube; Gonzálvez,
2018).
Luego, en 2019 se crea la visa de turismo para venezolanos, por un máximo de
90 días, dirigida a quienes “deseen ingresar a Chile sin la intención de
establecerse de forma permanente, inmigrar o llevar a cabo actividades
remuneradas en el país”. Similar a las consideraciones de la visa de turismo
a haitianos, esta visa se estableció como una medida proteccionista hacia la
población venezolana, para evitar riesgos asociados a la irregularidad, en
particular de grupos familiares con NNA (Decreto N° 237 de 2019 del
Ministerio del Interior, considerandos 4 y 6). No obstante, el discurso
proteccionista y garante de derechos expuesto, las modificaciones al sistema
de visado restringieron el ingreso y permanencia regular de venezolanos,
como se manifiesta a continuación:
Estado de visas consulares de turismo a personas venezolanas
2019-22
Fuente: elaboración en base a solicitud de información a
Subsecretaría de Relaciones Exteriores AC001T0004976 de 16 de
marzo de 2023.
Como se expone, desde la creación del visado consular de turismo para
venezolanos, su concesión no ha superado ni el 10%, siendo en su gran
mayoría rechazadas. Paralelo a su escaso otorgamiento, desde 2018 se
incrementan las denuncias de entradas por paso no habilitado de este
colectivo, como muestra el siguiente gráfico:
Denuncias de ingresos por pasos no habilitado de venezolanos
y del total de personas extranjeras de 2010-22
Fuente: elaboración en base a solicitud de información a PDI
AD010T0020177 de 16.3.23.
La línea punteada muestra las denuncias de venezolanos y la línea continua,
el total de denuncias de extranjeros. Esta comparativa expone cómo han
evolucionado las entradas irregulares de venezolanos en relación con el
total, observándose una sincronía entre ambas, y, lo determinante que
resultan las denuncias de ese colectivo en el total, así si en 2018 las
denuncias de venezolanos representaron el 1,6% del total, en 2019 superan el
40%, en 2020 y 2021 el 76% y en 2022 el 74%. Es decir, en pocos años se
transforma de una comunidad que apenas tenía relevancia en estas denuncias
de entradas clandestinas, para constituirse en la principal nacionalidad.
Proporción que se mantiene de enero a abril de 2023, en tanto la PDI
registra 14.530 denuncias, de las que 10.787 corresponden a
venezolanos7, lo que
equivale al 75% del total de denuncias.
En consecuencia, se evidencia que la explosiva alza de la totalidad de las
denuncias de paso no habilitado a Chile se corresponde con el incremento de
las denuncias de venezolanos. Lo que es acuciante desde 2018, año en que se
les impusieron visados consulares, que tuvieron como consecuencia el
vertiginoso aumento de entradas clandestinas de esta comunidad, así mientras
en 2018 se contabilizaron 101 denuncias de venezolanos, en 2019 ascienden a
más de 3 mil, en 2020 se cuadruplican y en 2021 se reportan más de 40 mil,
para disminuir levemente en 2022.
Como devela la literatura, en las políticas migratorias “prima la rigidez de
los controles fronterizos y las restricciones en el sistema de visado. Como
consecuencia, este tipo de políticas trae consigo el aumento de ingresos
clandestinos” (Salinas; Liberona,
2020, p. 51). Entonces, como aconteció con los haitianos, la
regulación del ingreso a través de visas consulares, no frenó el flujo
venezolano, sino que lo precarizó. De este modo, el gobierno chileno se ha
establecido en productor de “estatus legal y social precario” (Thayer; Stang; Abarca, 2017, p. 11 y
ss.), dando una respuesta que ha generado una “migración desordenada,
altamente insegura y masivamente irregular” (Cociña-Cholaky; Quinteros, 2021).
En definitiva, la magnitud de las denuncias de ingresos por paso no
habilitado puede explicarse por la conjunción de factores propios de la
política migratoria chilena (imposición de visas, demora en la tramitación
de éstas y altas tasas de rechazo) y elementos en el país de origen (en el
caso venezolano ligadas a la aguda crisis social, política y económica del
país), que en contexto de movilidad forzada motiva a quienes se desplazan a
buscar alternativas para entrar a Chile (Vargas; Canessa, 2021).
En este contexto, la irregularidad juega un rol crucial en la inestabilidad
de las condiciones laborales de quienes se desplazan, así como en sus
oportunidades y visibilidad en la esfera pública. Esto conlleva a transpolar
la concepción restringida de frontera geográfica, hacia una noción amplia
que abarque los obstáculos que se erigen en los desplazamientos, así
comprender las barreras de naturaleza legal, social, cultural y política que
restringen el acceso a los derechos laborales, civiles, económicos, y
culturales (Rodríguez; Gissi, 2021),
derivados de la construcción del migrante como sujeto “irregular”. De allí
que, en la actualidad, como devela la literatura, “más que eliminar los
muros se han redescubierto los mismos, se han establecido nuevas formas de
control justificadas en el surgimiento de nuevas amenazas, como
supuestamente lo sería la inmigración en situación irregular” (Cociña-Cholaky, 2018b, p. 55).
Este escenario puede agudizar aún más si se aprueba la iniciativa presentada
el 17 de abril de 2023 en la Cámara de Diputados, que modifica la Ley 21.325
de Migración y Extranjería, para tipificar el delito de ingreso clandestino
(Boletín 15.261). Este proyecto propone criminalizar las entradas por paso
no habilitado, lo que constituiría un retroceso, en tanto, pretende resolver
la irregularidad sancionando penalmente, siendo que más bien cabría
instaurar mecanismos expeditos y estables que permitan a la población
regularizarse. Justo lo contrario que se debatió en noviembre de 2023, en el
Senado en el marco de la Ley de presupuestos, en cuanto, se aprobó la
indicación que “prohíbe al Servicio Nacional de Migraciones emplear recursos
para regularizar el estatus migratorio de personas que hayan hecho ingreso
clandestino al país” (Mellado,
2023).
Lo anterior contraría lo consagrado en el artículo 9 de la Ley 21.325, que
contempla la “no criminalización de la migración irregular”. Asimismo,
castigar penalmente el ingreso irregular, como arguye Nash, “no tendrá
ninguna posibilidad de cumplir eficazmente con el objetivo planteado, ya que
este costo de migrar en condiciones riesgosas o ilegales es parte de los
costos que las personas están normalmente dispuestas a asumir” (Facuse, 2023), en especial cuando se
trata de desplazamientos forzados. Además, resultaría poco eficiente,
considerando lo costoso y complejo que es expulsar, lo que queda de
manifiesto en el alto número de deportaciones dictadas en Chile que no se
han materializado (Cociña-Cholaky,
2022a), lo que se calcula en más de 12 mil expulsiones pendientes
notificadas (Cooperativa, 2023).
4.3 GESTIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 POR EL GOBIERNO CHILENO
Otro elemento clave en el análisis de la irregularidad migratoria en Chile, es la
gestión de la pandemia del COVID-19, ello pues, esta epidemia “alteró
radicalmente la movilidad en todo el mundo” (Mcauliffe; Triandafyllidou, 2021, p. 2), generándose un “escenario
de inmovilidad a nivel global sin registro en la historia mundial” (Stefoni; Sánchez, 2021, p. 47). En este
ámbito, América Latina y el Caribe, en el marco de desigualdades estructurales
que la identifican, “enfrenta un período de dificultades económicas, sociales y
políticas que se han visto agravadas por la pandemia de COVID-19” (OIM, 2022, p. 7). Para hacer frente a la
pandemia los países adoptaron estrategias que incidieron en los movimientos,
confinamientos, cuarentenas, controles sanitarios, cierre de fronteras y
restricciones de viaje (OIM, 2023).
El cierre de fronteras y las restricciones a la circulación implementadas en
Chile en la pandemia desempeñan un papel significativo en la comprensión del
aumento de la movilidad por paso no habilitado. La manera en que se ha abordado
esta epidemia ha exacerbado la inequidad, afectando con especial fuerza a
personas y grupos en vulnerabilidad, como es la población desplazada, que en
este período ha experimentado mayor marginación (Cociña-Cholaky, 2023; OIM,
2020). Así en Chile, durante el COVID-19 “se han hecho más visibles
algunas dinámicas de precarización asociada con las movilidades, la frontera y
las personas migrantes” (SJM, 2020, p.
25).
En Chile, el Decreto 4 del 5 de febrero de 2020 del Ministerio de Salud (MINSAL)
declaró la alerta sanitaria en todo el territorio nacional y otorgó facultades
extraordinarias, entre las que, se dispuso la denegación de entrada al país, la
imposición de cuarentenas a extranjeros no residentes, sospechosos de contagio y
la suspensión temporal de la llegada de barcos y aviones8. Luego, el 16 de marzo de 2020 el Decreto
Supremo N° 102 de 2020 del Ministerio del Interior dispuso el cierre temporal de
lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros. Esta medida
contemplada inicialmente por 15 días fue prorrogada en diversas ocasiones.
Después, se dictó la Resolución Exenta N° 672 de 2021 del MINSAL que creó el
Plan de “Fronteras protegidas” que reguló las condiciones que deben cumplir
quienes entran y salen del país. Las restricciones asociadas a la pandemia
finalizaron en Chile el 12 de mayo de 2023, cuando dejó de regir el “Plan
Fronteras Protegidas”, eliminando las exigencias de prueba de reacción en cadena
de la polimerasa, los testeos aleatorios al ingreso al país y el certificado de
vacunación vigente.
Las limitaciones a la movilidad internacional derivada de la gestión de pandemia
constituyen uno de los diversos factores que explican el incremento de las
denuncias de entradas clandestinas a partir del 2020. Los principales riesgos
asociados al COVID-19 en el contexto de desplazamiento humano son el cierre y
militarización de las fronteras, la irregularidad migratoria, los procesos de
retorno forzado, dificultades para la reunificación familiar, entre otros (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, 2020).
La literatura evidencia que “producto del cierre fronterizo por la pandemia y la
implementación de políticas migratorias adoptadas por el Gobierno chileno desde
2018, aumentó la irregularidad y las sanciones hacia miles de ciudadanos
extranjeros, particularmente de origen venezolano” (Aguilar; Villalobos; Ramos, 2023, p. 37). Lo que se tornó
más acuciante en el linde norte, en tanto “la idea de la frontera como
separación, resguardo y escudo protector se reforzó con la pandemia y estructuró
las movilidades de quienes la cruzaron, haciéndolas más precarias y vulnerables”
(Tapia; Quinteros, 2023, p. 2). Es en
este contexto que se advierte que, aunque a partir del 2018 se percibe un alza
considerable en las denuncias de ingresos irregulares a Chile, que reconoce como
hito la imposición de visas consulares a ciudadanos de Haití y Venezuela, la
cifra se incrementa exponencialmente en los años 2020 y 2021. También se observa
un incremento en personas colombianas y bolivianas, lo que podría deberse a las
limitaciones instauradas en el marco de la gobernanza sanitaria por la pandemia
mundial de COVID-19.
5 CONCLUSIONES
La movilidad humana en Chile post-2018 revela la existencia de múltiples desafíos que
han surgido como resultado de la combinación de factores internacionales, regionales
y nacionales. La inestabilidad en la región, en particular la diáspora venezolana y
su contexto de movilidad forzada, ha generado un aumento significativo de la
migración sur-sur. Además, las políticas migratorias implementadas por el gobierno
chileno han demostrado no ser efectivas para abordar adecuadamente este fenómeno,
contribuyendo, al incremento de denuncias por ingresos por pasos no habilitados.
El enfoque cualitativo de este estudio ha permitido identificar las deficiencias
específicas en las políticas nacionales implementadas, destacando la restricción
para cambiar el estatus administrativo, las modificaciones al sistema de visado y la
gestión de la pandemia del COVID-19. Estas medidas, en lugar de fomentar la
regularidad de los desplazamientos, han dificultado la inclusión de la población
migrante.
Las modificaciones recientes al sistema de visado se han impuesto como medidas de
“control con rostro humano” (Domenech, 2013)
bajo un discurso proteccionista, no obstante, en la práctica se evidencia una escasa
concesión de visado, incertidumbre y falta de información en los procesos y en la
tramitación. Como se evidenció esta política no frena la movilidad, sino que incidió
en su precarización, incrementando la vulnerabilidad de quienes se desplazan; lo que
es sumamente preocupante, en particular debido a que “la condición migratoria
irregular, propicia una serie de violencias” (Salinas; Liberona, 2020, p. 52).
Finalmente, esta investigación destaca la escasez de estadísticas exhaustivas sobre
la irregularidad migratoria, un aspecto crucial para comprender esta problemática.
La falta de cifras certeras subraya la necesidad de realizar un análisis en futuras
investigaciones, con el objetivo de entender la magnitud de las dinámicas
irregulares y su impacto en la precarización de las travesías. Asimismo, es
imperativo explorar el contexto internacional y regional para explorar los factores
que influyen en la movilidad y cómo han incidido en el panorama nacional.
Juliana Diaz Pantoja y Martina Cociña-Cholaky han contribuido equitativamente en
todas las etapas del desarrollo del artículo, incluyendo la conceptualización,
revisión bibliográfica, análisis crítico, redacción y corrección del mismo.
Ambas autoras han trabajado colaborativamente en la estructuración del contenido
y en la formulación de los argumentos para asegurar un enfoque integral y
coherente.
Artículo elaborado en el marco del FONDECYT Posdoctoral N.° 3230279 “El derecho
al refugio en Chile. Un estudio sobre su consagración normativa y aplicación
práctica.
Datos remitidos por la PDI ante solicitud de información AD010T0021981 de 25 de
agosto de 2023.
Cálculo realizado con información enviada por la PDI ante solicitud a PDI
AD010T0020177 de 16 de marzo de 2023.
Indicaciones presentadas por el Ejecutivo el 9 de abril de 2018 en oficio
008-366.
Datos enviados ante solicitud de información a PDI AD010T0020177 de 16 de marzo
de 2023.
Política que establecía, entre otros, que cualquier extranjero detenido después
de cruzar la frontera irregularmente sería enjuiciado por ingresar no
autorizado. Dado que no era posible mantener a los niños en detención junto con
sus progenitores, se produjo la separación de las familias migrantes y NNA
quedaron bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (RFI, 2018).
Información remitida ante solicitud de transparencia efectuada a PDI 21.118 de
2023.
Decreto 4 del 5 de febrero de 2020 del MINSAL y Subsecretaría Pública, artículo 3
N°15 y 20, prorrogado por los decretos 1, 24, 39 y 52 de 2021 y 31 de 2022.
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