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Introducción:

América Latina es en la actualidad escenario de la consolidación política y cultural de los movimientos sociales progresistas que a mitad del siglo pasado surgieron y se manifestaron en contra del sistema mundo capitalista y sus políticas económicas. Estos movimientos, desde sus territorialidades se resistieron y resisten a la continuidad de los Estados liberales y su concepción globalizadora de la democracia, ciudadanía y participación.

Ciertamente, la crisis de la modernidad comienza por un rechazo radical a la forma universalizadora y homogénea de concebir la política en territorios donde la diversidad cultural es producto de los distintos mundos que allí se presentan, es decir, el pensamiento ilustrado afronta que, en el caso de Latinoamérica, existen un conjunto de elementos socio-históricos asimétricos que no responden a la conformación de un pensamiento único.

En el intermedio de este desconcierto sobre propuestas teóricas que respondan a las dinámicas que sienten y viven los territorios, se suma una crisis mundial de la economía-mundo en tanto que los poderosos centros del mercado dejan de ser asimilados por las alternativas democráticas que exigen nuevas formas y prácticas al Estado.

Las democracias progresistas creen y asumen que los procesos de construcción político-sociales deben confrontar definitivamente al Estado liberal, que ha sido estructuralmente el mecanismo de legalización de las intenciones que buscan los centros del mercado para poder seguir minimizando las posibilidades de estabilidad democrática de los territorios.

Es en este punto donde resaltan las experiencias democráticas que Latinoamérica ha tenido desde 1998 con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. Este hecho es el punto de partida para que el pensamiento progresista latinoamericano haya alcanzado en primera instancia su presencia en la institucionalidad liberal y posterior – en algunos casos exitosos como Bolivia – la transformación estructural del Estado.

Por lo expuesto, resulta pertinente estudiar la propuesta política de Álvaro García Linera como uno de los actores sociales que reflexiona y participa en ese contexto de conflictividad con el Estado liberal. En la obra del escritor se plantean distintos escenarios transversales que permiten construir una propuesta política que se construya desde la democracia que reconoce y convive con el sentir de alteridad que existen en sus distintos entornos sociales. Para la interpretación de su pensar, se recurre a constituir esta investigación desde los elementos discursivos más desarrollados que creemos recaen en la plurinacionalidad; -como el reconocimiento a través del diálogo intercultural de las distintas formas simbólicas de convivir y pensar – y la democracia construida a partir del sujeto y su exigencia en sí mismo de apostar por lo público en tanto participación protagónica y colectiva.

El Estado en el presente: Conceptos y principios.

Resulta importante develar principalmente cuales son las prácticas fundamentales de lo que hoy se entiende por Estado. Esto, antes de cualquier propuesta que aporte a los desafíos que exige hoy América Latina, es imprescindible para fortalecer aún más la crítica.

En principio, para García Linera (2015a), el Estado es una correlación de fuerzas, que se evidencia en una “cotidiana trama social entre gobernantes y gobernados, en la que todos, (…) intervienen en torno a la definición de lo público, lo común, lo colectivo y lo universal”. Si bien esta es la definición más democrática que existe en torno al Estado actual, ya ésta demanda varias interrogantes como ¿qué tan cierto es que los gobernados participan en la decisión de lo público y universal?, ¿permite el Estado liberal estas intervenciones?

A la búsqueda de respuestas para las últimas interrogantes García Linera (2015a) plantea que el Estado es materia, y que es un proceso de monopolización y universalización. Ahora bien, el autor plantea que los “pocos” que conforman el monopolio son los que deciden lo que antes nos interrogábamos: lo público, lo común. Plantea el autor:

Decimos que el Estado es materia, porque cotidianamente se presenta ante el conjunto de las y los ciudadanos como instituciones en las que se realizan trámites o certificados, como leyes que deben ser cumplidas a riesgo de sufrir sanciones, y como procedimientos a seguir para alcanzar reconocimientos o certificaciones, por ejemplo, educativas, laborales, territoriales, etc. (García Linera, 2015a:5)

Ciertamente, quienes conforman el monopolio son los que conforman entonces esas instituciones, a su vez, representantes del Estado. Al momento que las y los ciudadanos deben ser legitimados por el conjunto de procedimientos impuestos por las instituciones, es evidente que no son éstos los que deciden en su totalidad lo público y lo común.

En este punto evidenciamos uno de los principales componentes del Estado y sus instituciones: la dominación a través de la universalización. Es decir, el Estado como proceso de estabilización de lo común impone un conjunto de elementos que implican la organización uniforme de las mentalidades de los sujetos. Las prácticas del Estado se convierten entonces en “la constante formación de las estructuras mentales con las que las personas entienden el mundo existente y con las cuales actúan ante ese mundo percibido” (García 2015a:6).

Es acá donde el proyecto liberal sobre el Estado se fortalece, pues lo hace instrumento de dominación para que los sujetos actúen de acuerdo al marco de interpretación que éste regula. Es decir, no cabe posibilidad de pensarse otros esquemas mentales fuera de lo que el Estado plantea como sistema y como mundo. Esto afectaría incluso en el mundo interno del sujeto ante el externo, puesto que las decisiones se regulan por la estructura simbólica que el Estado impone a la sociedad.

En cierta medida, se podría decir que el Estado es la manera en que la realidad dominante escribe su grámatica de dominación en el cuerpo y en la mente de cada persona (…) y a la vez representa los procedimientos de producción simbólica, discursiva y moral con los que cada persona y cada cuerpo colectivo se mira a sí mismo y actúa como cuerpo en el mundo. (García, 2015a:6).

De manera que, el monopolio del que hablamos no sólo se refiere a la cuestión institucional, sino incluso a un monopolio en el marco de la lógica y del sentido común, a partir de allí, la legitimación por parte de los sujetos-individuos comienza mediante el proceso de universalización de los saberes, derechos y simbologías.

Según García (2015a) “El Estado es un proceso histórico de construcción de lo común (…) simultáneamente es monopolizado por algunos (los gobernantes); produciéndose precisamente un monopolio de lo común”. (p.7). En ese proceso de construcción el autor plantea que el Estado como otra herramienta de legitimación asume la producción de “bienes comunes”, que favorecerán a la sociedad por igual pero que están al mando de unos pocos que controlan el monopolio.

En este punto, García Linera expresa que “nos referimos a bienes comunes construidos para todos (primera comunidad), pero que son organizados propuestos y liderizados por unos pocos (primer monopolio)” (2015a:8). Acá, en este punto se expresa y legitima lo que el mismo autor plantea como la naturalización de la dominación.

Los desafíos de América Latina y sus movimientos sociales en tanto progresistas entonces implican plantearse otras dimensiones en cuanto a la funcionalidad del Estado, que se entienda como parte conflictiva con los monopolios y democratice verdaderamente el sentir público de la ciudadanía y la política. El Estado, debe entenderse como un espacio de verdadera correlación pero de prácticas discursivas que vayan haciendo de la democracia un ejercicio participativo que reconoce y convive con pensamientos asimétricos, de contextos históricos distintos, respaldados por una institucionalidad que se construye a partir de las realidades y las dinámicas territoriales.

De la democracia de élites a una democracia de movimientos

García Linera (2015b), expone que la democracia tiene distintos retos, principalmente, el de ampliarse como campo donde se presentan las diversas visiones de los actores miembros de diferentes territorialidades y no de ser un instrumento para la legitimación de los proyectos individuales de las élites. Si asumimos válida esta tesis, estaríamos afirmando que las democracias en Latinoamérica están en crisis debido a su composición que responde, de manera ineludible, al proyecto político de la sociedad moderna y a la lógica del mercado. La democracia en clave liberal, ha sido entendida como un proceso de confrontación de “proyectos (de) políticos” que resultan victoriosos en tanto mayor afinidad tengan con la institucionalidad y la normalidad establecida o siempre y cuando la élite que representan pueda tener acceso a los instrumentos de dominación fortalecidos. Al respecto, el autor plantea:

La actual invención dominante del significado de democracia en el ámbito intelectual, en su versión liberal, minimalista y procedimental, construye el concepto en los términos de la formación de un orden regulatorio del proceder político. Ya sea como método de selección y renovación de gobernantes y/o como modo de resolución de conflictos (…). (García, 2015b:15).

La presunción liberal de la democracia que se ha mantenido en nuestro continente y que en la actualidad domina los sistemas de participación define – según García – al espacio democrático como un escenario elemental para concretar un “orden” o una “norma” que pertenece a un gobernante de turno y a su “proyecto político”. De manera que el sitio de la democracia se ubica como un proceso para legitimar las élites que se han incrustado como idóneos para practicar la política. García Linera expone:

Bajo esta mirada procedimental, la democracia se entiende como un artefacto, como un conjunto de reglas que permite la selección de élites que atienden la agregación de intereses privados y cuyo resultado final es la “voluntad general”. De esta manera, la democracia se define como un instrumento que permite la selección de los “más capaces” para la administración de lo público o como instrumento para atenuar conflictos entre múltiples intereses individuales. (García, 2015b:16).

El carácter individual que la mirada liberal otorga al hecho democrático permite que, la discusión en ese espacio no sea en torno al reconocimiento de las propuestas plurales de los distintos territorios, sino que se reduzca a la resolución de conflictos individuales que se desafían en pro de estabilizar y hacer perdurar a su élite en el poder. Para García (íbid), es un papel similar al del mercado en tanto su política de asignación de recursos.

La política, entendida como gestión de las libertades de una sociedad, aparece reducida a una competencia entre ofertantes (los “políticos”) y consumidores o usuarios (los “votantes”) (…), replicando la lógica industrial fundada en la propiedad y apropiación privada de las condiciones de producción. (García, 2015b:20).

De tal forma, la democracia desde esta concepción se afianza como parte del proyecto político del mercado universal, García Linera así lo expone argumentando que, la competencia planteada en el escenario democrático responde a la legitimación de los instrumentos de la racionalidad tecno-científica como herramientas fundamentales (medios de comunicación, centros de poder económico, transporte) para asumir la institucionalidad política. De manera que la democracia, es sólo un “medio temporal” para alcanzar la institucionalidad que, al ser electa por una “voluntad general” o una voluntad de individualidades, separa a ésta de cualquier voluntad personal-diferente de opinar en torno al diseño de las políticas.

De modo que este sistema de reproducción de voluntad de individualidades para García Linera resulta ser no más que un sistema de conservación de fuerzas dominantes que han perdurado por tener el control de las herramientas que definen el juego democrático en la sociedad liberal. Se entiende que estamos ante un “reciclamiento político” que se valida de acuerdo a un sistema que concibe la voluntad de individualidades como un proceso para otorgar mayor validez a una “opinión general” que se expresa desde la capacidad comunicativa de cada “fuerza” política (dominante). La democracia en conclusión, cumple el mismo papel que el mercado al proyecto capitalista mundial, la diferencia es que ésta, es un proceso “competitivo” de “ofertas” por controlar lo público donde los “electores” representan una cuantificación que escoge el orden que lo va a regular y que no le va a permitir expresar “cómo desea vivir”. (García 2015b:25).

Se plantea entonces que el desafío de la democracia en América Latina es, primordialmente, su ruptura con la presunción política de la sociedad moderna y del mercado, esto implica que, en el espacio político puedan reconocerse los derechos a la convivencia en común que tiene la humanidad. Una democracia entendida como el espacio idóneo para el convivir y la participación de las distintas formas de pensar y discutir es el reto que nos trazamos al momento de repensar la praxis política desde Latinoamérica. Al respecto, García Linera esboza:

En términos generales, se puede entender la democracia como una manera de organizar la gestión del bien común de una sociedad, el modo de esa gestión, la amplitud de ese bien común y las propias características de la comunidad que quiere definirse en torno a ese bien. (García, 2015b:31).

Bajo esta mirada, la democracia es el escenario propicio entonces para el reconocimiento permanente de las particularidades presentes en las comunidades, es decir, la democracia más allá de “cuantificar” a las individualidades, las reconoce, convive con ellas y le permite participación política para que expresen su forma de “vivir”. De manera que, “Hay democracias en tanto hay más personas que desear intervenir en la dirección general de la sociedad porque están dispuestas a producir directamente el contenido de los vínculos que los unen a los demás”. (García, 2015b:32).

Entendida de esta forma, la democracia rompe radicalmente con las prácticas del mercado y de la razón de la competencia por lo público, precisamente se convierte lo público, más allá del espacio de producción de “los políticos”, en el lugar de encuentro donde todos en igualdad de reconocimiento exigen constante discusión en torno a las políticas para la conservación de su buen vivir y de su continuidad histórica como ser corpóreo portador de una alteridad, pero consciente de que otros participan en esas políticas, la modifican, la renuevan y exigen sentirse representados en ella.

Democracia es, entonces, ampliación de lo político, creciente ruptura de los monopolios de la política, continua renovación de las instituciones políticas para dar paso a responsabilidades ampliadas de un número mayor de miembros de la sociedad. Democracia es movimiento, flujo, revocatoria, ampliación de la capacidad de decidir. (García, íbid).

La ampliación del hecho político y democrático en clave plural, define a éstos como un necesario escenario de debates de los distintos movimientos que claman la afirmación de sí mismos en la institucionalidad política. Así, queda planteada una democracia de movimientos, un Estado de inclusión, una participación plural, de universalismos concretos y la nunca acabada discusión en torno a la emancipación de la democracia liberal.

La consolidación definitiva de la ciudadanía intercultural y el proyecto plurinacional

El proyecto de la plurinacionalidad se concibe como la alternativa a la concepción universalista de “nación”. Es decir, no se plantea desde esta perspectiva plural de las naciones que el territorio está representado en una única nación que reúne todas las valorizaciones, creencias, simbologías, discursos y culturas, al contrario, se plantea que existe una diversidad cultural que a su vez manifiesta el sentido pluralista de las formas de co-existir en comunidad, de pensar desde las asimetrías y diferencias, y de reconocer las distintas representaciones de las identidades-alteridades. Sobre una concepción práctica de “nación”, el autor refiere:

Una nación existe cuando los connacionales, independientemente de donde estén y la condición económica que posean, creen participar de una hermandad histórica de origen y de destino cultural, que han de traducirse, luego, en derechos que las diferencia de otras naciones. (García, 2015b:101).

Esta mirada plural de las comunidades en los territorios implica afirmar que existen diferencias entre culturas, que las prácticas discursivas y sociales de éstas comunidades son el resultado de un devenir histórico-cultural de sus seres humanos. García (íbid) describe que este tipo de pluralidad de identidades constituye configuraciones simbólicas diferentes, de visiones del mundo, de formas organizativas, de saberes y prácticas culturales y de apegos territoriales.

La comunidad política como el lugar de la ciudadanía multicultural es, entonces, un proceso de construcción colectiva en el que las diversas identidades étnico-nacionales excluidas son reconocidas en sus prerrogativas y poderes en tanto colectividades culturales. Esta ciudadanía diferenciada puede asumir varias formas, como el Estado autonómico o el Estado multinacional. (García, 2015b:73).

El planteamiento de García Linera sobre el asunto de la plurinacionalidad apunta hacia la necesidad de co-participación política que exigen las distintas colectividades, esto quiere decir, que el espacio político plurinacional construye los procesos de acción social de forma colectiva, reconociendo que existe una ciudadanía que es diferente. De manera que, estas comunidades en tanto diferentes, también conceptualizan y practican el poder diferenciadamente, lo que conlleva a un espacio público de conflictividad, reconocimiento, diálogo y consenso entre culturas.

De lo que se trata, entonces, es de garantizar, mediante una concepción pactista del poder, la convivencia mediante la articulación de la pluralidad en la unidad política común de una sociedad diferencial, esto es, que tiene algunas comunidades nacionales y otras que no lo son. (García, 2015b:75).

De manera que ésta forma de practicar el poder debe traducirse en una institucionalidad que sea plural y que erradique de sus procesos la concepción universal sobre la nación y la ciudadanía. Acá, estamos afirmando lo que García Linera denomina como un “Estado plurinacional”. Esta refundación del Estado en clave intercultural, implica que el mismo sea un espacio público donde la institucionalidad está al servicio del reconocimiento, legitimación y respeto a las diferencias, es decir, un Estado que al contrario de anular desde sus políticas las prácticas discursivas y culturales de las comunidades, las promueve en el marco de la construcción de los espacios públicos como espacios de participación política plural y decisiva.

El Estado Plurinacional además se traduce en el reconocimiento práctico, institucional de la igualdad de oportunidades los pueblos, de los idiomas oficiales, reconocimiento de todas las identidades, posibilidad de ser educado en su propio idioma si uno lo desea y si no, sólo aprender el castellano, reconocimiento de los idiomas indígenas en igualdad de condiciones en la escuela, colegio, universidad e instituciones públicas del Estado. (García, 2009:17).

La igualdad de oportunidades, en este caso, no se reduce al hecho de poder escoger “democráticamente” las representatividades impuestas por las élites políticas, se trata de que la institucionalidad del poder asuma el reconocimiento a los derechos, en tanto diferentes todos, que exigen las comunidades y las identidades. García Linera plantea que las instituciones del Estado en su carácter de públicas, deben asumirse precisamente como parte de una sociedad diferencial que convive por su capacidad de coacción política. Esta coacción, no puede ser más el instrumento idóneo de las élites para la resolución de conflictos, sino que debe ser el espacio público donde se debaten las diferencias para construir una institucionalidad que pueda ejercer su deber práctico en pro del “buen vivir” de las comunidades.

Conclusiones

Las comunidades políticas, entendidas así desde el proyecto plurinacional, han co-existido en sus diferencias aún con la imposición de la concepción universal del Estado. La lógica moderna del mercado fundó una práctica institucional del poder que anuló la posibilidad de participación política desde las diferencias, por su carácter totalista y su visión tecno-científica de la ciencia política. Aunado a ello, se suma la consolidación mundial del capitalismo como proyecto político y el eurocentrismo como pensamiento colonial dominante.

América Latina sin embargo, ha suscitado desde su ausencia – como expone Hinkelammert – el levantamiento de los movimientos sociales como expresión de disidencia y ruptura con el Estado liberal. Esto ha provocado que las exigencias de los movimientos fuercen a los Estados liberales a incluir en sus instituciones criterios para el reconocimiento de los mismos. Experiencias de transformación del Estado en América Latina han surgido, sin embargo, la mayoría ha reproducido la concepción totalista del mercado desde discursos populistas.

La profundización de las refundaciones del Estado se tornan urgente puesto que, la reproducción totalista del poder se esconde tras discursos progresistas que no permiten la participación política de las comunidades e identidades, aislando este papel a la representatividad democrática y fundando nuevas élites políticas enmascaradas en discursos de izquierdas. De manera que, necesario es reconocer por parte del Estado, que las comunidades no pueden seguir siendo una sumatoria más para la legitimación de una élite en el poder. Se trata de que estas comunidades tengan posibilidad de debatir sobre sus derechos entendiendo la institucionalidad como un espacio de aglomeración de diferencias.

La experiencia del Estado Plurinacional de Bolivia y la producción teórica de Álvaro García Linera nos invita a repensarnos no como comunidades e identidades que resuelven una mediación para el ascenso de una élite, sino como comunidades que deben ser reconocidas en coacción política con otras comunidades desde sus diferencias. Acá, se trata de que la institucionalidad del poder rompa radicalmente con la concepción totalista de la modernidad y asuma a las comunidades desde el reconocimiento de sus lenguas, culturas, economías y sus prácticas sociales.

Por tanto, se trata de ceder las prácticas del poder, entendiendo que existe una sociedad de comunidades y sujetos diferentes. El ejercicio del poder que en la actualidad recae en la élite que controla la institucionalidad está legitimado incluso por esas formas generalizadoras de la voluntad de los sujetos sociales. Se apuesta por determinar autonomías a comunidades que desde sus particularidades y asimetrías puedan desde la coacción política, asumir una institucionalidad que posibilite su inserción y su participación activa y protagónica.

De manera que, afirmamos que el proyecto plurinacional e intercultural de la política tiene su vigencia en tanto a su carácter refundador y transformador, pero, sobre todo, en su carácter de radicalidad y de rompimiento definitivo con el proyecto mundial del capitalismo. Los movimientos sociales no podrán reflejarse nunca en un sistema que los niega, que no propicia la democratización del poder y que apunta sólo a que el Estado sea un reproductor de la lógica instrumental y totalista del mercado. Al contrario tiene su carácter protagónico en un Estado pensado desde la pluralidad de los sentimientos, coexistencias y culturas.

Referencias:

GARCÍA LINERA, Álvaro. (2015a). Estado, democracia y socialismo. Conferencia dictada por el Vicepresidente Álvaro García Linera, en la Universidad de la Sorbona de París. Recuperado de http://www.vicepresidenciadeboliva.com.bo

GARCÍA LINERA, Álvaro. (2015b). Democracia, Estado, Nación. Caracas. Trinchera

GARCÍA LINERA, Álvaro. (2015c). La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia. México D.F. CLACSO.

GARCÍA LINERA, Álvaro. (2009). El Estado plurinacional. En: Discursos y ponencias del ciudadano Vicepresidente Álvaro García Linera. La Paz. Año 3. Número 7. Vicepresidencia del Estado Plurinacional. .

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