Introducción

En el marco del sistema ONU, existen diferentes instrumentos que postulan la necesidad de diseñar, implementar y evaluar, con la participación de mujeres, políticas y programas efectivos y sensibles al género. A partir de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), los Estados Parte se comprometen a otorgar un trato igualitario a mujeres y varones, a sancionar cualquier práctica que perpetúe la desigualdad, y a promover medidas transitorias de acción afirmativa para modificar las asimetrías en el ejercicio pleno de derechos. Asimismo, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se postuló la necesidad de diseñar, implementar y evaluar, con la participación de mujeres, políticas y programas efectivos, eficientes y sensibles al género.

Además, cabe agregar, que tanto los recientemente firmados Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (OIM, 2018) como en el Pacto Mundial sobre Refugiados (ACNUR, 2018) integran consideraciones de género, edad y diversidad a fin de garantizar que se respeten los derechos humanos de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en todas las etapas de la migración.

A partir de 2014, distintos países de América Latina firmaron acuerdos a fin de recibir población afectada por el conflicto en Siria mediante programas de visado humanitario, patrocinio comunitario y revinculación familiar. Particularmente en la República Argentina se concreta y denomina Programa Especial de Visado Humanitario para Extranjeros afectados por el conflicto de la República Árabe Siria (Programa Siria) creado a través de la Disposición N° 3915/2014 de la Dirección Nacional de Migraciones¹.

El Proyecto: “Fortalecimiento de la protección internacional, recepción e integración de refugiados en Argentina” (en adelante Proyecto de Fortalecimiento PRIR), gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones en Argentina (en adelante OIM Argentina) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y financiado por la Unión Europea, se encuentra orientado a dar soporte al Estado Argentino para mejorar la capacidad institucional del Programa Siria. Entre sus objetivos se encuentra favorecer el proceso de integración de las mujeres beneficiarias desde acciones sensibles a las desigualdades de género.

En tal sentido, el objetivo general del presente artículo consiste en analizar, de qué manera el concepto de género ha sido adoptado en dicho proyecto y cuáles son las diferentes propuestas que aparecen a fin de transversalizar una perspectiva de género orientada al acceso y ejercicio de derechos, deberes y oportunidades de la población implicada. ¿Cuáles son las proposiciones relativas a la superación de las desigualdades de género? ¿Cuáles actividades componen el proceso de implementación? ¿Cómo se inscriben en el marco global del Proyecto?

Se enfocará para ello en las tensiones entre ciudadanía restringida y plena (Bareiro, 2019; Yuval, 1996) y los paradigmas de justicia socio-económico y cultural /simbólico y las políticas de reconocimiento y de distribución (Bareiro, 2019; CIM-OEA, 2013). Y más específicamente: ¿Qué tipo de políticas expresan de reconocimiento, de distribución? ¿En qué se basa ese reconocimiento o distribución? ¿Qué concepción de ciudadanía se ve implicada?

El presente escrito propone aproximarse a algunas respuestas posibles a la vez que abrir nuevas inquietudes. Con ese fin, en primer lugar, se definen sucintamente los conceptos referidos. Luego se aportan datos contextuales que contribuyan a visibilizar la problemática en cuestión. Más adelante se analizan los contenidos del Proyecto de referencia, buscando visibilizar los límites y las oportunidades presentes en el mismo. Por última, se realizan algunas reflexiones finales. En cuanto a las fuentes de información, se toman materiales de circulación pública del Proyecto como informes, información de páginas Web, folletos, etc.

Cabe mencionar, que haber participado como consultora externa en el marco del Proyecto de Fortalecimiento PRIR durante el lapso de un año, configura a este texto desde un lugar de testigo de los fuertes compromisos profesionales y humanos, de los desafíos, que los equipos técnicos, autoridades y diferentes organizaciones en general, afrontan al atender problemáticas de esta índole. Es desde esa inscripción que este artículo se efectúa; buscando ser una aportación más a acciones orientadas a la integración social sostenible de una población afectada por uno de los desplazamientos forzosos más significativos de los últimos tiempos a nivel mundial.

A su vez, si bien se toma como caso el Proyecto de Fortalecimiento PRIR, en tanto dispositivo que permite incidir en el espacio institucional del Programa Siria, la propuesta aquí desplegada intentará también realizar aportes teórico-metodológicos que puedan trascender al mismo. Es decir, espera realizar una contribución más general respecto a las acciones de transversalización de la perspectiva de género en proyectos y programas de reasentamiento por migración forzada de diferentes poblaciones en la región latinoamericana.

Género, Ciudadanías y Políticas, Breve Repaso Conceptual

Tal como señala Nira Yuval-Davis (1996) el concepto de ciudadanía no es sencillo de precisar, y continúa siendo construido dinámicamente por diferentes Estados, sociedad y segmentos políticos y sociales. No obstante, es posible identificar a priori dos tipos de tradiciones en su definición. Por un lado, la liberal, centrada en la idea de ciudadano como miembro individual del Estado, con iguales condiciones, derechos y deberes; concepción desde la cual las diferencias de clase, etnicidad, género se consideran irrelevantes. Por otro lado, la que apertura T.H. Marshall, la cual concibe al ciudadano como miembro de una comunidad. Puede decirse, que este enfoque supera al anterior ya que permite pensar una ciudadanía más compleja, multidimensional, con presencia de colectividades distintas que se vinculan en forma diversa con el Estado en relación a sus derechos sociales, civiles y políticos. A su vez, en el marco actual de la globalización, de las migraciones masivas voluntarias y forzadas, posibilita abordar la ciudadanía en el espacio entre Estados-Nación, en términos internacionales. Como señala la autora:

“La “Ciudadanía Global” ha sido mencionada también en relación a la creciente interdependencia internacional relativa a temas ecológicos, así como en relación al «Nuevo Orden Mundial» y el creciente papel político, militar y legal de las Naciones Unidas.” (Ibíd.: 3).

En relación a este último punto, las construcciones de género y ciudadanía también afectan tanto las decisiones y las estrategias que las personas migrantes realizan en relación a sus desplazamientos (INSTRAW, 2006), así como las políticas de migración y reasentamiento. Las relaciones entre las posibilidades de ejercicio de la ciudadanía, es decir, entre las ciudadanías plena y restringida (Ibíd.), se ponen en juego en el marco de políticas públicas intergubernamentales y de implicancia internacional, como la que involucra el presente artículo.

Vale aclarar que por ciudadanía plena se alude a la conceptualización parsoniana de membresía plena en una sociedad comunitaria la cual se encuentra atravesada por distintos procesos de restricción exclusión e integración. Se distingue así entre dos procesos centrales. Uno el de asimilación, donde los diferentes deben asimilarse lo más posible a los atributos de quienes pertenecen a la comunidad. Y otro, el de inclusión, en el cual la comunidad acepta los rasgos particulares de cada cual, otorgándole los mismos derechos. En tal sentido, la ciudadanía restringida hace referencia a las posibilidades reales y sustantivas en el ejercicio de derechos de los diferentes grupos y personas, presentando disímiles situaciones y niveles de restricción. (Bareiro, 2019).

Por su parte Nancy Fraser (citada en CIM-OEA, 2013), desde los aportes de las teorías de género, distingue distintos tipos de injusticia en relación con tres dimensiones de funcionamiento del sistema desigual de género: la dimensión económica; de la redistribución, la dimensión cultural del reconocimiento y la dimensión política de la representación. La autora señala, que estos aspectos requieren de políticas diferenciales para su abordaje y superación que pueden implementarse de manera combinada o yuxtapuesta: las denominadas políticas de reconocimiento y las de redistribución. Su despliegue puede involucrar diferentes objetivos, tanto de afirmación, que implican medidas reformistas, de corrección de inequidades: como de transformación, es decir, de cambios estructurales de las causas productoras de desigualdades (Bareiro, 2019).

En esa línea de pensamiento, autoras como Anne Showstack Sassoon entienden que las sociedades contemporáneas se encuentran atravesando un nuevo concepto de ciudadanía:

“Al introducir la diferencia, la complejidad y el conflicto en los cimientos de la teoría y la práctica social y política, el objetivo de la política social y de la política con carácter general cambia. Cada vez se hace más necesario un proceso en el que las diferencias y las necesidades altamente diferenciadas se resuelvan en la especificidad y la peculiaridad, en el que se reconozca que lo universal puede ser tan engañoso como lo específico.” (1998:11).

En tal sentido, Chantal Mouffe propone construir otro modelo de ciudadanía, en el cual la diferencia sexual no represente una función estructuradora. De este modo, su proyecto de democracia radical y plural se opone a que la igualdad se circunscriba y realice para un definible grupo empírico con una esencia y una identidad comunes, las mujeres, sino que propone dicha empresa “como una lucha en contra de las múltiples formas en que la categoría “mujer” se construye como subordinación.” (2001:11).

Siguiendo esta línea de pensamiento, en relación a la problemática de migración y asilo, Jane Freedman señala:

“el uso actual de la categoría de vulnerabilidad, tanto en la forma en que está con- sagrada en la política y la legislación, como en la manera en que se aplican estas políticas, conlleva un riesgo real de esencialización de mujeres como víctimas vulnerables (...) Un enfoque feminista debería ir más allá de las categorías y los significados de la “Vulnerabilidad” impuesta por el marco político y humanitario contemporáneo de la “Crisis” de refugiados, y avanzar hacia un compromiso real con mujeres y hombres que buscan protección internacional, para crear una comprensión intersubjetiva de sus capacidades y necesidades.” (2019: 12-13) ²

Ciudadanías Restringidas: Datos de Desplazamientos Forzados en el Mundo, el Caso Sirio

Hacia fines de 2018, la población que sufría desplazamiento forzoso a nivel global era de 70,8 millones de personas (ACNUR, 2019). La población alcanzada por datos desglosados por sexo era de 69% en 2018. De acuerdo con la información disponible, varones y mujeres totales representaban casi la misma cantidad: con 25,4 millones de varones y niños y 25,7 millones de mujeres y niñas (Ibíd.).

La población siria desplazada asciende a una cifra total de 13 millones de personas. Es la mayor comunidad desplazada forzosa, que incluye 6.654.000 refugiadas, 6.184.000 desplazadas internas y 140.000 solicitantes de asilo (Ibíd.).

Los países desarrollados recibieron al 16% de personas refugiadas, mientras un tercio de la población global refugiada (6,7 millones) se amparó en los países menos desarrollados.

A la República Argentina, entre 2012 y junio de 2018, han ingresado un total de 1.171 personas, entre refugiadas, solicitantes de asilo y beneficiarias de visado humanitario provenientes de la Rep. Árabe Siria (OIM, 2018). El compromiso asumido por el Estado argentino frente a la ONU es la recepción de 3 mil ciudadanas/os de aquel país. Mediante el Programa Siria han recibido visado humanitario 411 personas a junio de 2018 (Ibíd.) sin haberse registrado más ingresos posteriormente.

Distintas dimensiones de la vida atraviesan las necesidades de esta población y afectan la integración social de personas y familias. La educación, el trabajo y la salud son sectores básicos para la sostenibilidad de la vida y atraviesan sus procesos de reasentamiento.

Como ocurre en otros países, las desigualdades de género se reproducen o profundizan en el tránsito migratorio. En el Programa Siria, las mujeres afrontan mayores problemas para su integración social. Por ejemplo, la tasa de empleo es de 38% para ellas y 63% para varones (Dirección Nacional de Migraciones, 2016), entre otras dificultades diferenciales.³

Ciudadanías y Tipos de Políticas Implicadas en un Proyecto de Rea- sentamiento por Migración Forzada en Argentina

Como se señaló líneas antes, el Proyecto de Fortalecimiento PRIR es el dispositivo mediante el cual se planifica y brinda asistencia al Estado Argentino, al Programa Siria, a fin de mejorar las acciones llevadas adelante para la integración social de personas migrantes que huyen del reciente conflicto bélico en la República Árabe Siria. ¿Cuáles son las proposiciones relativas a la superación de las desigualdades de género en el mencionado Proyecto? Y más específicamente: ¿Qué tipo de políticas expresan de reconocimiento, de redistribución? ¿En qué se basa ese reconocimiento o distribución? ¿Qué concepción de ciudadanía subyace?

En la divulgación pública del Proyecto puede observarse un esquema de sus metas (que está de más decir no alcanza a representar la complejidad de una intervención de estas características), las cuales señalan como objetivos específicos:

1. 1. “Capacitar a quienes trabajan con los beneficiarios para que puedan proveer servicios con perspectiva de género.”
2. 2. “Impartir talleres para promover el empoderamiento de niñas y mujeres, abordando temas tales como los derechos de la mujer, la salud sexual reproductiva, la violencia de género y el acceso a la asistencia a las víctimas.”

En relación a las desigualdades de género, es posible identificar centralmente un tipo de propuesta, enfocada en acciones de capacitación. A fin de favorecer la integración social sostenida de mujeres y niñas⁴ en los ejes referidos se plantean acciones formativas; tanto dirigidas a beneficiarias como a equipos técnicos que trabajan asistiendo a la población destinataria.

A priori, es posible advertir que dichas metas serían expresión de una política de reconocimiento, al visibilizar las restricciones y violencias específicas que pueden atravesar las mujeres y niñas migrantes. Por lo cual, respecto al sistema desigual de género, sería un tipo de injusticia relativa a la dimensión cultural del reconocimiento (Bareiro, 2019; CIM-OEA, 2013); ya que identifica posibles situaciones específicas que pueden afectar a las mujeres. No obstante, entre estas dos proposiciones atravesadas por la mirada de género, no parece subyacer un enfoque ligado a una política de redistribución, no se alude a acciones específicas para la integración socio-económica de las migrantes. Aunque en otros documentos u intervenciones relativas al Proyecto pueda contemplarse (OIM, 2019), este aspecto no se explicitaría como objetivo formal instituido en los materiales de apoyatura para la comunicación pública del mismo. En igual sentido, tampoco se halla incluida la dimensión política de la representación (Ibíd.). Todos aspectos que simultáneamente afectan a estos colectivos de mujeres en sus desplazamientos forzados de manera diferencial a la de los varones (INSTRAW, 2006).

Además, si se piensa desde la dimensión cultural del reconocimiento no aparecería una alusión particular y explícita a las particularidades étnicas y religiosas que las atraviesan también de modo distinto.

De esta forma, estos dos ejes aislados –en cuanto a la mirada de género- de un total de trece, si bien expresan objetivos de afirmación, de corrección de ciertas inequidades, distarían de plantear acciones de transformación. Siguiendo los planteos de Fraser (Ibíd.), un esquema como este parece estar alejado de un objetivo de tal tipo, de orientarse al cambio de las causas productoras de desigualdades.

En esa línea de pensamiento cabe preguntarse, ¿en qué se basa el reconocimiento mencionado? En dicho contexto, el hecho de equiparar “género” a “mujeres y niñas” tal vez exprese la construcción de un grupo empírico definido por una esencia y una identidad comunes y, a la vez, aunque sin proponérselo, tienda implícitamente a construir a la categoría “mujeres” como subordinación (Mouffe, 2011).

De manera similar, parece presentarse la noción de víctima en los objetivos referidos, que de ser no ser problematizada y complejizada podría significar a las mujeres, adolescentes y niñas como sujetas vulnerables, de protección, más que como agentes de derechos y transformación (Freedman, 2019).

En el caso de un problemática de migración forzada toma especial relevancia la necesidad de abordar la cuestión de género en complejidad, concebir las implicancias de la movilidad migratoria, deconstruir cualquier lente monocultural, o categoría homogenizadora global (Vargas, 2003) como la triada “género= mujer=- víctima”.

En tal sentido, resulta nodal concebir diferentes autonomías (física, sexual, económica, en la toma de decisiones) de manera interconectada y como mutua- mente influyentes a nivel singular y colectivo, comprendiendo las relaciones interdependientes, las agencias y agenciamientos que se imbrican en los tránsitos migratorios (OIM, 2019).

A su vez, la categoría beneficiarias si bien hace referencia a la condición situacional de un grupo en el marco de un programa, podría expresar la presencia de una mirada que ubica a la población destinataria como receptora pasiva. Esta concepción perteneciente a políticas basadas en las necesidades (Bareiro, 2019), puede implicar una limitación en las posibilidades de exigibilidad por parte de la misma. En oposición a políticas fundamentadas en un enfoque de derechos humanos, las cuales reposicionan a las personas como miembros activos de una ciudadanía capaz de reclamar por el cumplimiento de sus derechos. La idea de beneficio implicada allí, podría así reflejar, y reafirmar, la existencia de una ciudadanía restringida.

¿Y el atravesamiento de la perspectiva de género en cuanto a los varones, niños y otras identidades no hegemónicas, como lesbianas, gays, travestis, trans, queer, no binares, bisexuales, intersexs y otras (LGTBIQ+)⁵? No parece haber ninguna alusión en cuanto al trabajo desde este enfoque, al igualar la categoría género a la identidad mujeres y niñas.

Otro factor a considerar, es la ausencia de lenguaje inclusivo o igualitario. Como se recomienda dentro del propio Sistema ONU⁶, comunicar superando el “neutro” masculino ya implica por sí mismo tanto una problematización de las desigualdades de género como una visibilización de las situaciones diferenciales que atraviesan mujeres y niñas y varones así como otras identidades de género posibles.

Si bien, es posible plantear que la concepción de ciudadanía que se exhibe tácitamente no se corresponde con el modelo liberal sino con el que plantea a la persona ciudadana como miembro de una comunidad (Yuval-Davis, 1996), la identidad de ciudadano subyacente pareciera circunscribirse a la de “ser varón”. En tal sentido, se equipara la categoría género a la de mujeres, como una problemática que se trata de manera especial, aislada del resto de los objetivos. De esta manera, las desigualdades que atraviesan a mujeres y niñas, en tanto sujetas destinatarias de una política y de un programa, se representan como problema aislado y, por lo tanto, su abordaje se inscribe entre los objetivos como tema particular (Moser, 1998).

Tomando en cuenta estas reflexiones, es posible visibilizar tanto los alcances como ciertos límites y desafíos que presenta el Proyecto de Fortalecimiento PRIR en lo relativo a la integración de la perspectiva de género orientada al acceso y ejercicio de derechos, deberes y oportunidades de la población implicada. Transitar de un enfoque que concibe a las mujeres y niñas como factor especial hacia un enfoque de género transversal -sin por esto solapar las segregaciones particulares que afectan a las mujeres, adolescentes y niñas-, podría enriquecer el abordaje y las intervenciones posibles a desarrollar en pos de la integración social sostenible, de un despliegue vital digno y acorde a las posibilidades y expectativas, de la población implicada, destinataria del Proyecto.

Reflexiones Finales, Futuros Posibles

Como antes fue señalado, las presentes reflexiones se circunscriben a metas formales y públicas de un programa. Por ello resulta necesario, por un lado, abordarlos sin deshistorizarlos. Es decir, sin dejar de considerar que los mismos son expresión de tramas institucionales abocadas a temáticas específicas, como la de la migración y el refugio en este caso, que recién se encuentran asomando a la incorporación del enfoque de género en sus estructuras y haceres.

Por otro lado, no está de más recordar que un documento escrito, la cristalización de un objetivo de política pública en un proyecto, no llega a contener y exhibir la trama compleja de la planificación, las modalidades y estrategias de intervención, los múltiples macro y micro acuerdos personales e institucionales, que involucra el devenir de las implementaciones. Probablemente sea ahí, en el hacer en situación, desde los encuentros interpersonales técnicos y profesionales, desde las “múltiples autonomías en interacción desde múltiples esquemas de interpretación” (Vargas 2003, p. 202), donde se halle la posibilidad de apertura de los sentidos vigentes en programas que son generalmente definidos y consensuados en niveles macro-estructurales globales.

En tal sentido, retomando lo problematizado en párrafos anteriores. ¿Cómo podría un proyecto de las características del que aquí se ha abordado expresar otra conceptualización de ciudadanía? ¿Cómo debería proponer políticas de reconocimiento en complejidad, y no sólo de reconocimiento, sino de redistribución y representación de manera combinada?

Quizás, basándose en la propuesta de Nira Yuval-Davis, en vez de reproducir una norma unitaria dada, un producto prefabricado que se inserte de manera homogénea, un proyecto de este tipo debiera plantearse de manera tal de proponer la producción de “un conocimiento situado específico” (1996: 17). Por constitución el mismo nunca podría tener una forma acabada y por lo tanto, no sólo su desarrollo sino su diseño debería realizarse de manera participativa, en diálogo horizontal constante entre diferentes actores involucrados, incluso aquellos denominados como destinarias/os. Es cierto que esto podría traer grandes dificultades y resistencias, o ser directamente inconmensurable con las estructuras de toma de decisiones, los intereses, los tiempos institucionales, presupuestos y recursos que atraviesan a grandes organismos internacionales, estatales y a organizaciones civiles. Es verdad que un modelo así se aproximaría a un ejercicio posible de la democracia radical que define Chantal Mouffe (2001).

Las teorías de género y los feminismos decoloniales nos permiten visualizar la aparición de un nuevo concepto de ciudadanía que problematiza cualquier identidad reificada, que cuestiona los viejos preceptos de lo público y lo privado. Como explica Anne Showstack Sassoon (1998) al incorporar la complejidad, el conflicto y la diferencia en las bases de la teoría y la práctica social, se requieren de políticas que conciban y aborden las necesidades diferenciadas en su particularidad. Como bien apunta la autora “lo universal puede ser tan engañoso como lo específico” (p. 17).

Pero, ¿cómo pueden emerger este tipo de políticas? ¿De dónde surgiría y cómo cobijar un sentido crítico que las atraviese, cuestione y adapte en un constante de- venir? ¿Quizás un horizonte, un camino posible, sea lograr desde las micro-prácticas de investigación y de intervención profesional, un accionar reflexivo, que pueda repensar y contribuir a la transformaciòn de los contenidos de los programas desde sus intersticios? Se trazan, ante estas preguntas, una sucesión de desafíos respecto a los proyectos sociales y políticos internacionales e interinstitucionales relativos a la problemática de la migración forzada y al rol de las y los profesionales involucrados en los mismos.

REFERENCIAS

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2018). Pacto mundial sobre los refugiados. Naciones Unidas, Nueva York (USA).

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2019). Tendencias globales: Desplazamiento forzado en 2018. Naciones Unidas, Ginebra (Suiza).

BAREIRO, Line. (2019). Democracia/s, ciudadanía y Estado en América Latina en el siglo XXI. Análisis de género de los caminos recorridos desde la década del ‘80 y futuros posibles, PRIGEPP [Hipertexto]. Recuperado del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP). http://prigepp.org

Comisión Interamericana de Mujeres /Organización de los Estados Americanos (CIM/ OEA) e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) (2013). Aportes de los feminismos a la democracia, la ciudadanía y al quehacer del Estado; en CIM/ OEA –IDEA (Comp.). La Ciudadanía de las mujeres en las democracias de las Américas (pp. 31- 39). S. f.: CIM/OEA - IDEA.

Dirección Nacional de Migraciones, (2016). Informe de investigación perfil de los sirios en la Argentina 2016. Dirección Nacional de Migraciones, Buenos Aires (Argentina).

FREEDMAN, Jane. (2019).The uses and abuses of «vulnerability» in EU asylum and refugee protection: Protecting women or reducing autonomy? Papeles del CEIC, Vol. 2019/1, Nº 204, pp. 1-15.

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). (2006). Género, Migración y Desarrollo: mujeres migrantes desde y hacia República Dominicana. Encuentros INSTRAW, N° 2, pp. 1-12.

MOUFFE, Chantal (2001). Feminismo, ciudadanía y política democrática radical; en Marta Lamas (Comp.). Ciudadanía y feminismo (pp. 2-13). D.F., México: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (VNI- FEM) e Instituto Federal Electoral (IFE).

Naciones Unidas. (1951). Convención sobre el estatuto de los refugiados. Naciones Unidas, Ginebra (Suiza).

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Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2019). Informe de Investigación del estudio realizado a fin de identificar las barreras de integración socio-laboral en base a cuestiones de género que dificultan el empoderamiento y autosuficiencia de beneficiarias mujeres y adolescentes del Programa Siria en Argentina. Organización Internacional para las Migraciones. (Por publicarse). OIM, Buenos Aires (Argentina).

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SHOWSTACK SASSOON, Anne (1998). Igualdad, diferencia, ciudadanía; en Paloma de Villota (Comp.). Las mujeres y la ciudadanía en el umbral del siglo XXI (pp. 33-46). Madrid, España: Editorial Complutense.

YUVAL - DAVIS, Nira. (1996). Mujeres, Ciudadanía y Diferencia. (Documento Preparatorio para la Conferencia sobre Mujeres y Ciudadanía en el marco del Seminario Internacional “Ciudadanía y Política”) Universidad de Greenwich. Recuperado del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP). http://prigepp.org

Notas