El territorio es el lugar central de la preocupación científica de la Geografía y cada vez es mayor su importancia en la implementación de las políticas públicas. En los últimos años, las Comunidades Indígenas (CI) y los Movimientos Campesinos Latinoamericanos empoderaron su lucha, parte de ello gracias a la definición de conceptos que les permitieron reforzar sus demandas, tomando como eje central el de territorio, puesto que en él constituyen su identidad y su lucha (Domínguez, 2016; Wahren, 2012).

Las CI construyen sus territorios como áreas controladas para el usufructo de recursos, sobre todo los naturales y los referentes espaciales, pero también como elementos indisociables en la creación y recreación de mitos y símbolos, pudiendo ser constituyentes de la definición del grupo como tal (Haesbaert, 2011). En ese sentido, solo corresponde utilizar el concepto de territorio como espacio de gobernanza o como territorio de Estado cuando se analiza una realidad hegemónica (Fernándes, 2011), ya que al hacerlo quedan invisibilizados aquellos espacios producidos por las comunidades. En el resto de los casos, el mismo debe analizarse desde una perspectiva integradora (Haesbaert, 2011), entendiendo que no puede ser ni estrictamente natural, ni político, ni económico o cultural.

La producción del espacio geográfico fue hegemonizada por la modernidad colonial (Machado Aráoz, 2015), que impuso la temporalidad lineal de Europa occidental, secuencia de desarrollo histórico que, según el discurso dominante, todos los espacios debían seguir. La modernidad se constituyó como una colonialidad del poder-saber. La transición al capitalismo (de la que la modernidad-colonialidad es constitutiva) supone más que un cambio en el “modo de producción”, pero la hegemonía capitalista no implica que el espacio geográfico sea, hoy, homogéneo. Por el contrario, existe una diversidad de temporalidades, epistemes, rugosidades, formas de conocer, de existir y de vivir que están en tensión y en pugna (Betancourt et al, 2013).

Como afirma Fernándes (2009), los seres humanos necesitan producir espacio y territorio para garantizar su existencia. El territorio es un “concepto que hace referencia a una modalidad específicamente práctica de aprehensión del espacio geográfico por parte de las sociedades humanas” (Machado Aráoz, 2015: 176). La existencia de un territorio va de la mano de una territorialidad (Fernándes, 2009), ya que los sujetos producen territorialidad y son producidos por ésta:

“hay una tríada inseparable territorio-territorialidad-territorialización. (Porto-Gonçalves, 2012) en donde no hay territorio sin una territorialidad (forma de vivir/sentir/pensar el espacio) que haya pasado por un proceso de territorialización en donde entran en juego relaciones de poder. Por tanto, el territorio es una construcción social y no simplemente la base de existencia del Estado” (Betancourt et al, 2013: 9).

El paisaje es lo que se observa de un territorio, su imagen. El estudio del mismo se corresponde con el objeto del presente trabajo, ya que observar el hábitat desde una mirada arquitectónica requiere devolver una imagen de lo analizado. Como se dijo, el paisaje es construido socialmente por la población (Nogué, 2007). Siguiendo a Valcárcel (2000):

“el paisaje responde a una percepción, se identifica con la apariencia, con el aspecto. Es la imagen que presenta el espacio en un área determinada que, como tal, permite distinguirla, individualizarla. El paisaje otorga personalidad al espacio, le hace distinto. Se concibe como una totalidad que resulta de una combinatoria de múltiples elementos, físicos y humanos, y de una trayectoria histórica determinada” (: 351, citado por Shmite y Nin, 2007).

Urquillo Torres y Barrera Bassols (2009) plantean que el paisaje es una categoría geográfica entendida como “unidad espacio-temporal en que los elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una sólida, pero inestable comunión” (: 230). Los objetos del paisaje cobran vida a partir de “procesos sociales representativos de una sociedad en un momento dado” (Santos, 1986: sr) y en ese proceso la naturaleza adquiere significados culturales y valores, se politiza y es disputada material y simbólicamente (Alimonda, 2006).

El espacio social se puede pensar, entonces, como paisaje simbolizado (Santos, 2000). Este no es una realidad estática, sino la imagen de un momento, es parte de un proceso. Santos (1996:64) considera al paisaje como un “palimpsesto”, ya que: “es una escritura sobre otra, es un conjunto de objetos de edades diferentes, una herencia de muchos momentos diferentes”. Tiempo y espacio son inseparables, ya que el proceso de simbolización es un proceso que se da en el movimiento histórico de la sociedad. Cada espacio tiene una multiplicidad de temporalidades y epistemes (Betancourt et al, 2013). Es importante tener en cuenta que, en la producción de la percepción del espacio y del tiempo, participa la técnica, que es “la principal forma de relación entre el hombre y la naturaleza y a su vez, constituye un conjunto de medios instrumentales y sociales, con los cuales el hombre realiza su vida y crea el espacio” (Santos, 2000: 27). Cada grupo social construye un ritmo propio de habitar, una temporalidad propia (Martínez, 2017), que se corporiza en los sujetos.

Según el Convenio Europeo del Paisaje CEP (2000) el paisaje es “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”, y aquí debe incorporarse la idea de que la percepción se encuentra sujeta a lo que se sabe sobre lo percibido, es decir, a los preconceptos, que son una construcción cultural (De la Fuente, 2017).

El estudio analítico del paisaje rural puede hacerse en base a los componentes geográficos que establece Díaz Álvarez (1982): el ager ² (superficie cultivada), el saltus ³ (espacio natural), el espacio organizado ⁴ (elementos humanos que organizan el espacio rural) y el hábitat rural (parte construida y habitada del territorio).

Tradicionalmente se vio al campo y a la ciudad como dos objetos de estudio totalmente diferenciados, a pesar de su clara interdependencia económica. Sobre esto, la modernidad instaló una jerarquía, dejando al campo como un lugar atrasado y a la ciudad como uno evolucionado, donde se concentran el poder y la cultura de una sociedad. Esta concepción de lo rural como lo autárquico implica pensar que el progreso de ese territorio sólo puede darse mediante la absorción de lo rural, por lo que el énfasis de los estudios y las políticas públicas se pone en la territorialización de lo agrícola, sin considerar la estructura social, las problemáticas, las fortalezas, las relaciones y el uso del territorio (Pérez, 2007).

“La definición de lo rural por oposición a lo urbano comienza a desestabilizarse a medida que diferentes procesos socioeconómicos y culturales reconfiguran estos espacios y sus relaciones” (González Maraschio, 2008: 2). En los últimos años ocurrieron profundos cambios en el medio rural, no solo en cuanto a las actividades productivas, sino también por el reconocimiento de nuevos dinamismos, como la creciente importancia de nuevas actividades fuera de la parcela, la flexibilización y la feminización del trabajo rural y la mayor interacción entre los ámbitos rurales y urbanos (Kay, 2009). Es necesario interpretar el origen de estas novedades e interpelar las oportunidades reales que ofrecen para el bienestar de los campesinos o trabajadores del campo, ya que muchos se vieron forzados a dedicarse a múltiples actividades para poder subsistir (Kay, 2009). La Nueva Ruralidad, surge como un paraguas para dar cuenta de la nueva forma de mirar y dar cuenta de estos cambios.

El hábitat rural (HR), por entenderse como opuesto al hábitat urbano, quedó invisibilizado. En Argentina, organismos oficiales como el INDEC definen al hábitat como el entorno donde el grupo familiar desarrolla sus actividades, lo que incluye a la vivienda en sí, la infraestructura (agua potable, electricidad, gas, desagües pluviales y cloacales, pavimento, alumbrado público, recolección de residuos, entre otros) y la accesibilidad a los equipamientos sociales (como salud, educación, recreación, cultura, comercio y sistemas de transporte y comunicaciones). El hacer referencia a los elementos estructurantes del hábitat se considera un avance significativo, a partir de la Conferencia Mundial del Hábitat (Vancouver, 1976) cuando se incluyó a la vivienda como lugar de residencia y a un sistema de servicios necesarios para el desarrollo de la vida.

Esta conceptualización incluyó indicadores que demuestran que los “servicios habitacionales” (Yujnovsky, 1984) son importantes para caracterizar las condiciones de vida. El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INDEC, 1984) se desarrolló para analizar las carencias de la población, considerando variables referidas al hábitat, como las características de la vivienda (precariedad en los materiales, hacinamiento y condiciones sanitarias), junto a las de la salud y educación. Sin embargo, estos indicadores están construidos desde un punto de vista urbano, sin tomar en cuenta la diversidad de realidades, tecnologías, hábitos culturales y sus necesidades asociadas.

Desde la Geografía, se sostiene que el HR es el modo de distribución y residencia de las poblaciones que viven en el campo, siendo el resultado de un conjunto de formas y acciones vinculadas a la vida en él (George, 1963). Esto implica que se realizan cambios históricos, a medida que se modifican las formas de ocupación, transformación, acondicionamiento y organización de los grupos humanos que lo explotan (Molinero, 1990). La distribución y características particulares del HR son resultado de los “procesos sociales representativos de esa sociedad en un momento dado”, es decir, a cada hábito nuevo, corresponde un hábitat diferente (Bolsi, 1995). Aquí debe considerarse la relación con la naturaleza. En suma, el HR se puede pensar desde una visión material y simbólica.

Con el fin de aportar a la conceptualización del término, en este trabajo se entenderá al HR como el conjunto de manifestaciones materiales e inmateriales que contienen a las actividades humanas de salud, educación, trabajo, tierra, vivienda y recreación, en entornos de ruralidad, el cual está caracterizado por ser dinámico ya que es el resultado de las intervenciones de los pobladores, el Estado y el mercado, las cuales responden a pautas culturales y sociales que tienen diferentes lógicas.

Según Longhi et. al. (2013), las CV son “la combinación de ciertos niveles de satisfacción y de carencia de diferentes dimensiones económicas, sociales y ambientales que se asocian a lo que conocemos como pobreza (carencia) y calidad de vida (logro)” (: 105). Estos procesos de carencia/ satisfacción de las diversas necesidades humanas son heterogéneos (López Arellano, Blanco Gil y Mandujano Candia, 2007) y dependen de diferentes factores materiales e inmateriales. Alarcón (2001) reconoce dos conjuntos de necesidades: las básicas, que permiten garantizar la subsistencia, entre las que se encuentran la alimentación, el vestido, la salud y la vivienda; y aquellas que van surgiendo con el proceso de desarrollo, entre las que se destacan la educación, la recreación, el acceso a la cultura y otras, que se convierten actualmente en necesidades indispensables para funcionar socialmente. Las necesidades básicas dependen del momento histórico, del nivel de desarrollo alcanzado y de los usos y costumbres de una sociedad.

Se puede indicar que la relación entre pobreza y calidad de vida se basa en que, mientras la primera se mide con respecto a un “piso”, la segunda se establece con respecto a un “techo”. Mientras el piso de la pobreza es relativamente fijo, dado que apunta a la satisfacción de necesidades básicas, el techo de la calidad de vida es variable (y ascendente), ya que la escala de valores y, sobre todo, las expectativas, cambian a lo largo del tiempo y según la sociedad que se analiza (Velázquez, 2008). De acuerdo a esto, es necesario decir que esta investigación considera el estudio de las CV desde las variables educación, salud, vivienda, trabajo, infraestructura comunitaria y tenencia de la tierra.

Para comprender la configuración del hábitat es esencial observar la distribución de la población, ya que, como afirma Bolsi (1997), el análisis de esta variable permite visualizar, por un lado, el papel del medio natural y de los procesos históricos y, por el otro, el rol de los nuevos condicionamientos sociales, culturales, políticos y económicos. La Geografía tendió a valorar fuertemente esta variable y la relacionó con la calidad de vida, abordándola desde estudios cuantitativos que involucran tasas de crecimiento de la misma, estructura etaria, migraciones, entre otras.

En el modelo Kawsaq tiyana se hace hincapié en los porcentajes de población rural, su distribución y formas de agrupamiento y en la densidad poblacional. Asimismo, se debe identificar la conformación de los actores que intervienen en la configuración del hábitat, ya que son ellos quienes conforman y dinamizan el espacio (Girbal Blacha, 2012). Esto permite comprender las diferentes lógicas e intereses en torno a la tierra, al hábitat, las relaciones de solidaridad, de sociabilidad y los conflictos.

El santiagueño Antenor Álvarez afirmaba que “un país es rico, cuanto más sano es su pueblo”. En las áreas rurales, la problemática de la salud continúa siendo un tema complejo, no solo porque existen tipos específicos de enfermedades, sino también por las dificultades para acceder a la atención, por las grandes distancias y los altos costos que implica la prestación de servicios complejos (Sili, 2015: 90).

Con respecto a esta dimensión, desde el modelo Kawsaq tiyana se observa la distribución de Centros Integrales Comunitarios (CIC), hospitales, Centro de Asistencia Primaria de la Salud (CAPS) o postas sanitarias y su accesibilidad para la población (lo que tiene estrecha relación con la presencia estatal), el trabajo de los agentes sanitarios y las enfermedades comunes de la población local. Se considera importante poder arrojar luz sobre otras formas de gestión de la salud presentes en las comunidades indígenas y campesinas.

Existe un importante consenso en que, si bien las desigualdades exceden a lo educativo, también lo incluyen (Steinberg et al, 2011), comprometiendo las posibilidades de mejorar las condiciones de vida. Tanto es así que, ya en 1961, las Naciones Unidas consideraron necesario conocer el nivel educativo de una población para analizar su nivel de vida (ONU, 1961). En Argentina, en 1884, luego de la implementación de la ley de Educación Común 1420, que instauró la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y laica, esta dimensión pasó a ser un instrumento legal para la nacionalización de la sociedad argentina, que estaba en transformación, en crisis de identidad (Villoria, 2007). En este sentido, la autora afirma que “la educación pasó a ser integrante de las planificaciones estatales sobre el desarrollo económico, crecimiento social, desenvolvimiento de las esferas cultural y social” (Villoria, 2007: 6364), ocurriendo lo mismo que en el ámbito de la salud con el Higienismo, cuando se incentivó una gobernanza de los pueblos en pos de una idea de civilización.

Particularmente en las áreas rurales, las escuelas cumplen un rol central ya que, además de brindar educación, son el centro de la vida comunitaria y el espacio de construcción de la sociabilidad (Sili, 2015). Estas escuelas presentan características propias, como el mayor nivel de analfabetismo, la menor asistencia al sistema escolar y otros problemas ligados a la dotación de infraestructura, las distancias y las bajas densidades de población (Sili, 2015).

El modelo Kawsaq tiyana propone identificar la distribución de escuelas, su accesibilidad, infraestructura edilicia, nivel educativo (primario, secundario o terciario), contenidos de las materias, programas y actividades extracurriculares, formatos de gestión de la enseñanza, relación docente-estudiante, personal escolar y su formación para ejercer en escuelas rurales. A su vez, se considera importante dar cuenta de otras formas de gestión de la educación y los saberes que se transmiten de generación en generación.

La mirada productivista del campo y la vulnerabilidad de las poblaciones rurales (consecuencia del modelo capitalista), implicó una reconfiguración del trabajo de los pobladores. Esto implicó la diversificación de las actividades, por lo cual la población ya no solo se sostiene mediante las actividades agropecuarias, sino que también se dedica al trabajo en pequeñas y medianas industrias, comercios y servicios (Ceña, 1993; citado por Pérez, 2001). Existen territorios, como los santiagueños, que históricamente se han caracterizado por la migración estacional, como estrategia familiar5 y fenómeno estructural de los mismos (Paz, 2006; Tasso y Zurita, 2013). En este sentido, analizar la población golondrina permite revelar territorios expulsores y receptores.

Una vez implantadas, las actividades económicas influyen sobre la organización del territorio, afectando a la movilidad, el crecimiento y las características de la población, la composición y problemas de los mercados de trabajo, la limitación de las áreas dinámicas y en declive, las relaciones de dominación o dependencia, las condiciones medioambientales y las condiciones de vida (Méndez, 1997).

Esta dimensión tiene especial relación con la configuración del hábitat, ya que es el medio por el cual las familias incorporan recursos para satisfacer sus necesidades de habitar y acceder a una mejor calidad de vida. En este sentido, se destaca la importancia de las actividades productivas que se desarrollan en la zona, las condiciones laborales, el tamaño de las explotaciones y la relación entre parcela productiva y vivienda, prestando atención a si existe o no una ruptura entre el lugar de reproducción de la vida y el trabajo.

Visibilizar a las poblaciones rurales, rompiendo con la mirada productivista del medio rural, implica tener en cuenta que existen espacios (al aire libre o cerrados) que la comunidad fue construyendo con el fin de mejorar sus lazos de socialización y de adaptarse a los cambios culturales y a los nuevos estilos de vida. Estos son consecuencia de una mayor interacción con los medios urbanos y de comunicación, lo cual se encuentra contemplado dentro del concepto de nueva ruralidad (Kay, 2005; citado por González Maraschio).

El modelo aquí propuesto implica relevar el acceso a equipamiento recreativo (plazas, canchas de fútbol, clubes, boliches), de culto (iglesias, espacios al aire libre para la celebración de la Pachamama) y el equipamiento que responde a la presencia del Estado en el territorio (comuna, vialidad, CIC, Juzgado de Paz, entre otros).

En materia habitacional, las respuestas que vienen implementándose son preocupantes, no solo por su insuficiencia cuantitativa sino, más bien, por su inadecuación cualitativa en distintos ámbitos, cada uno con sus modos y niveles de aproximación, abordaje del problema y modos de expresión (Pelli, 2015). Se ha establecido como prioridad estatal la producción de viviendas completas (llave en mano), las que son edificadas por constructoras privadas apoyadas, generalmente, por los Gobiernos Municipales. Esta estrategia de intervención se sostiene a través de un proceso de gestión centralizada, que institucionaliza el abordaje cuantitativo del déficit habitacional, desde una mirada de desarrollo moderna, unificadora de realidades: se supone la existencia de un usuario universal y se diseñan soluciones que responden a distintas necesidades como si fueran las mismas, sin considerar los ámbitos (urbanos, peri urbanos o rurales). Sin embargo, la cuestión de la vivienda para el sector rural plantea problemas de diversa índole, que no son abordados en forma sistemática, por lo que no se originan definiciones de políticas públicas habitacionales adecuadas para el sector (Rodulfo et. al., 2000: 133).

“La vivienda es un elemento clave en la calidad de vida de las familias en tanto que incide directamente en la cualidad de modo de vida de sus habitantes” (Lemus Yáñez, 2012: 2). Sánchez Quintanar y Jiménez Rosas (2009) plantean que, para el estudio de la lógica de la vivienda rural (VR), es necesario conocer las actividades a las que se dedican las familias y los ecosistemas en donde ellas se ejecutan, las relaciones intra familiares y externas con las cuales se forman las redes sociales de las comunidades, y la cultura que rige sus comportamientos familiares y sociales. En este sentido, el abordaje de la vivienda implica la resolución de los satisfactores habitacionales tangibles e intangibles. Los primeros proveen albergue y son escenario para la vida doméstica (la casa, las construcciones exteriores -refugios, corrales, huertas, jardines-) y la conexión a las redes o servicios (pozos, agua, luz, gas). Los segundos, resuelven las tramas de relación social dentro del sistema, la escala de distancias físicas y sociales y el repertorio de valores simbólicos que definen el estilo de vida (Pelli, 2007). Debe prestarse atención al satisfactor intangible, ya que es común que en los hábitats rurales concentrados se construyan barrios y se traslade allí a la población que habitaba de forma dispersa en el territorio. Esta política rompe con el vínculo entre parcela productiva y vivienda e incorpora una imagen de vivienda popular que no responde a las costumbres de la población.

Desde una mirada higienista, la tipología rancho es considerada una expresión de precariedad y vinculada a enfermedades como el chagas, generada por la presencia de vinchucas en los techos de paja y en las grietas del adobe. Sin embargo, es importante rescatar el valor cultural que tiene el rancho y corroborar su presencia en el territorio, ya que es parte de la identidad de los pueblos, principalmente en el noroeste argentino (Krapovickas et. al, 2017).

En esta dimensión, se debe analizar el acceso a servicios, el hacinamiento, los materiales de construcción, indagando las razones de su uso (si responden a pautas culturales o a imposiciones externas), el tamaño de los lotes, la relación vivienda–trabajo, las construcciones exteriores-auxiliares y la disposición en el territorio (hábitat rural concentrado o disperso).

A ello se debe sumar el hecho de que en la vida campesina la vivienda se convierte en un medio de trabajo, por lo que es un espacio construido por la actividad consciente del hombre que ocurre en la humanización de la interacción hombre-naturaleza; es el espacio indispensable para las relaciones primarias o nucleares (Vargas, 2000).

“La lucha por la tierra se manifiesta en los conflictos entre quienes son sus propietarios y quienes la trabajan, entre el campesino y el terrateniente” (Teubal, 2009: 207). Esto puede verse en los principales acontecimientos políticos de América Latina, desde su “descubrimiento”–invención–, conquista y colonización por parte de los poderes imperialistas, hasta la actualidad (Teubal, 2009). La apropiación de la tierra, la explotación de su mano de obra y el control financiero de los medios de subsistencia de un pueblo, reduciéndolo a ser capaz de alimentarse a sí mismo, corresponden a lo que Mignolo denomina “la colonialidad del poder” (2007: 36, citado por Teubal, 2009).

Si bien la tenencia de la tierra es una dimensión difícil de analizar (por los registros deficitarios y la superposición de los mismos), es importante indagar en los registros de Catastro provinciales y realizar un barrido de las posesiones y el uso de la tierra en el territorio, para contrastar datos. Finalmente, es importante consultar los estudios previos sobre la temática, considerando los procesos históricos y los conflictos socio-territoriales.